El Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, para que el ex mandatario, acusado por la masacre de octubre, asuma su defensa y enfrente a la justicia boliviana.La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia aseguró que dará la celeridad que el país y la Constitución exigen de los magistrados por lo que emitirán una resolución en el plazo mas breve posible.
El Fiscal General de la República, Mario Uribe, presentó ante la Corte Suprema el pedido oficial de extradición en contra de Sánchez de Lozada y de sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe, todos refugiados en Estados Unidos.
El fiscal de recursos asignado al caso, Milton Mendoza, manifestó que la solicitud fue realizada en base a tratados bilaterales de extradición suscritos entre Estados Unidos y Bolivia el 27 de julio de 1995 y que en varias oportunidades ya fueron aplicados, lo que hace que la reciprocidad -según el fiscal- pase a un estado de obligatoriedad.
"Son alrededor de 1.000 hojas donde fundamentamos el porqué solicitamos que Gonzalo Sánchez de Lozada llegue al país para defenderse de las acusaciones que se le hacen, y en base a esos tratados, Estados Unidos ya no sea un refugio de genocidas", sostuvo Mendoza.
Con esta acción se dio inicio al trámite de extradición que deberá proseguir en la Sala Penal Primera de la Corte Suprema, la misma que tendrá que emitir una resolución en el marco del Tratado de Extradición mencionado y que fue ratificado por el Estado boliviano el 6 de noviembre de 1996, a través de la Ley 1721.
"Ese es el fundamento que le hacemos a la Sala Penal Primera adjuntando todos los elementos de convicción necesarios", complementó el fiscal Mendoza.
Explicó que una vez la Corte Suprema emita la resolución, la gestión será totalmente diplomática y el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, tendrá que agilizar los trámites en ese país haciendo seguimiento y, sobretodo, solicitando la reciprocidad debido a que existen varios antecedentes en Bolivia de ciudadanos de ese país
extraditados a Estados Unidos.Mendoza informó que el Fiscal General, pidió a la Corte Suprema la celeridad necesaria para tratar esta petición, considerando que el proceso de investigación prácticamente ha concluido y se prepara la acusación formal para iniciar un proceso oral en contra de Sánchez de Lozada y todos sus ministros.
"Es un caso importante dentro del proceso, tomando en cuenta que hemos cumplido todos los requisitos establecidos, sabemos que Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe son extraditables y van a ser extraditados, esa es la solicitud que hace la Fiscalía después de un bagaje procesal importante", dijo enfático.
CORTE SUPREMA
Por su parte, el presidente de la Sala Penal Primera de la Suprema, Julio Ortiz, luego de tomar conocimiento de la solicitud del Ministerio Público, aseguró que en el marco de la Constitución Política del Estado, y la confianza que depositó la sociedad en la administración de justicia y la probidad de los magistrados, darán la celeridad necesaria para emitir una resolución en tiempo más breve posible.
"Dando cumplimiento al marco constitucional que es el referente para nuestro trabajo, imprimiremos la celeridad necesaria para terminar de una vez con este trámite que viene arrastrándose bastante tiempo", aseguró Ortiz. Tanto el ministro Ortiz como el fiscal Mendoza, coincidieron en la necesidad de pasar a la etapa del juicio propiamente dicho con la acusación en mano para que en esa instancia Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoagüe puedan asumir su defensa en el marco del debido proceso y demostrar su verdad, si es que el derecho así les asiste.
Asimismo, el fiscal recordó la serie de incidentes -según sus palabras- que maliciosamente habían interpuesto los abogados de los imputados con el fin de entorpecer y obstaculizar la justicia.
"Tenemos la imputación formal, la declaratoria de rebeldía y los mandamientos de aprehensión que fueron emitidos por la Sala Penal Primera, y particularmente los innumerables incidentes que han pretendido impedir que lleguemos a esta instancia", dijo Mendoza.
Por su lado, Ortiz complementó que los incidentes presentados por la defensa de Goni intentaron anular la imputación, la rebeldía y los mandamientos de aprehensión, mismos que aún siguen intentando.
Sánchez de Lozada y sus ex colaboradores, son procesados por la presunción de diferentes delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y particularmente por su participación en los luctuosos hechos de octubre de 2003 que dejaron un tendal de muertos (417) y medio millar de heridos, según organismos defensores de los derechos humanos.
Visita del vicepresidente Álvaro García Linera a Washington BOLIVIA PIDE MEJORAS ARANCELARIAS A EE.UU. TRAS ACUSARLO DE FINANCIAR A OPOSITORES A EVO
Además, el gobierno de Morales avanzó ayer en la petición de extradición del ex Presidente Sánchez de Lozada, quien actualmente reside en territorio estadounidense.
El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)
Diez días después de que él mismo iniciara las acusaciones contra la embajada estadounidense en La Paz, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera comenzó ayer una visita de 48 horas a Washington para negociar una mejora arancelaria con el gobierno norteamericano.
Para sus pretensiones, el panorama no es el mejor. Si bien aclaró que su visita es netamente comercial, es difícil obviar el contexto de su viaje.
La disputa más reciente es por los aportes monetarios. García Linera encendió la mecha el 26 de agosto cuando acusó que la ayuda de EE.UU. sirvió para organizar seminarios y respaldar a grupos contrarios a la administración de Evo Morales.
Tres días después un ministro de Morales arremetió. El titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que el 70% de los aportes económicos para planes de ayuda que entrega Washington son administrados por su agencia USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) sin informar cómo son utilizados.
Con ese dinero, agregó, la legación diplomática dirigida por el embajador Philip Goldberg apoyaría a una ONG de ex ministros y funcionarios de anteriores gobiernos. Quintana dijo que preferían prescindir de estos aportes si EE.UU. no accedía a someterlos a control boliviano.
En respuesta, el agregado de prensa de la embajada de EE.UU. en La Paz, Eric Watnik aclaró que la cooperación es apolítica; y el mismísimo vocero del Departamento de Estado norteamericano, Tom Casey, negó el 29 de agosto que su país financie actividades políticas en el extranjero.
Para el analista Carlos Toranzo, se trata de la misma diplomacia que el gobierno de Morales ha practicado desde que llegó al poder: "dura en el verbo, mostrándole al pueblo que son firmes ante EE.UU., pero pragmática", en alusión a la ayuda económica que reciben de este país y que esperan ampliar.
En cuanto a cifras, el aporte norteamericano llegará este año a US$ 120 millones, según coinciden Washington y La Paz, sin contar los ingresos por las preferencias arancelarias, precisamente el tema que llevó a García Linera a Washington.
La delegación encabezada por el vicepresidente está negociando, entre otros aspectos comerciales, una tercera extensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA por su sigla en inglés), que vence a comienzos de 2008 (ver recuadro).
Por eso, tras las duras acusaciones del gobierno surgieron voces como la del ex canciller Armando Loayza, quien califica como un "peligroso impasse diplomático esta seguidilla de ataques a EE.UU.", y pide un "diálogo sereno, abierto y constructivo porque la ayuda estadounidense es fundamental para programas antidrogas y de apertura de mercado a productos textiles, artesanías y otras mercancías hechas en Bolivia".
Sin embargo, Toranzo estima que por más duras que sean las acusaciones del gobierno de Morales, Washington no cortará el suministro a La Paz por un asunto logístico. No le gustaría dejar a Bolivia dependiendo sólo de su gran socio: Venezuela.
Desde que Morales está en el poder, las relaciones con Washington han sido tirantes. Partieron bien: en enero de 2006, antes de asumir la presidencia, Evo ofreció a Washington una relación constructiva. Dos meses después los acusaba de enviar terroristas a Bolivia.
Al observar la historia reciente entre ambos países, un nombre clave, y que ayer también fue noticia, es el del ex Mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en EE.UU. tras su renuncia a la Presidencia en octubre de 2003.
La fiscalía general de Bolivia presentó ayer a la Corte Suprema el primer pedido formal de extradición del ex Mandatario y de dos de sus ministros para procesarlos por genocidio y delitos económicos. El pedido de extradición será presentado a EE.UU. sólo si es aprobado por el máximo tribunal.
Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia cuando cumplía su segundo mandato y tras una violenta ola de protestas que dejó al menos 67 muertos, episodio conocido como "Octubre Negro".
"Ni esta petición de extradición, ni las críticas a EE.UU. son casuales. Son iniciativas que el gobierno está activando constantemente para tener a la oposición y a la sociedad ocupada y pendiente de estos temas. Es similar a lo que hace el gobierno de Hugo Chávez", señala el analista boliviano Carlos Cordero.
Respecto del caso de Sánchez de Lozada, la palabra ahora la tiene la Corte Suprema, organismo acusado por Morales de corrupto. "El pedido de extradición arrincona a los miembros de la Corte. Si se dilata el fallo o si hubiera alguna argumentación de un mal procedimiento, sería como la confirmación para el Presidente de que el organismo es corrupto", agrega.
Preferencias necesarias
El acuerdo de preferencia arancelaria, ATPDEA, está vigente desde el 6 de agosto de 2002, y según la embajada estadounidense en La Paz, "ha generado impactos sobresalientes en toda la economía boliviana". Esta ley autoriza a más de 6.000 productos de Bolivia a ingresar a EE.UU. libres de aranceles. De acuerdo con reportes del gobierno boliviano, en 2006 las exportaciones a EE.UU. fueron por un monto de US$ 377,7 millones, de los cuales un 33,5% se realizaron al amparo de la ATPDEA.
Pero la meta de la delegación en Washington es alcanzar un convenio que permita a los exportadores colocar sus productos con preferencias arancelarias durante 10 o 20 años, según uno de los enviados citado por el diario "La Razón".
El antecedente de la coca
Un tema central en la relación de EE.UU. y Bolivia es el cultivo de coca. El 21 de agosto pasado el embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, aseguró que durante 2006, el primer año de Morales en el poder, aumentaron los cultivos de coca y "también un poco más" el narcotráfico. El gobierno acusó a Goldberg de manipular las cifras del narcotráfico "de acuerdo a su conveniencia", según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
Según Naciones Unidas, los cultivos de coca en Bolivia subieron de 25.400 hectáreas a 27.500 (8%) en 2006 y la producción de cocaína aumentó de 80 a 94 toneladas (17,5%).
APORTESEn 2006 el aporte de EE.UU. a Bolivia fue de US$ 134 millones, y durante esta década ha promediado los US$ 150 millones anuales.
OpiniónEVO ENTRA EN CRISIS EN BOLIVIA
Diario de Las Américas (www.diariolasamericas.com)
Por Ernesto F. Betancourt.- La situación de Evo Morales en Bolivia se agrava por momentos. El Prefecto de Cochabamba le ha pedido que facilite una solución nacional renunciando a la presidencia. Sin embargo, ahora, nada menos que pretende que lo nominen para el premio Nobel. Mientras, Bolivia se divide alrededor de la Asamblea Constituyente, en la que su partido el Movimiento al Socialismo, (MAS), tiene mayoría pero no las dos terceras partes requeridas.
Aprovechando el momento, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, lanzó la idea de dividir Bolivia en dos países, el de Oriente y el de Occidente. Por suerte para Morales, Percy Fernández es una figura que no toman muy en serio los bolivianos. Pero el hecho de que haya escogido este momento para lanzarla revela lo crítico de la situación que afronta Bolivia.
Al inicio de su gestión contaba con un apoyo mayoritario en todo el país, excepto tal vez en los cuatro departamentos de la llamada Media Luna: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Estos departamentos demandaban mayor autonomía del gobierno central ubicado en La Paz. Esto fue aprobado en esos departamentos en un plebiscito que tuvo lugar al mismo tiempo que Morales fue electo. La autonomía es apoyada hoy por seis de los nueve departamentos.
Entre las medidas más importantes de su gestión está la nacionalización de los hidrocarburos y las numerosas reservas mineras de Bolivia. Brasil tenía un dominio imperial sobre los recursos naturales de Bolivia, incluyendo la mayor productora de gas natural, Petrobrás, y era el mayor mercado del mismo, casi 30,000 millones de metros cúbicos diarios. Petrobrás aportaba el 17% del PBI de Bolivia. No habían grandes inversiones de empresas americanas en el país y EEUU solamente estaban interesados en cortar el suministro de coca. Como contrapeso se ofreció acceso al mercado americano libre de aranceles para los países andinos, bajo un programa llamado ATPDEA. Miles de empresarios y obreros bolivianos se benefician. Ese programa ha sido extendido solamente hasta Febrero del 2008.
Evo Morales cree que los problemas se resuelven emitiendo decretos y creando empresas estatales. Pero Bolivia carece de los recursos financieros y humanos para manejar las empresas nacionalizadas. La última revelación de este modus operandi es la creación de una empresa mixta, con un socio de la India, para explotar los recursos de hierro de Mutún. Evo Morales ha dotado a la parte boliviana de la empresa mixta con cero capital.
Morales llegó al poder en momentos en que los organismos financieros internacionales cancelaban la deuda externa de los países más pobres, entre los cuales se encuentra Bolivia, lo que ha aliviado considerablemente la balanza de pagos de su país. Además, los petro-dólares de Hugo Chávez han servido para sacarlo de ciertos apuros financieros y comprar la lealtad de gobiernos municipales y mandos militares.
También llegó al poder con el apoyo de los productores de coca. En Bolivia hay una tradición indígena de uso de la hoja de coca para toda clase de fines medicinales que es utilizada para encubrir la producción de la gelatina que después se utiliza en los laboratorios productores de cocaína. Morales ha saboteado todos los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos que habían hecho administraciones anteriores. El resultado ha sido un aumento apreciable en los terrenos dedicados al cultivo de coca. Esto amenaza las exportaciones de productos no tradicionales bolivianos bajo los aranceles cero que establece el acuerdo ATPDEA. Miles de bolivianos corren el peligro de perder sus empleos.
Evo Morales ya no intenta siquiera visitar a quien llama su abuelo, Fidel, para que le dé consejos sobre cómo hacer las cosas. Ahora recibe instrucciones a través del Embajador Rafael Daussá, de la inteligencia cubana, Pero los días de Evo Morales están contados.
EMPRESARIO CHILENO PIÑERA ABOGA POR AGENDA MÁS ACTIVA CON PERÚ Y BOLIVIAUnivisión de Estados Unidos (www.univision.com)
Chile no tiene problemas ni con Perú ni con Bolivia, pero debería ser mucho más activo y dinámico en trabajar con ellos una agenda para el futuro, opinó este martes el empresario y pre candidato presidencial chileno, Sebastián Piñera.
"Chile no tiene problemas limítrofes ni con Perú ni con Bolivia", afirmó Piñera, quien hoy lidera la oposición al gobierno socialista de Michelle Bachelet, en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Piñera, suscrito a las filas del moderado partido conservador Renovación Nacional, es el más seguro candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2009. Las encuestas lo ubican además con uno de los políticos mejor evaluados del país.
Desde esa perspectiva, el empresario prometió que en caso de llegar al gobierno impulsaría de forma mucho "más activa y dinámica" una agenda de futuro tanto con Perú como con Bolivia.
En particular con Bolivia -país con el que Chile mantiene rotas sus relaciones diplomáticas desde hace 29 años- Piñera dijo que es partidario de "hacer un esfuerzo mucho mayor del que se ha hecho" para facilitarle al país altiplánico un acceso portuario.
La falta de un acuerdo para establecer una salida al mar para Bolivia por el norte de Chile mantiene interrumpidos los vínculos diplomáticos entre los dos países desde marzo de 1978.
Bolivia perdió su acceso al mar tras la llamada 'Guerra del Pacífico', en la que aliado con Perú se enfrentó a Chile.
Por su parte, Chile y Perú mantienen abierto un diferendo diplomático tras la publicación, el pasado 12 de agosto, de una nueva cartografía oficial peruana que modifica los límites marítimos entre los dos países.
Chile rechazó de inmediato esa publicación, que de acuerdo a su perspectiva le arrebata unos 60.000 km2 de territorio marítimo sobre el cual hoy ejerce soberanía.
BOLIVIA ENVIÓ UNA INVITACIÓN PARA CONSTITUIR NUEVO PARLAMENTO SUDAMERICANO
Portal Paraguayo de Noticias (www.ppn.com.py)
En la mañana de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Rubén Salomón recibió en visita protocolar al embajador de Bolivia en nuestro país, Marcos Antonio Vidaurre, quien invitó a legisladores paraguayos a construir un nuevo parlamento Sudamericano.
El diplomático extendió una cordial invitación a los integrantes de la Mesa Directiva de Diputados, a participar de una reunión de parlamentarios sudamericanos, a realizarse en Cochabamba el 5 de octubre próximo, donde se pretende sentar las bases para el Parlamento de la Unión de Naciones de Sudamérica.La iniciativa surgió del presidente del Congreso boliviano, Álvaro García Linera, quien pretende, en base a la experiencia de los parlamentarios de esta parte del continente, sustentar los lineamientos generales que sirvan a los propósitos de la futura agrupación política sudamericana.
EN BUSCA DE UNA SOLUCION
ACEPTAN A EVO MORALES COMO MEDIADOR ENTRE SUCRE Y LA PAZ POR EL CONFLICTO DE LA CAPITALIDAD
El movimiento cívico de Chuquisaca se mostró de acuerdo con la intervención del presidente boliviano en la disputa entre ambas ciudades. Aunque no trascendieron los detalles de las últimas negociaciones, se dice que podría haber una salida intermedia, que implique un traslado de la sede del Poder Legislativo.
Telam de Argentina (www.telam.com.ar)
La Asamblea Constituyente de Bolivia reiniciará sus sesiones el próximo jueves en Sucre después de más de dos semanas de receso forzado por violentos incidentes tras la eliminación del tema de la capitalidad de sus debates, informó este martes un miembro de su directiva.
El segundo vicepresidente de la Asamblea, Angel Villacorta, dijo que los 11 miembros de la directiva acordaron esta mañana, con siete votos a favor y cuatro en contra, convocar a sesión plenaria para este jueves a las nueve de la mañana, informó el diario digital Erbol.
Villacorta anunció que se comunicará oficialmente al Comité Interinstitucional de Chuquisaca esa decisión para que, paralelamente, continúen las negociaciones por la capitalidad plena que reclama Sucre y que llevan adelante el gobierno y los cívicos de la región.
La decisión de la Constituyente se produce el mismo día en que el movimiento cívico de Chuquisaca aceptó al gobierno del presidente Evo Morales como mediador para buscar una salida al tema de la capitalidad, por la que pujan Sucre y La Paz, y ambas partes se comprometieron a avanzar en las negociaciones. No obstante, los representantes del gobierno y del Comité Interinstitucional de Sucre prefirieron mantener en reserva los resultados concretos del diálogo, que se inició al mediodía en la Prefectura (gobernación) del departamento (provincia) y concluyó cerca de las 14,20 (15,20 de Argentina).
La comitiva gubernamental estuvo integrada por los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Walker San Miguel, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quienes esta tarde retornaron a La Paz para informar al presidente Morales.
Por su parte, Jaime Barrón, titular del Comité Interinstitucional, anunció al concluir la reunión con la delegación oficial que este martes mismo "vamos a informar a las bases y definiremos los puntos para el futuro diálogo", reportó la agencia estatal ABI.
Por otra parte, la opositora alcaldesa de Sucre, Aidée Nava, admitió este martes que ya no es posible la capitalidad plena, y que hay que negociar en base a la propuesta de los campesinos de la región, que sólo piden el traslado a esta ciudad del Legislativo, hoy con sede en La Paz, y mantener estas negociaciones fuera de la Constituyente.
Nava reconoció también que el liderazgo en las negociaciones la tienen que tener las organizaciones campesinas de Chuquisaca, afines al gobierno del presidente Evo Morales, pero que defienden la capitalidad de Sucre, en un diálogo sin violencias y destrabando la Asamblea Constituyente.
La alcaldesa agregó que "La Paz también tiene que aceptar que en la actual coyuntura del país ya no puede tener el 100 por ciento de los dos poderes", Ejecutivo y Legislativo, así como "los chuquisaqueños deben reconocer que no podrán lograr la capitalía plena".
También afirmó que bajó la cantidad de piquetes y de personas en huelga de hambre en su provincia y admitió que "la Alcaldía ya no tiene ni un solo grupo de huelguistas". Sin embargo, la alcaldesa abrió la posibilidad de convocar a un referendo, por encima de la Constituyente, para que el país se pronuncie sobre la capitalidad de Sucre, y recordó que la demanda de Chuquisaca tiene el apoyo de los cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Desde La Paz, Roberto de la Cruz, concejal municipal de la vecina ciudad de El Alto, advirtió que de haber un referendo, Sucre "podría perder también la sede del poder judicial", que quedó en esa ciudad tras la guerra civil de 1899 que concluyó con el traslado del gobierno y del Congreso a La Paz.
Por su parte, el gobierno mantiene su convocatoria a una gran cumbre social el próximo lunes 10 de septiembre en Sucre, donde espera reunir a 100.000 campesinos para reiniciar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
Con ese objetivo, el Consejo de Federaciones Cocaleras de los Yungas (Cofecay); la Federación Sindical Etnica de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí (Fsutcop) y las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunciaron este martes que aportarán cerca de 33.000 campesinos. Las tres organizaciones campesinas de La Paz, Potosí y Cochabamba, coincidieron por separado que el principal objetivo de esa marcha es garantizar el reinicio de las sesiones de la Asamblea Constituyente que debe redactar la nueva Constitución.
Fabio Pérez, de la Cofecay, dijo que la marcha será "totalmente pacífica", en reclamo de la unidad del país y para destrabara la Constituyente, y explicó que el jueves 5 irán desde La Paz a Potosí en micros, y de allí marcharán a pie cuatro días hasta Sucre.
BOLIVIA ABRE EL PROCESO PARA QUE EE UU EXTRADITE AL EX PRESIDENTE SÁNCHEZ DE LOZADA
El acusado se enfrenta al cargo de genocidio por la represión sangrienta del año 2003
El País de España (www.elpais.com)
La fiscalía general de Bolivia presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, la solicitud formal de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus colaboradores desde EE UU, adonde huyeron en 2003, para que sean sometidos a un juicio político en territorio boliviano.
La petición abre el proceso de demanda de extradición, que las autoridades de Bolivia deben formalizar ante las de Washington. Sánchez de Lozada, dos veces elegido presidente de Bolivia, está acusado de genocidio por la muerte de 63 personas durante la represión policial de una serie de protestas sociales, en una crisis que finalmente desembocó en su renuncia, el 17 de octubre de 2003.
El fiscal también demanda la extradición de los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague, que también huyeron a Estados Unidos y están acusados de complicidad en genocidio.
“Ha sido un proceso complejo, pero se ha logrado cumplir con todos los requisitos señalados en el tratado de extradición que Bolivia y Estados Unidos han suscrito en 1995”, declaró en La Paz el abogado Rogelio Mayta, miembro del Comité Impulsor del juicio contra Sánchez de Lozada. De esta forma, la petición apela al tratado de extradición firmado por Bolivia y EE UU en junio de 1995 y ratificado en noviembre de 2006, que fue aplicado varias veces en demandas planteadas por autoridades estadounidenses.
La Corte Suprema tendrá que disponer “dentro de 24 horas o hasta el jueves [hoy o mañana] la resolución que ordena a la Cancillería boliviana el trámite de petición ante el Departamento de Estado para que Sánchez de Lozada y sus colaboradores regresen a Bolivia”, agregó Mayta, al destacar que las víctimas tuvieron un “largo peregrinar jurídico”.
Acciones de la defensa
El fiscal encargado del caso, Milton Mendoza, explicó en Sucre que finalmente se ha presentado la imputación formal, la declaratoria en rebeldía y las órdenes de captura, “pese a las innumerables acciones” de los abogados del ex presidente y de los ex ministros Sánchez Berzaín y Berindoague.
El proceso para lograr el juicio político comenzó el 22 de octubre de 2003, apenas unos días después del inicio de una rebelión popular, principalmente en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, contra un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos utilizando puertos de Chile, país al que Bolivia reclama una salida soberana al Pacífico, ya que perdió su litoral en la guerra que libraron a fines del siglo XIX.
La sangrienta represión de las protestas, que se saldaron con 63 muertos, provocó la caída del entonces presidente y de su Gobierno, apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Sánchez de Lozada; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), de Jaime Paz Zamora, y el Nuevo Frente Republicano (NFR), del actual prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. En plena batalla campal en las calles bolivianas, Sánchez de Lozada salió huyendo del país junto a sus colaboradores más estrechos para refugiarse en Estados Unidos, donde vive actualmente.
El MNR, el partido en el que Sánchez de Lozada militaba, era una formación populista que agrupaba a derechistas, izquierdistas y nacionalistas. Sánchez de Lozada gobernó con políticas neoliberales, primero de 1993 a 1997 y por segunda vez de 2002 a 2003.
LA PRENSA BOLIVIANA EXIGE A MORALES PROBAR ACUSACIONES
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Asociaciones de la prensa boliviana pidieron al gobierno de Evo Morales que presente pruebas y concrete con nombres su acusación sobre periodistas presuntamente pagados por Estados Unidos para desestabilizar la democracia, declaraciones que el ministro de la Presidencia del país andino había realizado el domingo pasado.
“Hemos pedido al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que pruebe las acusaciones y que presente pruebas”, dijeron ayer a Efe fuentes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), que agrupa a unos 1.200 reporteros.
Quintana declaró el domingo pasado que “se paga a periodistas, a columnistas, se pagan consultorías para crear escenarios precisamente de conflictividad”. “Es desde este programa que se desestabiliza la democracia”, añadió el ministro, al aludir a la agencia de cooperación estadounidense USAID.
En la APLP anunciaron que con esas pruebas que posiblemente presente el Gobierno boliviano van a llevar a los supuestos acusados a su “tribunal de honor”.
En la Federación de Trabajadores de Prensa de La Paz no descartaron que haya periodistas con relaciones “poco éticas”, pero aseguraron que lo correcto es que el Gobierno divulgue los nombres de esos profesionales a los que acusa.
En la Asociación Nacional de Prensa (ANP), que agrupa a los directores de medios de comunicación impresos, calificaron de “graves” las afirmaciones de Quintana.
“Una acusación de tal magnitud debería estar basada en hechos irrefutables, especialmente si proviene de un gobierno”, dijo la ANP.
JUECES CUESTIONADOS
La policía boliviana impidió ayer el ingreso a sus despachos a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuestionados por prevaricación por el gobierno y suspendidos preventivamente por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara Baja, Edmundo Novillo, dijo ayer que él mismo había solicitado que “la fuerza pública impida el ingreso (de los magistrados) a las dependencias del Tribunal Constitucional” con sede en Sucre, sudeste boliviano.
Novillo intenta hacer cumplir así una controvertida resolución de la Cámara de suspender de sus funciones a los cuatro magistrados, la que es resistida por los afectados.
Esos magistrados son acusados de prevaricato por el presidente Morales, luego de que un fallo del Tribunal Constitucional dejara acéfalos los cargos de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por el mandatario sin cumplir requisitos constitucionales.
DIA DEL INMIGRANTE
UNOS 700 MIL EXTRANJEROS REGULARIZARON SU SITUACIÓN MIGRATORIA
Fue a través del Programa Patria Grande, orientado a acelerar los trámites de las personas nacidas en países limítrofes y del Mercosur, que se puso en marcha en 2006. Según cifras oficiales, el 53% del total regularizados proviene de Paraguay, 27% de Bolivia y 12% de Perú.
Telam de Argentina (www.telam.com.ar)
Unos 700.000 extranjeros regularizaron su situación migratoria desde 2003 y el ritmo de radicaciones se aceleró a partir de 2006 con un plan oficial orientado a acelerar los trámites de las personas nacidas en países limítrofes y del Mercosur, aseguró este martes el Director de Migraciones durante el acto del Día del Inmigrante. Según informó este martes Ricardo Rodríguez, responsable de Migraciones, el Programa Patria Grande, que se puso en marcha a principios de 2006, legalizó así la radicación de 485.578 migrantes, de los cuales 413.684 habían ingresado al país antes de abril de 2006, y 71.894 lo hicieron luego de esa fecha.
El programa fue creado para impulsar la regularización de la situación migratoria de los extranjeros nativos de los Estados que integran el Mercosur y los países asociados, con el objeto de facilitar el trámite para acceder a una residencia legal en el país.
En total, fueron cerca de 700.000 los inmigrantes que lograron su radicación temporaria o permanente, si se suman los 12.953 extranjeros de países extra Mercosur y los 189.297 residentes en el país regularizados entre 2003 y 2006.
Consultado por Télam, el director de Migraciones, Ricardo Eusebio Rodríguez, explicó que hasta 2003, de los 100.000 migrantes que entraban al país cada año, tan sólo entre 60.000 y 70.000, pedían la radicación, pero el Estado no daba respuesta a esa realidad.
"El problema de no afrontar la realidad derivaba en un perjuicio para el país, como todo lo que resulta de acudir a restringir sin buscar una solución superadora, porque esa política expulsiva, hace más lucrativo el tráfico y la trata de personas y todos los delitos que se alimentan de la vulnerabilidad humana", afirmó.
Según las cifras oficiales, el 53% del total de migrantes regularizados en todo el período proviene de Paraguay, 27% de Bolivia, 12% de Perú, 2,7% de Uruguay, 2,1% de Chile, 1,5% de Brasil, 0,9% de Colombia, 0,5% de Ecuador y 0,2% de Venezuela.
Los datos fueron revelados durante un encuentro realizado en el emblemático Hotel de los Inmigrantes, ubicado en el barrio porteño de Retiro, para celebrar el Día del Inmigrante.
También se informó que durante 2003 fueron detectadas cerca de 1.800.000 personas en situación irregular, ilegal o semi legal. "Las corrientes migratorias no se paran con ejércitos. El derecho a la migración es un derecho humano. En este sentido, la política migratoria que se implementó a partir de 2003 tenía como base no la seguridad sino los derechos humanos", explicó Rodríguez.
El funcionario consideró que la Ley 25.871, que reemplazó a la ley migratoria de la última dictadura militar, conocida como Ley Videla, "tiene tres pilares fundamentales".
Estos son "el acceso al educación, el acceso a la salud y el hecho de que establece como único criterio, para los extranjeros provenientes de países del Mercosur y asociados, el criterio de la nacionalidad", expresó. No obstante, señaló que "como el contrato migratorio es un contrato de buena fe, existen otros requisitos, como no tener antecedentes policiales".
Según el funcionario, el área de Migraciones era observada como un "ente expulsor", lo que le restaba "credibilidad" a su tarea, aunque consideró que eso "ya no es así".
EL GOBIERNO EXPRESA SU 'MALESTAR' POR EL TRATO DE ARGEL A REPSOL Y GAS NATURAL
El Gobierno ha expresado su 'malestar y preocupación' con Argelia por la decisión de la petrolera estatal Sonatrach de rescindir el contrato de Gassi Touil con Repsol YPF y Gas Natural. No obstante, el Ejecutivo ha subrayado que el conflicto es empresarial y no afectará a las relaciones estratégicas con el país.
Diario Cinco Días de España (www.cincodias.com)
El Gobierno lanzó ayer un mensaje de 'malestar' y 'preocupación' a Argelia tras conocerse que la petrolera estatal Sonatrach ha decidido rescindir el contrato que firmó en 2004 con Repsol YPF y Gas Natural para el desarrollo del mayor proyecto de gas natural licuado (GNL) del país, conocido como Gassi Touil. En este marco, quiso dejar claro, por un lado, que el Ejecutivo seguirá defendiendo los intereses nacionales en el exterior y mediará entre las empresas españolas y la petrolera argelina para facilitar un acercamiento. 'El Gobierno sigue atentamente la evolución del conflicto y está ayudando a que se resuelva favorablemente', señaló el ministro de Industria, Joan Clos, desde Pekín (China).
Por otro, subrayó que la crisis se ciñe al ámbito empresarial y no cabe extrapolarla a las relaciones generales entre España y Argelia, que son 'excelentes en todos los niveles', según el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de viaje en Georgia. En este sentido, Clos insistió en que, aunque el conflicto 'preocupa' al Gobierno, las relaciones con Argelia son 'estratégicas y a largo plazo' y el asunto de Gassi Touil no va a suponer 'una ruptura de las negociaciones en sentido global'.
Fuentes de Industria hicieron hincapié en que el asunto no se puede vincular otros aspectos de la relación con Argelia en materia energética, como la autorización para que Sonatrach pueda comercializar gas en España, la participación de la petrolera en el gasoducto Medgaz o la revisión de precios en los contratos suscritos con Gas Natural.
Por su parte ni el Gobierno de Argel ni los directivos de Sonatrach se quisieron pronunciar ayer sobre el caso.
La posición del Ejecutivo español contrasta con la expresada desde el entorno empresarial, donde se considera que el Gobierno no ha tomado una posición activa para defender los intereses españoles en Gassi Touil pese a conocer desde hace semanas la intención de Sonatrach de llevar el contrato a un proceso de arbitraje. En todo caso, el presidente de Criteria Caixa, Ricard Fornesa, restó ayer importancia a la crisis y se mostró convencido de que ésta 'se reconducirá'. La Caixa es accionista de referencia de Repsol y Gas Natural.
Por su lado, la Comisión Europea indicó que seguirá el caso 'muy de cerca' pero advirtió de que no se inmiscuirá en cuestiones meramente contractuales entre las empresas.
En España, el líder del PP, Mariano Rajoy, achacó la rescisión del contrato a la 'pésima' política exterior del Gobierno, mientras que CiU criticó la 'dejadez' de Industria y pidió la comparecencia del ministro en el Congreso.
Problemas. Repsol YPF ha tenido que afrontar dificultades en varios países
• Repsol YPF no vive precisamente una de sus épocas más tranquilas, al tener que hacer frente en los últimos meses a distintos problemas en varios países, principalmente latinoamericanos.
• La crisis más grave que ha sufrido la petrolera recientemente ha sido la relacionada con la revisión a la baja de sus reservas, que obligó a un recorte de sus estimaciones del 25% a principios de 2006, principalmente por un sobredimensionamiento de los yacimientos en Argentina y la revisión de contratos en Bolivia.
• El cambio de política energética hacia posiciones más nacionalistas en algunos de los países claves para el grupo ha sido otro de los principales quebraderos de cabeza de la compañía. Por un lado, el Gobierno venezolano de Hugo Chávez obligó a las petroleras extranjeras a transferir los acuerdos de explotación de crudo a una sociedades mixtas controladas por la petrolera estatal PDVSA. Por otro, la Bolivia de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. A ello hay que añadir las subidas de impuestos en Argentina y las recientes advertencias de Ecuador sobre la necesidad de revisar los contratos firmados con la española.
• EE UU también ha decidido abrir una investigación a Repsol por si su acuerdo con Irán para explotar gas en el país junto a Shell viola las leyes americanas.
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