Thursday, August 31, 2006

EVO NO PUEDE HABLAR DE GAS POR MAR

Las declaraciones pronunciadas el lunes por el canciller David Choquehuanca, indicando que Bolivia ponía punto final a la política de “gas por mar”, causaron un terremoto político aquí. Ayer el presidente Evo Morales desautorizó al jefe de su diplomacia y ratificó que no habrá gas para Chile mientras no se salde la “deuda histórica” del acceso soberano al mar, perdido en la guerra del Pacífico (1879-1884) que condenó a Bolivia a ser un país mediterráneo.
La historia de enredos empezó el domingo pasado cuando en una entrevista publicada por el diario chileno El Mercurio, en el que Morales declaró con cierta ambigüedad: “Hay un sentimiento del pueblo boliviano que dijo ‘gas por mar’ en un referéndum. No lo comparto. El presidente Mesa se equivocó. Yo nunca habría metido en una pregunta ‘gas por mar’. Hablando a calzón quitado, el tema es que a Chile le sobra el mar, tiene mucho. A nosotros nos sobran algunos recursos naturales. Entonces tenemos que entendernos para que haya cierto equilibrio”. Un día después, el canciller Choquehuanca hacía una interpretación libre de los dichos de su jefe y declaraba a la prensa boliviana que “la política de gas por mar suena a chantaje” y abría la posibilidad de venderle gas a Chile sin cerrar previamente el tema marítimo. “No es gas por mar, estamos trabajando en una política de confianza mutua con el gobierno chileno”, dijo.






Editorial

LA ESTRATEGIA DE LA PRESIÓN

Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)

La tensión entre Repsol YPF y el Gobierno boliviano ha subido varios enteros desde el viernes. Ese día, la fiscalía boliviana decretó un nuevo allanamiento de las oficinas de Andina, la filial de Repsol, y la detención de un directivo por un supuesto pacto de venta de gas a Petrobras, en 2002, a un precio que, según la acusación, habría causado un perjuicio económico al erario boliviano. Repsol rechaza la acusación y asegura que el acuerdo se formalizó con todos los requisitos legales y no causó quebranto alguno al Estado de Bolivia. El hecho de que el directivo detenido, al que se ha suavizado la detención por un arresto domiciliario, no trabajase aún en Andina cuando se negoció el contrato, da idea de cómo se están haciendo las cosas en Bolivia.
Este nuevo enredo -del que el Repsol ha salido indemne en Bolsa- se produjo poco antes del comienzo, el lunes, de las negociaciones para adaptar los contratos de las petroleras a la nueva situación, tras el decreto de mayo para nacionalizar los hidrocarburos. La coincidencia hace difícil eludir la idea de que es una forma de presión negociadora. Si así fuera, Evo Morales y su Gobierno están siguiendo una estrategia equivocada.
Repsol ha subido el tono y, en un inusual comunicado por su dureza, ha denunciado la 'injustificada y reiterada persecución judicial' que sufre en Bolivia, con medidas impropias de un Estado de derecho. A la advertencia de que acudirá a los tribunales nacionales e internacionales para defender sus derechos -que son, no se olvide, los de sus accionistas- respondió ayer el Gobierno boliviano con otra vuelta de tuerca: amenazó con demandar a la petrolera por 'saqueo'. Todo un giro después de que el Ejecutivo de Morales diera, según el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 'su compromiso político para buscar una solución a través del diálogo'.
La diplomacia tiene métodos para ejercer un apoyo más fiable y eficaz a las empresas españolas. Morales, por su parte, donde debe poner el empeño es en crear un marco de seguridad jurídica que hoy no existe.




Opinión

BOLIVIA, ENTRE EL COMERCIO Y LA RETÓRICA

El Universal de México (www2.eluniversal.com.mx)

La reciente designación por parte de Evo Morales de un periodista de izquierda que habla poco inglés como embajador en Washington, podría sugerir que el presidente boliviano tiene un interés limitado por establecer un diálogo significativo con Estados Unidos. Sin embargo, al menos en un aspecto crítico, el comercio, Bolivia tiene fuertes incentivos para relacionarse con la gran potencia del norte.
La próxima semana Álvaro García, vicepresidente de Bolivia, visitará Washington por segunda ocasión este año para tratar de persuadir a los miembros del Congreso de extender la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de las Drogas Andina (ATPDEA, por sus siglas en inglés), un conjunto de preferencias arancelarias programadas para expirar en diciembre.
Ese objetivo ha sido adicionalmente complicado por la insistencia de Evo Morales en explotar el sentimiento anti-estadounidense en casa, para fortalecer su popularidad entre los radicales que conforman sus bases fundamentales.
Antes de su sorprendente victoria electoral el año pasado, la mayoría de los analistas pronosticaba que como presidente Morales colocaría a La Paz y Washington en una posición de confrontación. Tras los comicios se presentó un breve lapso de mejoría en las relaciones. Morales dio la bienvenida a Tom Shannon, el principal funcionario del Departamento de Estado para Latinoamérica, cuando éste ofreció un discurso ante el Congreso boliviano, y George W. Bush llamó a Morales para felicitarlo por su victoria. No obstante, las cosas empezaron pronto a descomponerse.
En abril Morales se quejó de que Washington le había negado las visas a algunos miembros de su administración. En mayo afirmó que Estados Unidos tenía planeado asesinarlo. Para junio estaba acusando a la CIA de capacitar subrepticiamente a agentes en Santa Cruz, en el sudeste del país. Y el mes pasado acusó al gobierno de estadounidense de "chantajearlo" con el asunto de la coca.
"En su actitud hacia Estados Unidos, Evo busca reforzar la imagen de Bolivia como una víctima del poder imperial", indicó Roberto Laserna, un consultor político de la ciudad de Cochabamba que es crítico del gobierno. "Constantemente está tratando de provocar reacciones enérgicas de Estados Unidos. Lo que busca es el conflicto y la confrontación, pues siente que esa es la forma de obtener apoyo en casa, y es parte de su relación con (el antiestadounidense presidente de Venezuela, Hugo) Chávez".
Simpatizantes del gobierno destacan que Estados Unidos atacó a Morales durante una década antes de que asumiera el cargo. Asimismo, Washington lo ha criticado periódicamente en público desde entonces. En febrero, Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, dijo que la victoria de Morales era "claramente preocupante". En mayo Bush lamentó la "erosión de la democracia" en Bolivia. Y Adolfo Franco, administrador adjunto de la agencia de EU para el desarrollo, advirtió ante el Congreso en junio que Morales había mostrado "inclinaciones de consolidar el Poder Ejecutivo y promover reformas potencialmente anti-democráticas".
"La relación entre Bush y Evo siempre será difícil", indicó Jim Shultz, del Centro para la Democracia, un centro de investigaciones de tendencias izquierdistas en Cochabamba. "Podría resultar que la diferencia real entre ellos se vuelva insuperable. Pero por el momento (la relación) se está desmoronando debido a una retórica innecesaria".
La deteriorada relación no fue ayudada por el anuncio de La Paz, en mayo, de que nacionalizaría las vastas reservas de gas de Bolivia, aunque esa decisión prácticamente no afectó a las compañías estadounidenses. La erradicación de la coca, materia prima de la cocaína, se ha reducido, aunque funcionarios estadounidenses reconocen en privado que, debido a que la mayoría de la cocaína de Bolivia se destina a Brasil y Europa, esto es un problema menor para Estados Unidos que la producción colombiana.
El tema de la ATPDEA es más espinoso: las exportaciones realizadas bajo ese programa totalizaron 157 millones de dólares, alrededor de la mitad de todas las exportaciones a EU. Las compañías textiles que se benefician con las preferencias dan empleo a unos 10 mil bolivianos, y se considera que serían las más afectadas en caso de que el régimen no se extendiera.
Esto plantea a Washington un dilema. Estados Unidos no quiere recompensar a los países andinos -ni Bolivia ni Ecuador- que no han negociado acuerdos comerciales bilaterales como lo han hecho Perú y Colombia. Pero abandonar a la nación más pobre de Sudamérica significaría abandonar sus esfuerzos de erradicación de coca en el tercer productor más importante de cocaína del mundo, y podría empujar a Morales más firmemente a los brazos de Chávez.
A funcionarios de EU les preocupa que si Washington se niega a extender el ATPDEA, podría estar involuntariamente impulsando a Morales en casa al permitirle avivar una postura antiestadounidense. Al final, la decisión sobre el ATPDEA la tomará el Congreso.
En un año electoral que podría traer una legislatura de EU más hostil hacia los arreglos comerciales, las posibilidades de Bolivia de lograr una extensión son escasas.
El resultado podría ser un endurecimiento de la posición del miembro más reciente del bloque antiestadounidense de Chávez, y un reconocimiento tácito de EU de que sus prioridades de política en Bolivia -fortalecimiento de la democracia, desarrollo económico y lucha contra las drogas- han fracasado.



Senador Jaime Orpis sobre vuelta atrás en posición de gas por mar

"NO PODEMOS CONFIAR EN GAS BOLIVIANO"

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Tan sólo 24 horas pasaron para que los hechos le dieran la razón.
En medio de los elogios y buenos augurios por el anuncio boliviano que daba por desechada la estrategia de gas por mar en sus relaciones con Chile, el senador Jaime Orpis (UDI) tuvo una postura discordante. Llamó a tener prudencia y observar con cuidado lo que pasaría en ese país.
En su opinión, los gobiernos de Bolivia tienden a ser volubles en sus actuaciones y no podía garantizarse que anuncios de cambios en su política exterior hacia Chile fueran a sostenerse en el tiempo.
Dicho y hecho.
Ayer, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, desmintió al canciller David Choquehuanca, al asegurar que la política exterior de su país respecto de Chile no ha variado y que el Gobierno de Evo Morales respeta el sentir ciudadano sobre el tema marítimo.
Esto, luego que los anuncios de Choquehuanca provocaran críticas en distintas organizaciones sociales de ese país.
NO CONFIAR
El senador Orpis reaccionó ayer diciendo que esto demuestra "que en temas tan estratégicos, como el energético, Chile no puede confiar en declaraciones de un canciller que son desmentidas luego por el Presidente de la República".
El parlamentario se refirió así a las perspectivas de venta de gas boliviano que habían surgido tras el anuncio del abandono de la política de gas por mar.
En esta materia, Orpis llamó a aprender "no sólo las lecciones argentinas, sino también las bolivianas, porque no estamos dispuestos a renunciar a la soberanía sobre el mar".
El senador manifestó que en materia energética, Chile tiene que adoptar decisiones estratégicas y que entre ellas, resulta muy importante desarrollar el proyecto de Gas Natural Licuado en el norte, "que nos va a dar más autonomía energética", aseveró.
En su calidad de presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, anunció que el grupo parlamentario está a 30 días de importantes cambios legales para estimular las energías renovables.
Entre ellas, las más prometedoras son la energía solar y la eólica (viento), para cuyo desarrollo el extremo norte del país tiene importantes condiciones.
OPCION NUCLEAR
Una vez que la Comisión de Energía y Minería del Senado concluya su trabajo sobre las energías renovables, comenzará a analizar el tema de la energía nuclear, adelantó Orpis, "porque Chile necesita todos los años 400 megawatts adicionales y no puede descartar ningún tipo de energía". Esa demanda, ilustró, equivale a tres cuartos de la central Ralco cada año y se estima que en diez años se duplicará.




MORALES INSTA A LAS PETROLERAS A PAGAR 30 MILLONES EN 24 HORAS

La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)

Repsol YPF, Petrobras y Total, las principales petroleras de capital extranjero que operan en Bolivia, tendrán que abonar conjuntamente al Estado 30 millones de dólares antes de mañana. Ése es el plazo que otorgó el pasado lunes el Ejecutivo de Evo Morales para saldar un impuesto adicional del 32% enmarcado en el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, según anunció una portavoz del ministerio del sector.De producirse el pago, sería la primera repercusión económica directa desde que se anunció la nacionalización, el pasado 1 de mayo. El dinero permitirá dotar de recursos a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), con problemas logísticos y financieros.
Nuevos pagos
El plan del Gobierno, según declaró la portavoz a un diario de la ciudad de Santa Cruz, prevé otros cuatro pagos hasta octubre. Repsol, Petrobras y Total están afectadas por este impuesto al retener el mayor número de acciones de dos grandes campos de gas incluidos en el decreto de nacionalización.El hecho se produce en un momento de creciente tensión entre Repsol y el Ejecutivo de Morales. Ayer, la firma española remitió un comunicado en el que asegura que sí había presentado la documentación requerida por la Fiscalía antes del registro que sufrió el pasado viernes, y que desembocó en el arresto domiciliario de un directivo. Por ese allanamiento, Repsol amenazó con denunciar la actuación judicial, tildada de «persecución», ante los tribunales internacionales.
El Gobierno boliviano respondió con una advertencia similar, en este caso por el supuesto «saqueo» de las petroleras. En el comunicado de ayer, Repsol asegura que «la ejecución no tuvo justificación alguna», ya que cumplieron con la documentación requerida por la Justicia boliviana, referida a los últimos cinco ejercicios.Para rebajar el tono, desde el Ejecutivo del país andino se anunció ayer que su vicepresidente, Álvaro García Linera, viajará a España a finales de septiembre para atemperar el conflicto y allanar así el camino para la negociación del nuevo contrato con Repsol.
Pero Morales y su gabinete no sólo han tenido que enfrentar las tiranteces con Repsol. Ayer tomó posesión el nuevo presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, en sustitución de Jorge Alvarado, relevado de su cargo tras recibir una acusación de corrupción. Alvarado, hasta ahora hombre fuerte de Morales en la compañía estatal, fue acusado de infringir el proceso de nacionalización al firmar un contrato con una compañía para exportar petróleo a Brasil.
IncorruptibleSi bien Morales declaró que «el compañero Alvarado es incorruptible», el presidente ha aceptado la dimisión del directivo en un contexto de protestas de otro ámbito, pero de mayor calado social. En los últimos días, el Gobierno boliviano ha tenido que lidiar con una huelga de transportes, ya levantada después de sumir en el caos a las principales ciudades del país, y también con el paro de los maestros, que todavía continúa.




PESE A LA CRISIS EN BOLIVIA, EVO SIGUE MIRANDO HACIA OTRO LADO

En este caso, a Chile. Su gobierno afirmó que respetará el referendo que en 2004 aprobó la estrategia "gas por mar" para una salida al Pacífico, tras ser criticado por anunciar el abandono de esa fórmula

Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)

"Nuestro gobierno mantiene y también preserva lo logrado en el referendo del año 2004", y "respeta la decisión mayoritaria del pueblo boliviano respecto a la política marítima", declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa.
El asunto fue analizado ayer por el presidente boliviano, Evo Morales, y sus ministros, a raíz de protestas de sectores sociales, sindicatos y parlamentarios oficialistas y opositores.
La reacción del Gobierno se produjo después de que el canciller, David Choquehuanca, anunciase el abandono de la fórmula "gas por mar" porque Chile la considera un "chantaje", algo que fue elogiado ayer por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Quintana señaló que el Gobierno preserva "como política de Estado y de manera invariable la reintegración marítima" y, por tanto, eso "forma parte de la política de relaciones internacionales". "No se ha cambiado ni un milímetro, no se cambiará ahora y seguramente esto no sufrirá modificaciones, mientras no se cancele esta importante deuda histórica con el país", sostuvo Quintana, en relación al reclamo boliviano de lograr una salida al Pacífico.
Ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, tras el fracaso de una negociación destinada a solucionar el problema que fue encarada por los entonces dictadores de Bolivia, Hugo Banzer, y Chile, Augusto Pinochet. Bolivia y Chile libraron una guerra a finales del siglo XIX, en la que los bolivianos perdieron 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa.
En julio del 2004, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) convocó a un referendo sobre la política del gas que aprobó mayoritariamente usar ese recurso como un arma de negociación con Chile para obtener una salida al Pacífico.
Morales, en una reciente entrevista con el diario "El Mercurio" de Santiago de Chile, declaró que la política de Mesa fue equivocada y su canciller amplió el lunes esas declaraciones, afirmado que este era otro Gobierno. "El presidente Evo Morales ha indicado también que no vamos a hablar de gas por mar porque suena a chantaje", dijo el ministro en rueda de prensa en La Paz.
Bachelet dijo que las declaraciones de Choquehuanca "satisfacían mucho" a su gobierno y estaban en la misma dirección en que trabajan en ambos países. Quintana, en cambio, afirmó que el Gobierno reafirma "la política marítima" y la consideró "irrenunciable".
Agregó que, en el marco del "nuevo ciclo político" que viven las relaciones de Bolivia y Chile, han habido avances en el diálogo para construir una agenda sin exclusiones, en la que el Gobierno chileno ha incorporado "el tema de la reintegración marítima".
"Es una problemática que antes la diplomacia chilena se había negado a aceptar. Hoy lo hace comprendiendo el contexto histórico y político que vive nuestro país", dijo Quintana.
Las críticas hechas desde distintos sectores recordaron que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), fue parte de las movilizaciones que en octubre del 2003 frenaron la venta de gas a los Estados Unidos usando puertos de Chile.
La represión de esa ola de protestas dejó un saldo de 60 muertos, la mayoría en la ciudad de El Alto, y derivó en la renuncia y la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a los EEUU.
El diputado Fernando Messmer, jefe del grupo parlamentario del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), dijo el martes a la prensa que los masistas "derribaron a un presidente", supuestamente porque iba a vender gas a Chile, y ahora actúan con "doble moral".
El concejal de El Alto Roberto de La Cruz, uno de los líderes de las movilizaciones del 2003, dijo que "era una reverenda metida de pata del gobierno", y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional alteña señaló que no se podía ceder en la posición de gas por mar.




UN ATAQUE DE NACIONALISMO LO OBLIGO A SILENCIAR A SU CANCILLER

EVO NO PUEDE HABLAR DE GAS POR MAR

Las declaraciones optimistas de su canciller causaron un revuelo y obligaron al presidente boliviano a bajar el perfil del asunto, ya que quedó demostrado que cuanto menos se hable del tema, más se avanza. El idilio con Bachelet sigue viento en popa.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

Las declaraciones pronunciadas el lunes por el canciller David Choquehuanca, indicando que Bolivia ponía punto final a la política de “gas por mar”, causaron un terremoto político aquí. Ayer el presidente Evo Morales desautorizó al jefe de su diplomacia y ratificó que no habrá gas para Chile mientras no se salde la “deuda histórica” del acceso soberano al mar, perdido en la guerra del Pacífico (1879-1884) que condenó a Bolivia a ser un país mediterráneo.
La historia de enredos empezó el domingo pasado cuando en una entrevista publicada por el diario chileno El Mercurio, en el que Morales declaró con cierta ambigüedad: “Hay un sentimiento del pueblo boliviano que dijo ‘gas por mar’ en un referéndum. No lo comparto. El presidente Mesa se equivocó. Yo nunca habría metido en una pregunta ‘gas por mar’. Hablando a calzón quitado, el tema es que a Chile le sobra el mar, tiene mucho. A nosotros nos sobran algunos recursos naturales. Entonces tenemos que entendernos para que haya cierto equilibrio”. Un día después, el canciller Choquehuanca hacía una interpretación libre de los dichos de su jefe y declaraba a la prensa boliviana que “la política de gas por mar suena a chantaje” y abría la posibilidad de venderle gas a Chile sin cerrar previamente el tema marítimo. “No es gas por mar, estamos trabajando en una política de confianza mutua con el gobierno chileno”, dijo.
Las reacciones no se hicieron esperar: a Michelle Bachelet las palabras de Choquehuanca le sonaron como música para sus oídos. “Nos satisfacen mucho (las declaraciones del canciller)”, dijo la presidenta chilena. Y la reacción contraria provino de las organizaciones sociales bolivianas, un sector del propio oficialismo y una oposición de derecha que no desperdicia oportunidad para dar fe de su patriotismo.
“Primero el tema marítimo, después el negocio”, dijo el jefe de la confederación campesina y dirigente del MAS Isaac Avalos. “Los masistas derribaron un gobierno (en el 2003) porque supuestamente iba a vender gas usando puertos chilenos y hoy, con la doble moral que caracteriza a este gobierno, hablan sin reparos de vender gas a Chile”, acusó el jefe de la bancada de Diputados de Poder Democrático Social (Podemos). “Es parte de la improvisación con la que se maneja la política exterior en este gobierno”, completó los ataques el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
La política de “gas por mar” fue diseñada por el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) y ratificada en el referéndum del 18 de julio de 2004 cuando el 55 por ciento de los bolivianos votó afirmativamente a la pregunta que proponía “utilizar al gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacífico”. Mesa llegó al sillón presidencial luego de que una asonada popular derribara a su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, justamente por intentar exportar gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos. El saldo fue de 60 muertos y más de 400 heridos.
En Bolivia no es raro escuchar “muerte a los chilenos” en algunos actos patrióticos, pero tampoco resulta difícil ver a la burguesía de los barrios exclusivos vestida de pies a cabeza con diseños de ese país vecino. Pese a no haber relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, en los últimos años se ha avanzado en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22) que incluye la liberación comercial progresiva.
En ese marco de amores y odios, Evo Morales inició una política de acercamiento basada en su buena relación personal con Michelle Bachelet y los vicecancilleres avanzaron en una agenda que incluye, por primera vez, el tema marítimo. “Pronto se van a reunir los cancilleres de los dos países. No será en Chile ni en Bolivia, tampoco en Estados Unidos, por si acaso... Van a avanzar en la agenda de trece puntos”, le dijo Morales a El Mercurio.
Pero ayer Bachelet quedó en off side cuando el gabinete boliviano en pleno desautorizó de manera tajante a Choquehuanca y ratificó que las canillas del combustible que necesita Chile seguirán cerradas. “Nuestro gobierno preserva como política de Estado y de manera invariable el reclamo de reintegración marítima. No variará ni un milímetro mientras no se salde esta deuda histórica”, clausuró ayer la discusión el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En público, Morales se abstuvo de criticar a su canciller, pero fuentes del gobierno aseguran que a puertas cerradas, en la reunión de gabinete, Morales le dijo a su canciller que no hable más del tema. Morales ha dicho muchas veces que con el tema del mar cuanto menos se habla más se avanza, porque la cuestión es muy sensible para los dos países.





LA DERECHA PACEÑA TAMBIÉN CRITICÓ ANUNCIO DEL TITULAR DE LA CANCILLERÍA

LA PRESIÓN SOCIAL OBLIGA A BOLIVIA A INSISTIR EN ESTRATEGIA DE GAS POR MAR

Un rechazo transversal produjeron las palabras del canciller boliviano, David Choquehuanca, en torno a abandonar la tesis de gas por mar sostenida por el país altiplánico desde 2004, cuestión que detonó ayer que el ministro de RREE quedara sin piso político en su posición enunciada el lunes.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

No sólo la tesis de gas por mar es la que debe sopesar el Gobierno boliviano en sus relaciones bilaterales con Chile. Ayer se comprometió un factor no menor: las radicalizadas organizaciones sociales, que fueron claves en la caída de Carlos Mesa -autor del principio de vincular ambas cuestiones- y en la elección de Evo Morales. Y es que frente a las palabras del lunes del canciller boliviano, David Choquehuanca, en las cuales afirmó que “mar por gas suena a chantaje”, algunos movimientos populares no se quedaron de brazos cruzados y amenazaron al Presidente con retomar las protestas si Palacio Quemado descarta la demanda marítima en un eventual acuerdo gasífero con Chile.
Esta situación incomodó al Gobierno andino a tal punto que ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, luego de una reunión con el propio Mandatario, le quitó el piso al titular de Exteriores y ratificó que “la política de reintegración marítima es irrenunciable”.
De acuerdo con Quintana, “nuestro Gobierno mantiene y también preserva lo logrado en el referendo de 2004”, cuando gobernaba Mesa, ocasión en que 87% de los bolivianos aprobó la estrategia de gas por mar y que fue la continuación de las movilizaciones que en octubre de 2003 frenaron la venta de gas a Estados Unidos usando puertos chilenos. Esto derivó en una sangrienta rebelión popular contra el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que terminó huyendo a Estados Unidos.
POLÍTICA DE ESTADO
En ese contexto, el ministro Quintana afirmó que el Ejecutivo preserva “como política de Estado y de manera invariable la reintegración marítima” y, por tanto, eso “forma parte de la política de relaciones internacionales”.
“No se ha cambiado ni un milímetro, no se cambiará ahora y seguramente esto no sufrirá modificaciones, mientras no se cancele esta importante deuda histórica con el país”, sostuvo Quintana, quien sí destacó que en el marco del “nuevo ciclo político” que viven las relaciones entre Santiago y La Paz ha habido avances en el diálogo para construir una agenda sin exclusiones. Explicó que el Gobierno chileno ha incorporado “el tema de la reintegración marítima” en esta plataforma.
“Es una problemática que antes la diplomacia chilena se había negado a aceptar. Hoy lo hace comprendiendo el contexto histórico y político que vive nuestro país”, dijo el secretario de Estado.
Con todo, las palabras de Quintana -que hasta el cierre de esta edición no querían ser comentadas en la Cancillería chilena- son la estrategia del Gobierno boliviano para calmar la efervescencia de las organizaciones sociales. De hecho, el concejal de El Alto -la masiva concentración se sectores populares que rodea La Paz- Roberto de la Cruz, uno de los líderes de la rebelión de 2003, recordó a Morales que Sánchez de Lozada “tuvo que irse a su casa” a causa de “una política marítima equivocada”. De La Cruz opinó que “era una reverenda metida de pata del Gobierno” la posición que expuso Choquehuanca.
En esta misma línea se pronunciaron varios líderes sociales; entre ellos, el principal dirigente de la Central Obrera de El Alto, Edgar Patana, que advirtió que “si se va a vender gas a Chile, tiene que ser a cambio de mar”, y el líder del poderoso sindicato de campesinos, Isaac Ávalos –también del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales-, que recomendó al Gobierno que “antes del negocio (del gas), primero está el tema marítimo”.
OPOSICIÓN
Incluso en la oposición de derecha, nucleada en el Poder Democrático Social (Podemos), hubo críticas al ministro de RREE. El ex cónsul en Santiago y diputado Fernando Messmer indicó que la declaración de Choquehuanca omite que la política de gas por mar fue adoptada en un referendo. “El canciller Choquehuanca se olvida de que un Presidente, Sánchez de Lozada, fue derrocado simplemente porque contempló exportar gas a Chile. Resulta curioso y paradójico que un canciller del Movimiento al Socialismo hoy desconozca la validez del referendo y que olvide que 70 compatriotas nuestros perdieron la vida precisamente por la posibilidad de exportar gas a Chile”, planteó Messmer.
A su turno, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados, Michiaki Nagatani, aclaró que si bien se deben buscar mercados para el gas, no se puede desconocer el mandato del referendo, que fue defendido por el propio Morales durante su campaña. “Yo creo que para cambiar eso deberíamos hacer otro referendo preguntando al pueblo. Yo creo que se están cambiando discursos, se olvidó lo que era el referendo y lo que ellos estaban pregonando el año pasado”, señaló Nagatani.




BOLIVIA TIENE YA EL RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS PETROLERAS EXTRANJERAS

El País de España (www.elpais.es)

La petrolera estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), ya tiene los resultados preliminares de las auditorías realizadas a las empresas extranjeras que operan en el país, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF, según fuentes del Ejecutivo que cita la prensa local. Las auditorías (cuyos resultados se conocerán en una o dos semanas, según fuentes del Ministerio de Hidrocarburos) pretenden determinar si las petroleras cumplieron los contratos y las inversiones realizadas, 3.000 millones de dólares (2.351 millones de euros) en los últimos años, según las empresas.
Estas auditorías se utilizarán en la negociación de los contratos con las empresas extranjeras tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo. Tras esa decisión, las relaciones de Repsol con el Gobierno boliviano se han ido enturbiando. La detención de un empleado y el registro de las oficinas el pasado viernes llevó a la petrolera a amenazar con llevar esa "persecución" a los tribunales.
Ayer, Repsol aclaró que el día 22 recibió un requerimiento de documentación desde 2001 que la empresa entregó dentro de plazo, pese a lo "exiguo" de éste y a lo "voluminoso de la información requerida".
Por su parte, el Gobierno boliviano confirmó que el vicepresidente, Álvaro García Linera, viajará a Madrid en unas semanas para buscar soluciones a la crisis con Repsol.





CIUDADANOS DE POCITOS PLANTEAN EN ARGENTINA SUS REPAROS AL YASMA

Las deliberaciones pasaron a un cuarto intermedio. Podrían levantar el bloqueo sólo por unos días. En Salvador Mazza comenzaron a escasear víveres frescos. Los comerciantes preparan más pedidos de amparo.

EL Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)

Una comitiva integrada por dirigentes de San José de Pocitos y funcionarios bolivianos viajó ayer a Buenos Aires llevando un petitorio a presentar en la embajada de ese país en la Capital Federal, para que a su vez sea estudiado en una reunión prevista para hoy por legisladores nacionales y funcionarios de Aduana y la AFIP. Entre los pedidos, figura como condición esencial que el complejo fronterizo denominado Proyecto Yasma (Yacuiba- Salvador Mazza) se ejecute no por el lugar donde está previsto sino como continuación de la ruta nacional Nº 34. Otros puntos son que los compradores argentinos puedan adquirir mercaderías bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) por 500 dólares; que no haya restricciones a las exportaciones de productos primarios y que los controles de Aduanas, Gendarmería y Migraciones sean más flexibles,
Si desde Buenos Aires hay señales favorables, el bloqueo podría ser levantado por el término de 30 días. Pero si no reciben una respuesta acorde a sus exigencias, el paso internacional será cortado "en forma definitiva", según anticiparon integrantes del Comité de Huelga pociteño.
Gran crecimiento
Es curioso que comerciantes y bagayeros bolivianos pretendan imponer todos estos puntos a las autoridades de nuestro país. "El que no llora..." dicen con una sonrisa de picardía, porque cuando de exigir se trata se saben aguerridos, en especial si se trata de la Argentina, país con el que tienen sentimientos encontrados de admiración y resentimiento. Es que en el caso de Pocitos, unas 50.000 personas viven de lo que le venden a los argentinos.
Pero esto es lo que ha transformado a su pueblo hasta quintuplicar su población en dos décadas.
Durante los debates que tuvieron lugar el martes y que se extendieron hasta las 3 de la madrugada de ayer, el presidente del centro de comerciantes de Pocitos, Fredy Hidalgo, mencionó la preocupación que los invadía porque 6 días de paro representaron "una pérdida de 3 millones de dólares", lo que muestra el nivel de las transacciones diarias.
Por su parte, Venancio Ochoa, presidente de los bagayeros, asegura que sus representados son "unos 800 trabajadores, más 150 estibadores y unos 200 carreros. Pero con sus leyes la Argentina nos está quitando la posibilidad de darle de comer a nuestros hijos y encima nos maltratan".
Lo que Ochoa llama "maltrato" es el control que Aduana, Gendarmería, Policía Federal y otros organismos realizan no sólo en el puente internacional sino en decenas de pasos clandestinos tratando de evitar o disminuir el contrabando.
Indignados con Yacuiba
Por otra parte, no hay un solo dirigente político o social de San José de Pocitos que no muestre su enojo con los yacuibeños, aunque a ambos pueblos sólo los separan 3 kilómetros. "Como a ellos el proyecto YASMA los beneficia no han sido capaces de mostrar su solidaridad con nosotros. El presidente del Comité Cívico de Yacuiba nunca le ha pedido a su gente que nos apoye en esta lucha", expresó Maribel Molinas, secretaria del Comité de Pocitos.
Alberto Gareca Terrazas otro abogado pociteño, explicó que el proyecto YASMA "dejará a esta ciudad totalmente marginada, porque si la obra se ejecuta como está actualmente proyectada conectará Salvador Mazza con Yacuiba y nosotros quedaremos a 7 kilómetros de distancia. Eso no lo vamos a permitir, por tanto, la exigencia más firme es que la licitación se detenga inmediatamente y que el puente nuevo se ubique a la par del actual", afirmaron.
El temido futuro complejo YASMA
El futuro complejo de control integrado de fronteras es una obra ambiciosa que abarcará 27 hectáreas, todas en territorio argentino, razón por la cual su ubicación no puede ser desplazada de donde fue proyectado. La obra costará cerca de 40 millones de dólares y se encarará con financiamiento internacional. Ya fue licitada y los trabajos podrían comenzar en breve.
En el amplio predio dispuesto habrá una playa de camiones que ingresen a zona primaria aduanera y de transferencia de cargas. En el edificio único trabajarán autoridades aduaneras, migratorias, de seguridad e impositivas de ambos países.
Ratificaron la obra licitada
Con el objetivo de descomprimir las protestas de los ciudadanos bolivianos que llegaron el lunes a cortar el suministro de gas desde ese país hacia la Argentina, en repudio a la construcción de un puente que unirá la ciudad de Yacuiba con Salvador Mazza, la Cancillería argentina decidió ayer responder favorablemente a algunos de los pedidos de los manifestantes pero ratificó "que no se paralizarán las obras", tal como reclaman los ciudadanos de San José de Pocitos.
Altísimas fuentes de la Cancillería, una vez restablecido el suministro de gas al país, informaron a El Tribuno que "habrá una mayor elasticidad del horario de aduana que se había acortado y volverá a regir el cronograma anterior. Y los $ 5 que estaban pagando las personas cada vez que entraban o salían del país gozarán de un subsidio que reemplazará esos ingresos".
Desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informaron a El Tribuno que el "Gobierno de Bolivia sabía que la dureza de los reclamos era desmedida y Cancillería tuvo una participación muy activa para minimizar los pedidos de los manifestantes".
Consultada sobre las posibilidades que se detenga la construcción del puente, una alta fuente de la Cancillería argentina reveló que "eso es inaceptable. Las obras seguirán su curso tal cual como está previsto". "La zona en conflicto vive del comercio fronterizo, con gran participación de personas que llevan mercadería sobre sus espaldas, por lo que el nuevo puente significará un cambio necesario en el desenvolvimiento comercial del área.
Por esa razón se proyectó un puente por donde los camiones pasarán con mayor agilidad y con otro régimen de cargas. Esto puede llegar a complicar el tráfico de mercadería a pie por parte de estibadores. Eso les molesta", señaló la misma fuente oficial.





GUALEGUAYCHÚ PIDE QUE NO VENDAN GAS A URUGUAY

Buscan equiparar el conflicto por las papeleras con el diferendo entre Chile y Bolivia por el mar.

El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)

A menos de una semana que el Tribunal Arbitral del Mercosur dicte un fallo definitivo sobre el conflicto que mantienen Uruguay y Argentina respecto a los cortes de ruta ocurridos durante el verano en oposición a la instalación de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclamó al ministerio de Planificación Federal para que "suspenda la venta de gas al país oriental hasta que se resuelva la controversia por las papeleras".
Según los manifestantes entrerrianos, los funcionarios argentinos deben imitar la postura del Gobierno boliviano de no venderle gas a Chile hasta que no se llegue a una solución definitiva en su conflicto bilateral. "El gasoducto del nordeste, nacido en Bolivia, atravesará siete provincias argentinas y desde allí se venderían al Uruguay 2 millones de metros cúbicos de gas por día", afirmó el ambientalista que presentó la propuesta, Juan Eduardo Cedra.
El mismo pedido había sido presentado hace un mes y medio atrás al canciller Jorge Taiana, el día que visitó Gualeguaychú. Entonces, la respuesta del funcionario había sido tajante: "Creo que dejar de venderle gas a Uruguay no es la solución para el problema y, además, amenaza con repercutir negativamente en el pleito judicial que lleva la Argentina ante la Corte Internacional de la Haya".
Un brindis que los molestó
Consultado por El Tribuno sobre si la decisión de los manifestantes de Gualeguaychú podría afectar la solidez de la presentación argentina ante la Haya, el asambleísta de Entre Ríos, Andrés Rivas, señaló: "La verdad es que no se tuvo en cuenta ese detalle". Y agregó que "la posición del gobierno de Néstor Kirchner en el tema papeleras es bastante light, ya que hubieron 800 personas brindando en la embajada de Uruguay el último viernes y a nosotros ni nos dejaron entrar".




COCALEROS ´TUERCEN EL BRAZO´ A EVO MORALES EN BOLIVIA

EL Universal de México (www.eluniversal.com.mx)

Cocaleros de una región del norte de Bolivia expulsaron a una brigada de erradicadores que envió el gobierno del presidente Evo Morales y rechazaron reducir sus cultivos.
"Se paró la racionalización de los cultivos de coca porque el gobierno mandó maquinaria y erradicadores sin un acuerdo previo con los productores", dijo a la agencia AP Dionisio Núñez, dirigente de los cocaleros de La Asunta, a 170 kilómetros al norte de La Paz.
Éste es un botón de lo que se ha convertido en la semana más conflictiva de los siete meses de gestión del presidente Evo Morales , luego de la dimisión del presidente de YPFB, Jorge Alvarado.
El gobierno busca desactivar una catarata de conflictos sociales en diversas regiones del país, por diferentes reclamos. Por si fuera poco, en el gabinete aparecieron dos posturas en cuanto a la relación diplomática con Chile, que originó duras advertencias de las organizaciones vecinales de la combativa ciudad de El Alto.
Mientras el gobierno boliviano buscaba acercar posiciones con el sindicato de maestros, que ayer paralizó las clases en Santa Cruz de la Sierra y ahora amenaza con hacerlo en todo el país, logró alcanzar un acuerdo "de último momento" con los transportistas que levantaron la huelga. Varios ministros participaban en maratónicas negociaciones en Sucre, capital del país y del departamento de Chuquisaca, donde pobladores de distintas ciudades cortaron rutas y caminos, además de una huelga de hambre de dirigentes civiles, en reclamo de "mayor atención e inversiones".
En las sureñas ciudades de San José de Pocitos y Yacuiba (departamento de Tarija y fronterizas con Argentina), los pobladores mantenían cortado el puente fronterizo y varios ductos que alimentan de gas a Argentina, en protesta por las nuevas medidas de restricción del comercio en zonas de la frontera adoptadas por el gobierno argentino.
Recientes declaraciones del canciller, David Choquehuanca, en cuanto a que Bolivia abandonaría su estrategia de "gas por mar", en la tarea de recomposición diplomática con Chile, llevaron a Roberto de la Cruz, líder de la Junta Vecinal y concejal de El Alto, a recordarle al gobierno lo que pasó con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, "que tuvo que irse a su casa" por culpa "de una política marítima equivocada".





Mandatario boliviano se ha visto acosado por una ola de manifestaciones, paros y huelgas

EL DELICADO MINUTO DE LA “REFUNDACIÓN” DE EVO

A los ya serios problemas que el Gobierno socialista tiene con su plan estrella, la nacionalización de los hidrocarburos, ahora debe enfrentar un clima de descontento social que ha llevado incluso a numerosos gremios a las calles.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

A poco más de siete meses de haber asumido el Gobierno se le terminó la miel sobre hojuelas al Presidente boliviano Evo Morales. A los antiguos reclamos regionales se sumaron ahora las exigencias de su propia base política, los grupos cívicos y de trabajadores, que están comenzando a cobrarle la palabra, acosando al Mandatario -que ha prometido “refundar Bolivia- con huelgas y paros.
Choferes, maestros, los gremios de la salud y trabajadores petroleros, entre otros, han mantenidos muy ocupados a los personeros de Gobierno y al propio Mandatario, que en persona ha intentado apagar algunos de los “incendios” desatados en las últimas semanas.
De hecho, Morales negociaba ayer los reclamos locales de dos regiones de Bolivia en huelga por atención oficial, mientras buscaba acercarse a un sindicato de maestros que amenazaba con paralizar las clases en todo el país, apenas horas después de haber alcanzado un acuerdo con el gremio de los choferes, que ya había paralizado tres de las nueves ciudades más importantes del país.
El combativo sindicato de maestros -de orientación trotskista- demanda un nuevo congreso para la educación y la destitución del ministro Félix Patzi.
Mientras, el Mandatario intentaba frenar una huelga de hambre de dirigentes civiles de la región sudeste de Chuquisaca, en demanda de mayor preocupación por parte del Gobierno.
Con esto en mente, el Jefe de Estado -que ayer se reunió de urgencia con su gabinete- elaboró un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia.
Pero Morales también tenía la vista puesta en el sureño departamento de Tarija, también en huelga; en los cívicos de Santa Cruz, que mantienen sus amenazas; en los empleados de la Caja Nacional de Salud, que extendieron sus medidas de presión a todo el país; en los guaraníes que insistían con la toma de ductos, y en los sectores petroleros, que no levantaban la toma del gasoducto de Transredes.
Ante este tenso escenario en zonas claves para la economía nacional, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró ayer que se recurriría a la policía y, de ser necesario a las Fuerzas Armadas, para evitar la toma de pozos gasíferos anunciada por los cívicos de Chuquisaca y Tarija.
DIFÍCIL MOMENTO
Toda esta oleada de descontento social ocurre en momentos en que el plan estrella del Gobierno, la nacionalización de los hidrocarburos -decretada el 1 de mayo- pasa por una delicada situación, luego que el Mandatario se vio obligado a destituir a su correligionario del Movimiento al Socialismo, Jorge Alvarado, de la titularidad de la compañía estatal de petróleos (YPFB). Alvarado estaba acusado de corrupción, por acordar venta de gas a Brasil sin seguir el procedimiento establecido en el decreto nacionalizador.
Poco antes, Morales ya había tenido que salir en defensa de su ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, quien fue cuestionado por el Congreso tras lo cual presentó su renuncia, como obliga la ley. Sin embargo, la Constitución también facultaba al Mandatario para rechazar la dimisión, lo que finalmente ocurrió, siendo ratificado en su puesto.
Pero todos estos antecedentes evidencian el delicado momento por el que pasa el Gobierno “refundador” de Evo Morales y su plan estrella, la nacionalización, que no ha podido ser puesta en marcha principalmente por falta de fondos.
Los gremios además, se han mostrado muy atentos a la postura que el Gobierno de Morales adopte sobre la política de “gas por mar” que diferentes administraciones bolivianas han establecido para relacionarse con Chile. Ya han advertido a las autoridades que no aceptarán un cambio de estrategia en ese sentido.
Un referéndum nacional realizado en julio de 2004 respaldó la política del Presidente de entonces, Carlos Mesa, de utilizar las reservas de gas que tiene Bolivia como eventual factor de negociación para lograr de Chile una salida soberana al Pacífico para el país.
CONSTITUYENTE PARALIZADA
Representantes del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y de grupos de la oposición se culpaban mutuamente ayer por la virtual paralización en que se encuentra la Asamblea Constituyente, instalada en Sucre y que tiene por misión reformar la Constitución.
Los delegados aún no se ponen de acuerdo en reglamentos básicos de funcionamiento, lo que les impide comenzar a trabajar. Los representantes deben acordar un protocolo para los debates y las votaciones, lo que aún no se establece.
La nueva Constitución debería ser sometida dentro de un año a un referendo popular, para aprobar las reformas establecidas por la constituyente en innumerables ámbitos.





Tensión en Bolivia : clima de agitacion a siete meses de iniciada la presidencia de evo morales

BOLIVIA: EL GOBIERNO DICE QUE NO REPRIMIRÁ LAS PROTESTAS SOCIALES

Es por la ola de huelgas que estalló en todo el país. Además de los maestros, pararon los transportistas y los cocaleros rechazaron reducir cultivos. Las autoridades afirmaron que su estrategia es "dialogar".

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Guardapolvo blanco, pulóver azul, el pelo negro y suelto casi hasta la cintura, Carla Condorí, de 12 años, no pudo quedarse jugando con sus compañeras en el Liceo La Paz. Su papá, Serafín, decidió que era mejor volver a casa. Los maestros dejaron un mensaje en un pizarrón en la puerta: "En protesta contra las declaraciones desatinadas del señor ministro de Educación contra la dignidad del maestro, se suspenden las actividades educativas".
Una postal de la huelga de maestros que ayer cumplió su segunda y última jornada, con adhesión dispar pero suficiente para generar malestar en el gobierno, que enfrenta protestas de distintos sectores. Aunque el transporte volvió a funcionar tras un acuerdo que logró evitar un segundo día de paralización total en La Paz, el presidente Evo Morales y sus ministros están atentos a este clima de agitación.
Otro claro ejemplo de ello ocurrió ayer en La Asunta, al norte de La Paz, cuando los cocaleros —un sector que responde a Morales— expulsaron a una brigada de erradicadores que había enviado el gobierno y rechazaron reducir sus cultivos. "La gente no acepta la reducción", dijo el viceministro del área, Félix Barra, quien además fue retenido por los campesinos antes de llegar a un acuerdo para discutir el tema en los próximos días.
Además de los maestros, que exigen la renuncia del ministro de Educación, Félix Patzi, y rechazan una nueva ley educativa que —afirman— les quita derechos sociales, también pararon los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, contra la reestructuración de la entidad.
Hay más: el departamento de Tarija, en el sur, concluyó un paro cívico de 24 horas en solidaridad con los comerciantes informales de la frontera con la Argentina (donde el lunes a la noche se cerró por 12 horas el gasoducto que lleva gas desde Bolivia al norte argentino). El suministro se restableció el martes.
También Chuquisaca, en el sudoeste, realizó un paro cívico en protesta por la "desatención" del gobierno a necesidades locales. Hubo amenazas de cortar el gas a Brasil y Argentina. El gobierno advirtió que, si es necesario, enviará a la policía y al ejército para evitarlo, aunque por ahora su estrategia es "dialogar".
Estos reclamos coinciden con una embestida de la oposición por cómo se está llevando adelante la nacionalización del gas y por el reglamento que quiere imponer el oficialismo en la Asamblea Constituyente, que empezó a sesionar hace casi un mes.
"Sabíamos que íbamos a enfrentar momentos de convulsión social", dijo a Clarín el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, al frente del diálogo con los grupos en huelga. "Son pequeños focos de conflicto que el gobierno está encarando con diálogo. Hemos pasado a un segundo o tercer plano el uso represivo de la fuerza pública", aseguró.
"Hay conflictos que el Estado no ha podido resolver, porque hay en el país una gran deuda social atrasada. Respondemos a todas las reivindicaciones dentro de las posibilidades del Tesoro nacional, pero no es posible atenderlo todo", admitió luego.
Pero remarcó que "hay además factores políticos de desestabilización. Sabíamos que tras la instalación de la Asamblea Constituyente, algunos grupos, al ver amenazada su situación de privilegio, iban a reaccionar".
En este clima, empezaron a aparecer fisuras dentro del gobierno. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debió salir a ratificar la política de negociar con Chile "gas por mar", luego de que el martes el canciller, David Choquehuanca, deslizó la posibilidad de vender gas a Santiago independientemente de la demanda boliviana de una salida al Pacífico.
"Nuestro gobierno mantiene lo logrado en el referendo de 2004", cuando un 87% de los bolivianos aprobó la estrategia de "gas por mar", declaró Quintana a la prensa. Intentó así evitar otro frente de conflicto en el seno mismo del poder. Es que las palabras de Choquehuanca causaron una dura reacción de los movimientos sociales que encabezaron en 2003 la revuelta que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por su intención de exportar gas a través de Chile.





La olade huelgas y protestas en Bolivia: se mantiene la tensión social

CON PROMESAS, EVO MORALES INTENTA APLACAR LOS CONFLICTOS

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, intensificó ayer su ofensiva por aplacar los focos de conflicto en distintos frentes gremiales y regionales, aunque debió soportar una nueva jornada de protestas sociales y huelgas en medio de la peor crisis en sus siete meses de gobierno.
El martes a última hora, un acuerdo redujo la tensión con la confederación de choferes del transporte público, que había paralizado parcialmente el país. Y ayer, tras complejas negociaciones, la conflictiva situación con los comités cívicos de Tarija y Chuquisaca tendía a descomprimirse.
Morales, que construyó su figura política, en buena medida, como protagonista de masivas protestas sociales que aceleraron la salida de los dos gobiernos anteriores -de Gonzálo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa- enfrenta ahora desde el gobierno múltiples demandas que enrarecen el clima social, en medio de una ofensiva de la oposición por la nacionalización de los hidrocarburos.
La más dura es la de los maestros urbanos, que, descontentos con las políticas del ministro de Educación, Félix Patzi, cumplieron ayer la segunda y última de las jornadas de paro previstas, mientras que los sanitarios de la Caja Nacional de Salud realizaron su segundo día de huelga de los tres programados, por la reestructuración de esa entidad estatal.
El paro dispuesto en Tarija, en apoyo de los habitantes de pueblos de frontera damnificados por una nueva regulación del gobierno argentino, fue levantado ayer luego de que el gobierno ofreció un plan para facilitar las actividades comerciales de traficantes lugareños.
En cuanto al conflicto en el departamento (provincia) de Chuquisaca, el gobierno preparó un decreto supremo para la construcción inmediata de un aeropuerto en la ciudad de Sucre, y también para la dotación de agua potable a zonas campesinas de esa región subandina de Bolivia. Estos eran los pedidos principales del comité cívico local, que llevó a varios representantes y funcionarios a iniciar huelgas de hambre, entre ellas, a la alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava.
Morales envió ayer a su viceministro de Transportes, Wálter Valda, a dialogar con los huelguistas que exigen, además, presupuesto para la construcción de caminos y otras obras sanitarias. "Hay respuestas para todas las demandas de la región", afirmó Valda.
En cambio, para el gobierno la huelga docente representa un desafío más complejo. Influenciado, en buena parte, por una corriente troskista, el gremio de los docentes urbanos de Bolivia es uno de los más combativos y ha llevado a cabo medidas de fuerza y protestas contra todos los gobiernos de los últimos años. Para algunos sectores de este gremio, el gobierno no es lo suficientemente radical en sus medidas y de ahí el descontento. Pero la ruptura fue hace unos meses, durante un fracasado congreso educativo de donde debía salir una nueva ley para el sector.
El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), representado especialmente por cuadros indígenas y campesinos, intentó dominar el encuentro y los maestros urbanos decidieron retirarse. Desde entonces reclaman, además, la renuncia del ministro de Educación, el intelectual aymara Félix Patzi, que, para muchos manifestantes, debería ser reemplazado por un gremialista.
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, dijo ayer que el gobierno estaba "preocupado y apenado" por la huelga de los maestros, porque "los maltratados y perjudicados finalmente son los alumnos". García Linera acusó a los dirigentes de los maestros de ser "terriblemente conservadores" y de causar "demasiado daño" a la educación pública. Y reiteró que Morales, a pesar de la presión de los maestros, no destituirá al ministro Patzi.





“CREO QUE CHILE NO PUEDE NO EXPLORAR LA ENERGÍA NUCLEAR”

Ante la oposición por la construcción de cuatro plantas hidroeléctricas en Aysén, el ejecutivo cree que se pueden levantar voces que apoyen la energía nuclear.

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

Consciente del grado de oposición que ha levantado el proyecto de cuatro centrales hidroeléctricas en Aysén con una capacidad total de 2.400 MW, el director general para Latinoamérica y presidente de Endesa Chile, Luis Rivera, dijo que el proyecto –cuya primera planta sería inaugurada en 2012– será construido cumpliendo todos los requisitos medioambientales que la ley estipula para estos casos.
El ejecutivo, de visita para participar en un encuentro sobre emisores chilenos en Wall Street y también para afinar detalles sobre el cierre del acuerdo entre Colbún y Endesa para construir las 4 centrales en el sur y cuyo plazo máximo es hoy, señaló que “este es un proyecto país para que Chile tenga más energía, más competitiva y de mejor precio, y se hará con todas las garantías medioambientales de que va a ser un proyecto sostenible y con respeto al medioambiente. Si la autoridad cree que cumplimos con los requisitos medioambientales, habrá proyecto”, señaló.
Por lo mismo, por el grado de desconfianza que ha levantado este megaproyecto, Rivera cree que podrían levantarse voces que sostengan la viabilidad de estudiar y analizar a fondo el desarrollo de plantas nucleares, en especial tras el anuncio de Argentina de invertir US$ 3.500 millones en la implementación de centrales de este tipo para generación alternativa de electricidad.
Ante esa posibilidad, precisó que Chile debe estudiar las opciones que existen para asegurar suministro energético al país, no descartando que la nuclear sea una de ellas. “Los proyectos hidroeléctricos son una realidad y los nucleares son a largo plazo, que personalmente creo que Chile no puede no explorar, pero en cualquier caso será una posición para muchos años más”, declaró.
TerrenosCien hectáreas son las que ha puesto a la venta Endesa en las inmediaciones del Lago Rapel. Aun cuando el terreno significa un paño importante y que puede ser atractivo para desarrollos inmobiliarios, Rivera dijo que esta venta es un hecho más de los que lleva a cabo la compañía y que no representan mayor activo para el grupo. “No tiene (el terreno) uso industrial para nosotros. Regularmente se están sacando a la venta propiedades de mayor o menor tamaño que no usamos o que no pensamos utilizar”.





Gas

HIDROCARBUROS, A UN PASO DE SER LEY

La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de promoción y exploración del fluído. El plan contempla beneficios impositivos para las inversiones en el sector.

Agencia TELAM de Argentina (www.telam.com.ar)

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió ayer dictamen favorable al proyecto de ley de promoción y exploraciones de hidrocarburos que contempla beneficios impositivos, y que el oficialismo aspira a aprobar en la primera quincena de septiembre.
La decisión fue adoptada en el marco de reuniones de las comisiones de Energía y Combustibles, Intereses Marítimos, Pesqueros y Portuarios, Economía y Presupuesto y Hacienda, que contó con la presencia del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
El dictamen fue firmado por los representantes del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal, el Radicalismo, aunque estos dos bloques lo hicieron con disidencias parciales, mientras que el ARI y CTA anticiparon que presentarán un dictamen de minoría, y el Justicialismo Nacional definirá en las próximas horas si hará lo mismo.
El dictamen emitido este mediodía por las comisiones, que fue conducida por la kirchnerista Rosana Bertone, permitirá al oficialismo tratar el proyecto de promoción y exploración de hidrocarburos en la segunda semana de septiembre, según indicaron fuentes parlamentarias del oficialismo.
El proyecto contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital y habilita a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales.
La iniciativa impulsada por el Gobierno habilita además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la ganancia mínima presunta, y a eximir del pago del derecho de importación. Durante la reunión, Folgar defendió el proyecto y aclaró que esta promoción sólo alcanza "a las áreas que no han sido explotadas ya que aquellas donde hay exploración no se aplicarán estos beneficios".
"Es necesario tener este régimen promocional", destacó Folgar al responder a una consulta del diputado y presidente de la UCR, Roberto Iglesias, quien planteó que con el precio que actualmente tiene el barril del petróleo justifica la inversión de riesgo.
La norma exigirá a los potenciales beneficiarios de la política de promoción, que consiste básicamente en exenciones impositivas, asociarse con la empresa pública de energía como requisito para obtenerlos.
De todos modos, el proyecto permite a los interesados aspirar a los beneficios sin el requisito de asociación, pero "sólo en el caso de una renuncia explícita (de Enarsa) ante la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal".
Además de la plataforma continental, integrarán el régimen todas las áreas con potencial geológico sobre las cuales no existan actualmente derechos de terceros otorgados por la ley 17.319, con excepción de los asignados por la ley 25.943.
Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental; cuatro años, para cuencas sedimentarias sin producción, y tres años, si tienen producción. La autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto Nacional.




La 'Escuela de Asesinos' cambió de nombre pero vive… y colea

LOS MILITARES CHILENOS SIGUEN APRENDIENDO A MATAR Y TORTURAR EN LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS

Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)

122 militares chilenos cursan “estudios” este año en la Escuela de las Américas (School of Americas, SOA), el establecimiento de EEUU que, desde su fundación en Panamá, en 1946, enseñó a matar y a torturar a unos 64.000 uniformados de 18 países latinoamericanos. Sólo en El Salvador de los años 80/90, los graduados SOA tienen responsabilidad en la muerte de 75.000 personas, sin considerar el resto de América Latina.
La cantidad precisa de “estudiantes” fue entregada por la ministra chilena de Defensa, Vivianne Blanlot, a una misión de activistas ligados a la Orden Maryknoll de EEUU que luchan contra la versión actual de la SOA, el Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, WHINSEC), con sede en Fort Benning, Columbus, Georgia, EEUU.
El reverendo Roy Bourgeois es el líder del Observatorio Escuela de las Américas (SOA Watch), una ONG que propicia la extinción del WHINSEC. Ahora encabeza una misión que recorre América Latina solicitando a los gobiernos que dejen de enviar a sus tropas a instruirse en Fort Benning. Lo acompañan Lisa Sullivan, Linda Panetta y Carlos Mauricio, vinculados todos a la Orden Maryknoll, que en 1980 perdió en El Salvador a cuatro religiosas asesinadas por militares adiestrados en la SOA/ WHINSEC.
La misión Maryknoll viajó a Chile a solicitar que el gobierno de Michelle Bachelet deje de enviar militares al Fuerte Benning, pero la ministra Blanlot les dijo que su cartera no puede darle órdenes a las Fuerzas Armadas, sino apenas “sugerirle” que dejen de lado al SOA/WHINSEC. Mientras el Ejército de Chile pareciera seguir funcionando como “un estado dentro del Estado”, los activistas contrarios ala SOA tuvieron mejor acogida este año en Argentina, Uruguay y Venezuela, cuyos gobiernos decidieron darle definitivamente la espalda al SOA/WHINSEC, conocido también como Escuela de Asesinos. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, prometió un distanciamiento paulatino.
En esta gira, los críticos del SOA/WHINSEC visitaron, además, Ecuador, que se encuentra en campaña electoral presidencial, y Perú, donde acaba de asumir el nuevo gobierno de Alan García. En Lima fueron recibidos por el nuevo premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, quien se informó de la iniciativa. En enero 2007, el grupo se propone continuar su campaña en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.
Eficacia “académica”
El WHINSEC reconoce oficialmente la presencia de sólo 13 chilenos, apenas el 10% de los 122, pero en el ministerio de Defensa dijeron que anualmente concurre completo el 4° año de la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, que forma a los futuros oficiales. También acuden a Fort Benning grupos escogidos de suboficiales y soldados que reciben instrucción acelerada por no más de un mes. En la Escuela de las Américas se han adiestrado más de 3.500 uniformados chilenos desde 1951.
El WHINSEC declara tener un presupuesto anual de 7,5 millones de dólares para la atención de 700 a 1.000 “estudiantes” por año, 6,3 millones provistos por el ministerio de Defensa (Pentágono) y 1,2 por el departamento de Estado. Su propaganda corporativa compara esos gastos con los 6 millones de dólares que cuesta un solo nuevo tanque M1 Abrams (1).
El perfeccionamiento que ofrece SOA/WHINSEC parece tener un alto rendimiento “académico”. Por ejemplo, el teniente del ejército chileno Miguel Krassnoff, uno de los más celebres asesinos y torturadores de Augusto Pinochet, aprendió todo lo que sabe en un cursillo de Contrainsurgencia Urbana de apenas un mes, desde el 7 de enero al 8 de febrero de 1974, cuando la escuela todavía funcionaba en Panamá.
La SOA perfeccionó a los uniformados de América Latina más aventajados en matar seres humanos causándoles el mayor sufrimiento posible. Por sus aulas pasaron desde el coronel uruguayo Tomás Casella, extraditado a Chile por el asesinato del desertor de la DINA Eugenio Berríos, hasta el mexicano Juan López Ortiz, jefe de la matanza de Ocosingo en 1994.
También estudiaron allí los altos oficiales venezolanos que participaron en el golpe del 11 de abril de 2002, en colaboración con Otto Reich, quien ocupó una curul del consejo de visitantes de la SOA, entre otros Efraín Vásquez, quien llegó a ser comandante general del Ejército, y el general Ramírez Poveda. La SOA se convirtió en WHINSEC en 2001, cuando abandonó Panamá para reinstalarse en Georgia.
Gente en el camino
En EEUU hay 19 activistas estadounidenses presos por bregar por la desaparición del WHINSEC. El propio sacerdote Roy Bourgeois ha estado cuatro años en prisión en EEUU por manifestar y “pisar la raya” que delimitaba al “instituto” en Columbus, Georgia, antes que pusieran una cerca. Según SOA Watch, 227 manifestantes han estado en prisión entre 1983 y 2006. En lo que va del año, ya han apresado a 34 activistas (2). El conjunto de manifestantes encarcelados ha purgado más de 90 años de prisión.
Las declaraciones de los inculpados en los tribunales ponen la piel de gallina por la valentía de ciertos estadounidenses de una decencia ejemplar: “La prisión es dura. He estado allí y otros han estado allí. Pero si ir a prisión va a ayudar a cerrar las puertas de la Escuela de las Américas, vamos. ¡Vamos!” (Padre Roy Bourgeois, en 1996, condenado además en 1983, 1990 y 1998 por actos de resistencia no violenta en Fort Benning). “En la historia de nuestro país, el pueblo de EEUU –en cierto modo-- ha sido cómplice del genocidio que le ha ocurrido a nuestra propia población nativa norteamericana. Nosotros exportamos a Centro y Sur América ese mismo tipo de violencia a través de instituciones como la Escuela de las Américas (Sacerdote Hill Bichsel, SJ, en 1996, también procesado y condenado en 1997 y 1998).
Colegio Interamericano de Defensa
La Escuela de las Américas, que funciona bajo el alero de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue concebida para entrenar tropas, suboficiales y oficiales de baja y media graduación, pero además en EEUU existe el Colegio Interamericano de Defensa (CID), otra escuela de “envenenamiento ideológico” pero exclusiva para altos oficiales latinoamericanos próximos al grado de general, explicó el embajador de Venezuela en Chile, Víctor Delgado Monsalve, coronel retirado de la Fuerza Aérea.
El CID, que también funciona bajo el paraguas de la OEA, se convirtió en la rama educativa de la Junta Interamericana de Defensa, adscrita al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Anualmente convoca a los altos oficiales latinoamericanos que pronto deberían ser ascendidos a general, explicó Delgado durante un encuentro con los luchadores estadounidenses.
El propio Delgado fue enviado al curso del CID por el gobierno de Rafael Caldera, en 1994, para sacarlo de Venezuela por sus simpatías abiertas con Hugo Chávez, mientras éste se encontraba en prisión por su frustrado asalto al poder del 4 de febrero de 1992, y por opinar en favor del intento de golpe de la Fuerza Aérea del 27 de noviembre de ese mismo año.
Se supone que la Junta Interamericana de Defensa es un organismo auxiliar de la OEA, que tiene 34 países miembros, pero siempre está conducida por un general de EEUU. A comienzos de los años 90, una vez desaparecidos el campo socialista y la Unión Soviética, EEUU se propuso convertir a los ejércitos latinoamericanos en una fuerza para-militar con tareas policiales antinarcóticos y “anti-terroristas” subordinadas a los intereses de Washington y para esos efectos instrumentó cursos teóricos en la Junta que fueron criticados por la mayoría de los oficiales venezolanos. El reverendo Bougeois se interesó en incluir una propuesta contraria al CID en la plataforma de lucha de su organización SOA Watch.





EL MIR EN SU “MALA HORA” ESTA DISPUESTO A RENACER DE LAS CENIZAS

Oscar Eid, quien no le deja mentir a Jaime Paz Zamora, dice que “no hay mal que por bien no venga”, al referirse a la pérdida de la personería jurídica de su agrupación. “El MIR puede morir como sigla, pero no como lucha política”, anotó.

Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)

POR ADALID CABRERA LEMUZ
El otrora poderoso Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) está dispuesto a renacer de las cenizas con nuevas ideas y proyecto de país, si es que la Corte Nacional Electoral (CNE) confirma su decisión de revocar su personería jurídica, dijo hoy uno de sus principales dirigentes, Oscar Eid Franco.
“Con Jaime Paz o sin Jaime, el MIR podrá morir ante las leyes electorales y de partidos políticos, pero jamás como un partido político que luchó por la recuperación de la democracia”, anotó.
“NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA”
Eid Franco, quien pasó cuatro años en la cárcel al ser responsabilizado de tener vínculos con el narcotráfico, manifestó a OBSERVATORIO INFORMATIVO que “no hay mal que por bien no venga”.
Dijo que el próximo siete de septiembre, fecha de aniversario de esta agrupación, puede ser el día de un parto en que nazca el nuevo MIR, aunque no sabe si con la misma sigla o con otra que represente la nueva realidad del país.
Con sus largos bigotes que lo caracterizaron desde que se inició como dirigente de los universitarios de La Paz, este dirigente cruceño oriundo de Vallegrande, recordó que el MIR fue uno de los partidos que enfrentó a las dictaduras establecidas desde los años 70.
Señaló que durante la dictadura del ex general Luis García Meza, entre 1980 y 1981, fueron masacrados por los paramilitares comandados por el ex coronel Luis Arce Gómez varios de los dirigentes más dirigentes del “mirismo” en una casa de la calle Harrington, en el barrio de Sopocachi de La Paz, donde se reunían y preparaban la resistencia a ese régimen.
Eid también subrayó que cuando el MIR fue gobierno entre 1989 y 1993 dio amplias garantías a los movimientos democráticos del país y ejecutó una serie de medidas que beneficiaban al pueblo. “Parece que el pueblo no tiene memoria”, se lamentó.
NI ACORDARSE DEL PACTO EN EL QUE CRUZARON RIOS DE SANGRE
No quiso referirse al pacto suscrito en ese entonces con su ex enemigo político, el general Hugo Bánzer Suárez, al que combatieron desde la creación del MIR, en lo que se denominó como el “Acuerdo Patriótico” para impedir que asuma el poder el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonzalo Sánchez de Lozada.
En ese entonces el MIR y Acción Democrática Nacionalista (ADN) liderizada por Banzer compartieron cuatro años el poder bajo la Presidencia de Paz Zamora, que había logrado solamente el tercer lugar en los comicios de 1989.
Posteriormente el “mirismo” apoyó diversos gobiernos, inclusive el del propio Sánchez de Lozada el 2002, en el que varios de sus integrantes accedieron a cargos Ministeriales.
Sánchez de Lozada y el “emenerrismo” habían sido implacables verdugos del MIR desde 1993 con juicios contra sus dirigentes acusándolos de estar involucrados en los denominados “narcovínculos” que hoy fiscales de Santa Cruz pretenden reabrir para procesar a Jaime Paz Zamora.
Paz Zamora intentó varias veces retirarse de la política, pero tuvo que volver ante la crisis que abatía a su partido, acusado de “haber cambiado de color y de pelaje” para no dejar el poder que detentaron cuatro años y algunos más desde diversos posicionamientos.
“LA MALA HORA”
Ahora los “miristas” pasan por su “mala hora” con la Espada de Damocles encima esgrimida por la Corte Nacional Electoral (CNE) porque en cada pulso electoral que participaban con candidatos fueron de mal en peor en los resultados y el apoyo de la población.
En las recientes elecciones no lograron ni el dos por ciento del total de la votación. Es así que este miércoles el propio presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Salvador Romero, adelantó que si el MIR no paga sus cuentas al Estado perderá su personería jurídica que en el pasado la ostentaban con orgullo y con el poder en la cresta.
Lo que pasa es que el MIR no pagó su cuota parte del costo de las papeletas de sufragio por no haber alcanzado la mínima votación, lo que les impedirá intentar ser nuevamente referentes de una historia política en los futuros comicios municipales y generales.
“EMEBELISTAS” Y “MIRISTAS” DE LA MANO EN LA DESGRACIA
La CNE colocó a los “miristas” en la misma bolsa de partidos desconocidos como el Movimiento de Acción Ciudadana (MACA), Movimiento Autónomo Regional (MAR) y la que conformaron ex militantes del MIR enraizados en el Movimiento Bolivia Libre (MBL), cuyos dirigentes encabezados por Antonio Araníbar llegaron al poder y se aferraron al mismo durante el gobierno del MNR entre 1993 y 1997.
El MBL es un desprendimiento del MIR, inicialmente como Izquierda Unida (IU), y ahora con algunos de sus seguidores encabezados por el alcalde de La Paz, Juan del Granado, quien optó por seguir otros rumbos con la creación del Movimiento sin Miedo (MSM), hoy aliado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales.
MIR EN FALENCIA ECONÓMICA, SEGÚN SUS DIRIGENTES
Eid confesó a OBSERVATORIO INFORMATIVO que el MIR está en falencia y no tiene la capacidad de pagar en dinero contante y sonante 400.000 bolivianos. Lo máximo que puede hacer es entregar a sus inquisidores electorales un bien inmueble donde funcionaba su sede en sus tiempos de gloria.
Sin embargo reiteró que si el MIR desaparece con su personería jurídica, puede renacer con otra sigla y con militantes que contribuyan a la lucha por la democracia y el cambio que exigen los bolivianos.PAZ ZAMORA PUEDE SER INVOLUCRADO EN “NARCO-VÍNCULOS”
A ese “mal de males” como señalan algunos dirigentes del MIR, reapareció los últimos días sobre este partido la sombra de la reapertura de los denominados “narcovínculos”.
Y puede ser precisamente el ex presidente Jaime Paz Zamora quien sea imputado por haber presuntamente recibido dineros del narcotráfico para viajar a Europa a llevar adelante una campaña de solidificación partidaria entre 1992 y 1995.
Esos dineros le habrían sido entregados por el fallecido acusado por narcotráfico Isaac “Oso” Cavaría, quien murió de insuficiencia cardiaca en la cárcel de La Paz.
Esas son por lo menos las sospechas del Ministerio Público en contra del ex presidente, hoy dedicado a sus actividades agroindustriales en Tarija.
Otros “miristas”, como el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, pueden ser reproprocesados bajo la acusación de “encubrimiento al narcotráfico”.
En las actuales el Ministerio Público de Santa Cruz tiene un legajo acusatorio de varias páginas contra una larga lista de dirigentes del MIR encabezados por Paz Zamora después de varios años que se pensaba que el caso estaba cerrado.
LAS SOSPECHAS DE LOS FISCALES
Los fiscales creen y tienen algunos indicios de prueba que Paz Zamora y varios de sus cercanos de sus colaboradores estarían implicados en la recepción de dineros, devolución de cargamentos de droga incautados por la Policía anti narcóticos implicados por de narcotraficantes del peso de Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo de Paja”, quien fue detenido en Estados Unidos.
Las fuentes de esas informaciones provendrían de narcotraficantes del peso de “Techo de Paja” que dijeron que habrían tenido como “socios” a dirigentes del MIR.

Wednesday, August 30, 2006

GOBIERNO EMPLAZA A PODEMOS A MORIR CON “DECENCIA"


El conservador y opositor Poder Democrático y Social (Podemos) debe cambiar de actitud y defender los intereses de Bolivia y no el de las empresas trasnacionales o “morir civilmente con decencia y decoro antes que dar manotazos de ahogado”, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.En una entrevista en radio ERBOL, Quintana, un mayor del Ejército que se retiró de las Fuerzas Armadas, lanzó toda su artillería contra PODEMOS, que está liderizado por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.Subrayó que los dirigentes de ese partido político se habrían plegado a las trasnacionales petroleras y convertido en un “elemento funcional a los intereses de los capitales internacionales antes que defender a Bolivia”. Dijo que si Quiroga y sus seguidores mantienen ese posicionamiento no les queda otro camino que fallecer civilmente en la consideración de los ciudadanos.







GOBIERNO EMPLAZA A PODEMOS A MORIR CON “DECENCIA Y CON DECORO ANTES QUE DAR MANOTAZOS DE AHOGADO”

Ejecutivo cree que PODEMOS se ha alineado con los “intereses extranjeros”. Quintana defendió a ultranza a nuevo presidente de YPFB y emplazó al ex presidente Rodríguez Veltzé a “lavar su dignidad” en un juicio de responsabilidades.

Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)

POR ADALID CABRERA LEMUZ

El conservador y opositor Poder Democrático y Social (PODEMOS) debe cambiar de actitud y defender los intereses de Bolivia y no el de las empresas trasnacionales o “morir civilmente con decencia y decoro antes que dar manotazos de ahogado”, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En una entrevista en radio ERBOL, Quintana, un mayor del Ejército que se retiró de las Fuerzas Armadas, lanzó toda su artillería contra PODEMOS, que está liderizado por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Subrayó que los dirigentes de ese partido político se habrían plegado a las trasnacionales petroleras y convertido en un “elemento funcional a los intereses de los capitales internacionales antes que defender a Bolivia”. Dijo que si Quiroga y sus seguidores mantienen ese posicionamiento no les queda otro camino que fallecer civilmente en la consideración de los ciudadanos.
FISCALIZAR SÍ, PERO SIN DAÑAR A BOLIVIA
Descartó que el oficialismo pretenda atacar a PODEMOS para precipitar su acabóse, pero agregó que es necesario que cambie de actitud y que se coloque al lado de los intereses nacionales sin dejar sus prerrogativas fiscalizadores de lo bueno y lo malo que hace la actual administración.
“Lo que Quiroga hizo hasta hoy desde que asumió Evo Morales la Presidencia es socavar la legitimidad del gobierno sin darse cuenta el daño que le provoca a la nación”, afirmó.
DEFENSA CERRADA A NUEVO PRESIDENTE DE YPFB
Quintana salió de esa manera al frente a las críticas surgidas desde PODEMOS y otros frentes de oposición a la designación de Juan Carlos Ortiz Bánzer como nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en reemplazo de Jorge Alvarado.
A menos de 24 horas de haber sido posesionado en forma interina en el cargo, Ortiz Bánzer fue cuestionado por su parentesco con el senador de PODEMOS, Oscar Ortiz, además de haber trabajado como asesor de la empresa brasileña Petróleos Brasileiros Sociedad Anónima (PETROBRAS).
Es más, el senador de PODEMOS por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, afirmó hoy que Ortiz Bánzer fue uno de los directores del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El parlamentario tarijeño fue más allá aún al manifestar que el nuevo presidente de YPFB tendría sobre su cabeza un mandato de aprehensión en Ecuador por un proceso de evasión de impuestos al apoyar el ingreso a ese país de productos electrodomésticos sin cumplir con las leyes tributarias.
GOBIERNO DICE QUE ORTIZ BANZER ES COMPETENTE
Al respecto, el ministro de la Presidencia manifestó que el presidente Evo Morales Ayma designó a Ortiz Bánzer como presidente de YPFB por su competencia profesional y su capacidad de servicio patriótico al país. Enfatizó que el Jefe de Estado solamente toma como referencia la reserva moral, la vocación de trabajo y la competencia profesional de los bolivianos a los que invita a ocupar cargos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
AMPLIO CONOCEDOR DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Dijo que el nuevo titular de la empresa estatal es un amplio conocedor del sector de los hidrocarburos y del proceso de revitalización de YPFB a través de la industrialización de los hidrocarburos, la mejora de los precios y la suscripción de nuevos contratos con las empresas petroleras extranjeras cuyo principal ingrediente sea la equidad.
“El presidente Morales quiere fortalecer el proceso de nacionalización y considera que las nuevas autoridades tienen el perfil adecuado para cumplir con ese cometido”, afirmó.
Quintana puntualizó que, además, se aceptó que Jorge Alvarado de un paso al costado para que presente los descargos ante los informes de la Contraloría de la República y del Ministerio de Hidrocarburos que cuestionaron la ejecución de malos procedimientos en la firma del contrato con Iberoamerican Trading para la venta de petróleo a bajos precios.
Aclaró que en ninguno de esos informes se menciona a Alvarado como responsable de hechos de corrupción, simplemente de incumplimiento de procedimientos legales para la autorización de ese contrato.RODRÍGUEZ VELTZÉ EN LA MIRA DEL EJECUTIVO
El ministro de la Presidencia también se refirió al caso del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y las acusaciones que pesan en su contra por la entrega de misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas a Estados Unidos sin cumplir con los procedimientos de Ley.
Para Quintana, lo que hizo hasta hoy Rodríguez Veltzé es “huir a un juicio de responsabilidades que le permita demostrar con pruebas que no tuvo nada que ver con esas operaciones”.
¿EX PRESIDENTE MENTIROSO?
En forma tácita dijo que el ex mandatario “mintió al actual Gobierno y al pueblo para salvarse del juicio de responsabilidades por el caso de los misiles”.
Explicó que recién apareció un documento en el que se establece que el Alto Mando Militar de entonces tenía conocimiento de los hechos que precipitaron la entrega de los misiles a Estados Unidos para su desactivación. El presidente es el Capitán General de las Fuerzas Armadas.
Agregó que el ex presidente no informó que detrás de esa operación habría un movimiento de dineros cuyo destino se desconoce.
Quintana emplazó al ex mandatario, al igual que a la oposición, a “limpiar su pregonada dignidad en un juicio de responsabilidades para que el país sepa la verdad sobre ese hecho”, al que calificó como “humillante para la soberanía de Bolivia”.
Agregó finalmente que Rodríguez Veltzé ha desarrollado una campaña mediática los últimos días en la que se muestra como un demócrata que prestó servicios al país, pero no explica qué fue lo que pasó con el caso de los misiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas.





LA INSERTARÁ EN UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO CHILENO

BOLIVIA INFORMARÁ DEMANDA MARÍTIMA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

“Nosotros en todos los eventos internacionales siempre hemos manifestado, siempre hemos hecho conocer nuestra preocupación sobre el tema marítimo, ahora vamos a hacer conocer no solamente en las Naciones Unidas, sino en los Países No Alineados este proceso de confianza mutua que estamos construyendo con Chile”, señaló el canciller David Choquehuanca.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, anunció ayer que el Presidente Evo Morales informará en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la demanda marítima de su país y los avances logrados en las relaciones con Chile. En ese contexto, explicó el canciller paceño, el Mandatario boliviano se referirá a los avances que se lograron con Chile en materia de acercamiento y tratamiento de la agenda bilateral, en la que se comprenden puntos como las relaciones diplomáticas -hoy rotas-, las diferencias por el uso del río Silala, además de materias económicas y fronterizas.
“Nosotros en todos los eventos internacionales siempre hemos manifestado, siempre hemos hecho conocer nuestra preocupación sobre el tema marítimo, ahora vamos a hacer conocer no solamente en las Naciones Unidas, sino en los Países No Alineados este proceso de confianza mutua que estamos construyendo con Chile”, advirtió.
El subsecretario de RREE, Alberto van Klaveren, reiteró en el Congreso Nacional que la postura chilena ante La Paz es de una agenda abierta y sin exclusiones, y seguirá de esa manera. “La verdad es que nosotros estamos con una agenda muy concreta y muy específica y estamos dispuestos a seguir abordando los temas de la agenda. En ese espíritu se va a producir la reunión entre los ministros (Alejandro Foxley y Choquehuanca) en Nueva York”, precisó Van Klaveren.
Además de la cuestión marítima, Morales abordará asuntos referidos a la migración de bolivianos a Europa, la pobreza y la eliminación de la hoja de coca de la lista de venenos de la ONU.
Con todo, el encuentro de la ONU es una instancia esperada entre ambas partes para continuar las negociaciones sobre aspectos como las relaciones diplomáticas y futuros negocios energéticos.
De hecho, y tal como lo había afirmado el pasado lunes, el jefe de la diplomacia boliviana aclaró que su país dejó atrás la política “gas por mar” impuesta en el referéndum sobre el gas realizado en 2004 bajo el Gobierno del entonces Presidente Carlos Mesa.
Estas palabras fueron bien acogidas por el Gobierno chileno, donde la propia Presidenta Michelle Bachelet aseveró ayer que “hemos visto, en el curso de todos estos meses de Gobierno, que hemos ido trabajando con buena voluntad, tenemos una comisión que está trabajando más de trece temas con el Gobierno de Bolivia y yo entiendo estas declaraciones del canciller Choquehuanca en la misma dirección que vamos trabajando, con buena voluntad para mirar cuáles pueden ser los grados de cooperación de ambos países, en múltiples líneas, en una agenda sin exclusiones y sin condiciones específicas”.
Por otra parte, y en otro punto polémico para las relaciones bilaterales, la instalación de un puesto militar boliviano en los alrededores del Silala, el canciller Choquehuanca descartó que ello sea una respuesta a la utilización que Chile hace de las aguas del afluente. Señaló que se trata de ayudar a las pocas poblaciones que existen en ese desolado lugar del altiplano.
“Necesitamos tener presencia en nuestras fronteras, nuestros hermanos necesitan apoyo, y las FFAA y este Gobierno se preocupan de nuestros hermanos que están en nuestras fronteras”, aclaró.
ROMERO Y UN AFORISMO LATINO
En Valparaíso, el senador de RN Sergio Romero, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que frente a la nueva posición boliviana respecto de su demanda marítima las autoridades nacionales deben tener cautela. Respecto del fin de la política gas por mar y la postura de llevar el tema de la mediterraneidad ante la ONU y a los No Alineados, Romero señaló que La Paz ha tenido muchos cambios en su relación con Chile. Añadió que éstos no sólo se han producido en los últimos años, sino en los últimos meses. “Creo que en las relaciones internacionales hay que aplicar un antiguo aforismo latino que dice ‘forti verti re suati’, que quiere decir ‘suave en la forma, firme en el fondo’. Creo que ésa es la receta que debería tener Chile en cualquier foro internacional respecto de éste y cualquier otro tema”, afirmó.





La expondrá en Asamblea General


BOLIVIA LLEVA A LA ONU SU DEMANDA MARÍTIMA

El Mercurio de Chile (www.emol.com)

Una nueva ofensiva internacional, esta vez ante Naciones Unidas, lanzará Bolivia en el tema marítimo. En La Paz se informó que el Presidente Evo Morales llevará esta demanda a la próxima Asamblea de la ONU, programada para septiembre.
Aparte de la cita de la ONU en Nueva York, el canciller boliviano David Choquehuanca, informó que el asunto también será expuesto en la Asamblea de Países No Alineados que se efectuará en Cuba.
No obstante la postura de La Moneda es que el asunto no traspase las barreras bilaterales, se informó que respeta que Bolivia haga el planteamiento siempre que no afecte las conversaciones ni constituya una agresión. A ello obedeció el mensaje tranquilizador enviado desde La Paz en orden a que Morales también dará a conocer los avances logrados con Chile, entre ellos, la agenda de 13 puntos.
El anuncio se produce justo después de que Choquehuanca comunicara el lunes que su país dejó atrás la política de "gas por mar" impuesta en 2004. El giro fue valorado por la Presidenta Bachelet, quien destacó la voluntad de entendimiento.





ELOGIOS PARA NUEVA POSTURA BOLIVIANA

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Satisfacción generalizada produjeron las declaraciones del canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien anunció el lunes que su país dejó atrás la estrategia de gas por mar, en su relación con Chile.
Estas expresiones fueron seguidas por otras emanadas de la Subsecretaría de Hidrocarburos, aclarando que están abiertas las posibilidades de vender gas a Chile.
El diputado Iván Paredes (PS) dijo que le parece "muy positivo que se imponga el pragmatismo por sobre el dogmatismo, porque hay una cantidad enorme de cosas en común que nos pueden beneficiar mutuamente a los dos países y que no eran posibles de imaginar siquiera, con esa actitud de canje".
Agregó que Bolivia tiene muchas riquezas, pero también muchas necesidades; y Chile tiene requerimientos energéticos importantes, "por lo que me parece bien que exploren un camino distinto y nuevo".
Paredes añadió que la venta de gas a Chile no sólo resolvería un problema de nuestro país, sino que también sería un negocio para Bolivia.
La diputada Ximena Valcarce (RN) opinó que con esta nueva postura se abre la puerta "para iniciar relaciones bilaterales como corresponde, diplomáticas y que sean un avance en todos los ámbitos, que es lo que esperamos como ariqueños". Agregó que esto le entrega a Chile calma para negociar un bien que el país necesita mucho, como es el gas.
SIN EXIGENCIAS
Para el alcalde Carlos Valcarce (RN) es lógico que Bolivia tenga que renunciar a esa estrategia, "porque no se puede en el siglo XXI condicionar las relaciones bilaterales a un canje de una cosa por otra".
Explicó que una vez que haya relaciones plenas entre ambos países, se puede buscar soluciones a los problemas. "Yo soy un hombre que cree que Bolivia tiene muchas oportunidades con Chile, que le podemos dar muchas garantías y hacer muchas cosas juntos, pero sin sentarse a la mesa a hacer exigencias".
Sobre el gas boliviano, Valcarce opinó que saldrá por donde resulte más rentable a las empresas que lo explotan y que no hay decisión política que influya en esto. Opinó que Chile es una buena opción, "porque es dinero fresco para ellos y posibilidades de desarrollo para nosotros".
El gobernador Alvaro Palma (PPD) manifestó que esto "saca una piedra en el zapato en las conversaciones bilaterales" y que es una buena noticia para Arica, porque favorece la integración y abre posibilidades de desarrollo para toda la zona "y en la medida que tengamos un desarrollo en el área, no vamos a tener gente que venga a buscar trabajo, sino gente que venga a gastar, a pasarlo bien y a invertir".
Añadió que lo mejor que se puede hacer para que Bolivia tenga acceso al mar es tener un ferrocarril y una carretera en óptimas condiciones, además de fronteras con trámites expeditos y que en eso se está trabajando.
DESACUERDO
La voz discordante fue la del senador Jaime Orpis (UDI), quien no confía demasiado en los anuncios del Gobierno del país vecino.
"Lo que pasa es que Bolivia todos los días cambia de opinión. Así que hay que hacer un seguimiento muy estricto de lo que suceda con ese país". El parlamentario aseguró que en materia energética, Chile debe aprender la lección del caso argentino y apostar por la independencia, sin amarrarse con un vecino que hoy ofrece buenas condiciones y mañana puede cerrar la llave del gas.
"En el caso del norte, se debe desarrollar el proyecto de gas natural licuado, porque eso nos va a dar la seguridad energética que necesitamos para nuestro desarrollo", postuló.





El Ejército desalojó al grupo que había tomado la planta de Transredes

VOLVIÓ EL GAS DE BOLIVIA PERO EN LA FRONTERA SIGUE LA TENSIÓN

Bagayeros, estibadores y comerciantes mantienen el corte en el puente internacional en medio de un paro general. Funcionarios llegaron al lugar y quedaron virtualmente secuestrados por los manifestantes en San José de Pocitos


El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)

Las instalaciones de la empresa de transporte de gas Transredes SA, donde los manifestantes habían ingresado para cortar el gas hacia Argentina fue recuperada en horas de la madrugada por el Ejército boliviano y se rehabilitó el envío del fluído.
A las 11 de la mañana hora de Bolivia -12 de Argentina- arribó a San José de Pocitos una comitiva del Gobierno del vecino país, encabezada por la viceministra de la Producción y Micro Empleo, Celinda Sosa, acompañada por el vicecanciller Mauricio Dorffler; el viceministro de Trabajo, Miguel Albarracín y Hernán Quesada, representante del Ministerio de asuntos Sociales, entre otros funcionarios provenientes de la Paz. El objeto era descomprimir la tensa situación que se vive en la frontera, que se agudizó en la tarde del lunes cuando unos 500 vecinos ingresaron por la fuerza a la planta de la empresa Transredes, ubicada entre Pocitos y Yacuiba. Allí obligaron a los técnicos de la compañía a cerrar las válvulas para el transporte de gas hacia la República Argentina, hidrocarburo proveniente del rico Yacimiento San Alberto, situado al oeste de San José de Pocitos, en las sierras de Aguarague, que es continuación de las sierras de San Antonio, en el departamento San Martín (Salta).
La situación llegó a un elevado nivel de tensión cuando el gobierno central de Bolivia ordenó desalojar a los intrusos de la planta de Transredes. Unos 200 efectivos del Ejército y de la Policía Nacional a las órdenes del comandante de frontera, coronel Oscar Nina, a las 6 de la mañana de ayer recuperaron el control de las instalacione gasíferas.
El procedimiento se realizó en pocos minutos ya que los efectivos ingresaron por la parte trasera del edificio y tomaron por sorpresa a los manifestantes. A partir de ese momento los manifestantes, entre ellos una gran cantidad de mujeres jóvenes, se instalaron frente a la empresa Transredes sobre la ruta que conecta Pocitos con Yacuiba.
Allí hasta las 11 de la mañana aguardaron la llegada de la comitiva encabezada por Celinda Sosa, a quien el presidente Evo Morales le encomendó la difícil tarea de hacer desistir a los pobladores de frontera de las medidas de fuerza que desde hace 7 días llevan en contra de las medidas adoptadas por la AFIP- DGI de Argentina y de la construcción del proyecto YASMA, el complejo fronterizo que conectará a Salvador Mazza con Yacuiba, dejando totalmente marginados a los 50.000 habitantes de San José de Pocitos, entre otros puntos.
Encerrados y bajo llave
La reunión en la que hicieron uso de la palabra unas 40 personas entre funcionarios nacionales, del departamento de Tarija, de la provincia del Gran Chaco y del Cantón (municipio) de San José, se realizó en el Salón Parroquial, al lado del Coliseo "Donato Valdéz".
Unas 300 personas escucharon desde afuera del edificio durante horas a los oradores, pero a medida que el tiempo transcurría el malestar iba en aumento. Dos horas después entre los concurrentes comenzó a correr la versión que los funcionarios, quienes se esforzaban por dar explicaciones y solo recibían silbidos y gritos de desaprobación, tenían la intención de abandonar el recinto por la puerta de acceso principal del templo. Un grupo de hombres y mujeres corrieron hasta allí y colocaron grandes candados en las puertas de hierro y retiraron las llaves. De esa manera la comitiva quedó encerrada y así deliberó hasta entrada la noche. Con la vehemencia que los caracteriza, los manifestantes gritaban a viva voz que "de aquí no se va nadie si no traen respuestas concretas".
Puntos resueltos
Después de más de 6 horas de exposiciones y encendidos debates el viceministro Mauricio Doffler explicó a los manifestantes de Pocitos que varios de los puntos que habían generado el conflicto podrían darse prácticamente por superados. Entre ellos mencionó la restricción en los horarios de atención por parte de la Aduana Argentina que nuevamente pasaría a atender durante todos los días, a excepción de los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 20 y la eliminación de la tasa migratoria, tal como se anunció ayer por este medio.
Respecto del proyecto YASMA, Doffler explicó que "el acuerdo firmado el 29 de junio para la construcción de este puente contiene una serie de previsiones, y la licitación que deba darse a conocer por parte del gobierno argentino requiere la conformidad del gobierno boliviano. Pero nuestro gobierno no ha dado hasta el momento ninguna conformidad ni aceptación para que el proceso de licitación se inicie".
El abogado pociteño Alberto César Gareca Terrazas, miembro del Comité de Huelga, quien se encontraba participando de la reunión explicó que "respecto de YASMA está prácticamente acordado que se modificará la ubicación de este puente, uno de los temas que más preocupaban a nuestro pueblo.
El administrador de la aduana José Ramiro Blacut ya ha sido reemplazado y lo que estamos analizando es si una comisión de Pocitos participará de una reunión que en Buenos Aires tendrá lugar el próximo jueves entre autoridades de ambas naciones".
Comerciantes denuncian a los molinos
Comerciantes salteños que venden harina en Salvador Mazza y La Quiaca denostaron la resolución 2.048 de la Aduana y afirmaron que "aquí queda claro que grandes molinos harineros ejercen presión sobre la Aduana y la AFIP para quedarse con toda la torta de la venta de harina a Bolivia".
Y explicaron que "a pesar de tener desventajas, logramos colocar harina en el vecino país en base a resignar ganancias. Aquí hay una sola verdad. Los comerciantes pagamos el 20 por ciento de retención por exportar harina y los molinos sólo pagan el 5 por ciento porque dicen que exportan premezcla, que no es otra cosa que harina con un 5% de sal".
Y aseguraron que "por eso se les rompió el mercado brasileño en estos días, porque esa premezcla no está prevista en el código arancelario y ahora las autoridades brasileñas quieren cobrar derechos de importación por harina, que también son de un 20%".
"El tema es así: las premezclas aprobadas por el Código Alimentario Nacional y los códigos arancelarios son, por ejemplo, la harina Blancaflor, que tiene leudantes y otras cosas. Pero este invento de los molinos no existe. Para colmo, como no está normatizada, no pueden venderla al mercado interno, lo que quiere decir que nosotros estamos obligados a comprar y vender harina y ellos venden premezcla pagando sólo 5%", explicaron.
Y agregaron que "nosotros pagamos el 21% de IVA, el 3% de actividades económicas y el 0,6% de actividades varias. Un molino paga sólo el 5% de retención. La cuenta es sencilla: por cada bolsa de harina de $ 30, los comerciantes pagamos $ 7,22 de impuestos y encima nos retienen el 20 por ciento cuando exportamos. Los molinos tributan sólo $ 1,50. Entonces, ¿qué es lo que persigue la Aduana?".





LA QUIACA NUEVAMENTE CORTARON EL PUENTE INTERNACIONAL

Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)

Tal parece que los sufridos transportistas argentinos que llevan sus cargas hasta la vecina ciudad de Villazón en el comercio internacional, no tienen cómo mitigar su malestar y preocupación por los constantes cortes del paso fronterizo con Bolivia. Una vez mas las protestas de los sindicatos bolivianos afectan el desenvolvimiento de la exportación Argentina con los consecuentes problemas a nuestros trabajadores.Desde que salen de sus lugares de procedencia, los camioneros vienen ‘rezando’ para evitar los cortes producidos por organizaciones o movimientos sociales en las rutas de nuestro país; las del norte de la provincia, por desocupados, aborígenes, comerciantes, estibadores o cualquier movimiento local y, en caso de que no se registre problemas en territorio argentino, resta esperar que los bolivianos tampoco los tengan, porque sino el Puente Internacional, paso obligado de los transportistas, se convierte en el primer bastión piquetero.
Desde ayer martes, permanece bloqueado el puente por los transportistas bolivianos que no están de acuerdo con algunas leyes y resoluciones emanadas por su gobierno; la medida continuará hoy y se espera que a la tarde, luego de evaluar las gestiones con el poder ejecutivo del vecino país, se decida la suspensión del corte o su continuidad. El sector docente boliviano también inicio medidas de fuerza con paro y movilización por el término de 48 horas; de esta manera, magisterio y trabajadores del volante unieron esfuerzo para afianzar las protestas que se producen en toda Bolivia. En Villazón, los camioneros atravesaron sus vehículos en todas las calles cercanas al Puente Internacional para evitar el ingreso de otros desde el lado argentino, en tanto que los docentes se instalaron en el extremo norte del puente para evitar el tránsito de personas de ambos lados. Con estas medidas los mas perjudicados son los transportistas argentinos y los pasajeros o turistas, también están los niños y jóvenes de Villazón que cursan estudios en La Quiaca y por ultimo, los comercios de ambos lados, en especial el boliviano que diariamente recibe a miles de argentinos que cruzan la frontera por las tentadoras ofertas.
La situación en esta frontera se definirá hoy cuando las organizaciones gremiales en conflicto anuncien el estado de gestiones por los reclamos, aunque lo más probable es que se imponga una tregua hasta la próxima semana.
La transitabilidad en el paso fronterizo no esta para nada garantizada porque también esta latente el problema de de los estibadores bolivianos con Aduana argentina; ellos amenazaron con iniciar medidas (corte del puente) en caso de que las resoluciones aduaneras perjudiquen sus economías.





Fragilidad en el proceso tras acusaciones de corrupción y huelgas populares

NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA ESTÁ FUERA DE CONTROL

El gobierno logró dispersar una protesta que bloqueó el suministro a Argentina por doce horas, que de haberse prolongado habría afectado las exportaciones de gas argentino a Chile.

El Diario de Chile (www.eldiario.cl)

El gobierno de Evo Morales debió salir al rescate ayer de su accidentado proceso de nacionalización de los hidrocarburos, argumentando que los últimos escándalos de corrupción y conflictos internos que afectan a Bolivia son propios de un proceso de transición política y social.
Desde el anuncio el 1 de mayo de la estatización de todos los yacimientos de gas natural y petróleo bolivianos, una cadena de irregularidades pone en duda el proceso, restando credibilidad al gobierno y tensado aún más las relaciones entre el oficialismo izquierdista y las petroleras privadas que operan en el país. A la falta de recursos económicos y la experticia para llevar a cabo esta tremenda iniciativa, algo que el propio Morales reconoció en julio, se suma la descontrolada situación social en el país y acusaciones de corrupción que comprometen a la estatal YPFB. Grupos radicales ejercen presión bloqueando gasoductos con destino a Brasil y Argentina, conscientes de que todo lo que comprometa los hidrocarburos concentrará la atención en sus demandas.
El último bloqueo estuvo a punto de tensar otra vez las relaciones con Argentina, y de paso perjudicar la ya reducida provisión de gas trasandino a Chile. Tras doce horas de huelga, fuerzas del Ejército boliviano lograron dispersar en la madrugada del martes una protesta social que cortó el gasoducto que une al pueblo fronterizo de Pocitos, con las provincias del norte argentino.
Argentina compra siete millones de metros cúbicos diarios de gas natural boliviano a US$ 5 el millón de unidades térmicas británica (BTU), pero por lo general usa entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos diarios, suficientes para mantener la estabilidad del suministro gasífero a sus principales clientes –hogares, industrias, estaciones de gas natural comprimido y eléctricas.
De haberse prolongado la huelga un día más, fuentes de la industria dijeron al diario trasandino El Cronista que lo primero que ocurriría sería la disminución de las exportaciones a Chile al priorizarse el mercado interno.El desquite
La huelga de Pocitos reflejó lo que se ha vuelto una práctica normal en Bolivia. A partir de hoy la región de Chuquisaca se paralizará por 24 horas en rechazo a la “lentitud en el cumplimiento de compromisos con la región y el menosprecio hacia Chuquisaca en comparación con otras regiones del país”.Bolivia sufrió ayer su mayor jornada de protestas contra el gobierno, con choferes de transporte urbano, taxis y autobuses y maestros de las escuelas públicas paralizando varias ciudades en el país acusando a Morales de no cumplir sus promesas electorales.
Y hace doce días que indígenas guaraníes tienen tomado el gasoducto que exporta gas natural a Brasil en la localidad de Parapetí para que la empresa operadora Transierra ejecute un plan de desarrollo regional.El clima de incertidumbre se intensificó el martes con la renuncia obligada del presidente de YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir las normas de nacionalización. Alvarado podrá realizar mañana ante la Fiscalía del Distrito de La Paz sus descargos formales contra las acusaciones.
Fuentes de la industria de hidrocarburos boliviana aseguraron que la destitución de Alvarado fue una maniobra política para evitar un mayor deterioro de su imagen y que no les sorprendería ver al ex ejecutivo y militante del oficialista Movimiento al Socialismo en otro puesto de gobierno.





BOLIVIA OBLIGA A REPSOL, TOTAL Y PETROBRAS A PAGAR UN TRIBUTO ADICIONAL DEL 32 POR CIENTO

El Gobierno de Evo Morales ha ordenado a las principales petroleras extranjeras que operan en el país que paguen un impuesto adicional del 32 por ciento que irá destinado a la capitalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), actualmente en crisis entre acusaciones de corrupción. Esta medida afectará a la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total. Las compañías están afectadas por esa disposición dada su condición de accionistas de los dos grandes campos de gas San Alberto y Sábalo, sometidos al tributo adicional por el decreto de nacionalización.

Libertad Digital de España (www.libertaddigital.com)

Las tres empresas deberán hacer en conjunto un primer pago del impuesto de aproximadamente 30 millones de dólares a más tardar este viernes, según una portavoz del Ministerio de Hidrocarburos citado por el rotativo local El Mundo. Según la resolución 202/2006 del Ministerio de Hidrocarburos, esos recursos irán a la petrolera estatal YPFB, que ha tenido dificultades financieras y operativas para tomar el control total de la cadena productiva del sector, como estipuló el decreto del 1 de mayo.
El pago de esta semana, que corresponde al tributo adicional por el mes de mayo, irá a YPFB con cargo a una futura conciliación y estará seguido de otros cuatro similares, según un cronograma que se extiende hasta el próximo 2 de octubre, explicó el citado diario. Fuentes del sector dijeron que la orden, emitida a través de una resolución oficial publicada el lunes aunque aprobada el viernes pasado, fue notificada a todas las empresas del sector.
En ese contexto el gerente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Yussef Akly, dijo en declaraciones a una emisora de radio local que las compañías "son respetuosas de la normativa". De salir adelante este nuevo impuesto, sus beneficios para el Estado será el primer resultado económico directo de la nacionalización de la industria de hidrocarburos decretada por Morales como una de las medidas clave para acelerar el crecimiento del país más pobre de Sudamérica.





REPSOL-YPF EN BOLIVIA: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR


Rebelión (www.rebelion.org)

Alberto Montero Soler

Los problemas de Repsol-YPF con la justicia boliviana llevan camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. Pero es que difícilmente podría ser de otra forma.
Acostumbrada a la más absoluta impunidad en sus actuaciones, la empresa transnacional se ha encontrado, desde la llegada al poder de Evo Morales, con un cambio de escenario radical si se tiene en cuenta aquél en el que estaba habituada a operar. Ese cambio, pernicioso para la compañía pero lógico en un contexto de normalidad democrática, no es más que el derivado de la demanda de aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias por parte del actual gobierno boliviano ante las actuaciones de cualquier empresa que desarrolle su actividad en el país, siempre que existan sospechas fundadas de que ésta hubiera cometido algún delito y, tanto más, cuanto que el mismo pudiera afectar al interés general.
Y es que, hasta ahora, las tropelías de las empresas transnacionales habían escapado a la persecución de la ley como consecuencia de la sangrante dejación de funciones y la manifiesta corrupción en la que incurrían algunos de los anteriores gobernantes de Bolivia.
Para no hablar en el vacío, valga recordar, por ejemplo, que tanto gobernantes bolivianos del más alto nivel como empresas transnacionales del sector de hidrocarburos presentes en el país actuaban en connivencia para beneficio mutuo y en perjuicio del país.
Me estoy refiriendo, claro está, al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Losada -obligado a renunciar por una revuelta popular en octubre de 2003 y reclamado actualmente por la justicia de su país- y su intento de que el gobierno boliviano firmara un contrato con la Pacific LNG, un consorcio de tres grandes transnacionales de los hidrocarburos (la British Gas, la Panamerican Energy y, ¡cómo no!, Repsol-YPF) para la exportación del gas boliviano hacia los Estados Unidos a través de Chile y México.
De ese proyecto, las referidas transnacionales esperaban ganancias multimillonarias, mientras que el Estado boliviano percibiría meras migajas.
Así, Edward Miller, presidente de British Gas, llegaba a afirmar que los ingresos previstos para las compañías serían cercanos a los 1400 millones de dólares anuales, mientras que las arcas públicas bolivianas sólo ingresarían entre 40 y 80 millones de dólares anuales. Por su parte, Repsol-YPF catalogaba esa inversión como la más ambiciosa que la compañía emprendería durante los próximos años en toda Latinoamérica.
De hecho, según las estimaciones empresariales, por cada dólar pagado al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalías, el consorcio obtendría unos 24 dólares. Además, el negocio era redondo si se tiene en cuenta que el gas pretendía venderse a Estados Unidos a 70 centavos de dólar (lo que significaba una regalía para Bolivia de tan sólo 12 centavos), en tanto que el precio del gas en boca de pozo en Estados Unidos ascendía, en esos momentos, a cinco dólares.
¿Puede alguien en su sano juicio plantear que la firma de un contrato de esa naturaleza era beneficiosa para el Estado boliviano? Y, si no lo era, ¿cómo podía su máximo mandatario firmar un contrato así si no se introduce en escena la sospecha de comportamientos manifiestamente corruptos? Y, si el presidente de un Estado firma un contrato que atenta contra los intereses del mismo y tras su actuación existe la sospecha de corrupción, ¿no hay también alguien que se encarga de corromperlo?
Porque, sorprendentemente, la atención suele fijarse en el corrupto, en quien recibe dinero y/o prebendas a cambio de contratos, licitaciones y oportunidades de lucro en menoscabo del bienestar colectivo pero, sin embargo, se suele olvidar al corruptor, al que paga el precio que fija el corrupto –o incluso se lo impone- y recoge posteriormente, y ya “limpios” tras su paso por los mecanismos del mercado, los beneficios de su actuación ilegal. ¿O es que éste carece de responsabilidades y sólo merece la reprobación moral?
Y, cuando estas sospechas aparecen, ¿dónde se encuentran los gobiernos que ahora defienden a las compañías transnacionales haciendo de ello razón de estado? ¿Por qué entonces no hablan de las razones, ocultas o manifiestas, que llevan a un gobierno a firmar contratos contra los intereses de su pueblo y sí saltan rápidamente a la escena pública cuando se inician investigaciones para determinar si alguna de ellas incurrió en uno de esos delitos? ¿En qué lugar se ubican nuestros gobiernos en esos momentos? ¿En el de los pueblos víctimas del latrocinio, quizás? O, ¿en el mucho más cómodo de las transnacionales corruptoras frente a las que, como única reacción, alzan su vergonzoso silencio?
El País no muerde la mano que le da de comer
Pues bien, afortunadamente, el escenario boliviano ha cambiado en los últimos meses. El cambio no es más que, por fin, el gobierno de ese país ha decidido actuar en beneficio de su pueblo y anteponer los intereses de éste a los de las empresas transnacionales que venían campando por sus respetos en el país.
Esto, que ni siquiera puede considerarse un cambio revolucionario y que no es más que lo que en cualquier manual de ciencia política se considera como una virtud del funcionamiento de las democracias y se ejemplifica aludiendo a las occidentales, es algo que sigue sin admitirse. Y no lo admiten ni las empresas transnacionales que operan en el país ni los gobiernos que, confundiendo los intereses de aquéllas con los nacionales, niegan al gobierno boliviano la posibilidad de acometer lo que están obligados a hacer en su propio país.
Porque lo que el gobierno de Evo Morales ha hecho no es más que recurrir al Ministerio Fiscal, a través de una denuncia promovida desde el Ministerio de Hidrocarburos, para que investigue una presunta estafa por venta irregular de gas entre Andina, la filial de Repsol-YPF en Bolivia, y Petrobras en el año 2002 y que habría generado un daño económico para el Estado de unos 150 millones de euros tras ajustar el precio del gas exportado a Brasil.
En el curso de la investigación judicial, -semejante a la que se hubiera emprendido en cualquier país en el que el Ministerio Fiscal recibiera una denuncia y, tras estudiarla, comprobara que existen motivos fundados para investigarla-, se procedió al registro de las oficinas de Andina, se incautó la documentación relacionada con dicho contrato, se arrestó provisionalmente al auditor de la compañía y, horas más tarde, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario.
Evidentemente, el hecho del allanamiento ha sido denunciado por la propia compañía y por los medios de comunicación internacionales como una operación “irregular y desproporcionada”. Como muestra, baste con leer la cobertura que le ha dado a la noticia el diario El País, fiel defensor de quien paga ingentes cantidades de dinero en insertar publicidad entre sus páginas, desde el pasado domingo 27 de agosto.
En efecto, el diario dedicaba dos portadas y, lo que es más significativo, un editorial (“De nuevo, Repsol”. El País, 28 de agosto) a la actuación de la justicia boliviana. En este último se alertaba sobre la persecución a la que era sometida la compañía en aquel país y se resaltaba el carácter conciliador del discurso del presidente Evo Morales aunque se contraponía a la referida persecución judicial, señalando la discrepancia entre el discurso de aquél y la actuación de la justicia boliviana.
En cualquier caso, lo más destacable de dicho editorial era el reconocimiento al gobierno boliviano de su derecho a tomar las decisiones económicas que considerara oportunas -¡faltaría más!- pero, al mismo tiempo, su advertencia de que esas decisiones deben respetar los contratos en vigor y, en su caso, que el Estado deberá satisfacer las indemnizaciones “dictadas eventualmente por los tribunales”.
No me negarán que resulta curioso el hecho de que El País reconozca la capacidad y soberanía de los tribunales para dictar sentencias que establezcan indemnizaciones pero, al mismo tiempo, les niegue la potestad para investigar las denuncias contra la compañía.
Pero, igualmente, también resulta sorprendente el silencio de El País sobre el hecho de que el registro de la sede de Andina obedeció a que, como señalaron los fiscales que llevan el caso, la compañía se había negado a entregarles la documentación que se les había solicitado.
Y este silencio hay que calificarlo de sorprendente, cuando no de malintencionado, si se tiene en cuenta que ese “pequeño” detalle sí que había sido publicado en La Razón, periódico boliviano perteneciente, al igual que El País, al grupo PRISA (“Fiscales allanan las oficinas de la petrolera Andina”. La Razón, 26 de agosto). ¿Falla la comunicación entre empresas de un mismo grupo y dedicadas a una misma actividad: la información “veraz”? ¿O será que interesaba tergiversar la realidad para, así, respaldar la imagen mantenida por los responsables de la compañía de que la actuación de la justicia boliviana fue “desproporcionada”?
¿Qué pretendían esos directivos que hiciera la justicia boliviana? ¿Arrodillarse ante las puertas de la empresa y suplicar que les entregaran los documentos solicitados? ¿Actúa así la justicia española, por ejemplo, cuando reclama documentos a una empresa para iniciar una investigación? Y, si actúa al igual que la justicia boliviana, ¿por qué aquí se aceptan esas acciones como un episodio normal en el curso de una investigación en la que el investigado se niega a colaborar y, sin embargo, con respecto a aquélla se tacha su actuación de “desproporcionada”?
Es más, si no hay nada que ocultar y todo se ajusta a derecho, como afirma la compañía, ¿por qué Andina no colabora con la justicia? ¿Por qué los únicos casos de registro se han producido han tenido como protagonista a esta compañía cuando existen otras transnacionales que también operan en el país? ¿No será que, por alguna razón ignota, su grado de impunidad era proporcional a la magnitud de su importancia en el sector de hidrocarburos?
El comunicado de Repsol-YPF: entre amenazas y silencios interesados
Ante todas esas preguntas, la respuesta de la empresa transnacional ha sido la emisión de un comunicado que raya en lo esperpéntico habida cuenta del historial de denuncias que carga a sus espaldas en Bolivia.
De entrada, califica el registro del Ministerio Fiscal de injustificado y, convirtiéndose en juez y parte, no duda en afirmar “que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional”. Pero, casualmente, este juicio se sustenta sobre el ocultamiento de la misma circunstancia que silenció El País: que previamente la empresa se había negado a aportar la documentación y sólo lo hizo cuando el registro ya era efectivo. Singular coincidencia en los silencios, ¿no les parece?
Pero, además, ¿hubiera calificado la opinión pública de “injustificado” un registro tras conocer que la empresa se negó a entregar los documentos requeridos en tiempo y forma?
A continuación, y en un tono amenazador intolerable, advierte de su disposición a emprender acciones legales “si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía”. ¿Y por qué si considera que se han vulnerado sus derechos no las emprende ya? ¿Por qué no denuncia ante los tribunales bolivianos la persecución a la que, presuntamente, se ve sometida por el gobierno si considera que ésta existe y tiene pruebas para argumentarla? O, lo que es más curioso: si desconfía de la imparcialidad de la justicia boliviana, ¿por qué amenaza con “ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados”?
Finalmente, no termina ahí el desbarre del comunicado, sino que Repsol-YPF también se permite afirmar que estas medidas, ejecutadas por el poder judicial boliviano en el absoluto ejercicio de su independencia respecto al resto de poderes del Estado, en nada coadyuvan a las negociaciones que desarrollan gobierno y empresas del sector en el marco del proceso de nacionalización.
En este caso, Repsol-YPF confunde los planos de la realidad y considera que, por el hecho de estar inmersos en ese proceso de negociación, goza de impunidad retroactiva y que, en consecuencia, las autoridades judiciales deberían cesar cualquier investigación sobre los delitos que la empresa hubiera cometido en el pasado. ¿Se puede plantear mayor desfachatez?
Evo Morales vuelve a dar lecciones de democracia
En definitiva, lo que está ocurriendo en Bolivia con Repsol-YPF no es más que la consecuencia lógica de la vergonzosa actuación que la compañía ha tenido durante los años que lleva operando en el país.
El clima de impunidad en el que se había desenvuelto hasta la llegada al poder de Evo Morales se ha quebrado definitivamente y está sacando a la luz los platos rotos que yacían bajo la alfombra y los atropellos que hasta ahora se resolvían con el silencio.
Al mismo tiempo, nuestros gobernantes -los que aún no han comprendido que una empresa transnacional carece, por definición, de nacionalidad-, se convierten en cómplices de las tropelías cuando acuden, cual serviles lacayos, a presionar al gobierno boliviano para que cesen con lo que ellos consideran como un comportamiento hostil y poco conciliador.
Y es ahí cuando se encuentran frente al hombre que, con palabras mesuradas, les ofrece la única respuesta que cualquier gobernante realmente demócrata puede ofrecer: la justicia boliviana es independiente y el gobierno no puede ni debe interferir en su actividad. ¡A ver si vamos aprendiendo!
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.





BOLIVIA REDOBLA EL ACOSO A REPSOL Y ADVIERTE QUE PODRÍA ACUSARLA DE SAQUEAR SUS RESERVAS


ABC de España (www.abc.es)

Sólo unas horas después de que el ministro Moratinos y la vicepresidenta Fernández de la Vega «tranquilizaran» a Repsol y anunciaran a bombo y platillo haber recibido «garantías» por parte de Bolivia de que la empresa no sería avasallada en el previsto proceso de nacionalización de los hidrocarburos en el país andino, el viceministro de Hidrocarburos boliviano, Julio Gómez, volvió a atizar la hoguera del enfrentamiento con la petrolera española.
«El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas», afirmó el viceministro al referirse a la intención de Repsol de acudir a la justicia, al tiempo que advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a «estrados internacionales» para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que «saquearon» el país en complicidad con «gobiernos carroñeros».
Estas manifestaciones se convirtieron, por tanto, en la respuesta pública oficial boliviana al anuncio de Repsol de que podría acudir a instancias jurídicas internacionales para defenderse del acoso al que las autoridades del país andino la están sometiendo desde hace meses y que culminó el pasado viernes con un nuevo registro de las instalaciones de su filial, Andina, y el arresto domiciliario de su auditor.
Por su parte, el fiscal que desde el pasado viernes se ha convertido en el azote de los intereses de Repsol en Bolivia manifestó ayer que en sus actuaciones no hay ninguna persecución hacia la petrolera española sino que se limitan a Andina, a la que acusa de haber contratado a bajo precio con Petrobrás el suministro de gas.
Repsol es propietaria de más del 50% de Andina en este momento, aunque el decreto de nacionalización obliga a que a medio plazo la mayoría del capital sea controlada por el estado boliviano a través de YPFB.
La multinacional hispanoargentina mantuvo ayer la postura de silencio absoluto respecto de su enfrentamiento con el gobierno boliviano, remitiéndose de nuevo al comunicado del pasado domingo, en el que además de denunciar el acoso al que está siendo sometida, mantenía su oferta de diálogo y total cooperación con las autoridades bolivianas, a pesar de la desconfianza que le supone la inseguridad jurídica en la que se encuentra en el país andino.
Tibieza oficial española
Fuentes del mercado petrolero internacional consultadas por ABC subrayaron ayer la difícil posición en la que se encuentra la petrolera española en el país andino, «con reglas del juego que cambian de un día para otro» y sometida a una presión que «tiene más que ver con la política y la propaganda que con la economía». Estas fuentes se extrañaron del débil apoyo que la diplomacia española está prestando a Repsol y de la tibieza de las reacciones frente al gobierno boliviano por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, para concluir subrayando que «otros países actúan de forma mucho más eficiente cuando sus empresas se encuentran en problemas en países teóricamente amigos».
Sin embargo, no fueron las declaraciones de Gómez la única novedad del día en el agitado sector petrolero boliviano.
Así, el presidente del país, Evo Morales, acordó la destitución del presidente de la petrolera estatal (YPFB), Jorge Alvarado, y su sustitución por Juan Carlos Ortiz. La destitución, no obstante, tiene poco que ver con los acontecimientos que rodean a Repsol, ya que Alvarado se enfrenta a acusaciones por corrupción.
El nuevo presidente, Juan Carlos Ortiz, tendrá bajo su responsabilidad acelerar el proceso de nacionalización del sector de hidrocarburos y, curiosamente, se trata de un experimentado ejecutivo de empresas petroleras, destacando especialmente en su currículum su paso por la brasileña Petrobrás, el mayor inversor extranjero en Bolivia y afectado de lleno, como Repsol, por el proceso de nacionalización de todos los activos petroleros y de gas en el país tras la llegada al poder de Evo Morales.
¿Halcón o paloma?
A pesar de este currículum, las fuentes del mercado petrolero internacional consultadas por ABC señalaron ayer que aunque no es un recién llegado al sector, en su faceta política se ha mostrado más como un halcón que como una paloma y ha asumido las tesis más intervencionistas respecto al sector petrolero boliviano, por lo que habrá que esperar a sus primeras actuaciones para saber si su llegada a la presidencia de YPFB supone un cambio cualitativo o no en la actual situación.
En cualquier caso, Ortiz será el encargado de pilotar desde el terreno de la práctica la nacionalización de los activos petroleros bolivianos, una cuestión en la que Alvarado se había mostrado totalmente ineficaz, ya que YPFB ha sido hasta el momento incapaz de asumir el control de la producción de gas y petróleo y sustituir en este cometido a Repsol y Petrobras.
Estas fuentes destacaron que la sustitución de Alvarado por Ortiz se hizo coincidir en el tiempo con un nuevo anuncio del gobierno boliviano que ha pasado algo más inadvertido pero que es igualmente significativo y ése no es otro que el anuncio de que las compañías petroleras extranjeras con implantación en el país tendrán que pagar un impuesto especial con el que el Estado boliviano quiere recaudar en conjunto 30 millones de dólares y el pago debe hacerse como muy tarde pasado mañana.





BOLIVIA AMENAZA AHORA A REPSOL CON DENUNCIARLA POR «SAQUEO»

La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)

Después de que el pasado fin de semana el presidente de Bolivia, Evo Morales, se comprometiera con el Ejecutivo español a buscar soluciones a la crisis con Repsol, y de que el mandatario expresara a la vicepresidente su deseo de que la empresa se quede en el país, ayer el viceministro de Hidrocarburos del Estado andino, Julio Gómez, amenazó a la petrolera con llevarla a los tribunales internacionales por «saquear» los recursos naturales del país.
Es la respuesta de Bolivia al comunicado emitido el pasado domingo por la empresa presidida por Antonio Brufau, en el que anunciaba que está dispuesta a ejercer acciones legales si continúa la «injustificada y reiterada persecución judicial» contra ella. Al mismo tiempo, denunció que el registro de las oficinas de Andina constituye una «medida impropia de un Estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional». La compañía también expresó su preocupación por «la falta de seguridad jurídica» que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, considera «muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia».
«No vamos a aceptar estas bravuconadas», afirmó ayer el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien aseguró que el Estado andino también puede recurrir a «estrados internacionales» para exigir a las empresas extranjeras una indemnización por los años en los que «saquearon» el país con la complicidad de «Gobiernos carroñeros».
AcusaciónLa Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol de pactar con la brasileña Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para las arcas públicas.
En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, síndico de la compañía, quien tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, aunque deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar «su fuga» para obstaculizar la investigación.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aclaró el pasado domingo que su departamento no ha tenido «ninguna participación» en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Evo Morales también ha asegurado que su Gobierno «jamás» se entrometerá en la labor de los otros poderes del Estado.




NUESTRO FUTURO ENERGÉTICO ES EL SOL, NO EL URANIO

Los líderes del mundo están entusiasmados otra vez con la energía nuclear. Pero es cara e insegura y lleva insumos que se agotarán en breve.

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

La energía nuclear vuelve a estar de moda. En la reciente cumbre del G8 en San Petersburgo, el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente ruso Vladimir Putin anunciaron un acuerdo amplio para cooperar en la rápida "expansión de la energía nuclear en todo el mundo" y pidieron a otros países que los siguieran. Bush sostiene que la futura seguridad energética de Estados Unidos y del mundo estará supeditada al aumento de la dependencia de la energía nuclear. Una tecnología que durante años sufrió ignominiosamente en el purgatorio científico ha sido resucitada. Ahora, ante los costos en alza del petróleo en los mercados mundiales y el calentamiento global, se levantó el velo que cubría a la energía nuclear. Esta tecnología fue prácticamente sometida a un lifting y es saludada por algunos como la mejor energía para una era sin petróleo.
Pero antes de dejarnos arrastrar por el entusiasmo, deberíamos analizar las consecuencias que tendría renuclearizar el mundo.
Primero, la energía nuclear es imposible de solventar. Con un precio mínimo de 2.000 millones de dólares cada una, la nueva generación de plantas nucleares sigue siendo un 50% más cara que volver a poner en funcionamiento plantas de energía alimentadas con carbón, y mucho más cara que construir plantas de gas. El costo de duplicar la electricidad generada por energía nuclear en Estados Unidos podría exceder el medio billón de dólares. En un país que ya enfrenta una deuda récord, tanto pública como de los consumidores, ¿de dónde procederá el dinero para construir una nueva generación de plantas nucleares?
Si los líderes políticos del mundo están decididos a seguir adelante con la energía nuclear, tendrán que reconocer que los consumidores pagarán ese precio en impuestos más altos para sustentar los subsidios públicos y facturas mensuales de electricidad más altas.
En segundo lugar, llevamos 60 años de energía nuclear y nuestros científicos e ingenieros todavía no saben cómo transportar, eliminar y almacenar de manera segura los desechos nucleares. El resultado es que las barras de combustible apagado se amontonan en instalaciones nucleares de todo el mundo.
En Estados Unidos, el gobierno nacional invirtió más de US$8.000 millones y 20 años en erigir lo que es en principio una sepultura subterránea hermética excavada en lo profundo del Monte Yucca en Nevada para contener material radioactivo. La bóveda fue diseñada para no filtrar durante 10.000 años. Lamentablemente, la Dirección de Protección Ambiental ya admite que la instalación de almacenamiento subterráneo filtrará.
Tercero, según un estudio realizado en 2001 por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) sobre disponibilidad de uranio, los recursos de uranio conocidos podrían no alcanzar para satisfacer las necesidades ya en 2026, en el caso de una elevada demanda, y en 2035, en el caso de una demanda intermedia. Por supuesto, nuevas exploraciones podrían llevar al descubrimiento de otros depósitos y los nuevos avances tecnológicos podrían reducir las necesidades de uranio, pero, tal como están las cosas actualmente, dichas posibilidades son puramente especulativas.
Cuarto, la perspectiva de construir cientos e incluso miles de plantas nucleares en una época en que se difunde el terrorismo islámico es errática. Por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte del mundo están aterrados ante la mera posibilidad de que un solo país, Irán, pueda recurrir al uranio enriquecido de su programa para construir plantas nucleares, y usar el material para desarrollar una bomba nu clear. Por el otro, muchos de esos mismos gobiernos están ansiosos por difundir plantas nucleares en el mundo entero. Esto significa uranio y desechos nucleares apagados en tránsito por doquier y su acumulación en instalaciones improvisadas, en muchos casos, cerca de zonas urbanas densamente pobladas.Por último, la energía nuclear representa el tipo de tecnología altamente centralizada y deficiente de una época ya superada. En una era de tecnologías distributivas que están debilitando las jerarquías, descentralizando el poder y dando lugar a redes y modelos económicos de fuente abierta, la energía nuclear resulta anticuada.
La energía nuclear fue en gran medida una creación de la Guerra Fría. Representó una concentración masiva de poder y reflejaba la geopolítica de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, sin embargo, la geopolítica del siglo XX enfrenta la emergente política de la biosfera del siglo XXI. El mundo se está aplanando.
En todas partes, nuevas tecnologías están dando a todos las nuevas herramientas que necesitan para ser participantes activos en un mundo interconectado. La energía nuclear, por el contrario, es una energía de elite, controlada por unos pocos. En una era en que "el poder para la gente" ha pasado a ser un mantra entre los pobres y los desfavorecidos del mundo, la energía nuclear es una reliquia. Su resurrección nos hace retroceder en el tiempo.
Deberíamos en cambio llevar adelante un esfuerzo agresivo para poner en funcionamiento toda la gama de tecnologías descentralizadas renovables —energía solar, eólica, geotérmica, hidroenergía y biomasa— y establecer una infraestructura de almacenamiento de hidrógeno con el fin de asegurar un suministro constante, ininterrumpido de energía para nuestras necesidades de electricidad y transporte. Nuestro futuro energético común está en el sol, no en el uranio.





TENSION EN BOLIVIA : INCIDENTES DE VIOLENCIA EN TODA BOLIVIA

EVO MORALES ENFRENTA LA PEOR OLA DE PROTESTAS DESDE QUE ASUMIÓ

Pararon los choferes de ómnibus de pasajeros. Y los maestros. Hay, además, duros reclamos de distintas provincias por la nacionalización del gas. El Gobierno desplegó una fuerte presencia policial en las calles.

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

La Paz amaneció ayer en silencio. En lugar del tránsito alocado que cada día invade esta ciudad a 3.600 metros de altura, las calles estaban prácticamente vacías. Una huelga de choferes hizo desaparecer a los clásicos minibuses que llevan a una docena de pasajeros apiñados. Cientos de personas tuvieron que caminar cuadras y cuadras. También los maestros iniciaron una protesta por 48 horas, y esto generó una marcha de los padres de familia, que aquí están organizados, y salieron ruidosamente a las calles a pedir que sus hijos puedan volver a las aulas.
Con mucha Policía en las calles y algunos incidentes aislados, el presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrentó ayer la jornada de protestas más fuerte desde que asumió, en enero. Anoche, el gobierno salió a intentar frenar parte de los conflictos y tuvo éxito en lograr que los choferes desistan de extender su huelga otro día. Pero los efectos del paro fueron muy duros.
En una placita sobre los cerros de la humilde zona norte de La Paz, muy cerca del límite con la ciudad de El Alto, Angela Yugra, de 24 años, con su beba de seis meses arropada en un "aguayo" colgado de su espalda, tomaba un helado de frutilla, sentada en un banco, poco después del mediodía. "Tuvimos que llevar a la niña al hospital caminando, desde El Alto hasta el centro de La Paz. Nos llevó casi dos horas, porque no había transporte", contó a esta enviada. "Estamos descansando señorita, ahora tenemos que volver a caminar", agregó su mamá, Albi, con otro vasito de helado.
"Soy vendedora ambulante, vendo pastillas en El Alto, pero hoy no fui. Como no hay movilidad no hay nadie comprando", se quejó Albi. A pocas cuadras, en una de estas angostas y empinadas callecitas que llevan hacia El Alto, Lucio Calle conversaba con un vecino en la puerta del taller donde arregla aparatos eléctricos. "El paro de transporte nos ha afectado mucho. No han venido clientes. Vivimos a diario de esto y hoy prácticamente no hemos tenido ingresos", comentó.
En la autopista que lleva hasta El Alto se veían ayer decenas de personas caminando por las banquinas, muchos a paso lento, resignados. Para evitar posibles incidentes con los transportistas, que a la mañana arrojaron algunas piedras a los pocos micros que circularon, la Policía desplegó un gran operativo de seguridad. En el peaje de la autopista se veían decenas de agentes con sus uniformes verdes, mientras de unos pocos minibuses bajaban pasajeros que tuvieron la suerte de conseguir un asiento.
El paro también se cumplió en otras ciudades, pero con menos repercusión, según mostraban anoche los noticieros locales. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia rechaza el cobro de multas indexadas al valor del dólar y el pago por la inspección técnica de los vehículos de servicio público. Los maestros, uno de los gremios más combativos, protestan contra la ley de educación del gobierno y piden la renuncia del ministro Félix Patzi.
El gobierno enfrenta múltiples reclamos. En la rica región de Santa Cruz, el comité cívico que agrupa a los empresarios —una importante fuerza opositora aunque no se enmarque en un partido— desistió de ir a un "paro cívico", pero advirtió que vigilará al gobierno en la anunciada reforma agraria y el manejo de la Asamblea Constituyente.
El departamento de Tarija, que alberga la mayor reserva de gas, hizo una huelga de 24 horas en solidaridad con comerciantes de la frontera con Argentina, afectados por medidas aduaneras restrictivas que llevaron al corte del suministro de gas al norte argentino el lunes (ver "Se restableció..."). A la vez, el comité cívico de Chuquisaca, en el sudeste del país, hará hoy un paro contra el gobierno, al que acusan de desatender la región, se informó.
El Gobierno, que además enfrenta serios cuestionamientos de la oposición por la nacionalización del gas, denunció que detrás hay "intereses políticos".
"Se están abriendo muchos pequeños frentes contra el gobierno, se están sumando fuerzas descontentas, pero hasta ahora se ha podido negociar —interpretó la analista Jimena Costa—. Aunque su popularidad bajó en las encuestas, Evo Morales tiene todavía apoyo".





LO DIJO EL VOCERO DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN ASUNCION

"NO QUEREMOS UNA BASE MILITAR EN PARAGUAY"

El Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Bruce P. Kleiner, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, dijo ayer a Clarín que Washington no tiene intención de establecer una base militar en Paraguay.
"Hemos aclarado innumerables veces que no existe intención alguna de establecer una base militar en ningún lugar del Paraguay. Tampoco los Estados Unidos de América tienen intención alguna de apostar soldados estadounidenses por un período indeterminado de tiempo en el Paraguay", precisó.
Kleiner fue consultado por Clarín sobre la inauguración el 22 de agosto pasado de una base antidrogas con financiación de la DEA y del Departamento de Estado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a escasa distancia de la frontera entre esa ciudad paraguaya, distante a 550 km al noreste de Asunción y la brasileña Ponta Porá. El sitio es considerado como epicentro del narcotráfico y del tráfico de armas y trampolín para su distribución hacia el Mercosur, EE.UU. y Europa.
James Cason, el embajador norteamericano, reveló que Estados Unidos donó fondos por valor de 250.000 dólares para la creación de esa oficina y 100.000 dólares adicionales para la reparación de dos helicópteros, además de 98.000 dólares para construir una pista para helicópteros en la base antidrogas.
Al habilitar el complejo, Cason dijo que la creación de la nueva oficina "pondrá a los narcotraficantes en alerta". Paraguay irá a la ofensiva para tomar medidas represivas contra los narcotraficantes y devolver nuevamente esta ciudad a sus ciudadanos honestos y obedientes de las leyes. Las comunidades en donde narcotraficantes operan libremente, tienen también tendencia a sufrir altos niveles de crimen y violencia", agregó, dejando entrever el escaso control que existe en la frontera seca. Pedro Juan Caballero (PJC) está dividida por una avenida de Ponta Porá y, tradicionalmente, brasileños y paraguayos viven indistintamente de un lado o del otro del límite territorial.
Ante las suspicacias generadas por la posibilidad de que Estados Unidos haya creado una base militar encubierta, el vicepresidente de Paraguay Luis Castiglioni ironizó: "hay personas que sufren de alucinaciones, que ven bases militares norteamericanas en cualquier parte".
Mercedes Castiñeira, vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dijo que la base está en condiciones de albergar a más de medio centenar de agentes, que serán entrenados por especialistas de Estados Unidos y de Brasil. Dijo que la sede de PJC será la base de los operativos de represión, especialmente de los cultivos de marihuana de la región, considerada la de mejor calidad en el mundo cuya destrucción, solamente este año, alcanzó a 3.500.000 kilos. "No es una base militar. Los militares tienen su propia base", subrayó.
Domingo Laíno, otrora duro opositor al gobierno del dictador Alfredo Stroessner, actual senador del Partido Liberal no descartó sin embargo que la donación norteamericana no sea "gratuita" porque "puede encubrir otro tipo de bases".
"El propio vicepresidente Luis Castiglioni se fue a Washington el año pasado a ofrecer el Paraguay para que Washington insta le agencias de la CIA o del FBI. Esta donación para la base antidrogas les costó medio millón de dólares en una zona muy pobre del país. Llama la atención", reflexionó. Laíno dijo no creer que exista tanto interés de Estados Unidos por la lucha antidrogas en el Paraguay o la lucha antiterrorista del gobierno de George W. Bush con su punto de mira en la Triple Frontera: " Lo único que resta pensar es que ellos estén buscando abrir brechas militares en América latina".





PREOCUPA LA CRISIS ENERGÉTICA

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
No es ningún secreto que hay una crisis energética al doblar de la esquina para Argentina, si no hace más por incrementar el suministro. Por eso es una buena noticia que el gobierno planee invertir US$ 3,5 millardos en revitalizar su sector de energía nuclear, incluyendo el completamiento de la planta Atucha II, en la provincia de Buenos Aires, que ha estado languideciendo, sin terminar, durante 25 años.
Pero eso no es suficiente para resolver los grandes problemas energéticos de Argentina, que son compartidos por Chile, que importa su gas natural de Argentina y es el primero en sufrir reducciones cuando la demanda supera al suministro, como ya ocurrió este invierno. La energía nuclear representa actualmente solo 7% de la electricidad generada en Argentina, con la mayor parte del resto producida por termoeléctricas e hidroeléctricas. Los planes de impulsar estos sectores como de expandir la capacidad de la presa Yacyretá compartida con Paraguay, también tienen que ponerse en marcha.
Además, la inversión seriamente descuidada en la exploración y desarrollo de petróleo y gas son esenciales para la viabilidad del sector a largo plazo. Igualmente, la ley de hidrocarburos y las negociaciones estancadas de los contratos de concesión a las compañías de energía después de la crisis económica de 2001-2002. La construcción de un gasoducto con Bolivia es otro proyecto importante que tiene que tomarse en cuenta.
Hay mucho que hacer, pero no mucho tiempo para lograrlo: la capacidad de generación de energía ya está muy tensa, pero la economía argentina sigue creciendo a tremenda velocidad.