A 54 años de la nacionalización de las minas que impuso la fuerza de los movimientossociales en la llamada Revolución Nacional del 9 de abril de 1952 y tras 21 años de vigencia de neoliberalismo que echó a la calle al menos a 27 mil trabajadores del subsuelo y liquidó la minería estatal, hoy los mineros vuelven como protagonistas de la economía.El Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma definió la madrugada de este martes la Nueva Política Minera Metalúrgica (NPMM) que potenciará la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para retomar el control de las empresas mineras a través de un proceso de nacionalización que tendrá como eje la explotación de uno de los yacimientos estañíferos más ricos de estaño ubicado en el cerro Posokoni de Huanuni. Este proceso se iniciará con una inversión inicial de 10 millones de dólares y es parte de la respuesta histórica a las demandas populares de recuperar la propiedad de todos los recursos naturales. La refundación de Comibol y la nacionalización de los hidrocarburos serán los dos pilares que permitirán a Bolivia proyectar su desarrollo a partir del aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del país y no de particulares, afirmó el Ministro de Minería, Guillermo Dalence, a tiempo de tomar el timón del sector tras la “guerra por el cerro Posokoni”, en Huanuni. BOLIVIA, PAÍS MINERO
Según datos del sector, con la vigencia del neoliberalismo la minería exportó sólo el 2004, 500 millones de dólares y apenas dejó al Estado cerca 11 millones de dólares en impuestos y regalías. La subida de precios y la demanda de minerales, principalmente en el mercado asiático, devolvieron a la minería un rol clave en la generación de millonarios ingresos. La política definida por Gonzalo Sánchez de Lozada no benefició al país.
El 31 de octubre de 1952 el Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) lanzó el decreto de nacionalización de las minas en los campos de María Barzola, en Catavi. La medida revirtió las minas de los denominados barones del estaño y creó Comibol como cabeza del sector.La nacionalización de las minas fue parte de las banderas que levantaron mineros, campesinos y clases medias urbanas frente al saqueo de los recursos mineros en beneficio de la llamada rosca minera. En 1985, fue el mismo MNR el que sepultó la nacionalización de las minas a partir de la “relocalización” de más de 27 mil mineros que quedaron en las calles y a partir de los años 90 entregó a manos privadas la totalidad de los yacimientos mineros liquidando la Comibol que quedó fuera de toda actividad productiva.REPERAR LA COMIBOL
El nuevo Código Minero, aprobado en 1997, redujo las acciones de Comibol a simple administrador de los contratos de riesgo compartido, arrendamiento y servicios. El conjunto de normas que se aprobaron para el sector beneficiaron por completo a las grandes empresas trasnacionales que controlaron los más importantes yacimientos de plata, plomo, zinc, estaño, oro, entre otros.Si en 1980 la Comibol contaba con aproximadamente 30 mil trabajadores, de los cuales 25 mil eran regulares y 5 mil locatarios y eventuales o maquipuras, para el 2001 Comibol no tenía “ni una sola persona en la producción minera”, señala un informe oficial.Tras la nacionalización de las minas, en el periodo de 1952 a 1964, la producción minera pasó de 32.472 toneladas a 24.412 toneladas, pese a esta merma significó entonces más del 80 por ciento de los ingresos totales para Bolivia.La nacionalización que llevó adelante el MNR le costó al Estado boliviano 21 millones de dólares por concepto de indemnización a las empresas afectadas.En octubre de 2003, durante la rebelión popular en defensa de los recursos naturales cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto, centenares de trabajadores mineros y cooperativistas (ex asalariados como efecto del Decreto Supremo 21060), llegaron de varios centros productivos y fueron parte fundamental del desalojo del gobierno de un representante del MNR: Sánchez de Lozada.Actualmente 15 empresas privadas operan con contratos de riesgo compartido (5) y arrendamiento (10) en yacimientos que son de propiedad del Estado boliviano.El Gobierno anunció que, como parte de NPNM de repotenacimiento de la Comibol y control de los recursos mineros, impulsará una auditoría a todos los contratos suscritos por la Comibol con privados y advirtió que las minas ociosas serán revertidas la Estado.
EDITORIAL
CONFIANZA EN BOLIVIA
El País de España (www.elpais.es)
Tras más de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firmó finalmente los acuerdos de renovación de los contratos con las petroleras extranjeras que explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las empresas, incluida la políticamente poderosa brasileña Petrobras, aceptan implícitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 años, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los recursos energéticos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora venían pagando aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de dólares este año y cantidades en aumento hasta los 4.000 millones de dólares a partir de 2010- y un triunfo político que podrá explotar.
El acuerdo tiene la ventaja de que, al menos por ahora, garantiza jurídicamente las inversiones -y, por tanto, los activos- actuales de Repsol YPF en Bolivia, unos 1.000 millones de euros. El valor de ambos es una de las causas de que esta compañía se haya decidido a mantener su actividad allí. Al menos, permitirá que prosigan las actividades de exploración y explotación. Pero las primeras dudas aparecen cuando se relaciona el más que elevado porcentaje de pagos al Gobierno boliviano, que reduce drásticamente el beneficio de las empresas extranjeras, con el compromiso de aplicar nuevas inversiones en el país.
No parecen líneas convergentes. Sobre todo si se tiene en cuenta que Morales pretende controlar el 51% de las compañías mixtas que explotan los hidrocarburos y que las empresas extranjeras asociadas, al perder la mayoría, no podrán incluir en sus balances el 100% de las reservas de petróleo y gas que tienen en operación.
Sería una ingenuidad suponer que la firma del contrato borra de un plumazo las continuas muestras de desconfianza recíproca entre Bolivia y las petroleras foráneas. Sólo el tiempo dirá si la seguridad jurídica de la que se ufana Morales y acepta el presidente de Repsol YPF es algo más que un eslogan sin contenido. Las empresas tienen la obligación ineludible de cumplir las leyes de los países en los que operan y los Estados la obligación no menos ineludible de ofrecer condiciones jurídicas conocidas y transparentes que permitan tales operaciones.
Opinión
REPSOL SE QUEDA EN BOLIVIA
ABC de España (www.abc.es)
EL mejor modo de disfrazar una derrota es decir que se está muy satisfecho de haberla logrado. La petrolera española Repsol se queda en Bolivia, pero a costa de haber tenido que aceptar el chantaje de la nacionalización encubierta de parte de sus activos. Ésa es, seguramente, la descripción más exacta de lo que ha pasado durante las últimas horas en el país que preside Evo Morales. Que el presidente de Repsol intente minimizarlo diciendo que la nueva relación contractual con Bolivia no representa un porcentaje muy alto en el volumen total de operaciones de la compañía no es más que una receta para consolarse.
En cuanto a las promesas que les han sido hechas sobre la supuesta seguridad jurídica del nuevo contrato de explotación de recursos petrolíferos, para evaluarlas debería bastar la experiencia de los precedentes, de los que debemos dar por sentado que eran igualmente legales, lo que, sin embargo, no ha impedido que hayan terminado en la papelera.
Se ha alabado el papel del Gobierno español en esta gestión, que desde el principio tomó en sus manos el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. Pero lo menos que puede decirse es que no ha quedado claro si el Ejecutivo ha intervenido para ayudar a la multinacional española, como hubiera sido lo propio, o si en realidad ha ayudado sobre todo a hacer aceptable la posición del presidente boliviano, Evo Morales, evitando así que su opción por la re-nacionalización de los hidrocarburos pareciese una coacción contra las empresas extranjeras que han invertido en Bolivia.
En fin, el suspiro de alivio que se ha escuchado por la firma de este contrato en el último minuto, nunca mejor dicho, no puede servir para ignorar que es la consecuencia de una política económica esencialmente desenfocada y que -más allá de las cantinelas populistas e indigenistas- reafirman que la dirección en la que Morales ha embarcado a Bolivia no es la mejor para anclar a este país en la economía mundial.
En realidad, el presidente boliviano ha preferido emular a su colega venezolano, Hugo Chávez, y ya sabemos que en Venezuela la pobreza no ha dejado de aumentar a pesar de que el precio del petróleo ha alcanzado cotas históricas.
Es lógico que si Repsol ha salvado algunos muebles y piensa quedarse en Bolivia, no quiera empezar esta nueva etapa criticando a las autoridades locales. Pero las buenas palabras de hoy no servirán de mucho si en el futuro no se cumplen las expectativas que Evo Morales ha suscitado entre la depauperada población boliviana y si las empresas extranjeras vuelven a convertirse en el blanco fácil de todas las críticas. Morales representa una opción poco realista en términos económicos y, tarde o temprano, sus teorías antiliberales serán puestas a prueba. Para Repsol, el tiempo dirá si ha valido la pena.
Opinión
LA CUENTA ATRÁS DE REPSOL
ABC de España (www.abc.es)
El espectáculo de hace unas semanas de los mineros bolivianos enfrentándose entre sí a bombazos -con el resultado de decenas de muertos de por medio- para disputarse un puesto de trabajo, es una muestra dramática de los efectos que entre los hombres puede tener la perversión dialéctica de los políticos. Los excesos del líder cocalero Evo Morales -un iluminado más en una región donde la sensatez hace más falta incluso que la comida- quitan el sueño a las grandes petroleras y arrebatan la vida a sus propios compatriotas, que no saben si lo de la expropiación va también por ellos y lo de tomar lo que se considera de uno es algo que se puede hacer así, por las buenas.
Repsol YPF, como no puede ser de otra forma, se agarra al pragmatismo que rige la vida de las empresas. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, sobre todo si éste hay que dirimirlo ante un tribunal de La Paz. Y en cumplimiento de este principio, cede hasta un punto que hace no mucho parecía inimaginable. Pero es obvio que la cuenta atrás ha comenzado. Antonio Brufau sabe que la presencia de la petrolera hispano-argentina en Bolivia tiene los días contados. Hoy se ha visto obligado a entregar hasta el 82% de los ingresos y el control de su filial boliviana a cambio de nada, pues eso es lo que le va a dar Morales. Y mañana tendrá que ceder el resto.
La realidad es que Repsol tenía un contrato que ha resultado ser papel mojado. En un país donde los poderes públicos están mezclados, la Justicia no deja de ser un mero instrumento del Ejecutivo. Morales prometió gestos y los está haciendo. Llegará el día en que la Administración del país aprenderá a explotar sus recursos y ya no necesitará a las compañías extranjeras, que tendrán que marcharse en busca de otros mercados más propicios. Aunque con un estilo diferente, el Gobierno español también sabe ejercer el poder pasando por encima de contratos y acuerdos internacionales. Por ejemplo, los alemanes de E.ON se sienten discriminados y creen que entre Morales y Zapatero no hay grandes diferencias. Puede que la única sea el jersey de cuadros.
Opinión
REPSOL SIGUE EN BOLIVIA
Madrid Press de España (www.madridpress.com)
Siempre que se agota un plazo de negociación se transmite la imagen de que uno de los dos litigantes ha acabado cediendo por la presión del reloj. Se ha repetido en el caso de la negociación que Repsol YPF, que fue la última --junto a la brasileña Petrobras-- de las 10 multinacionales que han cerrado acuerdos con el Estado de Bolivia sobre los nuevos contratos de exploración y explotación de los yacimientos de gas y petróleo del país andino. La compañía hispano-argentina que preside Antoni Brufau y la brasileña son las determinantes del sector en Bolivia.
¿Quién ha ganado? Por el boato con que se organizó el acto de la firma, es un triunfo indiscutible del presidente Evo Morales. Pero no del todo. También tuvo su peso la presencia en la ceremonia de firmas de un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores español, lo que daba una imagen --inusual por tratarse de una compañía privada-- de que Repsol YPF también podía recurrir al derecho internacional para denunciar la violación de contratos ya firmados anteriormente.
¿Es más importante Bolivia para Repsol que Repsol para Bolivia? La cuestión queda superada por el pragmatismo mutuo. El país necesita los beneficios de sus riquísimo subsuelo y la compañía tiene derecho a una seguridad jurídica para garantizar que sus 1.000 millones de inversión desde hace 10 años tendrán rentabilidad. Con todo, el pacto forzoso de Bolivia y las multinacionales debería servir de aviso para otros países de Latinoamérica. Quienes en La Paz imponen leyes sobre sus recursos lo hacen en representación de sus clases más desfavorecidas, pero han sabido elegir con qué socios pueden contar. En este caso, han sido España y Repsol.
EVO MORALES AÚN DEBE CUMPLIR SUS PROMESAS
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
El histórico acuerdo (...) de Bolivia y las multinacionales del fin de semana marca un paso más hacia el debilitamiento de las empresas frente a los países productores, que ya no admiten que se les impongan las reglas de juego (...). Incluso la española Repsol y (...) la brasileña Petrobras (...) se han sometido al decreto (...). El primer presidente indígena de Bolivia ha ganado una batalla en esta guerra del gas (...). El presidente todavía debe cumplir sus promesas, sobre todo la de redistribuir los beneficios a la población (...). Y le queda por probar que esta vuelta al nacionalismo petrolero no se inscribe en una visión de corto plazo (...).
REPSOL TENDRÁ QUE CEDER EL CONTROL DE SU FILIAL ANDINA A LA ESTATAL BOLIVIANA YPFB
ABC de España (www.abc.es)
Ejecutivos de Repsol YPF y representantes del Gobierno boliviano y de la compañía estatal YPFB, propietaria desde el sábado de todos los hidrocarburos del país, seguirán negociando en los próximos días sobre dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, ambas partes tienen que desarrollar el acuerdo marco firmado en la madrugada del domingo (hora española) y que ahora tiene que ser adaptado a cada uno de los yacimientos que la petrolera española tiene en Bolivia. Por ejemplo, los grandes campos de San Alberto, San Antonio y Margarita, en los que participa Repsol YPF junto con Total, British Gas y BP, tributarán un 82% de las rentas que generen. Otros yacimientos más pequeños pagarán un porcentaje ligeramente inferior en impuestos.
La petrolera española posee el 25% de las reservas de gas y crudo de Bolivia y su producción en este país es de 125.000 barriles/día, el 11% del total del grupo en el mundo (1,1 millones de barriles al día).
Por otro lado, el Gobierno boliviano iniciará próximamente nuevas negociaciones con varias petroleras, entre las que se encuentra Repsol YPF, para obtener el control de las cinco empresas del sector que fueron nacionalizadas por el «decretazo» de Evo Morales del pasado 1 de mayo, que prevé que el Estado boliviano ha de tener el 50% más una acción de Andina (filial de Repsol YPF), Chaco (participada por BP), Transredes (Shell y Ashmore), Petrobras Bolivia Refinanciación (Petrobras) y Compañía Logística de Hidrocarburos (empresas peruanas y alemanas).
Repsol YPF tiene el 51% de Andina y tendrá que ceder al menos un 2% a YPFB. Como contraprestación, la petrolera española tratará de obtener alguna concesión más en cualquiera de los yacimientos de ese país.
«Poco impacto»
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, dijo ayer que el nuevo contrato de la petrolera con Bolivia «tendrá poco impacto» en la empresa y, si tiene, «será positivo, porque permitirá realizar inversiones con la seguridad jurídica necesaria».
En declaraciones a Catalunya Radio, Brufau se mostró moderadamente satisfecho por el nuevo contrato firmado con el Gobierno de Evo Morales para la explotación de recursos en ese país. Brufau señaló que confía en que el nuevo acuerdo «aclare una situación de inestabilidad del pasado» y consideró que «pone en valor los activos que ahora tenemos».
El presidente de Repsol YPF valoró el apoyo que ha recibido su compañía por parte del Gobierno español durante todo el proceso y explicó que el acuerdo se firmó diez minutos antes de que acabase el plazo y que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una conversación telefónica con Evo Morales para dar apoyo a la negociación, informa Efe.
El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, destacó ayer que el acuerdo alcanzado por Repsol YPF «despeja incertidumbres» y permite afrontar el futuro con mayor optimismo.
Mejía dijo que la situación que nace a partir de este momento «es más positiva y permite realizar las operaciones en un clima mucho mejor».
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, dijo que el acuerdo demuestra que la decisión del Gobierno de mantener una relación política fortalecida, fluida y ágil con Bolivia «era la acertada, aunque algunos medios de comunicación, y sobre todo el PP, nos decían que mostráramos una mayor dureza, que rompiéramos las relaciones. ¿De qué nos habría servido hoy una mayor dureza formal y un puñetazo encima de la mesa?», se preguntó.
Jiménez subrayó que para defender los intereses económicos españoles en Iberoamérica es necesario actuar con el máximo respeto a las autoridades locales y no «enjuiciar» sus decisiones legítimas.
El ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, declaró ayer que, con los nuevos contratos, las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40 al 15%, cifra que considera «normal y aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial».
REPSOL YPF NEGOCIA LAS CONDICIONES DEL GOBIERNO BOLIVIANO CAMPO A CAMPO
El País de España (www.elpais.es)
Repsol YPF y las autoridades bolivianas negocian las nuevas condiciones del negocio petrolero en el país "campo por campo", según explicaron ayer fuentes al tanto de las conversaciones. El ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, adelantó que la negociación con las multinacionales, aún abierta, supondrá una reducción de sus beneficios del 40% actual al 15%. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, se mostró satisfecho con el acuerdo y reveló que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intervino en la negociación.
Las 10 multinacionales con presencia en Bolivia, con la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras a la cabeza, han decidido acatar el decreto de nacionalización de hidrocarburos aprobado en mayo por el Gobierno de Evo Morales. Pero están dispuestas a negociar la letra pequeña con dureza. "Campo por campo", así describen la negociación fuentes al tanto de las conversaciones. Las mismas fuentes adelantan que la firma de los acuerdos finales se puede demorar varios días. Para el Gobierno boliviano, el objetivo es claro: pasar de unos ingresos anuales por renta petrolera de 392 millones de euros al año a 3.142 millones en cuatro ejercicios.
La lentitud negociadora afectará, sobre todo, a Repsol YPF y a Petrobras, que están asociadas en algunos yacimientos y que controlan, respectivamente, el 23% y el 46% de las reservas de hidrocarburos del país. Repsol YPF ha invertido 916 millones de euros en Bolivia desde 1997 y quiere asegurar, ante todo, la rentabilidad de esa inversión.
32 bloques
La petrolera que preside Antonio Brufau posee en Bolivia derechos mineros sobre 32 bloques, siete de exploración con una superficie neta de 9.264 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área de 2.174 kilómetros cuadrados.
No todos los campos van a pagar lo mismo, aunque las compañías, que pasan a ser operadoras asociadas de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), tendrán que aportar a las arcas bolivianas un impuesto sobre el valor de los hidrocarburos extraídos de entre el 50% y el 82% en lugar del 18% vigente hasta la llegada al poder de Evo Morales.
Según explicó ayer el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, el tipo impositivo del 82% afectará a los campos San Alberto y San Antonio, operados por Petrobras y en los que son socios Repsol YPF y la franco-belga Total. También pagará lo mismo el campo Margarita, en el que están asociados Repsol YPF, British Gas (BG) y Panamerican Energy (de British Petroleum), y el campo Itaú, de Total, Exxon Mobil y BG, e Incahuasi, de Total.
Con los nuevos contratos impulsados desde el Ejecutivo de Morales (que deberán ser refrendados en el Parlamento boliviano), las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40% al 15%. La cifra, en opinión de Villegas, es "aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial". Se acabaron las ganancias del 35% y el 40% que según el ministro ingresaban las empresas. Unas "ganancias nunca vistas en el mundo de la industria del petróleo", dijo. "Con estos cambios de contratos, lo que hemos hecho es darles una ganancia normal, aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial, que más o menos está en el orden del 15%", insistió.
Fuentes de Repsol YPF aseguraban ayer que, pese a que las negociaciones no están cerradas, "los números (la rentabilidad) pueden salir". De hecho, Repsol YPF opera en Libia asociada a la empresa estatal de petróleos como prestadora de servicios (la misma fórmula que Bolivia a partir de ahora). Y el petróleo libio es muy rentable para la compañía.
Poco impacto
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, en declaraciones a Catalunya Radio, abundó en ese argumento y destacó que el nuevo contrato de su compañía con Bolivia "tendrá poco impacto" en la petrolera española y, si tiene, "será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria". Para Repsol YPF, el negocio en Bolivia supone el 1,5% de su resultado operativo.
Según dijo Brufau, la compañía confía en que el nuevo acuerdo "aclare una situación de inestabilidad del pasado" y considera que "pone en valor los activos que ahora tenemos". Sobre el apoyo recibido del Gobierno, explicó que el acuerdo se firmó 10 minutos antes de que acabara el plazo y que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una conversación telefónica con el presidente boliviano, Evo Morales, para apoyar en la negociación.
Además de la labor de apoyo de la vicepresidenta primera del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores desplazó el sábado a La Paz al número dos del departamento, Bernardino León, para estar presente en el país andino en el momento más delicado de las conversaciones sostenidas, por parte de Repsol YPF, por el director para América Latina, Enrique Locutura y el responsable en Bolivia, Carlos García.
BOLIVIA NACIONALIZÓ: ¿Y AHORA QUÉ?
"Misión cumplida", dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras anunciar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperó el monopolio de la propiedad del gas y el petróleo, y luego de 180 días de arduas negociaciones que terminaron con la firma de contratos por parte de todas las empresas petroleras que operan en el país.
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/business)
Con la nacionalización de los hidrocarburos el estado recupera el control total de los recursos naturales de Bolivia. Y con la firma de contratos de operación con seguridad jurídica, las empresas petroleras que operan en el país -entre las más grandes, Petrobras Bolivia, Repsol YPF, Chaco, Andina, British Gas, Petrobras Energía, Pluspetrol, Matpetrol, Vintage y Total- pasaron a ser prestadoras de servicios, tarea por la cual, la estatal YPFB les pagará una retribución diferenciada.
Ante estas "nuevas reglas de juego" en Bolivia, vale la pena entonces analizar qué es lo que logró realmente el gobierno boliviano, cómo queda la relación y la nueva situación en el mercado y qué más puede esperarse de este proceso y las posibilidades de nuevas inversiones en este sector de la economía boliviana.
Las nuevas reglas del juego
Al consolidarse el Decreto Supremo 28701 de Nacionalización, promulgado el pasado 1 de mayo, la empresa estatal YPFB asumió el control total de los hidrocarburos, que representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, y garantiza la producción de gas natural y petróleo tanto para el consumo interno como para la exportación a otros mercados.
En cifras, esto representa el control del estado sobre las reservas de 48,7 mil millones de pies cúbicos de gas -superadas en la región sólo por Venezuela- y 856 millones de barriles de petróleo.
Ésta no es la primera vez que Bolivia nacionaliza los hidrocarburos. Es la tercera. La estatal YPFB ya había tomado el control de los hidrocarburos durante la expropiación en 1937 de los bienes de la estadounidense Standard Oil -cuando el presidente David Toro anunció la extinción de las concesiones otorgadas en 1921- y en 1969, contra la también estadounidense Gulf Oil Company.
Con la reciente nacionalización, el estado, mediante YPFB, posee el control y el manejo del 100% de los ingresos de la comercialización de los hidrocarburos, y ofrecerá retribuciones a las petroleras, basado en la recuperación de los costos y una utilidad "razonable" que le permita seguir invirtiendo y produciendo en el país.
El decreto de nacionalización prevé que YPFB definirá las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno, la explotación y la industrialización.
Según pronósticos oficiales, tras las firma de los acuerdos, Bolivia percibirá unos US$1.000 millones anuales, lo que representaría el 23% del PIB anual del país, y muy por encima de los US$500 millones que se lograban con los viejos contratos.
Estos ingresos, según estimaciones del presidente Morales, se duplicarán en los próximos cuatro años y alcanzarán los US$4.000 millones.
Las petroleras y el nuevo mercado
Para las petroleras, la firma de los acuerdos significa mantener su presencia en tierra boliviana y, más que nada, asegurarse su abastecimiento, algo clave para firmas como la gigante brasileña Petrobras que alimenta el 50% de su mercado con gas natural de Bolivia.
Para ello deberán pagar un impuesto del 82% para los grandes yacimientos y porcentajes menores para los campos pequeños, y asumir el compromiso de invertir en exploración y desarrollo de campos de gas natural.
Según cálculos oficiales, la inversión de las diez empresas que firmaron contratos superará los US$2.000 millones. Estas compañías operarán en Bolivia entre 23 a 30 años.
Lo que queda en el tintero
Sin embargo, aunque la misión, según Morales, parece estar cumplida, todavía quedan muchos puntos en el tintero. Entre ellos, resolver la participación mayoritaria del estado -50% más uno- en las empresas capitalizadas de los hidrocarburos, Chaco y Andina.
Así como también que los nuevos recursos captados por el estado sean suficientes para industrializar el gas en suelo boliviano, cumplir con los contratos energéticos con Argentina y Brasil, negociar con Brasil un nuevo precio de exportación del gas y con Petrobras la compra de las refinerías.
Las autoridades de Bolivia discuten todavía con la brasileña Petrobras un incremento del precio del gas natural, de los actuales US$4 por BTU -o unidad de energía- a US$7,5 propuestos por el presidente Morales.
¿Qué se puede esperar?
Sin dudas, ante estas nuevas reglas del juego, Bolivia tiene un gran reto por delante.
Primero deberá duplicar su producción de gas natural, a unos 70 millones de metros cúbicos diarios, para atender las exportaciones a Brasil -unos 30 millones- y Argentina -27,7 millones ya comprometidos-, y la creciente demanda interna. Y hacerlo a un precio competitivo.
Para ello necesitará la inversión de las petroleras. Algo que si bien quedó comprometido en los recientes contratos firmados, todavía tiene que plasmarse.
El estado tendrá también que demostrar sus habilidades para administrar toda la cadena hidrocarburífica del país, que va desde la producción hasta la comercialización, la distribución de ingresos y los planes de inversión. Segundo, y tal vez lo más importante para los bolivianos que dieron su voto al presidente Morales, el cumplimiento de la promesa de utilizar los recursos de la nacionalización para "resolver los problemas económicos y sociales" que afectan al país.
LAS PETROLERAS OPERARÁN EN BOLIVIA BAJO LAS MISMAS CONDICIONES HASTA QUE EL CONGRESO APRUEBE LOS NUEVOS CONTRATOS
Europa Press de España (www.europapress.es)
Las petroleras transnacionales presentes en Bolivia, entre las que se encuentra la hispano argentina Repsol YPF, continuarán operando como hasta ahora hasta que el Congreso apruebe los nuevos contratos firmados en virtud del Decreto de nacionalización emitido el pasado 1 de mayo, informó a la agencia 'Fides' el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Ortiz.
El Gobierno enviará al Parlamento hasta el 20 de noviembre las nuevas condiciones por las que se regirán las compañías, según anunció el lunes el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
Fuentes cercanas a las negociaciones calculan que la autorización del Congreso se podría demorar hasta seis meses, teniendo en cuenta que deben ser analizados uno por uno, según informa el periódico local 'El Diario'. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, garantizó que el Congreso autorizará los contratos que el presidente de YPFB suscribió con las petroleras, pues el punto cinco del artículo 59 de la Constitución boliviana establece que el Poder Legislativo debe "autorizar y aprobar la contratación" de "los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales".
BOLIVIA RECIBIRÁ EL 82% DEL BENEFICIO OBTENIDO CON LA EXPLOTACIÓN DE LOS GRANDES POZOS
La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)
Los nuevos acuerdos firmados por el Gobierno de Evo Morales con nueve petroleras internacionales, entre ellas Repsol YPF, obligan a las empresas a entregar el 82% de los beneficios obtenidos por la explotación de los grandes yacimientos de gas y petróleo al Estado boliviano. En los pequeños pozos, el porcentaje será menor. Tras el pacto, Bolivia prevé recibir de estas compañías mil millones de dólares este ejercicio (785 millones de euros), cifra que se elevará progresivamente hasta los 4.000 millones de dólares anuales a partir del 2010. Con los antiguos contratos, el Estado boliviano recibía menos de 250 millones de dólares anuales por la explotación de sus recursos energéticos.
La firma de los nuevos contratos pone punto y final a seis meses de incertidumbre que comenzaron en mayo cuando el nuevo Gobierno de Evo Morales, cumpliendo con su promesa electoral, decidió hacerse con el control de sus yacimientos de hidrocarburos.
Satisfacción moderada
El presidente de Repsol, Antoni Brufau, aseguró ayer que el pacto con Bolivia «tendrá poco impacto» en la empresa y que, en cualquier caso, «será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria». En declaraciones a Catalunya Radio, Brufau señaló que confía en que el nuevo acuerdo «aclare una situación de inestabilidad del pasado» y consideró que «pone en valor los activos» de la compañía en el país andino.
Repsol es el mayor inversor en el sector energético de Bolivia con derechos mineros sobre 32 bloques, siete de exploración y otros 25 de explotación que generan 3.090 empleos directos y 3.000 indirectos.
REPSOL ASEGURA QUE EL IMPACTO DEL ACUERDO CON BOLIVIA SERÁ BAJO
Diario de Sevilla de España (www.diariodesevilla.com)
El presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, aseguró ayer que el nuevo contrato con el Gobierno de Bolivia "tendrá poco impacto" en la empresa y que, de tener alguno, será "positivo", al otorgar la seguridad jurídica necesaria para las inversiones. El Gobierno español, por su parte, destacó que el acuerdo suscrito el domingo ayuda a despejar incertidumbres y permite afrontar el futuro "con más optimismo".
Brufau dijo estar moderadamente satisfecho con el nuevo contrato, que "pone en valor los activos que ahora tenemos" y que acaba con la situación de inestabilidad vivida en el pasado. Confirmó que el acuerdo se firmó tan sólo diez minutos antes de que expirase el plazo dado por el Gobierno boliviano para renegociar los contratos y agradeció el apoyo del Gobierno español durante todo el proceso, sopre todo el de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que llamó al presidente de Bolivia, Evo Morales, para respaldar la postura de la petrolera, y del secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que viajó a Bolivia en la última fase de la negociación.
El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, incidió ayer en que el acuerdo es beneficioso tanto para Bolivia como para España y permite despejar incertidumbres y "realizar las operaciones en un clima mucho mejor". La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aseguró que el acuerdo demuestra que la decisión del Gobierno de mantener una relación fluida con Bolivia tras el triunfo electoral de Evo Morales "era la acertada".
Por su parte, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señaló que con los nuevos contratos las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40 al 15 por ciento, cifra que tachó de "aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial".
Antes, las empresas pagaban al Estado una regalía por derechos de explotación del 18 por ciento, y sus beneficios se situaban entre el 35 y el 40 por ciento, "ganancias nunca vistas en el mundo de la industria del petróleo", dijo el ministro. "Lo que hemos hecho es darles una ganancia normal", dijo Villegas.
En 2005, las multinacionales comenzaron a pagar, además del 18 por ciento de regalía, el 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Desde el pasado 1 de mayo, Petrobras, Repsol YPF y TotalFinaElf pagan otro 32 por ciento a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en cumplimiento del decreto de nacionalización.
Ahora, el 82 por ciento que suman esos tributos será pagado por los grandes campos: San Alberto y San Antonio, operados por Petrobras y en los que son socios Repsol y Total; Margarita, en el que están asociadas Repsol, British Gas (BG) y Panamerican Energy (de British Petroleum); Itaú, de Total, Exxon Mobil y BG, e Incahuasi, de Total. En el resto de los campos, más pequeños, los tributos serán del 50 por ciento (al sumar 18 por ciento de regalía y 32 por ciento de IDH).
EVO MORALES SUSPENDE A ÚLTIMA HORA LA NACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA
El Mandatario iba a hacer el anuncio hoy, pero la presión de mineros agrupados en cooperativas logró postergarlo.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Tras consolidar el fin de semana la "nacionalización" de los hidrocarburos con la firma de nuevos contratos con las petroleras que operan en Bolivia -lo que le ganó el apoyo transversal de la sociedad-, el Presidente Evo Morales se disponía a anunciar hoy la "nacionalización" de la industria minera, pero la presión de pequeños empresarios agrupados en cooperativas logró que al final del día el Mandatario echara pie atrás.Tal como el decreto que nacionalizó los hidrocarburos lo anunció y firmó el Día del Trabajador (1 de mayo), Morales tenía previsto hacer el anuncio hoy, en medio de la efervescencia por el reciente acuerdo hidrocarburífero y utilizando de nuevo una fecha simbólica: el 31 de octubre de 1952 el Presidente Víctor Paz Estenssoro nacionalizó la minería, en un proceso en el que se expropiaron yacimientos y bienes.
"El pueblo conocerá otra medida muy importante destinada a que a través de los recursos mineralógicos y metalúrgicos el Estado sea el mayor beneficiado, no algunas empresas transnacionales", había dicho ayer en la mañana el portavoz de gobierno, Alex Contreras.
Sin embargo, por la tarde fuentes del gobierno boliviano dijeron a este diario que el anuncio fue postergado indefinidamente, lo que supone un revés para el Mandatario boliviano.
El sorpresivo cambio se produjo por la presión de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, que reúne a la pequeña minería privada, con 63.000 afiliados, quienes se oponen a trabajar para el sector público pese a sus magras ganancias. La gota que rebasó el vaso fue la manifestación de unos 2.000 cooperativistas que ayer protestaron contra la medida en la ciudad de Potosí.
Morales hace meses que dice que nacionalizará la minería, lo que ratificó el 16 de octubre, cuando también declaró que "por recomendación del pueblo" se recuperarán las minas que pertenecieron hasta 2005 al ex Mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, y que hoy están en poder de la multinacional suiza Glencore International AG.
Los portavoces del sector, encabezados por el ministro de Minería, Guillermo Dalence, han declinado dar más detalles sobre la iniciativa de nacionalización, que potenciaría a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Aunque la nacionalización de 1952 contempló expropiaciones, se espera que la que iniciativa que impulsa Morales sea similar al acuerdo cerrado el sábado, cuando las diez petroleras que operaban en Bolivia aceptaron los términos de la nacionalización de los hidrocarburos en el plazo fatal dado por el gobierno.
"Todo está amarrado a una transformación productiva del país, de modo que los excedentes de recursos no renovables como hidrocarburos y minería fomenten la diversificación económica", dijo a este diario el analista paceño, Roger Cortés. "Estos aspectos son los pilares de la política energética y tendrían que llevarse a cabo simultáneamente", agregó.
La firma de los acuerdos petroleros generó un amplio apoyo en los principales sectores de la sociedad, incluso por sectores opositores a Morales.
"Estamos muy contentos porque creemos que es una buena solución para las condiciones de exportación del gas, lo que favorecerá las inversiones y exploraciones en el rubro", dijo ayer a este diario Bern Abendroth, presidente de la Federación de Empresarios de La Paz.
Germán Antelo, presidente del opositor y poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, dijo a "El Mercurio" que "nos parece adecuado que queden más recursos para el país y se genere la seguridad jurídica para establecer condiciones adecuadas para la inversión" privada.
CRÍTICASSECTORES opositores pidieron ayer al gobierno que publique los contratos con las petroleras, ya que diversos funcionarios los han explicado con cifras y versiones contradictorias.
EVO MÁS POLÉMICO: ANUNCIA NACIONALIZACIÓN DE MINERÍA
El mandatario de Bolivia comunicará hoy la medida cuando aún permanece enardecido el ambiente en algunos yacimientos, cuyos obreros se movilizaron para rechazar la medida y no perder su trabajo.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo ayer en conferencia de prensa que el anuncio de la nacionalización se hará en un lugar simbólico para la minería del país, pero declinó revelar la hora y detalles del acto.
Rada dijo que, en medio del "panorama alentador" de tranquilidad social existente en el país, había una situación "de tensión en algunas minas" que no corresponde con "la realidad de los planes" y las políticas que el gobierno anunciará hoy.
"Se ha dicho que parte de los componentes que el Gobierno va a anunciar el 31 de octubre afectaría las fuentes de trabajo en algunas empresas, pero el Ministerio de Minería ha dicho que no se va a dar de esa forma", dijo Rada.
"Es una preocupación infundada", subrayó el viceministro e insistió en que la nacionalización "contempla el respeto a las inversiones allá donde se hayan dado, siempre y cuando estén enmarcadas en las normas" nacionales. La autoridad remarcó que "no hay razón para que se produzca esa tensión" en los centros mineros "porque no hay planes del gobierno de afectar a empresas que tengan regularizado su derecho" ante los organismos estatales pertinentes.
Añadió que, tanto las empresas como las cooperativas mineras, "no tienen porqué preocuparse" y expresó confianza en que la situación de inquietud surgida en las áreas mineras "se superará en la medida que se conozcan los componentes de la nacionalización" anunciada por el presidente Morales.
El secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Juan Mamani, dijo que este sector ejercerá su "derecho de defensa a las fuentes de trabajo" si la nacionalización implica que retiren a los cooperativistas de sus concesiones.
Según el dirigente, los más de 4.000 afiliados a cuatro cooperativas de la mina de Huanuni, en el departamento andino de Oruro, tendrán mañana una asamblea para analizar la oferta del Gobierno de ser parte de la empresa Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Mamani manifestó que la mina Huanuni ya fue estatalizada en 1952 y el Gobierno "no puede hablar de otra nacionalización porque los que estamos trabajando en ese lugar somos bolivianos y no extranjeros". Fencomin rompió su alianza política con Morales, hace tres semanas, cuando el Ejecutivo culpó a los afiliados a las cooperativas de Huanuni de haber atacado a los obreros de la Comibol en esa mina, con dinamita y armas de fuego, con un saldo de 16 muertos.
EN MARCHA LA REHABILITACIÓN DEL FCALP
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
El proyecto de la Empresa Portuaria Arica (EPA) y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), contempla dos etapas: la primera que tiene que ver con la rehabilitación de la vía férrea durante el año 2007; la segunda es la incorporación de un operador privado para el Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), tramo chileno, vía concesionamiento, o arriendo.
"La opción de la Ley de Concesiones es muy interesante para asegurar un operador de largo plazo y ya nos contactamos con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, para trabajar esta opciónjunto a EFE y el Servicio de Empresas Públicas (SEP)", manifestó Mario Moya, gerente de EPA, quien afirmó que EFE está revisando el proyecto de rehabilitación integral de la vía férrea Arica-Visviri, así como las bases de licitación para esa reparación, cuyo proceso esperan comenzar a contar del primer trimestre de 2007.
Sostuvo que los recursos para realizar esta rehabilitación están incluidos en la ley de presupuesto del próximo año y corresponden a casi 5.6 millones de dólares.
"Nuestra prioridad y acción estará orientada a poner en funcionamiento el ferrocarril y con ello reestablecer el flujo de cargas desde Bolivia hacia el puerto", explicó.
La Quiaca
CONFIANZA EN BOLIVIA
El País de España (www.elpais.es)
Tras más de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firmó finalmente los acuerdos de renovación de los contratos con las petroleras extranjeras que explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las empresas, incluida la políticamente poderosa brasileña Petrobras, aceptan implícitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 años, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los recursos energéticos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora venían pagando aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de dólares este año y cantidades en aumento hasta los 4.000 millones de dólares a partir de 2010- y un triunfo político que podrá explotar.
El acuerdo tiene la ventaja de que, al menos por ahora, garantiza jurídicamente las inversiones -y, por tanto, los activos- actuales de Repsol YPF en Bolivia, unos 1.000 millones de euros. El valor de ambos es una de las causas de que esta compañía se haya decidido a mantener su actividad allí. Al menos, permitirá que prosigan las actividades de exploración y explotación. Pero las primeras dudas aparecen cuando se relaciona el más que elevado porcentaje de pagos al Gobierno boliviano, que reduce drásticamente el beneficio de las empresas extranjeras, con el compromiso de aplicar nuevas inversiones en el país.
No parecen líneas convergentes. Sobre todo si se tiene en cuenta que Morales pretende controlar el 51% de las compañías mixtas que explotan los hidrocarburos y que las empresas extranjeras asociadas, al perder la mayoría, no podrán incluir en sus balances el 100% de las reservas de petróleo y gas que tienen en operación.Sería una ingenuidad suponer que la firma del contrato borra de un plumazo las continuas muestras de desconfianza recíproca entre Bolivia y las petroleras foráneas. Sólo el tiempo dirá si la seguridad jurídica de la que se ufana Morales y acepta el presidente de Repsol YPF es algo más que un eslogan sin contenido. Las empresas tienen la obligación ineludible de cumplir las leyes de los países en los que operan y los Estados la obligación no menos ineludible de ofrecer condiciones jurídicas conocidas y transparentes que permitan tales operaciones.
Opinión
REPSOL SE QUEDA EN BOLIVIA
ABC de España (www.abc.es)
EL mejor modo de disfrazar una derrota es decir que se está muy satisfecho de haberla logrado. La petrolera española Repsol se queda en Bolivia, pero a costa de haber tenido que aceptar el chantaje de la nacionalización encubierta de parte de sus activos. Ésa es, seguramente, la descripción más exacta de lo que ha pasado durante las últimas horas en el país que preside Evo Morales. Que el presidente de Repsol intente minimizarlo diciendo que la nueva relación contractual con Bolivia no representa un porcentaje muy alto en el volumen total de operaciones de la compañía no es más que una receta para consolarse.
En cuanto a las promesas que les han sido hechas sobre la supuesta seguridad jurídica del nuevo contrato de explotación de recursos petrolíferos, para evaluarlas debería bastar la experiencia de los precedentes, de los que debemos dar por sentado que eran igualmente legales, lo que, sin embargo, no ha impedido que hayan terminado en la papelera.
Se ha alabado el papel del Gobierno español en esta gestión, que desde el principio tomó en sus manos el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León. Pero lo menos que puede decirse es que no ha quedado claro si el Ejecutivo ha intervenido para ayudar a la multinacional española, como hubiera sido lo propio, o si en realidad ha ayudado sobre todo a hacer aceptable la posición del presidente boliviano, Evo Morales, evitando así que su opción por la re-nacionalización de los hidrocarburos pareciese una coacción contra las empresas extranjeras que han invertido en Bolivia.
En fin, el suspiro de alivio que se ha escuchado por la firma de este contrato en el último minuto, nunca mejor dicho, no puede servir para ignorar que es la consecuencia de una política económica esencialmente desenfocada y que -más allá de las cantinelas populistas e indigenistas- reafirman que la dirección en la que Morales ha embarcado a Bolivia no es la mejor para anclar a este país en la economía mundial.
En realidad, el presidente boliviano ha preferido emular a su colega venezolano, Hugo Chávez, y ya sabemos que en Venezuela la pobreza no ha dejado de aumentar a pesar de que el precio del petróleo ha alcanzado cotas históricas.
Es lógico que si Repsol ha salvado algunos muebles y piensa quedarse en Bolivia, no quiera empezar esta nueva etapa criticando a las autoridades locales. Pero las buenas palabras de hoy no servirán de mucho si en el futuro no se cumplen las expectativas que Evo Morales ha suscitado entre la depauperada población boliviana y si las empresas extranjeras vuelven a convertirse en el blanco fácil de todas las críticas. Morales representa una opción poco realista en términos económicos y, tarde o temprano, sus teorías antiliberales serán puestas a prueba. Para Repsol, el tiempo dirá si ha valido la pena.
Opinión
LA CUENTA ATRÁS DE REPSOL
ABC de España (www.abc.es)
El espectáculo de hace unas semanas de los mineros bolivianos enfrentándose entre sí a bombazos -con el resultado de decenas de muertos de por medio- para disputarse un puesto de trabajo, es una muestra dramática de los efectos que entre los hombres puede tener la perversión dialéctica de los políticos. Los excesos del líder cocalero Evo Morales -un iluminado más en una región donde la sensatez hace más falta incluso que la comida- quitan el sueño a las grandes petroleras y arrebatan la vida a sus propios compatriotas, que no saben si lo de la expropiación va también por ellos y lo de tomar lo que se considera de uno es algo que se puede hacer así, por las buenas.
Repsol YPF, como no puede ser de otra forma, se agarra al pragmatismo que rige la vida de las empresas. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito, sobre todo si éste hay que dirimirlo ante un tribunal de La Paz. Y en cumplimiento de este principio, cede hasta un punto que hace no mucho parecía inimaginable. Pero es obvio que la cuenta atrás ha comenzado. Antonio Brufau sabe que la presencia de la petrolera hispano-argentina en Bolivia tiene los días contados. Hoy se ha visto obligado a entregar hasta el 82% de los ingresos y el control de su filial boliviana a cambio de nada, pues eso es lo que le va a dar Morales. Y mañana tendrá que ceder el resto.
La realidad es que Repsol tenía un contrato que ha resultado ser papel mojado. En un país donde los poderes públicos están mezclados, la Justicia no deja de ser un mero instrumento del Ejecutivo. Morales prometió gestos y los está haciendo. Llegará el día en que la Administración del país aprenderá a explotar sus recursos y ya no necesitará a las compañías extranjeras, que tendrán que marcharse en busca de otros mercados más propicios. Aunque con un estilo diferente, el Gobierno español también sabe ejercer el poder pasando por encima de contratos y acuerdos internacionales. Por ejemplo, los alemanes de E.ON se sienten discriminados y creen que entre Morales y Zapatero no hay grandes diferencias. Puede que la única sea el jersey de cuadros.
Opinión
REPSOL SIGUE EN BOLIVIA
Madrid Press de España (www.madridpress.com)
Siempre que se agota un plazo de negociación se transmite la imagen de que uno de los dos litigantes ha acabado cediendo por la presión del reloj. Se ha repetido en el caso de la negociación que Repsol YPF, que fue la última --junto a la brasileña Petrobras-- de las 10 multinacionales que han cerrado acuerdos con el Estado de Bolivia sobre los nuevos contratos de exploración y explotación de los yacimientos de gas y petróleo del país andino. La compañía hispano-argentina que preside Antoni Brufau y la brasileña son las determinantes del sector en Bolivia.
¿Quién ha ganado? Por el boato con que se organizó el acto de la firma, es un triunfo indiscutible del presidente Evo Morales. Pero no del todo. También tuvo su peso la presencia en la ceremonia de firmas de un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores español, lo que daba una imagen --inusual por tratarse de una compañía privada-- de que Repsol YPF también podía recurrir al derecho internacional para denunciar la violación de contratos ya firmados anteriormente.
¿Es más importante Bolivia para Repsol que Repsol para Bolivia? La cuestión queda superada por el pragmatismo mutuo. El país necesita los beneficios de sus riquísimo subsuelo y la compañía tiene derecho a una seguridad jurídica para garantizar que sus 1.000 millones de inversión desde hace 10 años tendrán rentabilidad. Con todo, el pacto forzoso de Bolivia y las multinacionales debería servir de aviso para otros países de Latinoamérica. Quienes en La Paz imponen leyes sobre sus recursos lo hacen en representación de sus clases más desfavorecidas, pero han sabido elegir con qué socios pueden contar. En este caso, han sido España y Repsol.
EVO MORALES AÚN DEBE CUMPLIR SUS PROMESAS
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
El histórico acuerdo (...) de Bolivia y las multinacionales del fin de semana marca un paso más hacia el debilitamiento de las empresas frente a los países productores, que ya no admiten que se les impongan las reglas de juego (...). Incluso la española Repsol y (...) la brasileña Petrobras (...) se han sometido al decreto (...). El primer presidente indígena de Bolivia ha ganado una batalla en esta guerra del gas (...). El presidente todavía debe cumplir sus promesas, sobre todo la de redistribuir los beneficios a la población (...). Y le queda por probar que esta vuelta al nacionalismo petrolero no se inscribe en una visión de corto plazo (...).
REPSOL TENDRÁ QUE CEDER EL CONTROL DE SU FILIAL ANDINA A LA ESTATAL BOLIVIANA YPFBABC de España (www.abc.es)
Ejecutivos de Repsol YPF y representantes del Gobierno boliviano y de la compañía estatal YPFB, propietaria desde el sábado de todos los hidrocarburos del país, seguirán negociando en los próximos días sobre dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, ambas partes tienen que desarrollar el acuerdo marco firmado en la madrugada del domingo (hora española) y que ahora tiene que ser adaptado a cada uno de los yacimientos que la petrolera española tiene en Bolivia. Por ejemplo, los grandes campos de San Alberto, San Antonio y Margarita, en los que participa Repsol YPF junto con Total, British Gas y BP, tributarán un 82% de las rentas que generen. Otros yacimientos más pequeños pagarán un porcentaje ligeramente inferior en impuestos.
La petrolera española posee el 25% de las reservas de gas y crudo de Bolivia y su producción en este país es de 125.000 barriles/día, el 11% del total del grupo en el mundo (1,1 millones de barriles al día).
Por otro lado, el Gobierno boliviano iniciará próximamente nuevas negociaciones con varias petroleras, entre las que se encuentra Repsol YPF, para obtener el control de las cinco empresas del sector que fueron nacionalizadas por el «decretazo» de Evo Morales del pasado 1 de mayo, que prevé que el Estado boliviano ha de tener el 50% más una acción de Andina (filial de Repsol YPF), Chaco (participada por BP), Transredes (Shell y Ashmore), Petrobras Bolivia Refinanciación (Petrobras) y Compañía Logística de Hidrocarburos (empresas peruanas y alemanas).
Repsol YPF tiene el 51% de Andina y tendrá que ceder al menos un 2% a YPFB. Como contraprestación, la petrolera española tratará de obtener alguna concesión más en cualquiera de los yacimientos de ese país.
«Poco impacto»
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, dijo ayer que el nuevo contrato de la petrolera con Bolivia «tendrá poco impacto» en la empresa y, si tiene, «será positivo, porque permitirá realizar inversiones con la seguridad jurídica necesaria».
En declaraciones a Catalunya Radio, Brufau se mostró moderadamente satisfecho por el nuevo contrato firmado con el Gobierno de Evo Morales para la explotación de recursos en ese país. Brufau señaló que confía en que el nuevo acuerdo «aclare una situación de inestabilidad del pasado» y consideró que «pone en valor los activos que ahora tenemos».
El presidente de Repsol YPF valoró el apoyo que ha recibido su compañía por parte del Gobierno español durante todo el proceso y explicó que el acuerdo se firmó diez minutos antes de que acabase el plazo y que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una conversación telefónica con Evo Morales para dar apoyo a la negociación, informa Efe.
El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, destacó ayer que el acuerdo alcanzado por Repsol YPF «despeja incertidumbres» y permite afrontar el futuro con mayor optimismo.
Mejía dijo que la situación que nace a partir de este momento «es más positiva y permite realizar las operaciones en un clima mucho mejor».
La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, dijo que el acuerdo demuestra que la decisión del Gobierno de mantener una relación política fortalecida, fluida y ágil con Bolivia «era la acertada, aunque algunos medios de comunicación, y sobre todo el PP, nos decían que mostráramos una mayor dureza, que rompiéramos las relaciones. ¿De qué nos habría servido hoy una mayor dureza formal y un puñetazo encima de la mesa?», se preguntó.
Jiménez subrayó que para defender los intereses económicos españoles en Iberoamérica es necesario actuar con el máximo respeto a las autoridades locales y no «enjuiciar» sus decisiones legítimas.
El ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, declaró ayer que, con los nuevos contratos, las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40 al 15%, cifra que considera «normal y aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial».
REPSOL YPF NEGOCIA LAS CONDICIONES DEL GOBIERNO BOLIVIANO CAMPO A CAMPO
El País de España (www.elpais.es)
Repsol YPF y las autoridades bolivianas negocian las nuevas condiciones del negocio petrolero en el país "campo por campo", según explicaron ayer fuentes al tanto de las conversaciones. El ministro de Hidrocarburos boliviano, Carlos Villegas, adelantó que la negociación con las multinacionales, aún abierta, supondrá una reducción de sus beneficios del 40% actual al 15%. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, se mostró satisfecho con el acuerdo y reveló que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intervino en la negociación.
Las 10 multinacionales con presencia en Bolivia, con la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras a la cabeza, han decidido acatar el decreto de nacionalización de hidrocarburos aprobado en mayo por el Gobierno de Evo Morales. Pero están dispuestas a negociar la letra pequeña con dureza. "Campo por campo", así describen la negociación fuentes al tanto de las conversaciones. Las mismas fuentes adelantan que la firma de los acuerdos finales se puede demorar varios días. Para el Gobierno boliviano, el objetivo es claro: pasar de unos ingresos anuales por renta petrolera de 392 millones de euros al año a 3.142 millones en cuatro ejercicios.
La lentitud negociadora afectará, sobre todo, a Repsol YPF y a Petrobras, que están asociadas en algunos yacimientos y que controlan, respectivamente, el 23% y el 46% de las reservas de hidrocarburos del país. Repsol YPF ha invertido 916 millones de euros en Bolivia desde 1997 y quiere asegurar, ante todo, la rentabilidad de esa inversión.
32 bloques
La petrolera que preside Antonio Brufau posee en Bolivia derechos mineros sobre 32 bloques, siete de exploración con una superficie neta de 9.264 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área de 2.174 kilómetros cuadrados.
No todos los campos van a pagar lo mismo, aunque las compañías, que pasan a ser operadoras asociadas de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), tendrán que aportar a las arcas bolivianas un impuesto sobre el valor de los hidrocarburos extraídos de entre el 50% y el 82% en lugar del 18% vigente hasta la llegada al poder de Evo Morales.
Según explicó ayer el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, el tipo impositivo del 82% afectará a los campos San Alberto y San Antonio, operados por Petrobras y en los que son socios Repsol YPF y la franco-belga Total. También pagará lo mismo el campo Margarita, en el que están asociados Repsol YPF, British Gas (BG) y Panamerican Energy (de British Petroleum), y el campo Itaú, de Total, Exxon Mobil y BG, e Incahuasi, de Total.
Con los nuevos contratos impulsados desde el Ejecutivo de Morales (que deberán ser refrendados en el Parlamento boliviano), las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40% al 15%. La cifra, en opinión de Villegas, es "aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial". Se acabaron las ganancias del 35% y el 40% que según el ministro ingresaban las empresas. Unas "ganancias nunca vistas en el mundo de la industria del petróleo", dijo. "Con estos cambios de contratos, lo que hemos hecho es darles una ganancia normal, aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial, que más o menos está en el orden del 15%", insistió.
Fuentes de Repsol YPF aseguraban ayer que, pese a que las negociaciones no están cerradas, "los números (la rentabilidad) pueden salir". De hecho, Repsol YPF opera en Libia asociada a la empresa estatal de petróleos como prestadora de servicios (la misma fórmula que Bolivia a partir de ahora). Y el petróleo libio es muy rentable para la compañía.
Poco impacto
El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, en declaraciones a Catalunya Radio, abundó en ese argumento y destacó que el nuevo contrato de su compañía con Bolivia "tendrá poco impacto" en la petrolera española y, si tiene, "será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria". Para Repsol YPF, el negocio en Bolivia supone el 1,5% de su resultado operativo.
Según dijo Brufau, la compañía confía en que el nuevo acuerdo "aclare una situación de inestabilidad del pasado" y considera que "pone en valor los activos que ahora tenemos". Sobre el apoyo recibido del Gobierno, explicó que el acuerdo se firmó 10 minutos antes de que acabara el plazo y que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvo una conversación telefónica con el presidente boliviano, Evo Morales, para apoyar en la negociación.
Además de la labor de apoyo de la vicepresidenta primera del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores desplazó el sábado a La Paz al número dos del departamento, Bernardino León, para estar presente en el país andino en el momento más delicado de las conversaciones sostenidas, por parte de Repsol YPF, por el director para América Latina, Enrique Locutura y el responsable en Bolivia, Carlos García.
BOLIVIA NACIONALIZÓ: ¿Y AHORA QUÉ?"Misión cumplida", dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, tras anunciar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperó el monopolio de la propiedad del gas y el petróleo, y luego de 180 días de arduas negociaciones que terminaron con la firma de contratos por parte de todas las empresas petroleras que operan en el país.
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/business)
Con la nacionalización de los hidrocarburos el estado recupera el control total de los recursos naturales de Bolivia. Y con la firma de contratos de operación con seguridad jurídica, las empresas petroleras que operan en el país -entre las más grandes, Petrobras Bolivia, Repsol YPF, Chaco, Andina, British Gas, Petrobras Energía, Pluspetrol, Matpetrol, Vintage y Total- pasaron a ser prestadoras de servicios, tarea por la cual, la estatal YPFB les pagará una retribución diferenciada.
Ante estas "nuevas reglas de juego" en Bolivia, vale la pena entonces analizar qué es lo que logró realmente el gobierno boliviano, cómo queda la relación y la nueva situación en el mercado y qué más puede esperarse de este proceso y las posibilidades de nuevas inversiones en este sector de la economía boliviana.
Las nuevas reglas del juego
Al consolidarse el Decreto Supremo 28701 de Nacionalización, promulgado el pasado 1 de mayo, la empresa estatal YPFB asumió el control total de los hidrocarburos, que representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, y garantiza la producción de gas natural y petróleo tanto para el consumo interno como para la exportación a otros mercados.
En cifras, esto representa el control del estado sobre las reservas de 48,7 mil millones de pies cúbicos de gas -superadas en la región sólo por Venezuela- y 856 millones de barriles de petróleo.
Ésta no es la primera vez que Bolivia nacionaliza los hidrocarburos. Es la tercera. La estatal YPFB ya había tomado el control de los hidrocarburos durante la expropiación en 1937 de los bienes de la estadounidense Standard Oil -cuando el presidente David Toro anunció la extinción de las concesiones otorgadas en 1921- y en 1969, contra la también estadounidense Gulf Oil Company.
Con la reciente nacionalización, el estado, mediante YPFB, posee el control y el manejo del 100% de los ingresos de la comercialización de los hidrocarburos, y ofrecerá retribuciones a las petroleras, basado en la recuperación de los costos y una utilidad "razonable" que le permita seguir invirtiendo y produciendo en el país.
El decreto de nacionalización prevé que YPFB definirá las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno, la explotación y la industrialización.
Según pronósticos oficiales, tras las firma de los acuerdos, Bolivia percibirá unos US$1.000 millones anuales, lo que representaría el 23% del PIB anual del país, y muy por encima de los US$500 millones que se lograban con los viejos contratos.
Estos ingresos, según estimaciones del presidente Morales, se duplicarán en los próximos cuatro años y alcanzarán los US$4.000 millones.
Las petroleras y el nuevo mercado
Para las petroleras, la firma de los acuerdos significa mantener su presencia en tierra boliviana y, más que nada, asegurarse su abastecimiento, algo clave para firmas como la gigante brasileña Petrobras que alimenta el 50% de su mercado con gas natural de Bolivia.
Para ello deberán pagar un impuesto del 82% para los grandes yacimientos y porcentajes menores para los campos pequeños, y asumir el compromiso de invertir en exploración y desarrollo de campos de gas natural.
Según cálculos oficiales, la inversión de las diez empresas que firmaron contratos superará los US$2.000 millones. Estas compañías operarán en Bolivia entre 23 a 30 años.
Lo que queda en el tintero
Sin embargo, aunque la misión, según Morales, parece estar cumplida, todavía quedan muchos puntos en el tintero. Entre ellos, resolver la participación mayoritaria del estado -50% más uno- en las empresas capitalizadas de los hidrocarburos, Chaco y Andina.
Así como también que los nuevos recursos captados por el estado sean suficientes para industrializar el gas en suelo boliviano, cumplir con los contratos energéticos con Argentina y Brasil, negociar con Brasil un nuevo precio de exportación del gas y con Petrobras la compra de las refinerías.
Las autoridades de Bolivia discuten todavía con la brasileña Petrobras un incremento del precio del gas natural, de los actuales US$4 por BTU -o unidad de energía- a US$7,5 propuestos por el presidente Morales.
¿Qué se puede esperar?
Sin dudas, ante estas nuevas reglas del juego, Bolivia tiene un gran reto por delante.
Primero deberá duplicar su producción de gas natural, a unos 70 millones de metros cúbicos diarios, para atender las exportaciones a Brasil -unos 30 millones- y Argentina -27,7 millones ya comprometidos-, y la creciente demanda interna. Y hacerlo a un precio competitivo.
Para ello necesitará la inversión de las petroleras. Algo que si bien quedó comprometido en los recientes contratos firmados, todavía tiene que plasmarse.
El estado tendrá también que demostrar sus habilidades para administrar toda la cadena hidrocarburífica del país, que va desde la producción hasta la comercialización, la distribución de ingresos y los planes de inversión. Segundo, y tal vez lo más importante para los bolivianos que dieron su voto al presidente Morales, el cumplimiento de la promesa de utilizar los recursos de la nacionalización para "resolver los problemas económicos y sociales" que afectan al país.
LAS PETROLERAS OPERARÁN EN BOLIVIA BAJO LAS MISMAS CONDICIONES HASTA QUE EL CONGRESO APRUEBE LOS NUEVOS CONTRATOS
Europa Press de España (www.europapress.es)
Las petroleras transnacionales presentes en Bolivia, entre las que se encuentra la hispano argentina Repsol YPF, continuarán operando como hasta ahora hasta que el Congreso apruebe los nuevos contratos firmados en virtud del Decreto de nacionalización emitido el pasado 1 de mayo, informó a la agencia 'Fides' el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Ortiz.
El Gobierno enviará al Parlamento hasta el 20 de noviembre las nuevas condiciones por las que se regirán las compañías, según anunció el lunes el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.
Fuentes cercanas a las negociaciones calculan que la autorización del Congreso se podría demorar hasta seis meses, teniendo en cuenta que deben ser analizados uno por uno, según informa el periódico local 'El Diario'. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, garantizó que el Congreso autorizará los contratos que el presidente de YPFB suscribió con las petroleras, pues el punto cinco del artículo 59 de la Constitución boliviana establece que el Poder Legislativo debe "autorizar y aprobar la contratación" de "los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales".
BOLIVIA RECIBIRÁ EL 82% DEL BENEFICIO OBTENIDO CON LA EXPLOTACIÓN DE LOS GRANDES POZOS
La Voz de Galicia, España (www.lavozdegalicia.es)
Los nuevos acuerdos firmados por el Gobierno de Evo Morales con nueve petroleras internacionales, entre ellas Repsol YPF, obligan a las empresas a entregar el 82% de los beneficios obtenidos por la explotación de los grandes yacimientos de gas y petróleo al Estado boliviano. En los pequeños pozos, el porcentaje será menor. Tras el pacto, Bolivia prevé recibir de estas compañías mil millones de dólares este ejercicio (785 millones de euros), cifra que se elevará progresivamente hasta los 4.000 millones de dólares anuales a partir del 2010. Con los antiguos contratos, el Estado boliviano recibía menos de 250 millones de dólares anuales por la explotación de sus recursos energéticos.
La firma de los nuevos contratos pone punto y final a seis meses de incertidumbre que comenzaron en mayo cuando el nuevo Gobierno de Evo Morales, cumpliendo con su promesa electoral, decidió hacerse con el control de sus yacimientos de hidrocarburos.
Satisfacción moderada
El presidente de Repsol, Antoni Brufau, aseguró ayer que el pacto con Bolivia «tendrá poco impacto» en la empresa y que, en cualquier caso, «será positivo, porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria». En declaraciones a Catalunya Radio, Brufau señaló que confía en que el nuevo acuerdo «aclare una situación de inestabilidad del pasado» y consideró que «pone en valor los activos» de la compañía en el país andino.
Repsol es el mayor inversor en el sector energético de Bolivia con derechos mineros sobre 32 bloques, siete de exploración y otros 25 de explotación que generan 3.090 empleos directos y 3.000 indirectos.
REPSOL ASEGURA QUE EL IMPACTO DEL ACUERDO CON BOLIVIA SERÁ BAJO
Diario de Sevilla de España (www.diariodesevilla.com)
El presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, aseguró ayer que el nuevo contrato con el Gobierno de Bolivia "tendrá poco impacto" en la empresa y que, de tener alguno, será "positivo", al otorgar la seguridad jurídica necesaria para las inversiones. El Gobierno español, por su parte, destacó que el acuerdo suscrito el domingo ayuda a despejar incertidumbres y permite afrontar el futuro "con más optimismo".
Brufau dijo estar moderadamente satisfecho con el nuevo contrato, que "pone en valor los activos que ahora tenemos" y que acaba con la situación de inestabilidad vivida en el pasado. Confirmó que el acuerdo se firmó tan sólo diez minutos antes de que expirase el plazo dado por el Gobierno boliviano para renegociar los contratos y agradeció el apoyo del Gobierno español durante todo el proceso, sopre todo el de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que llamó al presidente de Bolivia, Evo Morales, para respaldar la postura de la petrolera, y del secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que viajó a Bolivia en la última fase de la negociación.
El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, incidió ayer en que el acuerdo es beneficioso tanto para Bolivia como para España y permite despejar incertidumbres y "realizar las operaciones en un clima mucho mejor". La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, aseguró que el acuerdo demuestra que la decisión del Gobierno de mantener una relación fluida con Bolivia tras el triunfo electoral de Evo Morales "era la acertada".
Por su parte, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señaló que con los nuevos contratos las ganancias de las petroleras en Bolivia bajarán del 40 al 15 por ciento, cifra que tachó de "aceptable en la industria del petróleo a nivel mundial".
Antes, las empresas pagaban al Estado una regalía por derechos de explotación del 18 por ciento, y sus beneficios se situaban entre el 35 y el 40 por ciento, "ganancias nunca vistas en el mundo de la industria del petróleo", dijo el ministro. "Lo que hemos hecho es darles una ganancia normal", dijo Villegas.
En 2005, las multinacionales comenzaron a pagar, además del 18 por ciento de regalía, el 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Desde el pasado 1 de mayo, Petrobras, Repsol YPF y TotalFinaElf pagan otro 32 por ciento a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en cumplimiento del decreto de nacionalización.
Ahora, el 82 por ciento que suman esos tributos será pagado por los grandes campos: San Alberto y San Antonio, operados por Petrobras y en los que son socios Repsol y Total; Margarita, en el que están asociadas Repsol, British Gas (BG) y Panamerican Energy (de British Petroleum); Itaú, de Total, Exxon Mobil y BG, e Incahuasi, de Total. En el resto de los campos, más pequeños, los tributos serán del 50 por ciento (al sumar 18 por ciento de regalía y 32 por ciento de IDH).
EVO MORALES SUSPENDE A ÚLTIMA HORA LA NACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA
El Mandatario iba a hacer el anuncio hoy, pero la presión de mineros agrupados en cooperativas logró postergarlo.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Tras consolidar el fin de semana la "nacionalización" de los hidrocarburos con la firma de nuevos contratos con las petroleras que operan en Bolivia -lo que le ganó el apoyo transversal de la sociedad-, el Presidente Evo Morales se disponía a anunciar hoy la "nacionalización" de la industria minera, pero la presión de pequeños empresarios agrupados en cooperativas logró que al final del día el Mandatario echara pie atrás.Tal como el decreto que nacionalizó los hidrocarburos lo anunció y firmó el Día del Trabajador (1 de mayo), Morales tenía previsto hacer el anuncio hoy, en medio de la efervescencia por el reciente acuerdo hidrocarburífero y utilizando de nuevo una fecha simbólica: el 31 de octubre de 1952 el Presidente Víctor Paz Estenssoro nacionalizó la minería, en un proceso en el que se expropiaron yacimientos y bienes.
"El pueblo conocerá otra medida muy importante destinada a que a través de los recursos mineralógicos y metalúrgicos el Estado sea el mayor beneficiado, no algunas empresas transnacionales", había dicho ayer en la mañana el portavoz de gobierno, Alex Contreras.
Sin embargo, por la tarde fuentes del gobierno boliviano dijeron a este diario que el anuncio fue postergado indefinidamente, lo que supone un revés para el Mandatario boliviano.
El sorpresivo cambio se produjo por la presión de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, que reúne a la pequeña minería privada, con 63.000 afiliados, quienes se oponen a trabajar para el sector público pese a sus magras ganancias. La gota que rebasó el vaso fue la manifestación de unos 2.000 cooperativistas que ayer protestaron contra la medida en la ciudad de Potosí.
Morales hace meses que dice que nacionalizará la minería, lo que ratificó el 16 de octubre, cuando también declaró que "por recomendación del pueblo" se recuperarán las minas que pertenecieron hasta 2005 al ex Mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, y que hoy están en poder de la multinacional suiza Glencore International AG.
Los portavoces del sector, encabezados por el ministro de Minería, Guillermo Dalence, han declinado dar más detalles sobre la iniciativa de nacionalización, que potenciaría a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Aunque la nacionalización de 1952 contempló expropiaciones, se espera que la que iniciativa que impulsa Morales sea similar al acuerdo cerrado el sábado, cuando las diez petroleras que operaban en Bolivia aceptaron los términos de la nacionalización de los hidrocarburos en el plazo fatal dado por el gobierno.
"Todo está amarrado a una transformación productiva del país, de modo que los excedentes de recursos no renovables como hidrocarburos y minería fomenten la diversificación económica", dijo a este diario el analista paceño, Roger Cortés. "Estos aspectos son los pilares de la política energética y tendrían que llevarse a cabo simultáneamente", agregó.
La firma de los acuerdos petroleros generó un amplio apoyo en los principales sectores de la sociedad, incluso por sectores opositores a Morales.
"Estamos muy contentos porque creemos que es una buena solución para las condiciones de exportación del gas, lo que favorecerá las inversiones y exploraciones en el rubro", dijo ayer a este diario Bern Abendroth, presidente de la Federación de Empresarios de La Paz.
Germán Antelo, presidente del opositor y poderoso Comité Cívico de Santa Cruz, dijo a "El Mercurio" que "nos parece adecuado que queden más recursos para el país y se genere la seguridad jurídica para establecer condiciones adecuadas para la inversión" privada.
CRÍTICASSECTORES opositores pidieron ayer al gobierno que publique los contratos con las petroleras, ya que diversos funcionarios los han explicado con cifras y versiones contradictorias.
EVO MÁS POLÉMICO: ANUNCIA NACIONALIZACIÓN DE MINERÍA
El mandatario de Bolivia comunicará hoy la medida cuando aún permanece enardecido el ambiente en algunos yacimientos, cuyos obreros se movilizaron para rechazar la medida y no perder su trabajo.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo ayer en conferencia de prensa que el anuncio de la nacionalización se hará en un lugar simbólico para la minería del país, pero declinó revelar la hora y detalles del acto.
Rada dijo que, en medio del "panorama alentador" de tranquilidad social existente en el país, había una situación "de tensión en algunas minas" que no corresponde con "la realidad de los planes" y las políticas que el gobierno anunciará hoy.
"Se ha dicho que parte de los componentes que el Gobierno va a anunciar el 31 de octubre afectaría las fuentes de trabajo en algunas empresas, pero el Ministerio de Minería ha dicho que no se va a dar de esa forma", dijo Rada.
"Es una preocupación infundada", subrayó el viceministro e insistió en que la nacionalización "contempla el respeto a las inversiones allá donde se hayan dado, siempre y cuando estén enmarcadas en las normas" nacionales. La autoridad remarcó que "no hay razón para que se produzca esa tensión" en los centros mineros "porque no hay planes del gobierno de afectar a empresas que tengan regularizado su derecho" ante los organismos estatales pertinentes.
Añadió que, tanto las empresas como las cooperativas mineras, "no tienen porqué preocuparse" y expresó confianza en que la situación de inquietud surgida en las áreas mineras "se superará en la medida que se conozcan los componentes de la nacionalización" anunciada por el presidente Morales.
El secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Juan Mamani, dijo que este sector ejercerá su "derecho de defensa a las fuentes de trabajo" si la nacionalización implica que retiren a los cooperativistas de sus concesiones.
Según el dirigente, los más de 4.000 afiliados a cuatro cooperativas de la mina de Huanuni, en el departamento andino de Oruro, tendrán mañana una asamblea para analizar la oferta del Gobierno de ser parte de la empresa Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Mamani manifestó que la mina Huanuni ya fue estatalizada en 1952 y el Gobierno "no puede hablar de otra nacionalización porque los que estamos trabajando en ese lugar somos bolivianos y no extranjeros". Fencomin rompió su alianza política con Morales, hace tres semanas, cuando el Ejecutivo culpó a los afiliados a las cooperativas de Huanuni de haber atacado a los obreros de la Comibol en esa mina, con dinamita y armas de fuego, con un saldo de 16 muertos.
EN MARCHA LA REHABILITACIÓN DEL FCALP
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
El proyecto de la Empresa Portuaria Arica (EPA) y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), contempla dos etapas: la primera que tiene que ver con la rehabilitación de la vía férrea durante el año 2007; la segunda es la incorporación de un operador privado para el Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), tramo chileno, vía concesionamiento, o arriendo.
"La opción de la Ley de Concesiones es muy interesante para asegurar un operador de largo plazo y ya nos contactamos con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, para trabajar esta opciónjunto a EFE y el Servicio de Empresas Públicas (SEP)", manifestó Mario Moya, gerente de EPA, quien afirmó que EFE está revisando el proyecto de rehabilitación integral de la vía férrea Arica-Visviri, así como las bases de licitación para esa reparación, cuyo proceso esperan comenzar a contar del primer trimestre de 2007.
Sostuvo que los recursos para realizar esta rehabilitación están incluidos en la ley de presupuesto del próximo año y corresponden a casi 5.6 millones de dólares.
"Nuestra prioridad y acción estará orientada a poner en funcionamiento el ferrocarril y con ello reestablecer el flujo de cargas desde Bolivia hacia el puerto", explicó.
La Quiaca
PROLIFERAN VENDEDORES DE GAS Y “PAVERAS” BOLIVIANAS
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
Cada vez es más insostenible la tarea para los trabajadores quiaqueños con carritos de mano que se ocupan de trasladar equipajes desde la Terminal hasta el puente Internacional debido a la proliferación de ‘paveras’ que les quitan los clientes con mentiras y engaños.
De la misma manera, la ciudad de La Quiaca se ve invadida todas las mañanas por personas de origen boliviano que venden garrafas de gas, llenas manualmente y sin los controles de seguridad correspondientes. Mujeres, hombres y niños recorren toda la ciudad ofreciendo, puerta por puerta, sus garrafas a un precio menor que el que distribuyen los comerciantes argentinos.
La actividad de los bolivianos que a diario cruzan la frontera para hacer sus negocios y quedarse con la poca fuente laboral de los mozos de cordel, no tiene límites porque no hay control que se los impida. Tanto la Policía, como Gendarmería Nacional y la Municipalidad, se desentienden del tema y se abocan exclusivamente a controlar la actividad de los argentinos.
El mozo de cordel es aquel que con su carrito de mano ofrece sus servicios a los pasajeros que llegan a la Terminal de ómnibus de La Quiaca con el fin de cruzar la frontera. Este obrero, por la suma de $ 2, traslada los equipajes hasta el Puente Internacional donde el pasajeros debe registrar su salida del país en la oficina de Migraciones, acto que se debe cumplir en forma rigurosa y para toda persona.
La denominada ‘pavera’ es mayormente una mujer de origen boliviano que intercepta al pasajero al bajar del micro y con mentiras y engaños lo convence de que es mejor cruzar la frontera por pasos no habilitados para evitar los controles migratorios, a cambio de una ínfima suma de dinero. Lamentablemente la suma pactada en La Quiaca se incrementa 10 veces al llegar a Villazón y la persona que se resiste es entregada a la policía boliviana o es despojada de sus pertenencias.
Estas mujeres comienzan su tarea desde muy temprano y se desplazan en grupos de a diez o más para amedrentar a policías y gendarmes. Su paso obligado está a la altura del barrio Santa Clara, detrás de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.
“Cada vez que detenemos a estas mujeres recibimos denuncias y quejas contra nosotros por las autoridades consulares y apenas quedan en libertad, vuelven a delinquir y hasta se burlan de nosotros” confió un funcionario policial ante la consulta periodística.
Por su parte, los vendedores de gas, son mujeres y hombres que cruzan la frontera por pasos no habilitados con carros cargados de garrafas de diez kilos que ellos mismos llenan en Villazón. Ni el peso ni la seguridad reúnen las normas establecidas en argentina para la venta de este combustible, pero por su bajo costo (entre 17 y 20 pesos) la demanda en La Quiaca es importante, lo cual promueve la proliferación de este comercio ilícito perjudicando seriamente a los comerciantes argentinos. ‘No respetan nada, se sientan en mi vereda a ofrecer sus garrafas sin fijarse que yo vendo gas y pago todos los impuestos vaya a hacer esto en Villazón, en seguida viene la policía y el ejército y te encierran en la cárcelellos defienden a sus trabajadores y comerciantes, acá nadie nos ayuda, la Policía, Gendarmería Nacional y Municipalidad miran para otro lado’, dijo muy molesto un expendedor de gas del mercado municipal.
CASA-EADS VENDE A BOLIVIA TRES AVIONES DE TRANSPORTE MILITAR
El País de España (www.elpais.es)
La empresa CASA-EADS, división española del consorcio aeronáutico europeo, ha vendido a Bolivia tres aviones de transporte C-212-100 Aviocar de segunda mano por un valor aproximado de 1,4 millones de euros. La venta ha coincidido con las negociaciones entre Repsol YPF y el Gobierno de Evo Morales sobre aplicación del decreto de nacionalización de hidrocarburos.
La venta de los Aviocar es una operación comercial y no una donación, según fuentes conocedoras de la misma. Los tres aparatos, de segunda mano, fueron recomprados por EADS-CASA al Ejército del Aire español, que a su vez adquirió el nuevo modelo C-295, para someterlos a una profuda revisión y puesta al día antes de exportarlos.
Los aviones han sido adaptados a la configuración demandada por Bolivia (uno para traslado de personalidades y dos de transporte de tropas) y vendidos al precio de mercado: unos 600.000 dólares (470.000 euros) por unidad.
Ello no significa, sin embargo, que la más importante operación de venta de material militar a Bolivia no tenga implicaciones políticas y no se enmarque en un estrechamiento de las relaciones de Defensa entre los dos países.
Una delegación del Ministerio de Defensa español -encabezada por el almirante Enrique Pérez, subdirector general de Relaciones Internacionales- llegó el domingo a La Paz para reunirse ayer y hoy con los mandos de las Fuerzas Armadas de dicho país.
La operación con Bolivia contrasta con la reciente cancelación de la venta de 12 aviones de transporte de CASA-EADS a Venezuela, por valor de 500 millones de dólares, que el veto de EE UU hizo económicamente inviable.
El presidente boliviano confirmó recientemente a los máximos mandos militares y ha iniciado un programa de modernización de su armamento y equipo, con apoyo de Venezuela. Morales ordenó en mayo pasado al Ejército que ocupase los pozos para escenificar la nacionalización de los hidrocarburos.
REPORTAJE
BONO ANTIDESERCIÓN EN BOLIVIA
El Gobierno de Morales entregará 20 euros al año a los escolares con fondos de la nacionalización
El País de España (www.elpais.es)
Sus ganas de estudiar han vuelto con fuerza. Roberto, un limpiabotas de diez años, está seguro de que el pago de 20 euros al año a los escolares, que el Gobierno boliviano ha aprobado tras un decreto, le permitirá ayudar a pagar la deuda de su madre y volver al quinto curso de primaria que dejó hace ya un año. El dinero para los bonos provendrá de la nacionalización de los hidrocarburos.
El presidente, Evo Morales, dispuso del denominado bono Juancito Pinto, en homenaje a un niño héroe de la Guerra del Pacífico de 1879 que Bolivia perdió contra Chile, para que cerca de 1.200.000 escolares puedan concluir el ciclo escolar y así lograr el control de las altas tasas de deserción y absentismo que caracterizan al sistema educativo.
Este pago del bono, a nivel nacional y que será repartido por las Fuerzas Armadas, amplía la experiencia del llamado bono esperanza de cinco euros que el ahora prefecto (gobernador) de La Paz, José Luís Paredes, lanzó como alcalde en la ciudad dormitorio de El Alto para animar a todas las madres a enviar a los niños a la escuela, donde también recibían un desayuno escolar. El programa, desplegado en la ciudad más pobre y más conflictiva del país, dio resultados alentadores.
El bono de 20 euros al año va a significar al Estado un coste de 24 millones de euros que provendrán del pago de un mes de impuestos por parte de las empresas petroleras. El ministro de Hacienda, Luís Arce, admitió en declaraciones públicas que esta iniciativa puede contribuir a la ejecución de importantes proyectos de los que está necesitado el país, el de menor crecimiento en la región, y que es un valioso medio para mejorar el ingreso familiar.
Arce dijo que este aporte contra la deserción escolar va a tener un impacto importante en la lucha contra la pobreza, que es uno de los principales factores para el abandono de los estudios. De hecho, el 45,9% del abandono escolar está motivado por problemas económicos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas.
Como Roberto el limpiabotas, muchos niños y niñas se ven obligados a dejar la escuela para buscar trabajo y ayudar a mantener a la familia, generalmente monoparental. Un 60% de las familias bolivianas viven en el umbral de la pobreza y en la pobreza extrema.
La incidencia del absentismo y la deserción escolar afectan más a los escolares del área rural, de acuerdo a un informe sobre la situación educativa del Centro Boliviano de Investigación de la Educación. La tasa de asistencia escolar máxima se produce entre los ocho y nueve años de edad, con el 97% en el área urbana y el 93% en el área rural. El absentismo y la deserción se registran con mayor intensidad a partir de los 12 años y a los 17, cuando se espera que concluyan el ciclo secundario. Solamente un 67% acaba el bachillerato en el área urbana; en el área rural lo concluye el 43%. Casi seis de cada diez estudiantes del área rural dejan los estudios por el trabajo en el campo o para emigrar a la ciudad.
Las mayores tasas de abandono se dan entre las mujeres, que son discriminadas por los padres, que privilegian la educación de los hijos varones en las comunidades indígenas.
Es el caso de Ema, que cuida los jardines de la Plaza Avaroa de La Paz. Apenas aprendió a leer cuando sus padres decidieron que sus hermanos varones tenían que ir a la escuela y ella debía ayudar a la madre en casa y en las tareas agrícolas en las terrazas andinas de los Yungas. Ema, que aceptó resignada la discriminación paternal por género, asegura que su hijo de 15 años estudia y que ella está aprendiendo con él.
Severo, de 10 años, recorre las calles de la ciudad vendiendo golosinas cuando empieza a caer la tarde. Dice que tiene que trabajar para ayudar en su casa y a sus hermanos menores, pero no quiere dejar la escuela. Está en cuarto de primaria y quiere llegar a la universidad, aunque no sabe aún qué le gustaría ser de mayor. Su amigo, al que llama Monchito, apenas cursó primero y no volvió, pues su familia no tiene dinero para comprar los cuadernos. Ahora que sabe que habrá un bono con el que podrá comprar material escolar, quiere volver. Y parece que se le harán largos los días hasta que empiece el nuevo curso, ya que el actual está a punto de finalizar en cuatro o cinco semanas, cuando el Gobierno espera cumplir con el primer pago del bono contra la deserción.
CANCILLERIA PARAGUAYA DEBE DENUNCIAR IRRESPONSABILIDAD DE VENEZUELA
POBREZA EN BOLIVIA NO SERÁ SUPERADA CON ARMAS QUE OFRECE HUGO CHÁVEZ
Cinco mil familias comparten el destino de vivir en Puerto Quijarro, pequeña comunidad fronteriza con Brasil, donde la miseria es una constante. Venezuela ofrece armas y tecnología a Bolivia, cuando el país andino necesita los medios económicos para superar la miseria. La Cancillería paraguaya no debe escatimar esfuerzos para denunciar la irresponsabilidad de Hugo Chávez, quien está dispuesto a impulsar una carrera armamentista entre los dos países más pobres de Sudamérica.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Puerto Quijarro es una ciudad pequeña, habitada por unas 5 mil familias. Se encuentra a unos 5 kilómetros al norte de Puerto Suárez. Esta comunidad creció bajo la sombra de las unidades militares allí asentadas. Dos batallones de Infantería de Marina y un regimiento de caballería mecanizada cuentan con suficientes hombres, a quienes en algún momento se puede vender algo.
La expansión de Puerto Suárez también permitió la consolidación de Puerto Quijarro, a tal punto que en este momento se encuentran prácticamente unidas, siendo una suerte de Asunción - Fernando de la Mora, para dar una comparación. Puerto Suárez es la entrada a Bolivia en la frontera sudeste y se encuentra localizada frente a la ciudad brasileña de Corumbá.
Puerto Quijarro impresiona por la miseria. Es un pobrerío que golpea los sentimientos; se puede sentir en la piel la miseria de sus habitantes. Bolivia no es precisamente un país opulento, pero es un país digno. Aquí teníamos la impresión de que la limpieza y el orden que caracterizan a otras ciudades se dejó de lado adrede y que ese espacio fue ocupado por la desidia.
Esta puerta de entrada a Bolivia no se compadece con otras ciudades fronterizas del país andino. En procura de superar la crítica situación económica y social que impera aquí, el gobierno de Evo Morales solicitó a Venezuela el respaldo necesario para construir una estación portuaria que permitiera la salida de granos hasta el río Paraguay. Es oportuno recordar que Bolivia no tiene en operaciones un acceso directo a nuestro río epónimo, debiendo utilizar el canal brasileño Tamengo para hacerlo.
Este conducto tiene una extensión de 8 kilómetros y se escurre exclusivamente en territorio del Brasil. En la ribera sobre el río Paraguay, la Marina de Guerra instaló un destacamento naval que tiene como principal objetivo controlar el movimiento de embarcaciones en el canal Tamengo. Dada su estratégica ubicación, no se mueve un bote sin que lo observen los militares brasileños. Para que no queden dudas del control que ejercen, ametralladoras pesadas apuntan ostensiblemente hacia la boca del canal.
Oficiales superiores de la Fuerza Naval de Bolivia informaron que las embarcaciones civiles circulan sin restricciones por el canal Tamengo, en virtud de acuerdos bilaterales; pero no sucede lo mismo cuando se trata de patrulleras bolivianas, que están obligadas a comunicar previamente su paso por el sitio. "El mecanismo ya es rutina para nosotros", expresaron.
Bolivia pretende instalar en Puerto Quijarro un puerto comercial para utilizar la hidrovía Paraguay-Paraná para vender los granos que se producen en la región. "Nuestros productores necesitan abaratar sus costos de flete, para ganar nuevos mercados", fue la explicación dada por el ministro de Defensa Walker San Miguel a su colega paraguayo Roberto González.
El argumento es razonable, más aun si se considera que la construcción creará 250 puestos de trabajo directos, además de todo el impacto económico positivo que traerá a Puerto Quijarro en su totalidad. Sumando beneficios posteriores, cuando el puerto se encuentre operativo, es comprensible que Bolivia considere el proyecto como una prioridad.
Mirando alrededor, es imposible no sentirse solidario con aquellas personas que están deambulando en procura de ganar unos pesos para la subsistencia. Ojalá se construya y rápido un puerto aquí.
La pregunta que también cabe es la siguiente: ¿Por qué introdujo Hugo Chávez un componente militar en el proyecto? ¿Se puede asociar la propuesta de entregar armas a Bolivia con la necesidad de un desarrollo real en este país?
En Puerto Quijarro no se necesita una Fuerza Naval ostensible. En Puerto Quijarro urge mejorar las condiciones de vida de sus pobladores y pensar en una fuerza militar como alternativa para lograrlo no es el camino adecuado.
¿Este es el modelo de revolución que ofrece Hugo Chávez al Mercosur? Venezuela, como miembro pleno de la unión regional, no presenta mejor alternativa que reabrir heridas que costaron mucho cerrar: ofrece a Bolivia reorganización y armamento para su Fuerza Militar, causando lógica preocupación en Paraguay, dado el desarme en que se encuentran nuestras Fuerzas Armadas.
Venezuela inició una política inamistosa hacia el Paraguay, y la irresponsabilidad de su mandatario es notoria. Bolivia es un país hermano, con el que nos une la tragedia histórica de una guerra. No es el momento de recordar el poder de las armas, sino de tener presentes los beneficios de la integración.
La Cancillería paraguaya no debe escatimar esfuerzos para denunciar en todos los estrados posibles a Hugo Chávez, ante la pretensión de iniciar una carrera armamentista entre los dos países más pobres de Sudamérica. Volvemos a insistir: Bolivia es un país hermano, pero no dejemos de observar la presencia de Venezuela en la administración de Evo Morales.
AUMENTO PARA LAS FUERZAS ARMADAS ES ABSURDO, PLANTEA ANALISTA MILITAR
Un aumento absurdo y al vacío. El analista militar Horacio Galeano señala que el aumento previsto para las Fuerzas Armadas de 30%, en las actuales condiciones, no tiene sentido. Sostiene que Bolivia tiene el legítimo derecho de reorganizar sus fuerzas militares de cara a sostener el proceso revolucionario orientado por Evo Morales. "Nosotros somos el problema, no Bolivia", resuelve.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
¿Equiparse para qué? ¿Para seguir utilizando a los militares como guardia urbana? ¿Para que los militares sigan haciendo guardias en financieras y bancos? Se pregunta Galeano; y resuelve: "No podemos seguir engordando ninguna institución sin reorientar, reorganizar, sin una política de defensa, en el caso de las Fuerzas Armadas". ¡Darle más plata, en las actuales condiciones, es gastar por gastar, es como cargar combustible a un auto sin dirección!
Galeano sostiene que solo con una clara definición de las nuevas misiones -cómo se organizarán los cuerpos de cara a esas nuevas misiones, las divisiones, los regimientos- puede discutirse la posibilidad de un aumento sustancial. "Nos tienen que decir dónde estarán ubicados los cuarteles, qué equilibrio se pretende entre las fuerzas (Aviación, Ejército, Armada) y cuáles son las hipótesis de conflicto", expresa.
En la actualidad, "tenemos los cuarteles vacíos; qué vamos a hacer con ellos", manifiesta, y dispara: "Los militares deben volver a sus cuarteles, no pueden estar en las calles. Si no existe un plan general de reorganización institucional -no solo de las Fuerzas Armadas- con qué criterio, con qué cara se pueden relegar recursos que debieran ir a educación o salud".
BOLIVIAEn cuanto a la situación de la región (el Cono Sur), Galeano se pregunta "por qué nos vamos asustar ahora". Brasil, Chile, Perú hace rato que aumentaron su capacidad bélica; por qué ahora.
En cuanto en Bolivia, Evo Morales (el presidente boliviano), "más que el problema externo, él ve el proceso revolucionario interno. El, para sostener el proceso, necesita sí o sí de este instrumento (las Fuerzas Armadas). Estos cambios no están dirigidos al Paraguay de ninguna manera. Nadie, en su sano juicio, puede decir eso", expresa.
Sostiene que en Bolivia orientar las FF.AA. de cara al proceso revolucionario (nacionalización de los recursos, asamblea constituyente con masiva participación indígena...) "es legítimo". "Somos nosotros -la clase política paraguaya, no el oficialismo ni la oposición- los que no tenemos un proyecto país", añade. Galeano enfatiza: "No podemos decirle a Bolivia lo que debe o no debe hacer. Un país con problemas históricos no resueltos, que no modifiquen sustancialmente su realidad. No podemos negarle esa posibilidad. Es una falta de respeto al pueblo boliviano".
El gobierno de Evo Morales "sabe muy bien lo que está haciendo. Tiene claro el proyecto país, cosa que no existe en el nuestro". La Comisión Bicameral aprobó un aumento de G. 120.000 millones para las Fuerzas Armadas, dentro del presupuesto del año próximo. Lo hizo dos días después de que algunos senadores y diputados, colorados y liberales, se reunieron con la cúpula militar donde ésta le dijo que acá se invertían "apenas" 50 millones de dólares al año, mientras que en Bolivia se invierten 113 millones.
CANCILLER HABLARÁ SOBRE ACUERDO CON DIPUTADOS
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El canciller Rubén Ramírez Lezcano explica hoy a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que Bolivia no tiene interés en una carrera armamentista para desatar un conflicto armado internacional. El ministro se reunirá a partir de las 08:30 con miembros de dicha comisión, en la sede del Congreso nacional.
Los legisladores están preocupados porque desconocen oficialmente el alcance del acuerdo militar firmado entre Bolivia y Venezuela el 20 de mayo de 2006. El acuerdo prevé el mejoramiento de la infraestructura de Puerto Quijarro, situado a 200 kilómetros de Bahía Negra, pero versiones extraoficiales señalan que Bolivia montará una base militar en un puerto comercial.
El ministro de Defensa, Roberto González, y su colega boliviano, Walker San Miguel, visitaron el sábado pasado Puerto Quijarro. González declaró: "Cualquier emprendimiento que inicie Bolivia será considerado positivo para su desarrollo y contará con el apoyo paraguayo, siempre y cuando no ponga en peligro intereses de nuestro país".
Ramírez Lezcano señaló: "El Gobierno boliviano nos transmitió su predisposición y apertura para aclarar todos los temas que sean necesarios" del acuerdo militar entre Bolivia y Venezuela. Dijo que las autoridades paraguayas (diplomáticas y militares) podrán constatar in situ los programas y proyectos que contempla el acuerdo con Venezuela, que tiene componente militar.
COREA BRINDARA APOYO A PARAGUAY
Corea brindará apoyo para que un grupo de paraguayos tenga una preparación internacional en el área de emergencias. Esta mañana, a las 10:15, una delegación coreana se reunirá en la Cancillería nacional con funcionarios paraguayos.
La delegación coreana realizará estudios de factibilidad para el proyecto denominado: "Mejoramiento de la capacidad del sistema de manejo de emergencia nacional", que brindará en el futuro entrenamiento a un grupo selecto de paraguayos en Corea.
Presidente hablará con Evo Morales
El presidente Nicanor Duarte Frutos y su colega boliviano Evo Morales se reunirán en Montevideo, durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se realizará entre el jueves y el sábado.
Según confirmaron ayer en Cancillería paraguaya, la reunión bilateral fue solicitada por los bolivianos para que su Presidente le explique en forma personal y detallada a Nicanor el acuerdo con Venezuela que está causando inquietudes en la región.
A nivel diplomático indicaron que no se descarta que Evo utilice la cumbre para exponer sobre el tema, considerando que estarán presentes todos los presidentes sudamericanos, incluido el polémico Hugo Chávez. El Gobierno nacional sigue con atención los acontecimientos que se suceden en Bolivia a partir del mencionado convenio. Con todo, a pesar de que a nivel oficial se descarta cualquier hipótesis de conflicto, no es bien visto el acelerado avance venezolano en la zona.
DIPUTADOS BOLIVIANOS RECHAZARON ACUERDO MILITAR CON VENEZUELA
El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano descartó ayer cualquier conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia, teniendo en cuenta que –según aseguró– el cuestionado acuerdo bilateral que suscribió este país con Venezuela fue rechazado en la Cámara de Diputados boliviano y también tiene el rechazo unánime de la Comisión de Gobierno y Defensa del Senado, aunque falta tratarlo en el plenario.
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
“De acuerdo a la información que hemos recibido tanto del alto mando como del ministro de Defensa, en la Cámara Alta está sin ser aprobado (el convenio) en este momento. Hay oposición al aval del proyecto. La Comisión de Gobierno y Defensa determinó declarar por unanimidad de sus miembros su inconformidad con el informe y la explicación que emitieran sobre este tema”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores.
Comentó que Paraguay tiene una comisión de seguimiento del caso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. “Nosotros descartamos cualquier conflicto bélico con Bolivia. Según informaciones que hemos recibido de Bolivia, tanto del ministro de Defensa de ese país, como el canciller y del presidente Evo Morales de que no está prevista ninguna construcción de base militar en frontera con nuestro país”, apuntó.
A su salida del Palacio de Gobierno, tras entrevistarse con el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, el canciller aseguró incluso que el Parlamento boliviano ya rechazó el acuerdo bilateral la semana pasada, aunque después aclaró que el tema tuvo media sanción por parte de los diputados.
BILATERAL CON EVO
El tema, sin dudas, será analizado nuevamente entre Duarte Frutos y su homólogo boliviano Evo Morales, durante la reunión bilateral que tienen pautado ambos gobernantes el próximo fin de semana, en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay.
Nicanor hablará con los reyes de España
En la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará el próximo fin de semana en Montevideo, Uruguay, el presidente Nicanor Duarte Frutos planteará a los reyes de España la regularización de los paraguayos residentes en ese país, así como la legalización del registro de conducir, según informó el canciller Rubén Ramírez Lezcano.
El tema central de la cumbre será “Migración y Desarrollo” y en ese contexto el mandatario tiene previsto mantener reuniones bilaterales con Bolivia, Brasil, España y con el primer ministro de Portugal.
Ramírez Lezcano se entrevistó ayer con el jefe de Estado en el Palacio de López para ultimar detalles del discurso que pronunciará el Presidente en la ocasión.
Con respecto a España, la intención es lograr un acuerdo que pueda atender la permanencia de los 30.000 compatriotas residentes en el citado país. Asimismo que se acepte el registro de conducir de los ciudadanos paraguayos.
Tras el encuentro en Montevideo, los reyes de España harán una visita oficial de Estado al Paraguay el próximo lunes, según se informó.
PACTO KIRCHNER-MORALES: CHILE CONFÍA QUE ARGENTINA ENVIARÁ MÁS GAS
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Pese a la condición que Bolivia impuso a Argentina de suministrarle gas a cambio de no revenderlo a Chile, el gobierno chileno está esperanzado en que podrá beneficiarse del mayor abastecimiento de los trasandinos. "Esperamos que así sea. Por supuesto que Argentina, al disponer de mayor holgura, puede enviarnos más gas (argentino). El problema es que hay que hacer inversiones, y éstas tardan más tiempo", aseguró la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik. Los Presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Bolivia, Evo Morales, suscribieron el pasado 19 de octubre un acuerdo por 20 años que permitirá a los trasandinos triplicar sus importaciones de gas de 7,7 a 27,7 millones de metros cúbicos diarios. Chile está en capacidad de comprar a Argentina entre 22 y 25 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero en agosto, mes que fue de bajas temperaturas en Argentina, sólo recibió 11 millones de metros cúbicos día; es decir, 50% menos de lo requerido. Poniachik recordó que para que Argentina pueda recibir mayor cantidad de gas desde Bolivia debe construir un segundo poliducto. Sólo así, Argentina podría liberar más gas propio hacia Chile, aunque dependiendo siempre de su consumo interno.
CAMBIAN LA COCA POR EL PALMITO
El Universal de México (www.eluniversal.com.mx)
En la zona donde se encuentra el mayor número de cultivos de coca del país, un grupo de campesinos le apuesta al palmito y, por ahora, van ganando.
"Le hemos metido todo al palmito y estamos contentos", dice Ladimir, campesino de 25 años que desde 2000 dejó de cultivar coca y ha arrastrado a su familia hacia el sueño de un cultivo legal.
Agroamazonía surgió en 1997 como respuesta al cansancio de muchos campesinos que no tenían otra forma de ganarse la vida más que cultivando coca a expensas de un mercado dictado por los grupos armados, tanto guerrilla como paramilitares. Con la ayuda del gobierno e instituciones internacionales como la ONU o la USAID, construyeron una fábrica procesadora de palmito y destinaron sus tierras a este cultivo. Ahora las latas de "Palmitos del Putumayo", son una marca relativamente conocida en Colombia que se vende en tiendas como Carrefour.
En Agroamazonía los dueños son los propios campesinos y para iniciar sólo se necesita un pedazo de tierra -un mínimo de tres hectáreas para que sea rentable-. La propia empresa proporciona los esquejes, el entrenamiento y lo necesario para el cultivo.
Esta donación inicial se devuelve paulatinamente a razón de un 10% de cada cosecha y los fondos se reinvierten en beneficio de los cultivadores. "Nuestra razón social es defender al pequeño productor", explica Francisco Zamudio, ingeniero de Agroamazonía.
El palmito se cosecha cada cuatro meses y una hectárea puede dejar una rentabilidad de algo más de 200 dólares al mes. Pero los campesinos dedicados al cultivo del palmito han enfrentado no pocos obstáculos.
"En febrero y abril de este año tuvimos paro armado decretado por la guerrilla, lo que nos impidió procesar pues las carreteras permanecen cortadas", dice Francisco. El tiempo que la fábrica no está activa supone retrasos en los pagos a los agricultores, lo que sumado a las fumigaciones aéreas del gobierno ha generado cierto ambiente de desconfianza.
Los cultivos de palmito están dispersos por cinco municipios del selvático departamento del Putumayo y, en muchos casos, colindan con cultivos de coca, pues los cocaleros piensan que cerca de un cultivo lícito no les van a fumigar.
Francisco explica que eso es un error porque las fumigaciones continúan de todas maneras. Agroamazonía cuenta hoy día con 329 hectáreas cultivadas y procesa unos 5 mil cogollos al día. Pero según un funcionario del gobierno regional, los campesinos se han desencantado y ya no confían en los programas de sustitución de cultivos. "Hubo proyectos con mucha falta de planeación; además, fueron a corto plazo y los dejaron en pañales", explica.
Para José nada de esto supone un problema. Él tenía un cultivo de coca pero lo vendió porque "me enfermaba con los venenos que hay que echarle a eso". Ahora en su finca, a orillas del río Putumayo, el palmito crece entre los plátanos y la yuca. Y a pesar de que no le saca mucho a sus cultivos, José parece un hombre feliz. "Vivo muy pobre pero tranquilo porque no cultivo nada para que la gente se robe, se mate y vaya a la cárcel. Yo produzco comida para que la gente viva, no veneno para que se muera".
La otra pata de la mesa: visión económica del país
¿QUÉ MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SE QUIERE?
Rebelión de España (www.rebelion.org)
¿Qué Bolivia queremos? Todos estaríamos de acuerdo, y sin ningún “pero” que objetar, en gozar de una Bolivia donde se cumpliera estrictamente el principio de Sumaj Kamaña (Vivir bien). No creo que hubiera disenso alguno en que todos los bolivianos pudieran tener Teko Kavi (Vida buena). Tampoco habría discusiones a la hora de poder disfrutar de una Ivi Maraei (Sociedad soñada). Sin embargo, las diferencias proceden de cómo articular una Bolivia que satisfaga estos sencillos principios básicos.
Este nuevo proceso constituyente surge a partir de unas demandas de cambio. Existe un desencanto del viejo sistema colonialista y patriarcal. El modelo neoliberal implantado en Bolivia desde hace varias décadas ha generado una insatisfacción en muchos colectivos, y ha multiplicado los beneficios para unos pocos. Las políticas económicas neoliberales de los gobiernos precedentes no han solucionado los principales problemas de este país. Dicho modelo económico importado ha intensificado las desigualdades económicas y sociales, ha generado un aumento desmesurado de la pobreza, no ha mejorado los problemas de nutrición y sigue fomentando la exclusión social. Todas las recetas del FMI y Banco Mundial no han hecho más que empeorar las condiciones de vida de una gran parte del pueblo boliviano. Las transnacionales siguen enriqueciéndose mientras que muchos bolivianos tienen mayores dificultades para vivir bien.
Es ahora el momento del cambio y de dar un giro a ese devenir poco alentador. La Asamblea Constituyente es el instrumento representativo del poder constituyente emergido a partir de muchas reivindicaciones sociales. Este poder constituyente tiene la importante responsabilidad de construir una nueva constitución que mitigue todas las consecuencias nocivas derivadas de políticas colonialistas y neoliberales. Este nuevo desafiante proceso constituyente no solo debe luchar contra el actual sistema económico devastador sino que debe formular un nuevo modelo. Inventarlo si fuera preciso. Se precisa diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico y social donde se cambien los postulados y pilares básicos de la economía. Se requiere tener una nueva visión de país, pero también en el sentido económico. Se debe trabajar en armar un nuevo régimen económico que permita dar respuesta a los problemas reales de la mayoría de la población boliviana. Un nuevo modelo de desarrollo que no solo llegue a las manos de unos sino que abarque a las minorías, a los campesinos, a los más excluidos, a las mujeres, a las poblaciones indígenas originarias.
Hasta el momento, los debates en torno a la nueva visión de país redundan en diferentes demandas: carácter originario, Estado pluranacional, Interculturalidad, Autonomías, y muchos otros temas de actualidad. Sin embargo, se está descuidando el aspecto económico. Si bien es cierto que muchos de los temas aludidos tocan tangencialmente a las cuestiones económicas, no termino de toparme con un interés fuerte en la formulación de un nuevo modelo económico. Esto me preocupa sobre manera. El diseño de un nuevo modelo de desarrollo económico que recorra transversalmente a las diferentes directrices de una nueva visión del país podría ayudar considerablemente a no caer en problemas del pasado. No podemos tener una visión del país sin tener en cuenta la visión económica. Sin desprestigiar a cualquiera de las demandas previamente citadas, las cuales me parecen de una necesidad imperiosa, desde acá, me gustaría sugerir una mayor atención en la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico.
El nuevo modelo económico debe construir un Estado fuerte y preponderante, con un papel activo en los diferentes ámbitos económicos, y que permita aliviar y mitigar los efectos devastadores de una economía neoliberal. El Estado debe tener los dispositivos para equilibrar situaciones de desventajas, y luchar contra la pobreza como objetivo prioritario. El nuevo régimen económico se ha de basar en principios de distribución equitativa de la riqueza, reciprocidad, solidaridad regional y humana, participación estatal, desarrollo sostenible, justicia social, eficiencia, protección del medio ambiente y productividad. Se debe potenciar la economía social como nueva forma para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población. También se debe tener en cuenta los potenciales beneficios de la economía del trueque como mecanismo de satisfacción de muchas necesidades básica. El comercio justo debe ser eje central en el diseño de las relaciones comerciales con otros países. En el régimen laboral, el nuevo modelo de desarrollo económico debe proponer mecanismos contractuales que garanticen un salario justo y condiciones laborales favorables. Además, los bolivianos deben tener derecho a un régimen de servicios sociales, salud, justicia y educación pública y gratuita.
Detrás de todos estos deseos de un nuevo modelo económico, resulta preciso articular los mecanismos y políticas económicas que contribuyan positivamente a satisfacer tales objetivos. Sin tener identificado el “cómo”, no podremos alcanzar todo aquello que se desea en esta nueva visión de país. Sería enormemente peligroso solo tener claro hacia dónde se quiere ir, sin saber cómo llegar a ese destino. Sería frustrante para los bolivianos quedarse solo en papel manchado de peticiones de una nueva visión económica del país, y al final, no disfrutar de tales deseos. Por tanto, será imprescindible trabajar desde ya en los “cómo” para que se pueda llevar a la práctica esa nueva visión del país.
Para que la nueva visión platónica del país sea realista en un futuro inmediato, la agenda debe considerar algunas cuestiones básicas: a) implementar un nuevo régimen fiscal más progresivo que reduzcan desigualdades, b) políticas de gastos focalizadas en colectivos desfavorecidos que reduzcan las condiciones de pobreza, c) gestionar adecuadamente el turismo, y el ecoturismo, para que no perjudique a los de siempre y mejore a los desfavorecidos, d) políticas de fomento de inversiones productivas para pequeños y medianos productores, e) establecimiento de economías mixtas para la provisión de muchos servicios, f) política de descentralización definiendo las competencias fiscales de los diferentes niveles autonómicos basados en principios de solidaridad, g) políticas económicas de inclusión social y h) política de nacionalización de los recursos naturales. Estos son temas pendientes en los que se requiere profundizar para tener una verdadera visión del país. Puede que haya tiempo para trabajarlos, pero no debería postergarse para mucho más tarde. Podríamos correr el riesgo de tener una visión miope del país, y equivocarnos, y no sé si estamos en condiciones de dejar pasar el tren por la puerta de casa.
Para resumir, echo a faltar más énfasis en el componente económico de una nueva visión del país. Sería alarmante descuidar este aspecto en la construcción de nuevo país. La nueva visión del país quedaría coja sin esta pata de la mesa. La consolidación de una nueva Bolivia originaria, democrática, libre, soberana, plurinacional, intercultural, plurilingüe, participativa y descolonizada exige una visión clara y precisa del nuevo modelo de desarrollo económico en un doble nivel: qué se quiere y cómo se llega a lo se quiere. Todo esto no quiere decir que el aspecto económico deba estar separado y desligado del resto de demandas, sino que se debe tener una visión del país integral donde la mirada económica esté en concordancia con este nuevo país que se quiere construir.
Opinión
El rompecabezas latinoamericano
El Universal de México (www.opinion.eluniversal.com)
El panorama geopolítico latinoamericano se ha convertido en un rompecabezas difícil de armar. Faltan figuras. Por ahora, se conoce la ubicación temporal de algunas piezas.
1.- En cuanto a Brasil, Lula II no será igual a Lula I, sobre todo en cuanto a aspectos de su política exterior. El gas boliviano y el Mercosur se transformarán en prioridades. Con respecto al primer punto seguirá la vía pacífica, siempre y cuando Evo Morales se siente a negociar. En torno al Mercosur ya recordó que el "eje" Brasil-Argentina es la columna vertebral. Por ahí irán sus pasos.
2.- Desde que decidiera optar por una candidatura de consenso para el Consejo de Seguridad de la ONU, la posición chilena frente a Venezuela puede sintetizarse en las declaraciones de la Ministra de Defensa de Bachelet, Vivianne Blanlot. La funcionaria expresó que el discurso de Chávez "es propio del pasado" y consideró que "su línea de trabajo no se impondrá en América Latina". En el acuerdo gasífero Bolivia-Argentina la cláusula 3 prohíbe la venta de gas boliviano a terceros países -léase Chile- y Chile ve a Chávez junto a Morales.
3.- El Presidente García se ha convertido en el "armador" del "eje" anti-Chávez. Los contactos de García con EEUU, Brasil, Chile y Colombia apuntan a esa meta.
4.- Kirchner se mueve bajo la presión de Washington y de la comunidad judía en el caso AMIA y ha dejado a la Fiscalía actualizar la acusación contra el gobierno persa. Su decisión traerá consecuencias, intercontinentales y continentales. Su relación con Chile y con Brasil dependerá de la forma en que se mueva en la guerra del gas, que no es ajena a la exigencia boliviana de tener salida al mar.
5.- El Pentágono, por su parte le ha dado luz verde al Comando Sur y a su "teoría del cerco". Para eso ha nombrado a un marino, James Stavidris, en su jefatura. El nombramiento coincide con el anuncio de que el Plan Colombia será adaptado a la nueva realidad política, para lo cual se le cambiará el nombre y se reforzará su componente militar. En ese momento la suerte de Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú será una sola.
Nota: En la página Web de la Vicepresidencia de la República ("Resumen de TV: 19-10-2006") se transcribe parcialmente, con tergiversación de palabras y conceptos, la entrevista que sostuviera con Roberto Giusti en Globovisión ese mismo día. Paralelamente, en rebelión.org se publica una carta, firmada por Jorge Díaz, donde se dice, con motivo de la reproducción de una columna mía (que nunca envié): "Tenga cuidado, señor Garrido, usted vive en Venezuela (¿). Está usted como cucaracha en baile de gallinas". Amenazas recibidas, y en cuenta.
GOBIERNO PODRÍA POSTERGAR SEGUNDA NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS
Los cooperativistas mineros están contra ese proceso que es manejado en las esferas gubernamentales como uno de los principales en el marco del plan de recuperación estatal de los recursos naturales.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
POR ADALID CABRERA LEMUZ
El gobierno podría postergar la ejecución de la nacionalización de las minas debido a que no ha logrado acuerdos con los cooperativistas mineros, informaron hoy fuentes cercanas al presidente Evo Morales.
Los cooperativistas mineros agrupados en una Federación que cuenta con 63.000 afiliados se oponen a la entrega de sus concesiones mineras al Estado.
COOPERATIVISTAS CONTRARIOS A LA NACIONALIZACIÓN
Uno de sus principales dirigentes, Santos Ramírez, sostuvo que los cooperativistas suman millares y provienen del sector de “relocalizados” durante el gobierno del presidente Víctor Paz Estensoro en 1985.
Paz Estensoro dispuso el despido de aproximadamente 30.000 mineros que fueron absorbidos por diversos sectores, como el de los cocaleros y las cooperativas mineras.
Ramírez anotó que el Ejecutivo ha ofrecido a los cooperativistas incorporarlos a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) pero con salarios muy bajos e insuficientes para el mantenimiento de sus familias.
De acuerdo con Ramírez, esos salarios oscilan entre los 1.600 y 3.200 bolivianos.
El presidente Evo Morales pretendía anunciar la refundación de la COMIBOL este martes, fecha en que se recuerda la nacionalización de las minas en el año 1952.
Unos dos mil cooperativistas mineros participaron en una manifestación contra la estatización de la minería y por estar en desacuerdo con las ofertas gubernamentales por considerarlas pasos atrás en el desarrollo del sector. Los cooperativistas mineros de Huanuni amenazaron con marchar hacia La Paz para expresar su desacuerdo con la nacionalización.
A principios de octubre los trabajadores asalariados de la COMIBOL y los cooperativistas mineros se enfrentaron en Huanuni en el marco de la disputa por la explotación de yacimientos de estaño.En ese enfrentamiento con armas de fuego y cartuchos de dinamita murieron 16 personas y decenas resultaron heridas.
GOBIERNO MANTIENE OPTIMISMO
El ministro de Minería, Guillermo Dalence, dijo hoy que las negociaciones con los cooperativistas aún no concluyeron y se espera lograr acuerdos a la brevedad.
Recordó que la actual administración pretende recuperar el control de los recursos naturales en todos sectores, entre ellos el minero.
El pasado uno de mayo decretó la nacionalización de los hidrocarburos y suscribió el pasado sábado nuevos contratos con las empresas extranjeras que decidieron mantener sus operaciones petroleras en Bolivia. Dalence aclaró que no existe en el ánimo del gobierno desalentar las inversiones privadas en el sector minero, y, al contrario, darles seguridad jurídica a sus operaciones, aunque en el marco de contratos que defiendan los intereses nacionales.
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