“El levantamiento y movilización indígena en Bolivia es un claro ejemplo de que aquellos grupos sociales que han sido excluidos de las esferas del poder, hoy comienzan a tener una representación política activa, pero sobre todo, sus acciones demuestran que son importantes agentes de transformación social”, puntualizó el doctor Antonio Fuentes Díaz, Profesor Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.
El Académico enfatizó que tradicionalmente se han presenciado movimientos obreros, de sindicatos y de ciudadanos en general que tienen un enfoque político, sin embargo, los grupos indígenas presentan nuevos desafíos que generan un contexto diferente que debe ser estudiado para entender las circunstancias en las que emergen.
Este análisis sobre Bolivia puede ser consultado en el libro “Los Ritmos del Pachakuti: Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005), de la autora Raquel Gutiérrez Aguilar, egresada del Doctorado en Sociología de la BUAP; texto que contiene un profundo material de investigación que fue presentado esta tarde en la Casa de la Aduana Vieja.
“Surgió una oleada de movilizaciones, entre las más representativas están la guerra del agua y del gas, cuyo trasfondo era la defensa de recursos naturales y del patrimonio comunal, esto implicó una rearticulación del sistema político e inclusión en la representación de ciudadanos que resultan afectados y están excluidos en el esquema político del momento”, agregó Fuentes Díaz.
Abundó que en el contexto latinoamericano es a partir de los noventa cuando se vive una efervescencia política de ciudadanos que no habían sido considerados como agentes de transformación social; “estas nuevas figuras políticas que están emergiendo implican un desafío al rol del poder instituido en términos de la dominación colonial blanca, que desde la historia se tiene conocimiento”.
Señaló que este tipo de movimientos se caracterizan por ser un acto de descolonización, es decir, tratar de dejar atrás esa herencia de los sistemas de castas que se tenían en la época Colonial, mismas que establecían diferencias raciales, sociales y de tipo cultural y político.
El Investigador de la BUAP añadió que sin duda se siguen viviendo procesos de colonialismo, principalmente de poder y un ejemplo de ello es el racismo oculto; “esas prácticas en Bolivia fueron impugnadas desde la movilización social y al momento que llegaron representantes de comunidades indígenas a las esferas del poder; por tanto esto implica un desafío a la construcción del poder colonial en nuestras sociedades”.
EL PODER INDÍGENA BUSCA CONSOLIDAR POSICIONES EN BOLIVIA
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
La oposición boliviana busca un candidato de piel cobriza para hacer frente al presidente Evo Morales Ayma en las elecciones generales de diciembre próximo, las primeras dentro de la nueva Constitución Política del "Estado Plurinacional". El avance de las organizaciones indígenas en Bolivia es tan profundo que los candidatos criollos y sus partidos tradicionales no tienen muchas oportunidades de victoria en el futuro cercano.
Morales, líder de los productores de coca, combinó la lucha sindical y el discurso antiimperialista y masivos bloqueos de carreteras con la construcción de un instrumento político.
Aunque los indígenas bolivianos lograron algunas de sus reivindicaciones sociales y económicas en alianzas con políticos liberales y nacionalistas, desde el Manifiesto de Tiahuanacu de 1974 decidieron buscar el poder político con un partido propio.
Después de diferentes experiencias, en 1997 los cocaleros y otras organizaciones campesinas formaron el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSS), participaron con candidatos propios y obtuvieron sus primeras cinco diputaciones.
En 1999 aprovecharon la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) y desde entonces avanzaron sin tregua; en una década ganaron paulatinamente alcaldías rurales, curules parlamentarios, la segunda mayoría política nacional y desde enero de 2006 son gobierno.
Algunos analistas opinan que el poder de los pueblos originarios es más simbólico que real pues los avances más importantes, contenidos en la nueva Constitución, son la autonomía territorial indígena o la obligada práctica de lenguas nativas en toda la administración pública, sin que se tengan cifras de mejoras en ingresos económicos o en el Índice de Desarrollo Humano.
Pese a ello, muchos coinciden en que una fórmula sin rostro nativo tiene pocas opciones en este país de mayoría indígena, sobre todo en la zona andina, donde radica más del 56 por ciento de los votantes, y en el área rural, donde Morales gana con cifras cercanas al 90 por ciento.
Los tradicionales oponentes de Morales, los prefectos de la llamada "Media Luna" este-sur, no se animan a lanzar sus candidaturas sin un acompañante indígena. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró que no tiene planes de competir.
En el sur, el prefecto del departamento más rico en hidrocarburos, Mario Cossio, señaló que prefiere esperar. El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández está en la cárcel acusado de la masacre de campesinos en 2008 y el del Beni, Ernesto Suárez, no tiene ninguna chance. Sólo un político tradicional, el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes, se ha lanzado al ruedo electoral.
Contra Morales tienen opciones otros indígenas, entre ellos una mujer y antigua aliada suya. Sabina Cuellar es una campesina de origen quechua y fue la única candidata que pudo competir con el oficialismo para renovar la Prefectura en Chuquisaca.
Por el momento los únicos que han oficializado sus fórmulas son otros aymaras y quechuas, algo que hasta hace una década era impensable.
El candidato más fuerte es el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer aymara en ese cargo (1993 y 1997). Pedagogo, luchó por la educación bilingüe y por el rescate de las culturas precolombinas. No está de acuerdo con el estilo de Morales. "Es autoritario y ha olvidado su lengua materna", sentenció Cárdenas a tiempo de desafiar al presidente a un debate público en lengua nativa.
La familia del dirigente ha sufrido las consecuencias de esa oposición. Un grupo de activistas oficialistas atacó su vivienda a orillas del Lago Titicaca, zona tradicional donde nacieron los modernos movimientos indígenas andinos y donde Cárdenas formó a jóvenes universitarios dentro de llamado Movimiento Revolucionario "Tupac Katari" (MRTK), en homenaje al líder que en 1780 luchó por recuperar las tierras de comunidad.
Otro dirigente sindical histórico aymara tampoco apoya al presidente Morales, aunque aún ejerce influencia en las zonas andinas más combativas. Felipe Quispe fue camarada del actual vicepresidente Álvaro García Linera, pero considera que el académico traicionó los postulados revolucionarios del Ejército Guerrillero "Tupac Katari", por los cuales fueron apresados.
En la zona quechua, un dirigente agrario pidió la unión de los indígenas contra el actual presidente. Alejo Véliz es uno de los primeros parlamentarios de la nueva generación, heredero de los dirigentes del Valle Alto que en los años 50 se aliaron con el nacionalismo revolucionario en sus luchas por la Reforma Agraria.
El otro candidato es potosino. René Joaquino pasó su niñez y adolescencia en una comunidad indígena y logró formarse como abogado mientras trabajaba como albañil en la ciudad. Fue elegido concejal como muchos otros indígenas que avanzaron en puestos de poder político con la apertura que trajo la Ley de Participación Popular (1994) en más de 300 municipios urbanos y rurales. Es la candidatura más respaldada por las fuerzas empresariales de la "Media Luna".
El anuncio que causó más preocupación al oficialismo fue la candidatura de su otrora aliado el quechua y dirigente cocalero Ramón Loayza, quien fue compañero de lucha de Morales, amigo personal y el principal articulador del MAS en la Asamblea Constituyente.
Ninguna de esas candidaturas tiene una estructura como la del oficialismo, pero no deja de ser significativo que las próximas elecciones bolivianas tengan en primera fila a indígenas andinos o amazónicos, sin dejar mucho espacio a candidaturas de mestizos o blancos.
LOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS BUSCAN SER LOS PROTAGONISTAS DE SU PROPIO DESTINO
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
Han pasado casi 40 años desde la Declaración de Barbados, en la que se denuncia ampliamente el colonialismo y la represión de las poblaciones indígenas de América, con el objetivo de exterminarlas o asimilarlas, y se exige al Estado reconocer y garantizar la inviolabilidad de sus territorios, así como atender a sus comunidades, respetando sus culturas y entornos ecológicos, de modo que los indígenas sean "protagonistas de su propio destino".
No hicieron mucho los gobiernos al respecto, pues las necesidades económicas de los Estados avasallaron los derechos de las poblaciones originarias, pero los indígenas se convirtieron en protagonistas de su propio destino ya sea por su participación en la política nacional y su visibilidad internacional, o por su resistencia en defensa de los territorios que de manera creciente se ven afectados por la expansión de la frontera agrícola para monocultivo de soja, caña de azúcar o palma africana o por la intervención de compañías privadas con proyectos de explotación de madera, hidrocarburos o minerales.
La necesidad de etanol para el mercado de Estados Unidos ha convertido la cabeza de algunos gobernantes en caja registradora: en Brasil, Colombia, Guatemala, por ejemplo, se destinan grandes extensiones de territorios antes vírgenes para el cultivo intensivo de la materia prima para el etanol.
Las dos últimas décadas han sido particularmente importantes en la emergencia de los indígenas como movimientos sociales, con dirigentes que han saltado al escenario internacional. La simpatía de Europa por el tema ha constituido un espaldarazo para los indígenas que en sus propios países no gozaban del apoyo de la clase dirigente.
El Premio Nobel de la Paz otorgado en 1992 a la maya guatemalteca Rigoberta Menchú abrió la puerta para el reconocimiento internacional de las demandas indígenas. Y sin duda el fenómeno mediático del "Subcomandante Marcos" del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México -un político de la clase media urbana- y su salto al estrellato internacional visibilizó la situación de los indígenas de Chiapas.
Mucho ha cambiado en el escenario latinoamericano, y los ejemplos de líderes indígenas que llegan a posiciones de prominencia o poder son ahora varios, particularmente en países de mayoría indígena, como Guatemala, Bolivia o Perú.
En Bolivia, la Revolución Nacional de 1952 que eliminó el voto calificado y dictó una extensa reforma agraria fue la semilla de los cambios que se han vivido en años recientes, que llevaron en 1993 a la Vicepresidencia de la República al aymara Víctor Hugo Cárdenas, y el 2006 a la Presidencia al dirigente sindical de origen indígena Evo Morales.
En Guatemala los indígenas han ocupado ministerios en varios gobiernos democráticos, y se organizaron políticamente en torno a Rigoberta Menchú para competir por la primera magistratura del país, aunque con resultados muy diferentes a los de Bolivia.
Los gobiernos latinoamericanos han implementado políticas de protección, pero en muchos casos se trata de medidas que promueven procesos de asimilación antes que de fortalecimiento de las culturas originarias. La comunicación ha jugado un papel importante en esos proyectos desde el Estado, con fines diversos. No son lo mismo las radios locales que el Instituto Nacional Indigenista creó en la década de 1970 para promover las lenguas indígenas en una veintena de poblaciones de México, que la red de emisoras Patria Nueva, que le permite al gobierno de Evo Morales llevar el discurso oficial a todos los rincones de Bolivia. El tema del territorio apenas empieza a ser entendido en la región. Las reformas agrarias convirtieron al indígena en "campesino", para dotarlo de parcelas de tierra para cultivo de autosubsistencia una manera de ahorrarle al Estado la responsabilidad de alimentar y de generar fuentes de trabajo para toda la población- sin entender que tierra y territorio son conceptos muy diferentes.
Las comunidades indígenas de las zonas bajas de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y otros países de América Latina han sufrido el impacto de la expansión de la frontera agrícola y de grandes proyectos económicos, como la carretera transamazónica. En Perú los recientes enfrentamientos sangrientos en Bagua muestran que los indígenas no están dispuestos a entregar sus territorios a compañías que explotan minerales, petróleo o madera.
El desafío para los gobiernos es muy grande, ya que por una parte están obligados a respetar los derechos humanos y en particular los derechos indígenas, y por otra se ven ante la necesidad de crear nuevas fuentes de ingreso en base a los recursos naturales de que disponen, renovables o no renovables, que en muchos casos se encuentran en territorios habitados por comunidades indígenas.
A la par de la defensa del territorio y de los recursos naturales, los indígenas de América Latina reclaman carta de ciudadanía para sus lenguas y sus culturas. Algunos gobiernos han incorporado en la Constitución Política del Estado algunas lenguas indígenas como idiomas oficiales, Bolivia lo ha hecho con 36.
La enseñanza en lenguas indígenas durante los primeros años de aprendizaje es una recomendación de la UNESCO, cuyas investigaciones demuestran que se aprende mejor y más rápido en la lengua materna, antes de adquirir una segunda lengua que permita ampliar la esfera de comunicación con el mundo.
Para fortalecer sus lenguas y su cultura las comunidades indígenas acuden a instrumentos de comunicación y los adaptan a sus necesidades. América Latina es pionera en radios comunitarias rurales e indígenas, a través de las cuales expresan su identidad tanto las grandes naciones de quechuas, aymaras, mayas o guaraníes, como las comunidades indígenas más pequeñas y aisladas.
Toleradas en Perú, Bolivia o Ecuador, y algunas en México, las emisoras indígenas son en cambio perseguidas en Guatemala, donde se las declara "piratas" por presiones de los consorcios privados de medios. En Brasil se les niega licencia para operar o se las clausura cuando lo hacen ilegalmente.
Una cosa es cierta: no hay marcha atrás. Los indígenas latinoamericanos han comprendido que su sobrevivencia ya no depende de su invisibilidad y timidez; ya no son tiempos para mantener un perfil bajo y esconderse en los últimos rincones de las selvas tropicales cada vez más invadidas por la explotación irracional de recursos naturales.
Ahora quieren no solamente reivindicar la palabra "indio", antes peyorativa, sino también participar en las decisiones políticas que se toman en su nombre, y que afectan sus intereses culturales, sociales y económicos. En adelante los indígenas de la región están dispuestos a ofrecer su sangre, si fuera necesario, para defender su identidad.
LLEGA A BOLIVIA DESDE EEUU LUIS ARCE GÓMEZ, EX HOMBRE FUERTE DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR
El hombre fuerte de la última dictadura militar boliviana, el ex coronel Luis Arce Gómez, llegó este jueves al aeropuerto de La Paz, extraditado desde Estados Unidos para purgar una condena de 30 años por delitos contra los derechos humanos.
El ex militar de ejército, de 70 años de edad, llegó junto a sus custodios a bordo de una aerolínea comercial y fue entregado a las autoridades bolivianas, en medio de fuertes medidas de seguridad.
De barba blanca crecida y con gorra de lana, Arce Gómez descendió con dificultad las escalinatas de la aeronave que lo trajo de Miami y luego fue trasladado en una silla de ruedas hacia un vehículo blindado oficial que lo trasportó hacia una revisión médica en el mismo aeropuerto.
Luego, el ex militar "será entregado a juez competente para que el juez disponga su traslado al penal de Chonchocoro", en los Andes bolivianos, a unos 30 kilómetros de La Paz, dijo el subsecretario de Interior, Marcos Farfán.
El operativo policial se realizó en medio del crudo frío invernal y con 3 grados bajo cero, destacaron funcionarios de la terminal aérea de El Alto, a 12 km de La Paz.
Arce Gómez fue puntal de la dictadura del ex presidente de facto Luis García Meza, un general de ejército que gobernó con puño de hierro entre 1980 y 1981 y que también cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
El ex coronel de ejército fue extraditado al país tras cumplir condena en un penal de la ciudad estadounidense de Miami (sureste del país) por delitos de narcotráfico.
En Bolivia fue declarado rebelde y contumaz a la ley y condenado en ausencia por graves violaciones a los derechos humanos, alzamiento armado, organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato y genocidio.
El golpe de Estado militar del 17 de julio de 1980 desalojó de la presidencia a Lidia Gueiler Tejada, la única presidenta mujer de la historia de Bolivia.
A las órdenes de Arce Gómez, paramilitares montados en ambulancias asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y secuestraron y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos continúan desaparecidos hasta hoy.
Arce Gómez fue entregado a la justicia de Estados Unidos en 1989 por el ex presidente boliviano Jaime Paz con el compromiso de que una vez cumplida su condena en ese país sea devuelto a Bolivia.
Bolivia
MANUAL PARA FABRICAR ENEMIGOS
¿Qué gana uno de los países más pobres de América Latina cuando promueve conflictos con sus vecinos?
Cuba Encuentro (www.cubaencuentro.com)
La pugnacidad en la forma de manejar la política del gobierno de Evo Morales traspasa a menudo, de un modo u otro, sus fronteras. El tema incluye a vecinos como Paraguay, Perú, Brasil y Chile, y ahora, claro, a Honduras.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en clara intromisión en la política interna hondureña, echó más leña al fuego cuando exhortó a las fuerzas en pro de Manuel Zelaya a "ponerse en marcha" y "consolidar la victoria de la democracia nuevamente en Honduras".
Para castigar a quienes sacaron del poder a Zelaya, Morales propuso en la OEA un Tribunal Interamericano ad hoc, que no procesaría al empresario ganadero, por supuesto, que sí violó preceptos constitucionales.
Pero si en Cuba la pugnacidad de Fidel Castro se traslada a sus funcionarios y aplaudidores, no resulta raro que suceda también en Bolivia. Recientemente, una veintena de policías y civiles bolivianos violaron los límites paraguayos, por un lugar cercano a la localidad de Infante Rivarola, departamento de Boquerón, en Chaco.
Hubo que esperar más de dos semanas para que el Palacio Quemado aceptara la protesta paraguaya, y sólo entonces admitió que "entre el 16 y 17 de mayo un grupo de policías vestidos de civil y muñidos con sus armas de reglamento, incursionó en territorio paraguayo tras los pasos de un malhechor de esa nacionalidad acusado de perpetrar un robo en una hacienda boliviana".
El incidente obligó a Morales a viajar a Asunción —después de visitar La Habana— y poner una hoja de parra en diálogo con el mandatario Fernando Lugo.
No hay que perder de vista que el telón de fondo en las relaciones bilaterales es la inolvidable guerra territorial del Chaco, donde murieron, entre 1932 y 1935, 100.000 personas de ambos lados.
Pero si todo parecía zanjado, Bolivia no había entregado aún el 23 de junio pasado, a más de un mes de la violación territorial, al ciudadano paraguayo que fue arrestado en su país por fuerzas bolivianas, y esto a pesar de que el canciller Héctor Lacognata clamó: "No hay ningún justificativo ni desde el ámbito diplomático ni desde el ámbito legal que argumente una retención de este ciudadano en tierras bolivianas".
El canciller paraguayo añadió que la situación es "absolutamente a contramano a los tiempos y de buenas relaciones" que se están "viviendo entre las naciones de América del Sur".
Perú
El último ejemplo de pugnacidad contra Perú fue la medida de Morales de prohibir la venta de aceite comestible al país vecino, lo cual levantó la protesta del presidente Alan García, en el sentido de que aumentará el precio inmediatamente en su país.
Todavía, sin embargo, no se olvida la colisión de Morales con el ejecutivo peruano cuando calificó de "genocidio" la muerte de diez indígenas a causa de los enfrentamientos del pasado 5 de junio en Bagua, zona amazónica de Perú. Apresurado como tantas veces en descargar la descalificación, el jefe del Palacio Quemado quedó muy mal parado cuando se supo que los muertos entre la policía fueron 24, más del doble que entre los indígenas.
El acto intervencionista de Morales en el conflicto de la amazonía peruana perdió todavía más legitimidad cuando James Anaya, el relator especial de la ONU, afirmó que en lo ocurrido "no existen elementos" para hablar de genocidio.
Alan García llamó a la sazón a su embajador a Lima, Fernando Rojas, y no faltó quien aseguró, como el ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado boliviano, Hoz Vila, que "la situación Perú-Bolivia es gravísima".
"En 80 años, nunca habíamos tenido una situación así", subrayó.
Morales, que no admitió el error, se negó a ofrecer disculpas por su ex abrupto, algo que exigió el canciller peruano José Antonio García Belaúnde.
La respuesta del ex sindicalista fue realmente cantinflesca: "He estado escuchando a algún ministro de la hermana República del Perú que me dice que pida perdón, pero cuando se trata de defender la vida, no hay nada por qué pedir perdón", declaró.
El "genocidio" —habría que preguntarle a Morales—, ¿lo perpetraron los indígenas o la policía? ¿Cuáles vidas defendió él?
Chile
Una de las recientes declaraciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, no cayó muy bien en Chile. El funcionario dijo que no descarta la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de La Haya para dirimir con Chile una salida al mar.
Se sabe, sin embargo, que Chile no accederá a una salida por su territorio que incluya soberanía boliviana. Esto no es consecuencia de la política de la presidenta Michelle Bachelet, sino del sentir de muchos chilenos. Incluso un radical en pro del mar, como el ex presidente Carlos Mesa, admitió el alto costo político que significa "para un presidente chileno que otorgue soberanía".
Con tal actitud, el ejecutivo de Morales mira hacia Lima, que ya dirime límites marítimos con Santiago en el Tribunal Internacional. La mayoría de los observadores sostiene que Perú perderá. De tomar La Paz igual camino, Santiago, sencillamente, declarará al Tribunal incompetente.
Si el gobierno boliviano amenaza ahora con cerrar sus fronteras con Argentina, a causa de la influenza humana, que en el vecino ha contagiado a 100.000 personas, muchas coincidencias ideológicas han situado en un buen nivel las relaciones entre los dos países. Sin embargo, en su momento La Paz no dudó en poner trabas a su oferta de gas a Buenos Aires para que no lo revendiera a Chile.
Ya virtual presidente electo, Morales confirmó que si Chile "quiere diplomacia o gas, tiene que haber mar para Bolivia".
A pesar de las presiones sobre La Moneda de distintos sectores chilenos en contra de la aspiración boliviana, Bachelet habilitó una nueva terminal marítima, que se añade a otras dos existentes desde hace un siglo y por las cuales el país vecino puede exportar en términos de libre tránsito.
Según la agencia EFE, esto quiere decir "en un régimen jurídico que exime de tasas y contribuciones al paso de cargas de todo tipo y en todas las circunstancias". Morales y sus funcionarios no hablan, por supuesto, de los esfuerzos chilenos y condiciones creadas para las exportaciones bolivianas.
La nación austral, por su parte, da pasos para garantizar su autonomía energética, y ya culminó una de varias terminales marítimas para comprar gas natural en el mercado internacional.
En otra frontera del problema, la autonomía energética de Brasil, con yacimientos enormes encontrados en los últimos años, será sólo cuestión de tiempo. La Paz generó una crisis en Brasil cuando nacionalizó el petróleo e incrementó los precios del gas. Inversiones que Brasil planeaba entonces para Bolivia, cambiaron de destino.
Habría que preguntarse si gana o pierde Bolivia con su pugnacidad política, teniendo en cuenta que es uno de los países más pobres de América Latina.
ABOGADO INSINÚA QUE LUGO SABÍA DE LA VIOLACIÓN DE SOBERANÍA POR BOLIVIA
El defensor del Tte. 1° de Caballería Freddy González, Abog. Alberto Varessini, pidió que la Justicia Militar indague al presidente de la República, Fernando Lugo, al vicepresidente, Federico Franco, y al canciller, Héctor Lacognata, en el caso del incidente fronterizo de Infante Rivarola.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El dato fue confirmado por el mismo juez militar, Tte. Cnel. Rubén Aquino. La solicitud del abogado es un indicio de que las más altas autoridades paraguayas estaban al tanto de lo ocurrido en la frontera con Bolivia. El pedido guarda relación con el ingreso de policías militares de Bolivia a territorio paraguayo, el 17 de mayo último, en persecución de dos paraguayos.
El magistrado castrense dijo que el defensor del Tte. 1° de Caballería Freddy González, abogado Alberto Varessini, ha presentado un cuestionario solicitando la declaración por oficio del presidente de la República, Fernando Lugo; del vicepresidente, Federico Franco; y del canciller, Héctor Lacognata.
Sin embargo, según Aquino, el fiscal militar, Mayor Nelson Ruiz, “se opuso a la forma como presentó el defensor, entonces solicitó que se reformule la pregunta”, dijo. Explicó que se solicitó al abogado “que se base exclusivamente en lo que se está investigando en el sumario, que es el abuso de autoridad”. El juez militar justificó el pedido de reformulación “porque la cuestión diplomática no nos interesa”, dijo.
“O sea, no es que no interesa, sino lo que se está investigando no es lo que pasó entre el canciller y el presidente paraguayo y boliviano”, acotó.
Insistió que de acuerdo al pedido del fiscal militar se le solicitará al abogado Varessini que reformule la pregunta. La violación de la soberanía paraguaya se registró el domingo 17 de mayo, a las 13:15, aproximadamente, pero fue mantenido en “secreto absoluto” durante 17 días, hasta que el poblador de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Alejandro Cabrera, denunció lo ocurrido en la mañana del 3 de junio en la radio Pa’i Puku y en este diario. Recién a partir de ese momento, las autoridades políticas y militares se empezaron a movilizar. El denunciante es hermano de Miguel Angel Cabrera, cuya casa fue violentada en la estancia de Sabino Escobar, en persecución de los hermanos Roberto y Lorenzo Sosa.Otro indicio de que las autoridades estaban al tanto de lo ocurrido podría ser el hecho de que el presidente boliviano, Evo Morales, durante su visita al Chaco, el 12 de junio último, ni siquiera mencionó el suceso, y mucho menos pidió disculpas ante la población y los medios nacionales presentes en la ciudad de Mariscal Estigarribia.
El Tte. 1° de Caballería Freddy González soporta un sumario interno en la justicia militar, por abuso de autoridad y falta contra la disciplina militar. Mientras, el fiscal de Boquerón, Alan Schaerer, le investiga por extrañamiento de personas, a raíz de la detención del compatriota Roberto Sosa, capturado y trasladado ilegalmente por la policía militar boliviana de Villa Montes.
Sosa fue liberado el 18 de junio en la frontera, mientras que su hermano, Lorenzo, sigue desaparecido.
BOLIVIA PIDE TIEMPO EN LA CÁRCEL DE EXTRAÑO MUNDO FRECUENTADO POR LOS TURISTAS
Los turistas que una vez brided a gawk, tienda, cenar e incluso hacer las drogas están prohibidas en la cárcel, mientras que los reclusos familias también se enfrentan a la expulsión
The Guardian de Londres (www.guardian.co.uk)
Lo que solía ser uno de América del Sur más legendaria de interés turístico. Celebrado como único en el mundo, de San Pedro en La Paz, Bolivia, es una cárcel como ninguna otra. Los turistas extranjeros que pagar sobornos para entrar, gawk, tienda, cenar e incluso consumir drogas. Muchos consideran que el mejor valor de la ciudadela inca Machu Picchu.
No más. Un barrido represión ha impedido turistas de los complejos, sustituye guardias corruptos y retó extraño que las prácticas se ha convertido en la materia de la tradición. Si el gobierno de Bolivia tiene su forma, San Pedro del único día son más.
"Esta fue una cárcel muy original, muy diferente de los demás", dijo Juan González, 39, un ladrón convicto, sentado en una cama en su celda. "Era como un pequeño pueblo. No fue tan malo. Ahora todo lo que está en riesgo".
En el patio otros reclusos amontonados en grupos pequeños, nerviosos y resentidos. Se utiliza para ejecutar mini-restaurantes y puestos de artesanías, pero ahora, con la prohibición de los turistas, las empresas se había derrumbado. En el exterior decepcionados rued turistas desaparecidos el apogeo. Guardias en uniformes verdes han rechazado, pero que aún quedan.
"Lo que uno bummer. Esta fue una de las principales atracciones de Bolivia", dijo un joven británico, Matt y Linda. "Bueno, al menos vamos a sacar una foto en la puerta."
La fama de San Pedro está configurado para llegar a un público más amplio con una nueva película producida por Brad Pitt y protagonizada por Don Cheadle. Basado en el libro de marcha en polvo, sobre los cuatro años de encarcelamiento de un ciudadano británico de drogas mula, Thomas McFadden, se detalla cómo iba a pagar los turistas para los viajes, pernoctaciones y la cocaína-alimentado partes.
Después de años de hacer la vista gorda las autoridades se vieron obligadas a actuar después de turistas subido un video de YouTube en una visita en febrero. Televisión local recogió nuestra noticia y entrevistó a los extranjeros que salen de la cárcel. Se convirtió en un circo.
Avergonzado, el gobierno se comprometió a cambiar de San Pedro. "Lo más alarmante es que los turistas", dijo Jorge López, jefe del servicio de prisiones. "Ahora estamos en constante rotación de los guardias para que no desarrollen una estrecha relación con los reclusos para que podamos cortar la corrupción."
Además de expulsar a los turistas las autoridades han prohibido otros rasgos de San Pedro, como el alquiler de los reclusos, compra y venta de sus propias células, un mercado inmobiliario que tuvo su propia burbujas y depresiones. Empleados de oficina ya no puede meter a un almuerzo en los restaurantes baratos, que, libres de impuestos y facturas de servicios públicos, fuera de subcotizaron rivales.
Lo que más molesta a los reclusos es una amenaza de expulsar a sus familias. Cientos de mujeres y niños viven voluntariamente en la prisión - con la libertad de ir y venir durante el día - por falta de alojamiento y el empleo en la empobrecida capital.
"Estamos muy felices aquí. Tenemos trabajo, tenemos una casa. Fuera no hay nada", dijo Laura González, Juan wifeof el condenado ladrón Juan, en penosamente a través de las puertas. Ella cocina en un restaurante y su esposo, que cumple tres años, trabaja como un aficionado dentista. Ellos comparten su celda, lleno de ropa y DVD, con dos hijos y un gato, Felix.
América Latina tienden a ser las prisiones superpobladas, sombrío y violento, con disturbios y decapitaciones común. San Pedro, que se divide en ocho secciones que van desde los barrios marginales-como a la felpa, es peligroso por la noche pero relativamente segura en el día. "Después de las mujeres y los niños aquí ayuda a mantener la calma a los hombres", dijo un guardia.
Cocaína, crack y marihuana se consume abiertamente - un reciente documental muestra a un prisionero snorting una línea fuera de un ejemplar del libro Polvo de marcha - pero los laboratorios para el procesamiento de cocaína han cerrado.
La llegada de los presos de alto perfil tienden a coincidir con la represión. Klaus Barbie, criminal de guerra nazi, pasó unos meses aquí en 1983 antes de la extradición a Francia. Más recientes son Leopoldo Fernández, un gobernador provincial presuntamente implicado en el asesinato de los campesinos indígenas, y Santos Ramírez, acusado de corrupción, mientras que la partida de la empresa estatal de energía. El destino de las empresas de San Pedro - peluquerías, tiendas de alimentación, salas de billar - es incierto. Tampoco está claro qué pasará con la liga de fútbol en el que las ocho secciones de cada campo de un equipo, con los jugadores compran y venden en un mercado de transferencias.
El gobernador, José Cabrera, dijo recientemente: "Los presos tienen que entender que se trata de una penitenciaría."
MATERIAL PARA JÓVENES CALIFICA A BOLIVIA COMO “NACIÓN DE LA DROGA”
El Grupo Bolivia de Gotemburgo denuncia el contenido incorrecto e irrespetuoso de un material didáctico distribuido entre los jóvenes suecos que denigra a Bolivia y al proceso encabezado por el presidente Evo Morales. Boliviagruppen de Gotemburgo advirtió sobre el folleto distribuido por la organización sueca AlmaEuropa, financiado por el Socialstyrelsen de Suecia que con una historieta pretende combatir el consumo de drogas entre los jóvenes.
Liberación de Suecia (www.liberacion.se)
En esa publicación, una antología de historietas titulada “Tilt” de la editorial Galago, existe una serie titulada “Narkotisk nation”, escrita y dibujada por Fabian Göranson, que identifica a Bolivia como la nación de la droga. Según el autor, Bolivia es “un país devorado por la droga”, y contiene varias equivocaciones y datos falsos. Además, cuestiona la legitimidad del proceso democrático boliviano actual al insinuar que los carteles de la droga son los que pusieron al presidente Evo Morales en ese cargo. Incluso va más allá al decir que “la mitad de la economía boliviana está de alguna manera relacionada con la cocaína”.
Boliviagruppen, de Gotemburgo, es una organización no gubernamental que apoya pequeños proyectos de desarrollo en Bolivia, y está integrada por gente boliviana, de otros países latinoamericanos y suecos.En un comunicado difundido esta semana, rechaza el contenido de la serie Narkotisk nation, “por considerarlo totalmente incorrecto e irrespetuoso” y consideran que no debiera ser usado como material pedagógico.
TABARE VAZQUEZ PIDIO SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA
Agencia Ansa de Italia (www.ansa.it/ansalatina)
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó que avanzará en la concreción de la propuesta de asegurarle una salida al mar a Bolivia en la reunión que sostendrá el lunes en Montevideo con su colega Evo Morales, quien realizará su primera visita oficial al país.
En declaraciones al diario La República Vázquez dijo que abordará con Morales temas bilaterales en materia energética y otros rubros pero "lo más importante", dijo, es "avanzar en la concreción del ofrecimiento que realizáramos hace tiempo, de asegurar una salida al mar al hermano pueblo de Bolivia, a través de una ampliación de nuestro Puerto de Nueva Palmira".
"Es una actitud solidaria de nuestro gobierno y nuestro país hacia un pueblo y un gobierno hermano. Lo conversamos con Evo en varias oportunidades y queremos avanzar en esa dirección", agregó.
Vazquez recordó que realizó un planteamiento similar a Paraguay ya que, insistió, "nos parece una actitud de solidaridad elemental y además concreta, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades".
Bolivia es un país mediterráneo desde que perdió la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX y la salida al mar es una antigua reivindicación de sus gobiernos.
ARRATE PROVOCÓ "MAREMOTO" EN LA POLÍTICA ARIQUEÑA
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, en las que decía estar dispuesto a darle una solución marítima a Bolivia, causaron el enojo y la molestia de diversos dirigentes políticos regionales, tanto así, que lo consideraron como una falta de respeto para los ariqueños y parinacotenses.
El vicepresidente regional de la Democracia Cristiana (DC), Hernán Lagos, explicó que Arrate se define como progresista al regalar territorio que no le pertenece, porque los dueños de la soberanía de la región son los ariqueños y parinacotenses. "Me parece grave, pero me satisface el poder conocer los peligros antes de y no encontrarnos con sorpresas después".
"Que el señor Arrate con tal desparpajo venga a dar mar, no sé si lo dará por su casa, pero por Arica no y el que pretenda darle mar a Bolivia se encontrará con todos los ariqueños", dijo.
El presidente comunal de Renovación Nacional (RN), Cristian Alvarez, manifestó que es un disparate y pasa a llevar el sacrificio que realizaron miles de chilenos para anexar este trozo de tierra a la territorialidad chilena. "Es una falta de respeto a los ariqueños. Existe en un sector importante de la izquierda que tiene una visión 'entreguista', porque más que interesarles los principios básicos como la soberanía, les interesan los principios ideológicos del socialismo extremo".
Explicó que de seguir en esa postura, a Arrate le irá muy mal en Arica. "Lo único que hace es seguir reflejando que no está con Arica, y sí con otros países, por lo tanto sería más interesante verlo como candidato a un puesto político en Bolivia que en Chile".
PATRIOTISMO
El concejal de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Durana, expresó que una persona que vive a 2.100 kilómetros de Arica y que quiere ser candidato presidencial, es una falta de respeto el hacer este tipo de declaraciones, más aún en un lugar como Arica.
"Nosotros vivimos el concepto de la patria, nacionalidad y los valores se viven de manera distinta. El jamás ha estado un 7 de junio en Arica ni vivido una Fiesta Patria acá, como para venir de tan lejos a tener este tipo de declaraciones que en nada favorecen a la Región de Arica y Parinacota", puntualizó.
BOLIVIA SE ABRE A ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE ORIGEN DEL SILALA
Noticias 123 de Chile (www.noticias.123.cl)
El canciller boliviano, David Choquehuanca, informó que el proceso tendrá una duración cercana a los 4 años, y que dirimirá si se trata de un río internacional o un manantial.
El gobierno boliviano aceptó llevar a un estudio científico el derecho propietario del manantial Silala, ubicado en el cantón Quetena de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, lo que abre la posibilidad para que Chile consolide su tesis de que este recurso hídrico es un río de curso sucesivo, por lo tanto sometido a leyes internacionales.
El propio canciller boliviano, David Choquehuanca, en conferencia de prensa informó que se hará un estudio científico del Silala, cuyo trabajo durará aproximadamente cuatro años, para definir si es un río internacional o un manantial.
Las aguas de este manantial fueron dadas en concesión por la Prefectura del Departamento de Potosí a The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited única y exclusivamente para alimentar o abastecer del líquido a las locomotoras a vapor de esta empresa inglesa.
Sin embargo en el contrato fechado en septiembre de 1908, en su parte de antecedentes, el concesionario hace referencia a que las aguas del Silala servirían para alimentar a sus máquinas, pero en ningún de los puntos hace referencia a que serían destinadas para el consumo humano, como lo que ha ocurrido desde hace 100 años.
Desde Bolivia, han acusado que el único beneficiario del caudal que se ubica entre los hitos 73 y 74, ha sido nuestro país. Pese a la propuesta chilena de pagar un 50% del consumo de las aguas, la opción fue rechazada tajantemente por el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori. "No se va a renunciar a algunos puntos claros: uno de ellos es la deuda histórica", destacó. Chile sustenta el criterio de que esas aguas son de cauce internacional, mientras que La Paz alega que las aguas nacen de un manantial canalizado artificialmente en el siglo XIX para abastecer a la extinta empresa ferroviaria.
TRASLADAN A LA PAZ – BOLIVIA PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN MINERA DEL RÍO SUCHES
Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org.pe)
En la ciudad de La Paz, capital de la república de Bolivia, el próximo miércoles 15 de Julio, las autoridades y técnicos en una reunión consolidarán los informes de los estudios que se han realizado en torno a la contaminación minera del Río Suches.
El ingeniero, Víctor Paredes Argandeña, Director Regional de Energía y Minas, informó que en esa reunión participarían los congresistas Tomas Cenzano Sierralta y el diputado Boliviano, Victor Mena Siacara, además los funcionarios y técnicos que durante varios meses han realizado los análisis del grado de contaminación.
En dicho encuentro, también se estarían planteando algunas alternativas de desarrollo para las localidades que están ubicadas en las riberas de la cuenca Suches, además sobre las formas de permitir la operación minera conforme a los estudios de impacto ambiental, la construcción de pozas mineras y su formalización.
En esa reunión, también participarán los funcionarios del Instituto Geológico Minero, además las autoridades encargadas de regular la minería de ambas naciones
Así acordaron los técnicos y funcionarios que se han reunido el pasado 30 de Junio, en la comunidad boliviana de Japucollo.
EXTRADITAN A EX MINISTRO MILITAR BOLIVIANO PARA PURGAR 30 AÑOS DE CÁRCEL
Eco de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El ex ministro del Interior, el militar Luis Arce Gómez, llegará la madrugada del jueves a Bolivia extraditado desde Estados Unidos por la justicia boliviana para purgar una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, informó a la AFP una fuente de Gobierno.
Arce Gómez fue hombre fuerte de la dictadura del ex gobernante, Luis García Meza, un general dado de baja que encabezó la última dictadura militar boliviano entre 1980 y 1981 y que también cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
El ex coronel de ejército, 70 años de edad, llegará al país luego de cumplir condena en un penal de la ciudad estadounidense de Miami (sureste) por delitos de narcotráfico.
En Bolivia fue declarado rebelde y contumaz a la ley y condenado en ausencia por graves violaciones a los derechos humanos, alzamiento armado, organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato y genocidio.
El ex ministro, que una vez recomendó por cadena de radio y televisión a sus adversarios "caminar con el testamento bajo el brazo", llegará al aeropuerto de El Alto a las 06H00 (10H00 GMT) de la madrugada de este jueves "e inmediatamente será trasladado a la cárcel de Chonchocoro", dijo a la AFP por teléfono una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior).
Arce Gómez será entregado en la misma pista a las autoridades bolivianos por agentes que lo custodiaron desde Miami y personeros de la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
El ex militar fue puntal del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 que desalojó de la presidencia a Lidia Gueiler Tejada.
A sus órdenes paramilitares montados en ambulancias asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y secuestraron y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos continúan desaparecidos hasta hoy.
Arce Gómez fue entregado a la justicia de Estados Unidos en 1989 con el compromiso de que una vez cumplida su condena en ese país sea devuelto a Bolivia.
BOLIVIA: ENTREGAN TIERRA A COLONOS EN DEPARTAMENTO REBELDE ANTES DE COMICIOS
El Economista de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El gobierno boliviano anunció el envío de 2.500 familias de nuevos colonos al departamento Pando, irritando a la oposición, que ve en el traslado una motivación política de cara a las elecciones generales de diciembre próximo.
El plan de colonización, que abarca las regiones de Federico Román, Santa Rosa del Abuná y Filadelfia, comprende un área geográfica de 200.000 hectáreas, especificó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz. El desplazamiento de colonos andinos y vallunos a esa región tropical podría resultar crucial, si se tiene en cuenta que el padrón electoral del lugar es de apenas 33.794 personas, según la Corte Nacional Electoral, y la llegada de los colonos podría alterar el balance a favor del gobierno.
Pando, cuyas élites son opositoras a Morales, fue escenario en setiembre de una matanza a bala de 11 campesinos leales al mandatario en el marco de la violencia política a la que el gobierno definió de golpe civil-prefectural.
Acusado de instigar la emboscada a campesinos, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, permanece detenido desde entonces en una cárcel de La Paz, mientras Morales nombró en el cargo a un adherente.
Las autoridades y las élites de Pando formaban un fuerte bloque opositor a Morales junto a los de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca.
Un alto funcionario de la prefectura, Carlos Dabdoub, comentó que "ese ese traslado de esas personas no es nada más ni nada menos que tiene un efecto electoral".
¿A QUÉ JUEGA EVO MORALES EN LA AMAZONÍA?
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El genocida peruano Alan García intentó abrir la Amazonía para que sea explotada por las transnacionales petroleras. Usó fuego y metralla para acallar a los indígenas, pero no pudo. Hoy Evo Morales, con otros métodos, quiere hacer lo mismo con las selvas de Bolivia. Esta es la denuncia del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
La empresa Geokinetics, un pulpo de la industria petrolera con sede en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya comenzó las labores sísmicas de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, afectando el territorio y a las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco-Larecaja. Los planes a desarrollar también afectarán a los pueblos Chimán, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo, así como a colonias campesinas instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.
Esto fue verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura. Esta agresión evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las organizaciones y pueblos indígenas como para la población boliviana en general.
A la vez, esta agresión nace del más absoluto desprecio por el derecho de consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad petrolera.
Ese desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)
De allí, esta denuncia de carácter nacional e internacional para detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la solidaridad y a la movilización general de todos los sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.
Evo debe decidir y actuar
Lo más increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales.
En ese marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía, territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno boliviano encabezado por Evo.
No entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está instalada en el Perú) son los que han conducido a la masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui salga de la región?
Aquí tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la exploración petrolera.
Preguntamos: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas, conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se había concesionado los bloques petroleros de la selva era YPFB-Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal boliviano-venezolana.
Ahora nos enteramos y denunciamos este sub-contrato con una empresa norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada "Guerra del Gas" que ocasionó más de 60 muertos, en octubre de 2003.
Preguntamos: ¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros compatriotas?
¿Por qué, en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo significativo?
¿Por qué la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a temas más urgentes como la separación de líquidos de los hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando en territorio nacional?¿Por qué esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a la Amazonía?
Conscientes del daño ambiental irreparable que ya está empezando, tampoco podemos creer los cantos de sirena de la empresa yanqui, de Petroandina y de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos cuando hablan de mitigar esos daños, cuando hace unos días se acaba de saber que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, perdonó a la empresa trasnacional Transredes la deuda con el Estado y las comunidades indígenas del altiplano boliviano (La Paz-Oruro, año 2000) a raíz del mayor desastre ecológico de su historia ocasionado por el derrame de petróleo por la ruptura de un ducto a cargo de la referida empresa.
No entendemos cómo el compañero Evo que conoce de la agresión y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como dirigente sindical durante veinte años en defensa de la hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de Geokinetics en la Amazonía. Preguntamos: ¿será que debemos enfrentarnos a los gringos, como él y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba lo hicieron contra la DEA?
A la vez, no entendemos cómo el gobierno que más se ha hecho respetar contra la permanente ingerencia norteamericana en los asuntos internos de Bolivia, permita esta presencia yanqui en suelo boliviano.¿Cómo entender que los mismos norteamericanos que han sido denunciados por las propias autoridades nacionales de conspirar para derrocar y asesinar a Evo y que han estado detrás de la Masacre de Porvenir, en Pando, donde murieron decenas de campesinos, y que ponía en marcha el Golpe Cívico-Prefectural contra el gobierno y para dividir Bolivia, ahora hayan iniciando un proceso de destrucción irreversible de los recursos naturales de la Amazonía Sur?
Por último, está claro que todo lo denunciado contradice la incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas que nuestro presidente Evo Morales está realizando en el ámbito internacional, donde es valorado y respetado como un paladín en la defensa de esos derechos, como ya se demostró cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU o cuando, a propuesta del propio Evo, la referida ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Por esa misma Madre Tierra que ya está siendo agredida, contaminada y destruida, por esos mismos derechos de los pueblos indígenas que están siendo pisoteados, avasallados y desconocidos, es que imploramos a nuestro compañero presidente, en nombre de lo más sagrado, como es la defensa de la tierra y de la vida, es decir de la Amazonía, que ordene la inmediata suspensión de toda actividad petrolera exploratoria en los territorios indígenas y que expulse a Geokinetics para evitar que siga la destrucción y nuevos vejámenes a los derechos humanos y prevenir cualquier violencia.
No queremos otro Baguá, por culpa de las empresas petroleras, ni por la imposición de una visión desarrollista de explotación indiscriminada de los recursos naturales.
Queremos que se respeten los derechos consagrados y las leyes nacionales y convenios internacionales pero especialmente el paradigma de nuestro gobierno representado por el Vivir Bien, es decir vivir en armonía con la naturaleza, como vivimos siempre y como el hermano Evo proclama en los foros internacionales.Queremos que se valoren, en ese marco, los esfuerzos de indígenas y campesinos amazónicos no sólo por preservar la vida y la naturaleza de la Amazonía, sino las opciones económicas viables que ellos impulsan, como la producción de castaña y cacao ecológico o el ecoturismo, que demuestran que el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es el camino alternativo al modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales no renovables, vigente desde la creación de la república y que ha amarrado al país a la pobreza.
En ese sentido, proponemos el debate ideológico y la reflexión consciente, y aceptamos el desafío propuesto por el propio compañero Evo Morales en la última reunión consultiva de la CIDOB de debatir, de manera abierta, franca y fraternal, estos temas y todo lo relacionado con el presente y el futuro de la Amazonía. Un debate, urgente y necesario, que también Evo alentó con relación a la propuesta ecuatoriana, encabezada hoy por el propio Presidente Correa, de dejar el petróleo amazónico en el subsuelo, y exigir a cambio el pago de la deuda ecológica a los países industrializados, en el marco del debate mundial sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático.
Creemos que estas verdades deben ser escuchadas, que lo actuado por los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos viola todos los derechos de los pueblos indígenas y debería ser sancionado y que es preciso acabar con la presencia norteamericana en el territorio amazónico, más cuando ello sólo significa depredación ambiental, división social, degradación cultural y sometimiento a dictados de políticas que no responden a los verdaderos intereses de los pueblos.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA, CONTRA LAS CUERDAS EN EL COMBATE A LA GRIPE A
Las autoridades sopesan si prohíben o no la celebración de actos masivos en vísperas del bicentenario del grito libertario de América
El País de España (www.elpais.com.es)
La expansión de la gripe A en Bolivia, a un ritmo de ocho enfermos por día, está poniendo en un brete a las autoridades, que aplacaron una huelga indefinida en el sector sanitario y ahora deben decidir si prohíben o no la celebración de actos masivos en vísperas de la esperada celebración del bicentenario del grito libertario de América. Desde el lunes, 38 personas se han contagiado de la gripe AH1N1, con lo que el número de enfermos sube a 537 en siete de los nueve departamentos de Bolivia, con mayor incidencia en las tres ciudades del eje: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Con 9,6 millones de habitantes, Bolivia es el cuarto país más afectado por la gripe en la región, según organismos internacionales.
El Gobierno boliviano declaró el estado de emergencia en cuanto se registraron los primeros casos de gripe en junio y, pese a la urgencia del momento, los trabajadores sanitarios persistieron en sus reivindicaciones salariales y optaron por la huelga indefinida para exigir una paga extra —el bono por vacunación— de unos 260 euros. El ministro de Salud, Ramiro Tapia, ha dispuesto un proceso penal contra los dirigentes sindicales que llamaron a la huelga a partir del martes, después de declarar día libre el lunes para celebrar el día del trabajador.
Las durísimas críticas ciudadanas y las protestas de los enfermos -que cerraron las calles aledañas al Hospital General de La Paz— obligaron a dejar sin efecto la medida en el resto del país, pero sin embargo fue acatada por unas horas en la ciudad de La Paz. Tapia calificó de "irracional y criminal" la suspensión de la atención a los enfermos en los hospitales, sobre todo en una situación crítica para la salud colectiva y anunció sanciones administrativas.
"Irracional"
El Ministerio de Salud ha planteado un paréntesis de cinco días, "el tiempo que requiere el virus para replicarse y poder contagiar", con el objetivo de disminuir la incidencia de la pandemia. El problema está en La Paz. El 16 de julio se celebra los 200 años de la gesta libertaria que respaldó el movimiento independentista surgido en Chuquisaca en mayo de 1809. Tras meses de preparativos, la cancelación de la programación dejaría una estela de frustración no solamente económica. Las autoridades han prolongado una semana más las vacaciones de invierno de los escolares y los universitarios.
DESDE EL 2006 HABRÍA INFILTRACIÓN CHAVISTA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División Internacional de Terrorismo de la Dircote (Diviti) son los únicos organismos policiales que en los últimos tres años han denunciado, aunque con evidencias diferentes, la llamada penetración bolivariana en nuestro país. Sin embargo, solo una de estas entidades elaboró un voluminoso informe de inteligencia sobre los presuntos organismos, funcionarios públicos y otros personajes de la vida política del Perú y de la región que tuvieron o tienen nexos con entidades apadrinadas por el régimen venezolano.
El Comercio tuvo acceso a este informe que fuera elaborado por la Digimin en el 2008 durante la gestión del general PNP (r) Jorge Cárdenas Sáez, quien renunció al cargo a fines del año pasado. Dicho documento, que se encuentra plasmado en unas 280 diapositivas y que se mantenía reservado, sería el único reporte de inteligencia “importante” que analiza de forma general los tentáculos del llamado Socialismo del Siglo XXI en el Perú , mientras que la Dircote se ha centrado en los nexos de los colectivos sociales de nuestro país con el chavismo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El informe de la Digimin —que debe ser tomado de manera referencial ya que no tiene rango de atestado policial— revela que desde el 2006 existe una fuerte penetración de entidades patrocinadas por el Gobierno Venezolano que aglutina, bajo la consigna bolivariana, a diversos colectivos partidarios, movimientos sociales y gremiales, ex presidiarios de organizaciones subversivas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL), así como a funcionarios regionales del Perú, algunos de ellos vinculados con el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala.
El documento de inteligencia señala, además, que las siguientes organizaciones figuran como puntas de lanza del Gobierno Venezolano: el Congreso Bolivariano de los Pueblos (CBP), la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), las casas de la Amistad vinculadas a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), la red de alcaldes bolivarianos y la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). Cabe indicar que estos organismos, con sede principal en Caracas, ya fueron puestos en la palestra por este Diario debido a que algunos de sus integrantes en el Perú son investigados penalmente en la Sala Penal Nacional (ver nota adjunta).
PROTAGONISTAS CLAVESEl informe también revela dos nombres que hasta ahora eran desconocidos, pero que en su momento llamaron la atención de los agentes de la Digimin. Ellos son el ex ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación de Venezuela y directivo del canal Telesur (de capitales venezolanos), Andrés Guillermo Izarra García, y un personaje de nacionalidad argentina, Fernando Ramón Bossi Rojas. Ambos, según la Digimin, figuran como operadores en temas de comunicación del amplio frente de organismos bolivarianos que existen en la región y en el Perú. En este documento se brinda mayor atención a Bossi Rojas, quien también tendría la nacionalidad venezolana y que registra ingresos a nuestro país desde el 2004 hasta el 2007.
“En su momento, Bossi manifestó su solidaridad contra la [presunta] persecución policial del gobierno aprista a Ollanta Humala y exhortó a los movimientos populares del continente a solidarizarse con dicha causa”, dice el informe policial que ya no habría sido actualizado.
También se afirma que este personaje convoca y facilita viajes de autoridades públicas y líderes de opinión del Perú a Venezuela para estrechar vínculos. No se menciona, sin embargo, los nombres de los supuestos invitados. En el mismo documento se consignan (como se publicó el martes) los nombres de 15 alcaldes distritales y provinciales del Partido Nacionalista que viajaron a Caracas entre el 7 y 14 de octubre del 2007 para “reuniones de coordinación con la finalidad de instalar oficinas del ALBA en sus jurisdicciones”. Por si fuera poco, en el documento policial se mencionan los nombres de otros 20 ciudadanos peruanos, vinculados a movimientos políticos del país, que forman parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos y con sucesivos viajes a Caracas. No mencionamos los nombres ya que están bajo investigación.
Además, se refiere como operadores del chavismo a Virly Torres Curvello, la ya conocida encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en Lima, a Narciso Isa Conde, escritor e ideólogo dominicano vinculado al capítulo peruano de la Coordinadora Continental Bolivariana y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al general venezolano Clíver Alcalá Cordones, considerado un militar leal al Palacio de Miraflores y supuesto nexo con los subversivos colombianos.
El informe del ente rector en temas de inteligencia del Ministerio del Interior concluye que debe repotenciarse el accionar de los organismos especializados (la misma Digimin, Dircote y la Dirección de Inteligencia de la Policía-Dirin) para detectar y bloquear el financiamiento del extranjero dirigido a organizaciones, personas jurídicas o naturales de nuestro país, ya sea a través del sistema bancario, mediante el ingreso de dinero vía terrestre por la frontera norte (Aguas Verdes, con Ecuador) y sur (Desaguadero, con Bolivia) del Perú o por vía aérea.
Partes y atestados de la Dircote sobre los presuntos nexos del chavismo
El informe periodístico consignado en esta página se elaboró en base al documento de inteligencia de la Digimin y a diferentes partes y atestados realizados por la División de Terrorismo Internacional de la Dircote (Diviti). Cabe indicar que en mérito a los atestados, considerados en los predios de inteligencia como los más “importantes” sobre la penetración bolivariana y sus nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ministerio Público denunció el año pasado a 37 personas. Sin embargo, debido a la falta de evidencias sólidas, el Poder Judicial solo abrió proceso contra nueve de los involucrados. Actualmente, ninguno de ellos está detenido. A continuación la lista de los casos que trabajó la Diviti y que guardan relación con el informe de la Digimin.
Caso Todas las Voces
La policía antiterrorista detuvo el 29 de diciembre del 2006 a Guillermo Bermejo Rojas y a un grupo de personas por delito de terrorismo. Sin embargo, fueron liberados por los mismos agentes al no encontrarles mayores indicios. Se les imputó formar parte de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) y de haber recibido entrenamiento de las FARC.
Caso Roque-CCB
La policía capturó el 29 de febrero del 2008 a Roque Gonzales La Rosa, jefe de la sucursal peruana de la CCB, y a otras personas vinculadas a esta organización. Algunos de ellos estuvieron en prisión durante el año pasado, pero luego salieron libres. Se les imputó haber sido adoctrinados en campamentos de las FARC y recibir financiamiento de Venezuela.
Caso Alberto Moreno
La policía pidió a fines del año pasado la captura de Alberto Moreno Rojas, del partido Patria Roja (que fuera integrante del Congreso Bolivariano de los Pueblos-CBP); Olmedo Auris Melgar, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de otras once personas por mantener presuntos vínculos con las FARC. Sin embargo, los efectivos de la Diviti dieron marcha atrás y no ejecutaron las detenciones. Todos los mencionados en este artículo han negado los cargos.
PARA RECORDAR
El año pasado, cuando El Comercio empezó a publicar los primeros informes de la presunta infiltración chavista, el embajador de ese país en Lima, Armando Laguna, negó todo tipo de participación y apoyo financiero de su gobierno con los organismos peruanos a los que se lo vinculaba, entre los cuales estaban las casas del ALBA. “Las casas del ALBA no reciben financiamiento ni asesoramiento ideológico ni político nuestro. Venezuela es respetuosa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, dijo Laguna.
LLEGAN LAS BOLETAS DE GAS CON SUBAS DE HASTA 400%
Es por los aumentos de tarifas que el Gobierno había autorizado a fin de 2008, y por las penalidades al mayor consumo. También por un cargo para cubrir los costos de la importación de gas desde Bolivia.
Clarín de Argentina (www.clarin.com)
En medio del ruido político que generó el cambio de Gabinete y los temores que plantea el avance de la pandemia de la Gripe A, los usuarios de la región metropolitana han comenzado a recibir las facturas de gas con aumentos que oscilan entre el 80 y el 400% respecto al invierno pasado.
Las nuevas boletas -cuyos envíos se habían retrasado por las elecciones de 28 de junio- reflejan el impacto pleno de la seguidilla de incrementos tarifarios que se vienen aplicando desde los últimos meses de 2008.
La incidencia de las subas que el Gobierno había autorizado el año pasado determinan que ahora los medianos y grandes usuarios residenciales tengan que pagar por el servicio hasta cuatro veces más por consumos que son iguales o inferiores a los registrados en la anterior temporada invernal.
Las variaciones en las facturas -que en la mayoría de los casos toman por sorpresa a los usuarios- responden a la aplicación de un triple ajuste que incluyó dos incrementos tarifarios y la irrupción de un nuevo cargo específico para cubrir las importaciones de gas de Bolivia y las compras de GNL que arriban por barco a Bahía Blanca.
El primer ajuste entró en vigencia en setiembre del año pasado e implicó subas del 10 al 45% para los consumos medios y altos de todo el país. En este caso, los ingresos adicionales provenientes de los aumentos se repartieron entre los productores de gas y las distribuidoras privadas.
El segundo ajuste tarifario salió a la luz en noviembre e incluyó dos elementos salientes. Por un lado, una actualización del precio del gas en boca de pozo que fue a parar a las manos de las empresas productoras locales.
Y por otro lado, la creación de un cargo tarifario extra para los medianos y altos consumos que pasó a manejar el ministerio de Planificación de Julio De Vido. Ese cargo-que fue aprobado por el decreto 2067/08-tiene como destino específico "la atención de las importaciones de gas natural y toda aquella que sea necesaria para complementar la inyección de ese combustible para poder garantizar el abastecimiento interno".
La combinación de todos los aumentos dio lugar a las fuertes subas que ahora están golpeando los bolsillos hogareños. En el caso del nuevo cargo tarifario, hay que tener en cuenta que ahora su aplicación se encuentra transitoriamente morigerada por una decisión que adoptó el Gobierno antes de las elecciones.
Por medio de la resolución 768, el Enargas decidió que entre mayo y agosto queden excluidos del pago del cargo casi un millón de hogares de todo el país.
La medida se instrumentó a través de una elevación de los "umbrales de consumo" que se toman en cuenta para el cobro del recargo tarifario. En el caso de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos el límite transitorio para la aplicación del cargo pasó de 1.000 a 1.500 metros cúbicos anuales. Otro ítem que incide en los facturas es el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) que rige entre el 15 de abril y el 30 de setiembre de cada año.
Para no ser castigado con un recargo tarifario de 0,111 pesos por cada metro cúbico de exceso, los clientes hogareños del área metropolitana tienen que reducir sus consumos entre un 5 y un 10% respecto a los niveles de demanda que tuvieron en los mismos bimestres del año 2003.
El Académico enfatizó que tradicionalmente se han presenciado movimientos obreros, de sindicatos y de ciudadanos en general que tienen un enfoque político, sin embargo, los grupos indígenas presentan nuevos desafíos que generan un contexto diferente que debe ser estudiado para entender las circunstancias en las que emergen.
Este análisis sobre Bolivia puede ser consultado en el libro “Los Ritmos del Pachakuti: Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005), de la autora Raquel Gutiérrez Aguilar, egresada del Doctorado en Sociología de la BUAP; texto que contiene un profundo material de investigación que fue presentado esta tarde en la Casa de la Aduana Vieja.
“Surgió una oleada de movilizaciones, entre las más representativas están la guerra del agua y del gas, cuyo trasfondo era la defensa de recursos naturales y del patrimonio comunal, esto implicó una rearticulación del sistema político e inclusión en la representación de ciudadanos que resultan afectados y están excluidos en el esquema político del momento”, agregó Fuentes Díaz.
Abundó que en el contexto latinoamericano es a partir de los noventa cuando se vive una efervescencia política de ciudadanos que no habían sido considerados como agentes de transformación social; “estas nuevas figuras políticas que están emergiendo implican un desafío al rol del poder instituido en términos de la dominación colonial blanca, que desde la historia se tiene conocimiento”.
Señaló que este tipo de movimientos se caracterizan por ser un acto de descolonización, es decir, tratar de dejar atrás esa herencia de los sistemas de castas que se tenían en la época Colonial, mismas que establecían diferencias raciales, sociales y de tipo cultural y político.
El Investigador de la BUAP añadió que sin duda se siguen viviendo procesos de colonialismo, principalmente de poder y un ejemplo de ello es el racismo oculto; “esas prácticas en Bolivia fueron impugnadas desde la movilización social y al momento que llegaron representantes de comunidades indígenas a las esferas del poder; por tanto esto implica un desafío a la construcción del poder colonial en nuestras sociedades”.
EL PODER INDÍGENA BUSCA CONSOLIDAR POSICIONES EN BOLIVIA
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
La oposición boliviana busca un candidato de piel cobriza para hacer frente al presidente Evo Morales Ayma en las elecciones generales de diciembre próximo, las primeras dentro de la nueva Constitución Política del "Estado Plurinacional". El avance de las organizaciones indígenas en Bolivia es tan profundo que los candidatos criollos y sus partidos tradicionales no tienen muchas oportunidades de victoria en el futuro cercano.
Morales, líder de los productores de coca, combinó la lucha sindical y el discurso antiimperialista y masivos bloqueos de carreteras con la construcción de un instrumento político.
Aunque los indígenas bolivianos lograron algunas de sus reivindicaciones sociales y económicas en alianzas con políticos liberales y nacionalistas, desde el Manifiesto de Tiahuanacu de 1974 decidieron buscar el poder político con un partido propio.
Después de diferentes experiencias, en 1997 los cocaleros y otras organizaciones campesinas formaron el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSS), participaron con candidatos propios y obtuvieron sus primeras cinco diputaciones.
En 1999 aprovecharon la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) y desde entonces avanzaron sin tregua; en una década ganaron paulatinamente alcaldías rurales, curules parlamentarios, la segunda mayoría política nacional y desde enero de 2006 son gobierno.
Algunos analistas opinan que el poder de los pueblos originarios es más simbólico que real pues los avances más importantes, contenidos en la nueva Constitución, son la autonomía territorial indígena o la obligada práctica de lenguas nativas en toda la administración pública, sin que se tengan cifras de mejoras en ingresos económicos o en el Índice de Desarrollo Humano.
Pese a ello, muchos coinciden en que una fórmula sin rostro nativo tiene pocas opciones en este país de mayoría indígena, sobre todo en la zona andina, donde radica más del 56 por ciento de los votantes, y en el área rural, donde Morales gana con cifras cercanas al 90 por ciento.
Los tradicionales oponentes de Morales, los prefectos de la llamada "Media Luna" este-sur, no se animan a lanzar sus candidaturas sin un acompañante indígena. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró que no tiene planes de competir.
En el sur, el prefecto del departamento más rico en hidrocarburos, Mario Cossio, señaló que prefiere esperar. El ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández está en la cárcel acusado de la masacre de campesinos en 2008 y el del Beni, Ernesto Suárez, no tiene ninguna chance. Sólo un político tradicional, el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes, se ha lanzado al ruedo electoral.
Contra Morales tienen opciones otros indígenas, entre ellos una mujer y antigua aliada suya. Sabina Cuellar es una campesina de origen quechua y fue la única candidata que pudo competir con el oficialismo para renovar la Prefectura en Chuquisaca.
Por el momento los únicos que han oficializado sus fórmulas son otros aymaras y quechuas, algo que hasta hace una década era impensable.
El candidato más fuerte es el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer aymara en ese cargo (1993 y 1997). Pedagogo, luchó por la educación bilingüe y por el rescate de las culturas precolombinas. No está de acuerdo con el estilo de Morales. "Es autoritario y ha olvidado su lengua materna", sentenció Cárdenas a tiempo de desafiar al presidente a un debate público en lengua nativa.
La familia del dirigente ha sufrido las consecuencias de esa oposición. Un grupo de activistas oficialistas atacó su vivienda a orillas del Lago Titicaca, zona tradicional donde nacieron los modernos movimientos indígenas andinos y donde Cárdenas formó a jóvenes universitarios dentro de llamado Movimiento Revolucionario "Tupac Katari" (MRTK), en homenaje al líder que en 1780 luchó por recuperar las tierras de comunidad.
Otro dirigente sindical histórico aymara tampoco apoya al presidente Morales, aunque aún ejerce influencia en las zonas andinas más combativas. Felipe Quispe fue camarada del actual vicepresidente Álvaro García Linera, pero considera que el académico traicionó los postulados revolucionarios del Ejército Guerrillero "Tupac Katari", por los cuales fueron apresados.
En la zona quechua, un dirigente agrario pidió la unión de los indígenas contra el actual presidente. Alejo Véliz es uno de los primeros parlamentarios de la nueva generación, heredero de los dirigentes del Valle Alto que en los años 50 se aliaron con el nacionalismo revolucionario en sus luchas por la Reforma Agraria.
El otro candidato es potosino. René Joaquino pasó su niñez y adolescencia en una comunidad indígena y logró formarse como abogado mientras trabajaba como albañil en la ciudad. Fue elegido concejal como muchos otros indígenas que avanzaron en puestos de poder político con la apertura que trajo la Ley de Participación Popular (1994) en más de 300 municipios urbanos y rurales. Es la candidatura más respaldada por las fuerzas empresariales de la "Media Luna".
El anuncio que causó más preocupación al oficialismo fue la candidatura de su otrora aliado el quechua y dirigente cocalero Ramón Loayza, quien fue compañero de lucha de Morales, amigo personal y el principal articulador del MAS en la Asamblea Constituyente.
Ninguna de esas candidaturas tiene una estructura como la del oficialismo, pero no deja de ser significativo que las próximas elecciones bolivianas tengan en primera fila a indígenas andinos o amazónicos, sin dejar mucho espacio a candidaturas de mestizos o blancos.
LOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS BUSCAN SER LOS PROTAGONISTAS DE SU PROPIO DESTINO
El País de Costa Rica (www.elpais.cr)
Han pasado casi 40 años desde la Declaración de Barbados, en la que se denuncia ampliamente el colonialismo y la represión de las poblaciones indígenas de América, con el objetivo de exterminarlas o asimilarlas, y se exige al Estado reconocer y garantizar la inviolabilidad de sus territorios, así como atender a sus comunidades, respetando sus culturas y entornos ecológicos, de modo que los indígenas sean "protagonistas de su propio destino".
No hicieron mucho los gobiernos al respecto, pues las necesidades económicas de los Estados avasallaron los derechos de las poblaciones originarias, pero los indígenas se convirtieron en protagonistas de su propio destino ya sea por su participación en la política nacional y su visibilidad internacional, o por su resistencia en defensa de los territorios que de manera creciente se ven afectados por la expansión de la frontera agrícola para monocultivo de soja, caña de azúcar o palma africana o por la intervención de compañías privadas con proyectos de explotación de madera, hidrocarburos o minerales.
La necesidad de etanol para el mercado de Estados Unidos ha convertido la cabeza de algunos gobernantes en caja registradora: en Brasil, Colombia, Guatemala, por ejemplo, se destinan grandes extensiones de territorios antes vírgenes para el cultivo intensivo de la materia prima para el etanol.
Las dos últimas décadas han sido particularmente importantes en la emergencia de los indígenas como movimientos sociales, con dirigentes que han saltado al escenario internacional. La simpatía de Europa por el tema ha constituido un espaldarazo para los indígenas que en sus propios países no gozaban del apoyo de la clase dirigente.
El Premio Nobel de la Paz otorgado en 1992 a la maya guatemalteca Rigoberta Menchú abrió la puerta para el reconocimiento internacional de las demandas indígenas. Y sin duda el fenómeno mediático del "Subcomandante Marcos" del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México -un político de la clase media urbana- y su salto al estrellato internacional visibilizó la situación de los indígenas de Chiapas.
Mucho ha cambiado en el escenario latinoamericano, y los ejemplos de líderes indígenas que llegan a posiciones de prominencia o poder son ahora varios, particularmente en países de mayoría indígena, como Guatemala, Bolivia o Perú.
En Bolivia, la Revolución Nacional de 1952 que eliminó el voto calificado y dictó una extensa reforma agraria fue la semilla de los cambios que se han vivido en años recientes, que llevaron en 1993 a la Vicepresidencia de la República al aymara Víctor Hugo Cárdenas, y el 2006 a la Presidencia al dirigente sindical de origen indígena Evo Morales.
En Guatemala los indígenas han ocupado ministerios en varios gobiernos democráticos, y se organizaron políticamente en torno a Rigoberta Menchú para competir por la primera magistratura del país, aunque con resultados muy diferentes a los de Bolivia.
Los gobiernos latinoamericanos han implementado políticas de protección, pero en muchos casos se trata de medidas que promueven procesos de asimilación antes que de fortalecimiento de las culturas originarias. La comunicación ha jugado un papel importante en esos proyectos desde el Estado, con fines diversos. No son lo mismo las radios locales que el Instituto Nacional Indigenista creó en la década de 1970 para promover las lenguas indígenas en una veintena de poblaciones de México, que la red de emisoras Patria Nueva, que le permite al gobierno de Evo Morales llevar el discurso oficial a todos los rincones de Bolivia. El tema del territorio apenas empieza a ser entendido en la región. Las reformas agrarias convirtieron al indígena en "campesino", para dotarlo de parcelas de tierra para cultivo de autosubsistencia una manera de ahorrarle al Estado la responsabilidad de alimentar y de generar fuentes de trabajo para toda la población- sin entender que tierra y territorio son conceptos muy diferentes.
Las comunidades indígenas de las zonas bajas de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y otros países de América Latina han sufrido el impacto de la expansión de la frontera agrícola y de grandes proyectos económicos, como la carretera transamazónica. En Perú los recientes enfrentamientos sangrientos en Bagua muestran que los indígenas no están dispuestos a entregar sus territorios a compañías que explotan minerales, petróleo o madera.
El desafío para los gobiernos es muy grande, ya que por una parte están obligados a respetar los derechos humanos y en particular los derechos indígenas, y por otra se ven ante la necesidad de crear nuevas fuentes de ingreso en base a los recursos naturales de que disponen, renovables o no renovables, que en muchos casos se encuentran en territorios habitados por comunidades indígenas.
A la par de la defensa del territorio y de los recursos naturales, los indígenas de América Latina reclaman carta de ciudadanía para sus lenguas y sus culturas. Algunos gobiernos han incorporado en la Constitución Política del Estado algunas lenguas indígenas como idiomas oficiales, Bolivia lo ha hecho con 36.
La enseñanza en lenguas indígenas durante los primeros años de aprendizaje es una recomendación de la UNESCO, cuyas investigaciones demuestran que se aprende mejor y más rápido en la lengua materna, antes de adquirir una segunda lengua que permita ampliar la esfera de comunicación con el mundo.
Para fortalecer sus lenguas y su cultura las comunidades indígenas acuden a instrumentos de comunicación y los adaptan a sus necesidades. América Latina es pionera en radios comunitarias rurales e indígenas, a través de las cuales expresan su identidad tanto las grandes naciones de quechuas, aymaras, mayas o guaraníes, como las comunidades indígenas más pequeñas y aisladas.
Toleradas en Perú, Bolivia o Ecuador, y algunas en México, las emisoras indígenas son en cambio perseguidas en Guatemala, donde se las declara "piratas" por presiones de los consorcios privados de medios. En Brasil se les niega licencia para operar o se las clausura cuando lo hacen ilegalmente.
Una cosa es cierta: no hay marcha atrás. Los indígenas latinoamericanos han comprendido que su sobrevivencia ya no depende de su invisibilidad y timidez; ya no son tiempos para mantener un perfil bajo y esconderse en los últimos rincones de las selvas tropicales cada vez más invadidas por la explotación irracional de recursos naturales.
Ahora quieren no solamente reivindicar la palabra "indio", antes peyorativa, sino también participar en las decisiones políticas que se toman en su nombre, y que afectan sus intereses culturales, sociales y económicos. En adelante los indígenas de la región están dispuestos a ofrecer su sangre, si fuera necesario, para defender su identidad.
LLEGA A BOLIVIA DESDE EEUU LUIS ARCE GÓMEZ, EX HOMBRE FUERTE DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR
El hombre fuerte de la última dictadura militar boliviana, el ex coronel Luis Arce Gómez, llegó este jueves al aeropuerto de La Paz, extraditado desde Estados Unidos para purgar una condena de 30 años por delitos contra los derechos humanos.
El ex militar de ejército, de 70 años de edad, llegó junto a sus custodios a bordo de una aerolínea comercial y fue entregado a las autoridades bolivianas, en medio de fuertes medidas de seguridad.
De barba blanca crecida y con gorra de lana, Arce Gómez descendió con dificultad las escalinatas de la aeronave que lo trajo de Miami y luego fue trasladado en una silla de ruedas hacia un vehículo blindado oficial que lo trasportó hacia una revisión médica en el mismo aeropuerto.
Luego, el ex militar "será entregado a juez competente para que el juez disponga su traslado al penal de Chonchocoro", en los Andes bolivianos, a unos 30 kilómetros de La Paz, dijo el subsecretario de Interior, Marcos Farfán.
El operativo policial se realizó en medio del crudo frío invernal y con 3 grados bajo cero, destacaron funcionarios de la terminal aérea de El Alto, a 12 km de La Paz.
Arce Gómez fue puntal de la dictadura del ex presidente de facto Luis García Meza, un general de ejército que gobernó con puño de hierro entre 1980 y 1981 y que también cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
El ex coronel de ejército fue extraditado al país tras cumplir condena en un penal de la ciudad estadounidense de Miami (sureste del país) por delitos de narcotráfico.
En Bolivia fue declarado rebelde y contumaz a la ley y condenado en ausencia por graves violaciones a los derechos humanos, alzamiento armado, organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato y genocidio.
El golpe de Estado militar del 17 de julio de 1980 desalojó de la presidencia a Lidia Gueiler Tejada, la única presidenta mujer de la historia de Bolivia.
A las órdenes de Arce Gómez, paramilitares montados en ambulancias asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y secuestraron y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos continúan desaparecidos hasta hoy.
Arce Gómez fue entregado a la justicia de Estados Unidos en 1989 por el ex presidente boliviano Jaime Paz con el compromiso de que una vez cumplida su condena en ese país sea devuelto a Bolivia.
Bolivia
MANUAL PARA FABRICAR ENEMIGOS
¿Qué gana uno de los países más pobres de América Latina cuando promueve conflictos con sus vecinos?
Cuba Encuentro (www.cubaencuentro.com)
La pugnacidad en la forma de manejar la política del gobierno de Evo Morales traspasa a menudo, de un modo u otro, sus fronteras. El tema incluye a vecinos como Paraguay, Perú, Brasil y Chile, y ahora, claro, a Honduras.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en clara intromisión en la política interna hondureña, echó más leña al fuego cuando exhortó a las fuerzas en pro de Manuel Zelaya a "ponerse en marcha" y "consolidar la victoria de la democracia nuevamente en Honduras".
Para castigar a quienes sacaron del poder a Zelaya, Morales propuso en la OEA un Tribunal Interamericano ad hoc, que no procesaría al empresario ganadero, por supuesto, que sí violó preceptos constitucionales.
Pero si en Cuba la pugnacidad de Fidel Castro se traslada a sus funcionarios y aplaudidores, no resulta raro que suceda también en Bolivia. Recientemente, una veintena de policías y civiles bolivianos violaron los límites paraguayos, por un lugar cercano a la localidad de Infante Rivarola, departamento de Boquerón, en Chaco.
Hubo que esperar más de dos semanas para que el Palacio Quemado aceptara la protesta paraguaya, y sólo entonces admitió que "entre el 16 y 17 de mayo un grupo de policías vestidos de civil y muñidos con sus armas de reglamento, incursionó en territorio paraguayo tras los pasos de un malhechor de esa nacionalidad acusado de perpetrar un robo en una hacienda boliviana".
El incidente obligó a Morales a viajar a Asunción —después de visitar La Habana— y poner una hoja de parra en diálogo con el mandatario Fernando Lugo.
No hay que perder de vista que el telón de fondo en las relaciones bilaterales es la inolvidable guerra territorial del Chaco, donde murieron, entre 1932 y 1935, 100.000 personas de ambos lados.
Pero si todo parecía zanjado, Bolivia no había entregado aún el 23 de junio pasado, a más de un mes de la violación territorial, al ciudadano paraguayo que fue arrestado en su país por fuerzas bolivianas, y esto a pesar de que el canciller Héctor Lacognata clamó: "No hay ningún justificativo ni desde el ámbito diplomático ni desde el ámbito legal que argumente una retención de este ciudadano en tierras bolivianas".
El canciller paraguayo añadió que la situación es "absolutamente a contramano a los tiempos y de buenas relaciones" que se están "viviendo entre las naciones de América del Sur".
Perú
El último ejemplo de pugnacidad contra Perú fue la medida de Morales de prohibir la venta de aceite comestible al país vecino, lo cual levantó la protesta del presidente Alan García, en el sentido de que aumentará el precio inmediatamente en su país.
Todavía, sin embargo, no se olvida la colisión de Morales con el ejecutivo peruano cuando calificó de "genocidio" la muerte de diez indígenas a causa de los enfrentamientos del pasado 5 de junio en Bagua, zona amazónica de Perú. Apresurado como tantas veces en descargar la descalificación, el jefe del Palacio Quemado quedó muy mal parado cuando se supo que los muertos entre la policía fueron 24, más del doble que entre los indígenas.
El acto intervencionista de Morales en el conflicto de la amazonía peruana perdió todavía más legitimidad cuando James Anaya, el relator especial de la ONU, afirmó que en lo ocurrido "no existen elementos" para hablar de genocidio.
Alan García llamó a la sazón a su embajador a Lima, Fernando Rojas, y no faltó quien aseguró, como el ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado boliviano, Hoz Vila, que "la situación Perú-Bolivia es gravísima".
"En 80 años, nunca habíamos tenido una situación así", subrayó.
Morales, que no admitió el error, se negó a ofrecer disculpas por su ex abrupto, algo que exigió el canciller peruano José Antonio García Belaúnde.
La respuesta del ex sindicalista fue realmente cantinflesca: "He estado escuchando a algún ministro de la hermana República del Perú que me dice que pida perdón, pero cuando se trata de defender la vida, no hay nada por qué pedir perdón", declaró.
El "genocidio" —habría que preguntarle a Morales—, ¿lo perpetraron los indígenas o la policía? ¿Cuáles vidas defendió él?
Chile
Una de las recientes declaraciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, no cayó muy bien en Chile. El funcionario dijo que no descarta la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de La Haya para dirimir con Chile una salida al mar.
Se sabe, sin embargo, que Chile no accederá a una salida por su territorio que incluya soberanía boliviana. Esto no es consecuencia de la política de la presidenta Michelle Bachelet, sino del sentir de muchos chilenos. Incluso un radical en pro del mar, como el ex presidente Carlos Mesa, admitió el alto costo político que significa "para un presidente chileno que otorgue soberanía".
Con tal actitud, el ejecutivo de Morales mira hacia Lima, que ya dirime límites marítimos con Santiago en el Tribunal Internacional. La mayoría de los observadores sostiene que Perú perderá. De tomar La Paz igual camino, Santiago, sencillamente, declarará al Tribunal incompetente.
Si el gobierno boliviano amenaza ahora con cerrar sus fronteras con Argentina, a causa de la influenza humana, que en el vecino ha contagiado a 100.000 personas, muchas coincidencias ideológicas han situado en un buen nivel las relaciones entre los dos países. Sin embargo, en su momento La Paz no dudó en poner trabas a su oferta de gas a Buenos Aires para que no lo revendiera a Chile.
Ya virtual presidente electo, Morales confirmó que si Chile "quiere diplomacia o gas, tiene que haber mar para Bolivia".
A pesar de las presiones sobre La Moneda de distintos sectores chilenos en contra de la aspiración boliviana, Bachelet habilitó una nueva terminal marítima, que se añade a otras dos existentes desde hace un siglo y por las cuales el país vecino puede exportar en términos de libre tránsito.
Según la agencia EFE, esto quiere decir "en un régimen jurídico que exime de tasas y contribuciones al paso de cargas de todo tipo y en todas las circunstancias". Morales y sus funcionarios no hablan, por supuesto, de los esfuerzos chilenos y condiciones creadas para las exportaciones bolivianas.
La nación austral, por su parte, da pasos para garantizar su autonomía energética, y ya culminó una de varias terminales marítimas para comprar gas natural en el mercado internacional.
En otra frontera del problema, la autonomía energética de Brasil, con yacimientos enormes encontrados en los últimos años, será sólo cuestión de tiempo. La Paz generó una crisis en Brasil cuando nacionalizó el petróleo e incrementó los precios del gas. Inversiones que Brasil planeaba entonces para Bolivia, cambiaron de destino.
Habría que preguntarse si gana o pierde Bolivia con su pugnacidad política, teniendo en cuenta que es uno de los países más pobres de América Latina.
ABOGADO INSINÚA QUE LUGO SABÍA DE LA VIOLACIÓN DE SOBERANÍA POR BOLIVIA
El defensor del Tte. 1° de Caballería Freddy González, Abog. Alberto Varessini, pidió que la Justicia Militar indague al presidente de la República, Fernando Lugo, al vicepresidente, Federico Franco, y al canciller, Héctor Lacognata, en el caso del incidente fronterizo de Infante Rivarola.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El dato fue confirmado por el mismo juez militar, Tte. Cnel. Rubén Aquino. La solicitud del abogado es un indicio de que las más altas autoridades paraguayas estaban al tanto de lo ocurrido en la frontera con Bolivia. El pedido guarda relación con el ingreso de policías militares de Bolivia a territorio paraguayo, el 17 de mayo último, en persecución de dos paraguayos.
El magistrado castrense dijo que el defensor del Tte. 1° de Caballería Freddy González, abogado Alberto Varessini, ha presentado un cuestionario solicitando la declaración por oficio del presidente de la República, Fernando Lugo; del vicepresidente, Federico Franco; y del canciller, Héctor Lacognata.
Sin embargo, según Aquino, el fiscal militar, Mayor Nelson Ruiz, “se opuso a la forma como presentó el defensor, entonces solicitó que se reformule la pregunta”, dijo. Explicó que se solicitó al abogado “que se base exclusivamente en lo que se está investigando en el sumario, que es el abuso de autoridad”. El juez militar justificó el pedido de reformulación “porque la cuestión diplomática no nos interesa”, dijo.
“O sea, no es que no interesa, sino lo que se está investigando no es lo que pasó entre el canciller y el presidente paraguayo y boliviano”, acotó.
Insistió que de acuerdo al pedido del fiscal militar se le solicitará al abogado Varessini que reformule la pregunta. La violación de la soberanía paraguaya se registró el domingo 17 de mayo, a las 13:15, aproximadamente, pero fue mantenido en “secreto absoluto” durante 17 días, hasta que el poblador de la ciudad de Mariscal Estigarribia, Alejandro Cabrera, denunció lo ocurrido en la mañana del 3 de junio en la radio Pa’i Puku y en este diario. Recién a partir de ese momento, las autoridades políticas y militares se empezaron a movilizar. El denunciante es hermano de Miguel Angel Cabrera, cuya casa fue violentada en la estancia de Sabino Escobar, en persecución de los hermanos Roberto y Lorenzo Sosa.Otro indicio de que las autoridades estaban al tanto de lo ocurrido podría ser el hecho de que el presidente boliviano, Evo Morales, durante su visita al Chaco, el 12 de junio último, ni siquiera mencionó el suceso, y mucho menos pidió disculpas ante la población y los medios nacionales presentes en la ciudad de Mariscal Estigarribia.
El Tte. 1° de Caballería Freddy González soporta un sumario interno en la justicia militar, por abuso de autoridad y falta contra la disciplina militar. Mientras, el fiscal de Boquerón, Alan Schaerer, le investiga por extrañamiento de personas, a raíz de la detención del compatriota Roberto Sosa, capturado y trasladado ilegalmente por la policía militar boliviana de Villa Montes.
Sosa fue liberado el 18 de junio en la frontera, mientras que su hermano, Lorenzo, sigue desaparecido.
BOLIVIA PIDE TIEMPO EN LA CÁRCEL DE EXTRAÑO MUNDO FRECUENTADO POR LOS TURISTAS
Los turistas que una vez brided a gawk, tienda, cenar e incluso hacer las drogas están prohibidas en la cárcel, mientras que los reclusos familias también se enfrentan a la expulsión
The Guardian de Londres (www.guardian.co.uk)
Lo que solía ser uno de América del Sur más legendaria de interés turístico. Celebrado como único en el mundo, de San Pedro en La Paz, Bolivia, es una cárcel como ninguna otra. Los turistas extranjeros que pagar sobornos para entrar, gawk, tienda, cenar e incluso consumir drogas. Muchos consideran que el mejor valor de la ciudadela inca Machu Picchu.
No más. Un barrido represión ha impedido turistas de los complejos, sustituye guardias corruptos y retó extraño que las prácticas se ha convertido en la materia de la tradición. Si el gobierno de Bolivia tiene su forma, San Pedro del único día son más.
"Esta fue una cárcel muy original, muy diferente de los demás", dijo Juan González, 39, un ladrón convicto, sentado en una cama en su celda. "Era como un pequeño pueblo. No fue tan malo. Ahora todo lo que está en riesgo".
En el patio otros reclusos amontonados en grupos pequeños, nerviosos y resentidos. Se utiliza para ejecutar mini-restaurantes y puestos de artesanías, pero ahora, con la prohibición de los turistas, las empresas se había derrumbado. En el exterior decepcionados rued turistas desaparecidos el apogeo. Guardias en uniformes verdes han rechazado, pero que aún quedan.
"Lo que uno bummer. Esta fue una de las principales atracciones de Bolivia", dijo un joven británico, Matt y Linda. "Bueno, al menos vamos a sacar una foto en la puerta."
La fama de San Pedro está configurado para llegar a un público más amplio con una nueva película producida por Brad Pitt y protagonizada por Don Cheadle. Basado en el libro de marcha en polvo, sobre los cuatro años de encarcelamiento de un ciudadano británico de drogas mula, Thomas McFadden, se detalla cómo iba a pagar los turistas para los viajes, pernoctaciones y la cocaína-alimentado partes.
Después de años de hacer la vista gorda las autoridades se vieron obligadas a actuar después de turistas subido un video de YouTube en una visita en febrero. Televisión local recogió nuestra noticia y entrevistó a los extranjeros que salen de la cárcel. Se convirtió en un circo.
Avergonzado, el gobierno se comprometió a cambiar de San Pedro. "Lo más alarmante es que los turistas", dijo Jorge López, jefe del servicio de prisiones. "Ahora estamos en constante rotación de los guardias para que no desarrollen una estrecha relación con los reclusos para que podamos cortar la corrupción."
Además de expulsar a los turistas las autoridades han prohibido otros rasgos de San Pedro, como el alquiler de los reclusos, compra y venta de sus propias células, un mercado inmobiliario que tuvo su propia burbujas y depresiones. Empleados de oficina ya no puede meter a un almuerzo en los restaurantes baratos, que, libres de impuestos y facturas de servicios públicos, fuera de subcotizaron rivales.
Lo que más molesta a los reclusos es una amenaza de expulsar a sus familias. Cientos de mujeres y niños viven voluntariamente en la prisión - con la libertad de ir y venir durante el día - por falta de alojamiento y el empleo en la empobrecida capital.
"Estamos muy felices aquí. Tenemos trabajo, tenemos una casa. Fuera no hay nada", dijo Laura González, Juan wifeof el condenado ladrón Juan, en penosamente a través de las puertas. Ella cocina en un restaurante y su esposo, que cumple tres años, trabaja como un aficionado dentista. Ellos comparten su celda, lleno de ropa y DVD, con dos hijos y un gato, Felix.
América Latina tienden a ser las prisiones superpobladas, sombrío y violento, con disturbios y decapitaciones común. San Pedro, que se divide en ocho secciones que van desde los barrios marginales-como a la felpa, es peligroso por la noche pero relativamente segura en el día. "Después de las mujeres y los niños aquí ayuda a mantener la calma a los hombres", dijo un guardia.
Cocaína, crack y marihuana se consume abiertamente - un reciente documental muestra a un prisionero snorting una línea fuera de un ejemplar del libro Polvo de marcha - pero los laboratorios para el procesamiento de cocaína han cerrado.
La llegada de los presos de alto perfil tienden a coincidir con la represión. Klaus Barbie, criminal de guerra nazi, pasó unos meses aquí en 1983 antes de la extradición a Francia. Más recientes son Leopoldo Fernández, un gobernador provincial presuntamente implicado en el asesinato de los campesinos indígenas, y Santos Ramírez, acusado de corrupción, mientras que la partida de la empresa estatal de energía. El destino de las empresas de San Pedro - peluquerías, tiendas de alimentación, salas de billar - es incierto. Tampoco está claro qué pasará con la liga de fútbol en el que las ocho secciones de cada campo de un equipo, con los jugadores compran y venden en un mercado de transferencias.
El gobernador, José Cabrera, dijo recientemente: "Los presos tienen que entender que se trata de una penitenciaría."
MATERIAL PARA JÓVENES CALIFICA A BOLIVIA COMO “NACIÓN DE LA DROGA”
El Grupo Bolivia de Gotemburgo denuncia el contenido incorrecto e irrespetuoso de un material didáctico distribuido entre los jóvenes suecos que denigra a Bolivia y al proceso encabezado por el presidente Evo Morales. Boliviagruppen de Gotemburgo advirtió sobre el folleto distribuido por la organización sueca AlmaEuropa, financiado por el Socialstyrelsen de Suecia que con una historieta pretende combatir el consumo de drogas entre los jóvenes.
Liberación de Suecia (www.liberacion.se)
En esa publicación, una antología de historietas titulada “Tilt” de la editorial Galago, existe una serie titulada “Narkotisk nation”, escrita y dibujada por Fabian Göranson, que identifica a Bolivia como la nación de la droga. Según el autor, Bolivia es “un país devorado por la droga”, y contiene varias equivocaciones y datos falsos. Además, cuestiona la legitimidad del proceso democrático boliviano actual al insinuar que los carteles de la droga son los que pusieron al presidente Evo Morales en ese cargo. Incluso va más allá al decir que “la mitad de la economía boliviana está de alguna manera relacionada con la cocaína”.
Boliviagruppen, de Gotemburgo, es una organización no gubernamental que apoya pequeños proyectos de desarrollo en Bolivia, y está integrada por gente boliviana, de otros países latinoamericanos y suecos.En un comunicado difundido esta semana, rechaza el contenido de la serie Narkotisk nation, “por considerarlo totalmente incorrecto e irrespetuoso” y consideran que no debiera ser usado como material pedagógico.
TABARE VAZQUEZ PIDIO SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA
Agencia Ansa de Italia (www.ansa.it/ansalatina)
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, afirmó que avanzará en la concreción de la propuesta de asegurarle una salida al mar a Bolivia en la reunión que sostendrá el lunes en Montevideo con su colega Evo Morales, quien realizará su primera visita oficial al país.
En declaraciones al diario La República Vázquez dijo que abordará con Morales temas bilaterales en materia energética y otros rubros pero "lo más importante", dijo, es "avanzar en la concreción del ofrecimiento que realizáramos hace tiempo, de asegurar una salida al mar al hermano pueblo de Bolivia, a través de una ampliación de nuestro Puerto de Nueva Palmira".
"Es una actitud solidaria de nuestro gobierno y nuestro país hacia un pueblo y un gobierno hermano. Lo conversamos con Evo en varias oportunidades y queremos avanzar en esa dirección", agregó.
Vazquez recordó que realizó un planteamiento similar a Paraguay ya que, insistió, "nos parece una actitud de solidaridad elemental y además concreta, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades".
Bolivia es un país mediterráneo desde que perdió la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia durante la segunda mitad del siglo XIX y la salida al mar es una antigua reivindicación de sus gobiernos.
ARRATE PROVOCÓ "MAREMOTO" EN LA POLÍTICA ARIQUEÑA
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, en las que decía estar dispuesto a darle una solución marítima a Bolivia, causaron el enojo y la molestia de diversos dirigentes políticos regionales, tanto así, que lo consideraron como una falta de respeto para los ariqueños y parinacotenses.
El vicepresidente regional de la Democracia Cristiana (DC), Hernán Lagos, explicó que Arrate se define como progresista al regalar territorio que no le pertenece, porque los dueños de la soberanía de la región son los ariqueños y parinacotenses. "Me parece grave, pero me satisface el poder conocer los peligros antes de y no encontrarnos con sorpresas después".
"Que el señor Arrate con tal desparpajo venga a dar mar, no sé si lo dará por su casa, pero por Arica no y el que pretenda darle mar a Bolivia se encontrará con todos los ariqueños", dijo.
El presidente comunal de Renovación Nacional (RN), Cristian Alvarez, manifestó que es un disparate y pasa a llevar el sacrificio que realizaron miles de chilenos para anexar este trozo de tierra a la territorialidad chilena. "Es una falta de respeto a los ariqueños. Existe en un sector importante de la izquierda que tiene una visión 'entreguista', porque más que interesarles los principios básicos como la soberanía, les interesan los principios ideológicos del socialismo extremo".
Explicó que de seguir en esa postura, a Arrate le irá muy mal en Arica. "Lo único que hace es seguir reflejando que no está con Arica, y sí con otros países, por lo tanto sería más interesante verlo como candidato a un puesto político en Bolivia que en Chile".
PATRIOTISMO
El concejal de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Durana, expresó que una persona que vive a 2.100 kilómetros de Arica y que quiere ser candidato presidencial, es una falta de respeto el hacer este tipo de declaraciones, más aún en un lugar como Arica.
"Nosotros vivimos el concepto de la patria, nacionalidad y los valores se viven de manera distinta. El jamás ha estado un 7 de junio en Arica ni vivido una Fiesta Patria acá, como para venir de tan lejos a tener este tipo de declaraciones que en nada favorecen a la Región de Arica y Parinacota", puntualizó.
BOLIVIA SE ABRE A ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE ORIGEN DEL SILALA
Noticias 123 de Chile (www.noticias.123.cl)
El canciller boliviano, David Choquehuanca, informó que el proceso tendrá una duración cercana a los 4 años, y que dirimirá si se trata de un río internacional o un manantial.
El gobierno boliviano aceptó llevar a un estudio científico el derecho propietario del manantial Silala, ubicado en el cantón Quetena de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, lo que abre la posibilidad para que Chile consolide su tesis de que este recurso hídrico es un río de curso sucesivo, por lo tanto sometido a leyes internacionales.
El propio canciller boliviano, David Choquehuanca, en conferencia de prensa informó que se hará un estudio científico del Silala, cuyo trabajo durará aproximadamente cuatro años, para definir si es un río internacional o un manantial.
Las aguas de este manantial fueron dadas en concesión por la Prefectura del Departamento de Potosí a The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited única y exclusivamente para alimentar o abastecer del líquido a las locomotoras a vapor de esta empresa inglesa.
Sin embargo en el contrato fechado en septiembre de 1908, en su parte de antecedentes, el concesionario hace referencia a que las aguas del Silala servirían para alimentar a sus máquinas, pero en ningún de los puntos hace referencia a que serían destinadas para el consumo humano, como lo que ha ocurrido desde hace 100 años.
Desde Bolivia, han acusado que el único beneficiario del caudal que se ubica entre los hitos 73 y 74, ha sido nuestro país. Pese a la propuesta chilena de pagar un 50% del consumo de las aguas, la opción fue rechazada tajantemente por el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori. "No se va a renunciar a algunos puntos claros: uno de ellos es la deuda histórica", destacó. Chile sustenta el criterio de que esas aguas son de cauce internacional, mientras que La Paz alega que las aguas nacen de un manantial canalizado artificialmente en el siglo XIX para abastecer a la extinta empresa ferroviaria.
TRASLADAN A LA PAZ – BOLIVIA PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN MINERA DEL RÍO SUCHES
Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org.pe)
En la ciudad de La Paz, capital de la república de Bolivia, el próximo miércoles 15 de Julio, las autoridades y técnicos en una reunión consolidarán los informes de los estudios que se han realizado en torno a la contaminación minera del Río Suches.
El ingeniero, Víctor Paredes Argandeña, Director Regional de Energía y Minas, informó que en esa reunión participarían los congresistas Tomas Cenzano Sierralta y el diputado Boliviano, Victor Mena Siacara, además los funcionarios y técnicos que durante varios meses han realizado los análisis del grado de contaminación.
En dicho encuentro, también se estarían planteando algunas alternativas de desarrollo para las localidades que están ubicadas en las riberas de la cuenca Suches, además sobre las formas de permitir la operación minera conforme a los estudios de impacto ambiental, la construcción de pozas mineras y su formalización.
En esa reunión, también participarán los funcionarios del Instituto Geológico Minero, además las autoridades encargadas de regular la minería de ambas naciones
Así acordaron los técnicos y funcionarios que se han reunido el pasado 30 de Junio, en la comunidad boliviana de Japucollo.
EXTRADITAN A EX MINISTRO MILITAR BOLIVIANO PARA PURGAR 30 AÑOS DE CÁRCEL
Eco de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El ex ministro del Interior, el militar Luis Arce Gómez, llegará la madrugada del jueves a Bolivia extraditado desde Estados Unidos por la justicia boliviana para purgar una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, informó a la AFP una fuente de Gobierno.
Arce Gómez fue hombre fuerte de la dictadura del ex gobernante, Luis García Meza, un general dado de baja que encabezó la última dictadura militar boliviano entre 1980 y 1981 y que también cumple condena en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
El ex coronel de ejército, 70 años de edad, llegará al país luego de cumplir condena en un penal de la ciudad estadounidense de Miami (sureste) por delitos de narcotráfico.
En Bolivia fue declarado rebelde y contumaz a la ley y condenado en ausencia por graves violaciones a los derechos humanos, alzamiento armado, organización e integración de grupos irregulares, delitos contra la libertad de prensa, asesinato y genocidio.
El ex ministro, que una vez recomendó por cadena de radio y televisión a sus adversarios "caminar con el testamento bajo el brazo", llegará al aeropuerto de El Alto a las 06H00 (10H00 GMT) de la madrugada de este jueves "e inmediatamente será trasladado a la cárcel de Chonchocoro", dijo a la AFP por teléfono una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior).
Arce Gómez será entregado en la misma pista a las autoridades bolivianos por agentes que lo custodiaron desde Miami y personeros de la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
El ex militar fue puntal del golpe de Estado del 17 de julio de 1980 que desalojó de la presidencia a Lidia Gueiler Tejada.
A sus órdenes paramilitares montados en ambulancias asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y secuestraron y asesinaron al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyos restos continúan desaparecidos hasta hoy.
Arce Gómez fue entregado a la justicia de Estados Unidos en 1989 con el compromiso de que una vez cumplida su condena en ese país sea devuelto a Bolivia.
BOLIVIA: ENTREGAN TIERRA A COLONOS EN DEPARTAMENTO REBELDE ANTES DE COMICIOS
El Economista de España (www.ecodiario.eleconomista.es)
El gobierno boliviano anunció el envío de 2.500 familias de nuevos colonos al departamento Pando, irritando a la oposición, que ve en el traslado una motivación política de cara a las elecciones generales de diciembre próximo.
El plan de colonización, que abarca las regiones de Federico Román, Santa Rosa del Abuná y Filadelfia, comprende un área geográfica de 200.000 hectáreas, especificó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz. El desplazamiento de colonos andinos y vallunos a esa región tropical podría resultar crucial, si se tiene en cuenta que el padrón electoral del lugar es de apenas 33.794 personas, según la Corte Nacional Electoral, y la llegada de los colonos podría alterar el balance a favor del gobierno.
Pando, cuyas élites son opositoras a Morales, fue escenario en setiembre de una matanza a bala de 11 campesinos leales al mandatario en el marco de la violencia política a la que el gobierno definió de golpe civil-prefectural.
Acusado de instigar la emboscada a campesinos, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, permanece detenido desde entonces en una cárcel de La Paz, mientras Morales nombró en el cargo a un adherente.
Las autoridades y las élites de Pando formaban un fuerte bloque opositor a Morales junto a los de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca.
Un alto funcionario de la prefectura, Carlos Dabdoub, comentó que "ese ese traslado de esas personas no es nada más ni nada menos que tiene un efecto electoral".
¿A QUÉ JUEGA EVO MORALES EN LA AMAZONÍA?
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El genocida peruano Alan García intentó abrir la Amazonía para que sea explotada por las transnacionales petroleras. Usó fuego y metralla para acallar a los indígenas, pero no pudo. Hoy Evo Morales, con otros métodos, quiere hacer lo mismo con las selvas de Bolivia. Esta es la denuncia del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
La empresa Geokinetics, un pulpo de la industria petrolera con sede en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya comenzó las labores sísmicas de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, afectando el territorio y a las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco-Larecaja. Los planes a desarrollar también afectarán a los pueblos Chimán, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo, así como a colonias campesinas instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.
Esto fue verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura. Esta agresión evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las organizaciones y pueblos indígenas como para la población boliviana en general.
A la vez, esta agresión nace del más absoluto desprecio por el derecho de consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad petrolera.
Ese desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)
De allí, esta denuncia de carácter nacional e internacional para detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la solidaridad y a la movilización general de todos los sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.
Evo debe decidir y actuar
Lo más increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales.
En ese marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía, territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno boliviano encabezado por Evo.
No entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está instalada en el Perú) son los que han conducido a la masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui salga de la región?
Aquí tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la exploración petrolera.
Preguntamos: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas, conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se había concesionado los bloques petroleros de la selva era YPFB-Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal boliviano-venezolana.
Ahora nos enteramos y denunciamos este sub-contrato con una empresa norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada "Guerra del Gas" que ocasionó más de 60 muertos, en octubre de 2003.
Preguntamos: ¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros compatriotas?
¿Por qué, en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo significativo?
¿Por qué la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a temas más urgentes como la separación de líquidos de los hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando en territorio nacional?¿Por qué esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a la Amazonía?
Conscientes del daño ambiental irreparable que ya está empezando, tampoco podemos creer los cantos de sirena de la empresa yanqui, de Petroandina y de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos cuando hablan de mitigar esos daños, cuando hace unos días se acaba de saber que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, perdonó a la empresa trasnacional Transredes la deuda con el Estado y las comunidades indígenas del altiplano boliviano (La Paz-Oruro, año 2000) a raíz del mayor desastre ecológico de su historia ocasionado por el derrame de petróleo por la ruptura de un ducto a cargo de la referida empresa.
No entendemos cómo el compañero Evo que conoce de la agresión y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como dirigente sindical durante veinte años en defensa de la hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de Geokinetics en la Amazonía. Preguntamos: ¿será que debemos enfrentarnos a los gringos, como él y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba lo hicieron contra la DEA?
A la vez, no entendemos cómo el gobierno que más se ha hecho respetar contra la permanente ingerencia norteamericana en los asuntos internos de Bolivia, permita esta presencia yanqui en suelo boliviano.¿Cómo entender que los mismos norteamericanos que han sido denunciados por las propias autoridades nacionales de conspirar para derrocar y asesinar a Evo y que han estado detrás de la Masacre de Porvenir, en Pando, donde murieron decenas de campesinos, y que ponía en marcha el Golpe Cívico-Prefectural contra el gobierno y para dividir Bolivia, ahora hayan iniciando un proceso de destrucción irreversible de los recursos naturales de la Amazonía Sur?
Por último, está claro que todo lo denunciado contradice la incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas que nuestro presidente Evo Morales está realizando en el ámbito internacional, donde es valorado y respetado como un paladín en la defensa de esos derechos, como ya se demostró cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU o cuando, a propuesta del propio Evo, la referida ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Por esa misma Madre Tierra que ya está siendo agredida, contaminada y destruida, por esos mismos derechos de los pueblos indígenas que están siendo pisoteados, avasallados y desconocidos, es que imploramos a nuestro compañero presidente, en nombre de lo más sagrado, como es la defensa de la tierra y de la vida, es decir de la Amazonía, que ordene la inmediata suspensión de toda actividad petrolera exploratoria en los territorios indígenas y que expulse a Geokinetics para evitar que siga la destrucción y nuevos vejámenes a los derechos humanos y prevenir cualquier violencia.
No queremos otro Baguá, por culpa de las empresas petroleras, ni por la imposición de una visión desarrollista de explotación indiscriminada de los recursos naturales.
Queremos que se respeten los derechos consagrados y las leyes nacionales y convenios internacionales pero especialmente el paradigma de nuestro gobierno representado por el Vivir Bien, es decir vivir en armonía con la naturaleza, como vivimos siempre y como el hermano Evo proclama en los foros internacionales.Queremos que se valoren, en ese marco, los esfuerzos de indígenas y campesinos amazónicos no sólo por preservar la vida y la naturaleza de la Amazonía, sino las opciones económicas viables que ellos impulsan, como la producción de castaña y cacao ecológico o el ecoturismo, que demuestran que el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es el camino alternativo al modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales no renovables, vigente desde la creación de la república y que ha amarrado al país a la pobreza.
En ese sentido, proponemos el debate ideológico y la reflexión consciente, y aceptamos el desafío propuesto por el propio compañero Evo Morales en la última reunión consultiva de la CIDOB de debatir, de manera abierta, franca y fraternal, estos temas y todo lo relacionado con el presente y el futuro de la Amazonía. Un debate, urgente y necesario, que también Evo alentó con relación a la propuesta ecuatoriana, encabezada hoy por el propio Presidente Correa, de dejar el petróleo amazónico en el subsuelo, y exigir a cambio el pago de la deuda ecológica a los países industrializados, en el marco del debate mundial sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático.
Creemos que estas verdades deben ser escuchadas, que lo actuado por los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos viola todos los derechos de los pueblos indígenas y debería ser sancionado y que es preciso acabar con la presencia norteamericana en el territorio amazónico, más cuando ello sólo significa depredación ambiental, división social, degradación cultural y sometimiento a dictados de políticas que no responden a los verdaderos intereses de los pueblos.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA, CONTRA LAS CUERDAS EN EL COMBATE A LA GRIPE A
Las autoridades sopesan si prohíben o no la celebración de actos masivos en vísperas del bicentenario del grito libertario de América
El País de España (www.elpais.com.es)
La expansión de la gripe A en Bolivia, a un ritmo de ocho enfermos por día, está poniendo en un brete a las autoridades, que aplacaron una huelga indefinida en el sector sanitario y ahora deben decidir si prohíben o no la celebración de actos masivos en vísperas de la esperada celebración del bicentenario del grito libertario de América. Desde el lunes, 38 personas se han contagiado de la gripe AH1N1, con lo que el número de enfermos sube a 537 en siete de los nueve departamentos de Bolivia, con mayor incidencia en las tres ciudades del eje: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Con 9,6 millones de habitantes, Bolivia es el cuarto país más afectado por la gripe en la región, según organismos internacionales.
El Gobierno boliviano declaró el estado de emergencia en cuanto se registraron los primeros casos de gripe en junio y, pese a la urgencia del momento, los trabajadores sanitarios persistieron en sus reivindicaciones salariales y optaron por la huelga indefinida para exigir una paga extra —el bono por vacunación— de unos 260 euros. El ministro de Salud, Ramiro Tapia, ha dispuesto un proceso penal contra los dirigentes sindicales que llamaron a la huelga a partir del martes, después de declarar día libre el lunes para celebrar el día del trabajador.
Las durísimas críticas ciudadanas y las protestas de los enfermos -que cerraron las calles aledañas al Hospital General de La Paz— obligaron a dejar sin efecto la medida en el resto del país, pero sin embargo fue acatada por unas horas en la ciudad de La Paz. Tapia calificó de "irracional y criminal" la suspensión de la atención a los enfermos en los hospitales, sobre todo en una situación crítica para la salud colectiva y anunció sanciones administrativas.
"Irracional"
El Ministerio de Salud ha planteado un paréntesis de cinco días, "el tiempo que requiere el virus para replicarse y poder contagiar", con el objetivo de disminuir la incidencia de la pandemia. El problema está en La Paz. El 16 de julio se celebra los 200 años de la gesta libertaria que respaldó el movimiento independentista surgido en Chuquisaca en mayo de 1809. Tras meses de preparativos, la cancelación de la programación dejaría una estela de frustración no solamente económica. Las autoridades han prolongado una semana más las vacaciones de invierno de los escolares y los universitarios.
DESDE EL 2006 HABRÍA INFILTRACIÓN CHAVISTA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División Internacional de Terrorismo de la Dircote (Diviti) son los únicos organismos policiales que en los últimos tres años han denunciado, aunque con evidencias diferentes, la llamada penetración bolivariana en nuestro país. Sin embargo, solo una de estas entidades elaboró un voluminoso informe de inteligencia sobre los presuntos organismos, funcionarios públicos y otros personajes de la vida política del Perú y de la región que tuvieron o tienen nexos con entidades apadrinadas por el régimen venezolano.
El Comercio tuvo acceso a este informe que fuera elaborado por la Digimin en el 2008 durante la gestión del general PNP (r) Jorge Cárdenas Sáez, quien renunció al cargo a fines del año pasado. Dicho documento, que se encuentra plasmado en unas 280 diapositivas y que se mantenía reservado, sería el único reporte de inteligencia “importante” que analiza de forma general los tentáculos del llamado Socialismo del Siglo XXI en el Perú , mientras que la Dircote se ha centrado en los nexos de los colectivos sociales de nuestro país con el chavismo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El informe de la Digimin —que debe ser tomado de manera referencial ya que no tiene rango de atestado policial— revela que desde el 2006 existe una fuerte penetración de entidades patrocinadas por el Gobierno Venezolano que aglutina, bajo la consigna bolivariana, a diversos colectivos partidarios, movimientos sociales y gremiales, ex presidiarios de organizaciones subversivas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso (SL), así como a funcionarios regionales del Perú, algunos de ellos vinculados con el Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala.
El documento de inteligencia señala, además, que las siguientes organizaciones figuran como puntas de lanza del Gobierno Venezolano: el Congreso Bolivariano de los Pueblos (CBP), la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), las casas de la Amistad vinculadas a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), la red de alcaldes bolivarianos y la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). Cabe indicar que estos organismos, con sede principal en Caracas, ya fueron puestos en la palestra por este Diario debido a que algunos de sus integrantes en el Perú son investigados penalmente en la Sala Penal Nacional (ver nota adjunta).
PROTAGONISTAS CLAVESEl informe también revela dos nombres que hasta ahora eran desconocidos, pero que en su momento llamaron la atención de los agentes de la Digimin. Ellos son el ex ministro del Poder Popular para la Información y Comunicación de Venezuela y directivo del canal Telesur (de capitales venezolanos), Andrés Guillermo Izarra García, y un personaje de nacionalidad argentina, Fernando Ramón Bossi Rojas. Ambos, según la Digimin, figuran como operadores en temas de comunicación del amplio frente de organismos bolivarianos que existen en la región y en el Perú. En este documento se brinda mayor atención a Bossi Rojas, quien también tendría la nacionalidad venezolana y que registra ingresos a nuestro país desde el 2004 hasta el 2007.
“En su momento, Bossi manifestó su solidaridad contra la [presunta] persecución policial del gobierno aprista a Ollanta Humala y exhortó a los movimientos populares del continente a solidarizarse con dicha causa”, dice el informe policial que ya no habría sido actualizado.
También se afirma que este personaje convoca y facilita viajes de autoridades públicas y líderes de opinión del Perú a Venezuela para estrechar vínculos. No se menciona, sin embargo, los nombres de los supuestos invitados. En el mismo documento se consignan (como se publicó el martes) los nombres de 15 alcaldes distritales y provinciales del Partido Nacionalista que viajaron a Caracas entre el 7 y 14 de octubre del 2007 para “reuniones de coordinación con la finalidad de instalar oficinas del ALBA en sus jurisdicciones”. Por si fuera poco, en el documento policial se mencionan los nombres de otros 20 ciudadanos peruanos, vinculados a movimientos políticos del país, que forman parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos y con sucesivos viajes a Caracas. No mencionamos los nombres ya que están bajo investigación.
Además, se refiere como operadores del chavismo a Virly Torres Curvello, la ya conocida encargada de negocios de la Embajada de Venezuela en Lima, a Narciso Isa Conde, escritor e ideólogo dominicano vinculado al capítulo peruano de la Coordinadora Continental Bolivariana y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al general venezolano Clíver Alcalá Cordones, considerado un militar leal al Palacio de Miraflores y supuesto nexo con los subversivos colombianos.
El informe del ente rector en temas de inteligencia del Ministerio del Interior concluye que debe repotenciarse el accionar de los organismos especializados (la misma Digimin, Dircote y la Dirección de Inteligencia de la Policía-Dirin) para detectar y bloquear el financiamiento del extranjero dirigido a organizaciones, personas jurídicas o naturales de nuestro país, ya sea a través del sistema bancario, mediante el ingreso de dinero vía terrestre por la frontera norte (Aguas Verdes, con Ecuador) y sur (Desaguadero, con Bolivia) del Perú o por vía aérea.
Partes y atestados de la Dircote sobre los presuntos nexos del chavismo
El informe periodístico consignado en esta página se elaboró en base al documento de inteligencia de la Digimin y a diferentes partes y atestados realizados por la División de Terrorismo Internacional de la Dircote (Diviti). Cabe indicar que en mérito a los atestados, considerados en los predios de inteligencia como los más “importantes” sobre la penetración bolivariana y sus nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ministerio Público denunció el año pasado a 37 personas. Sin embargo, debido a la falta de evidencias sólidas, el Poder Judicial solo abrió proceso contra nueve de los involucrados. Actualmente, ninguno de ellos está detenido. A continuación la lista de los casos que trabajó la Diviti y que guardan relación con el informe de la Digimin.
Caso Todas las Voces
La policía antiterrorista detuvo el 29 de diciembre del 2006 a Guillermo Bermejo Rojas y a un grupo de personas por delito de terrorismo. Sin embargo, fueron liberados por los mismos agentes al no encontrarles mayores indicios. Se les imputó formar parte de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) y de haber recibido entrenamiento de las FARC.
Caso Roque-CCB
La policía capturó el 29 de febrero del 2008 a Roque Gonzales La Rosa, jefe de la sucursal peruana de la CCB, y a otras personas vinculadas a esta organización. Algunos de ellos estuvieron en prisión durante el año pasado, pero luego salieron libres. Se les imputó haber sido adoctrinados en campamentos de las FARC y recibir financiamiento de Venezuela.
Caso Alberto Moreno
La policía pidió a fines del año pasado la captura de Alberto Moreno Rojas, del partido Patria Roja (que fuera integrante del Congreso Bolivariano de los Pueblos-CBP); Olmedo Auris Melgar, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de otras once personas por mantener presuntos vínculos con las FARC. Sin embargo, los efectivos de la Diviti dieron marcha atrás y no ejecutaron las detenciones. Todos los mencionados en este artículo han negado los cargos.
PARA RECORDAR
El año pasado, cuando El Comercio empezó a publicar los primeros informes de la presunta infiltración chavista, el embajador de ese país en Lima, Armando Laguna, negó todo tipo de participación y apoyo financiero de su gobierno con los organismos peruanos a los que se lo vinculaba, entre los cuales estaban las casas del ALBA. “Las casas del ALBA no reciben financiamiento ni asesoramiento ideológico ni político nuestro. Venezuela es respetuosa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos”, dijo Laguna.
LLEGAN LAS BOLETAS DE GAS CON SUBAS DE HASTA 400%
Es por los aumentos de tarifas que el Gobierno había autorizado a fin de 2008, y por las penalidades al mayor consumo. También por un cargo para cubrir los costos de la importación de gas desde Bolivia.
Clarín de Argentina (www.clarin.com)
En medio del ruido político que generó el cambio de Gabinete y los temores que plantea el avance de la pandemia de la Gripe A, los usuarios de la región metropolitana han comenzado a recibir las facturas de gas con aumentos que oscilan entre el 80 y el 400% respecto al invierno pasado.
Las nuevas boletas -cuyos envíos se habían retrasado por las elecciones de 28 de junio- reflejan el impacto pleno de la seguidilla de incrementos tarifarios que se vienen aplicando desde los últimos meses de 2008.
La incidencia de las subas que el Gobierno había autorizado el año pasado determinan que ahora los medianos y grandes usuarios residenciales tengan que pagar por el servicio hasta cuatro veces más por consumos que son iguales o inferiores a los registrados en la anterior temporada invernal.
Las variaciones en las facturas -que en la mayoría de los casos toman por sorpresa a los usuarios- responden a la aplicación de un triple ajuste que incluyó dos incrementos tarifarios y la irrupción de un nuevo cargo específico para cubrir las importaciones de gas de Bolivia y las compras de GNL que arriban por barco a Bahía Blanca.
El primer ajuste entró en vigencia en setiembre del año pasado e implicó subas del 10 al 45% para los consumos medios y altos de todo el país. En este caso, los ingresos adicionales provenientes de los aumentos se repartieron entre los productores de gas y las distribuidoras privadas.
El segundo ajuste tarifario salió a la luz en noviembre e incluyó dos elementos salientes. Por un lado, una actualización del precio del gas en boca de pozo que fue a parar a las manos de las empresas productoras locales.
Y por otro lado, la creación de un cargo tarifario extra para los medianos y altos consumos que pasó a manejar el ministerio de Planificación de Julio De Vido. Ese cargo-que fue aprobado por el decreto 2067/08-tiene como destino específico "la atención de las importaciones de gas natural y toda aquella que sea necesaria para complementar la inyección de ese combustible para poder garantizar el abastecimiento interno".
La combinación de todos los aumentos dio lugar a las fuertes subas que ahora están golpeando los bolsillos hogareños. En el caso del nuevo cargo tarifario, hay que tener en cuenta que ahora su aplicación se encuentra transitoriamente morigerada por una decisión que adoptó el Gobierno antes de las elecciones.
Por medio de la resolución 768, el Enargas decidió que entre mayo y agosto queden excluidos del pago del cargo casi un millón de hogares de todo el país.
La medida se instrumentó a través de una elevación de los "umbrales de consumo" que se toman en cuenta para el cobro del recargo tarifario. En el caso de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos el límite transitorio para la aplicación del cargo pasó de 1.000 a 1.500 metros cúbicos anuales. Otro ítem que incide en los facturas es el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) que rige entre el 15 de abril y el 30 de setiembre de cada año.
Para no ser castigado con un recargo tarifario de 0,111 pesos por cada metro cúbico de exceso, los clientes hogareños del área metropolitana tienen que reducir sus consumos entre un 5 y un 10% respecto a los niveles de demanda que tuvieron en los mismos bimestres del año 2003.
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