El informe, elaborado por el jurista argentino junto a expertos de los países de Unasur, distingue dos niveles de responsabilidad criminal: la de los que actuaron y la de los que dejaron hacer. En diálogo con este diario, el jurista criticó algunas posturas de la Corte Suprema de Bolivia.
El informe final de la Comisión Especial de la Unasur que investigó lo sucedido el pasado 11 de septiembre en Pando (Bolivia) será entregado hoy al presidente boliviano, Evo Morales.La comisión estuvo encabezada por el ex subsecretario de Derechos Humanos argentino, Rodolfo Ma-ttarollo. En diálogo con Página/12, el jurista dijo que tras las investigaciones realizadas y las entrevistas
con testigos, imputados y víctimas pudo comprobar que Pando sufre una gran ausencia del Estado, especialmente a la hora de defender a sus habitantes más desprotegidos. “Hay un caudillismo personalista del siglo XIX que reúne todos los poderes en una mano”, dijo Mattarollo, refiriéndose al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández. “Existen grupos organizados del tipo paraestatal, que son los que actuaron en la masacre de Pando”, añadió.Según el informe de la comisión investigadora, fue posible confirmar que hubo colaboración desde sectores del gobierno local con los grupos que atacaron a las diferentes columnas de indígenas que se manifestaban en apoyo al gobierno de Evo Morales, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando.
“Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”, dice el informe. Por estos hechos Fernández se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
En otro punto de las conclusiones, el documento deja constancia de que se trató de una masacre en la que resultaron asesinados al menos
20 campesinos y que hubo decenas de heridos, constituyendo una grave violación de los derechos humanos esenciales que el Estado debe resguardar.“Resulta de las investigaciones realizadas por la Comisión que las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, un crimen de lesa humanidad”, señala el informe.
Además de los que actuaron y los que ordenaron el ataque, el informe también responsabiliza a quienes tenían el dominio de los hechos y podían hacerlos cesar pero no lo hicieron. Pero a los culpables por omisión les cabe una responsabilidad menor, señala el informe. “Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la Justicia ordinaria”, indica.
La Comisión también deja abierta la puerta para que los responsables de la masacre sean juzgados por genocidio. Aunque el informe no utiliza esa palabra, la descripción que hace coincide con la definición aprobada en la Convención de Genocidio de Naciones Unidas: “La Comisión dispone de elementos que permiten concluir que se desencadenó una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales”, indica el documento.
El documento destaca que la independencia de la Justicia boliviana es una condición esencial para que no haya ni olvido ni perdón sobre la tragedia ocurrida. “Los ciudadanos y todos los habitantes de un país deben saber que el Estado no asesina, no tortura, no viola, no roba, no persigue, sino que su función es prevenir la violación de los derechos humanos por medios razonables, y si estos derechos son violados el Estado deben investigar los hechos, juzgar y castigar a los culpables”, puntualiza.
Después de haber estado en el escenario de los hechos junto a los integrantes de diferentes países que conformaron esta comisión especial, el coordinador afirmó que, para lograr una reconciliación nacional con equilibrio y paz social, el Estado debe respetar a los ciudadanos para que éstos tengan confianza en las instituciones públicas. “Pudimos verificar el mal funcionamiento del sistema judicial boliviano en general. La Corte Suprema no cumple con su papel, está muy politizada y tienen discursos beligerantes, propios de un partido político”, dijo Mattarollo.
Las dudas de Mattarollo sobre el funcionamiento de la Justicia boliviana lo llevaron a recomendar una instancia superior para las víctimas si no consiguen reparaciones justas. “Si los familiares de las víctimas no quedaran conformes con lo actuado por el Estado, deberán presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para que decida”, dijo Mattarollo.
En opinión del experto, Bolivia deberá emprender una profunda reforma cultural y democrática. “Evo Morales representa a los mayoritarios grupos indígenas de Bolivia, que son los más pobres y marginados, lo cual genera una gran irritación en los tradicionales sectores terratenientes. Para evitarlo, deberán trabajar durante largos años en políticas de igualdad y antidiscriminatorias”, argumentó el jurista. Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
EL INFORME DE UNA COMISION DE EXPERTOS DE UNASUR
REVELAN DETALLES DE UNA MASACRE DE AL MENOS 20 CAMPESINOS EN BOLIVIA
Fue durante una marcha a favor de Evo. Acusan a funcionarios opositores de Pando.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La convicción intelectual y moral de que hubo una masacre (según los dictámenes de Naciones Unidas) en distintos sitios del departamento de Pando en Bolivia, es la primera conclusión de la comisión mandatada por los presidentes de Unasur para investigar los brutales episodios de muerte y violencia que conmocionaron al país altiplánico el 11 de septiembre pasado y que hoy será entregado al presidente Evo Morales en el Palacio Quemado en La Paz.
Sobre sus responsables, la comisión de nueve expertos, encabezada por el argentino Rodolfo Mattarrollo, afirma: "Se han producido numerosas ejecuciones sumarias o extralegales... así como se tiene por probado que éstas fueron practicadas por agentes pertenecientes a la estructura del gobierno prefectural del Departamento de Pando o por personas afines a esta, las que actuaron de manera connivente o bajo la aquiescencia de dicho gobierno".
El informe de 63 páginas ("Hacia un alba de justicia en Bolivia"), resultado del trabajo de seis semanas de los investigadores, lleva adjunta una base de datos, pericias y videos que dan cuenta del febril trabajo en terreno durante los cuales recogieron estremecedores testimonios de sobrevivientes en distintos puntos, incluyendo Brasileia, en Brasil, en donde un grupo de campesinos encontró refugio. La policía brasileña de la frontera les informó que alrededor de 600 bolivianos la cruzaron en esos momentos huyendo de la violenta represión.
"Allí vi a una campesina asesinada con su bebé en los brazos. Les dispararon a los dos y quedaron allí tirados", se lee en un acápite. 20 personas al menos fueron asesinadas durante las horas de violencia en Pando, a raíz de la dura oposición a la nueva Constitución de corte indigenista de fuerzas políticas de los cuatro departamentos mas ricos de Bolivia que reclaman su autonomía.
La negación del derecho a la tierra es el principal origen de la violencia y de los abusos, dictaminó la comisión. Y esta vez no fue distinto. Todo comenzó cuando un grupo de opositores a Morales se tomó las dependencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando y los campesinos organizaron una marcha para intentar recuperarla ante el temor creciente de una reversión al otorgamiento de tierras. Fue entonces que estudiantes y docentes de la Normal se unieron a la marcha.
"Jhonni Cari (25 años), Wilson Castillo (19 años) y Alfonso Cruz (20 años), estudiantes de Pedagogía, fueron privados de su libertad, torturados y finalmente muertos además de haber sido mutilados ('tenían la lengua y las orejas cortadas, les sacaron dientes y a uno le habían vaciado un ojo') por acción directa de elementos pertenecientes a los grupos cívicos y prefecturales", se lee en otro párrafo.
"Entre los marchistas había campesinos, pero había otro tipo de gente también, estos normalistas de Filadelfia: ¿qué hacían ahí?", afirmó el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien fue escuchado en la prisión de San Pedro en La Paz, por la comisión mandatada para buscar la verdad. Fernández reconoció que su gente estaba armada.
"Dispararon directamente a los campesinos y a los normalistas, como paramilitares preparados para estas emboscadas. Entre ellos reconocí al ex director de la Normal de Puerto Rico, un agente de Leopoldo Fernández, que estaba entre ellos indicando quiénes eran normalistas", dice un testigo presencial.
El inicio de la violencia y porte de armas por parte de los sectores afines al ex prefecto Fernández cuenta con múltiples evidencias: numerosos videos filmados en el momento de los hechos, pericias balísticas y testimonios. No fue posible probar la existencia de armas entre los campesinos. Ni siquiera los videos filmados por los propios prefecturales lo muestra. Sí se observan hondas y palos.
"Pruebas sustanciales que generan la convicción de que existieron torturas y tratos crueles efectuados de manera masiva y sistemática por los sectores cívicos y prefecturales en contra de los campesinos", es otra de las conclusiones de la comisión que no logró determinar la existencia de desaparecidos a pesar de la gran cantidad de testimonios recogidos al respecto. Por ello recomiendan "profundizar la investigación".
Otra cuestión que revela el trabajo del equipo de Mattarrollo es la "marcada ineficiencia en el sistema judicial penal" y policial de Bolivia. Y entrega siete puntos críticos sobre la facilitación de la impunidad. "Yo decía que los niños no tienen culpa, los mataron y los botaron al arroyo. No hemos podido recogerlos. Las sardinas se comen todo lo muerto. Uno tenía un año, el otro tenía unos seis meses...". Es el testimonio de un crimen brutal que no pudo ser comprobado.
BOLIVIA: REVELAN DETALLES DE UNA MASACRE DE CAMPESINOS
Fue durante una marcha a favor de Evo. Acusan a funcionarios opositores. El informe será entregado hoy al presidente Evo Morales. Las causas de la violencia.
Los Andes de Argentina (www.losandes.com.ar)
La convicción intelectual y moral de que hubo una masacre (según los dictámenes de Naciones Unidas) en distintos sitios del departamento de Pando en Bolivia, es la primera conclusión de la comisión mandatada por los presidentes de Unasur para investigar los brutales episodios de muerte y violencia que conmocionaron al país altiplánico el 11 de setiembre pasado y que hoy será entregado al presidente Evo Morales en el Palacio Quemado en La Paz.
Sobre sus responsables, la comisión de nueve expertos, encabezada por el argentino Rodolfo Mattarrollo, afirma: "Se han producido numerosas ejecuciones sumarias o extralegales... así como se tiene por probado que éstas fueron practicadas por agentes pertenecientes a la estructura del gobierno prefectural del Departamento de Pando o por personas afines a ésta, las que actuaron de manera connivente o bajo la aquiescencia de dicho gobierno".
El informe de 63 páginas ("Hacia un alba de justicia en Bolivia"), resultado del trabajo de seis semanas de los investigadores, lleva adjunta una base de datos, pericias y videos que dan cuenta del febril trabajo en terreno durante los cuales recogieron estremecedores testimonios de sobrevivientes en distintos puntos, incluyendo Brasileia, en Brasil, en donde un grupo de campesinos encontró refugio.
La policía brasileña de la frontera les informó que alrededor de 600 bolivianos la cruzaron en esos momentos huyendo de la violenta represión.
"Allí vi a una campesina asesinada con su bebé en los brazos. Les dispararon a los dos y quedaron allí tirados", se lee en un acápite. 20 personas al menos fueron asesinadas durante las horas de violencia en Pando, a raíz de la dura oposición a la nueva Constitución de corte indigenista de fuerzas políticas de los cuatro departamentos mas ricos de Bolivia que reclaman su autonomía.
La negación del derecho a la tierra es el principal origen de la violencia y de los abusos, dictaminó la comisión. Y esta vez no fue distinto. Todo comenzó cuando un grupo de opositores a Morales se tomó las dependencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando y los campesinos organizaron una marcha para intentar recuperarla ante el temor creciente de una reversión al otorgamiento de tierras. Fue entonces que estudiantes y docentes de la Normal se unieron a la marcha.
"Jhonni Cari (25 años), Wilson Castillo (19 años) y Alfonso Cruz (20 años), estudiantes de Pedagogía, fueron privados de su libertad, torturados y finalmente muertos además de haber sido mutilados (´tenían la lengua y las orejas cortadas, les sacaron dientes y a uno le habían vaciado un ojo') por acción directa de elementos pertenecientes a los grupos cívicos y prefecturales", se lee en otro párrafo.
"Entre los marchistas había campesinos, pero había otro tipo de gente también, estos normalistas de Filadelfia: ¿qué hacían ahí?", afirmó el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien fue escuchado en la prisión de San Pedro en La Paz, por la comisión mandatada para buscar la verdad. Fernández reconoció que su gente estaba armada.
"Dispararon directamente a los campesinos y a los normalistas, como paramilitares preparados para estas emboscadas. Entre ellos reconocí al ex director de la Normal de Puerto Rico, un agente de Leopoldo Fernández, que estaba entre ellos indicando quiénes eran normalistas", dice un testigo presencial.
El inicio de la violencia y porte de armas por parte de los sectores afines al ex prefecto Fernández cuenta con múltiples evidencias: numerosos videos filmados en el momento de los hechos, pericias balísticas y testimonios. No fue posible probar la existencia de armas entre los campesinos. Ni siquiera los videos filmados por los propios prefecturales lo muestra. Sí se observan hondas y palos.
"Pruebas sustanciales que generan la convicción de que existieron torturas y tratos crueles efectuados de manera masiva y sistemática por los sectores cívicos y prefecturales en contra de los campesinos", es otra de las conclusiones de la comisión que no logró determinar la existencia de desaparecidos a pesar de la gran cantidad de testimonios recogidos al respecto.
Por ello recomiendan "profundizar la investigación".
Otra cuestión que revela el trabajo del equipo de Mattarrollo es la "marcada ineficiencia en el sistema judicial penal" y policial de Bolivia.
Detención de líderes cívicos reflotó conflicto interno en Bolivia
PREFECTOS VUELVEN A DESAFIAR A MORALES
Gobernadores de la “media luna” acusan al Gobierno de estar realizando una casa de brujas contra la oposición. Hoy se realizará un paro cívico en Tarija, mientras que otras regiones ya anunciaron movilizaciones.
La Nación de Chile (www.lanacion.cl)
Cuando faltan cerca de dos meses para que se realice el ansiado referendo constitucional en Bolivia, el clima interno del país comienza nuevamente a polarizarse debido a una serie de protestas originadas en detenciones de líderes cívicos opositores.
Si bien fue el Ministerio Público el que ordenó la medida, los prefectos de Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz han acusado al Gobierno del Presidente Evo Morales de estar realizando una caza de brujas contra la oposición, con el objetivo de impedir que se realice la campaña por el No a la nueva Constitución, impulsada por el Ejecutivo.
Durante el fin de semana fueron detenidos dirigentes de Villa Montes y al presidente cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, acusados de tener un "plan organizado" para tomar dependencias de una planta de hidrocarburos y atentar contra un gaseoducto, según informó el diario La Razón.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, afirmó ayer a medios locales que "ningún dirigente y ninguna autoridad en nuestro departamento ha cometido ningún hecho ilegal. Lo único que han hecho es defender los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)".
Reconociendo que el paro cívico tarijeño de 24 horas que se realizará hoy "es una provocación", Cossío afirmó que la medida tiene como objetivo reivindicar "la necesidad de que el Estado boliviano respete los derechos constitucionales de la gente, porque en este último tiempo se ha dado a la tarea de embolsar a los dirigentes, de secuestrarlos y juzgarlos en tribunales totalmente parcializados".
Hasta el momento han sido detenidas 23 personas acusadas de participar en la toma violenta de entidades públicas en septiembre y por la muerte de al menos 16 campesinos en Pando, en una acción calificada por el Ejecutivo como una masacre, cuando Bolivia se encontraba al borde de una guerra civil.
Por esas muertes el ex prefecto opositor de Pando, Leopoldo Fernández, está recluido en una cárcel de La Paz. En tanto, dirigentes juveniles opositores se refugiaron el lunes en la catedral de Santa Cruz para evitar su supuesta detención mientras otro grupo marchó por el centro de la ciudad en protesta por las detenciones, aunque con un nivel de participación menos numerosa que en el pasado.
El Gobierno ha criticado la decisión de la oposición de asumir medidas de presión y a través del vocero presidencial, Iván Canelas, los acusó de querer proteger "a quienes supuestamente han cometido delitos contra el Estado".
Canelas planteó "dejar en manos del Ministerio Público y de la justicia la investigación de los hechos".
Por otra parte, acusaciones de terrorismo y conspiración pesan desde ayer sobre el líder cívico cruceño Branko Marinkovic, en base a evidencias entregadas a la Fiscalía, informó el ministro del Interior Alfredo Rada.
BOLIVIA: LAS FUERZAS REGIONALES VUELVEN A MOVILIZARSE CONTRA EVO MORALES
Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)
Los prefectos de los departamentos opositores a Evo Morales han decidido reactivar las movilizaciones por la oleada de detenciones de líderes locales que ha desencadenado el gobierno. La Fiscalía acusa a los seis miembros de la oposición detenidos de terrorismo y sabotaje y el ministro del Interior amenaza con más detenciones.
Los prefectos de Chuquisaca, Savina Cuéllar; Santa Cruz, Rubén Costas, y Tarija, Mario Cossío, anunciaron que no detendrán su lucha contra lo que ven como un avasallamiento dirigido desde el masismo, aunque se arriesguen a un posible encarcelamiento, como le ocurrió al de Pando, Leopoldo Fernández.
Esta decisión nace en respuesta a la escalada de procesos legales y las consecuentes detenciones de dirigentes cívicos y activistas locales. "Este no es un pueblo de cobardes; es un pueblo que no tiene por qué ocultar la cara, no tiene por qué ocultar sus ideas. Hoy, algunos que lucharon por el IDH están presos, otros perseguidos, pero este pueblo jamás será atemorizado. Se podrá perseguir, apresar, pero nadie va a encarcelar las ideas", anunció Cossío.
El Gobierno de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo y sus aliados, los movimientos sociales, acusaron a los líderes políticos y cívicos de las regiones de la Media Luna de defender a delincuentes con las acciones de protesta que anunciaron en rechazo de las detenciones y capturas de personas que participaron en las protestas regionales de septiembre.
Según aseguró el portavoz del Palacio de Gobierno, Iván Canelas, las detenciones no tienen ninguna relación con objetivos políticos sino que se basan en las investigaciones que lleva adelante el equipo de fiscales asignado al caso de los "actos delictivos" que se cometieron en septiembre.
Tras la detención del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, a quien acusa de actos terroristas contra la seguridad del Estado, el Gobierno amplió la querella contra el de Santa Cruz, Branko Marinkovic, y ahora apunta a cinco prefectos.
El Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó a los cinco prefectos de estar detrás de un golpe "cívico":"Tenemos un antecedente muy importante, una reunión de cívicos con prefectos que se realizó en Villamontes. En ésta y en otras que siguieron donde participó Bayard, y otra gente que luego fue autora material de los atentados. La reunión que refiero fue el 21 de agosto. En ella participaron todos los prefectos. Leopoldo Fernández (Pando), Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Ernesto Suárez (Beni) e incluso la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar".
Costas aseguró que "El Gobierno está ejecutando una política del miedo con este tipo de persecuciones. Quieren implantar un proyecto totalitario y abusivo, y todo aquél que quiera interponerse, será perseguido. De todas maneras, a mí no me asustan con sus advertencias y estaremos siempre de pie y de frente para luchar por vivir en paz, libertad y democracia". Hasta el lunes habían sido detenidos el dirigente cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, dos ciudadanos de esta región y tres miembros de la ultraderechista Unión Juvenil de Santa Cruz.
CARDENAL JULIO TERRAZAS SANDOVAL, NUEVO JEFE CRUCEÑISTA, BUSCA UNA "GUERRA DE RELIGIÓN" CON EVO
La Opinión de Argentina (www.laopinion.com.ar)
El asilo "político" que les ha dado la Catedral de Santa Cruz, sede del Cardenal Julio Terrazas Sandoval, a los neo-nazis de la unión juvenil cruceñista (ujc); para tratar de esquivar a la justicia boliviana, tiene el claro propósito de provocar al gobierno de Evo Morales. Hundidos en el descrédito, presos o fugados, los líderes "cívicos" del Oriente Boliviano (terrocívicos); han dado paso a una nueva jefatura del cruceñismo relictual, pero no por esto menos peligroso.
La única "cara" que les quedaba es la del obispo de los terratenientes, quién gustoso ha asumido el liderazgo del cruceñismo, utilizando el púlpito de su iglesia para atacar al gobierno nacional. Julio Terrazas Sandoval ha cambiado la Cruz de Jesús por la Cruz Gamada del cruceñismo, en clara sintonía con el papanazi Benedicto 16, involucrando a la Iglesia Católica en una actividad política que no le concierne ni le conviene.
Lo que buscan los residuos cruceñistas y su Cardenal, es que los fiscales de la República, entren con la fuerza pública, en la Catedral de Santa Cruz. De esta manera, el Obispón gritaría "Religión o Muerte", arengando a los católicos a defenderse del "monstruo ateo"; transformando una cuestión política en "religiosa". Por supuesto que el gobierno no debe caer jamás en esta provocación, y dejar a los de la ujc que se queden ahí todo lo que quieran. Que sean los cruceños los que los expulsen de ahí, ya que ellos tendrán que aguantarlos. Algún día tendrán que ir al hospital. Y de última, ya están presos. Se apresaron solos, ¡Qué dignos!
También hay que tener cuidado, porque no me extrañaría nada que algún grupito de cruceñistas se disfrace de militantes del MAS, y haga alguna provocación en la Catedral. No olvidemos que el lunes, un grupo de disfrazados de paraguayos, atacó un puesto militar fronterizo con Paraguay, robándose ¡6 fusiles!
A no darle el gusto al agente del papanazi, y dejarlo con sus jóvenes delincuentes, hasta que se cansen. Paciencia Aymara, por favor.
CRÓNICAS DE LA BATALLA POR LA MEDIA-LUNA III. ¿TERRAZAS SANDOVAL ASILA TERRORISTAS EN LA CATEDRAL?
Los últimos jóvenes cruceñistas, refugiados bajo las polleras del Cardenal Terrazas Sandoval.El tiempo de gloria en que la terrorista unión juvenil cruceñista (ujc), desplegaba 3.000 "militantes" armados hasta los dientes para amedrentar collas, opositores o imponer paros "cívicos" y estatutos separatistas, parece haber entrado en su ocaso. ¿Qué ha quedado del otrora poderoso grupo neo-nazi que esgrimía en sus camionetas cruces esvasticas y saludaban al estilo hitleriano, provocando el enmudecimiento de la mayor parte del Pueblo Cruceño? Hoy hemos recibido la noticia que David Sejas y Alfredo Saucedo, líderes de la ujc, junto a un grupúsculo de "leales", se habrían refugiado en la Catedral de Santa Cruz, sede del Cardenal de los cruceñistas, el Obispo de los terratenientes, Julio Terrazas Sandoval, que "casualmente" en estos días arrecia sus críticas políticas contra Evo Morales, utilizando el púlpito de la iglesia.¡Qué lejos que estamos del tiempo del imperio cruceñista, cuyas hordas asolaban la ciudad cruceña y hostigaban al Plan Tres Mil, golpeaban policías y militares desarmados, incendiaban y saqueaban oficinas públicas y llevaban avionetas con explosivos para hacer volar el gasoducto a Brasil! De todo ese terror furibundo, hoy queda el lamentable saldo de un masacote apelotonado de temerosos de la justicia, que corrieron a refugiarse bajo las polleras de su amigo y consejero espiritual, el Obispo Julio Terrazas Sandoval.Claves son para entender esta situación, las palabras proferidas por uno de sus líderes, David Sejas: "Asilo político aquí en la Iglesia, porque no hay garantías constitucionales aquí en el País". Con esta contunedente confesión, el dirigente autonomista asilado ha comprometido seriamente a la Catedral de Santa Cruz, dando a entender que la Iglesia es otro estado, fuera de la jurisdicción boliviana. Con esto, y si no hay contrario por parte del Cardenal Terrazas Sandoval, quedaría en evidencia el apoyo institucional de la Catedral Cruceña a los terroristas.
Branko Marinkovich, nuevamente "evaporado"
Hace unas semanas, cuando la cosa se ponia fea para el ex-prefecto de Pando, Leopoldo "Herodes" Fernández y varios de sus compinches, el líder cruceñista, el terrateniente Branko Marinkovich se había "evaporado", y sus allegados decían "está haciendo negocios en el Beni". Después nos enteramos que Marinkovich andaba de "gira" por varios países buscando un "protectorado". Ahora, que habría una orden de captura en su contra, vuelve a "evaporarse", y sus allegados dicen "anda haciendo campaña por el NO a la Nueva Constitución, en las provincias".
Su mayordomo, el indio que trabaja de indio, Victor Hugo Vel-Asco, está muy preocupado por su jefe, y anda diciendo que ¡Evo Morales lo quiere matar! La preocupación de Vel-Asco, es sobre quién le va a tirar unos pesos, si su jefecito queda tras las rejas, o quién le va a pagar los 40 abogados que va a necesitar.Otro que quedó poniendo la cara es el vice-presidente del Comité Pro-Santa Cruz, Luis Nuñez, que ya no sabe que inventar para justificar la ausencia del "líder moral de los cruceños", que nunca está cuando las papas queman. Mientras, todos los perejilitos detenidos por terrocívicos, como José Vaca, Jimmy Benítez, Domingo Moreno, Reynaldo Bayard y los hermanos Salazar, están cantando el repertorio entero de los Kjarkas, y estarían involucrando seriamente a Branko Marinkovich, a Mario Cossio y otro prefecto opositor, en la planificación del golpe cívico-prefectural de agosto y setiembre pasado. Se dice que las declaraciones de los detenidos tienen tantos lujos de detalles, que se podría escribir el guion de una película entera.
Mario Cossio, el rebelde de Tarija, a Todo o Nada. El mutismo de Ernesto Suárez.
Resulta llamativo que Cossio, cuyos líderes "cívicos" regionales, están presos en La Paz, sea quien muestra más nerviosismo ante el hecho que éstos están declarando TODO lo que pasó en la voladura del gasoducto Yacuiba-Río Grande, que alimenta la industria paulista de Brasil. Se dice, también que ¡estaría preoparando un viaje!
El lunes, al enterarse, que la justicia podría librar una orden de captura contra él, manifestó que volvería a repetir las jornadas violentas de agosto y setiembre, si se trata de defender los intereses de Tarija. Cossio está jugado, y solo le quedaría ir preso o fugar.
Todo indicaría que alguno de los apresados en La Paz, lo habría señalado como partícipe de las reuniones de la localidad chaqueña de Villamontes, donde se gestó la asonada contra el gobierno de Evo Morales.Otro al que no se le escucha la boquita es al prefecto de Beni, Ernesto Suárez Sátori, que se quedó sin palabras, igual que antes lo hiciera Mario Cossio. Se van pasando el voto de silencio del uno al otro.
El resto de los líderes terrocívicos, sin saber que hacer.
Jorge Melgar, líder cívico de Beni; Patricia Galarza, líder cívica de Tarija; Jhon Cava, líder cívico de Sucre; Aydée Nava, alcaldesa de Sucre; Sabina Cuellar, prefecta de Chuquisaca; y Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, no saben que hacer. Hablan de medidas "legales" y "pacíficas", para contrarrestrar las acciones del gobierno de Evo Morales; pero ninguno sale a manifestar una salida violenta, en defensa de los detenidos y de si mismos (por ahora). Están entre la espada y la pared, sin salida. Si quedan quietos, es probable que eso no detenga una orden de aprensión contra ellos. Si se hacen los "guapos", quedarían en evidencia como violentos, y le darían más argumento a las detenciones. Nunca pensaron que la justicia llegaría hasta ellos, los cabezones. Creyeron que con la perejilada alcanzaba para Evo; pero la perejilada no está dispuesta a pagar sola los platos rotos de la aventura golpista del cruceñismo. A riesgo de ser reiterativo, los malos no tienen amigos.
Bolivia recupera soberanía sobre la región del Alto Parapetí
El INRA, está recuperando soberanía sobre la rebelde región ganadera del Alto Parapetí, en el Chaco cruceño. Después de la toma del estado subversivo de Larsenlad, el resto de los grandes ganaderos se quedaron paralizados, y empiezan a colaborar con los funcionarios encargados de la reforma agraria. Un grupo de ganaderos, los pequeños y medianos, están conformes porque titularán sus propiedades. Los grandes, en cambio, están preocupados, porque les cuesta demostrar que sus latifundios no tuvieron ni tienen esclavos. Algunos hacendados habrían corrido de sus predios a pobladores guaraníes, para que no los denuncien. Otro logro del INRA es que varios medianos hacendados, han inscripto a sus trabajadores con todas las exigencias de la Ley y sus correspondientes beneficios sociales. Cabe recordar que si algún predio mantiene a sus trabajadores en condiciones de servidumbre, o tiene fracciones de sus tierras improductivas, éstas vuelven a las manos del estado boliviano, para ser re-distribuídas entre campesinos e indígenas.¿Seguro que fueron paraguayos, los del ataque al puesto militar?
El lunes por la tarde, 4 hombres montados en motocicletas asaltaron un puesto militar boliviano, cerca del punto trifinio entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Los asaltantes redujeron a los militares que custodiaban el puesto, y se robaron 6 fusiles FAL, y se dieron a la fuga. Varios medios de comunicación bolivianos afirmaron que serían paraguayos (uno, lo afirmó tajantemente). Ahora, me pregunto, ¿por qué se arriesgarían 4 paraguayos a tomar un puesto militar, para robar 6 fusiles? No es lógico. Además, se aseguraron que los soldados bolivianos "los oyeran hablar en tonada paraguaya". Me inclino más por un grupo de terrocívicos tarijeños, haciéndose pasar por paraguayos. No olvidemos que el lugar está cerca de Villamontes, ciudad donde se gestó el golpe de estado cívico-prefectural. ¿El fin? En su desesperación, los "civicos" chapacos, estarían tratando de crear un incidente con Paraguay, para distraer la atención boliviana sobre ellos, y ganar tiempo.
LA EXTREMA DERECHA BOLIVIANA, ACORRALADA, SE APELOTONA DEBAJO DE LA POLLERA DEL CARDENAL TERRAZAS SANDOVAL
El Obispo de la oligarquía
Con Leopoldo Fernández preso, con un puñado de pandino-pandilleros fugados en Brasil, con varios terro-cívicos y terro-periodista presos, con Branko Marinkovich a punto de ser capturado, con Rubén Costas y Mario Cossio sospechados de participar en la planificación, logística y ejecución del frustado golpe "cívico-prefectural" de setiembre pasado, con los grandes ganaderos esclavistas desconcertados ante la toma del latifundio Larsen por el INRA; la extrema oposición terrateniente en el Oriente Boliviano, detenida, procesada y fugada, no encuentran la manera de re-articularse para resistir a la justicia boliviana, sacudida en su modorra por el gobierno de Evo Morales. Por eso, recurren al gran opositor a Evo, que queda en pie, el Cardenal Julio Terrazas Sandoval, quién a falta de otros, sale a fustigar al gobierno nacional boliviano, acusándolo de promotor del narcotráfico en sus misas.
Promoviendo una "guerra de religión"
Estas chicanas políticas del cardenal subversivo (recordemos que votó en el ilegal referéndum separatista del 4 de mayo en Santa Cruz), buscan promover una "guerra por la religión", en Bolivia. Los autonomo-separatistas, que ya usaron el IDH, los discapacitados, la capitalidad y un sin número de "causas", para justificar su violento accionar contra la democracia, ahora, pretende usar a la iglesia católica en su conflicto con Evo Morales. Terrazas Sandoval se ha propuesto provocar al gobierno nacional, para intentar que este se muestre como anti-católico, y así lograr apoyo a su desprestigiada causa "autonomista". La religión sería la nueva excusa, tras el fracaso de las "otras causas nobles", por parte de los "cívicos" y "prefectos" del Oriente.
No darle de comer al Diablo
El gobierno de Evo Morales no debería responderle directamente, porque eso es lo que quiere Terrazas Sandoval. El gobierno debe responder con hechos y difundirlos, como lo viene haciendo. No debemos darle de comer al Obispo del nazi Comité Pro-Santa Cruz (que lo condecoró hace dos años). Sí, debemos producir una Alianza formidable con todas las expresiones religiosas y los religiosos que buscan sinceramente la construcción del Reino en la Tierra, como lo expresó Jesús. Es fundamental estimular la formación de una Iglesia Católica Boliviana, independiente del papanazi de Roma, y que sigan la línea de Luis Espinal y Mauricio Lefevre, verdaderos líderes católicos y humanistas.
El ejemplo de verdaderos católicos
El viceminsitro Llorenti (según la ABI Agencia Boliviana de Información) manifestó "cuán lejos se encuentra Terrazas de las convicciones de sacerdotes como Luis Espinal y Mauricio Lefevre, quienes consagraron su vida a los pobres y los desamparados, y por ese compromiso fueron asesinados. Espinal fue secuestrado, torturado y muerto en marzo de 1980 por paramilitares que el 17 de julio de ese mismo año consumarían junto a Luis García Meza unos de los golpes militares más sangrientos de los que se tenga memoria. Su delito fue defender a los desposeídos y denunciar a los poderosos grupos económicos que someten al pueblo. En tanto que el sacerdote misionero canadiense Mauricio Lefevre fue muerto en otra asonada golpista. La consumada por el fallecido dictador Hugo Banzer Suárez el 21 de agosto de 1971. Al igual que Espinal, Lefevre había optado por el camino de la opción por los pobres. "
Julio Terrazas Sandoval trae algo bajo la sotana, pero no es "eso"
Julio Terrazas Sandoval, que jamás condenó ni la masacre de campesinos en Pando por parte de su amigo Leopoldo "Herodes" Fernández ni la destrucción de 150 oficinas nacionales a manos de sus condecoradores del Comité Pro-Santa Cruz, es Fiel a su trayectoria de amigo de los dictadores Luis García Mesa y Hugo Banzer Suárez y del seudo-boliviano Gonzalo Sanchez de Losada (tres bolivianicidas). Los patriotas bolivianos y latinoamericanos no debemos bajar la guardia y estar atentos frente a los injustos ataques de este agente del vaticano, porque nada bueno se trae bajo la sotana.
BOLIVIA QUIERE AUMENTAR SUS EXPORTACIONES TEXTILES A BRASIL Y ARGENTINA
Revista América Economía (www.americaeconomica.com)
El Gobierno boliviano busca fortalecer el sector textil, para que el país aumente las exportaciones de estos productos con arancel cero a las naciones como Brasil y Argentina que, después de la suspensión por parte de EEUU, aún les conceden ese beneficio.
Pablo Solón, embajador plenipotenciario boliviano en temas de Integración y Comercio, indicó que se busca fortalecer el sector textil, y explicó que los mayores problemas se encuentran en los primeros eslabones de la cadena productiva, y en el teñido de la tela.
Solón, expresó que las dificultades en estas etapas productivas impiden que las exportaciones de textiles sean mayores, sobre todo a aquellos países que actualmente otorgan arancel cero a Bolivia, como Brasil y Argentina.
"Creemos que Bolivia tiene un gran potencial en confección, tiene un gran potencial en bordado, en el acabado de la prenda”, afirmó Pablo Solón. Además, puntualizó que el Ejecutivo ha otorgado créditos a los microempresarios textileros por tres millones de dólares (unos 2,5 millones de euros) “para que puedan empezar a desarrollar esta capacidad que tenemos”.
VENEZUELA COMPRARÁ 300 TONELADAS DE ESTAÑO BOLIVIANO
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
El gobierno anunció que Venezuela comprará 300 toneladas de estaño boliviano a partir de enero del 2009, informó el martes el ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú.
"El acuerdo fue suscrito para la venta de 300 toneladas de estaño metálico de alta fuerza... después veremos y analizaremos algún otro contrato. El precio está establecido en la cotización internacional de 5,48 (dólares) la libra fina", dijo Echazú en rueda de prensa.
El ministro del Poder Popular de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sars, y su par boliviano Luis Alberto Echazú suscribieron la carta de intenciones en el marco del Tratado Comercial de los Pueblos y la Alternativa Bolivariana para las Américas (TCP-ALBA).
"Si firmamos un contrato definitivo nos pagarán 5,48 la libra fina; si mañana sube pues sube y si baja, baja", explicó el ministro boliviano.
En tanto, el representante de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Miguel Alvarez Cádiz, manifestó su intención de que en el futuro Venezuela pueda comprarle a Bolivia el 75% de sus necesidades de estaño, y a otros proveedores el 25%.
"Pareciera poco las 300 toneladas de estaño, pero realmente es la mitad de lo que utiliza la acería en un año", acotó. El presidente venezolano Hugo Chávez es el principal aliado de su colega boliviano Evo Morales.
ESTADOUNIDENSE RECHAZA "SANEAR" TIERRAS EN BOLIVIA
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
Las autoridades bolivianas dijeron que un estadounidense y otros hacendados no ha respondido a notificaciones del proceso para legalizar tierras en el sur de Bolivia.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria Juan Carlos Rojas dijo el martes que Ronald Larsen y otros dos hacendados bolivianos aún se resisten a colaborar con el saneamiento rural mientras que otros 52 ganaderos y dueños de fundos aceptaron cooperar.
"Hay muchos propietarios que quieren sanear sus tierras", dijo Rojas en declaraciones a radio Erbol.
Larsen, un ex miembro del Cuerpo de Paz y casado con una boliviana, encabezó en abril a un grupo de hacendados de Alto Parapetí en el sur del país que echó por la fuerza a una comisión del INRA que había ingresado a la zona para realizar pericias de campo.
Los intentos para localizar a Larsen en busca de comentarios han resultado infructuosos. AP le envió un correo electrónico con varias preguntas que aún no respondió y, según Rojas, se encuentra de viaje en Estados Unidos.
Hace dos semanas el INRA retornó a la zona con resguardo policial y decomisó armas de diverso calibre en la hacienda de Larsen quien no se encontraba en la propiedad.
En Alto Parapetí región del Chaco boliviano hay 157.000 hectáreas de tierras que el gobierno busca legalizar en favor de los guaraníes. Larsen es propietario de 37.000 hectáreas.
Rojas dijo que el estadounidense y los otros dos propietarios tienen hasta el 18 de diciembre para responder a notificaciones y demostrar la legalidad de sus títulos de propiedad.
"Si (los empresarios) están cumpliendo con la función social (tierra cultivada) y no tienen peones bajo condiciones de servidumbre tenemos que respetar su derecho propietario y entregarles un título, de lo contrario se puede revertir la tierra", dijo.
El funcionario contó que en una de las haciendas hallaron a un anciano analfabeto de 80 años que nunca había salido de las tierras en donde trabajó. El hombre relató que el patrón le negó alistarse en el cuartel cuando tenía 18 años.
Una norma aprobada por el gobierno faculta a revertir tierras si estas no están cultivadas o si sus dueños mantienen a campesinos en servidumbre (sin salario).
Morales lanzó su "revolución agraria" pocos meses después de asumir el gobierno en enero de 2006, con el reparto de 2,2 millones de hectáreas y en sus cinco años de gestión se propone distribuir hasta 20 millones de hectáreas a campesinos pobres y comunidades indígenas, pero los empresarios alegan que la nueva norma agraria es confiscatoria.
CREACIÓN DE UNIVERSIDAD BINACIONAL PERÚ – BOLIVIA FUE POSTERGADA PARA EL 2009
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Los proyectos de Ley Nº 2832 y 2285 del 2008, que proponen la creación de la Universidad Binacional Peruano Boliviana Quechua y Aymara será debatido recién el próximo año en la comisión de Educación Ciencia Tecnología Cultura Patrimonio Cultural Juventud y Deportes del Poder Legislativo, así lo dio a conocer el congresista Yonhy Lescano Ancieta.
Sostuvo que de aprobarse estas iniciativas legislativas, la citada universidad tendrá sus sedes institucionales en las provincias de Chucuito y Yunguyo en nuestro país y en la localidad de Copacabana en la república de Bolivia.
La denominación abreviada de la Universidad Binacional Peruano Boliviana Quechua y Aymara será (UBQA), y se regirá conforme lo dispone la Ley 23733, Ley Universitaria así como por el acuerdo de integración sub regional andina (Acuerdo de Cartagena), convenios bilaterales entre Perú y Bolivia y demás instrumentos legales de derecho interno de ambos países.
CARRERAS PROFESIONALES
Lescano Ancieta, indicó que la UBQA tendrá las carreras profesionales de Turismo e Idiomas, Arte y Cultura, Gramática y Linguismo de Lenguas Originarias, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Hidrocarburos, Antropología y Ciencias Humanas y la carrera profesional de Medicina Humana Científica Natural.
Cabe mencionar que el pasado 17 de noviembre, durante la reunión de la Bancada Parlamentaria por Puno (BPP), el embajador de Bolivia en nuestro país, Franz Solano Chuquimia, planteó la necesidad de que en la UBQA se implemente las facultades de medicina natural y tradicional, lingüismo e idiomas originarios; turismo y administración hotelera; agronomía altiplánica, artesanía y textiles, veterinaria, zootecnia, camélidos y piscicultura; e industria de alimentos.
FINES Esta entidad integrará cultural y educativamente a las republicas de Perú y Bolivia, rescatando el patrimonio originario de la nación quechua y aymara, impulsará el desarrollo científico y tecnológico, económico y socio cultural, y demás aspectos de unión y avance de los pueblos de ambos países.
FINANCIAMIENTO El legislador destacó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene un fondo para financiar tres proyectos binacionales entre Perú y Bolivia, y se espera que uno de estos proyectos sea la implementación de la UBQA.
Además, anotó que los cancilleres de Perú y Bolivia deben de reunirse para tomar la decisión política de crear esta casa superior de estudios.
Opinión
BOLIVIA: LOS EXPERTOS EN PETRÓLEO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Alrededor de 9 millones de personas, en esta nuestra Bolivia de sabores y sinsabores, nos hemos convertido, poco menos que en expertos petroleros. Hablamos de barriles de petróleo, de trillones de pies cúbicos de gas, de importación de diesel, exportación de carburantes. Por supuesto que pocos saben de lo que están hablando, pero ¿quién nos convence de nuestra ignorancia?.
No es éste el tema que pretendo tratar aquí. Más bien se trata de una corriente de opinión que ha hecho carne incluso en gente bien intencionada. ¡Cómo es posible que esté, en la presidencia de YPFB, un abogado cuyo otro título es de maestro normalista! Esta es la razón, según esos criterios, para que se produzca la escasez de combustible. Peor aún: faltando un mes para cerrar la gestión, sólo ha cumplido algo más del 40% del presupuesto. A ese señor tan ineficiente, siguen diciendo, ¿le van a dar 1.200 millones de dólares el año siguiente?
Esto tiene que acabar. Hay que poner expertos a dirigir la empresa nacional más importante del país. La empresa que es, hoy por hoy, el pan nuestro de cada día. Naturalmente que, los expertos, están deseosos de contribuir al desarrollo del país, más aún cuando se aprobó, por ley, que los profesionales que trabajen en YPFB podrán ganar más que el presidente de la república. ¡El patriotismo no es gratis, señoras y señores!
La madre del cordero
La entrega de la propiedad de los hidrocarburos a las transnacionales, dispuesta por Goni, refrendada por Banzer y festinada por Tuto, sólo podía ser anulada por una decisión firme, sin concesiones. Esto ocurrió el 1 de mayo de 2006, cien días después de la toma de mando por el presidente Evo Morales. Un año antes, cuando tenía que hacerse, los dos mandatarios que se sucedieron no pudieron o no quisieron cumplir la ley. Recordemos que, la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Congreso Nacional pese a la cerrada oposición del gobierno encabezado por Carlos Mesa, daba un plazo de seis meses, a las empresas petroleras, para adecuarse a la nueva disposición. Mesa, quien se negó a promulgar la ley, tampoco la puso en ejecución. Lo mismo hizo su sucesor Rodríguez Veltzé.
Las empresas, por supuesto, se encargaron de hacer una amplia campaña, ayudadas por los grandes medios de comunicación, amenazando con retirarse si alguien se atrevía a modificar sus contratos. Crearon una atmósfera de temor e incertidumbre que incentivaron los gobiernos, con su reticencia a cumplir la ley. De ese modo pasaron los seis meses y, como nada ocurrió, las petroleras creyeron que habían ganado la partida.
Las consecuencias de esa situación fueron desastrosas para el país. Las inversiones que debían hacerse entonces, quedaron en suspenso durante todo aquel 2005 y prácticamente todo el 2006. Porque, el 1 de mayo, hubo que dar un nuevo plazo de 180 días y sólo en los últimos días de octubre se firmaron los nuevos contratos. Es decir, durante dos años, si es que no mucho más, suspendieron las inversiones en la exploración y ni siquiera el mejoramiento de la explotación, transporte y comercialización. De la industrialización, ni hablar.
¿Cómo es que no invirtieron en un negocio que les daba suficiente rentabilidad? Pues, si terminaron adecuando sus contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos, es porque siguen teniendo ganancias. Nunca olvidemos que, en todo negocio, un factor determinante es la influencia política que tiene esa producción o transacción; quienes dicen que una cosa es la economía y otra la política, están mintiendo o se mienten a sí mismos.
Lo que las transnacionales hicieron, al suspender sus inversiones, fue una presión política. Como no tuvieron éxito, prefirieron firmar los nuevos contratos, evitando así pagar las indemnizaciones que debían por incumplimiento de deberes.
Tampoco se invierte ahora
A poco menos de tres años de administración, el gobierno de Evo Morales no ha hecho ninguna inversión significativa en hidrocarburos; las empresas que prestan servicios, tampoco lo han hecho. La situación se agrava, pues se presenta una escasez de carburantes que, a corto plazo, no parece tener solución. Se está acudiendo a la importación. Además, hemos reducido en volúmenes considerables la venta de gas a la Argentina. Esto, por supuesto, repercute en la economía interna. Prefecturas, municipios y universidades protestan por la reducción de su participación en el IDH.
Ocurre que, al no haberse invertido hace tres o cuatro años antes, no puede esperarse una producción sostenida de petróleo y gas. Peor aún, esperar que se descubran nuevos pozos y aumente el volumen de explotación.Y el hecho de que no se haya invertido en este gobierno, tiene el mismo origen. Cuando se aprobó la ley de hidrocarburos, la distribución de fondos que aprobaron los parlamentarios de la coalición MNR-MIR-NFR-ADN, tuvo el propósito básico de impedir el fortalecimiento de YPFB. Ha debido trabajarse, en estos años, en la recuperación de los planes iniciales que, en el caso concreto de la empresa fiscal del petróleo, suponen inversiones de primera importancia. Aún ahora, cuando se anuncia que el Banco Central otorgará un crédito de mil millones de dólares a YPFB, la derecha reaccionó en forma violenta y hasta intentará ilegalizar esa operación.
Los técnicos neoliberales
¿Quiénes son los principales opositores a la política del gobierno con respecto a los hidrocarburos? Los técnicos, los profesionales con experiencia que se formaron en la empresa estatal y reclaman ahora que les den su dirección. ¿Qué harían?, ¿volverían a llevar a la empresa a su desintegración, como lo hicieron para capitalizarla? Recordemos que, esos técnicos y profesionales emigraron a las transnacionales o se fueron a Estados Unidos o los países árabes. De ninguno de ellos podemos esperar que le den una orientación progresista y democrática a la nueva empresa que se está organizando ahora.
De otra parte, no es honesto decir que se trata de un tema técnico que nada tiene que ver con la política. Mienten cuando sostienen que no importa cuál sea el gobierno, la explotación de hidrocarburos se hace de una sola forma. Y quienes, desde la propuesta de cambio, llegan a la misma conclusión, están engañados.Sería ideal tener técnicos y profesionales con muchos años de experiencia y con un compromiso real con la política de cambio. Si no se encuentran, ¿cerramos YPFB? o ¿les entregamos el paquete a nuestros enemigos? Personalmente los conocemos. Si tienen la posibilidad de retroceder en el tiempo, se opondrían a la ley de hidrocarburos. No lo hacen ahora, por los beneficios que reciben las regiones y los distritos. Pero, tengan la seguridad que encontrarían ventajas que darles a las transnacionales.
No son ellos quienes contribuirían al desarrollo de la explotación y la industrialización de los hidrocarburos. Somos nosotros, aprendiendo las técnicas más modernas, para llevar adelante el programa de cambio.
Por eso, las condenas a quienes dirigen ahora el tema hidrocarburífero son un arma más de la oposición más intransigente a la revolución democrática.
EN BOLIVIA, YO TAMBIÉN VOTARÉ POR EL “NO”
La Constitución no puede ser impuesta por el cerco armado a Santa Cruz, ni por el cerco de minorías violentas al Congreso, o negociada en oscuras mesas clandestinas. ¡Por lo menos en un país normal!
El Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl)
La Constitución Política del Estado (CPE) no es una norma cualquiera, es el “Contrato Social” básico que rige la vida en común de los ciudadanos de un Estado.
El Contrato Social, como teoría política, explica el origen y propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría propuesta por J. J. Rousseau (1712-1778) es la siguiente: Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.
Por tanto, la CPE es una institución que requiere un alto índice de consenso ¿Que pasara si el referéndum del 25/01/09 no gana con una mayoría categórica (sin fraude)? o ¿si en varios Departamentos lo rechaza? La Constitución no puede ser impuesta por el cerco armado a Santa Cruz, ni por el cerco de minorías violentas al Congreso, o negociada en oscuras mesas clandestinas. ¡Por lo menos en un país normal!
Aunque son muchas las razones que tengo para votar contra el proyecto de “Constitución pactada”, me limitare a enumera solo 5 de ellas:
1) La Ilegalidades del proceso.- Se violo la actual CPE, La Ley de Convocatorio a la Asamblea Constituyente (AC), los reglamentos de la propia AC. Se elaboro el texto en un cuartel militar, no se acepto la discusión de capitalia y se voto solo por el índice.
Es decir, se violaron todas las leyes. La única que no pudieron violar fue la Ley de La Gravedad y no por que no lo hubieran intentado. O sino pregúntenle a Román Loayza, que termino dándole afanes a los neurocirujanos cívicos, que le salvaron la vida en Santa Cruz.
2) La autonomía trucha. Lógicamente no podía ser de otra manera. “Si el propio Presidente Morales hizo campaña contra ella”. Jeorge Nava incluido. Aunque hoy, con una hipocresía solo digna de ellos, dizque la apoyan. ¡Hoy los paladines de la autonomía son los centralistas! Un insulto a la inteligencia y a la verdad.
3) La CPE racista. Es la primera CPE racista del mundo. Se otorgarán privilegios con criterios étnicos. Con ella los indígenas tendrán “derechos especiales”, violando la premisa universal de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Habrá bolivianos de primera y de segunda. ¡Un monumental retroceso histórico!
4) El modelo económico retrogrado. Insisten en un modelo Neocomunista; con el eufemismo de “comunitario”, que ya mostro sobradamente su fracaso en otras latitudes. Los nostálgicos Stalin volverán a hacer sufrir al pueblo boliviano, con ayer hicieron sufrir a la URSS.
5) La Justicia Comunitaria. Se constitucionalizaran los linchamientos crueles como los de Achacachi y Ayo Ayo. Volveremos a la barbarie “originaria”. No habrá presunción de inocencia, ni debido proceso. ¡Al diablo con el mundo civilizado!
Finalmente votare NO por: Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luís Cardozo; los mártires de la Calancha. El MAS/ y su constitución pagana, sin Dios ni ley, no necesitan enemigos. Tiene en su propia alma la semilla de la destrucción. No seré yo su cómplice.
DETENIDO UN HOMBRE DE 32 AÑOS POR UN PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ÁVILA
Europa Press de España (www.europapress.es)
Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido ayer en la capital abulense por la Policía Local como presunto autor de un delito de violencia de género, según informaron a Europa Press fuentes el Ayuntamiento de Ávila.
Los agentes fueron requeridos a las 14 horas del día para atender a una mujer que había sufrido un presunto delito de violencia de género, por lo que, personada una patrulla, se ha dado la protección necesaria a la persona denunciante, trasladándola al centro medico para su reconocimiento.
En ese momento se presentó el presunto agresor, por lo que se procedió a su detención por un presunto delito de violencia de género. El detenido, de 32 años, responde a las iniciales de R.Z.P., natural de Bolivia y con domicilio en la capital abulense.
FELIPE TUDELA NO SERÁ REPATRIADO DE BOLIVIA, SEGÚN SU ABOGADO
El abogado Omar Chehade sostuvo que la anulación del matrimonio civil de sus patrocinados, Graciela de Losada Marrou y Felipe Tudela Barreda, no implica “en absoluto” que este último vaya ser repatriado de la ciuda de Santa Cruz, Bolivia, donde reside desde hace algunos meses.
24 Horas libres de Perú (www.24horaslibre.com)
La titular del Primer Juzgado de Familia de Lima, Teresa Velásquez, declaró ayer nula la boda civil de Tudela Barreda y Losada Marrou, efectuada en noviembre de 2007, y argumentó que esta que no se realizó en una ceremonia pública.
En diálogo con Perú21.pe, Chehade aseguró que, al estar pendiente la presentación de la apelación al fallo de la jueza Valásquez y debido a que esta resolución “no ha quedado consentida ni ejecutoriada”, Tudela Barreda permanecerá en Bolivia.
Enfatizó que dicho fallo ayudará en el pedido de asilo político que presentó la pareja al gobierno boliviano y que, según se espera, será resuelto en las próximas semanas.
Respecto al argumento de que el enlace matrimonial de sus defendidos fue de “carácter clandestino y oculto”, Chehade aseveró que fue realizado “en público y constituye un acto legítimo y voluntario, donde hubo más de 30 invitados”.
“Clandestina fue la huida que tuvo en el 2001 Francisco Tudela (hijo del patriarca Tudela) a Chile, cuando comenzaron todos los procesos anticorrupción al caer el gobierno de Alberto Fujimori”, subrayó.
Además, recalcó que “la característica fundamental de un matrimonio público es la publicidad, es decir, los testigos, y se cumplió con el requisito ineludible que manda el Código Civil de que cada contrayente presente dos testigos y, por lo tanto, hubo cuatro”.
Sobre los edictos no publicados, el letrado explicó que hubo una dispensa que le otorgó el Concejo Municipal de Magdalena para no difundirlos. Además, recordó que los mismos fueron dados a conocer tres días después del matrimonio.
Por último, informó que Francisco Tudela, en su calidad de administrador judicial de los bienes de Felipe Tudela, “desde hace más de cuatro meses aún no le ha reportado ningún solo sol ni un dólar a su padre”.
¿FELIPE TUDELA OBLIGADO A DECLARAR A CONVENIENCIA DE GRACIELA LOSADA?
Periodismo en Línea de Perú (www.periodismoenlinea.org)
Don Felipe Tudela y Barreda, el anciano víctima de un litigio judicial por su millonaria fortuna, que llevan adelante sus hijos y su actual cónyuge, sería obligado a declarar a la prensa siguiendo instrucciones de su esposa Graciela Losada y de terceras personas.
Anoche el programa "Enemigos Íntimos" difundió la primera parte de un extenso reportaje donde detalla de forma imparcial las vicisitudes que vive el nonagenario en Santa Cruz - Bolivia, hasta donde fue llevado por Losada para evitar supuestamente los fallos judiciales que no la favorecían en el país.
En una parte del informe, se observa cláramente como Losada guía a don Felipe Tudela y hasta le sugiere determinadas frases en favor de su posición.
"Lo que debes decirle es, yo quiero volver a tener la vida que tenía antes con ustedes y para eso lo único que exijo es que depongan todos los juicios que tienen contra mi", señala una voz que sería de Losada.
Sin embargo luego el anciano dice: "no voy a pedir nada..no, no". Seguidamente le preguntan si quiere hablar de sus derechos humanos o de regresar a su casa e incluso le sugieren que hable de corrido que el audio y el video se pueden editar. "Tiene que volver a decirlo fuerte enérgico...", le dicen de nuevo dos mujeres a lo que don Felipe responde, "lo dejamos así... Si ha salido bien".
TUDELA HIJO CONFÍA EN GANAR JUICIO A GRACIELA DE LOSADA POR EL "SECUESTRO DE SU PADRE"
La nulidad del matrimonio entre los ancianos es un paso para ello, sostuvo. Cuestionó la demora del proceso por la potestad de su padre, dueño de una millonaria fortuna
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
El ex canciller de la República, Francisco Tudela, explicó que la declaración de nulidad del matrimonio que contrajo su padre Felipe Tudela y Barreda con Graciela de Losada Marrou es muy importante para el proceso que él y su hermano le entablaron a esta última por el presunto secuestro de su progenitor.
En la víspera, el Primer Juzgado de Familia declaró nulo el matrimonio de la pareja, celebrado en noviembre del año pasado, porque la unión no se celebró en una ceremonia pública. Además, el ex diplomático explicó que el enlace no tenía validez dado el "carácter clandestino" del mismo.
"Estamos a la espera de que la otra parte apele esta resolución y luego se irá a la Corte Suprema. Creemos que esto nos sirve en otros procesos civiles y penales de una manera muy importante, sobre todo, en el que se le sigue a Graciela de Losada desde hace seis meses por el secuestro de mi padre", señaló Tudela en diálogo con elcomercio.com.pe.
El ex canciller explicó que cuando un matrimonio es nulo quiere decir que nunca existió ni tiene efectos jurídicos, "por lo que Graciela de Losada retiene a mi padre en Bolivia sin ningún título para hacerlo, no es familiar ni cónyuge, nunca lo ha sido".
Como se recuerda, los hermanos Juan y Francisco Tudela van Breugel - Douglas, denunciaron en junio pasado a Graciela de Losada por el supuesto secuestro de su padre, Felipe Tudela y Barreda, quien se encuentra en Santa Cruz, Bolivia, desde el 2 de junio pasado.
"Hace seis meses que pusimos la denuncia y todavía está investigándose, cosa que yo encuentro excesivamente lenta. Medio año para investigar algo que es evidente es mucho tiempo", precisó.
¿EFECTO DOMINÓ?: NO SOLAMENTE ECUADOR CUESTIONA PRÉSTAMOS DE BRASIL
Latinforme de Brasil (www.latinforme.com)
Lo que en una primera instancia aparecía como un hecho aislado en lo que era la decisión de Ecuador de no pagar el crédito contraído con el BNDES, por considerarlo irregular y de este modo, solicitar a un tribunal internacional la anulación de una deuda por US$ 286,8 millones, parece que puede ser la punta de un iceberg.
El crédito solicitado al BNDES tuvo como motivación el financiar la construcción de la hidroeléctrica de San Francisco, una obra construida por la empresa brasileña Odebrecht, que fue inaugurada a mediados de 2007 pero que dejó de funcionar en junio del presente año debido a fallos estructurales serios. A consecuencia de ello, Ecuador responsabilizó a la firma brasileña, la cual fue echada del país por su presidente Rafael Correa.
Pero el problema con las financiaciones realizadas por Brasil, no terminan allí. Es que luego de que Ecuador cuestionara dicha deuda, se sumó a los reclamos de Correa, su amigo Hugo Chávez que anunció el pasado viernes la creación de una auditoría para su deuda externa.
Y a Ecuador y Venezuela, se sumaron también Paraguay y Bolivia, quienes iniciaron auditorías internas al respecto. El primero también creó otra auditoría, con foco en la deuda asumida en conjunto con Brasil para construir la hidroeléctrica de Itaipú, la cual no es del todo clara y genera tantas dudas como en el caso de Ecuador.
En el caso de que la deuda ecuatoriana sea anulada por el tribunal internacional, la misma tendrá que ser asumida por el Tesoro brasileño, que fue garante de la operación. Algo similar puede ocurrir con el resto de los países.
La generalización del conflicto, además de producir un conflicto diplomático entre Brasil y este conjunto de países, implicaría un perjuicio económico para Brasil por US$ 5.000 millones. Pero también implicará un perjuicio económico para todos los países involucrados al reducir el comercio entre éstos y la economía brasileña.
En este sentido, en relación al conflicto con Ecuador el canciller brasileño Celso Amorim decía en caso de que Ecuador no haga efectiva sus obligaciones: “Va a acabar el comercio entre Brasil y Ecuador”. Esta amenaza tiene implicancias negativas no solamente para Ecuador, sino también para Brasil y potencialmente para el resto de los países que pueden ingresar en un conflicto similar con el país que gobierna Lula Da Silva.
Como dato de la relación comercial existente entre Ecuador y Brasil en 2007, el intercambio comercial entre ambos totalizó US$ 767,5 millones, de los cuales US$ 36,6 millones correspondieron a exportaciones ecuatorianas y US$ 730,9 millones restantes correspondieron a importaciones desde el Brasil.
Las relaciones comerciales entre Brasil y Venezuela, acumulaban a setiembre US$ 5.500 millones y las estimaciones ubicaban en US$ 7.000 al volumen total del presente año. El posible deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países podría generar en Brasil un impacto significativo en la Zona Franca de Manaos, en el norte de Brasil desde donde se producen y exportan a Venezuela materiales electrónicos, electrodomésticos, cauchos y últimamente además, alimentos y ganado bovino. Del lado de Venezuela, las exportaciones hacia Brasil son principalmente derivados del petróleo al tiempo que, de la represa del Guri, Venezuela suministra energía a las poblaciones fronterizas del norte de Brasil.
En lo referente a la relación comercial entre Brasil y Paraguay la balanza comercial es netamente favorable al primero en más de US$ 1.100 millones anuales. Por otra parte, la importancia del apoyo de la economía brasileña para Paraguay no es menor. Paraguay se convirtió en el quinto exportador más grande de soja del mundo con el apoyo de la tecnología brasileña.
Para Bolivia, además de representar un importante socio comercial, Brasil es el actual mayor inversionista extranjero en el país, por lo que un deterioro en las relaciones entre ambos implicaría un daño no menor para la economía boliviana.
Pero no solamente este conflicto dañaría las relaciones comerciales entre dichos países, sino que además, también alteraría las inversiones extranjeras directas, aunque en una menor magnitud.
El conflicto entre Ecuador y Brasil ha derivado en una serie de consecuencias con un potencial impacto negativo de significación para todos los países involucrados (incluido Brasil), pero el daño en las economías más pequeñas puede llevarlas al punto de comprometer su salud macroeconómica. ¿Estarán estos países dispuestos a negociar una solución alternativa que evite que todos pierdan en el conflicto?
UNIÓN EUROPEA RATIFICA QUE NEGOCIARÁ ACUERDO COMERCIAL CON PERÚ Y COLOMBIA
Andina de Perú (www.andina.com.pe)
La comisaria europea de Comercio, Catherine Ashton, reconfirmó que la Unión Europea (UE) negociará acuerdos comerciales bilaterales con Perú y Colombia.
Ashton insistió en que en este momento es difícil avanzar con los cuatro integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
"Parece más difícil a esta altura avanzar con los cuatro. Colombia y Perú quieren seguir avanzando, con la oportunidad de que los otros dos se sumen", dijo Ashton ante la comisión de Comercio Internacional del Europarlamento en la capital belga, en declaraciones que reproduce la página Web de Portafolio.com.
La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero Waldner, había anunciado el pasado 11 de noviembre que la UE negociaría un acuerdo comercial bilateral con Perú y Colombia, ante la imposibilidad de avanzar a nivel de bloque con la CAN, desatando una polémica con Bolivia y Ecuador.
La decisión de Bruselas se produjo luego de que la presidencia ecuatoriana de la CAN suspendiera una reunión crucial para tratar de salvar las paralizadas negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la UE, abiertas en 2007.
IRÁN HACE ALIANZAS DIPLOMÁTICAS CON LOS PAÍSES CRÍTICOS DE EE.UU.
El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)
Irán, el país que visitará desde mañana el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, busca reconocimiento y apoyo en determinados países de América Latina. Por ello emprendió desde el 2007 una serie de acercamientos diplomáticos, sobre todo con Venezuela, Nicaragua, Bolivia y últimamente con el Ecuador.
El segundo país más poblado en el mundo árabe (con 71 millones de personas, solo es superado por Egipto) ha tendido puentes con países que en alguna medida se han mostrado críticos con la política de Estados Unidos.
“El Gobierno que lidera Mahmud Ahmadineyad tiene un objetivo: sumar adhesiones para oponerse a EE.UU. Hay la opción de incrementar el intercambio comercial, pero Irán tiene un problema: la Constitución prohíbe la inversión extranjera”, señala David Vela, el director de la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador, en Quito.
“Teherán también busca apoyo para su programa nuclear, que ha sido cuestionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, agrega Carlos Espinosa, un catedrático en temas de Oriente Medio de la Universidad San Francisco de Quito.
Eduardo Ulibarri, en un análisis publicado en el diario estadounidense el Nuevo Herald de Miami, asegura que el acercamiento de Irán a países como Ecuador se explica porque se ha convertido en un “paria internacional”, debido a su programa atómico.
“El Presidente iraní intenta proyectarse hacia cualquier zona del mundo para romper su marginación. Enarbola una retórica contra Estados Unidos y se apoya en la capacidad de pago que le da el petróleo (Irán es el cuarto productor mundial de crudo y de gas)”.
Irán, el decimoséptimo país en el mundo en extensión geográfica (1 648 195 kilómetros cuadrados), también busca formar un eje de países emergentes, junto con China, Rusia e India, sostiene por su parte el docente en ciencias internacionales David Vela.
“Irán tiene la desventaja de estar presidido por líderes conservadores dentro del islamismo, quienes son acusados de apoyar a terroristas en el mundo árabe. El presidente Ahmadineyad es seguidor de la política de Ruhollah Jomeini, el líder de la revolución que cambió a ese país en 1979. Cuando Ahmadineyad fue Alcalde de Teherán ordenó quitar los carteles que había en la ciudad con la imagen del futbolista británico David Beckham”.
Carlos Espinosa, otro entendido ecuatoriano sobre Asia, agrega que no es fácil considerar a Irán dentro de los países emergentes, ya que, pese a que tiene petróleo, no dispone de los ingresos de naciones como China. “La situación económica es complicada dentro de una nación que tiene una democracia restringida, en la cual las autoridades religiosas cumplen un rol tutelar dentro de la sociedad”.
El analista Moisés Naim, en las páginas del diario El País de Madrid, apunta que América Latina es el “último respiradero” para Irán, anclado en medio de múltiples sanciones internacionales.
Con todo, las relaciones del Régimen iraní con la región tuvieron un tropiezo significativo ayer, luego de que Argentina decidió suspender las relaciones comerciales con Teherán. El Gobierno del país asiático tachó como la “peor del mundo” a la Justicia argentina, que se negó a capturar a ocho iraníes implicados en el atentado contra una nutual judía, en 1994.
Un Régimen teocrático
La forma de Gobierno iraní es la República Islámica, fundada en 1979, tras el derrocamiento del sha Mohammad Reza Pahlevi.
Es un Régimen teocrático, único en el mundo, cuya base es el islam, una de las tres religiones más profesadas en el planeta. Los iraníes no pueden violar las normas del Corán. Están prohibidas varias acciones que son normales en el resto del mundo, como escuchar música en inglés. La homosexualidad es castigada con la muerte.
NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA: UN NUEVO CONSENSO INTERNACIONAL
Con 25 millones de consumidores entre USA y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, USA, Europa y África Occidental. Un trabajo publicado en la revista Política Exterior, de Madrid, España. Markus Schultze-Kraft, politólogo doctorado en Ciencia Política y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, reside desde 2001 en Bogotá, Colombia, donde trabaja como director para América Latina y el Caribe en el International Crisis Group.
Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)
En la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998, la comunidad internacional expresó su preocupación por el “problema global de las drogas”.
Las drogas ilícitas se calificaron como “una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las naciones, la estructura de todas las sociedades y la dignidad y esperanza de millones de personas y sus familias”. Con el fin de contrarrestar esta amenaza, la Asamblea General se propuso erradicar, o al menos disminuir de manera sustancial, tanto la producción y el consumo de sustancias psicotrópicas como su tráfico ilícito durante la siguiente década.
Se acordó llevar a cabo en 2003 un primer análisis del progreso alcanzado, que se complementaría en 2008 con una evaluación exhaustiva.
Ante la situación actual, esta evaluación no debe llevar sólo a algunos ajustes en las existentes estrategias antidroga, se requiere un verdadero cambio de política y una modificación sustancial del régimen internacional de control de drogas. Las metas de 1998 no se han alcanzado y el frágil consenso político, articulado entonces bajo el liderazgo de Estados Unidos, se ha debilitado aún más o incluso se ha esfumado como consecuencia de la evidente falta de resultados. En general, las medidas adoptadas en la década pasada no sólo no han contribuido a atenuar las amenazas identificadas, sino que han contribuido a fomentarlas.
Con 25 millones de consumidores entre USA y Europa, la lucha contra el narcotráfico reclama una responsabilidad compartida con Latinoamérica. Los cárteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos, USA, Europa y África Occidental.
En vez de reducirse, durante los últimos años ha aumentado tanto el volumen de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia como su consumo en Europa y en varios países de Latinoamérica. Además, en USA la demanda continúa alta y las políticas de erradicación forzada de cultivos de coca en la región andina no han logrado resultados convincentes.
Al contrario, están causando daños sociales y políticos considerables, obstruyendo la creación de un nuevo consenso internacional sobre políticas antinarcóticos más eficaces y menos nocivas. Los esfuerzos de desmantelamiento de los grupos y carteles transnacionales del narcotráfico –cada vez más sofisticados y resistentes a las medidas de interdicción y aplicación coercitiva de la ley– también se muestran insuficientes.
La declaración política de 1998 resalta que los productores y consumidores tienen una “responsabilidad común y compartida” para hacer frente al problema global de las drogas y, por tanto, es necesario un “enfoque integral y equilibrado”. A pesar de que durante los últimos 10 años los responsables políticos y los líderes de opinión en todo el mundo han invocado una y otra vez el concepto de “responsabilidad compartida”, a día de hoy es una formula vacía, poco operacional y carente de contenido político. En efecto, la ausencia de resultados de las políticas antidroga se debe en buena parte a que las intervenciones en los países productores y consumidores –una diferencia cada vez más difícil de sostener– no han sido ni integrales ni equilibradas.
Es difícil imaginarse que un nuevo consenso internacional sobre políticas antidroga, que se supone es la meta fundamental del actual proceso de evaluación y revisión llevado a cabo por la ONU, pueda surgir en el marco de la discusión sobre la legalización o despenalización o, por supuesto, la simple continuación con algunos ajustes cosméticos de las políticas existentes.
Más allá de otros asuntos de indudable importancia, como la inclusión sistemática de los derechos humanos en las políticas de control de drogas y de prevención de la drogadicción, es preciso recuperar la responsabilidad compartida y preparar el terreno para una reducción del daño causado tanto por las propias políticas antidroga como por el narcotráfico y el masivo consumo de sustancias psicotrópicas.
El Sísifo destructivo en los Andes
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), entre 2000 y 2003 el volumen de cultivos de coca en la región andina disminuyó de 200.000 a 150.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, desde entonces el nivel de producción se ha estabilizado en unas 160.000 hectáreas, con un nuevo alza en 2007 (180.000 hectáreas).
La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de USA (ONDCP), con una metodología diferente, calcula que desde 2004 se ha producido un nuevo aumento de los cultivos en los tres países andinos, superando ampliamente las 200.000 hectáreas.
Si bien la ONU señala que en 2000-06 la extensión de cultivos en Colombia disminuyó de 165.000 a 76.000 hectáreas, durante el mismo periodo aumentó el número de departamentos con presencia de plantaciones ilícitas.
En 2007 la extensión de cultivos subió de nuevo a 99.000 hectáreas, y actualmente se cultiva coca en 23 de los 32 departamentos del país y en casi la quinta parte (200) de los 1.098 municipios colombianos (frente a 130 del año anterior).
El tamaño cada vez más reducido de las plantaciones y la tendencia a intercalarlas con cultivos agrícolas, dificulta la identificación a través de los satélites y la fumigación. Las plantaciones de coca permanecen a pesar de la fumigación aérea masiva llevada a cabo por los gobiernos de Colombia y USA en el marco del Plan Colombia; así, en el periodo 2000-06, se fumigó más de un millón de hectáreas en todo Colombia.
Desde hace cuatro años, el gobierno de Álvaro Uribe ha empezado a darle más importancia a la erradicación manual de la coca. Estas campañas son realizadas por grupos de campesinos, protegidos por unidades del ejército y de la policía de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No obstante, los comandos de erradicación han hecho frente a grandes peligros, como por ejemplo en 2006 en el Parque Nacional La Macarena, en el centro-sur del país, donde abundan los cultivos de coca. Los campesinos cayeron en campos de minas de las FARC y fueron blanco de los francotiradores insurgentes.
Al cabo de unos meses, el gobierno se vio forzado a cancelar el operativo, debido a que muchos de los campesinos desertaron y las fuerzas policiales que brindaban protección tampoco estaban dispuestas a seguir con su misión.
A los problemas de seguridad de las campañas de erradicación manual y las dificultades de la fumigación aérea, que inicialmente logró algunos éxitos efímeros en la erradicación de plantaciones grandes (hasta 100 hectáreas en el departamento de Putumayo, por ejemplo), se añade el mayor rendimiento de los cultivos.
En los últimos años, se ha observado un enorme incremento de la productividad por hectárea de coca. Según estimativos de la ONUDD, entre 2003 y 2006 la producción de cocaína en Colombia se ha estabilizado en un nivel de 600 toneladas al año aproximadamente, pese a la reducción del área cultivada en el mismo periodo.
En Bolivia y Perú, la expansión de nuevos cultivos se produce especialmente en la región de los Yungas, al norte de La Paz, y en los valles andinos del Alto Huallaga-Monzón y Apurimac-Ene. La política del gobierno de Evo Morales, vinculado con las organizaciones de cocaleros y los movimientos sociales del país, se basa en el lema “Coca, sí. Cocaína, no”.
El gobierno ha buscado frenar el uso ilícito de la hoja de coca, reforzando los mecanismos de control social en las regiones de cultivo (básicamente los Yungas y el trópico de Cochabamba o Chapare) e introduciendo cultivos pequeños y aparentemente controlados (cato) para las familias cocaleras en Chapare.
También ha incrementado la aplicación de la ley contra los grupos narcotraficantes, así como la incautación de cargamentos de pasta de coca y cocaína.
Aunque se reconoce que la política antidroga de Morales está produciendo algunos resultados, su estrategia no está libre de problemas. Cada vez hay más indicios sobre la canalización de una parte importante de la producción creciente de hoja de coca hacia el negocio ilegal de la droga.
Según la ONUDD, entre 2003 y 2007 el territorio cultivado con coca en Bolivia aumentó de 23.550 a 28.900 hectáreas. En 2007 se estimaba que el potencial de producción de cocaína en Bolivia era de 104 toneladas al año, frente a 94 toneladas del año anterior.
En Perú, se observa una tendencia parecida. Según la ONU en el periodo 2005-07 los cultivos crecieron de 48.200 a 53.700 hectáreas. De igual forma, la capacidad de producción de cocaína subió de 260 a 290 toneladas al año.
El presidente Alan García –que durante su primer mandato en los años '80 representaba a un populismo de izquierda pero hoy está más cercano al espectro derechista– asumió su cargo con la promesa de fomentar el desarrollo alternativo y la erradicación voluntaria de las plantaciones de coca.
No obstante, terminó dando un rápido giro hacia una política de mano dura, que hasta ahora no ha alcanzado resultados exitosos.
Redes transnacionales del narcotráfico
Hasta el momento, no ha sido posible frenar de manera sustancial y permanente el flujo de cocaína de la región andina tanto hacia USA y Europa, como cada vez más hacia Brasil, Argentina y Chile. Y todo pese a los esfuerzos ingentes de una amplia gama de agencias policiales y entidades encargadas de la aplicación coercitiva de la ley; como la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) de Colombia, la Procuraduría General de la Nación de México, la Europol, la Oficina Federal de Investigaciones Criminales de Alemania (BKA) y la poderosa Drug Enforcement Administration (DEA) de USA.
En la década pasada, las redes del crimen organizado involucrados en el negocio de la droga se han extendido en América Latina, USA, Europa y África Occidental. Hoy estas redes son más difíciles de detectar, ya que han adoptado una estructura de organización horizontal, conformada por pequeñas células que actúan en redes a nivel internacional. Sus miembros han aprendido a reaccionar de manera eficaz y veloz a las medidas en su contra.
Así, por ejemplo, cambian de un día a otro sus medios y rutas de transporte (por vía terrestre o marítima, en avión o a través de mensajeros humanos), y saben cuándo y cómo utilizar con éxito la violencia o los sobornos.
Una nueva generación de narcos está reemplazando a los antiguos “señores” del narcotráfico en Colombia: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formalmente desmovilizadas a mediados de 2006; los cárteles (en particular el del Norte del Valle) y otros pequeños grupos que sobrevivieron al desmantelamiento de los poderosos cárteles de Medellín y Cali en los años '90; así como los frentes de las FARC que manejaban el negocio de la droga pero se vieron muy afectados por la política de seguridad del gobierno Uribe.
A diferencia de sus predecesores, los nuevos cabecillas, que provienen con frecuencia de las filas de los grupos criminales que existían en el pasado, no tienen interés en crear estructuras de mando verticales encabezadas por un capo conocido o un núcleo de líderes, pues saben que de esta forma es más fácil detectarlos.
También se observa un fraccionamiento mayor de la cadena del narcotráfico. Mientras en el pasado, un número más o menos reducido de criminales se encargaba de cumplir con ciertas tareas específicas –por ejemplo, el procesamiento de base de cocaína en laboratorios clandestinos o el transporte de droga hacia puntos de transbordo– hoy son más individuos o grupos los que trabajan en los diferentes eslabones del negocio.
Consecuentemente, la aplicación coercitiva de la ley se dificulta tanto por los mecanismos de outsourcing utilizados por las redes criminales como por la cooperación pragmática –marcada por una completa ausencia de principios– entre los más diversos y hasta opuestos actores armados.
Así, para el transporte de cargamentos de cocaína desde los alejados laboratorios en la densa selva de los departamentos de Caquetá o Guaviare hasta las costas del Pacífico, los diversos grupos armados y criminales trabajan sin límites políticos-ideológicos.
Ni las FARC, ni algunos frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni las organizaciones sucesoras de los grupos paramilitares u otras agrupaciones criminales, como la Organización Nueva Generación (ONG) o los Rastrojos y Águilas Negras, renuncian a la colaboración en la búsqueda de las ganancias del narcotráfico. Los grupos frecuentemente desconocen de dónde provienen los encargos, por ejemplo, de llevar cocaína a Venezuela. Lo único que les interesa es que las entregas y los pagos se realicen puntualmente.
El outsourcing como mecanismo de las mafias de la droga está muy desarrollado y en él también participan gerentes de empresas a primera vista respetables. En no pocas ocasiones, alcaldes y comandantes locales de las fuerzas armadas y la policía también están involucrados y pasan por alto las actividades ilegales a cambio de jugosas recompensas.
Los cárteles mexicanos
Uno de los cambios más notorios en las dinámicas del narcotráfico latinoamericano en los últimos 10 años ha sido el refuerzo y la proliferación geográfica de los grupos criminales de México. Mientras que a mediados de la década de los '90 los colombianos todavía dominaban tanto el tráfico como la distribución de cocaína en USA, hoy en día tres cárteles mexicanos (denominados según sus regiones o ciudades de origen: Sinaloa-Juárez, región del Golfo y Tijuana) son los que controlan, según informaciones de lasautoridades estadounidenses, hasta tres cuartos del mercado de la droga en ese país.
Los traficantes colombianos empezaron a traspasar hace algunos años las actividades de mayor riesgo –más lucrativas– a sus pares mexicanos, incluyendo la distribución de la cocaína en USA. Por su lado, los carteles mexicanos han establecido bases en Centroamérica, los países andinos productores, Chile y Europa –e incluso en África Occidental– donde cooperan con grupos criminales locales en el tráfico de drogas, armas y personas.
El fortalecimiento de los grupos narcotraficantes mexicanos ha ido de la mano de un crecimiento notorio de la violencia en el país. Se estima que sólo en los primeros seis meses de 2008 hubo 2.000 homicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, el mismo número de víctimas que durante todo el año anterior.
Desde el inicio de su mandato en 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó un masivo despliegue militar, policial y de personal de la Procuraduría General de la Nación en contra de los carteles de la droga, empezando en su Estado natal, Michoacán.
Su predecesor y compañero del Partido de Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, ya había intentado –sin éxito– combatir a los narcotraficantes y acabar con la práctica del hegemónico Partido de la Revolución Institucional (PRI) de “administrar el narcotráfico”, que en la práctica significaba la compenetración de las autoridades municipales y federales, incluida la policía, con la mafia del narcotráfico y el crimen organizado.
La estrategia de Calderón, que implica el fortalecimiento de la cooperación antidroga y anticrimen con USA en el marco de la Iniciativa Mérida, ha sido criticada por sectores de la sociedad civil y política mexicana, que consideran que la militarización de la lucha contra el narcotráfico conlleva graves peligros para el respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática del país.
La oposición ha comparado la Iniciativa Mérida –ratificada recientemente en el Congreso de USA y cuyo principal objetivo es incrementar la capacidad tecnológica de México en la lucha contra las drogas, con más de US$1.000 millones en los próximos tres años– con el Plan Colombia, advirtiendo de los riesgos de abrir las puertas a USA para una presencia e intervención militar en suelo mexicano.
Aunque la prioridad del Plan Colombia en la erradicación de cultivos y en la transferencia masiva de equipos bélicos a las fuerzas armadas colombianas, en particular helicópteros, no se presenta de manera comparable con la Iniciativa Mérida, cabe preguntarse si esta iniciativa es una respuesta adecuada ante la grave oleada de violencia que está viviendo México. Mientras no haya un control más eficaz de la producción y del tráfico de cocaína en y desde la región andina y una reducción sustancial de la demanda en USA (y nada indica que estemos acercándonos a esta meta), de poco servirá intentar cerrar, con más tecnología de vigilancia e incautación, la larga y porosa frontera entre México y USA.
Se correría el riesgo, por otra parte, de que se produzca un drug overkill en México, con un consumo doméstico disparado de la cocaína que no lograra llegar a USA.
Por otra parte, en la actualidad se observa un aumento del narcotráfico en los países fronterizos con Colombia. Venezuela se ha convertido en una de las principales rutas de tránsito de cocaína colombiana de alta calidad hacia Europa.
Los cargamentos se transportan en buques de carga, a través de correos humanos, en aviones comerciales o también en pequeñas avionetas tipo Cessna, dotadas con tanques especiales. Según la ONU, las escalas en países de África Occidental, como por ejemplo Guinea-Bissau, ya no son la excepción sino cada vez más la regla. Mientras que en Ecuador, Perú y Bolivia se ha observado un incremento en el tráfico ilícito de cocaína, en Argentina, Brasil y Chile se constata un aumento en la intensidad del negocio y en la producción de derivados de cocaína (conocidos como merla en Brasil y paco en Argentina), así como un mayor consumo interno.
Responsabilidad compartida
Al evaluar las estrategias antidroga de los últimos 10 años se confirma que ni las campañas de erradicación de los cultivos, ni la aplicación coercitiva de la ley en contra de los cárteles del narcotráfico y las redes criminales transnacionales, ni las crecientes cantidades de cocaína incautadas han contribuido a una notable reducción del tráfico ilegal.
De igual forma, los programas de desarrollo alternativo y fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad a nivel local y regional no han logrado expandir suficientemente los mercados lícitos y reducir de manera sustancial el número de familias campesinas de Bolivia, Colombia o Perú que cultivan coca para fines ilegales y dependen económicamente de esta actividad.
La demanda de cocaína, por otro lado, sigue siendo masiva en USA (según la DEA, en 2006 había 20 millones de consumidores de droga en el país, de los cuales siete millones se calificaban como “problemáticos”).
Tanto en Europa (con 4,5 millones de consumidores en 2006, la mayoría en España, Italia y Reino Unido) como en América Latina (sobre todo en Brasil, Argentina, Chile y México) se observa un aumento en el consumo de cocaína. Esta situación es altamente preocupante y desvela los límites de las políticas de prevención de la drogadicción. También demuestra que ni las, en principio opuestas, estrategias “duras” de USA ni las “blandas” de los países europeos han servido para que los dos mayores consumidores del mundo logren una reducción significativa de la demanda de cocaína, asumiendo así de lleno su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, no existe un concepto consensuado y compartido de “responsabilidad compartida” en Latinoamérica, Europa y USA. Esto se refleja en la ausencia de un intercambio regular de información y experiencias sobre las políticas antidroga y de cooperación amplia para llevar a cabo políticas de éxito para la reducción tanto de la demanda como de la oferta.
El Grupo de Dublín, creado en 1990 entre USA, la UE, Japón, Canadá, Australia y Noruega como un foro informal para discutir y analizar el problema de las drogas y el narcotráfico– no ha servido para mucho, confirmando la falta de compromiso e interés a ambos lados del Atlántico por construir puentes entre los diferentes enfoques para combatir el narcotráfico.
A la vez, los países de América Latina, gravemente afectados por el narcotráfico y el crimen organizado, no han logrado desarrollar –ni verdaderamente lo han intentado– una posición concertada y propia en la región y plantearla en los foros multilaterales.
Una excepción podría ser la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (CLDD), recientemente establecida por iniciativa de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) e integrada por otras 15 personalidades latinoamericanas. Está por ver si la comisión, que en 2008 se ha reunido en dos ocasiones (Río de Janeiro y Bogotá) y tiene previsto concluir sus labores en México en febrero de 2009 con el fin de presentar un informe ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en marzo de 2009, logra establecer un consenso más amplio entre sus integrantes y formular una posición política –un cambio de paradigma– que ayude a las Américas y Europa a salir de las trincheras de la guerra contra las drogas.
Ello requeriría una contribución novedosa y sustancial al debate sobre la responsabilidad compartida, sobre la base de que la erradicación forzada, y especialmente la fumigación aérea, en Colombia y la región andina no es sostenible a medio plazo, y menos a largo.
La comisión haría bien en reconocer que la responsabilidad por el fracaso de las políticas antidroga en la región es de todos los involucrados, no sólo o sobre todo de Europa (por tener prejuicios ideológicos frente a Colombia y el gobierno de Uribe, por no querer apoyar el Plan Colombia, por no dar suficiente ayuda para el desarrollo alternativo y por no controlar y reducir la demanda de cocaína en los países europeos).
Un verdadero cambio de paradigma debería incluir a América Latina, USA y Europa en una constelación nueva y con nuevo argumento que los una y no los divida, sobre el mapa universal de las drogas, el narcotráfico y el crimen organizado.
Avanzar hacia una responsabilidad compartida operacional y de éxito implicaría establecer un intercambio sistemático de las mejores prácticas para reducir la demanda sin prejuicios políticos y moralistas. Al discutir con representantes del gobierno no pocas veces se percibe una profunda decepción por la supuesta falta de compromiso de los europeos con los esfuerzos para reducir el problema mundial de las drogas.
Los americanos a menudo reprochan a sus colegas europeos hacer la vista gorda ante los verdaderos desafíos, permitir la extensión del problema e ignorar el incremento en las tasas de consumo en algunos países del Viejo Continente. Además, critican la falta de disponibilidad europea a integrarse de manera eficiente a la lucha policial y militar de USA contra los cárteles de la droga.
Al otro lado del Atlántico, también se escuchan quejas concernientes a las carencias de las políticas estadounidenses.
Funcionarios y políticos europeos, tanto de la UE como de los Estados miembros, suelen criticar que la política de Washington no llega a las raíces del problema, no contiene medidas exitosas para la reducción de la demanda y que emplea la fuerza de forma desmesurada en contra de cocaleros en la región andina, lo que aseguraría el fracaso de dichas políticas.
Esta falta de comunicación, de cooperación e intercambio de experiencias, tiene considerables efectos negativos. En Colombia, por ejemplo, tanto USA como la UE apoyan programas que buscan reducir los cultivos de coca y fomentar el desarrollo alternativo y la gobernanza local.
Sin embargo, hay pocos esfuerzos –casi ninguno– para armonizar o articular las diferentes intervenciones y potenciar así sus impactos y mejorar sus resultados. Al contrario, las campañas de fumigación y de destrucción de plantaciones de coca del gobierno colombiano en cooperación con su contraparte estadounidense muchas veces incomodan a los europeos, sobre todo si se ven afectadas plantaciones en comunidades y municipios donde la UE está apoyando el desarrollo y la convivencia pacífica por medio de los Laboratorios de Paz.
Ello demuestra que las diferencias entre USA y la UE acerca del Plan Colombia, lanzado en 2000, conspiran aún hoy en contra de una imprescindible cooperación en las políticas antidroga. El gobierno de Uribe es también responsable de que esta brecha siga existiendo, debido a que ha optado por orientar su política exterior casi exclusivamente hacia Washington, siendo más bien escéptico respecto a los intereses y las políticas de las instituciones europeas.
La responsabilidad compartida no puede limitarse al simple ejercicio retórico de subrayar, una y otra vez, que se deberían implementar medidas para reducir tanto la oferta como la demanda. Es urgente que se haga operacional y se le dé contenido político. Sería esencial que en ambos lados del Atlántico se establecieran mecanismos de cooperación con el fin de determinar de manera objetiva qué medidas antidroga arrojan los mejores resultados, buscando que las intervenciones sean lo menos dañinas para los individuos y las sociedades en su conjunto, y más efectivas respecto a la rehabilitación y la promoción de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos.
Por ejemplo, podría pensarse en una evaluación comparada de las experiencias de los drug courts (tribunales de drogas) en USA y de las políticas sociales y de salud pública para el control y tratamiento de la drogadicción implementadas en varios países europeos y Canadá. Éstas medidas de índole técnica-política deberían ir de la mano de la búsqueda de una salida política que permita fomentar una progresiva cohesión entre las estrategias antidroga de USA, América Latina y Europa, tanto respecto a la reducción de la demanda como de la oferta.
Tras una década de intentos fallidos por reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas en el mundo, existe ahora una ventana de oportunidad para llevar a cabo un apremiante cambio de política. El problema de las drogas y el narcotráfico está en expansión. En 2009 los Estados y la comunidad internacional deben actuar para afrontarlo con éxito, empezando por asumir realmente el reto de la responsabilidad compartida.
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