Con el fin de convertir en trinacional la zona marítima en controversia, tres arquitectos chilenos elaboraron un proyecto para la construcción de un túnel de 150 kilómetros a fin de darle una salida al mar a Bolivia y lograr suspender la demanda marítima peruana en la Corte de Justicia de La Haya. De acuerdo a la información del diario La Tercera, el proyecto de los arquitectos Humberto Eliash, Carlos Martner y Eduardo Castillo Velasco consiste en construir un túnel bajo la frontera entre Chile y Perú, conocida como “Línea de la Concordia”, que desembocaría en una isla boliviana y un mar trinacional. Según la información, la zona marítima involucrada sería administrada por los tres países, lo cual solucionaría la demanda planteada por el Perú para delimitar la frontera marítima con Chile.El arquitecto Castillo Velasco dijo que entregó al canciller Mariano Fernández su libro titulado “Lecciones del tiempo vivido” en el que está destacado dicho planteamiento."Me dijo que después de algunos viajes comprometidos me llamaría para conversar. El ministro es muy inteligente y pienso que no mirará el tema livianamente", afirma Castillo al diario La Tercera.Para Martner esto no es una utopía pues, desde el punto de vista técnico, en este siglo XXI es perfectamente posible y ya existen otras obras parecidas como el canal de Suez, al de Panamá y el túnel bajo el canal de La Mancha. “Explica que –en este caso– están tratando de aportar un nuevo plano –el subterráneo– a un problema que sólo tiene uno: el de la superficie”, señala.
La propuesta
Según el diario La Tercera, el planteamiento es que se construya un túnel de 150 kilómetros bajo la frontera entre Chile y Perú, que debería comenzar en Charaña (Bolivia), cruzaría el desierto y terminaría en una isla a metros de la costa chilena.“El nuevo territorio sería hecho del material sacado del túnel igual que las islas Naos, Perico y Flamenco, hechas con material del canal de Panamá. Si no, pueden quedar como las islas flotantes del Titicaca", dice el arquitecto Eliash.La información señala que Bolivia tendría el dominio de la isla que sería el vértice del territorio marítimo que hoy está en disputa y desde ahí se proyectaría un nuevo mar administrado por los tres países. “La propuesta consiste en suspender el juicio de La Haya y convertir la zona en el ‘Mar de la Concordia’”, dice Eliash.En la entrevista otorgada a La Tercera, Eliash indica que el túnel podría tener tramos en trinchera al igual que el Metro y podría llevar un gasoducto con salida a la isla desde donde podría exportarse. Eliash sostiene que el gasoducto podría financiar gran parte del costo del túnel, que sería uno de los más extensos del mundo.Según Eliash los costos se determinarán con los estudios de prefactibilidad técnica y el inversionista debiera ser Bolivia, el principal beneficiado. “Esto, porque se considera que un país sin puertos soberanos para importar y exportar pierde entre el 0.6% y el 1% de su PIB anual. Es decir, Bolivia ha perdido US$ 4 mil millones sólo en la última década, así que en 10 años podría pagarlo", sostiene.
Respuesta peruana
Aunque el canciller peruano José Antonio García Belaunde no quiso comentar el tema, le dijo a EXPRESO que esa propuesta “entraba al campo de la fantasía”, ya que es sumamente costoso construir un túnel de esas proporciones. “¿Usted sabe lo que es un túnel de 150 kilómetros y sabe cuánto puede costar?”, preguntó el jefe de la diplomacia peruana después de demostrar su sorpresa.También dijo no entender a qué se refieren los arquitectos chilenos cuando dicen que se puede convertir en trinacional la zona marítima en controversia. “No entiendo la figura tripartita, por eso no la voy a comentar porque me parece que estamos en el campo de la ficción”, indicó.El canciller dijo que trataría con más detalle el tema si el gobierno chileno decide dar una versión oficial de esta propuesta. MARÍA TERESA GARCÍA
Quieren entorpecer
Para el miembro de la Comisión de La Haya, Juan Vicente Ugarte del Pino, esta propuesta es “muy típica de los chilenos” para entorpecer el litigio que ya está en manos de la corte supranacional.“Si quieren hacer un túnel, por qué no lo hacen de Tarija (Bolivia) saliendo por Cobija (Chile) y debajo de la tierra, ya que los chilenos siempre han dicho que jamás recortarían su territorio. Allí pueden hacer lo que quieran”, sostuvo.Recordó que el tratado peruano señala que Chile no puede ceder ni un centímetro de tierra a Bolivia sin el consentimiento del Perú. “Es decir, si el Perú no quiere, nada de esto se puede hacer”, puntualizó. El Expreso de Peru www.expreso.com.pe
La propuesta
Según el diario La Tercera, el planteamiento es que se construya un túnel de 150 kilómetros bajo la frontera entre Chile y Perú, que debería comenzar en Charaña (Bolivia), cruzaría el desierto y terminaría en una isla a metros de la costa chilena.“El nuevo territorio sería hecho del material sacado del túnel igual que las islas Naos, Perico y Flamenco, hechas con material del canal de Panamá. Si no, pueden quedar como las islas flotantes del Titicaca", dice el arquitecto Eliash.La información señala que Bolivia tendría el dominio de la isla que sería el vértice del territorio marítimo que hoy está en disputa y desde ahí se proyectaría un nuevo mar administrado por los tres países. “La propuesta consiste en suspender el juicio de La Haya y convertir la zona en el ‘Mar de la Concordia’”, dice Eliash.En la entrevista otorgada a La Tercera, Eliash indica que el túnel podría tener tramos en trinchera al igual que el Metro y podría llevar un gasoducto con salida a la isla desde donde podría exportarse. Eliash sostiene que el gasoducto podría financiar gran parte del costo del túnel, que sería uno de los más extensos del mundo.Según Eliash los costos se determinarán con los estudios de prefactibilidad técnica y el inversionista debiera ser Bolivia, el principal beneficiado. “Esto, porque se considera que un país sin puertos soberanos para importar y exportar pierde entre el 0.6% y el 1% de su PIB anual. Es decir, Bolivia ha perdido US$ 4 mil millones sólo en la última década, así que en 10 años podría pagarlo", sostiene.
Respuesta peruana
Aunque el canciller peruano José Antonio García Belaunde no quiso comentar el tema, le dijo a EXPRESO que esa propuesta “entraba al campo de la fantasía”, ya que es sumamente costoso construir un túnel de esas proporciones. “¿Usted sabe lo que es un túnel de 150 kilómetros y sabe cuánto puede costar?”, preguntó el jefe de la diplomacia peruana después de demostrar su sorpresa.También dijo no entender a qué se refieren los arquitectos chilenos cuando dicen que se puede convertir en trinacional la zona marítima en controversia. “No entiendo la figura tripartita, por eso no la voy a comentar porque me parece que estamos en el campo de la ficción”, indicó.El canciller dijo que trataría con más detalle el tema si el gobierno chileno decide dar una versión oficial de esta propuesta. MARÍA TERESA GARCÍA
Quieren entorpecer
Para el miembro de la Comisión de La Haya, Juan Vicente Ugarte del Pino, esta propuesta es “muy típica de los chilenos” para entorpecer el litigio que ya está en manos de la corte supranacional.“Si quieren hacer un túnel, por qué no lo hacen de Tarija (Bolivia) saliendo por Cobija (Chile) y debajo de la tierra, ya que los chilenos siempre han dicho que jamás recortarían su territorio. Allí pueden hacer lo que quieran”, sostuvo.Recordó que el tratado peruano señala que Chile no puede ceder ni un centímetro de tierra a Bolivia sin el consentimiento del Perú. “Es decir, si el Perú no quiere, nada de esto se puede hacer”, puntualizó. El Expreso de Peru www.expreso.com.pe
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PROPUESTA PARA SOLUCIONAR MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA NO AFECTA DEMANDA ANTE LA HAYA, OPINA VELIT
Andina de Peru www.andina.com.pe
El internacionalista Ernesto Velit opinó que la propuesta para construir un túnel por la frontera entre Perú y Chile para otorgarle una salida al mar a Bolivia no afecta en nada la demanda presentada por los límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya.
El diario chileno La Tercera publicó hoy que tres arquitectos de ese país elaboraron un proyecto para la construcción de un túnel de 150 kilómetros a fin de dar una salida al mar a Bolivia, y con ello suspender la demanda marítima peruana en la Corte de La Haya, convirtiendo en trinacional la zona en controversia.
Al respecto, Velit opinó que si el gobierno de Chile decide apoyar la propuesta de los arquitectos chilenos, sería una estrategia para incorporar a Bolivia al diferendo marítimo con el Perú.
“Chile quiere de todas maneras que Bolivia sea un tercer actor en este conflicto fronterizo y el Perú debe sostener que este es un problema exclusivamente bilateral entre Perú y Chile. El afán de Chile es hacerle creer a Bolivia que si no se produce su salida al mar es porque no lo quiere el Perú”, subrayó.
En ese sentido, el internacionalista consideró que Chile debe abstenerse de formular propuestas para que Bolivia obtenga una salida al mar hasta que se resuelva la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Al respecto, indicó que tanto la Cancillería como la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya están en la posibilidad de pedir al Gobierno chileno que se evite formular propuestas para darle a Bolivia una salida al mar.
“La Cancillería peruana tiene todo el derecho de proponerle al gobierno chileno, en la forma más respetuosa, que en lo posible no se tomen soluciones de este carácter hasta que la Corte Internacional no haya definido los límites marítimos entre ambos países”, explicó.
Mencionó que una vez definidos los límites marítimos entre Perú y Chile recién se podrán saber si Bolivia pueda tener una salida por el mar peruano o el chileno.
“Desde el punto de vista del derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia puede recomendarle al gobierno chileno, y eso es posible, que se abstenga de tomar decisiones políticas que tengan que ver con un diferendo marítimo que está por definirse”, enfatizó.
Andina de Peru www.andina.com.pe
El internacionalista Ernesto Velit opinó que la propuesta para construir un túnel por la frontera entre Perú y Chile para otorgarle una salida al mar a Bolivia no afecta en nada la demanda presentada por los límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya.
El diario chileno La Tercera publicó hoy que tres arquitectos de ese país elaboraron un proyecto para la construcción de un túnel de 150 kilómetros a fin de dar una salida al mar a Bolivia, y con ello suspender la demanda marítima peruana en la Corte de La Haya, convirtiendo en trinacional la zona en controversia.
Al respecto, Velit opinó que si el gobierno de Chile decide apoyar la propuesta de los arquitectos chilenos, sería una estrategia para incorporar a Bolivia al diferendo marítimo con el Perú.
“Chile quiere de todas maneras que Bolivia sea un tercer actor en este conflicto fronterizo y el Perú debe sostener que este es un problema exclusivamente bilateral entre Perú y Chile. El afán de Chile es hacerle creer a Bolivia que si no se produce su salida al mar es porque no lo quiere el Perú”, subrayó.
En ese sentido, el internacionalista consideró que Chile debe abstenerse de formular propuestas para que Bolivia obtenga una salida al mar hasta que se resuelva la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Al respecto, indicó que tanto la Cancillería como la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya están en la posibilidad de pedir al Gobierno chileno que se evite formular propuestas para darle a Bolivia una salida al mar.
“La Cancillería peruana tiene todo el derecho de proponerle al gobierno chileno, en la forma más respetuosa, que en lo posible no se tomen soluciones de este carácter hasta que la Corte Internacional no haya definido los límites marítimos entre ambos países”, explicó.
Mencionó que una vez definidos los límites marítimos entre Perú y Chile recién se podrán saber si Bolivia pueda tener una salida por el mar peruano o el chileno.
“Desde el punto de vista del derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia puede recomendarle al gobierno chileno, y eso es posible, que se abstenga de tomar decisiones políticas que tengan que ver con un diferendo marítimo que está por definirse”, enfatizó.
“NECESITAMOS UNAS FF AA QUE NOS PROTEJAN”
El Expreso de Peru www.expreso.com.pe
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, expresó ayer la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de defender el territorio patrio, tanto interna como externamente, muy al margen del desarrollo social que requiere el país.
Simon Munaro hizo esas precisiones al hacer un balance de la actual política nacional desarrollada en el Perú, por el gobierno. Reconoció, eso sí, el descuido de los anteriores gobiernos para repotenciar las Fuerzas Armadas, cuyos representantes reclaman la atención del caso.
“Nosotros (como país) hemos sido profundamente descuidados. Como presidente regional he recibido la visita varias veces de altos mandos militares, que me informaban cómo se encontraban las FF AA, lo cual he transmitido al presidente de turno, como sigo haciéndolo”, reseñó.
“Entonces, no debemos ser frágiles en ese sentido y no debemos estar en esa dicotomía, o desarrollo social o modernizar las Fuerzas Armadas. No vale eso. ¡Queremos el desarrollo social pero también queremos unas Fuerzas Armadas que nos protejan el frente interno como el externo!”, destacó
EDUARDO SALAS
El dato
En otro extremo, respecto a la decisión tomada por la Unión Europea de considerar al proscrito Movimiento Revolucionario Túpac Amaru como terrorista, Yehude Simon dijo que “si eso se justifica, enhorabuena”.
Declaración que entregaron nueve ex cancilleres de Chile sobre la pretensión que Perú ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia
EL LÍMITE MARÍTIMO CHILE-PERÚ
El Mercurio de Chile www.emol.com?
En nuestra calidad de ex cancilleres de Chile, hemos considerado un deber ineludible dar testimonio de la posición invariable de nuestro país en lo relativo a la existencia de una delimitación marítima con el Perú, basada en tratados internacionales válidamente celebrados.
Animados de este espíritu, exponemos a continuación los principios y actos que fundamentan el límite marítimo y que demuestran su existencia.
El límite está definido
Existe un acuerdo de larga data entre ambos países, que se expresa en el paralelo que separa sus respectivas zonas marítimas de 200 millas. El límite marítimo de Chile y Perú está definido y, en vigor, y corresponde al paralelo geográfico 18º 21' 03".
Así consta en los instrumentos jurídicos vigentes, con fundamento en las declaraciones jurisdiccionales concordantes de 1947 y en los tratados celebrados y debidamente ratificados por ambos países junto a Ecuador, denominados Declaración sobre Zona Marítima o Declaración de Santiago, de 18 de agosto de 1952; y Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, firmado en Lima el 4 de diciembre de 1954, y su Aclaración adicional suscrita en la misma conferencia. Colombia adhirió después a la Declaración sobre Zona Marítima. El límite marítimo fue señalizado mediante Actas y actos de 1968 y 1969, acuerdos internacionales adoptados a iniciativa del propio Perú que materializaron en terreno el paralelo del Hito 1 (esto es, mediante señales luminosas que permiten a las personas apreciar dónde está la línea divisoria de los Estados). Así se señaliza el límite marítimo entre Chile y Perú en el paralelo 18º 21 03.
A ello, hay que sumar el ejercicio de la soberanía y de la jurisdicción jamás cuestionado, desde dicho paralelo al sur, incluso desde antes de la existencia de los tratados de la década de 1950.
Reciente desconocimiento peruano
Recién en el año 2000, Perú ha pretendido desconocer la existencia de un tratado de delimitación marítima, luego de más de medio siglo de reconocimiento y práctica del mismo.
Ocho años después oficializó ante la Corte Internacional de Justicia su pretensión para que se establezca un nuevo límite marítimo.
El 19 de marzo de 2009, Perú entregó a la Corte su Memoria, mediante la cual desarrolla los argumentos de su pretensión.
Luego de tres días de esa fecha, la Cancillería peruana publicó en el diario El Comercio, de Lima, un suplemento titulado "Delimitación Marítima entre el Perú y Chile", donde se refiere a su aspiración presentada ante el Tribunal de La Haya, para el cambio del límite marítimo en vigor.
El documento, que fue prologado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, incluye láminas con la pretensión peruana, así como el texto de la demanda con sus anexos.
Contempla, entre ellos, un mapa aprobado unilateralmente por el Gobierno peruano en 2007, con la sección sur del dominio marítimo reclamado por su país, en la máxima proyección que pretende.
Cambio unilateral
En su presentación, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano sostiene que existe una controversia jurídica bilateral relativa "a la delimitación de los espacios marítimos de ambos países, a partir del punto en que la frontera terrestre entre el Perú y Chile llega al mar, esto es, a partir del punto denominado Concordia, de conformidad con el Tratado de Límites de 1929".
La referencia del Ministro de que existe una controversia respecto de ese tema carece de fundamento, como también la negación del Acuerdo en vigor.
La alusión se construye sobre la base de supuestos, y elude explicar el fundamento de su pretensión de que la línea del límite con Chile debía trazarse a partir de la latitud 18°21'08". Esta latitud fue fijada unilateralmente por Perú en el año 2005, corresponde a un punto que nunca había sido medido conjuntamente y jamás había aparecido en documento bilateral alguno. Por el contrario, ambas partes convinieron y señalaron la frontera marítima, en la forma antes expuesta, en el paralelo 18º 21' 03", en circunstancias que décadas antes ambos países habían convenido el trazado de la frontera común a través del Acta de los Plenipotenciarios, suscrita en 1930, tal como lo señala el Tratado de Lima de 1929.
Delimitación marítima sin reservas
El texto de la Cancillería peruana indica que el Perú ha solicitado a la Corte que determine el límite marítimo sobre la base de los principios y las normas de la costumbre internacional, que según el Perú, estarían recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y habrían sido aplicados en la jurisprudencia en casos de delimitación marítima, como si no mediare un Acuerdo en vigor.
Así, el documento desconoce un capítulo importante del derecho internacional, cual es que los tratados de 1952 y 1954, y las Actas y actos de 1968 y 1969, materializaron la delimitación marítima sin que hubiera reservas entre las partes, por lo que, en este caso, existen principios esenciales relativos al respeto por los tratados y la buena fe de las partes contratantes, los que no pueden desconocerse.
Otra solicitud
El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú afirma que su país también ha solicitado a la Corte que reconozca los derechos soberanos exclusivos que su país posee sobre el área de dominio marítimo peruano, que se extiende más allá de doscientas millas marinas del territorio de Chile y que éste considera alta mar.
Lo que pretende esta postura del Perú es una extensión del dominio marítimo hacia una zona que es actualmente alta mar, abierta a todos los Estados y donde ninguno de ellos puede establecer soberanía, como lo establece el Derecho del Mar.
Desconocimiento de actos propios y contradicciones
Más adelante, la publicación oficial en El Comercio comenta sumariamente algunos instrumentos internacionales aplicables al caso, dejando en evidencia que se trata de cambiar la historia y de crear un caso artificialmente.
El Decreto Nº 781, de 1° de agosto de 1947, es el primero de los instrumentos jurídicos que forman parte de la historia del establecimiento por parte del Perú, de la zona de 200 millas. Reconoce el país vecino que en dicho instrumento también se estableció el límite marítimo siguiendo la línea de los paralelos geográficos con dos vecinos.
Sin embargo, en su presentación ante la Corte, le resta valor a este acto unilateral, manifestando que constituyó una norma provisional que podía ser modificada por Perú.
No se señala que Chile, semanas antes, en junio de 1947, había hecho una declaración coincidente, y que de ambas surge el fundamento de la Declaración de Zona Marítima de 1952, tratado internacional donde se reitera la delimitación en base a los paralelos, al mismo tiempo que constituye la raíz jurídica de todo el sistema del Pacífico Sudoriental.
Cabe hacer notar que, en la actualidad, el límite marítimo en un paralelo es prácticamente un sistema establecido entre todos los Estados de América del Sur de cara al Océano Pacífico. Así es como el límite entre Panamá y Colombia está fijado, en buena parte, en el paralelo 5º 0' 00" (Tratado de 1976); el límite entre Colombia y Ecuador es el paralelo 1º 27' 24" (Tratado de 1975); el límite entre Ecuador y Perú es el paralelo 3º 23' 33" (Tratados de 1952 y 1954) y el límite de Perú y Chile es el paralelo 18º 21' 03" (Tratados de 1952 y 1954).
En cuanto a la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, de 1952, adoptada junto con Ecuador, la Cancillería peruana menciona su artículo IV, atribuyéndole, sin fundamento jurídico alguno, un carácter excepcional y restringido a la delimitación de las fronteras marítimas sólo donde se presentan islas.
Esa Declaración de Zona Marítima de 1952, no sólo constituye un tratado fundamental en la reafirmación de las 200 millas marinas de los tres países signatarios originales, sino que consagra la existencia de zonas marítimas exclusivas pertenecientes a cada país signatario.
Conforme al mandato consignado en las actas de la Conferencia donde se adoptó la Declaración de 1952, queda en evidencia la voluntad de las partes de darle al artículo IV el sentido general de que las zonas marítimas de los Estados están separadas por el paralelo.
Por tanto, el Artículo IV de la Declaración reafirma que la norma general de la división de las zonas marítimas de los Estados tiene vigencia incluso en el caso de existencia de islas entre Estados vecinos, ya que sus zonas marítimas no pueden sobrepasar el paralelo.
En cuanto al Convenio de 1954, "sobre Zona Especial Fronteriza Marítima", éste se refiere, clara e inequívocamente, al paralelo que "constituye el límite marítimo entre los dos países".
El hecho de que el Convenio facilite la actuación de los Estados fronterizos respecto de los pesqueros que traspasen el límite marítimo, se fundamenta precisamente en la reiteración del límite marítimo vigente, sin cuya existencia el tratado carecería de sentido.
Es evidente, por lo demás, que ambos tratados, debidamente ratificados, además de delimitar la frontera marítima entre los Estados partes establecen ipso facto el ejercicio de la soberanía y la jurisdicción en las respectivas zonas marítimas, es decir, la peruana al norte del paralelo 18º 21' 03" y la chilena al sur de éste, todo ello con el respectivo enforcement (aplicación efectiva) de estos atributos.
La "Aclaración sobre disposiciones de los convenios", adoptada en la misma fecha que el tratado antes indicado, aporta elementos adicionales respecto de la validez del "límite marítimo", ya que se refiere a la competencia exclusiva para conocer de las infracciones por parte de las autoridades del país cuyo límite marítimo jurisdiccional hubiere sido sobrepasado.
El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 es también parte integrante del sistema de tratados surgidos a partir de la Declaración de Santiago de 1952, cuerpos jurídicos cuyo registro en las Naciones Unidas fue solicitado en un mismo acto en 1973, por los representantes de Chile, Perú y Ecuador en las Naciones Unidas.
En nada deroga el Convenio de 1954, el vigor y los principios fundamentales de la zona marítima, y más bien constituye una reafirmación de la misma.
Respecto al Acta de 1968, suscrita por los delegados de Chile y Perú en la frontera chileno-peruana, junto con tratarse de un instrumento que da cuenta del cometido ordenado por los Gobiernos de ambos países, en cuanto a "estudiar en el terreno mismo la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, que materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina en el Hito número uno", ella fue aprobada en su totalidad por las Cancillerías y en sus mismos términos. Así lo afirma la nota diplomática entregada por la Cancillería peruana y respondida por la chilena, constituyendo el acuerdo sobre el particular.
El Acta de 1968 concluye que "en vista de que el paralelo que se proyecta materializar es el correspondiente a la situación geográfica que para el Hito de concreto Nº1 señala el Acta suscrita en Lima el primero de agosto de 1930, los representantes sugieren se verifique por una Comisión Mixta la posición de esta pirámide antes de la realización de los trabajos que recomiendan".
Al año siguiente, en 1969, una Comisión Mixta de ambos países verificó la ubicación e inspeccionó el estado de conservación del Hito Nº1 y de varios otros. En el Acta correspondiente se expresa el propósito de su trabajo, "con el fin de verificar la posición geográfica primigenia del Hito de concreto número uno (Nº 1) de la frontera común y de fijar los puntos de ubicación de las Marcas de Enfilación que han acordado instalar ambos países para señalar el límite marítimo y materializar el paralelo que pasa por el citado Hito número uno, situado en la orilla del mar".
Estos actos y las notas diplomáticas que les sirven de contexto constituyen acuerdos efectivos, que confirman la existencia previa del límite marítimo válido para ambas partes, con plenos efectos jurídicos.
Una vez ejecutados estos trabajos, se procedió a instalar las dos torres que "materializaron el paralelo de la frontera marítima" entre ambos países, torres cuya enfilación fue visible hasta 2001, cuando la erigida por el Perú se deterioró casi en su totalidad. Ella no fue reconstruida, a pesar de la solicitud chilena en tal sentido.
Acciones para construir un caso
En el capítulo "evolución posterior" que contiene la publicación en El Comercio, se menciona una presentación del presidente de la delegación peruana a la Tercera Conferencia del Derecho del Mar en 1980, sobre los criterios que debían aplicarse a la delimitación marítima, en un debate general, no relacionado con gestión alguna respecto de Chile. También se menciona la gestión oficiosa de 1986 llevada a cabo por el embajador Bákula, quien sugirió una revisión del límite vigente, invocando razones políticas y una supuesta evolución del Derecho del Mar. Esta iniciativa nunca fue acogida por Chile, y el embajador Bákula no planteó la inexistencia del límite marítimo. Más bien, se puede apreciar que esta gestión constituyó un reconocimiento de la existencia de un límite, el cual se pretendía revisar.
A partir del año 2000, Perú comenzó a elaborar un caso sobre delimitación marítima, reinterpretando el alcance de los tratados y desdiciéndose de lo sostenido por décadas. Al mismo tiempo, se continuó respetando el paralelo como el límite efectivo entre ambos países, habiendo Chile ejercido su jurisdicción al sur del mismo, en forma invariable hasta el día de hoy.
En 2004, Perú invitó a Chile a negociar un nuevo acuerdo. En su respuesta, Chile señaló que "no resulta procedente referirse a negociaciones sobre convenios vigentes, que han establecido el límite marítimo entre Chile y Perú en el paralelo 18º 21' 03".
Un año después, en 2005, Perú promulgó la Ley de Líneas de Bases, en la que se desconocen los límites vigentes, estableciendo unilateralmente y sin fundamento el punto 266 como inicio de de la frontera marítima, lo que fue objeto de inmediata protesta del Gobierno de Chile.
A continuación, en agosto de 2007, también en forma unilateral, el Perú aprobó por Decreto un nuevo mapa del dominio marítimo peruano en el que nuevamente se desconoce el paralelo como límite sur e introduce un "área en controversia", pretensión que también fue oficialmente protestada por el Gobierno de Chile.
Cabe recordar que anteriormente, en el año 2001, Perú publicó la Ley Nº 24.715, sobre demarcación territorial de la Provincia de Tacna, que señala expresamente el límite sur a partir del Hito Nº 1, fijado según el Acta de los Plenipotenciarios de 1930. Así, el texto expresa: "por el Este y Sureste, la línea de frontera con la República de Chile, desde el Hito Nº 80, (Tripartito: Perú, Chile, Bolivia) hasta el Hito Nº 1 (Océano Pacífico)". "Por el Sur - Oeste: Limita con el Océano Pacífico. El límite se inicia en el Hito Nº 1 (Océano Pacífico) y continúa por la línea litoral...".
En 2008, mediante la Ley 29189 publicada con fecha 17 de enero del 2008, vale decir un día después de la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Perú procedió a modificar la citada Ley, eliminando la referencia al Hito 1.
Respeto a instrumentos jurídicos y ejercicio de la soberanía
La vigencia de la frontera se ha basado en el respeto a los instrumentos antes enunciados. La práctica pacífica y no disputada por parte alguna, en materia legal, judicial, pesquera, ambiental, policial, de ejercicios y maniobras, de navegación, aeronavegación, de seguridad, ha reafirmado la existencia de zonas marítimas claramente delimitadas, de manera tal que al sur del paralelo 18º 21' 03", Chile ejerce su plena soberanía y jurisdicción.
Certeza de Chile: Límite marítimo seguirá siendo el Paralelo 18° 21' 03"
La pretensión del Perú de que la Corte Internacional de Justicia determine el curso del límite marítimo entre Chile y Perú, modificando el existente, carece, por tanto, de todo fundamento.
La lectura de la Demanda peruana confirma la convicción manifestada por el Gobierno de Chile en orden a reafirmar que el límite seguirá siendo el convenido, establecido y en vigor; esto es, el paralelo 18º 21' 03".
Antecedentes de la posición chilena
El límite marítimo entre Chile y Perú está fijado desde hace más de medio siglo, mediante tratados internacionales y diversos instrumentos jurídicos bilaterales, y así lo han recogido actos unilaterales de ambos países. Incluso, desde antes de la existencia de los tratados, Chile ha ejercido pacíficamente soberanía al sur del paralelo 18º 21' 03".
Las certezas de Chile encuentran su fundamento en los siguientes antecedentes principales:
a. Declaraciones jurisdiccionales concordantes (1947), tratados internacionales (1952-1954), y Actas y actos confirmatorios chileno-peruanos que respaldan estos acuerdos (Actas suscritas en 1968 y 1969).
b. Normas internas peruanas que afirman la existencia del paralelo (Decreto Supremo Presidencial 781 de 1947, que formula una declaración sobre la soberanía y jurisdicción nacional referida al control y protección sobre el mar adyacente a las costas peruanas; Resolución Suprema de 1955, referida a la zona marítima peruana, entre otras).
c. Reconocimiento de la existencia del límite marítimo en la latitud del Hito 1 (expresado por Perú en leyes, reglamentos, decretos, textos académicos y doctrinarios, e incluso en atlas escolares).
Sobre este particular hay que recordar la Nota (J) 6-4/43, de 7 de agosto de 1968, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú al Encargado de Negocios de Chile, mediante la cual el Gobierno del Perú aprueba los términos referentes a la instalación de marcas de enfilación que materializan la frontera marítima.Asimismo, en diversas oportunidades, la Capitanía de Puerto de Ilo hizo presente que se había violado la línea divisoria de la frontera marítima por embarcaciones pesqueras chilenas. Recordamos - entre otras - las comunicaciones N°s 006 y 007, de junio de 1989.
d. Práctica cotidiana del ejercicio de la soberanía y jurisdicción por parte de Chile y reconocimiento de ésta por parte del Perú, debidamente documentada, así como por el conjunto de la comunidad internacional.Posición de Estado
En Chile esta materia ha sido abordada por el Gobierno y su Cancillería -para lo cual cuenta con la asesoría de expertos nacionales y extranjeros de primer nivel- y por todos los sectores nacionales, como un asunto de Estado, lo que se traduce en un proceso de información, cooperación y diálogo constante con los más diversos sectores, de manera que la comprensión del trabajo que se realiza se dé sobre la base del conocimiento y apoyo de los derechos e intereses del país.
Claro historial de respeto a normativa jurídica internacional
Chile tiene un claro historial de respeto por los Tratados Internacionales y los principios jurídicos internacionales.En este caso, sus fundamentos se basan precisamente en Tratados Internacionales y en otros instrumentos jurídicos, y no podrá ponerse en duda el compromiso del país a este respecto.
Las relaciones con Perú: La mirada de futuro
La presentación peruana -y el conjunto de declaraciones que se han formulado en el país vecino en este marco- han creado desencuentros y planteado la necesidad de considerar el desarrollo de una agenda común más amplia, activa y creativa, en la cual el juicio en La Haya no puede ignorarse, pero tampoco constituirse en un obstáculo para su continuidad.
Chile ha dejado en claro que comparte con el Gobierno del Perú valores, principios e intereses en beneficio de ambos pueblos y de la comunidad internacional, y que actuará dentro de esta política, como ha sido su práctica permanente, y sobre la base de los principios fundamentales que la guían.
GARCIA ASILA A UN ACUSADO DE GENOCIDIO POR LA GUERRA DEL GAS EN BOLIVIA
TRES MINISTROS DE GONI FUGAN A PERÚ
El refugiado es Jorge Torres Obleas, titular de Desarrollo Económico durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003). Hay otros dos ex ministros implicados en la causa que esperan obtener refugio en el país vecino.
Pagina 12 de Argentina www.pagina12.com.ar
El gobierno de Perú confirmó que dio asilo político a un ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando falta una semana para que comience en Bolivia el juicio por responsabilidades contra el ex presidente y su gabinete. Se los acusa de genocidio, por la masacre de 70 personas en octubre de 2003, durante la llamada Guerra del Gas. Según el canciller peruano, Antonio García Belaunde, hay otros dos ex ministros implicados en la causa que esperan obtener refugio en el país vecino. En el gobierno de Alan García aún analizan la posibilidad de otorgarlo. Mientras tanto, el gobierno de Evo Morales aseguró que todavía no recibió comunicación de Perú sobre el asilo, por lo que no opinó sobre el asunto. Pero extraoficialmente solicitó a García que no asilara a los acusados.
“El gobierno peruano otorgó asilo a un ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros dos ex ministros nos han solicitado refugio y estamos evaluando su pedido”, dijo ayer Belaunde. El refugiado es Jorge Torres Obleas, titular de Desarrollo Económico durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003). Según el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, las solicitudes de asilo pendientes son de Mirtha Quevedo, ex ministra de Participación Popular, y Javier Torres Goitia, ex ministro de Salud. Actualmente, Quevedo es jefa nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido que gobernó el país hasta octubre de 2003.
El juicio comenzará en la Corte Suprema de Justicia el 18 de mayo próximo. Los acusados son Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos, sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, también en EE.UU.; de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, en EE.UU.; de Gobierno, Yerko Kukoc; y de Agricultura, Guido Añez; además de Torres Obleas y Quevedo.
Otros imputados son los ministros Javier Torres Goitia, de Salud; Hugo Carvajal, de Educación; Guido Anude, de Asuntos Campesinos; Adalberto Kuajara, de Trabajo; Dante Pino, de Asuntos Financieros; y Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible. También se juzgará a los militares que obedecieron la orden del Ejecutivo de acribillar a quienes se manifestaban contra el gobierno del MNR en La Paz.
El ex ministro Kukoc también intentaría resguardarse en Perú. El canciller Belaunde indicó que el asilo se otorgó con la mediación de la oficina de refugiados de ONU (Acnur).
El gobierno boliviano supo de la noticia por la prensa. “Nosotros no recibimos ninguna comunicación oficial. No podemos pronunciarnos acerca de una nota de prensa, por más respetable que sea”, dijo el vicecanciller, Hugo Fernández.
A través de los medios respondió el ministro de Defensa Legal del Estado boliviano, Héctor Arce. “Pediremos al Perú que no dé asilo político. Se tienen que hacer todas las gestiones en defensa de los intereses del Estado”, dijo a la agencia ANSA.
El fiscal del caso, Miton Mendoza, contó que hace semanas había pedido a la Corte la detención preventiva de los acusados que estaban en Bolivia ante la proximidad del juicio. “Pero no tuvimos respuesta. Las consecuencias ahora ya se ven porque los acusados están huyendo del país”, consideró. Y comentó que otros acusados buscan refugio en países como España.
El desarrollo del juicio podría complicarse, no sólo por la ausencia de acusados. La Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de Morales), trata de enjuiciar al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, precisamente por el retraso de la Justicia para hallar a los culpables de la matanza de 2003. Otra suprema que podrían enjuiciar los diputados del MAS es Rosario Canedo, sospechada de irregularidades en su labor.
El periodista Edgar Ramos Andrade, investigador de la masacre de 2003, evaluó que los diputados podrían trabar el funcionamiento de la Corte por falta de jueces. Pero que los haya también es un riesgo, porque “la jueza Canedo es militante pública del MNR. Ella es partidaria de Sánchez de Lozada”, sostuvo. Otros integrantes del máximo tribunal también son de partidos opositores al MAS.
Andrade contó a este diario sobre un ofrecimiento hecho a Sánchez de Lozada en sus últimos minutos aquí. En su partida hacia Miami, el 17 de octubre de 2003, el presidente saliente y su séquito de exiliados hicieron una escala técnica en el aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz. “Allí, entre las 18 y las 20, se encontraron en el Salón VIP con el actual prefecto y entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rubén Costas; el prefecto de Santa Cruz, Mario Justiniano; el gerente de la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (Cainco), Oscar Ortiz, actual presidente del Senado, y otros. Todos le pidieron a Goni que gobernara desde Santa Cruz con mano dura. Le garantizaron gobernabilidad, sin importarles los más de 60 muertos y 400 heridos. Sánchez de Lozada rechazó la propuesta porque su gobierno había quedado muy débil”, dijo el investigador.
EMBAJADOR DE BOLIVIA DESCARTA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EX MINISTROS
La Primera de Perú www.diariolaprimeraperu.com
El embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, afirmó hoy que en su país existe una plena democracia y negó que exista persecución política contra ex ministros del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada que, según versiones periodísticas, habrían solicitado asilo al Perú.
Sostuvo que como en toda democracia, en Bolivia existen diferencias de tipo ideológico y político, pero rechazó que ello implique una persecución a ciudadanos.
Aunque no se conoció oficialmente el nombre de las personas que habrían pedido asilo, algunos medios periodísticos y agencias internacionales dan cuenta que entre los solicitantes estarían los ex ministros Yerko Kukoc, Jorge Torres Gotilla o Mirtha Quevedo.
Al respecto, el diplomático señaló que el Gobierno peruano debe evaluar los argumentos que se esgrimen para otorgar el asilo político solicitado por los ex funcionarios.
En diálogo con la Agencia Andina, Solano indicó que no ha recibido información oficial sobre este caso y que solo se entero de los acontecimientos a través de los medios de comunicación.
No obstante, señaló que la justicia boliviana abrió proceso contra ex ministros del gobierno de Sánchez de Lozada por su presunta responsabilidad en la muerte de 60 manifestantes durante una protesta ocurrida en octubre de 2003, pero no precisó sus nombres.
Agregó que estas personas son procesadas por supuestas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. "Hay que diferenciar entre un asilo político y lo que es cobijar a una persona procesada por delitos de lesa humanidad", enfatizó. Solano evitó pronunciarse si el otorgamiento de asilo al ex ministro podría generar un resquebrajamiento de las relaciones entre Bolivia y Perú.
"No podemos adelantarnos no se conoce a ciencia cierta quienes han solicitado el asilo, nosotros no perseguimos a nadie, pero ellos (los ex ministros) tienen que acudir como corresponde", puntualizó.
Según informaciones periodísticas, el canciller José Antonio García Belaunde, confirmó que el Gobierno peruano otorgó asilo a un ex ministro boliviano, pero no reveló el nombre del beneficiado.
García Belaunde indicó que otros ex ministros han solicitado refugio y que el Perú está evaluando esos pedidos, pero tampoco precisó de quiénes eran los peticionarios.
BOLIVIA CONTRA ASILO
La Primera de Perú www.diariolaprimeraperu.com
El gobierno boliviano expresó su rechazo a la decisión de su par peruano de otorgar asilo político a ex ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada implicados en delito de genocidio por la muerte de 67 personas en la represión de las grandes protestas sociales que acabaron con ese régimen en 2003.
El vicecanciller, Hugo Fernández, dijo que el gobierno boliviano no recibió comunicación oficial de Lima y expresó su desacuerdo con el asilo otorgado a uno de los solicitantes, según confirmó en Lima el canciller peruano, José Antonio García Belaunde. Fernández argumentó que la masacre de octubre del 2003 “no puede quedar impune”.
Entretanto, el presidente Evo Morales urgió a las organizaciones sociales a identificar y denunciar a quienes promueven el separatismo y el terrorismo en el país. “Ustedes tienen la obligación de identificar a esos enemigos y llevar buena información a sus bases para que todo el pueblo boliviano identifique a los traidores de la patria, que son esos grupos separatistas y terroristas”, afirmó.
Continúan las investigaciones para dar con los autores intelectuales del intento de magnicidio contra Morales. La Fiscalía solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informes sobre el movimiento económico de 31 personalidades de Santa Cruz.
El objetivo del Ministerio Público es localizar a los financiadores del grupo terrorista compuesto por diez europeos, la mitad de los cuales están prófugos.
De acuerdo a las primeras investigaciones, serían poderosos empresarios de Santa Cruz, entre los que se encuentran Guido Nayar, presidente de la Federación de Ganaderos; David Sejas, ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); Pedro Yovhío, presidente de la Federación de Empresarios Privados, y Branko Marinkovic, ex presidente del Comité Cívico cruceño.
Pero el principal implicado es Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y ex presidente del Comité Cívico. Otro de los acusados es Lorgio Balcázar Arroyo, ex gerente del Comité Pro Santa Cruz, que fugó del país.
“PERÚ TIENE LIBERTAD PARA CONCEDER ASILO POLÍTICO”
El Expreso de Perú www.expreso.com.pe
Así lo señaló el ex canciller boliviano, Armando Loayza Mariaca, al ser consultado por EXPRESO sobre el pedido de asilo que estudia la Cancillería peruana para un grupo de ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Afirmó que este es un derecho que le asiste al Perú al amparo de diversos convenios internacionales, siempre que haya argumentos que sustenten una persecución política.
“Si han ido al Perú (los ex ministros) es porque sienten que no existe la suficiente garantía de un debido proceso; entonces el Perú tiene plena libertad para otorgar asilo y Bolivia no puede discutirlo como ha ocurrido con el señor (Manuel) Rosales (líder venezolano opositor a Hugo Chávez)”, manifestó.
También reconoció que en este momento “en Bolivia hay un debilitamiento de los principios del estado de derecho”, pese a que su actual mandatario Evo Morales fue elegido por voto popular.
“En Bolivia se está viviendo una situación bastante delicada, yo no soy un político aunque tengo mis ideas como todo ser humano (…) hay muchos cuestionamientos sobre si Bolivia está cumpliendo los parámetro del derecho internacional sobre estado de derecho”, expresó.
Mencionó que estos parámetros se precisan en la Carta Democrática Latinoamericana suscrita en el 2001 en Lima, que establece la vigencia de la democracia, la separación de poderes, y la independencia del poder jurisdiccional.
CANCILLER DE ECUADOR SE REUNIRÁ CON BOLIVIANO Y NO IRÁ A CITA CAN-UE EN PRAGA
ADN de España www.adn.es
El canciller ecuatoriano, Fander Falconí, se reunirá en La Paz el próximo martes con su colega boliviano, David Choquehuanca, por lo que no acudirá a la reunión ministerial de la Unión Europea con el Grupo de Río, del próximo miércoles en Praga, informaron hoy fuentes oficiales en Quito.
La cita en la capital de la República Checa también será aprovechada para una reunión entre la UE y la Comunidad Andina (CAN), algunos de cuyos miembros (Colombia, Ecuador y Perú) llevan adelante negociaciones comerciales.
Ante los desacuerdos al interior de la CAN sobre el riesgo de que esas negociaciones afecten la soberanía de sus países miembros, planteada por Bolivia, que no forma parte de las conversaciones, Falconí decidió viajar a La Paz para intentar solucionar las diferencias.
En un principio, Falconí tenía previsto reunirse el próximo lunes con Choquehuanca, aunque la cita se confirmó para el martes, indicaron a Efe fuentes cercanas al Gobierno.
El pasado jueves, el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la Cancillería ecuatoriana, Jorge Orbe, señaló a Efe que Bolivia había pedido revisar el sistema de "toma de decisiones" de la CAN, para evitar que se ponga en riesgo la soberanía interna de los países andinos.
"La Comunidad Andina está llevando negociaciones con la UE y Bolivia ha manifestado la preocupación sobre el sistema de toma de decisiones en la CAN, en el sentido de que podría vulnerar la soberanía interna de los países y, desde esa perspectiva, ha planteado revisar" el procedimiento, apuntó Orbe.
Esas discrepancias "van a ser atendidas en una reunión que se ha concertado entre los dos cancilleres" en La Paz, insistió el diplomático ecuatoriano, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la CAN.
"La idea es llegar a entendimientos con Bolivia y posteriormente, a propósito de la reunión que se va a realizar en Praga, conversarlo con Colombia y Perú", agregó Orbe, que admitió las discrepancias entre los andinos sobre las negociaciones con la UE. Colombia y Perú "están abogando por unas negociaciones comerciales similares a un Tratado de Libre Comercio (TLC)", mientras que Ecuador no va por ese camino y, más bien, plantea "un acuerdo comercial de largo plazo que fortalezca la posibilidad de desarrollo de nuestros países", añadió el diplomático ecuatoriano.
ENTREVISTA ERNESTO LACLAU, TEORICO POLITICO Y ENSAYISTA
"LOS REGÍMENES POPULARES LATINOAMERICANOS ESTÁN MUY BIEN INSTALADOS EN EL PODER"
Un análisis del momento actual de la región, según la opinión del destacado experto argentino.
El Clarin de Argentina www.clarin.com.ar
Sus teorías sobre el populismo son tan fervorosamente adoptadas como discutidas. El teórico argentino Ernesto Laclau es un referente en materia de discurso político y los años que lleva viviendo en Londres no consiguieron apaciguar el entusiasmo de sus seguidores. De nuevo en Buenos Aires para dar un seminario y recibir varios mimos académicos como el doctorado Honoris Causa que la Universidad de San Martín le entregará el próximo 22 de mayo, Laclau recibió a Clarín para hablar sobre la actualidad de la región.
Hay países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela o Ecuador en los que la división social es muy radical en torno a sus líderes. Al mismo tiempo, el discurso de esos líderes parece acentuar esa división, al insistir en el "Nosotros o ellos"...
-Pertenezco al campo populista de una manera perfectamente clara, me identifico en ese sentido con la política de Evo, Correa y Chávez. No hay ningún tipo de ambigüedad desde ese punto de vista. Entiendo que siempre que hay una decisión política de carácter frontal, esa escisión del campo social se produce, y me parece bien que ocurra, es importante que ocurra.
Aún a riesgo de que se acuse a los líderes de autoritarios
Siempre habrá acusaciones de ese estilo, no hay cómo evitarlo.
En esos mismos discursos siempre resalta la denuncia de intentos golpistas contra sus gobiernos legítimos. Se habla desestabilización, de ánimo destituyente. ¿Le parece que están dadas las condiciones para esos golpes a la institucionalidad?
Lo considero un poco improbable, porque los regímenes populistas están muy bien instalados en el poder en América latina, pero siempre esos riesgos existen. En Bolivia es evidente que hay una desestabilización que proviene de una movilización de la derecha que todo el mundo percibe, o sea que ahí el peligro es perfectamente claro. En Ecuador no veo un peligro real para el poder de Correa. En Venezuela, todo el tiempo hay posibilidades de movilización de la derecha. En Argentina hay una situación más indefinida porque el gobierno popular de los Kirchner no tiene características ideológicas tan nítidas como otros gobiernos latinoamericanos y entonces son más vulnerables para una ofensiva que venga de la derecha. De todos modos espero que se consoliden, son la única posibilidad de que haya una alternativa popular en el país. Yo ya sé que lo que viene del otro lado es la traición nacional.
¿Cómo encaja Cuba en este nuevo mapa latinoamericano?
-El régimen cubano va a tener que ir evolucionando en el sentido de una latinoamericanización de la experiencia. Evidentemente la idea de un modelo comunista en sentido clásico no tiene sentido, el modelo se va a ir liberalizando en algunos aspectos y se va a reconformar la relación con EE.UU. y va a haber una absorción de Cuba hacia el modelo de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Y el embargo va a llegar a su fin. Es un cauce natural.
Usa alternativamente populismo y popular, como si fuera lo mismo.
Creo que son lo mismo. Hay populismo siempre que se da una equivalencia entre demandas sociales insatisfechas, que se cristalizan alrededor de una demanda global, vehiculizadas a través de un líder. Yo trato de usar la palabra populismo para ser un poquito más violento (risas).
EN AMÉRICA LATINA SE INSINÚA UN GIRO HACIA EL CENTRO
"América Latina está dividida entre aquellos países que, como Brasil, Chile, Colombia, Perú o Uruguay, tienen gobiernos serios y democráticos, y aquellos otros que, en cambio, están en manos de los "bolivarianos" y, por ende, empeñados en transitar caminos autoritarios y de concentración de poder, con autoridades sobre las que, además, flotan sospechas generalizadas de corrupción..."
El Diario Exterior de España www.eldiarioexterior.com
Pero no hay mal que dure cien años. Ya comienzan a aparecer señales que sugieren, como veremos, que la región podría haber comenzado ya a girar hacia el centro.
El camino hacia las elecciones que se aproximan tanto en Brasil, como en Chile y Uruguay, muestra que no es imposible que los próximos gobernantes de esos países puedan tener una visión algo más centrista que los actuales. Ninguno de ellos ha sido infectado, por cierto, por el peligroso "virus" bolivariano, razón por la cual el giro hacia el centro les es ahora factible. Porque en su seno no se manosean groseramente las normas electorales, ni la justicia, ni las fuerzas de seguridad, ni se juega escandalosamente al populismo.
No sería raro que en un país como la Argentina, cuyas autoridades esconden su verdadera "veta bolivariana", esto es sus convicciones de izquierda, las cosas también empiecen, de pronto, a cambiar.
En efecto, sin perjuicio de las intimidaciones, presiones, manipulaciones, uso desfachatado de fondos públicos, etc.., las encuestas sugieren -casi unánimemente, porque también en ese sector hay quienes sucumben al poder de Don Dinero- que los Kirchner pueden ser duramente derrotados en próximo 28 de junio, perdiendo el control del Congreso. Lo que supondría -para los argentinos- un terremoto político no menor, como sería el de poder re-encontrarse con los extraviados equilibrios republicanos.
Esto es, la posibilidad de poder terminar con el sofocante discurso único; con los caprichos insólitos de los gobernantes; con la siembra constante de resentimientos, destinada a fracturar la sociedad; con la corrupción generalizada; con la mentira oficial, que hasta distorsiona las estadísticas públicas; con el clientelismo para todo; con la provocación y la rispidez como denominadores comunes de las relaciones exteriores; con las extorsiones de toda índole; con la violencia de los piqueteros; con la total inseguridad personal; con la distribución de subsidios como método de obtener apoyos políticos; con el aniquilamiento de los gobiernos provinciales y municipales, a los que se da de comer de la mano para someterlos; con la imposición de asfixiantes derechos de exportación con el propósito de expoliar y castigar al sector rural, enfrentado corajudamente con el gobierno; con la burla al federalismo; con los rincones de impunidad que benefician a unos pocos; con los ataques a la libertad de opinión y de prensa; con los constantes abusos del poder de policía administrativo, utilizado activamente desde el poder como herramienta útil para "apretar"; etc.. No es poco.
Es más, supone provocar todo un cambio copernicano respecto de una situación de horror que ha llevado a la gente a lo que puede ser un inédito rechazo al autoritarismo populista. Veremos, porque al final todo dependerá, como siempre, de que la gente advierta, esta vez, que tiene en juego -en una elección intermedia- nada menos que sus libertades y el propio marco republicano y se sacuda a los Kirchner de sus hombros.
El "giro" panameño
Más allá de lo antedicho, hay una señal que ciertamente es ya una realidad. Me refiero al resultado de las recientes elecciones que consagraron Presidente de Panamá -con una mayoría abrumadora- al empresario super-mercadista Ricardo Martinelli, de 57 años y tendencias centristas, que tiene algunos notables paralelos con la vertiginosa marcha ascendente de Francisco de Narváez, otro empresario que, en su caso, desafía a los Kirchner en la Argentina, en lo que está ya cerca de conformar un verdadero milagro político en la Provincia de Buenos Aires, la más rica del país y aquella que concentra el único apoyo importante de los Kirchner, o sea el cinturón industrial metropolitano que abraza a la capital argentina. Ricardo Martinelli aventajó por más del 20% de los votos a la candidata oficial, Balbina Herrera, que solo obtuvo el 36% de los sufragios. Esto pone fin a la alternancia que mantenía férreamente en el poder (desde el fin de la época del sórdido Antonio Noriega, en 1989) al Partido Revolucionario Democrático y al Panameñista. El golpe de timón electoral ocurrió pese a que Panamá ha venido creciendo al ritmo de 8,7% en los últimos años, ritmo que en la crisis cayó al 4%. En medio de la bonanza, entonces.
Martinelli promete, en concreto, gestión, honestidad y seguridad personal. Esto supone, entre otras cosas, completar activamente las obras de ampliación del Canal de Panamá que ya están ciertamente en marcha y dotar a la dinámica capital del país de servicios de metro, esto es de transporte público subterráneo. No es imposible que, en materia de relaciones externas, la gestión de Martinelli suponga acercarse ahora formalmente a China, estableciendo relaciones diplomáticas, lo que supondría sacrificar los vínculos estrechos que hasta ahora mantienen a Panamá cerca de Taiwán.
Algunas sombras oscuras que provienen del pasado perjudicaron duro a Balbina Herrera. Entre ellas cabe destacar las que la acusaran de haber sido "varrillera", o sea haber avalado, en tiempos de Noriega, la acción de patoteros armados con palos (varillas), que a la manera de los "piqueteros" argentinos con conexiones kirchneristas, desalojaron violentamente de las calles a quienes, en época de Noriega, se opusieran a él. Particularmente a quines, hartos, apoyaran la invasión norteamericana que terminara con el gobierno de Noriega y lo sepultaran por años en una cárcel norteamericana como consecuencia de sus conexiones con el narco-tráfico.
Los panameños están visiblemente construyendo un nuevo país. Pujante y dinámico. Casi electrizante. Para comprobarlo basta con poder ver la línea de modernos rascacielos que domina a su capital. Con contemplar como crece su comercio. Como se modernizan sus servicios. Como se mejora su infraestructura. Como cambia, para bien, un Panamá que no escucha los cantos de las sirenas populistas que, en cambio, enamoran todavía a muchos en otros rincones de nuestra región.
Otras circunstancias, distintas, en el escenario boliviano
Mientras todo esto ocurre, el bolivariano Evo Morales (con ayuda financiera venezolana) acaba de crear el Comando Militar Conjunto, denominado "La Plata", en la ciudad de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, con el propósito declarado de sofocar cualquier intento de secesión o separatismo en la llamada Media Luna boliviana, que lo detesta. Así militariza la zona.
Mientras el Presidente de Bolivia -que acaba de declararse orgullosamente "marxista leninista" (como el coreano Kim Jong-Il o el bielorruso Alexander Lukashenko), lo que todos suponíamos al seguir su conducta- y su entorno aplaudían eufóricos durante la inauguración del nuevo destacamento militar, los cruceños se movilizaron para recordar el primer aniversario del referéndum que aprobara el "estatuto autonómico" de Santa Cruz, hasta ahora olímpicamente ignorado por Evo Morales.
Los cruceños están inquietos porque saben bien, mejor que nadie, qué es lo que está ocurriendo en otros rincones de su país, que está siendo empujado hacia el atavismo. Como lo prueba el episodio que describiré enseguida. En la archi-poblada localidad denominada "El Alto", vecina a La Paz, en Bolivia, sucedió (no hace mucho) un episodio que destaca la importancia con la que algunos -en los ambientes en apariencia más improbables- defienden el derecho de propiedad cuando lo que creen les pertenece resulta de pronto objeto de un intento de despojo que consideran inaceptable.
En la localidad llamada "El Alto", vecina a La Paz, como es sabido, existe curiosamente una de las concentraciones sociales "indígenas y paradójicamente urbanas" más importantes del norte de ese país. La mayor de las que están cerca de la capital del país vecino entre aquellas en las que la población indígena tiene mayor presencia y gravitación.
Es, asimismo, uno de los centros de activismo político radical más importante de los partidarios del caótico Presidente Evo Morales, aglutinados en el movimiento marxista que responde al nombre de "Movimiento al Socialismo" (MAS), que son allí amplísima mayoría. El principal protagonista de los episodios que relataremos fue un sujeto que responde al curioso nombre de Valerio Queso, de 33 años de edad.
El mentado Queso ha sido -curiosamente- el "doble" del actual Presidente en el rodaje de la película "Evo Pueblo", que ensalza al mandatario boliviano, quien -como muchos en su línea ideológica- es enfermizamente afecto al "culto a la personalidad".
Al mencionado Queso lo acompañaron en la peligrosa aventura (que casi tiene un final trágico) dos "amigos" que suelen -además- ser sus compinches: Omar Chalco y Jorge Lima Mancera.
Los tres debieron ser "rescatados", aunque a duras penas, cuando habían caído -como rehenes- en manos de los furibundos habitantes de la localidad de Tacachira, ubicada en el camino que va a Laja y Desaguadero, que ya ha protagonizado otros episodios de "violencia colectiva" parecidos al que ahora comentamos. Las tres audaces personas antes aludidas pertenecen al llamado "Movimiento de los Sin Techo" (MST), un "movimiento social" (o "biombo") tras el cual operan quienes se creen con derecho a despojar a los demás de sus bienes para quedarse con ellos, del que los tres personajes en cuestión confirman ser "dirigentes". Sin decir "agua va", algunos de sus miembros se instalaron ilegalmente, ocupando unas diez hectáreas de propiedad de la comunidad mencionada aledañas a la antigua granja "Kallatuca", que alguna vez perteneciera a la ahora desaparecida "Cooperativa Regional de Desarrollo de La Paz", cercana a "El Alto".
Ante esa situación, los ciudadanos locales reaccionaron -conjunta y duramente- en defensa de lo que entienden es su propiedad. Unidos en una suerte de imparable turba, tomaron físicamente de rehenes a los desprevenidos ocupantes de sus tierras, los golpearon y, no contentos con ello, enseguida amenazaron rápidamente con "lincharlos", esto es con poner en marcha una práctica tradicional (aunque atávica) que precisamente ya se ha utilizado -con reiteración- en el norte de Bolivia, contra presuntos ladrones y bandidos. Para garantizar que los ocupantes ilegales a los que se expulsaba no regresarían a la zona, los tres sujetos antes nombrados quedaron "detenidos" por la gente, en calidad de rehenes. En carácter de una suerte de "seguro", más bien.
Cuando la policía, informada de lo que sucedía, pero temerosa de la posible explosión de ira de la población, que hasta podía atrapar a su personal, montó un temeroso operativo de rescate los locales comenzaron a exigir a voz de cuello que simplemente se quemara vivos a los rehenes, como había sucedido ya, en el mismo lugar, con otros pícaros llegados también desde la zona de La Paz, pocas semanas antes. Otros pedían, en cambio, una solución "ejemplificadora", o sea más drástica: que se los matara simplemente, a golpes. Esto es llevar a cabo un clásico "linchamiento".
Los uniformados esta vez lograron, sin embargo persuadir (por las buenas) a los locales y los aterrados intrusos pudieron ser finalmente liberados. A duras penas, ciertamente. Con lo justo. No obstante, al retirarse del infierno descripto, caminando entre una masa de gente entre enardecida e indignada que los insultaba sin parar, sufrieron una larga seguidilla de golpes y palazos. Antes de culminar su verdadera "ordalía" debieron comprometerse (a viva voz) a no regresar jamás al lugar, compromiso que -claro está- si fuera violado, seguramente pondría nuevamente en serio riesgo a sus vidas.
Los vehículos policiales que los retiraron del lugar lo hicieron a paso de hombre, en medio del repudio y de una intensa pedrea, que los dejó llenos de abollones, a la manera de "recordatorio". Por sus contusiones, los tres actores del riesgoso episodio que acabo de relatar ingresaron naturalmente a la "Clínica Complejo", cercana al lugar de los sucesos, de la que se retiraron luego a toda velocidad, sumamente agitados, en dirección contraria a Tacachira, naturalmente. Después de arriesgar sus vidas en un episodio delictivo torpe, que seguramente no olvidarán jamás desde que casi terminó con sus vidas.
Casi mueren cuando cayeron en poder de quienes creen tener derecho a "hacer justicia" por mano propia. Con prescindencia de las autoridades nacionales y de las instituciones del Estado, incluyendo la justicia y la policía. Creencia que hoy es desafortunadamente abonada por una nueva Constitución -ya aprobada- tan confusa como permisiva, que alienta notoriamente el descontrol y generará presumiblemente otros episodios más o menos similares al relatado más arriba. Como realidad, tremenda. Y peligrosa, por demás.
TRIBUNA: CARLOS FUENTES
ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA, ¿EL DESHIELO?
Qué horror! -editorializa el New York Times-: Barack Obama le dio la mano -¡la mano!- a Hugo Chávez.
¡Dios mío! -exclaman los conservadores norteamericanos-: Barack Obama ha abierto la puerta a una relación distinta con Cuba. ¡Con Cuba!
¡Santo cielo!: Barack Obama ha establecido el carácter bilateral de la problemática entre México y los Estados Unidos. ¡Pero si México es un "Estado fallido"!
Todas estas reacciones a la nueva política hemisférica del presidente Obama revelan el anacronismo de posturas congeladas en la etapa de la Guerra Fría y exacerbadas por el maniqueísmo militante de la presidencia Bush-Cheney.
Hay un elemento maniqueo en la cultura norteamericana que requiere la identificación del "malo" para que Estados Unidos juegue, a satisfacción, el papel del "bueno". Las películas de vaqueros ilustran esta disposición. Los "malos" usan sombrero negro. Los "buenos", sombrero blanco.
Semejante simplismo moral oculta una compleja trama de poder. La máscara ética disfraza una red de intereses políticos, económicos y personales inconfesables.
De la presidencia de Ronald Reagan para acá, el mercado fue consagrado a expensas del Estado. El Gobierno era el problema. El mercado, la solución. Los intentos de Carter y Clinton por corregir esta percepción fueron avasallados por intereses en ascenso triunfal.
Cuando éstos, al cabo, hicieron crisis después de los ocho años de Bush hijo, se vio claramente que el mercado sin ley desembocaba en la ley sin mercado. Descenso de impuestos. Ascenso de gasto militar. Deterioro de las infraestructuras. Pillajes financieros. Bancos con más papel que dinero. Una peligrosa ruleta hipotecaria.
La crisis era inevitable. La heredó el presidente Obama y las soluciones no son fáciles. Pero Obama también heredó una situación internacional de enfrentamientos innecesarios y encendida retórica.
Si Irán y Corea del Norte eran consignadas al "eje del mal", se adecuarían al papel que les daba Washington. Si Cuba era tratada eternamente como satélite de una desaparecida Unión Soviética, Cuba no merecería el buen trato reservado a los enemigos de antaño, China y Vietnam. Y si Hugo Chávez disfrazaba sus quebrantos internos con un vociferante anti-yanquismo, Washington le haría el favor de corresponderle con políticas que asociaban a Bolivia, Ecuador y Nicaragua con la estridencia chavista. O sea, como dicen los argentinos, la chancha y los veintes.
Barack Obama no se siente obligado a proseguir estas políticas fracasadas. Ha recordado que él tenía dos años de edad durante la crisis de los misiles en Cuba. Él representa a una nueva generación de norteamericanos que quiere mirar hacia delante, no hacia atrás. No quiere ser estatua de sal, prisionero de las Sodomas y Gomorras de los pasados 60 años.
Quiere, en cambio, abrir una nueva perspectiva que no desdeñe los peligros pero que tampoco desprecie las oportunidades. Obama puede darle la mano a Chávez antes de que Chávez tome una desafortunada iniciativa.
Obama puede recordar que la Fuerza Armada de Venezuela es 600.000 veces menor que la de Estados Unidos. O como decimos en México, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Chávez y su retórica se evaporan, así, ante la realidad concreta de Venezuela: ¿cómo resolverá la nación venezolana sus problemas propios, sin atribuirlos al imperialismo americano?
Si mi información es correcta, los pasos dados para la distensión entre Cuba y Estados Unidos están programados desde el inicio de la Administración Obama. Cada una de las partes -La Habana y Washington- va haciendo pequeñas concesiones y gestos recíprocos para llegar, tan sólo, a un modus vivendi lejano, todavía, de una plena reanudación de relaciones.
Los pasos a dar son muchísimos y no son fáciles: seis décadas de enemistad y mutuas acusaciones no se borran de la noche a la mañana, y queda un obstáculo mayor: la Carta de la OEA exige que sus miembros sean producto de elecciones democráticas. Yo no creo que Cuba, por ahora, pueda ir más allá del "capitalismo autoritario" del modelo chino.
La gran mayoría de los países reunidos en Trinidad y Tobago se mostró complacida por este cambio político que adecua la posición de Estados Unidos y de la mayor parte de los gobiernos del hemisferio. Ello no significa que de aquí en adelante todo será, como dicen los norteamericanos, "vino y rosas". Siempre habrá problemas. Lo que habrá cambiado será la manera de preverlos, aceptarlos y solucionarlos.
UN PARTO COMPLICADO
Una de las principales motivaciones del BanSur es poner fin a la sangría de recursos financieros que fluyen del sur emergente al norte industrializado, que sólo en el caso de América Latina representó la suma de US$ 207 mil millones entre 2006 y 2007.
La Nación de Chile www.lanacion.com.cl
Los ministros de Economía de siete países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) se reunieron el pasado viernes en Buenos Aires para avanzar en la puesta en marcha del Banco del Sur (BanSur). La reunión buscó desempantanar el esquivo consenso en torno al Convenio Constitutivo (CC) de la entidad. Si hay éxito lo cual no es muy seguro habría casi inmediatamente después una cumbre presidencial que daría el vamos definitivo a la entidad, uno de los pilares de una arquitectura financiera regional que busca desplazar a los desacreditados bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (los otros dos son la Unidad Monetaria del Sur y un Fondo de Estabilización Monetaria, de todavía más difícil concreción).
Una de las principales motivaciones del BanSur es poner fin a la sangría de recursos financieros que fluyen del sur emergente al norte industrializado, que sólo en el caso de América Latina representó según la ONU la suma de US$207 mil millones entre 2006 y 2007.
Sudamérica no está sola en este intento de impulsar un cambio orgánico a la arquitectura financiera. Tanto los asiáticos, con el Acuerdo de Chiang Mai, como el Oriente Medio, con la Iniciativa de Bahrein, y más recientemente los africanos están embarcados en procesos similares.
El acta de fundación del BanSur (diciembre de 2007) dispuso 60 días para que la estructura y las directrices de la nueva institución fueran definidas. Pero ha pasado casi un año y medio, y el CC sigue esperando una propuesta de consenso. Los debates han estado marcados por disputas entre aquéllos que apuestan a la idea de ruptura con el sistema financiero internacional y quienes
por continuar respetando las reglas impuestas por las finanzas globalizadas ven en la institución multilateral regional apenas una nueva fuente de recursos para antiguos proyectos.
Las divergencias han impedido hasta hoy resumir en una sola propuesta las distintas posiciones de CC para el Banco. No obstante, en este año y medio al menos se logró acuerdos en torno al aporte de capital inicialmente fijado en US$7 mil millones. Y para reconocer las asimetrías existentes entre los países de la región, se crearon tres franjas. En el primer grupo están Brasil, Argentina y Venezuela, que aportarán US$2 mil millones cada uno. En el segundo figuran Uruguay y Ecuador, que aportarán US$400 millones, mientras que Paraguay y Bolivia endosarían US$100 millones. Luego, en junio de 2008, el capital del banco fue aumentado a US$10 mil millones, saldo que sería integrado con aportes de Colombia, Perú, Chile, Surinam y Guyana.
Sin embargo, el mes pasado el ministro de Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez, dijo que el aporte de Ecuador y Uruguay también sería de US$100 millones. El motivo es obvio: ambos están arrinconados, como la mayoría de la región, por la falta de liquidez asociada a la crisis económica que ya obligó a algunos países a volver su mirada a los entes financieros multilaterales de siempre. Argentina ha sido el primero en volver a extender su mano al FMI del cual se salió en 2007.
Un extenso informe elaborado en octubre pasado por Isabel Ortiz, oficial senior de la ONU, y Óscar Ugarteche, investigador de la Universidad Autónoma de México, revela que entre las numerosas divergencias no resueltas figuran los temas de la gobernabilidad, de los privilegios y exenciones fiscales, del fondeo de recursos y el más relevante las prioridades de inversión. Así, de los países con mayor contribución al BanSur sólo Venezuela apoya el sistema de un país-un voto para la toma de decisiones, mientras que Brasil y Argentina consideran que en la gestión del día a día los países con mayor contribución deberían tener mayor voz. Y mientras unos sugieren que todas las operaciones del Banco deben estar exentas de todo tipo de gravámenes tributarios y derechos aduaneros, otros sostienen que esta medida copiada del Banco Mundial contraría los esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal en la zona.
Por encima de todo ello hay fuertes discrepancias respecto de si la infraestructura debe ser una prioridad de la cartera de inversiones del Banco como ha planteado Brasil. Porque mientras ese sector ya reúne la mayor inversión multilateral en la zona, las que más la necesitan son la social y la agricultura.
Hilando todavía más fino, si la urgencia de enfrentar la crisis alimentaria fuera la prioridad uno del Banco, la idea de soberanía que ello implica supone aplicar unas políticas que van a contrapelo de la concepción neoliberal imperante en varios países de la región.
Bueno o malo, tras todas estas diferencias subyacen las distintas visiones políticas que rondan iniciativas como el BanSur o la misma Unasur. Sudamérica es hoy un caldo de estrategias no siempre convergentes. Junto al "socialismo del siglo XXI" de Chávez y secundado por Evo Morales en Bolivia, coexisten la vertiente regulacionista de Correa en Ecuador y de Kirchner en Argentina; los regímenes social-liberales de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, además de gobiernos claramente conservadores, como los de Colombia y Perú.
Familiares de plagiados por el ejército de Bolivia cumplen cinco días en huelga de hambre
ORDENAR A MILITARES DEVOLVER RESTOS DE DESAPARECIDOS, EXIGEN A EVO MORALES
La Jornada de México www.jornada.unam.mx
Familiares de desaparecidos, en huelga de hambre desde hace cinco días, enviaron hoy al presidente boliviano Evo Morales una carta en la que le reiteran su reclamo de que ordene a las fuerzas armadas “la desclasificación de los archivos militares y la devolución de los restos de los desaparecidos”, y al Ministerio de Justicia realizar las exhumaciones de las osamentas de los rebeldes asesinados en la zona de Teoponte.
Asimismo, le solicitan al mandatario que su gobierno cumpla con la ley número 2640, de reparación a las víctimas de la violencia política, que afecta a más de 6 mil personas en esta nación, además de que su gobierno implemente una política contra la impunidad que campea en el país.
Olga Flores Bedregal, Martha Montiel y Hortensia Gutiérrez de Flores, quienes cumplen su ayuno en las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de esta ciudad, le manifiestan al presidente Morales que el pasado 5 de mayo le enviaron una carta “en la que le comunicábamos nuestra decisión de entrar en una huelga de hambre por la falta de atención de su gobierno a las desapariciones forzadas”.
Agregan que el 6 de mayo recibieron la visita del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien les trasmitió la preocupación del mandatario por esa medida extrema adoptada por ellas “y expresó el deseo de su gobierno de resolver la situación”.
El 8 de mayo recibieron una carta de la ministra de Justicia, Celima Torrico, “en la que no da respuesta a ninguno de nuestros planteamientos”, señalan.
“Sobre el primer punto, que se refiere a la desclasificación de los archivos militares y la devolución de los restos de los desaparecidos, no nos da respuesta porque evidentemente esa orden es competencia de usted, compañero presidente. En el caso de nuestra huelga de hambre, reclamamos que el alto mando del Estado Mayor nos entregue los restos de Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz (asesinados durante el golpe de Estado de Luis García Meza, en 1980), además de los otros desaparecidos en ese lugar y en otros recintos castrenses”.
El 17 de julio de 1980, al producirse el sangriento golpe protagonizado por García Meza y Luis Arce Gómez, Flores Bedregal y Quiroga Santa Cruz fueron heridos y apresados durante el asalto a la Central Obrera Boliviana. Ambos dirigentes políticos fueron conducidos al estado mayor del ejército boliviano, donde fueron torturados hasta la muerte y luego desaparecidos sus restos.
En su carta, la ministra Torrico lamentó que las participantes en la huelga de hambre hayan asumido “medidas extremas que afectan a su estado de salud, conociendo además su lucha permanente por los derechos humanos”.
Asimismo, informó que el Ministerio de Justicia, con el respaldo financiero de los gobiernos de Suecia y Dinamarca, y la cooperación técnica del gobierno de Argentina, e impulsado por el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (Ciedef, integrado por los ministerios de Defensa, Gobierno y Justicia y tres miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos), hasta ahora “ha efectuado todas las acciones preliminares para que en junio el Equipo de Antropología Forense Argentino pueda ingresar a Teoponte para realizar la búsqueda y exhumaciones en diferentes sitios de entierro prestablecidos”.
Por su parte las ayunantes le manifiestan al presidente Morales que el Ministerio de Justicia “tres veces antes ha incumplido compromisos similares en el caso de Tirso Montiel Martínez (un chileno que se unió a la guerrilla y fue asesinado por militares en 1970, después de ser detenido vivo), por lo que esa afirmación no nos da ninguna confianza”.
Detallan que el 28 de octubre de 2006 el Ministerio de Justicia se comprometió ante la Central Obrera Boliviana que las exhumaciones se realizarían al concluir la época de lluvias de 2007. Luego, en septiembre de 2008, el Ciedef informó públicamente (La Prensa, 28 de septiembre de 2008) que las exhumaciones se realizarían a finales de ese año.
Ya en 2009, “el director de Seguridad Ciudadana, Carlos Núñez del Prado, informó a Montiel y al Instituto de Terapias e Investigación de la Violencia Estatal que las exhumaciones serían a finales de abril o en los primeros días de mayo, y ahora la ministra nos dice que serán en junio”, apuntan; señalan que para ellas es necesario contar con una orden directa del presidente Morales que les garantice “que esta vez se cumplirá con dichas exhumaciones”.
Mencionan además que la ministra Torrico no hace ninguna referencia a la política contra la impunidad que implementará el gobierno, y tampoco da respuesta a la petición concreta de que se cumpla con la ley 2460 de reparación a las víctimas de la violencia política”, y concretamente, en el caso de su huelga de hambre, a Hortensia Gutiérrez de Flores, cuyo esposo, Rodolfo Flores Sanmillán, fue desaparecido en 1968 de un cuartel militar (campo de concentración) en Asunción, Paraguay, adonde fue confinado por la dictadura de René Barrientos.
Por último, los familiares de los desaparecidos enfatizan al presidente Morales: “Entendemos que esta respuesta nos hace llegar su ministra por encargo suyo, y lamentamos una vez más la insensibilidad de su gobierno con el tema de los desaparecidos, con la impunidad considerada actualmente un delito más de lesa humanidad y la falta de compromiso con la verdad y la justicia, ya que esto es lo que pedimos y por lo que estamos en huelga de hambre”.
REPORTAJE: Empresas & sectores
LAS FINANZAS DE LOS EXCLUIDOS
Los microcréditos enseñan a los bancos que los pobres pueden ser más rentables
El País de España www.elpais.com
Las instituciones de microfinanzas (MFI, en sus siglas en inglés) ya manejan, según el Deutsche Bank, 25.000 millones de dólares (18.648 millones de euros) en este tipo de préstamos. Unos fondos que van dirigidos a fomentar la actividad emprendedora de los excluidos del sistema financiero tradicional a través de microcréditos, avales, transferencias, seguros... "Supone recuperar ese toque humano que ha perdido la actividad financiera", dice Mitchell Lench, socio de Ireetopscapital, firma especializada en este tipo de inversiones.
El mundo de las finanzas ha descubierto que los menos favorecidos pueden ser rentables. "Las microfinanzas demuestran que dar autonomía económica a los pobres es un buen negocio", según Pierre M. Omidyar, fundador de Ebay. Y la crisis financiera, como relata Mohammad Yunus, creador del Grameen Bank en Bangladesh, una institución de microfinanzas con la cual ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006, no les afecta porque están basadas en la economía real. "Cuando damos un préstamo de 100 dólares, detrás de los 100 dólares hay pollos o vacas. No es nada imaginario", dijo Muhammad Yunus en el semanario The Economist.
Pero ¿esta moda responde a un interés real? ¿Son buenos negocios en el sentido occidental de la palabra? En términos de solvencia, sí lo parecen. Sobre una morosidad media de los bancos del 3,2%, las MIF tienen una tasa del 2%, según los datos de la firma Ambers Capital. También disfrutan de una mejor posición de liquidez que la banca comercial, ya que los microcréditos disponen de vidas medias de seis meses y el pasivo de la MFI está financiado a largo plazo por inversores privados y agencias multilaterales.
Y los excluidos, paradójicamente, son buenos pagadores. ¿La razón? Los créditos se dan en grupos familiares. La vigilancia entre ellos asegura el repago porque se conceden siguiendo el principio de corresponsabilidad. Por tanto, bajo un firme control. El oficial de créditos supervisa a los prestatarios a través de frecuentes visitas al negocio e incluso a su propia casa. Otra seña de identidad es que nunca se conceden para el consumo. Aunque diversos expertos piensan que con la dureza de la actual crisis, bastantes de estos micropréstamos sí se están desviando al consumo y no se destinan a inversión, pues los prestatarios usan los nuevos créditos de una MIF para pagar las deudas contraídas con otra.
En esta lista de inconvenientes estarían también los altos tipos de interés que se aplican, superiores a los de la banca comercial, aunque muy por debajo de los que ofrecen los usureros; una figura habitual en Latinoamérica o Asia. "Estas elevadas tasas se explican por el riesgo que asumen las entidades y porque el análisis del mismo es muy caro", indica Verónica López, consultora de AFI. El oficial de créditos tiene que desplazarse muchas veces a remotas zonas rurales o estudiar la viabilidad de un negocio ambulante que ni siquiera lleva una contabilidad básica. O sea, no son tan inmunes a la crisis. "Las carteras de microcréditos de bancos y cajas han sufrido un fuerte deterioro debido al aumento de la morosidad", advierte Javier Santomá, profesor del IESE.
En España pueden verse afectados los cerca de 38 millones de euros que, según datos de la Fundación Nantik Lum (Madre Tierra, en lengua maya), mueven al año. Una cantidad pequeña, pero que en términos aristotélicos tiene la potencia de convertirse en algo más grande. Nantik Lum es un buen ejemplo. Ha duplicado su presupuesto respecto al año anterior. Maneja 444.000 euros, y en su patronato integra a primeros espadas de OHL (Juan Villar Mir), Telefónica Internacional (Antonio Vázquez), Deutsche Telecom España (Felipe Fernández Atela)... La fundación tiene iniciativas de microfinanzas en República Dominicana, Haití y México.
Su última propuesta, "dentro de un alma como la nuestra, que está dirigida a la lucha contra la pobreza", cuenta Silvia Rico, directora general de Nantik Lum, parte de los inmigrantes que viven en España. Se trata de conseguir que al menos una parte de las remesas que envían estos inmigrantes a sus países de origen, y que reciben sus familiares, se destinen a actividades productivas y no al consumo. O sea, que se transformen en microcréditos generados y avalados, en parte, por la propia familia.
Este concepto de grupo, donde se crean fuertes lazos, es otra de las singularidades de esta industria y explica que el 85% de quienes reciben los microcréditos sean mujeres, las cuales "se han mostrado como grandes microemprendedoras, ya que cuando tienen ingresos adicionales tienden a favorecer su entorno familiar más próximo", reflexiona Agustín Vitórica, socio de Ambers Capital.
Esta mezcla de economía y psicología justifica la existencia de más de 3.500 instituciones activas en el mundo de los microcréditos. Y su imparable crecimiento en las regiones más deprimidas del planeta. Un reciente trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalaba que sobre 108 bancos latinoamericanos consultados, el 80% afirmó que el sector era estratégico para ellos.
Latinoamérica ha sido pionera y cuenta con una de las ratios de penetración más altas del mundo. En Paraguay, Chile y Perú, el nivel oscila entre el 25% y el 35%, y en Bolivia supera el 160%, según el Banco Mundial. En México hay experiencias tan exitosas como la de Compartamos -la institución más grande de microfinanzas del continente, con casi un millón de clientes-, la cual salió a Bolsa en 2007 y su oferta fue sobresuscrita 13 veces, recuerda Luca Torre, antiguo miembro de la entidad y actual socio de Ireetopscapital.
El BBVA también ha visto las posibilidades en este continente. Su estrategia, aseguran fuentes de la entidad, es la construcción de una red microfinanciera. Para ello compran entidades microfinancieras ya existentes o crean nuevas instituciones de la mano de socios locales. El pasado mes de abril lanzó en Chile una nueva entidad de microfinanzas junto a la cooperativa Credicoop, y en 2008, en Perú, fundó Caja Nuestra Gente, fruto de la fusión de Nor Perú, Caja Sur y Tacna. De esta forma, el mapa de su presencia se reparte, además, entre Colombia (Bancamanía), Puerto Rico (Corporación para las Microfinanzas) y Costa Rica. En total, el banco gestiona un presupuesto de 200 millones de euros y una cartera de 370.000 clientes de bajos ingresos, que manejan unos créditos medios de 800 euros. El Banco Santander tiene también intereses en las microfinanzas latinoamericanas. En Brasil, por ejemplo, su filial, Banco Real, cuenta con una división denominada Real Microcrédito. Junto a Brasil, la actividad del banco se extiende a Argentina, El Salvador y Chile.
Ahora bien, estas propuestas no son exclusivas de Latinoamérica o Asia; en España ya se está trabajando en un Comportamos español, asegura una fuente próxima al proyecto, que tendría a los inmigrantes excluidos de las coberturas sociales como principales receptores de los créditos.
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