El conservador y opositor Poder Democrático y Social (Podemos) debe cambiar de actitud y defender los intereses de Bolivia y no el de las empresas trasnacionales o “morir civilmente con decencia y decoro antes que dar manotazos de ahogado”, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.En una entrevista en radio ERBOL, Quintana, un mayor del Ejército que se retiró de las Fuerzas Armadas, lanzó toda su artillería contra PODEMOS, que está liderizado por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.Subrayó que los dirigentes de ese partido político se habrían plegado a las trasnacionales petroleras y convertido en un “elemento funcional a los intereses de los capitales internacionales antes que defender a Bolivia”. Dijo que si Quiroga y sus seguidores mantienen ese posicionamiento no les queda otro camino que fallecer civilmente en la consideración de los ciudadanos.
GOBIERNO EMPLAZA A PODEMOS A MORIR CON “DECENCIA Y CON DECORO ANTES QUE DAR MANOTAZOS DE AHOGADO”
Ejecutivo cree que PODEMOS se ha alineado con los “intereses extranjeros”. Quintana defendió a ultranza a nuevo presidente de YPFB y emplazó al ex presidente Rodríguez Veltzé a “lavar su dignidad” en un juicio de responsabilidades.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
POR ADALID CABRERA LEMUZ
Ejecutivo cree que PODEMOS se ha alineado con los “intereses extranjeros”. Quintana defendió a ultranza a nuevo presidente de YPFB y emplazó al ex presidente Rodríguez Veltzé a “lavar su dignidad” en un juicio de responsabilidades.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
POR ADALID CABRERA LEMUZ
El conservador y opositor Poder Democrático y Social (PODEMOS) debe cambiar de actitud y defender los intereses de Bolivia y no el de las empresas trasnacionales o “morir civilmente con decencia y decoro antes que dar manotazos de ahogado”, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
En una entrevista en radio ERBOL, Quintana, un mayor del Ejército que se retiró de las Fuerzas Armadas, lanzó toda su artillería contra PODEMOS, que está liderizado por el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez.
Subrayó que los dirigentes de ese partido político se habrían plegado a las trasnacionales petroleras y convertido en un “elemento funcional a los intereses de los capitales internacionales antes que defender a Bolivia”. Dijo que si Quiroga y sus seguidores mantienen ese posicionamiento no les queda otro camino que fallecer civilmente en la consideración de los ciudadanos.
FISCALIZAR SÍ, PERO SIN DAÑAR A BOLIVIA
Descartó que el oficialismo pretenda atacar a PODEMOS para precipitar su acabóse, pero agregó que es necesario que cambie de actitud y que se coloque al lado de los intereses nacionales sin dejar sus prerrogativas fiscalizadores de lo bueno y lo malo que hace la actual administración.
“Lo que Quiroga hizo hasta hoy desde que asumió Evo Morales la Presidencia es socavar la legitimidad del gobierno sin darse cuenta el daño que le provoca a la nación”, afirmó.
DEFENSA CERRADA A NUEVO PRESIDENTE DE YPFB
Quintana salió de esa manera al frente a las críticas surgidas desde PODEMOS y otros frentes de oposición a la designación de Juan Carlos Ortiz Bánzer como nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en reemplazo de Jorge Alvarado.
A menos de 24 horas de haber sido posesionado en forma interina en el cargo, Ortiz Bánzer fue cuestionado por su parentesco con el senador de PODEMOS, Oscar Ortiz, además de haber trabajado como asesor de la empresa brasileña Petróleos Brasileiros Sociedad Anónima (PETROBRAS).
Es más, el senador de PODEMOS por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, afirmó hoy que Ortiz Bánzer fue uno de los directores del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) en el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El parlamentario tarijeño fue más allá aún al manifestar que el nuevo presidente de YPFB tendría sobre su cabeza un mandato de aprehensión en Ecuador por un proceso de evasión de impuestos al apoyar el ingreso a ese país de productos electrodomésticos sin cumplir con las leyes tributarias.
GOBIERNO DICE QUE ORTIZ BANZER ES COMPETENTE
Al respecto, el ministro de la Presidencia manifestó que el presidente Evo Morales Ayma designó a Ortiz Bánzer como presidente de YPFB por su competencia profesional y su capacidad de servicio patriótico al país. Enfatizó que el Jefe de Estado solamente toma como referencia la reserva moral, la vocación de trabajo y la competencia profesional de los bolivianos a los que invita a ocupar cargos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
AMPLIO CONOCEDOR DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
Dijo que el nuevo titular de la empresa estatal es un amplio conocedor del sector de los hidrocarburos y del proceso de revitalización de YPFB a través de la industrialización de los hidrocarburos, la mejora de los precios y la suscripción de nuevos contratos con las empresas petroleras extranjeras cuyo principal ingrediente sea la equidad.
“El presidente Morales quiere fortalecer el proceso de nacionalización y considera que las nuevas autoridades tienen el perfil adecuado para cumplir con ese cometido”, afirmó.
Quintana puntualizó que, además, se aceptó que Jorge Alvarado de un paso al costado para que presente los descargos ante los informes de la Contraloría de la República y del Ministerio de Hidrocarburos que cuestionaron la ejecución de malos procedimientos en la firma del contrato con Iberoamerican Trading para la venta de petróleo a bajos precios.
Aclaró que en ninguno de esos informes se menciona a Alvarado como responsable de hechos de corrupción, simplemente de incumplimiento de procedimientos legales para la autorización de ese contrato.RODRÍGUEZ VELTZÉ EN LA MIRA DEL EJECUTIVO
El ministro de la Presidencia también se refirió al caso del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y las acusaciones que pesan en su contra por la entrega de misiles de las Fuerzas Armadas bolivianas a Estados Unidos sin cumplir con los procedimientos de Ley.
Para Quintana, lo que hizo hasta hoy Rodríguez Veltzé es “huir a un juicio de responsabilidades que le permita demostrar con pruebas que no tuvo nada que ver con esas operaciones”.
¿EX PRESIDENTE MENTIROSO?
En forma tácita dijo que el ex mandatario “mintió al actual Gobierno y al pueblo para salvarse del juicio de responsabilidades por el caso de los misiles”.
Explicó que recién apareció un documento en el que se establece que el Alto Mando Militar de entonces tenía conocimiento de los hechos que precipitaron la entrega de los misiles a Estados Unidos para su desactivación. El presidente es el Capitán General de las Fuerzas Armadas.
Agregó que el ex presidente no informó que detrás de esa operación habría un movimiento de dineros cuyo destino se desconoce.
Quintana emplazó al ex mandatario, al igual que a la oposición, a “limpiar su pregonada dignidad en un juicio de responsabilidades para que el país sepa la verdad sobre ese hecho”, al que calificó como “humillante para la soberanía de Bolivia”.
Agregó finalmente que Rodríguez Veltzé ha desarrollado una campaña mediática los últimos días en la que se muestra como un demócrata que prestó servicios al país, pero no explica qué fue lo que pasó con el caso de los misiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
LA INSERTARÁ EN UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN CON GOBIERNO CHILENO
BOLIVIA INFORMARÁ DEMANDA MARÍTIMA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
“Nosotros en todos los eventos internacionales siempre hemos manifestado, siempre hemos hecho conocer nuestra preocupación sobre el tema marítimo, ahora vamos a hacer conocer no solamente en las Naciones Unidas, sino en los Países No Alineados este proceso de confianza mutua que estamos construyendo con Chile”, señaló el canciller David Choquehuanca.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, anunció ayer que el Presidente Evo Morales informará en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la demanda marítima de su país y los avances logrados en las relaciones con Chile. En ese contexto, explicó el canciller paceño, el Mandatario boliviano se referirá a los avances que se lograron con Chile en materia de acercamiento y tratamiento de la agenda bilateral, en la que se comprenden puntos como las relaciones diplomáticas -hoy rotas-, las diferencias por el uso del río Silala, además de materias económicas y fronterizas.
“Nosotros en todos los eventos internacionales siempre hemos manifestado, siempre hemos hecho conocer nuestra preocupación sobre el tema marítimo, ahora vamos a hacer conocer no solamente en las Naciones Unidas, sino en los Países No Alineados este proceso de confianza mutua que estamos construyendo con Chile”, advirtió.
El subsecretario de RREE, Alberto van Klaveren, reiteró en el Congreso Nacional que la postura chilena ante La Paz es de una agenda abierta y sin exclusiones, y seguirá de esa manera. “La verdad es que nosotros estamos con una agenda muy concreta y muy específica y estamos dispuestos a seguir abordando los temas de la agenda. En ese espíritu se va a producir la reunión entre los ministros (Alejandro Foxley y Choquehuanca) en Nueva York”, precisó Van Klaveren.
Además de la cuestión marítima, Morales abordará asuntos referidos a la migración de bolivianos a Europa, la pobreza y la eliminación de la hoja de coca de la lista de venenos de la ONU.
Con todo, el encuentro de la ONU es una instancia esperada entre ambas partes para continuar las negociaciones sobre aspectos como las relaciones diplomáticas y futuros negocios energéticos.
De hecho, y tal como lo había afirmado el pasado lunes, el jefe de la diplomacia boliviana aclaró que su país dejó atrás la política “gas por mar” impuesta en el referéndum sobre el gas realizado en 2004 bajo el Gobierno del entonces Presidente Carlos Mesa.
Estas palabras fueron bien acogidas por el Gobierno chileno, donde la propia Presidenta Michelle Bachelet aseveró ayer que “hemos visto, en el curso de todos estos meses de Gobierno, que hemos ido trabajando con buena voluntad, tenemos una comisión que está trabajando más de trece temas con el Gobierno de Bolivia y yo entiendo estas declaraciones del canciller Choquehuanca en la misma dirección que vamos trabajando, con buena voluntad para mirar cuáles pueden ser los grados de cooperación de ambos países, en múltiples líneas, en una agenda sin exclusiones y sin condiciones específicas”.
Por otra parte, y en otro punto polémico para las relaciones bilaterales, la instalación de un puesto militar boliviano en los alrededores del Silala, el canciller Choquehuanca descartó que ello sea una respuesta a la utilización que Chile hace de las aguas del afluente. Señaló que se trata de ayudar a las pocas poblaciones que existen en ese desolado lugar del altiplano.
“Necesitamos tener presencia en nuestras fronteras, nuestros hermanos necesitan apoyo, y las FFAA y este Gobierno se preocupan de nuestros hermanos que están en nuestras fronteras”, aclaró.
ROMERO Y UN AFORISMO LATINO
En Valparaíso, el senador de RN Sergio Romero, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que frente a la nueva posición boliviana respecto de su demanda marítima las autoridades nacionales deben tener cautela. Respecto del fin de la política gas por mar y la postura de llevar el tema de la mediterraneidad ante la ONU y a los No Alineados, Romero señaló que La Paz ha tenido muchos cambios en su relación con Chile. Añadió que éstos no sólo se han producido en los últimos años, sino en los últimos meses. “Creo que en las relaciones internacionales hay que aplicar un antiguo aforismo latino que dice ‘forti verti re suati’, que quiere decir ‘suave en la forma, firme en el fondo’. Creo que ésa es la receta que debería tener Chile en cualquier foro internacional respecto de éste y cualquier otro tema”, afirmó.
La expondrá en Asamblea General
BOLIVIA LLEVA A LA ONU SU DEMANDA MARÍTIMA
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Una nueva ofensiva internacional, esta vez ante Naciones Unidas, lanzará Bolivia en el tema marítimo. En La Paz se informó que el Presidente Evo Morales llevará esta demanda a la próxima Asamblea de la ONU, programada para septiembre.
Aparte de la cita de la ONU en Nueva York, el canciller boliviano David Choquehuanca, informó que el asunto también será expuesto en la Asamblea de Países No Alineados que se efectuará en Cuba.
No obstante la postura de La Moneda es que el asunto no traspase las barreras bilaterales, se informó que respeta que Bolivia haga el planteamiento siempre que no afecte las conversaciones ni constituya una agresión. A ello obedeció el mensaje tranquilizador enviado desde La Paz en orden a que Morales también dará a conocer los avances logrados con Chile, entre ellos, la agenda de 13 puntos.
El anuncio se produce justo después de que Choquehuanca comunicara el lunes que su país dejó atrás la política de "gas por mar" impuesta en 2004. El giro fue valorado por la Presidenta Bachelet, quien destacó la voluntad de entendimiento.
ELOGIOS PARA NUEVA POSTURA BOLIVIANALa Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Satisfacción generalizada produjeron las declaraciones del canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien anunció el lunes que su país dejó atrás la estrategia de gas por mar, en su relación con Chile.
Estas expresiones fueron seguidas por otras emanadas de la Subsecretaría de Hidrocarburos, aclarando que están abiertas las posibilidades de vender gas a Chile.
El diputado Iván Paredes (PS) dijo que le parece "muy positivo que se imponga el pragmatismo por sobre el dogmatismo, porque hay una cantidad enorme de cosas en común que nos pueden beneficiar mutuamente a los dos países y que no eran posibles de imaginar siquiera, con esa actitud de canje".
Agregó que Bolivia tiene muchas riquezas, pero también muchas necesidades; y Chile tiene requerimientos energéticos importantes, "por lo que me parece bien que exploren un camino distinto y nuevo".
Paredes añadió que la venta de gas a Chile no sólo resolvería un problema de nuestro país, sino que también sería un negocio para Bolivia.
La diputada Ximena Valcarce (RN) opinó que con esta nueva postura se abre la puerta "para iniciar relaciones bilaterales como corresponde, diplomáticas y que sean un avance en todos los ámbitos, que es lo que esperamos como ariqueños". Agregó que esto le entrega a Chile calma para negociar un bien que el país necesita mucho, como es el gas.
SIN EXIGENCIAS
Para el alcalde Carlos Valcarce (RN) es lógico que Bolivia tenga que renunciar a esa estrategia, "porque no se puede en el siglo XXI condicionar las relaciones bilaterales a un canje de una cosa por otra".
Explicó que una vez que haya relaciones plenas entre ambos países, se puede buscar soluciones a los problemas. "Yo soy un hombre que cree que Bolivia tiene muchas oportunidades con Chile, que le podemos dar muchas garantías y hacer muchas cosas juntos, pero sin sentarse a la mesa a hacer exigencias".
Sobre el gas boliviano, Valcarce opinó que saldrá por donde resulte más rentable a las empresas que lo explotan y que no hay decisión política que influya en esto. Opinó que Chile es una buena opción, "porque es dinero fresco para ellos y posibilidades de desarrollo para nosotros".
El gobernador Alvaro Palma (PPD) manifestó que esto "saca una piedra en el zapato en las conversaciones bilaterales" y que es una buena noticia para Arica, porque favorece la integración y abre posibilidades de desarrollo para toda la zona "y en la medida que tengamos un desarrollo en el área, no vamos a tener gente que venga a buscar trabajo, sino gente que venga a gastar, a pasarlo bien y a invertir".
Añadió que lo mejor que se puede hacer para que Bolivia tenga acceso al mar es tener un ferrocarril y una carretera en óptimas condiciones, además de fronteras con trámites expeditos y que en eso se está trabajando.
DESACUERDO
La voz discordante fue la del senador Jaime Orpis (UDI), quien no confía demasiado en los anuncios del Gobierno del país vecino.
"Lo que pasa es que Bolivia todos los días cambia de opinión. Así que hay que hacer un seguimiento muy estricto de lo que suceda con ese país". El parlamentario aseguró que en materia energética, Chile debe aprender la lección del caso argentino y apostar por la independencia, sin amarrarse con un vecino que hoy ofrece buenas condiciones y mañana puede cerrar la llave del gas.
"En el caso del norte, se debe desarrollar el proyecto de gas natural licuado, porque eso nos va a dar la seguridad energética que necesitamos para nuestro desarrollo", postuló.
El Ejército desalojó al grupo que había tomado la planta de Transredes
VOLVIÓ EL GAS DE BOLIVIA PERO EN LA FRONTERA SIGUE LA TENSIÓN
Bagayeros, estibadores y comerciantes mantienen el corte en el puente internacional en medio de un paro general. Funcionarios llegaron al lugar y quedaron virtualmente secuestrados por los manifestantes en San José de Pocitos
El Tribuno de Argentina (www.eltribunosalta.com.ar)
Las instalaciones de la empresa de transporte de gas Transredes SA, donde los manifestantes habían ingresado para cortar el gas hacia Argentina fue recuperada en horas de la madrugada por el Ejército boliviano y se rehabilitó el envío del fluído.
A las 11 de la mañana hora de Bolivia -12 de Argentina- arribó a San José de Pocitos una comitiva del Gobierno del vecino país, encabezada por la viceministra de la Producción y Micro Empleo, Celinda Sosa, acompañada por el vicecanciller Mauricio Dorffler; el viceministro de Trabajo, Miguel Albarracín y Hernán Quesada, representante del Ministerio de asuntos Sociales, entre otros funcionarios provenientes de la Paz. El objeto era descomprimir la tensa situación que se vive en la frontera, que se agudizó en la tarde del lunes cuando unos 500 vecinos ingresaron por la fuerza a la planta de la empresa Transredes, ubicada entre Pocitos y Yacuiba. Allí obligaron a los técnicos de la compañía a cerrar las válvulas para el transporte de gas hacia la República Argentina, hidrocarburo proveniente del rico Yacimiento San Alberto, situado al oeste de San José de Pocitos, en las sierras de Aguarague, que es continuación de las sierras de San Antonio, en el departamento San Martín (Salta).
La situación llegó a un elevado nivel de tensión cuando el gobierno central de Bolivia ordenó desalojar a los intrusos de la planta de Transredes. Unos 200 efectivos del Ejército y de la Policía Nacional a las órdenes del comandante de frontera, coronel Oscar Nina, a las 6 de la mañana de ayer recuperaron el control de las instalacione gasíferas.
El procedimiento se realizó en pocos minutos ya que los efectivos ingresaron por la parte trasera del edificio y tomaron por sorpresa a los manifestantes. A partir de ese momento los manifestantes, entre ellos una gran cantidad de mujeres jóvenes, se instalaron frente a la empresa Transredes sobre la ruta que conecta Pocitos con Yacuiba.
Allí hasta las 11 de la mañana aguardaron la llegada de la comitiva encabezada por Celinda Sosa, a quien el presidente Evo Morales le encomendó la difícil tarea de hacer desistir a los pobladores de frontera de las medidas de fuerza que desde hace 7 días llevan en contra de las medidas adoptadas por la AFIP- DGI de Argentina y de la construcción del proyecto YASMA, el complejo fronterizo que conectará a Salvador Mazza con Yacuiba, dejando totalmente marginados a los 50.000 habitantes de San José de Pocitos, entre otros puntos.
Encerrados y bajo llave
La reunión en la que hicieron uso de la palabra unas 40 personas entre funcionarios nacionales, del departamento de Tarija, de la provincia del Gran Chaco y del Cantón (municipio) de San José, se realizó en el Salón Parroquial, al lado del Coliseo "Donato Valdéz".
Unas 300 personas escucharon desde afuera del edificio durante horas a los oradores, pero a medida que el tiempo transcurría el malestar iba en aumento. Dos horas después entre los concurrentes comenzó a correr la versión que los funcionarios, quienes se esforzaban por dar explicaciones y solo recibían silbidos y gritos de desaprobación, tenían la intención de abandonar el recinto por la puerta de acceso principal del templo. Un grupo de hombres y mujeres corrieron hasta allí y colocaron grandes candados en las puertas de hierro y retiraron las llaves. De esa manera la comitiva quedó encerrada y así deliberó hasta entrada la noche. Con la vehemencia que los caracteriza, los manifestantes gritaban a viva voz que "de aquí no se va nadie si no traen respuestas concretas".
Puntos resueltos
Después de más de 6 horas de exposiciones y encendidos debates el viceministro Mauricio Doffler explicó a los manifestantes de Pocitos que varios de los puntos que habían generado el conflicto podrían darse prácticamente por superados. Entre ellos mencionó la restricción en los horarios de atención por parte de la Aduana Argentina que nuevamente pasaría a atender durante todos los días, a excepción de los domingos desde las 7 de la mañana hasta las 20 y la eliminación de la tasa migratoria, tal como se anunció ayer por este medio.
Respecto del proyecto YASMA, Doffler explicó que "el acuerdo firmado el 29 de junio para la construcción de este puente contiene una serie de previsiones, y la licitación que deba darse a conocer por parte del gobierno argentino requiere la conformidad del gobierno boliviano. Pero nuestro gobierno no ha dado hasta el momento ninguna conformidad ni aceptación para que el proceso de licitación se inicie".
El abogado pociteño Alberto César Gareca Terrazas, miembro del Comité de Huelga, quien se encontraba participando de la reunión explicó que "respecto de YASMA está prácticamente acordado que se modificará la ubicación de este puente, uno de los temas que más preocupaban a nuestro pueblo.
El administrador de la aduana José Ramiro Blacut ya ha sido reemplazado y lo que estamos analizando es si una comisión de Pocitos participará de una reunión que en Buenos Aires tendrá lugar el próximo jueves entre autoridades de ambas naciones".
Comerciantes denuncian a los molinos
Comerciantes salteños que venden harina en Salvador Mazza y La Quiaca denostaron la resolución 2.048 de la Aduana y afirmaron que "aquí queda claro que grandes molinos harineros ejercen presión sobre la Aduana y la AFIP para quedarse con toda la torta de la venta de harina a Bolivia".
Y explicaron que "a pesar de tener desventajas, logramos colocar harina en el vecino país en base a resignar ganancias. Aquí hay una sola verdad. Los comerciantes pagamos el 20 por ciento de retención por exportar harina y los molinos sólo pagan el 5 por ciento porque dicen que exportan premezcla, que no es otra cosa que harina con un 5% de sal".
Y aseguraron que "por eso se les rompió el mercado brasileño en estos días, porque esa premezcla no está prevista en el código arancelario y ahora las autoridades brasileñas quieren cobrar derechos de importación por harina, que también son de un 20%".
"El tema es así: las premezclas aprobadas por el Código Alimentario Nacional y los códigos arancelarios son, por ejemplo, la harina Blancaflor, que tiene leudantes y otras cosas. Pero este invento de los molinos no existe. Para colmo, como no está normatizada, no pueden venderla al mercado interno, lo que quiere decir que nosotros estamos obligados a comprar y vender harina y ellos venden premezcla pagando sólo 5%", explicaron.
Y agregaron que "nosotros pagamos el 21% de IVA, el 3% de actividades económicas y el 0,6% de actividades varias. Un molino paga sólo el 5% de retención. La cuenta es sencilla: por cada bolsa de harina de $ 30, los comerciantes pagamos $ 7,22 de impuestos y encima nos retienen el 20 por ciento cuando exportamos. Los molinos tributan sólo $ 1,50. Entonces, ¿qué es lo que persigue la Aduana?".
LA QUIACA NUEVAMENTE CORTARON EL PUENTE INTERNACIONAL
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
Tal parece que los sufridos transportistas argentinos que llevan sus cargas hasta la vecina ciudad de Villazón en el comercio internacional, no tienen cómo mitigar su malestar y preocupación por los constantes cortes del paso fronterizo con Bolivia. Una vez mas las protestas de los sindicatos bolivianos afectan el desenvolvimiento de la exportación Argentina con los consecuentes problemas a nuestros trabajadores.Desde que salen de sus lugares de procedencia, los camioneros vienen ‘rezando’ para evitar los cortes producidos por organizaciones o movimientos sociales en las rutas de nuestro país; las del norte de la provincia, por desocupados, aborígenes, comerciantes, estibadores o cualquier movimiento local y, en caso de que no se registre problemas en territorio argentino, resta esperar que los bolivianos tampoco los tengan, porque sino el Puente Internacional, paso obligado de los transportistas, se convierte en el primer bastión piquetero.
Desde ayer martes, permanece bloqueado el puente por los transportistas bolivianos que no están de acuerdo con algunas leyes y resoluciones emanadas por su gobierno; la medida continuará hoy y se espera que a la tarde, luego de evaluar las gestiones con el poder ejecutivo del vecino país, se decida la suspensión del corte o su continuidad. El sector docente boliviano también inicio medidas de fuerza con paro y movilización por el término de 48 horas; de esta manera, magisterio y trabajadores del volante unieron esfuerzo para afianzar las protestas que se producen en toda Bolivia. En Villazón, los camioneros atravesaron sus vehículos en todas las calles cercanas al Puente Internacional para evitar el ingreso de otros desde el lado argentino, en tanto que los docentes se instalaron en el extremo norte del puente para evitar el tránsito de personas de ambos lados. Con estas medidas los mas perjudicados son los transportistas argentinos y los pasajeros o turistas, también están los niños y jóvenes de Villazón que cursan estudios en La Quiaca y por ultimo, los comercios de ambos lados, en especial el boliviano que diariamente recibe a miles de argentinos que cruzan la frontera por las tentadoras ofertas.
La situación en esta frontera se definirá hoy cuando las organizaciones gremiales en conflicto anuncien el estado de gestiones por los reclamos, aunque lo más probable es que se imponga una tregua hasta la próxima semana.
La transitabilidad en el paso fronterizo no esta para nada garantizada porque también esta latente el problema de de los estibadores bolivianos con Aduana argentina; ellos amenazaron con iniciar medidas (corte del puente) en caso de que las resoluciones aduaneras perjudiquen sus economías.
Fragilidad en el proceso tras acusaciones de corrupción y huelgas populares
NACIONALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA ESTÁ FUERA DE CONTROL
El gobierno logró dispersar una protesta que bloqueó el suministro a Argentina por doce horas, que de haberse prolongado habría afectado las exportaciones de gas argentino a Chile.
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
El gobierno de Evo Morales debió salir al rescate ayer de su accidentado proceso de nacionalización de los hidrocarburos, argumentando que los últimos escándalos de corrupción y conflictos internos que afectan a Bolivia son propios de un proceso de transición política y social.
Desde el anuncio el 1 de mayo de la estatización de todos los yacimientos de gas natural y petróleo bolivianos, una cadena de irregularidades pone en duda el proceso, restando credibilidad al gobierno y tensado aún más las relaciones entre el oficialismo izquierdista y las petroleras privadas que operan en el país. A la falta de recursos económicos y la experticia para llevar a cabo esta tremenda iniciativa, algo que el propio Morales reconoció en julio, se suma la descontrolada situación social en el país y acusaciones de corrupción que comprometen a la estatal YPFB. Grupos radicales ejercen presión bloqueando gasoductos con destino a Brasil y Argentina, conscientes de que todo lo que comprometa los hidrocarburos concentrará la atención en sus demandas.
El último bloqueo estuvo a punto de tensar otra vez las relaciones con Argentina, y de paso perjudicar la ya reducida provisión de gas trasandino a Chile. Tras doce horas de huelga, fuerzas del Ejército boliviano lograron dispersar en la madrugada del martes una protesta social que cortó el gasoducto que une al pueblo fronterizo de Pocitos, con las provincias del norte argentino.
Argentina compra siete millones de metros cúbicos diarios de gas natural boliviano a US$ 5 el millón de unidades térmicas británica (BTU), pero por lo general usa entre cuatro y cinco millones de metros cúbicos diarios, suficientes para mantener la estabilidad del suministro gasífero a sus principales clientes –hogares, industrias, estaciones de gas natural comprimido y eléctricas.
De haberse prolongado la huelga un día más, fuentes de la industria dijeron al diario trasandino El Cronista que lo primero que ocurriría sería la disminución de las exportaciones a Chile al priorizarse el mercado interno.El desquite
La huelga de Pocitos reflejó lo que se ha vuelto una práctica normal en Bolivia. A partir de hoy la región de Chuquisaca se paralizará por 24 horas en rechazo a la “lentitud en el cumplimiento de compromisos con la región y el menosprecio hacia Chuquisaca en comparación con otras regiones del país”.Bolivia sufrió ayer su mayor jornada de protestas contra el gobierno, con choferes de transporte urbano, taxis y autobuses y maestros de las escuelas públicas paralizando varias ciudades en el país acusando a Morales de no cumplir sus promesas electorales.
Y hace doce días que indígenas guaraníes tienen tomado el gasoducto que exporta gas natural a Brasil en la localidad de Parapetí para que la empresa operadora Transierra ejecute un plan de desarrollo regional.El clima de incertidumbre se intensificó el martes con la renuncia obligada del presidente de YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir las normas de nacionalización. Alvarado podrá realizar mañana ante la Fiscalía del Distrito de La Paz sus descargos formales contra las acusaciones.
Fuentes de la industria de hidrocarburos boliviana aseguraron que la destitución de Alvarado fue una maniobra política para evitar un mayor deterioro de su imagen y que no les sorprendería ver al ex ejecutivo y militante del oficialista Movimiento al Socialismo en otro puesto de gobierno.
BOLIVIA OBLIGA A REPSOL, TOTAL Y PETROBRAS A PAGAR UN TRIBUTO ADICIONAL DEL 32 POR CIENTO
El Gobierno de Evo Morales ha ordenado a las principales petroleras extranjeras que operan en el país que paguen un impuesto adicional del 32 por ciento que irá destinado a la capitalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), actualmente en crisis entre acusaciones de corrupción. Esta medida afectará a la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total. Las compañías están afectadas por esa disposición dada su condición de accionistas de los dos grandes campos de gas San Alberto y Sábalo, sometidos al tributo adicional por el decreto de nacionalización.
Libertad Digital de España (www.libertaddigital.com)
Las tres empresas deberán hacer en conjunto un primer pago del impuesto de aproximadamente 30 millones de dólares a más tardar este viernes, según una portavoz del Ministerio de Hidrocarburos citado por el rotativo local El Mundo. Según la resolución 202/2006 del Ministerio de Hidrocarburos, esos recursos irán a la petrolera estatal YPFB, que ha tenido dificultades financieras y operativas para tomar el control total de la cadena productiva del sector, como estipuló el decreto del 1 de mayo.
El pago de esta semana, que corresponde al tributo adicional por el mes de mayo, irá a YPFB con cargo a una futura conciliación y estará seguido de otros cuatro similares, según un cronograma que se extiende hasta el próximo 2 de octubre, explicó el citado diario. Fuentes del sector dijeron que la orden, emitida a través de una resolución oficial publicada el lunes aunque aprobada el viernes pasado, fue notificada a todas las empresas del sector.
En ese contexto el gerente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Yussef Akly, dijo en declaraciones a una emisora de radio local que las compañías "son respetuosas de la normativa". De salir adelante este nuevo impuesto, sus beneficios para el Estado será el primer resultado económico directo de la nacionalización de la industria de hidrocarburos decretada por Morales como una de las medidas clave para acelerar el crecimiento del país más pobre de Sudamérica.
REPSOL-YPF EN BOLIVIA: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR
Rebelión (www.rebelion.org)
Alberto Montero Soler
Los problemas de Repsol-YPF con la justicia boliviana llevan camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. Pero es que difícilmente podría ser de otra forma.
Acostumbrada a la más absoluta impunidad en sus actuaciones, la empresa transnacional se ha encontrado, desde la llegada al poder de Evo Morales, con un cambio de escenario radical si se tiene en cuenta aquél en el que estaba habituada a operar. Ese cambio, pernicioso para la compañía pero lógico en un contexto de normalidad democrática, no es más que el derivado de la demanda de aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias por parte del actual gobierno boliviano ante las actuaciones de cualquier empresa que desarrolle su actividad en el país, siempre que existan sospechas fundadas de que ésta hubiera cometido algún delito y, tanto más, cuanto que el mismo pudiera afectar al interés general.
Y es que, hasta ahora, las tropelías de las empresas transnacionales habían escapado a la persecución de la ley como consecuencia de la sangrante dejación de funciones y la manifiesta corrupción en la que incurrían algunos de los anteriores gobernantes de Bolivia.
Para no hablar en el vacío, valga recordar, por ejemplo, que tanto gobernantes bolivianos del más alto nivel como empresas transnacionales del sector de hidrocarburos presentes en el país actuaban en connivencia para beneficio mutuo y en perjuicio del país.
Me estoy refiriendo, claro está, al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Losada -obligado a renunciar por una revuelta popular en octubre de 2003 y reclamado actualmente por la justicia de su país- y su intento de que el gobierno boliviano firmara un contrato con la Pacific LNG, un consorcio de tres grandes transnacionales de los hidrocarburos (la British Gas, la Panamerican Energy y, ¡cómo no!, Repsol-YPF) para la exportación del gas boliviano hacia los Estados Unidos a través de Chile y México.
De ese proyecto, las referidas transnacionales esperaban ganancias multimillonarias, mientras que el Estado boliviano percibiría meras migajas.
Así, Edward Miller, presidente de British Gas, llegaba a afirmar que los ingresos previstos para las compañías serían cercanos a los 1400 millones de dólares anuales, mientras que las arcas públicas bolivianas sólo ingresarían entre 40 y 80 millones de dólares anuales. Por su parte, Repsol-YPF catalogaba esa inversión como la más ambiciosa que la compañía emprendería durante los próximos años en toda Latinoamérica.
De hecho, según las estimaciones empresariales, por cada dólar pagado al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalías, el consorcio obtendría unos 24 dólares. Además, el negocio era redondo si se tiene en cuenta que el gas pretendía venderse a Estados Unidos a 70 centavos de dólar (lo que significaba una regalía para Bolivia de tan sólo 12 centavos), en tanto que el precio del gas en boca de pozo en Estados Unidos ascendía, en esos momentos, a cinco dólares.
¿Puede alguien en su sano juicio plantear que la firma de un contrato de esa naturaleza era beneficiosa para el Estado boliviano? Y, si no lo era, ¿cómo podía su máximo mandatario firmar un contrato así si no se introduce en escena la sospecha de comportamientos manifiestamente corruptos? Y, si el presidente de un Estado firma un contrato que atenta contra los intereses del mismo y tras su actuación existe la sospecha de corrupción, ¿no hay también alguien que se encarga de corromperlo?
Porque, sorprendentemente, la atención suele fijarse en el corrupto, en quien recibe dinero y/o prebendas a cambio de contratos, licitaciones y oportunidades de lucro en menoscabo del bienestar colectivo pero, sin embargo, se suele olvidar al corruptor, al que paga el precio que fija el corrupto –o incluso se lo impone- y recoge posteriormente, y ya “limpios” tras su paso por los mecanismos del mercado, los beneficios de su actuación ilegal. ¿O es que éste carece de responsabilidades y sólo merece la reprobación moral?
Y, cuando estas sospechas aparecen, ¿dónde se encuentran los gobiernos que ahora defienden a las compañías transnacionales haciendo de ello razón de estado? ¿Por qué entonces no hablan de las razones, ocultas o manifiestas, que llevan a un gobierno a firmar contratos contra los intereses de su pueblo y sí saltan rápidamente a la escena pública cuando se inician investigaciones para determinar si alguna de ellas incurrió en uno de esos delitos? ¿En qué lugar se ubican nuestros gobiernos en esos momentos? ¿En el de los pueblos víctimas del latrocinio, quizás? O, ¿en el mucho más cómodo de las transnacionales corruptoras frente a las que, como única reacción, alzan su vergonzoso silencio?
El País no muerde la mano que le da de comer
Pues bien, afortunadamente, el escenario boliviano ha cambiado en los últimos meses. El cambio no es más que, por fin, el gobierno de ese país ha decidido actuar en beneficio de su pueblo y anteponer los intereses de éste a los de las empresas transnacionales que venían campando por sus respetos en el país.
Esto, que ni siquiera puede considerarse un cambio revolucionario y que no es más que lo que en cualquier manual de ciencia política se considera como una virtud del funcionamiento de las democracias y se ejemplifica aludiendo a las occidentales, es algo que sigue sin admitirse. Y no lo admiten ni las empresas transnacionales que operan en el país ni los gobiernos que, confundiendo los intereses de aquéllas con los nacionales, niegan al gobierno boliviano la posibilidad de acometer lo que están obligados a hacer en su propio país.
Porque lo que el gobierno de Evo Morales ha hecho no es más que recurrir al Ministerio Fiscal, a través de una denuncia promovida desde el Ministerio de Hidrocarburos, para que investigue una presunta estafa por venta irregular de gas entre Andina, la filial de Repsol-YPF en Bolivia, y Petrobras en el año 2002 y que habría generado un daño económico para el Estado de unos 150 millones de euros tras ajustar el precio del gas exportado a Brasil.
En el curso de la investigación judicial, -semejante a la que se hubiera emprendido en cualquier país en el que el Ministerio Fiscal recibiera una denuncia y, tras estudiarla, comprobara que existen motivos fundados para investigarla-, se procedió al registro de las oficinas de Andina, se incautó la documentación relacionada con dicho contrato, se arrestó provisionalmente al auditor de la compañía y, horas más tarde, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario.
Evidentemente, el hecho del allanamiento ha sido denunciado por la propia compañía y por los medios de comunicación internacionales como una operación “irregular y desproporcionada”. Como muestra, baste con leer la cobertura que le ha dado a la noticia el diario El País, fiel defensor de quien paga ingentes cantidades de dinero en insertar publicidad entre sus páginas, desde el pasado domingo 27 de agosto.
En efecto, el diario dedicaba dos portadas y, lo que es más significativo, un editorial (“De nuevo, Repsol”. El País, 28 de agosto) a la actuación de la justicia boliviana. En este último se alertaba sobre la persecución a la que era sometida la compañía en aquel país y se resaltaba el carácter conciliador del discurso del presidente Evo Morales aunque se contraponía a la referida persecución judicial, señalando la discrepancia entre el discurso de aquél y la actuación de la justicia boliviana.
En cualquier caso, lo más destacable de dicho editorial era el reconocimiento al gobierno boliviano de su derecho a tomar las decisiones económicas que considerara oportunas -¡faltaría más!- pero, al mismo tiempo, su advertencia de que esas decisiones deben respetar los contratos en vigor y, en su caso, que el Estado deberá satisfacer las indemnizaciones “dictadas eventualmente por los tribunales”.
No me negarán que resulta curioso el hecho de que El País reconozca la capacidad y soberanía de los tribunales para dictar sentencias que establezcan indemnizaciones pero, al mismo tiempo, les niegue la potestad para investigar las denuncias contra la compañía.
Pero, igualmente, también resulta sorprendente el silencio de El País sobre el hecho de que el registro de la sede de Andina obedeció a que, como señalaron los fiscales que llevan el caso, la compañía se había negado a entregarles la documentación que se les había solicitado.
Y este silencio hay que calificarlo de sorprendente, cuando no de malintencionado, si se tiene en cuenta que ese “pequeño” detalle sí que había sido publicado en La Razón, periódico boliviano perteneciente, al igual que El País, al grupo PRISA (“Fiscales allanan las oficinas de la petrolera Andina”. La Razón, 26 de agosto). ¿Falla la comunicación entre empresas de un mismo grupo y dedicadas a una misma actividad: la información “veraz”? ¿O será que interesaba tergiversar la realidad para, así, respaldar la imagen mantenida por los responsables de la compañía de que la actuación de la justicia boliviana fue “desproporcionada”?
¿Qué pretendían esos directivos que hiciera la justicia boliviana? ¿Arrodillarse ante las puertas de la empresa y suplicar que les entregaran los documentos solicitados? ¿Actúa así la justicia española, por ejemplo, cuando reclama documentos a una empresa para iniciar una investigación? Y, si actúa al igual que la justicia boliviana, ¿por qué aquí se aceptan esas acciones como un episodio normal en el curso de una investigación en la que el investigado se niega a colaborar y, sin embargo, con respecto a aquélla se tacha su actuación de “desproporcionada”?
Es más, si no hay nada que ocultar y todo se ajusta a derecho, como afirma la compañía, ¿por qué Andina no colabora con la justicia? ¿Por qué los únicos casos de registro se han producido han tenido como protagonista a esta compañía cuando existen otras transnacionales que también operan en el país? ¿No será que, por alguna razón ignota, su grado de impunidad era proporcional a la magnitud de su importancia en el sector de hidrocarburos?
El comunicado de Repsol-YPF: entre amenazas y silencios interesados
Ante todas esas preguntas, la respuesta de la empresa transnacional ha sido la emisión de un comunicado que raya en lo esperpéntico habida cuenta del historial de denuncias que carga a sus espaldas en Bolivia.
De entrada, califica el registro del Ministerio Fiscal de injustificado y, convirtiéndose en juez y parte, no duda en afirmar “que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional”. Pero, casualmente, este juicio se sustenta sobre el ocultamiento de la misma circunstancia que silenció El País: que previamente la empresa se había negado a aportar la documentación y sólo lo hizo cuando el registro ya era efectivo. Singular coincidencia en los silencios, ¿no les parece?
Pero, además, ¿hubiera calificado la opinión pública de “injustificado” un registro tras conocer que la empresa se negó a entregar los documentos requeridos en tiempo y forma?
A continuación, y en un tono amenazador intolerable, advierte de su disposición a emprender acciones legales “si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía”. ¿Y por qué si considera que se han vulnerado sus derechos no las emprende ya? ¿Por qué no denuncia ante los tribunales bolivianos la persecución a la que, presuntamente, se ve sometida por el gobierno si considera que ésta existe y tiene pruebas para argumentarla? O, lo que es más curioso: si desconfía de la imparcialidad de la justicia boliviana, ¿por qué amenaza con “ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados”?
Finalmente, no termina ahí el desbarre del comunicado, sino que Repsol-YPF también se permite afirmar que estas medidas, ejecutadas por el poder judicial boliviano en el absoluto ejercicio de su independencia respecto al resto de poderes del Estado, en nada coadyuvan a las negociaciones que desarrollan gobierno y empresas del sector en el marco del proceso de nacionalización.
En este caso, Repsol-YPF confunde los planos de la realidad y considera que, por el hecho de estar inmersos en ese proceso de negociación, goza de impunidad retroactiva y que, en consecuencia, las autoridades judiciales deberían cesar cualquier investigación sobre los delitos que la empresa hubiera cometido en el pasado. ¿Se puede plantear mayor desfachatez?
Evo Morales vuelve a dar lecciones de democracia
En definitiva, lo que está ocurriendo en Bolivia con Repsol-YPF no es más que la consecuencia lógica de la vergonzosa actuación que la compañía ha tenido durante los años que lleva operando en el país.
El clima de impunidad en el que se había desenvuelto hasta la llegada al poder de Evo Morales se ha quebrado definitivamente y está sacando a la luz los platos rotos que yacían bajo la alfombra y los atropellos que hasta ahora se resolvían con el silencio.
Al mismo tiempo, nuestros gobernantes -los que aún no han comprendido que una empresa transnacional carece, por definición, de nacionalidad-, se convierten en cómplices de las tropelías cuando acuden, cual serviles lacayos, a presionar al gobierno boliviano para que cesen con lo que ellos consideran como un comportamiento hostil y poco conciliador.
Y es ahí cuando se encuentran frente al hombre que, con palabras mesuradas, les ofrece la única respuesta que cualquier gobernante realmente demócrata puede ofrecer: la justicia boliviana es independiente y el gobierno no puede ni debe interferir en su actividad. ¡A ver si vamos aprendiendo!
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión.
BOLIVIA REDOBLA EL ACOSO A REPSOL Y ADVIERTE QUE PODRÍA ACUSARLA DE SAQUEAR SUS RESERVAS
ABC de España (www.abc.es)
Sólo unas horas después de que el ministro Moratinos y la vicepresidenta Fernández de la Vega «tranquilizaran» a Repsol y anunciaran a bombo y platillo haber recibido «garantías» por parte de Bolivia de que la empresa no sería avasallada en el previsto proceso de nacionalización de los hidrocarburos en el país andino, el viceministro de Hidrocarburos boliviano, Julio Gómez, volvió a atizar la hoguera del enfrentamiento con la petrolera española.
«El Gobierno no va a aceptar estas bravuconadas», afirmó el viceministro al referirse a la intención de Repsol de acudir a la justicia, al tiempo que advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a «estrados internacionales» para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que «saquearon» el país en complicidad con «gobiernos carroñeros».
Estas manifestaciones se convirtieron, por tanto, en la respuesta pública oficial boliviana al anuncio de Repsol de que podría acudir a instancias jurídicas internacionales para defenderse del acoso al que las autoridades del país andino la están sometiendo desde hace meses y que culminó el pasado viernes con un nuevo registro de las instalaciones de su filial, Andina, y el arresto domiciliario de su auditor.
Por su parte, el fiscal que desde el pasado viernes se ha convertido en el azote de los intereses de Repsol en Bolivia manifestó ayer que en sus actuaciones no hay ninguna persecución hacia la petrolera española sino que se limitan a Andina, a la que acusa de haber contratado a bajo precio con Petrobrás el suministro de gas.
Repsol es propietaria de más del 50% de Andina en este momento, aunque el decreto de nacionalización obliga a que a medio plazo la mayoría del capital sea controlada por el estado boliviano a través de YPFB.
La multinacional hispanoargentina mantuvo ayer la postura de silencio absoluto respecto de su enfrentamiento con el gobierno boliviano, remitiéndose de nuevo al comunicado del pasado domingo, en el que además de denunciar el acoso al que está siendo sometida, mantenía su oferta de diálogo y total cooperación con las autoridades bolivianas, a pesar de la desconfianza que le supone la inseguridad jurídica en la que se encuentra en el país andino.
Tibieza oficial española
Fuentes del mercado petrolero internacional consultadas por ABC subrayaron ayer la difícil posición en la que se encuentra la petrolera española en el país andino, «con reglas del juego que cambian de un día para otro» y sometida a una presión que «tiene más que ver con la política y la propaganda que con la economía». Estas fuentes se extrañaron del débil apoyo que la diplomacia española está prestando a Repsol y de la tibieza de las reacciones frente al gobierno boliviano por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, para concluir subrayando que «otros países actúan de forma mucho más eficiente cuando sus empresas se encuentran en problemas en países teóricamente amigos».
Sin embargo, no fueron las declaraciones de Gómez la única novedad del día en el agitado sector petrolero boliviano.
Así, el presidente del país, Evo Morales, acordó la destitución del presidente de la petrolera estatal (YPFB), Jorge Alvarado, y su sustitución por Juan Carlos Ortiz. La destitución, no obstante, tiene poco que ver con los acontecimientos que rodean a Repsol, ya que Alvarado se enfrenta a acusaciones por corrupción.
El nuevo presidente, Juan Carlos Ortiz, tendrá bajo su responsabilidad acelerar el proceso de nacionalización del sector de hidrocarburos y, curiosamente, se trata de un experimentado ejecutivo de empresas petroleras, destacando especialmente en su currículum su paso por la brasileña Petrobrás, el mayor inversor extranjero en Bolivia y afectado de lleno, como Repsol, por el proceso de nacionalización de todos los activos petroleros y de gas en el país tras la llegada al poder de Evo Morales.
¿Halcón o paloma?
A pesar de este currículum, las fuentes del mercado petrolero internacional consultadas por ABC señalaron ayer que aunque no es un recién llegado al sector, en su faceta política se ha mostrado más como un halcón que como una paloma y ha asumido las tesis más intervencionistas respecto al sector petrolero boliviano, por lo que habrá que esperar a sus primeras actuaciones para saber si su llegada a la presidencia de YPFB supone un cambio cualitativo o no en la actual situación.
En cualquier caso, Ortiz será el encargado de pilotar desde el terreno de la práctica la nacionalización de los activos petroleros bolivianos, una cuestión en la que Alvarado se había mostrado totalmente ineficaz, ya que YPFB ha sido hasta el momento incapaz de asumir el control de la producción de gas y petróleo y sustituir en este cometido a Repsol y Petrobras.
Estas fuentes destacaron que la sustitución de Alvarado por Ortiz se hizo coincidir en el tiempo con un nuevo anuncio del gobierno boliviano que ha pasado algo más inadvertido pero que es igualmente significativo y ése no es otro que el anuncio de que las compañías petroleras extranjeras con implantación en el país tendrán que pagar un impuesto especial con el que el Estado boliviano quiere recaudar en conjunto 30 millones de dólares y el pago debe hacerse como muy tarde pasado mañana.
BOLIVIA AMENAZA AHORA A REPSOL CON DENUNCIARLA POR «SAQUEO»
La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)
Después de que el pasado fin de semana el presidente de Bolivia, Evo Morales, se comprometiera con el Ejecutivo español a buscar soluciones a la crisis con Repsol, y de que el mandatario expresara a la vicepresidente su deseo de que la empresa se quede en el país, ayer el viceministro de Hidrocarburos del Estado andino, Julio Gómez, amenazó a la petrolera con llevarla a los tribunales internacionales por «saquear» los recursos naturales del país.
Es la respuesta de Bolivia al comunicado emitido el pasado domingo por la empresa presidida por Antonio Brufau, en el que anunciaba que está dispuesta a ejercer acciones legales si continúa la «injustificada y reiterada persecución judicial» contra ella. Al mismo tiempo, denunció que el registro de las oficinas de Andina constituye una «medida impropia de un Estado de derecho y del respeto al orden jurídico constitucional». La compañía también expresó su preocupación por «la falta de seguridad jurídica» que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, considera «muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia».
«No vamos a aceptar estas bravuconadas», afirmó ayer el viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, quien aseguró que el Estado andino también puede recurrir a «estrados internacionales» para exigir a las empresas extranjeras una indemnización por los años en los que «saquearon» el país con la complicidad de «Gobiernos carroñeros».
AcusaciónLa Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol de pactar con la brasileña Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para las arcas públicas.
En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, síndico de la compañía, quien tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, aunque deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar «su fuga» para obstaculizar la investigación.
El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aclaró el pasado domingo que su departamento no ha tenido «ninguna participación» en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Evo Morales también ha asegurado que su Gobierno «jamás» se entrometerá en la labor de los otros poderes del Estado.
NUESTRO FUTURO ENERGÉTICO ES EL SOL, NO EL URANIO
Los líderes del mundo están entusiasmados otra vez con la energía nuclear. Pero es cara e insegura y lleva insumos que se agotarán en breve.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La energía nuclear vuelve a estar de moda. En la reciente cumbre del G8 en San Petersburgo, el presidente estadounidense George W. Bush y el presidente ruso Vladimir Putin anunciaron un acuerdo amplio para cooperar en la rápida "expansión de la energía nuclear en todo el mundo" y pidieron a otros países que los siguieran. Bush sostiene que la futura seguridad energética de Estados Unidos y del mundo estará supeditada al aumento de la dependencia de la energía nuclear. Una tecnología que durante años sufrió ignominiosamente en el purgatorio científico ha sido resucitada. Ahora, ante los costos en alza del petróleo en los mercados mundiales y el calentamiento global, se levantó el velo que cubría a la energía nuclear. Esta tecnología fue prácticamente sometida a un lifting y es saludada por algunos como la mejor energía para una era sin petróleo.
Pero antes de dejarnos arrastrar por el entusiasmo, deberíamos analizar las consecuencias que tendría renuclearizar el mundo.
Primero, la energía nuclear es imposible de solventar. Con un precio mínimo de 2.000 millones de dólares cada una, la nueva generación de plantas nucleares sigue siendo un 50% más cara que volver a poner en funcionamiento plantas de energía alimentadas con carbón, y mucho más cara que construir plantas de gas. El costo de duplicar la electricidad generada por energía nuclear en Estados Unidos podría exceder el medio billón de dólares. En un país que ya enfrenta una deuda récord, tanto pública como de los consumidores, ¿de dónde procederá el dinero para construir una nueva generación de plantas nucleares?
Si los líderes políticos del mundo están decididos a seguir adelante con la energía nuclear, tendrán que reconocer que los consumidores pagarán ese precio en impuestos más altos para sustentar los subsidios públicos y facturas mensuales de electricidad más altas.
En segundo lugar, llevamos 60 años de energía nuclear y nuestros científicos e ingenieros todavía no saben cómo transportar, eliminar y almacenar de manera segura los desechos nucleares. El resultado es que las barras de combustible apagado se amontonan en instalaciones nucleares de todo el mundo.
En Estados Unidos, el gobierno nacional invirtió más de US$8.000 millones y 20 años en erigir lo que es en principio una sepultura subterránea hermética excavada en lo profundo del Monte Yucca en Nevada para contener material radioactivo. La bóveda fue diseñada para no filtrar durante 10.000 años. Lamentablemente, la Dirección de Protección Ambiental ya admite que la instalación de almacenamiento subterráneo filtrará.
Tercero, según un estudio realizado en 2001 por la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) sobre disponibilidad de uranio, los recursos de uranio conocidos podrían no alcanzar para satisfacer las necesidades ya en 2026, en el caso de una elevada demanda, y en 2035, en el caso de una demanda intermedia. Por supuesto, nuevas exploraciones podrían llevar al descubrimiento de otros depósitos y los nuevos avances tecnológicos podrían reducir las necesidades de uranio, pero, tal como están las cosas actualmente, dichas posibilidades son puramente especulativas.
Cuarto, la perspectiva de construir cientos e incluso miles de plantas nucleares en una época en que se difunde el terrorismo islámico es errática. Por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte del mundo están aterrados ante la mera posibilidad de que un solo país, Irán, pueda recurrir al uranio enriquecido de su programa para construir plantas nucleares, y usar el material para desarrollar una bomba nu clear. Por el otro, muchos de esos mismos gobiernos están ansiosos por difundir plantas nucleares en el mundo entero. Esto significa uranio y desechos nucleares apagados en tránsito por doquier y su acumulación en instalaciones improvisadas, en muchos casos, cerca de zonas urbanas densamente pobladas.Por último, la energía nuclear representa el tipo de tecnología altamente centralizada y deficiente de una época ya superada. En una era de tecnologías distributivas que están debilitando las jerarquías, descentralizando el poder y dando lugar a redes y modelos económicos de fuente abierta, la energía nuclear resulta anticuada.
La energía nuclear fue en gran medida una creación de la Guerra Fría. Representó una concentración masiva de poder y reflejaba la geopolítica de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy, sin embargo, la geopolítica del siglo XX enfrenta la emergente política de la biosfera del siglo XXI. El mundo se está aplanando.
En todas partes, nuevas tecnologías están dando a todos las nuevas herramientas que necesitan para ser participantes activos en un mundo interconectado. La energía nuclear, por el contrario, es una energía de elite, controlada por unos pocos. En una era en que "el poder para la gente" ha pasado a ser un mantra entre los pobres y los desfavorecidos del mundo, la energía nuclear es una reliquia. Su resurrección nos hace retroceder en el tiempo.
Deberíamos en cambio llevar adelante un esfuerzo agresivo para poner en funcionamiento toda la gama de tecnologías descentralizadas renovables —energía solar, eólica, geotérmica, hidroenergía y biomasa— y establecer una infraestructura de almacenamiento de hidrógeno con el fin de asegurar un suministro constante, ininterrumpido de energía para nuestras necesidades de electricidad y transporte. Nuestro futuro energético común está en el sol, no en el uranio.
TENSION EN BOLIVIA : INCIDENTES DE VIOLENCIA EN TODA BOLIVIA
EVO MORALES ENFRENTA LA PEOR OLA DE PROTESTAS DESDE QUE ASUMIÓ
Pararon los choferes de ómnibus de pasajeros. Y los maestros. Hay, además, duros reclamos de distintas provincias por la nacionalización del gas. El Gobierno desplegó una fuerte presencia policial en las calles.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La Paz amaneció ayer en silencio. En lugar del tránsito alocado que cada día invade esta ciudad a 3.600 metros de altura, las calles estaban prácticamente vacías. Una huelga de choferes hizo desaparecer a los clásicos minibuses que llevan a una docena de pasajeros apiñados. Cientos de personas tuvieron que caminar cuadras y cuadras. También los maestros iniciaron una protesta por 48 horas, y esto generó una marcha de los padres de familia, que aquí están organizados, y salieron ruidosamente a las calles a pedir que sus hijos puedan volver a las aulas.
Con mucha Policía en las calles y algunos incidentes aislados, el presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrentó ayer la jornada de protestas más fuerte desde que asumió, en enero. Anoche, el gobierno salió a intentar frenar parte de los conflictos y tuvo éxito en lograr que los choferes desistan de extender su huelga otro día. Pero los efectos del paro fueron muy duros.
En una placita sobre los cerros de la humilde zona norte de La Paz, muy cerca del límite con la ciudad de El Alto, Angela Yugra, de 24 años, con su beba de seis meses arropada en un "aguayo" colgado de su espalda, tomaba un helado de frutilla, sentada en un banco, poco después del mediodía. "Tuvimos que llevar a la niña al hospital caminando, desde El Alto hasta el centro de La Paz. Nos llevó casi dos horas, porque no había transporte", contó a esta enviada. "Estamos descansando señorita, ahora tenemos que volver a caminar", agregó su mamá, Albi, con otro vasito de helado.
"Soy vendedora ambulante, vendo pastillas en El Alto, pero hoy no fui. Como no hay movilidad no hay nadie comprando", se quejó Albi. A pocas cuadras, en una de estas angostas y empinadas callecitas que llevan hacia El Alto, Lucio Calle conversaba con un vecino en la puerta del taller donde arregla aparatos eléctricos. "El paro de transporte nos ha afectado mucho. No han venido clientes. Vivimos a diario de esto y hoy prácticamente no hemos tenido ingresos", comentó.
En la autopista que lleva hasta El Alto se veían ayer decenas de personas caminando por las banquinas, muchos a paso lento, resignados. Para evitar posibles incidentes con los transportistas, que a la mañana arrojaron algunas piedras a los pocos micros que circularon, la Policía desplegó un gran operativo de seguridad. En el peaje de la autopista se veían decenas de agentes con sus uniformes verdes, mientras de unos pocos minibuses bajaban pasajeros que tuvieron la suerte de conseguir un asiento.
El paro también se cumplió en otras ciudades, pero con menos repercusión, según mostraban anoche los noticieros locales. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia rechaza el cobro de multas indexadas al valor del dólar y el pago por la inspección técnica de los vehículos de servicio público. Los maestros, uno de los gremios más combativos, protestan contra la ley de educación del gobierno y piden la renuncia del ministro Félix Patzi.
El gobierno enfrenta múltiples reclamos. En la rica región de Santa Cruz, el comité cívico que agrupa a los empresarios —una importante fuerza opositora aunque no se enmarque en un partido— desistió de ir a un "paro cívico", pero advirtió que vigilará al gobierno en la anunciada reforma agraria y el manejo de la Asamblea Constituyente.
El departamento de Tarija, que alberga la mayor reserva de gas, hizo una huelga de 24 horas en solidaridad con comerciantes de la frontera con Argentina, afectados por medidas aduaneras restrictivas que llevaron al corte del suministro de gas al norte argentino el lunes (ver "Se restableció..."). A la vez, el comité cívico de Chuquisaca, en el sudeste del país, hará hoy un paro contra el gobierno, al que acusan de desatender la región, se informó.
El Gobierno, que además enfrenta serios cuestionamientos de la oposición por la nacionalización del gas, denunció que detrás hay "intereses políticos".
"Se están abriendo muchos pequeños frentes contra el gobierno, se están sumando fuerzas descontentas, pero hasta ahora se ha podido negociar —interpretó la analista Jimena Costa—. Aunque su popularidad bajó en las encuestas, Evo Morales tiene todavía apoyo".
LO DIJO EL VOCERO DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN ASUNCION
"NO QUEREMOS UNA BASE MILITAR EN PARAGUAY"
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Bruce P. Kleiner, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Asunción, dijo ayer a Clarín que Washington no tiene intención de establecer una base militar en Paraguay.
"Hemos aclarado innumerables veces que no existe intención alguna de establecer una base militar en ningún lugar del Paraguay. Tampoco los Estados Unidos de América tienen intención alguna de apostar soldados estadounidenses por un período indeterminado de tiempo en el Paraguay", precisó.
Kleiner fue consultado por Clarín sobre la inauguración el 22 de agosto pasado de una base antidrogas con financiación de la DEA y del Departamento de Estado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a escasa distancia de la frontera entre esa ciudad paraguaya, distante a 550 km al noreste de Asunción y la brasileña Ponta Porá. El sitio es considerado como epicentro del narcotráfico y del tráfico de armas y trampolín para su distribución hacia el Mercosur, EE.UU. y Europa.
James Cason, el embajador norteamericano, reveló que Estados Unidos donó fondos por valor de 250.000 dólares para la creación de esa oficina y 100.000 dólares adicionales para la reparación de dos helicópteros, además de 98.000 dólares para construir una pista para helicópteros en la base antidrogas.
Al habilitar el complejo, Cason dijo que la creación de la nueva oficina "pondrá a los narcotraficantes en alerta". Paraguay irá a la ofensiva para tomar medidas represivas contra los narcotraficantes y devolver nuevamente esta ciudad a sus ciudadanos honestos y obedientes de las leyes. Las comunidades en donde narcotraficantes operan libremente, tienen también tendencia a sufrir altos niveles de crimen y violencia", agregó, dejando entrever el escaso control que existe en la frontera seca. Pedro Juan Caballero (PJC) está dividida por una avenida de Ponta Porá y, tradicionalmente, brasileños y paraguayos viven indistintamente de un lado o del otro del límite territorial.
Ante las suspicacias generadas por la posibilidad de que Estados Unidos haya creado una base militar encubierta, el vicepresidente de Paraguay Luis Castiglioni ironizó: "hay personas que sufren de alucinaciones, que ven bases militares norteamericanas en cualquier parte".
Mercedes Castiñeira, vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dijo que la base está en condiciones de albergar a más de medio centenar de agentes, que serán entrenados por especialistas de Estados Unidos y de Brasil. Dijo que la sede de PJC será la base de los operativos de represión, especialmente de los cultivos de marihuana de la región, considerada la de mejor calidad en el mundo cuya destrucción, solamente este año, alcanzó a 3.500.000 kilos. "No es una base militar. Los militares tienen su propia base", subrayó.
Domingo Laíno, otrora duro opositor al gobierno del dictador Alfredo Stroessner, actual senador del Partido Liberal no descartó sin embargo que la donación norteamericana no sea "gratuita" porque "puede encubrir otro tipo de bases".
"El propio vicepresidente Luis Castiglioni se fue a Washington el año pasado a ofrecer el Paraguay para que Washington insta le agencias de la CIA o del FBI. Esta donación para la base antidrogas les costó medio millón de dólares en una zona muy pobre del país. Llama la atención", reflexionó. Laíno dijo no creer que exista tanto interés de Estados Unidos por la lucha antidrogas en el Paraguay o la lucha antiterrorista del gobierno de George W. Bush con su punto de mira en la Triple Frontera: " Lo único que resta pensar es que ellos estén buscando abrir brechas militares en América latina".
PREOCUPA LA CRISIS ENERGÉTICA
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
No es ningún secreto que hay una crisis energética al doblar de la esquina para Argentina, si no hace más por incrementar el suministro. Por eso es una buena noticia que el gobierno planee invertir US$ 3,5 millardos en revitalizar su sector de energía nuclear, incluyendo el completamiento de la planta Atucha II, en la provincia de Buenos Aires, que ha estado languideciendo, sin terminar, durante 25 años.
Pero eso no es suficiente para resolver los grandes problemas energéticos de Argentina, que son compartidos por Chile, que importa su gas natural de Argentina y es el primero en sufrir reducciones cuando la demanda supera al suministro, como ya ocurrió este invierno. La energía nuclear representa actualmente solo 7% de la electricidad generada en Argentina, con la mayor parte del resto producida por termoeléctricas e hidroeléctricas. Los planes de impulsar estos sectores como de expandir la capacidad de la presa Yacyretá compartida con Paraguay, también tienen que ponerse en marcha.
Además, la inversión seriamente descuidada en la exploración y desarrollo de petróleo y gas son esenciales para la viabilidad del sector a largo plazo. Igualmente, la ley de hidrocarburos y las negociaciones estancadas de los contratos de concesión a las compañías de energía después de la crisis económica de 2001-2002. La construcción de un gasoducto con Bolivia es otro proyecto importante que tiene que tomarse en cuenta.
Hay mucho que hacer, pero no mucho tiempo para lograrlo: la capacidad de generación de energía ya está muy tensa, pero la economía argentina sigue creciendo a tremenda velocidad.
Pero eso no es suficiente para resolver los grandes problemas energéticos de Argentina, que son compartidos por Chile, que importa su gas natural de Argentina y es el primero en sufrir reducciones cuando la demanda supera al suministro, como ya ocurrió este invierno. La energía nuclear representa actualmente solo 7% de la electricidad generada en Argentina, con la mayor parte del resto producida por termoeléctricas e hidroeléctricas. Los planes de impulsar estos sectores como de expandir la capacidad de la presa Yacyretá compartida con Paraguay, también tienen que ponerse en marcha.
Además, la inversión seriamente descuidada en la exploración y desarrollo de petróleo y gas son esenciales para la viabilidad del sector a largo plazo. Igualmente, la ley de hidrocarburos y las negociaciones estancadas de los contratos de concesión a las compañías de energía después de la crisis económica de 2001-2002. La construcción de un gasoducto con Bolivia es otro proyecto importante que tiene que tomarse en cuenta.
Hay mucho que hacer, pero no mucho tiempo para lograrlo: la capacidad de generación de energía ya está muy tensa, pero la economía argentina sigue creciendo a tremenda velocidad.
No comments:
Post a Comment