Sergio Antelo, ex presidente de la Nación Camba; Germán Antelo, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda de Santa Cruz; Branko Marinkovic, empresario y ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Mauricio Roca Steimbach, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y Eduardo Paz, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios de Turismo de Santa Cruz, habrían traído al mercenario Eduardo Rózsa Flores.
El Ministerio Público cuenta con datos que revelan que este grupo cívico-empresarial se reunió con el mercenario. Los involucrados serán convocados por la comisión parlamentaria que investiga el caso separatismo. Los separatistas se escudan en la autonomía.
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El periodista español Julio Cesar Alonso reveló en sus declaraciones informativas que cinco líderes cívicos y empresarios de Santa Cruz viajaron en pasados meses a España para reunirse con Eduardo Rózsa Flores y su presunta banda de mercenarios, informó el fiscal Marcelo Soza.
“Hay algunos nombres de algunos ciudadanos bolivianos que probablemente se hubiesen reunido en España a efectos de traer este grupo, estamos corroborando esta información de las personas que hubiesen viajado a España para determinar si es cierta, pero se trata de bolivianos que viajaron a España donde precisamente se reunieron con este grupo terrorista de Rózsa y otras personas más que conformaban el grupo”, declaró.
Alonso, quien apareció en los últimos días casi en todos los medios de comunicación más importantes de La Paz, prestó sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público en la víspera y en esa ocasión, según el fiscal Soza, reveló incluso los nombres de esos cinco cívicos y empresarios cruceños que se habrían contactado en España con la supuesta banda de mercenarios desarticulada el pasado 16 de abril.
FRENTE AL AVANCE DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS, SE RECURRE A LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS PROTESTAS. LA RESPUESTA REPRESIVA DE LOS ESTADOS
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.
Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.
Neoliberalismo
La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.
¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.
Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.
A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.
Lacra continental
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.
En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.
Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.
“Democracia” chilena
En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.
En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.
Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.
Expropiaciones en Argentina
Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.
Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.
En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.
Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.
Respuesta global
Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.
Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.
Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.
Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.
Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.
* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.
AMAZONÍA PARA EL ESTADO BOLIVIANO: PISAR FUERTE EN PANDO ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL. DEL "PLAN VINTO" AL PLAN PANDO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS).- "El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento indígena de Vinto, ya en enero del 2004.
Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían “trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres”. El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley Inra que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.
“No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos” —decía el pronunciamiento de Vinto—. “Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña’ que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz”.
En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el Cejis y Cipca, demandaban también una urgente reestructuración del Inra para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.
Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad “entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y amazonía”, aclarando que ese pacto debía servir “para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente”.
En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar “rápida atención” a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. “El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.
En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras —y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales—, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptadas como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras “alertas rojas” que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo “Plan Vinto”.
“Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos”, escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo. El 9 de junio del 2005, 18 meses después del seminario de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un “análisis profundo” que se había realizado acerca del “Plan Vinto”. Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de Fegasacruz, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.
“Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra”, sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.
El “Plan Vinto” lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, Fegasacruz y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.
No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier “Plan Vinto”.
El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.
Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos que le da la democracia para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.
Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y Fegasacruz despotricaban contra el “Plan Vinto”, fue configurado su epicentro más explosivo en la denominada “media luna”, que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.
Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz —cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos—, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del Inra que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández —un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga—, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.
SE DISPERSÓ LA OPOSICIÓN BOLIVIANA
La Hora Cero de Panamá (horacero.com.pa)
La dispersión de agrupaciones políticas de oposición en Bolivia responde a la crisis que atraviesa el sistema de partidos tradicionales, a la necesidad de aferrarse al poder y a una posible estrategia en busca del voto cruzado en las elecciones del 6 de diciembre.
Para los comicios venideros fueron habilitados 12 partidos, una alianza política y dos agrupaciones.
La derecha se vio en crisis luego del fracaso cívico prefectural de agosto y septiembre de 2008, la derrota que les significó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y luego la desarticulación en abril de una presunta banda terrorista financiada por la derecha del departamento de Santa Cruz, bajo investigación.
La coordinadora de Autonomías de Santa Cruz y politóloga, Helena Argirakis, señaló que hay una ausencia total de representación política a través de las instituciones y organizaciones propias del sistema político, que son los partidos.
"Incluso están resucitando a muertos políticos y a líderes de partidos que estaban en la jubilación, porque no tienen ni idea ni propuestas, mucho menos proyecciones de liderazgos y generación de recambio, y es lamentable porque el electorado no tiene opciones" y hace que no exista una oposición real, indicó.
El politólogo Carlos Cordero explicó que la dispersión de partidos y agrupaciones de oposición es un fenómeno que responde a la crisis del sistema tradicional de partidos, pero además "porque hay personas que quieren ganar visibilidad, es una estrategia para garantizar un curul en la próxima Asamblea Plurinacional".Este sistema, según Cordero, le otorga una ventaja adicional al partido de gobierno, que tiene un proyecto político exitoso, pero también puede representar una desventaja para el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que en lugar de cuatro partidos políticos en el Legislativo pueden darse más de 10, "y eso sí le podría provocar un gran problema de gobernabilidad al MAS en el Congreso".
"Hay un dato que hay que tener en cuenta; es muy probable que los ciudadanos tengan su voto definido por el presidente, pero quizás no lo repitan por los diputados uninominales" lo que se conoce como voto cruzado, dijo. El también académico electoral apuntó que en los últimos eventos electorales se dio el voto cruzado "porque la población es sabia al elegir y no otorga el poder a una sola opción".
Sin rumbo
Para el sociólogo e historiador Alexis Pérez se han hecho mezclas políticas de todo tipo, pero hasta ahora no han articulado nada concreto ni oficial. Según Pérez, las recientes agrupaciones políticas que emergieron en el ambiente preelectoral no tienen un programa de país.
"Hay un sentir grande de que debe haber otro tipo de gobierno, uno para todos, pero lamentablemente no hay oposición porque el grueso de esa oposición viene del neoliberalismo, así que no tienen moral para enfrentar", añadió.
Lamentó que la mayoría de los candidatos en carrera electoral no haya presentado un programa de país que plantee retos para generar desarrollo económico, estabilidad y empleo, pues "no puede haber democracia con un 70 por ciento de la población pobre".
El diputado opositor Bernardo Montenegro (Podemos) dijo que la aparición de agrupaciones y partidos responde a la necesidad de satisfacer apetitos personales.
"Varias personas están queriendo echar sus cartas posiblemente para negociar o satisfacer sus apetitos personales", dijo, pero aseguró que confía en la madurez de la población para no caer en este juego.
"Elegirán entre votar por el progreso y el retorno a la democracia o por un modelo totalitario", añadió el parlamentario opositor al gobierno.
Felipe Quispe "el Mallku" anunció una alianza política para los próximos días, posiblemente con el partido Bolivia Social Demócrata y con otros líderes.
"El problema de hacer un frente común es que nadie quiere soltar su sigla, hemos estado conversando con Román Loayza y otros líderes para lanzar un frente común, queremos un frente de los pobres, no vamos a hacer alianzas con los tirasacos que se venden al verdugo. Alzaremos las banderas que (el presidente) Evo Morales botó", dijo.
“Hay algunos nombres de algunos ciudadanos bolivianos que probablemente se hubiesen reunido en España a efectos de traer este grupo, estamos corroborando esta información de las personas que hubiesen viajado a España para determinar si es cierta, pero se trata de bolivianos que viajaron a España donde precisamente se reunieron con este grupo terrorista de Rózsa y otras personas más que conformaban el grupo”, declaró.
Alonso, quien apareció en los últimos días casi en todos los medios de comunicación más importantes de La Paz, prestó sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público en la víspera y en esa ocasión, según el fiscal Soza, reveló incluso los nombres de esos cinco cívicos y empresarios cruceños que se habrían contactado en España con la supuesta banda de mercenarios desarticulada el pasado 16 de abril.
FRENTE AL AVANCE DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS, SE RECURRE A LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS PROTESTAS. LA RESPUESTA REPRESIVA DE LOS ESTADOS
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.
Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.
Neoliberalismo
La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.
¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.
Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.
A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.
Lacra continental
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.
En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.
Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.
“Democracia” chilena
En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.
En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.
Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.
Expropiaciones en Argentina
Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.
Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.
En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.
Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.
Respuesta global
Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.
Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.
Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.
Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.
Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.
* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.
AMAZONÍA PARA EL ESTADO BOLIVIANO: PISAR FUERTE EN PANDO ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL. DEL "PLAN VINTO" AL PLAN PANDO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS).- "El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento indígena de Vinto, ya en enero del 2004.
Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían “trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres”. El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley Inra que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.
“No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos” —decía el pronunciamiento de Vinto—. “Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña’ que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz”.
En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el Cejis y Cipca, demandaban también una urgente reestructuración del Inra para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.
Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad “entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y amazonía”, aclarando que ese pacto debía servir “para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente”.
En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar “rápida atención” a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. “El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.
En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras —y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales—, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptadas como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras “alertas rojas” que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo “Plan Vinto”.
“Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos”, escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo. El 9 de junio del 2005, 18 meses después del seminario de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un “análisis profundo” que se había realizado acerca del “Plan Vinto”. Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de Fegasacruz, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.
“Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra”, sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.
El “Plan Vinto” lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, Fegasacruz y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.
No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier “Plan Vinto”.
El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.
Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos que le da la democracia para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.
Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y Fegasacruz despotricaban contra el “Plan Vinto”, fue configurado su epicentro más explosivo en la denominada “media luna”, que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.
Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz —cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos—, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del Inra que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández —un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga—, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.
SE DISPERSÓ LA OPOSICIÓN BOLIVIANA
La Hora Cero de Panamá (horacero.com.pa)
La dispersión de agrupaciones políticas de oposición en Bolivia responde a la crisis que atraviesa el sistema de partidos tradicionales, a la necesidad de aferrarse al poder y a una posible estrategia en busca del voto cruzado en las elecciones del 6 de diciembre.
Para los comicios venideros fueron habilitados 12 partidos, una alianza política y dos agrupaciones.
La derecha se vio en crisis luego del fracaso cívico prefectural de agosto y septiembre de 2008, la derrota que les significó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y luego la desarticulación en abril de una presunta banda terrorista financiada por la derecha del departamento de Santa Cruz, bajo investigación.
La coordinadora de Autonomías de Santa Cruz y politóloga, Helena Argirakis, señaló que hay una ausencia total de representación política a través de las instituciones y organizaciones propias del sistema político, que son los partidos.
"Incluso están resucitando a muertos políticos y a líderes de partidos que estaban en la jubilación, porque no tienen ni idea ni propuestas, mucho menos proyecciones de liderazgos y generación de recambio, y es lamentable porque el electorado no tiene opciones" y hace que no exista una oposición real, indicó.
El politólogo Carlos Cordero explicó que la dispersión de partidos y agrupaciones de oposición es un fenómeno que responde a la crisis del sistema tradicional de partidos, pero además "porque hay personas que quieren ganar visibilidad, es una estrategia para garantizar un curul en la próxima Asamblea Plurinacional".Este sistema, según Cordero, le otorga una ventaja adicional al partido de gobierno, que tiene un proyecto político exitoso, pero también puede representar una desventaja para el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que en lugar de cuatro partidos políticos en el Legislativo pueden darse más de 10, "y eso sí le podría provocar un gran problema de gobernabilidad al MAS en el Congreso".
"Hay un dato que hay que tener en cuenta; es muy probable que los ciudadanos tengan su voto definido por el presidente, pero quizás no lo repitan por los diputados uninominales" lo que se conoce como voto cruzado, dijo. El también académico electoral apuntó que en los últimos eventos electorales se dio el voto cruzado "porque la población es sabia al elegir y no otorga el poder a una sola opción".
Sin rumbo
Para el sociólogo e historiador Alexis Pérez se han hecho mezclas políticas de todo tipo, pero hasta ahora no han articulado nada concreto ni oficial. Según Pérez, las recientes agrupaciones políticas que emergieron en el ambiente preelectoral no tienen un programa de país.
"Hay un sentir grande de que debe haber otro tipo de gobierno, uno para todos, pero lamentablemente no hay oposición porque el grueso de esa oposición viene del neoliberalismo, así que no tienen moral para enfrentar", añadió.
Lamentó que la mayoría de los candidatos en carrera electoral no haya presentado un programa de país que plantee retos para generar desarrollo económico, estabilidad y empleo, pues "no puede haber democracia con un 70 por ciento de la población pobre".
El diputado opositor Bernardo Montenegro (Podemos) dijo que la aparición de agrupaciones y partidos responde a la necesidad de satisfacer apetitos personales.
"Varias personas están queriendo echar sus cartas posiblemente para negociar o satisfacer sus apetitos personales", dijo, pero aseguró que confía en la madurez de la población para no caer en este juego.
"Elegirán entre votar por el progreso y el retorno a la democracia o por un modelo totalitario", añadió el parlamentario opositor al gobierno.
Felipe Quispe "el Mallku" anunció una alianza política para los próximos días, posiblemente con el partido Bolivia Social Demócrata y con otros líderes.
"El problema de hacer un frente común es que nadie quiere soltar su sigla, hemos estado conversando con Román Loayza y otros líderes para lanzar un frente común, queremos un frente de los pobres, no vamos a hacer alianzas con los tirasacos que se venden al verdugo. Alzaremos las banderas que (el presidente) Evo Morales botó", dijo.
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