El presidente Evo Morales promulgó hoy las 44 leyes de autorización de los contratos petroleros sellando de esa manera la nacionalización de los hidrocarburos y dando paso a la protocolización que inaugurará la era de la industrialización en el país.Las 44 normas fueron aprobadas el pasado jueves en sesión de Congreso, sin embargo, un problema familiar --que derivó en una agresión en el que está involucrado el presidente del Senado, José Villavicencio, impidió que este no las firme, lo que motivó que el Jefe de Estado no pueda promulgarlas el pasado viernes.
Esta noche, luego de la emisión de dos decretos supremos por los que se establece la consulta a los pueblos indígenas en cualquier actividad hidrocarburífera, el Primer Mandatario promulgó las 44 leyes de autorización de los contratos petroleros y viabilizó con ello su protocolización.
En el 2004, los ingresos totales por hidrocarburos tanto en el mercado interno y externo fueron de 1.200 millones de dólares de los cuales quedaba para el Estado 328 millones de dólares, es decir un 25 por ciento del total. En el 2005, con la Ley 3058, los ingresos totales subieron a 1.650 millones de dólares, quedando para el Estado 680 millones de dólares, lo que significa un 40 por ciento.
Sin embargo, en el 2006, producto de la nacionalización de los hidrocarburos, los ingresos se incrementaron a 2.168 millones de dólares, de los cuales el Estado recibe 1.649 millones de dólares, haciendo un total de 76 por ciento.Esto significa que de 328 millones de dólares que el país percibía con Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora el Estado, gracias a la nacionalización, recibe 1.649 millones de dólares anuales.
Además, antes de cada 10 dólares por la venta de gas y petróleo los bolivianos recibían 2,5 dólares y 7,5 dólares era para las transnacionales, sin embargo, ahora con la nacionalización el Estado recibe 7,5 dólares y solo 2,5 va para las empresas transnacionales.Además, con la industrialización de los hidrocarburos en su territorio, Bolivia multiplicará esos ingresos y, tras la protocolización de los contratos, las empresas invertirán al menos 3.000 millones de dólares en la prospección, exploración y explotación de nuevos yacimientos que satisfagan la demanda externa (con nuevos mercados) e interna.
El presidente Evo Morales, en la oportunidad, dijo que en las últimas semanas se han escuchado duros cuestionamientos a los nuevos contratos por parte de aquellas familias, personas y partidos que privatizaron y subastaron los recursos naturales."Hubieron observaciones y críticas a los nuevos contratos, sin embargo, igual al final firmaron. Si ellos tenían algunas observaciones y no estaban de acuerdo por qué no los rechazaron.
Cada día a partir del 15 de abril Bolivia perdió 650.000 dólares", expresó.Durante el acto de promulgación, el encargado de dar lectura a la Ley 3632 de aprobación de los 44 contratos petroleros fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien mencionó "que se está celebrando el proceso de consolidación de la nacionalización de los hidrocarburos".
BOLIVIA HACE HISTORIA
Entre tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas declaró que se trata de un momento histórico en el país porque con la promulgación de las 44 leyes se va a permitir la inmediata protocolización en la Notaría de Gobierno."La promulgación significa la continuación de la nacionalización de los hidrocarburos y el espaldarazo a la política y estrategia hidrocarburífera que se plasma en la visión de la nacionalización de los recursos naturales", dijo Villegas.
Asimismo, la protocolización permitirá la apertura y el impulso de la política hidrocarburífera dejando en claro que las empresas que han suscrito contratos con el Estado son prestadoras de servicios y, en ese contexto, entregan el gas y petróleo en punto de fiscalización a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Estos contratos ratifican la decisión que tomamos respecto a que YPFB tiene el monopolio de la comercialización. "Ahora es el Estado quien define precios, negocia y abre nuevas oportunidades y define producción y exportación", dijo Villegas.
"Los contratos que hemos aprobado son una combinación de exploración, de desarrollo de campo y de producción. No sólo vamos a consumir las reservas probadas sino vamos a tener una política agresiva de exploración porque sólo hasta el momento en el país se exploró el 11 por ciento del territorio potencial", explicó.Asimismo, mencionó que se va a implementar políticas para implementar políticas para explorar zonas tradicionales y no tradicionales con el objetivo fundamental de tener una relación ecuánime de consumo de reservas y descubrimientos de nuevas reservas. Según Villegas, con la industrialización Bolivia sentará en los hidrocarburos la base de su desarrollo en el siglo 21.
"Los nuevos contratos significan también una nueva fase de inversiones en el país, las empresas que han suscrito van a realizar inversiones para obtener volúmenes adicionales de gas y petróleo que permitirá por una parte asegura el abastecimiento interno, y además se construirá el nuevo gasoducto Carrasco-Cochabamba, el gasoducto Villamontes-Tarija y será ampliado el gasoducto del altiplano, pero también, concretar la industrialización de gas para el mercado interno y externo", mencionó.
Según la autoridad, se mejorará el nivel de vida de la población boliviana utilizando el excedente y los recursos económicos ya que las anteriores nacionalizaciones no cumplieron con esto.
REPORTAJE
COCA EN EL ESCUDO BOLIVIANO
Polémica nacional e internacional por la decisión de Evo Morales de incluir la planta en el emblema del país.
El País de España (www.elpais.com/articulo)
¿Un símbolo milenario o un mensaje equivocado? La futura inclusión de una hoja de coca en el escudo nacional boliviano ha desatado la polémica tanto en el interior del país como entre sus vecinos, donde se ha comenzado a denunciar la apología del vegetal -clasificado como sustancia prohibida por una convención de la ONU de 1961- que realiza la Administración de Evo Morales en un momento en que el consumo de cocaína, droga que se obtiene de la planta, se ha disparado en la región.
Entre los puntos de la "refundación de Bolivia" que pretende reflejar la nueva Constitución boliviana, los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) han introducido la reforma del escudo nacional para que éste albergue "símbolos milenarios" como la bandera indígena -la wiphala- y la hoja de coca. Entre los argumentos de los diputados del MAS figura el hecho de que el laurel era utilizado como símbolo por los romanos y otras plantas, como el olivo o las espigas de trigo, aparecen en varios escudos.
Pero, a diferencia de otras iniciativas tendentes a reivindicar la polémica hoja -tales como pedir a Coca-Cola que deje de usar la palabra "coca" o proponer que los niños en las escuelas masquen hojas en vez de tomar leche-, la modificación del símbolo nacional ha provocado una tormenta política en Bolivia.
La oposición señala que el escudo debe representar a toda la sociedad y la hoja de coca, en su opinión, no lo hace. Otro problema añadido es dónde se colocará el nuevo símbolo. Los partidarios de la inclusión subrayan que, de los 19 elementos del escudo, 12 son coloniales. Pero ninguna provincia quiere que se elimine su símbolo. Por ejemplo, el jefe del MAS en la Constituyente, Román Loayza, ha sido acusado de ser partidario de eliminar el símbolo de Potosí.
La polémica también se ha trasladado al exterior. En Argentina, los medios piden "prudencia y racionalidad" ante la reivindicación de una planta que, aunque es utilizada tradicionalmente en un entorno determinado, sirve para producir una peligrosa sustancia que está invadiendo las calles del continente. Según datos oficiales, sólo en el primer trimestre de 2007 unas seis toneladas de cocaína han logrado cruzar las fronteras bolivianas. Las autoridades argentinas están preocupadas especialmente por el consumo de la pasta base de coca, que en tres años se ha disparado en un 500%.
El Gobierno de La Paz responde alegando que este aumento de la cocaína no se debe a una mayor producción de la hoja, sino a un incremento del consumo en los países receptores, a los que además acusa de no ejercer el control necesario sobre los elementos químicos necesarios para la fabricación de la droga. Un razonamiento con el que no están de acuerdo sus vecinos.
"Bolivia nos culpa por una falta de control en los precursores químicos, pero cada vez tiene más hectáreas sembradas de hojas de coca", denunciaba la semana pasada el secretario argentino de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.
El responsable argentino de lucha antidroga pidió además a Bolivia que "se sincere" y declare cuántas toneladas de hoja de coca es necesario producir para garantizar el consumo "cultural o ancestral" de la planta y que a partir de ahí se controlará "el destino de los excedentes reconocidos oficialmente por las autoridades bolivianas". Granero señaló que en el norte de Argentina también se da un cultivo y consumo ancestral de la hoja. "Cosa que acepto porque la cultura es el último recurso de los pueblos contra la globalización", matizó.
En 'Caras y Caretas'
BRASIL, VENEZUELA Y BOLIVIA EN LA MIRADA DE TRES INTELECTUALES LATINOAMERICANOS
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Informa el Centro Cultural Caras y Caretas, que dentro de su sección Foro Latinoamericano, presenta la conferencia 'Protagonistas del siglo XXI: Movimientos sociales en América Latina'.
La misma se desarrollará, según informa la fuente, con las exposiciones de los especialistas Emir Sader, brasileño, director de CLACSO, Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano y Maristella Svampa, académica social argentina. Los tres autores siguen de cerca los procesos latinoamericanos, sobre los cuales actúan y escriben con frecuencia.
El evento será coordinado por la reconocida periodista Telma Luzzani, Pro Secretaria del diario Clarín, de Buenos Aires y sus ejes temáticos serán la dinámica política, mutaciones y relaciones con los gobiernos, de las corrientes sociales que actúan en Venezuela, Brasil y Bolivia, en el contexto latinoamericano actual.
América latina vive un tiempo histórico sin precedentes. En el siglo XXI, la gran mayoría de los ciudadanos latinoamericanos han votado con la ilusión de que sean emprendidos los cambios urgentes que ellos sueñan y que la región latinoamericana necesita desde siempre.
Los grandes motores de esas transformaciones han sido y siguen siendo desde mediados de la última década del siglo XX, los denominados 'movimientos sociales'. Varios de estos movimientos sociales se han convertido en protagonistas decisivos en sus países, determinando la asunción o derrumbe de regímenes políticos y gobiernos; en otros lados, mantienen una fuerza social decisiva que obliga a los poderes establecidos a tenerlos en cuenta y negociar con ellos, en muchos casos para cooptarlos y desactivarlos. Como señala el viejo dirigente revolucionario peruano Ricardo Napurí, 'Sería un grave error metodológico olvidar experiencias que han convertido estas realidades en verdaderos laboratorios de la lucha de clases. Partir, por ejemplo, de la profunda revolución democrática, que tuvo a las masas populares como sujetos sociales y a Pancho Villa y Emiliano Zapata como sus líderes en el México atrasado de 1910. A la revolución guatemalteca en 1954. Y coronando este curso histórico a la revolución cubana de 1959. En estos procesos la burguesía estuvo ausente salvo para beneficiarse de sus reflujos y derrotas… De esta forma el movimiento campesino se convierte en un componente fundamental de los denominados movimientos sociales y aportan su radicalismo reivindicativo y organizaciones propias… En la presente fase de mundialización del capital, la crisis de dominación de clase comprende al Estado, a sus instituciones, incluso al sistema de partidos… Este hecho ha permitido que los llamados movimientos sociales, que repito siempre existieron antes, tengan ahora un protagonismo mayor al quedar liberados del agobiante sustituismo los partidos pequeño burgueses e incluso de la izquierda… A través de sus luchas, a veces cruenta y heróica se va construyendo poder social…'
Dentro de esta visión histórica e integral desarrollada por Napurí en el documento 'Para pensar algunos problemas de América latina', editado en Francia recientemente, los movimientos sociales latinoamericanos han despertado, otra vez en la historia, el interés de académicos, periodistas y militantes revolucionarios. Tres de ellos disertarán hoy martes, a las 7 de la noche en el Centro Caracas y Caretas, situado en Venezuela 330.
Algunas consideraciones propositivas sobre la nueva política de tierras
LA REVOLUCIÓN AGRARIA EN BOLIVIA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente ha elaborado la Nueva Política de Tierras y la ha presentado a las organizaciones sociales en Cochabamba los días 26, 27 y 28 de marzo, con la intención de que las mismas puedan aportar con sus propuestas.
Hemos tenido la oportunidad de participar en la mencionada exposición como representantes de la Comisión de Agricultura, Campesinado, Comunidades Originarias y Etnias del senado nacional. Gracias a esta oportunidad es que hemos podido realizar el presente artículo propositito.
La coyuntura política actual representada por un gobierno de cambio y, además, con un presidente indígena, demanda de una profunda transformación del país, pero no solo a nivel estructural, sino también a nivel ideológico y, por lo tanto, filosófico. La visión de realidad que el gobierno pretende implantar se circunscribe al ámbito ontológico y epistemológico[1], ineludiblemente, y no así únicamente al político, económico, educativo y cultural. El problema de impulsar cambios políticos sin incidir en la esencia ontológica de los mismos, es que se convierten en cambios de forma que mantienen en vigencia la matriz filosófica colonizadora, etnocida, ecocida y genocida. Si bien, en la actualidad, las corrientes científicas más críticas instan por revoluciones epistemológicas, se olvidan que en el cáliz ontológico descansa el germen de los paradigmas occidentales. Es algo así como cuando uno quiere matar a las hormigas que han invadido la casa o el jardín. Por mucho que uno intente deshacerse de ellas de miles de formas, siguen apareciendo sin reducir, ni siquiera, su número. La solución es encontrar la matriz que alberga a los huevos de las hormigas y en la cual estas se reproducen. Permítannos aclarar que este ejemplo corresponde únicamente a nuestra necesidad de facilitar la exposición, de ninguna manera se circunscribe a nuestra filosofía de vida la cual, muy contrariamente al ejemplo, no está de acuerdo con una relación homicida con las hormigas ni con otro ser de la realidad.
Además, es desde el espacio ontológico que se puede plantear nuevos paradigmas y visiones de la realidad que no correspondan solamente a Occidente. Nos explicamos:
“El tema filosófico, que tanto defendemos, ha sido desplazado hace mucho tiempo por la ciencia, desde que algunos filósofos negaron la existencia del ‘ser en si’ (un ser espiritual) y abogaron por la existencia del ‘ser pensante’. En este momento, la preocupación por la cuestión del ser fue enterrada por otra inquietud: ¿qué es el conocimiento? A partir de la dicotomía ‘cosa en si’/ ‘cosa pensada’ surge otra partición fundamental que rige la ciencia y el Derecho. Se trata de la separación forma/esencia. La forma, el fenómeno, es el único que puede conocerse mediante la razón. La esencia queda relegada a la filosofía, pero es infranqueable con la razón, por lo mismo, ininteligible. A través de este postulado se logra, además, repudiar toda forma de conocer la realidad que no enarbole la razón como el único medio para realizar el proceso de conocimiento. De esta forma, las reflexiones en torno al tema ontológico y a la esencia, se consideran innecesarios o, es más, ni siquiera se toman en cuenta. Así, cualquier estudio y reflexión científica se ha constreñido a la forma”[2].
Del mismo modo, toda propuesta política se remite a la forma y deja de lado el tema de la esencia. En este contexto, ¿cómo esperamos realizar propuestas revolucionarias que tomen en cuenta otras visiones de la realidad y sus consecuentes sabidurías, si siempre partimos de ideas e iniciativas que se circunscriben a la propuesta filosófica occidental que considera a la razón y la ciencia como los únicos medios de conocimiento válidos? Si no redefinimos el marco ontológico o de la esencia, entonces ¿cómo esperamos que se incluyan en las propuestas políticas otras visiones que no se remiten únicamente a la razón como medio de conocimiento y que, más bien, tienen propuestas bastante diferentes que se remiten, sí o sí, a nuevos planteamientos ontológicos?
Acerca de la colonización de las tierras y la modalidades de tenencia y uso de tierra ancestral.
Estamos ante una nueva etapa de colonización, que hemos venido a denominar “recolonización”, que se caracteriza por políticas a todo nivel (educativo, político, cultural, científico, tecnológico, social y económico) que se insertan en cada uno de los países, ya no desde la ocupación al modo de la colonización tradicional, sino desde la inserción, en el interior de cada uno de los países, de la ideología recolonizadora posmoderna, así como de las transnacionales que se instalan en sociedad con los propios estados, garantizando la producción y reproducción de capitales y sus respectivos excedentes de y desde el interior de los países subdesarrollados. Si bien la tierra ha sido un eje central en toda tendencia colonizadora, el territorio recupera en la actualidad mayor énfasis. Es decir, no es solamente un espacio de tierra el que debemos proteger, sino también, el territorio con todos sus recursos renovables y no renovables más la población que vive en él y sus lógicas de convivencia con la tierra.
DERECHO DE FONDO - EVOLUCION DOCTRINARIA
LOS MODELOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Europa y América latina tuvieron procesos distintos en la búsqueda de un esquema que les garantice a los Estados la prevalencia plena de sus Cartas Magnas.
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
La lucha por consolidar el Estado Constitucional necesitaba un último eslabón para completar el círculo. El primer paso fue imponer la Constitución como instrumento ordenador del Estado, lo que consagró derechos fundamentales y poderes limitados y dio racionalidad a la vida política; y el siguiente esfuerzo estuvo dirigido a la democratización del sistema a través del voto universal y de los derechos sociales, cuya realización pasó a ser tarea del Estado. Pero estos objetivos carecían de algún mecanismo que corrigiera las situaciones de incumplimiento o de inobservancia de la Carta Magna. ¿Qué hacer cuando el poder desprecia lo establecido en la Constitución, y cómo hacer para que una norma dictada en contraposición a lo establecido en ella sea invalidada y expulsada del sistema jurídico?
A estas preguntas va a responder el control de constitucionalidad, que se ha convertido en un tema de importancia capital para el sistema constitucional. La cuestión de hacer efectiva una Carta Magna en la realidad política y social de una comunidad constituye el desafío central de la problemática constitucional. Se trata, nada más y nada menos, que de afirmarla como norma jurídica vinculante.
Si bien este enunciado parece sencillo, a la luz de la experiencia histórica universal y argentina, el propósito de que la Constitución sea un instrumento eficaz de ordenación política comenzó a concretarse de manera lenta y progresiva en términos históricos, en tiempos muy recientes. En Europa, tras la Segunda Guerra Mundial; en Latinoamérica, después de los procesos democratizadores iniciados a mediados de la década del 80.
Si bien en el período de entreguerra en Europa hubo medulosos debates (simbolizados por el épico duelo teórico protagonizado entre Kelsen y Schmitt sobre el “defensor de la Constitución”), todo sucumbió con las hordas nazis. Igualmente, en Latinoamérica (Argentina incluida) la Constitución, y todo lo que ella significa, habían perecido por los sucesivos golpes militares, y la situación no pudo ser restañada en los breves interregnos de gobiernos elegidos por el voto.
Iniciado el período de reconstrucción de los Estados Constitucionales de Derecho, luego de la Segunda Guerra, se hizo patente el firme propósito de que la Constitución se convierta en realidad vinculante. Para ello se puso énfasis en establecer los mecanismos que garanticen su observancia, de modo que cuenten con potestad suficiente para sancionar su incumplimiento y corregir la desviación.
Dos variantes
Entonces, el mundo sólo conocía dos modelos de control de constitucionalidad. El norteamericano (judicial review), a cargo de los jueces del Poder Judicial; y el kelseniano de la jurisdicción constitucional especial (Verfassugsgerichtsbarkeit) a cargo de un Tribunal Constitucional (ensayado por la Constitución de Austria de 1920 e imitado sin éxito por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República española del 31).Pero la desconfianza política respecto de los jueces del Poder Judicial (producto de la expansión del antijudicialismo francés por el continente europeo y del excesivo protagonismo dado al juez por la Escuela Libre de Derecho) llevó a Europa a preferir el modelo kelseniano de una jurisdicción constitucional concentrada en un Tribunal ad hoc (un órgano especial al que se le encarga, con carácter exclusivo, que intervenga en las cuestiones de inconstitucionalidad). Este cuerpo reviste la función de legislador negativo, en tanto puede derogar una ley o una norma con fuerza de ley con alcance general, es decir, erga omnes. En consecuencia, al juez ordinario no se le reconoce capacidad para declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero esa tarea es atribuida con carácter monopólico al solo y único Tribunal Constitucional, integrado por 9, 12 o 17 miembros.
La expansión de este modelo de control de constitucionalidad de las normas se dio en Europa en tres etapas. Primero, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en aquellos Estados que dictaron sus nuevas Constituciones (Italia, Alemania, Austria). Estos fueron imitados por los Estados del sur de Europa que en la década del 70 salieron del régimen autoritario (Portugal, España, Grecia). Finalmente, tras la caída del muro de Berlín, los países del Este europeo siguieron el mismo modelo (Polonia, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia).
En Latinoamérica, la preocupación por establecer un sistema de control de constitucionalidad empezó a manifestarse a partir del proceso de democratización de la década del 80, iniciado por Guatemala (1985) y finalizado por Bolivia (1995). El panorama continental es variopinto, porque incorporó elementos del modelo kelseniano. En efecto, si bien en sus comienzos había seguido el sistema norteamericano del control de constitucionalidad por los jueces en el caso concreto, no había resultado eficaz por las sucesivas interrupciones de la continuidad constitucional. Este hecho llevó a los tribunales judiciales (muchas veces integrados por jueces designados por el régimen militar, tras destituir a los jueces de la Constitución) a perder fuerza de convicción en la defensa del orden constitucional quebrantado. También incidió el hecho de que la designación tenía lugar en medio de un estado de provisoriedad del ordenamiento jurídico. Todo esto trajo aparejada una devaluación del rol de juez en su función de garante de la constitucionalidad, a lo que debe sumarse una autocensura en cuestiones constitucionales por los propios jueces con la excusa de que las “cuestiones políticas” no son justiciables.
En definitiva, el desdén manifestado por los tribunales en buena parte de América Latina para cumplir el rol asignado por la Constitución llevó a buscar otras fórmulas más eficaces cuando llegó la hora de diseñar los mecanismos de control constitucional en los nuevos textos constitucionales.
Opinión
BOLIVIA - “EL CAMINO ES CULEBRERO”
La Historia Paralela de Argentina (www.lahistoriaparalela.com.ar)
Primero se manifestó la ONU y ahora la OEA, quienes aparecen respaldando al Gobierno en el presente proceso al que definen como de cambio en democracia. En un país en el que estamos inmersos en una Asamblea que está destruyendo la institucionalidad democrática que nos quedaba, y existen altos índices de violación a las libertades y derechos humanos, nos deja perplejo el papel de estos Organismos Internacionales, que de la noche a la mañana aparecen como partidarios y voceros del Gobierno boliviano, cuando deberían guardar una prudente observación en vez de la información y la alianza cómplice.
Será necesario dejar reposar estas opiniones, para que cuando se abra la caja de Pandora podamos mostrarle a la OEA por ejemplo, que sus manifestaciones de respaldo tal vez fueron precipitadas al aseverar pasando por encima de la realidad, que el presente Gobierno sigue un camino de lucha contra las drogas y fortalecimiento de la democracia.
El vicepresidente Álvaro García, aprovechó un informe del PNUD, para instrumentarlo en apoyo a las políticas que está desarrollando el actual gobierno. En este sentido, entre otros conceptos lanzó apreciaciones asegurando que “la base material del liberalismo: la individuación, no se ha producido de manera plena en la sociedad boliviana”, con lo que pretende deducir que la estructura que prevalece es de una economía que tiende al colectivismo, conclusión que es absolutamente forzada en un país en el que una gran parte de la población vive de actividades que surgen de la libre iniciativa y que autogeneran empleos y trabajos que nunca ha generado el Estado.
Utiliza también el informe del PNUD para establecer que el pueblo ha elegido el camino de la estatización, lo cual es muy relativo, puesto que en realidad el informe puede tener muchas lecturas, puesto que el pueblo ha planteado cambios, pero no siempre se puede identificar este planteo del pueblo con los cambios y el giro que está tomando el actual gobierno. Aquí también hace énfasis García Linera diciendo que el pueblo no ha elegido un comunitarismo local, sino la idea del Estado nacional, tratando en este sentido de echar por tierra la idea de la autonomía que es un fuerte reivindicación al interior de muchas regiones de Bolivia.
Finalmente, García Linera concluye utilizando el informe del PNUD, diciendo que este brinda un enorme aporte al debate en la Constituyente, estableciendo entre otras cosas que supuestamente los recursos naturales no son del municipio, ni del Departamento, sino del Estado. Y con esto podemos observar que desgraciadamente algunos funcionarios de los Organismos Internacionales que cumplen funciones en nuestro país, están haciendo política y al mejor y más claro estilo Masista. Es profundamente perturbador el descubrir que estos Organismos no se estén conduciendo como instituciones que actúen como factores de equilibrio y contrapeso, cayendo en la tentación de servir al gobierno y al gobernante de turno.
Opinión
CUMBRE INTRASCENDENTE
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
La Cumbre Energética Suramericana que finalizó la semana pasada fue intrascendente y no borrascosa, como esperaban algunos. El teniente coronel se sintió más perdido que el 4 de febrero de 1992 y prefirió no dar la batalla ni por el cartel de países productores y exportadores de gas ni por el gasoducto del sur. Tampoco por el etanol y mucho menos por el banco del sur. Fue por lana y salió trasquilado en su pretensión de líder. Esta es la consecuencia de "planificar" por ocurrencias en noches de insomnio. Solo se logró un acuerdo para crear un Consejo Energético y bautizar al grupo de países asistentes como Unión de Naciones Suramericanas. Con la improvisación con la que fue montada y con el objetivo político que siempre tiene bajo la manga el teniente coronel, era imposible lograr avances significativos. El tema de crear un cartel de países productores y exportadores de gas, sobre el cual ya hay un acuerdo muy preliminar entre Bolivia, Argentina y Venezuela, no encontró eco en Perú ni en Colombia, países que disponen de reservas de gas. Mucho menos en Brasil, que dada su alta dependencia del gas boliviano no se iba a hacer el haraquiri apoyando la creación de este cartel. Por ello esta ocurrencia pareciera destinada a no materializarse. Al respecto cabe recordar que hoy en día Venezuela tiene un déficit de mil quinientos millones de pies cúbicos de gas por día, el cual debe sustituir por fuel oil y diesel para operar las plantas de generación de electricidad. Con respecto a la ocurrencia del gasoducto del sur, recordemos que 95% de nuestras reservas probadas de gas están asociadas al petróleo y que no están probadas las reservas del gas libre. El no tener la cuantificación del gas disponible, además del daño ambiental que ocasionaría y el menor costo de la opción de transportarlo por barco, ha determinado que los brasileños estén muy cautelosos y, por ahora, pareciera que el gasoducto del sur es una ocurrencia más.
En relación a la producción de etanol para ser usado como combustible en diferentes mezclas con la gasolina, el teniente coronel tuvo que retirar su denuncia de que es un proyecto "hambreador de los pueblos", por supuesta competencia con la producción de alimentos. Tanto Brasil, como Uruguay, países que producen y exportan grandes cantidades de alimentos, sostuvieron firmemente que no hay incompatibilidad y que seguirán con sus planes expansionistas de producción de etanol a partir de cultivos. En nuestro caso, ya estamos importando etanol desde Brasil y hay planes para sembrar cien mil hectáreas de caña de azúcar destinadas a la elaboración de etanol. Éste se mezclaría hasta un diez por ciento con la gasolina para mejorar su octanaje y evitar el "pistoneo" de los motores. Los expertos en caña sostienen que para que este proyecto sea viable se requiere de una Ley de Promoción de este rubro, la cual debe necesariamente garantizar la propiedad privada de la tierra. Desde luego que Venezuela podría elaborar el etanol en las plantas petroquímicas y quizá la rentabilidad para Pdvsa sería aceptable, pero el procedente de la caña tendría una mayor rentabilidad a nivel país, al contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de nuevas zonas rurales.
En resumen, los resultados de la Cumbre son magros y los pocos logros se han podido obtener sin tanta alharaca y a menor costo. El querer darle preponderancia a lo político sobre lo económico, siempre presente en los discursos del teniente coronel, es un impedimento para avanzar en un área tan importante. La firma de convenios bilaterales con Paraguay, Nicaragua y Jamaica para la construcción de refinerías no es conveniente para Venezuela. Es oportuno recalcar que la refinación no es un negocio muy rentable, aunque sí necesario. Con la capacidad de refinación de que disponemos en nuestro país y en el exterior, es un mal negocio invertir en la construcción en otros países de nuevas refinerías de relativamente poca capacidad. Con esta Cumbre, Venezuela no alcanzó ninguna cima ni en lo económico, ni en lo político, y tampoco le permitió al comandante elevar su ego que cayó en una sima.
Opinión
¿POPULISMO O SOCIALISMO SIGLO XXI?
La Hora de Ecuador (www.lahora.com.ec)
Ganó abrumadoramente el SÍ ¿al cambio?¿al socialismo siglo XXI? o ¿ al populismo complaciente de las mayorías para perpetuarse en el poder? ¿Cuál es la diferencia entre populismo y socialismo siglo XXI? Tratemos de reflexionar sobre posibles respuestas para entender hacia dónde vamos, porque el cambio sin brújula no siempre implica crecimiento o renovación. Iniciemos con el populismo, que en el sentido negativo, es el poder como un fin en sí mismo y el medio para lograrlo es el pueblo.
H. Dieterich Steffan, autor de “Socialismo siglo XXI” y referente de Chávez, propone un sistema socialista humanista basado en la democracia participativa y directa; que implica mayor acción de los individuos y grupos sociales en la toma de decisiones públicas.
El riesgo es que necesita permanentes consultas populares y debates, que en nuestro país suelen ser cortinas de humo para crear ilusionismos que nos desgastan y dispersan de la atención de otros temas de vital importancia que requieren de soluciones prácticas inmediatas.
En este concepto socialista, a diferencia del modelo marxista que defiende la dictadura del proletariado, el estado no puede estar por encima de los ciudadanos y sólo actúa como regulador para asegurar la libertad fortalecida por la equidad. Es antitotalitarista y descentralizador para fortalecer la dinámica social; a menos que sea tergiversado por la demagogia y el ansia de poder, como en el caso de Venezuela.
Lo único evidente en el panorama ecuatoriano, es el deseo de un cambio socio-político que no está definido. Aún están presentes los fantasmas del populismo con su gula de poder, sea de derecha o de izquierda, invalidando las opciones democráticas y el dinamismo social y económico que requiere el siglo XXI. De nosotros depende marcar el rumbo e iniciar un debate serio, con una visión innovadora y abierta, para evitar el uso de artificios que no crean más que falacias y desesperanza.
Opinión
PRIMAVERA LATINOAMERICANA
Por Esto de México (www.poresto.net)
Decepcionados con las tradicionales oligarquías políticas, los electores de América Latina canalizan ahora sus votos hacia candidatos que encarnan la esperanza de cambios capaces de reducir la desigualdad y la miseria. Votan a gente con cara de gente: al obrero Lula en Brasil, al mestizo Chávez en Venezuela, al indígena Morales en Bolivia, al militante de izquierda Correa en Ecuador, al exguerrillero Ortega en Nicaragua. Y quiera Dios que, dentro de poco, Fernando Lugo sea elegido presidente de Paraguay y Rigoberta Menchú de Guatemala.
En Venezuela Chávez refuerza el poder popular instalando los Consejos Comunitarios. Esa es la única vía por la que los gobiernos democráticos pueden, en efecto, asegurar su gobernabilidad sin correr el riesgo de quedar como rehenes del Congreso y vulnerables a los golpes de Estado orquestados desde Washington, como sucedió en Venezuela en el 2002.
En Brasil Lula optó por la vía parlamentaria, formando una coalición partidista que le garantiza la mayoría en el Congreso, aunque sin metas definidas en cuanto al proyecto de un nuevo Brasil. Los partidos fueron atraídos por el ofrecimiento de cargos en la maquinaria del Poder Ejecutivo. Al contrario de Chávez, Lula no se interesa por movilizar a los movimientos sociales, temeroso de que le exijan cambios en la política económica neoliberal, de riguroso ajuste fiscal, y en la política social, que está debiendo la reforma agraria, puerta de salida de las familias pobres que, hoy, dependen de los recursos del Estado para su sobrevivencia.Reelegido en diciembre por el 63% del electorado, Chávez obtuvo la aprobación por el Congreso de la Ley Habilitante, que le permite gobernar en los próximos 18 meses sin consultar al Parlamento. Se trata de la versión venezolana de las Medidas Provisionales adoptadas anteriormente en Brasil. A partir del 1 de mayo Chávez pretende reducir el poder de los consorcios petroleros que operan en la región del río Orinoco, donde se extraen cerca de 600 mil barriles diarios y con potencial para llegar al millón 300 mil barriles por día. La medida afectará a las empresas extranjeras que hasta ahora se hartaban del petróleo venezolano e inflaban su facturación sin contrapartida en el desarrollo sustentable del país: las norteamericanas Chevron, Exxon Mobil, Texaco y Conoco Philips; la francesa Total; la noruega Statoil; y la británica British Petroleum. La empresa venezolana PDVSA es la socia minoritaria en este consorcio. A partir del 1 de mayo ésta se quedará con la cuota del 60% y las demás con el 40%.
En los planes de Chávez entra el nacionalizar la empresa Electricidad de Caracas, controlada ahora por la AES de los Estados Unidos, y no renovar la concesión de frecuencia del Estado a la empresa de telecomunicaciones RCTV (Radio Caracas Televisión), que podrá seguir operando por satélite y por cable. La RCTV apoyó el golpe de abril del 2002, que trató de derribar al presidente Chávez y, en diciembre del mismo año, apoyó el sabotaje a PDVSA, lo que puso en peligro la economía del país. Chávez prefirió, en aquel momento, no castigar a la emisora.
Al contrario de lo que pregonan los medios de los Estados Unidos, Chávez es el presidente latinoamericano con menos poderes y más mediatizado por dispositivos constitucionales limitadores de su actuación. El más importante de ellos es el Referéndum Revocatorio, que autoriza al 5% de los electores -unas 800 mil personas- a exigir que el elegido se someta a la aprobación popular a mitad de su mandato. Su aplicación tuvo lugar en agosto del 2004, cuando la oposición venezolana pidió el referéndum y tuvo que tragarse la amargura de su resultado: la mayoría de la población reafirmó su confianza en Chávez.
Si hubiera habido un Referéndum Revocatorio en Argentina y en Bolivia, Fernando de la Rúa y Sánchez de Losada habrían sido destituidos sin falta de aquella presión popular que pagó el alto precio de vidas sacrificadas. Y en Perú Alejandro Toledo, que gobernó con un índice de aprobación inferior al 15%, habría cedido su lugar a otro a mitad de su mandato.
En Ecuador, país que tuvo ocho presidentes en los últimos diez años, Rafael Correa movilizó a la nación para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por más del 70% de los electores el domingo pasado. Y en Bolivia Evo Morales conmemora la reducción, en apenas un año, del déficit fiscal, la duplicación de las reservas del país y el avance de los indicadores económicos, gracias al cobro del precio justo del gas explotado por compañías extranjeras y a la recuperación de la propiedad sobre los hidrocarburos.Por la vía democrática y pacífica, América Latina va liberándose de la miseria a la que la mayoría de su población fue condenada por las grandes potencias. Si éstas reaccionan ante la pérdida de sus privilegios exorbitantes, el escenario de Irak podría trasladarse a esta región. El sentido común y el incienso no le hacen mal a nadie. (Traducción de J.L.Burguet) (Alai-amlatina).
Análisis
PROTESTAS CAUSAN SALIDA DE CAPITALES DE RIESGO EN AL
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
Expertos sostienen que aunque la región ya se acostumbró a estos incidentes, existen proyectos en marcha para poder superarlos. En América Latina (AL) brindar un clima de confianza para los inversionistas, con el fin de asegurar perspectivas económicas positivas, continúa siendo motivo de preocupación. Así, la convulsión social en la región afecta el propósito común de AL: emerger.
Según el diario la Razón (Bolivia) el último paro que afectó la estación de Transredes, en Yacuibá (al sur del país), en la cual tienen participación las transnacionales Shell y Ashmore, dejó pérdidas por un millón de dólares debido a la reducción de los envíos de gas a los mercados de Argentina y Brasil.
Al respecto, Ricardo Amiel, experto en temas energéticos, sostiene que lo que ocurre en Bolivia tendrá un costo más notorio en la salida de capitales de riesgo, pues este tipo de inversiones miden aspectos como la seguridad económica, la estabilidad jurídica y social. “Hoy en Bolivia vemos que al menos uno de estos factores está siendo distorsionado”, dijo.
Indicó que este panorama en el país vecino puede beneficiar al Perú, pues “cuando los capitales de riesgo escapan buscan mercados que tengan mejores áreas prospectivas, con legislaciones que promuevan la atracción de este tipo de capitales, como el caso nuestro”.
Amiel agregó que, en cambio, también hay países en la región como Ecuador y Bolivia en los que la inestabilidad económica y política les afectará sin duda. “Perú es un caso aparte pues es bien visto en EE UU, por ejemplo, la clasificadora de riesgo Standard & Poors, nos ubica como un país de baja inflación”, comentó.De otro lado, el especialista explicó que el balance energético de la región se sostiene básicamente por Venezuela (en el caso del crudo), y en lo referente al gas Sudamérica posee una red en la que participan varios países, de los cuales Bolivia es sólo una parte.
Cuestión de tiempo
Por su parte, Aurelio Ochoa, otro entendido en el tema, manifiesta que aunque la situación en Bolivia es preocupante, no debe de temerse que sea demasiado grande pues es cuestión de tiempo para que las cosas se normalicen.
Sin embargo, afirmó que puede preverse problemas de desabastecimiento en mercados como los de Brasil y Argentina, lo cual ha ocurrido en efecto. Asimismo, el viceministro de Industrialización y Comercialización de Bolivia, William Donaire, señaló que con la reducción del fluido del gas, el mercado más afectado fue el argentino, donde la exportación bajó de 5 a 1,2 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).
Además, se suspendió el bombeo de 1,2 MMmcd de gas a la ciudad brasileña de Cuiabá —prácticamente no se envió ni una molécula de gas el pasado viernes— y la distribución que administra Petrobras hacia Sao Paulo bajó de 24,6 a 24 MMmcd.
Sin embargo, para Ochoa estos mercados ya han ido desarrollando ciertos mecanismos de defensa contra los cortes, debido a que no es la primera vez que se dan estos incidentes.
“Por ejemplo, en el caso de Argentina, este país ha ido reduciendo sus exportaciones a Chile, que a su vez viene comprando mayores cantidades de diesel para atender su mercado y está construyendo una planta de regasificación en Valparaíso. Y Brasil viene desarrollando otras soluciones, como la construcción de dos plantas de regasificación, una en Río y otra en alguna ciudad del nordeste brasileño, para las cuales comprará gas de Argelia”, explicó.
Recordemos que Brasil produce el 50% del gas que consume en su mercado interno. “No debemos alarmarnos, sólo tomar previsiones, pues situaciones similares se ha dado en Europa hace muy poco tiempo con el corte del gas de Siberia, el cual alimenta a diferentes países europeos”, acotó.
El dato
El capital de riesgo es una forma de financiar empresas que están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se les preste.
Opinión
DESDE EL SUR. NUESTRA NOVELA POLÍTICA
La República de Perú ((www.larepublica.com.pe)
Para Balzac, la novela es la historia privada de las naciones. Para nosotros, latinoamericanos, la realidad invirtió esos términos. La historia pública de nuestros países es una larga novela en busca de editor.
Así, la Guerra del Pacífico –cuyo tomo tenemos siempre en el velador– es sólo parte de una saga subregional, que comenzó con las rivalidades, glorias y fracasos de los próceres. Ahí aparece el chileno Bernardo O’Higgins financiando una escuadra para expulsar del Perú a los españoles y poniéndola al mando de su "hermano" de logia masónica secreta, el argentino José de San Martín. Siguen la ira del británico Lord Cochrane, cuando San Martín se sube por el chorro, asumiendo como Protector del Perú y la rectificación justiciera del venezolano Simón Bolívar. El libertador máximo, atajando la supuesta avivada, excluye de su gloria al libertador argentino.
Mientras Bolívar liquida ese capítulo en Guayaquil, su lugarteniente José Antonio de Sucre escribe un apartado creativo para Bolivia. Este nuevo país es su regalo para el jefe y marca el inicio de una segunda parte –que bien pudo escribir León Tolstoi–, con dos guerras y nuevos protagonistas. Destacan, entre estos, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Diego Portales, Manuel Bulnes, Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Hilarión Daza, Aníbal Pinto, Domingo Santa María, Julio Roca, Patricio Lynch, Miguel Grau, Arturo Prat, Eduardo Abaroa y Andrés Avelino Cáceres.
¿Termina, aquí, la novela sub regional y empieza la "no ficción"?
Para nada. Hoy estamos viviendo otro gran folletín y si no lo vemos claro es porque sus claves aún no se decodifican a cabalidad. Nuestros nietos sabrán que partió como secuela de las revoluciones mexicana, rusa y cubana y terminó insertándonos en la novelística mundial de la Guerra Fría.
Los primeros capítulos de esta segunda novela los protagonizan, subversivamente, los peruanos José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y el chileno Luis Emilio Recabarren. Ante ellos aparece Eudocio Ravines, también peruano, quien llega con instrucciones secretas de José Stalin para liquidarlos. Mariátegui no da guerra –muere joven–, Recabarren se suicida, el stalinista cubano Julio Antonio Mella se trompea con Haya y Ravines se arrepiente. Confiesa que Stalin fue una gran estafa.
Veinte años después la saga tiene una gran secuela, estelarizada por Fidel Castro, líder máximo de Cuba, quien se autopercibe como heredero de Martí y Mella, pero también de Bolívar y Lenin. Desde tan complejo rol, combate al "imperio", incendia la región, asume el riesgo de un holocausto nuclear y acorrala a quienes no acatan su jefatura o diseñan estrategias alternativas. Entre estos destacan líderes conosureños fogueados como Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende junto al muy novato Alan García. Para neutralizarlos, Castro los insulta, les serrucha el piso, les da lecciones públicas de revolución y hasta falsifica sus biografías.
En el desenlace, que está afinándose, el patriarca anciano se re-autoabsuelve ante la Historia, mientras ejecuta un guión previo de Gabriel García Márquez. Sabe que su gran proyecto fracasó, pues cayó la URSS y él ya no puede escalar montañas. Sin embargo, su buena estrella le ha regalado un discípulo y este le recuerda lo que un día dijo a su escribidor francés: "Si tuviéramos petróleo, Regis, la revolución continental sería cuestión de meses".
Y ahí emerge Hugo Chávez, su heredero venezolano, forjando "ejes", insultando al jefe del "imperio" (entre otros), trompeándose con un fogueado Alan García (heredero de Haya) y chocando con Michelle Bachelet (heredera de Allende). A la vieja usanza, aquí se abre una ventana donde se lee "continuará".
Opinión
EL LARGO CAMINO DE LA MEMORIA EN BUSCA DE LA JUSTICIA EN BOLIVIA FRENTE A SÁNCHEZ DE LOZADA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El pasado 16 de enero, la Sala Penal I de la Corte suprema de Justicia Boliviana declaraba en rebeldía al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros. Este paso, importantísimo para que avance la fase preparatoria del juicio de responsabilidades en su contra por los hechos de septiembre y octubre del 2003, llega después de más de tres años de espera, trabas y obstáculos que han tenido que soportar los familiares de las 67 victimas mortales de aquellas jornadas que, conocidas como Octubre Negro, han sido decisivas en la historia y el proceso de cambios que vive actualmente el país.
Hemos perdido a nuestros seres querido y nos duele que después de más de tres años nadie haya pagado por ello. Ya estamos cansados de esperar». Con estas palabras Doña Juana, que perdió esos días a su marido, expresa y resume, entre lágrimas y dolor, el sentir, no solo de los familiares, sino de toda la ciudad de El Alto y de gran parte de la sociedad boliviana. Un sentir reflejado en las múltiples pintadas de «Goni a Chonchocoro» que abundan en las paredes de la joven ciudad aymara.
La ciudad más pobre del país más pobre de América del Sur, que en setiembre y octubre del 2003 alzó su voz por lo que Rogelio Mayta, abogado del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, considera un reclamo de dignidad histórica.
«Los recursos naturales siempre nos han sido arrebatados y han beneficiado a otros. Esa es una realidad que está marcada en la mente del pueblo», por lo que en 2003, cuando se conocen los planes del Gobierno de exportar el gas a California, «la gente vincula que ese es el último recurso natural que nos queda y la única esperanza para salir de la pobreza. Fue un proceso de resistencia generado por la memoria histórica, al que Sánchez de Lozada sólo supo responder con represión».
Años antes, en su primer mandato, de 1993 a 1997, Sánchez de Lozada, que se estima tiene una fortuna de más de 220 millones de dólares (147,8 millones de euros) e intereses en cerca de una decena de países, llevó a cabo la capitalización, eufemismo bajo el cual se transfirieron a manos privadas las más importantes empresas estatales, y advirtió que estas políticas neoliberales se llevarían a cabo «pese a quien pese, cueste lo que cueste». El 9 de abril de 2003, en su segundo mandato, amenazó, en un acto en la ciudad de Santa Cruz, con el uso de las armas para mantener un gobierno que gozaba cada vez de menos legitimidad y respaldo popular.
Este lenguaje autoritario y militarista se convirtió en macabra realidad en setiembre de ese año, cuando un operativo militar, bajo el pretexto de «rescatar» a un grupo de turistas norteamericanos atrapados en un bloqueo, dejó un saldo de seis muertos en la localidad de Warisata. «Este fue un golpe calculado y medido, destinado a aterrorizar y vencer la moral de la gente que estaba resistiendo mediante bloqueos pacíficos en el altiplano paceño», afirma Mayta, quien considera que este «primer escarmiento», no logró su objetivo, sino más bien al contrario, «pues generó una respuesta de dignidad, que extendió las protestas, en especial en la ciudad de El Alto».
Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Guerra del Gas, recuerda cómo en esos días su hermano Constantino le comentaba que la situación se parecía cada vez más a la de las dictaduras de los años setenta. «Nos decía que teníamos que andar con mucho cuidado, que estaban volviendo los métodos dictatoriales en los que se militarizaba la sociedad y no se permitía ninguna protesta».
Días después, el 12 de octubre, recibió la noticia de que su hermano se encontraba grave. Falleció el 15 de ese mes víctima de la brutal represión y el terror que extendieron los militares amparándose en el decreto 27209, que, emitido el 11 de octubre del 2003, declaró el Estado de Emergencia Nacional, ordenando a las fuerzas armadas, al mando de su ministro de Defensa Sánchez Berzaín, también declarado en rebeldía, hacerse cargo del transporte de combustible y garantizar su distribución y suministro a la población.
Así, en su Artículo 3, el Estado asumía y garantizaba el resarcimiento de «cualquier daño sobre bienes y personas que se pudiesen producir como efecto de su cumplimiento». Es decir, licencia para matar que, a fin de surtir de combustible a La Paz, dejó cerca de cuarenta muertos.
Este decreto es una de las principales pruebas, pero no la única, pues según Mayta, «también hay órdenes anteriores al decreto, firmadas de su puño y letra en las que se dispone el uso de la fuerza y se ordena a los militares salir a las calles». Todo esto sostendría la principal acusación, genocidio. «Aunque -puntualiza el abogado- en el tipo penal boliviano equivaldría más bien al termino masacre. Es decir, lo que se buscaba no era la eliminación del pueblo aymara, al menos no en esta acción, sino quebrar la resistencia, mediante acciones de terror y matando, para poder seguir haciendo buenos negocios».
Represión y matanzas
Sin embargo, la brutal represión que trajo consigo el Decreto 27209, no logró sino su efecto contrario. «A partir de las matanzas la cosa ya se puso bien fregada», recuerda Juan Patricio. «La gente salía temprano de casa a bloquear y no volvía hasta tarde en la noche. Se masificaron las movilizaciones», hasta que, finalmente, el 17 de octubre Sánchez de Lozada renuncia y huye. No sin antes emitir un último Decreto, el 27213, mediante el cual se retiraron 1,5 millones de dólares (1,1 millones de euros) del Banco Central de Bolivia y se eximía de rendir cuentas sobre los gastos reservados.
Es a partir de su huida a EEUU y respondiendo a «un clamor de la sociedad boliviana», cuando se inicia la lucha por llevar a Sánchez de Lozada ante la justicia. Un largo camino de la memoria en busca de justicia, que ha sido andado entre trabas burocráticas y obstáculos políticos.
Desde la aprobación, necesaria para empezar el proceso, por dos tercios del Congreso, que tardó un año en llegar, tiempo en el que, mientras las familias de las víctimas no cesaron de movilizarse, los acusados pudieron, según Rogelio Mayta, «eliminar pruebas, cambiar bienes a nombres de terceros y otras maniobras que dificultan la investigación»; hasta la actitud de EEUU, que durante un año y medio provocó la obstrucción del proceso al negarse a cumplir un formalismo tan sencillo como entregar una notificación a Sánchez de Lozada. Así, mientras nueve ex ministros fueron imputados en mayo del 2005, a Sánchez de Lozada y otros dos ex ministros residentes en EEUU, la imputación les llegó el pasado mes de diciembre, después de que el Fiscal General de la República, considerara que, aún sin haberse cumplido la notificación, estos eran plenamente conscientes de la existencia de un proceso en su contra.
Esta imputación abrió las puertas a que fueran declarados en rebeldía y se emitiera, el pasado 16 de enero, una orden de aprehensión para ser juzgados en Bolivia por, entre otros delitos, genocidio, homicidio, vejaciones y torturas -«los bloqueadores eran obligados a punta de fusil a desbloquear con los pantalones bajados»-, libertad de prensa -«militares retiraron de la circulación medios que pedían su renuncia»- y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
También delitos económicos
Sin embargo, el proceso por delitos económicos derivados del decreto 27213, se encuentra todavía en fase embrionaria, a la espera de la aprobación por el Congreso, lo cual «desvirtúa por si solo el argumento empleado por la defensa de que se trata de un juicio político. De ser esto cierto, ahora que la mayoría del Congreso es del MAS, se aprobaría de inmediato el proceso por delitos económicos», sostiene Mayta, quien advierte que este argumento está siendo empleado por la defensa para desacreditar el juicio a nivel internacional. De esta manera evitaría que se pusiese en práctica el convenio de extradición existente entre Bolivia y Estados Unidos, paradójicamente firmado por el propio Sánchez de Lozada en su primer mandato.
De momento, las palabras de Philip Goldberg, embajador de EEUU en Bolivia, a la revista ``Times'' ya dan una pista. «La extradición es teóricamente posible, siempre que se trate de un proceso jurídico y no político». Lo que deja entrever que el trato que reciba Goni, puede ser similar al que recibe Posada Carriles. Lo que, en opinión de Mayta, sí constituiría una acción política por parte de EEUU. «Pues estarían protegiendo a quien ha sido uno de los abanderados en América Latina de las políticas neoliberales impuestas desde el Norte».
A pesar de esto, Mayta prefiere no hacer pronósticos sobre lo que pueda suceder o dejar de suceder, y tanto él como los familiares de las víctimas, insisten en la importancia que tiene el trabajo a nivel internacional, «para que nadie olvide el profundo desprecio que Sánchez de Lozada sentía por los indígenas y la gente pobre, lo que le llevó a pensar que su gobierno se podía mantener matándoles», pues ambos coinciden que la presión internacional puede evitar que Estados Unidos se erija en juez y gendarme y cumpla con el tratado de extradición, para que de esta manera se pueda llegar al final del juicio.
Un juicio que, al igual que las jornadas de septiembre y octubre del 2003, Mayta califica como de dignidad histórica. «El descuartizamiento de Tupak Katari, la muerte de Zárate Willca y de otros miles de indígenas son crímenes históricos que han quedado en la impunidad. Eso quiere decir que en este país la vida del indígena no vale nada. Y precisamente ahora, que hay en marcha una Asamblea Constituyente y se quiere refundar Bolivia, es importantísimo que se juzguen estos hechos, pues es imposible construir un país nuevo sobre la base de la impunidad».
El penal de Chonchocoro espera
Entre tanto, y mientras no haya ningún pronunciamiento oficial, los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de que la memoria encuentre un día justicia y se cumpla con una demanda mayoritaria de la sociedad boliviana, tan bien resumida en las paredes de El Alto, y Goni acabe en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. «Entonces habremos cumplido como familiares y como ciudadanos bolivianos», sentencia Juan Patricio.
Sánchez de Lozada ejerció de presidente de Bolivia durante dos mandatos. El primero de ellos, entre 1993 y 1997, se caracterizó por las masivas privatizaciones que llevó a cabo siguiendo las directrices marcadas por el FMI y el Banco Mundial y que afectaron al 50% de los ferrocarriles bolivianos, así como al petróleo, a las telecomunicaciones, a la electricidad y a las líneas aéreas. Los ferrocarriles fueron vendidos a una empresa chilena, lo que suscitó una gran oposición.
Sin embargo, logró volver a la Presidencia en 2002, aunque sólo sacó un 2% a Evo Morales. Continuó con la política neoliberal y trató de exportar gas natural a EEUU y México por puertos chilenos, lo que provocó fuertes protestas, que fueron duramente reprimidas. Fue obligado a dimitir en 2003.
En 2004 fue acusado por Evo Morales de «genocidio y asesinato de manifestantes políticos» en las protestas del gas, además de otras violaciones de derechos humanos.
La riqueza estimada de Sánchez de Lozada -en dólares- contrasta con la pobreza y las condiciones de vida a las que tienen que hacer frente los bolivianos.
Opinión
MARAVILLA BOLIVIANA EN COLCHAGUA
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Colchagua ya es zona de maravillas y maravillamiento. Hay las viñas de instalación faraónica, tallada en la piedra viva de una ladera; hay las ciruelas que llegan hasta Tokio en embajadores envases, tal como los racimos de uva cultivados para tener color, forma, pulpa y dulzura tan exactos como su peso; hay el renacimiento de los olivares; hay el espectacular meteoro rasando como un cometa blanco la ruta que nos llevaba la noche del 13 de abril al renacimiento de la música indo-jesuita de Urubichá. Sucedió. Se esparció en el aire de un patio ante un centenar de invitados venidos desde Mendoza, Santiago y Colchagua.El patio, con una palmera señera, y corredores en torno, es capo lavoro de un volterreano sintonizado al colchagüismo maravillero. Luigi Alegretti ha transfigurado las ruinas de una casa patronal en una fantasía arquitectónica, un tercio villa toscana, un tercio casa de Marrakesh y otro tercio, básico, de casa colonial. Adentro hay tesoros del Asia y de Europa, Budas en nirvana, Shivas con trompa de elefante, jarrones sang-du-boeuf; y afuera, esa noche, la música barroca que suscitaron los hábiles jesuitas y después los franciscanos misionando con ella a los hábiles músicos indios.
La también habilísima diplomacia de Roberto Ibarra, nuestro cónsul, con rango de embajador, en La Paz, hizo posible que este coro, estos instrumentalistas, fueran trasladados hasta acá. Aparecieron desde una esquina y avanzaron silenciosos, algo intimidados por el compromiso, y se colocaron ante Rubén Darío. Parece fabulación literaria este lindo alcance de nombre que le confiere un aura de expectativa al director del grupo, que lleva sotana sin ser jesuita, por evocarlos. Y por darnos así la intención sacra de la música de Urubichá que comienza a fluir a ritmo de tambor encima de la melodía de los dos violines y del chelo. Luego la voz prístina de una muchacha, soprano. Y después las voces silvestres del coro, de una mezzosoprano natural, y de un barítono vestido de rojo que representa al Diablo y dispara la palabra "guerra" como una ametralladora. En vano, porque será vencido por un Aleluya conmovedor y un Magníficat triunfal.
Describir música es fracasar siempre. Contar su efecto, una egolatría. Sí hay que decir la concentración serena de los que tocan y de los que cantan, en su mayoría de memoria, como cantan los pájaros. Esos rostros morenos sin mueca enfática, pero sin impavidez de máscara, transparentando un tipo de emoción o sensibilidad musical que difiere de la teatralidad que suelen exhibir los músicos no indios ni mestizos, nos compartían, nos daban las creaciones indígenas al modo barroco de sus misioneros del 1700. Millares de folios han sobrevivido a la humedad y a los bichos de una zona boscosa y pantanosa, y ese tesoro callado ha ido siendo devuelto a la sonoridad de los fagots, trompetas, órganos e instrumentos de cuerda en que antaño fueran obrando el sursum corda hacia Dios.
Qué suerte la de Bolivia de haber tenido y seguir teniendo esta riqueza de religiosidad en el arte y qué fiesta ha sido disfrutar algo de ese caudal, enmarcado en el refinamiento de un patio iluminado con chonchones sobre bronces del Asia, y en medio del asombrado deleite de la gente que ahora, más que nunca, comprueba cómo Colchagua ya es zona de inusitadas maravillas.
LIBERAN AL HOMBRE PRESO POR TENER EN SU CASA HOJAS DE COCA
UN AÑO DE CÁRCEL Y NINGÚN DELITO
Se trata de un ciudadano boliviano detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora, un caso revelado por Página/12. La Cámara de La Plata lo sobreseyó por “inexistencia de delito”.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Por “inexistencia de delito”, fue sobreseído y liberado el ciudadano boliviano Irineo Mora Sandi, quien pasó más de un año preso por tener hojas de coca para mascar. Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, tomando en cuenta que la Ley 23.737 autoriza expresamente la tenencia de hojas en estado natural destinadas al coqueo. La detención y procesamiento de Mora Sandi había sido dispuesta por el juez Carlos Ferreiro Pella. El caso fue dado a conocer por Página/12 y motivó una inédita presentación conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuración Penitenciara, solicitando su libertad. Mora Sandi, por su parte, había efectuado una huelga de hambre que duró 34 días. Producida la liberación, una entidad de pueblos originarios en la Argentina, así como la titular de Derecho de los Pueblos Indígenas de la UBA, se pronunciaron en favor de que “se reglamente la venta legal de hojas de coca destinadas al coqueo y a infusiones”. La entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq –Trabajo Recíproco para la Confederación del Tawantinsuyu, que comprende las cuatro regiones del antiguo Imperio Inca– se movilizará ante el Congreso de la Nación por ese objetivo.
La Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefín, resolvió “sobreseer a Irineo Mora Sandi del delito previsto en el art. 5º inciso a) de la Ley 23.737, con la declaración de que no se ha afectado el buen nombre y honor del que hubiera gozado” y “ordenar la inmediata libertad del imputado”. Ese artículo castiga la tenencia de materias primas para producir estupefacientes: el juez Ferreiro Pella mantuvo preso a Mora Sandi con el argumento de que la hoja de coca en sí misma sería un precursor de la cocaína; la Cámara lo liberó porque, según el artículo 15 de esa misma ley, “la tenencia de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o a su empleo como infusión, no será considerada tenencia de estupefacientes”.
Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, consideró “sumamente grave que se haya mantenido detenida un año a una persona sin ningún fundamento razonable”. Según observó el funcionario, “eso explica que la Cámara ha tomado una decisión infrecuente, como lo es dictar el sobreseimiento in limine, simplemente porque no hubo delito. Es más común que una Cámara de Apelaciones decrete excarcelaciones, no por sobreseimiento sino por ‘falta de mérito’, entendiendo que no hay pruebas suficientes e indicando que la investigación prosiga: el sobreseimiento está marcando la irrazonabilidad de la detención”.
Ariel Cejas, director de Protección de Derechos Humanos de la misma Procuración, observó que “cualquier persona puede tener hojas de coca en su casa; máxime, una persona de nacionalidad boliviana, pueblo en cuyas raíces culturales se incluye este consumo”, y sospechó que “lamentablemente, en la detención, pudo haber influido el hecho de tratarse de una persona de nacionalidad boliviana”.
Hace unas semanas, el procurador Mugnolo y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, habían efectuado una presentación conjunta sin precedentes, ante la Cámara de Apelaciones, para pedir la libertad de Mora Sandi, considerando que su detención constituía “una violación de derechos fundamentales de la persona”.
Tras la liberación, el embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado, se manifestó “agradecido” por esa presentación conjunta, quiso “hacer público el reconocimiento a Página/12” por haber dado a conocer el tema y enmarcó la liberación de Mora Sandi en “una reivindicación del ser cultural que, manifestado en la práctica del coqueo, es compartido por la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador”.
Teresa Zamudio –profesora de Derecho de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Derecho de la UBA– advirtió que “el coqueo es también un hábito de muchos argentinos”, y afirmó que, “para que esto no vuelva a pasar, es necesario regular la venta legal de hojas de coca: en términos jurídicos, si un consumo está permitido, también debe estarlo la comercialización y la distribución: la Ley 23.737 despenaliza el uso pero deja sin regular la comercialización de la hoja de coca”.
Ante la liberación, Carmelo Sardina –titular de la entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq y profesor de Quechua y Cultura de los Pueblos Originarios en la UBA– sostuvo que “continuaremos la lucha en defensa de nuestra hoja sagrada. Muchos hermanos de Bolivia, Perú y también argentinos practicamos el coqueo en las grandes ciudades: es necesario reglamentar la venta minorista de hoja de coca en Buenos Aires, tal como se la practica sin inconvenientes en Salta, Jujuy, Tucumán. Con este planteo nos vamos a movilizar ante el Congreso de la Nación”.
“No nos queda claro el pensamiento de ciertos jueces –agregó Sardina–: tal vez sea ignorancia, pero tal vez haya una doble intención en asociar siempre con la cocaína nuestra hoja sagrada.”
Mora Sandi vivía y tenía su comercio de venta de chizitos, papas fritas y otros artículos en la calle Olimpo de Lomas de Zamora, donde residen muchas personas de nacionalidad boliviana. El 30 de marzo del año pasado, su casa fue allanada y él quedó detenido por tener 5,4 kilos de hoja de coca. Una presentación de la Federació Argentina de Colectividades –suscripta por su vicepresidente, Gabriel Juricich– aclaró que de esa cantidad sólo se hubieran podido obtener 13 gramos de cocaína y que en el local allanado no había ninguna de las sustancias químicas que se utilizan en ese proceso.
En enero de este año, Mora Sandi inició una huelga de hambre que duró 34 días en procura de su liberación. Perdió más de 15 kilos y tiene dolores en la región lumbar. Según su abogado, Ramón Escobar, “aquella noche del 30 de marzo del año pasado fueron detenidos muchos ciudadanos bolivianos, y todavía quedan algunos en la misma situación que Mora Sandi”.
PUERTO NECESITA REACTIVACIÓN DEL FCALP
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Durante el año 2006 se movilizaron 76 mil 348 toneladas de minerales de Bolivia por el puerto de Arica.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la compañía Terminal Puerto Arica (TPA), esta cifra habría sido aún mayor si hubiese estado en operaciones el Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), que dejó de funcionar en noviembre del 2005.
"En efecto, si hubiese estado funcionando el Ferrocarril de Arica a La Paz las cargas bolivianas, en general, habrían aumentado en al menos un 15 por ciento", expresó la concesionaria.
De allí que a juicio de la entidad éste sea considerado un medio de transporte primordial para unir el puerto de Arica con Bolivia, su principal abastecedor de carga.
"Con la pronta reanudación, en óptimas condiciones, de las funciones del Ferrocarril se recuperaría una ventaja comparativa muy importante para el puerto de Arica, marcando la diferencia con otros terminales del norte de Chile y de la macrozona andina".
Esta situación de paralización fue gestada producto de la quiebra de la Administradora de capitales bolivianos durante el 2005.
Por ahora la Empresa Portuaria Arica (EPA), que asumió el control del FCALP realiza las gestiones para licitar la reparación de la vía, lo cual sería efectivo durante el próximo año.
Posterior a esa reparación se realizaría una millonaria inversión para concesionar ese medio de transporte, por parte del Ministerio de Obras Públicas dentro del 2008.
MOVIMIENTO
Al margen de esa situación el puerto local desarrolló un importante movimiento de concentrado de zinc.
Se trata de 10 mil toneladas de este producto, provenientes de Bolivia y cuyo destino final será Japón.
Estos fueron embarcados en el buque Taino Maiden, en seis turnos de trabajadores, faena para la cual fue útil el almacenamiento del mineral en el terminal de embarque de graneles minerales que construyó TPA.
La empresa cree que con este embarque, se da una muestra más de que es una opción válida para la transferencia de minerales.
La inversión realizada en el terminal de embarque de residuos minerales, ascendió a US$ 4,5 millones. "Esta dio un sistema mecanizado de embarque de graneles minerales, incorporando altos estándares operacionales y ambientales, mediante el encapsulado de correas transportadoras para el sistema de carguío de la nave y el procedimiento de almacenar los graneles dentro del galpón", explicó el gerente general de TPA, Matías Laso.
Una de las tareas de ese recinto es impedir la emisión fugitiva de concentrado al ambiente.
GEORGE CLOONEY SE INTERESA POR DOCUMENTAL POLÍTICO SOBRE BOLIVIA
El Excelsito de México (www.ocvive.com)
El actor, productor y director George Clooney ha demostrado interés por la adaptación a la pantalla del documental político sobre las elecciones bolivianas del 2002, "Our Brand Is Crisis".
Según confirma la revista "Variety", los estudios Warner han adquirido el trabajo para la productora "Smokey House", firma de Clooney.
La estrella podría así encargarse de su dirección además de protagonizar esta historia centrada en los supuestos peligros que conlleva la exportación de la democracia estadounidense a otros países.
El documental de Rachel Boynton basado en las elecciones bolivianas del 2002, cuando el entonces candidato Gonzalo Sánchez de Lozada contrató la ayuda de un asesor de Washington acostumbrado al tipo de campañas estadounidenses para conseguir la victoria.
Según "Variety", la adaptación fílmica del documental tendría tono de comedia.
Además de ser uno de los galanes más buscados en la gran pantalla, Clooney obtuvo un Óscar en 2006 como mejor actor secundario con el drama político "Syriana" y aspiró a otros dos galardones como realizador y coguionista del filme sobre "la caza de brujas" estadounidense "Good Night, and Good Luck".
A UN AÑO DE LA “CONSULTA” POR SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA… ¿TONGO MEDIÁTICO?
Los ariqueños y ariqueñas debemos desatar una discusión con la mente fresca y abierta para explorar las ventajas y desventajas de una salida al mar a Bolivia, sin cerrar ninguna posibilidad a priori.
El Morrocotudo de Arica, Chile (www.elmorrocotudo.cl)
En Abril del 2006, mientras por un lado el país discutía las exigencias del Gobierno Boliviano de una salida al mar y por otro la gestión municipal vivía acusaciones de corrupción y malos manejos, el alcalde Valcarce decidió llamar a una consulta para conocer la preferencia de los ciudadanos ariqueños con respecto a una salida al mar de Bolivia por Arica… a un año de lo sucedido me parece relevante recordarlo por la fragilidad de la memoria.
La iniciativa municipal tenía como objetivo entregar al Gobierno central una señal clara de lo que querían los ariqueños con respecto a esta materia. Sin embargo, dicha consulta ciudadana causó grandes críticas, de parte de quienes la consideraban una medida populista y distractora de parte de Valcarce. En ese entonces la ministra de Defensa, Vivian Blanlot, afirmó a Radio Cooperativa, que pese a que la democracia nos permite expresarnos libremente, “éstas son materias muy serias que se tienen que analizar con mucho cuidado, por lo que no basta con la opinión de algunos.”
Y claro, las principales críticas apuntaban a que Valcarce se “arrancó con los tarros” en un tema donde el ejecutivo tiene exclusividad como son las relaciones internacionales. Temas que deben ser tratados con altura de miras, con seriedad y con prudencia alejada de las pasiones que afloran de cuando en cuando.
El 14 de mayo, la periodista Pamela Cousins entrevistó al Alcalde Valcarce para el diario La Estrella, quien declaró “Esta no es una consulta en contra de los bolivianos, en ningún caso, sino que es una consulta en relación a la integridad de nuestro territorio por cuanto el desarrollo de Arica solamente corre hacia el lado norte; tanto en edificaciones como en materia turística”. Agregando “Entonces cortarle una parte a nuestra ciudad hacia el sector norte evidentemente significa cortarle el desarrollo a las nuevas generaciones. Cuando yo era pequeño, Arica llegaba hasta Chacabuco y me imagino que si en ese tiempo hubiésemos cedido una franja no podríamos haber crecido hasta el río San José ni después hasta la rotonda Juan Guillén. Canales”.
Finalmente la consulta arrojó que el 95,82% (49.923 personas) eligió la opción de no darle una salida al mar a Bolivia. Luego de un año podemos evaluar si dicha acción de intentar representar el sentir de la población, se realizó sólo con un propósito mediático o en realidad era un hecho iniciador de una sana y responsable discusión con alturas de miras referente a la salida al mar.
En lo personal me da la impresión que la necesaria discusión no ha estado presente, y al parecer en las únicas oportunidades donde la conversación marca la agenda, es para casos de gran conflicto mediático. Y como todos sabemos la integración y el desarrollo no son temas que podamos tratar entre arrebatos y arrebatos.
Recordemos que otro de los actores de la discusión fue la “Comisión Pro Comercialización de Salida al Mar para Bolivia con Soberanía”. Según Eduardo Autrán, cirujano dentista, líder de esta comisión, “el beneficio para nosotros sería muy grande, porque acá distribuiríamos el gas, lo licuaríamos y lo venderíamos. Obviamente, yo ariqueño, no voy a ir a traer el gas, voy a contratar a quien tenga la capacidad económica como para hacerlo”. Esto traería implicancias y beneficios inmediatos en la población: “creo que tendríamos que cambiar todas las cocinas a gas, todos los calefont que tenemos en las casas, y tener un gas a un tercio del precio de este minuto. Y el costo de la energía eléctrica se bajaría por lo menos a la mitad, al igual que el agua. Ahora, cada ciudadano debería recibir por lo menos una indemnización con un cheque o con sus contribuciones por la pérdida de los ariqueños de este terreno que estaríamos entregando”.
Dicha comisión plantea un tema que me parece de gran interés: una salida al mar a Bolivia por Arica, no sería por buena voluntad histórica, por el contrario sería solo bajo condiciones convenientes para ambas partes. En las propias palabras del dr. Autrán “‘si Ud. quiere darle mar a Bolivia’; darle o regalarle es un sinónimo. Yo quiero ‘vender’ o ‘comercializar’, que es diferente”.
Como aprendizaje -único objetivo de este artículo- podemos sacar que en primer lugar, la ciudad debe tomar estos temas con altura de miras, la respuesta no puede ser nunca más los “tongos mediáticos” que no contribuyen en nada al asunto. Las relaciones internacionales tienen alto grado de complejidad y como dijo la ex Ministra Blanlot “son materias muy serias que se tienen que analizar con mucho cuidado, por lo que no basta con la opinión de algunos”. Segundo, los ariqueños y ariqueñas debemos desatar una discusión con la mente fresca y abierta para explorar las ventajas y desventajas de una salida al mar a Bolivia, sin cerrar ninguna posibilidad a priori. Los nacionalismos y las odiosidades históricas sólo contribuyen a que las oportunidades se nos pasen por al lado. Tercero, las autoridades deben preocuparse de informar a los ciudadanos y no instalar posturas rígidas de buenas a primeras.
A un año de la “consulta” espero nos sirvan estas reflexiones de experiencia y aprendizaje de cómo afrontamos normalmente estos temas de gran importancia presente y futura.
Sin utilizar tractores venezolanos en Bolivia
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
Más de 300 tractores de fabricación venezolano-iraní que repartió en los últimos meses el presidente de Bolivia, Evo Morales, están parados porque no tienen arados ni otros accesorios, según denuncias de alcaldes divulgadas por Efe.
"No tienen ningún arado, no tienen nada. Los tractores están como elefantes blancos", declaró Nicanor López, alcalde del municipio de Villa Poopó, en el departamento andino de Oruro, al diario paceño La Razón. Una fuente del Ministerio de Agricultura consultada por Efe aseguró que es responsabilidad de cada municipio invertir entre 800 y 900 dólares para comprar los accesorios de los tractores, y que eso ya fue establecido en los contratos de entrega a los municipios.
La primera denuncia sobre el particular la hizo el pasado 5 de abril el gerente de la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro, Jorge Huanca, quien dijo que 70 tractores que entregó Morales allí dos meses antes estaban inutilizados porque carecían de arados.
Según La Razón, de Venezuela llegaron 320 tractores de marca Veniran, de los cuales Morales distribuyó 313 en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, La Paz, Oruro y Beni, muchos de ellos durante actos proselitistas. También fueron repartidos 403 tractores que llegaron de España y China, y aún hay otros 264 más en la Aduana, agrega el diario, pero Morales promociona sobre todo los enviados por su colega Hugo Chávez.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA RECUPERÓ CASI LA MITAD DE LA TELEFÓNICA ESTATAL
Con dos decretos, Evo Morales recuperó el 47 por ciento de la compañía Entel, que estaba en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora quiere comprar la parte de Telecom.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
El gobierno boliviano recuperó casi la mitad de la Empresa Nacional de Telefonía (Entel). A través de dos decretos, Evo Morales tomó el control del 47 por ciento de las acciones de la empresa, que pertenecen a todos los bolivianos que tenían 21 años en 1996, cuando la telefónica fue capitalizada por la italiana Telecom y que estaban en manos de las administradoras de fondos de pensiones, Previsión y Futuro de Bolivia. Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Telecom tiene 24 horas para transferir estas acciones al gobierno boliviano y la administración boliviana se ha puesto plazo hasta el 30 del presente mes para controlar la mitad más uno de las acciones. Para ello, pretende convencer a Telecom de que le traspase cuatro puntos del 50 por ciento de las acciones que tiene en su poder; sin embargo, no se conocen las condiciones de esta negociación o si la transnacional italiana aceptará quedarse en el país en inferioridad de condiciones.
Una pista de cómo será la negociación se encuentra en el segundo decreto. Según explica el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, señaló que el segundo decreto promulgado por Morales quita la potestad al Ministerio de Desarrollo Económico de certificar las inversiones de las empresas capitalizadas (la privatización boliviana que traspasó, en 1996, el 51% de las acciones de sus empresas estratégicas a privados a cambio de promesas de inversiones), y con ello deja sin vigor la certificación de inversiones conseguidas por Telecom en 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Así, los técnicos de Morales podrán poner nuevas cartas sobre la mesa de negociaciones, que obligarían a la telefónica a negociar en términos más amistosos con el Estado boliviano.
Según la información que se maneja en el gobierno, Telecom, en los diez años que lleva en Bolivia, ha sacado del país más de 300 millones de dólares y se tiene sospecha de la efectividad de las inversiones declaradas. Pese al surgimiento de múltiples competidoras, Entel controla más del 80 por ciento del tráfico de llamadas de larga distancia y más del 50 por ciento de la telefonía celular de Bolivia. Pero además de la pelea con Telecom, al Estado boliviano le espera una negociación con las administradoras de fondos de pensiones. Cuando Morales nacionalizó los hidrocarburos, en mayo de 2006, también obligó a Previsión y Futuro a transferirle las acciones del rubro petrolero. En esa ocasión, las empresas, que cuentan con capitales españoles y suizos, amenazaron con pedir indemnización por el traspaso de acciones; sin embargo, se llegó a un acuerdo para que sigan operando en el país.
Con todo esto, Bolivia se acerca, cada vez más, a una reforma obligatoria del sistema de pensiones que cambie el sistema individual, privatizado, por uno controlado por el Estado. Actualmente, las administradoras de fondos de pensiones manejan los recursos de empresas “residuales”, como las compañías eléctricas y de ferrocarriles, habiendo perdido el control sobre las más atractivas y sobreviviendo con la administración de los aportes individuales de los trabajadores bolivianos.
EL GOBIERNO BOLIVIANO RECUPERA EL CONTROL DEL 47% DE ENTEL, GESTIONADO POR EL BBVA
Dos decretos transfieren al Estado las acciones de la empresa propiedad de los ciudadanos
El País de España (www.elpais.com)
El Gobierno de Bolivia transfirió ayer al Estado el 47% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que pertenece a los ciudadanos bolivianos y hasta ahora gestionaba la administradora del Fondo de Pensiones del país, formada por el grupo español BBVA y el suizo Zurich, horas antes de reanudar en La Paz sus negociaciones con la italiana Telecom, que posee el restante 50% de las acciones de la compañía.
"El Gobierno aprobó dos decretos supremos, ambos orientados a la recuperación del patrimonio a favor del Estado", anunció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien explicó que el primero dispone la transferencia del 47% de las acciones de Entel a manos del Estado y el segundo deroga otro decreto de mayo de 2005 que autorizaba al Ministerio de Desarrollo Económico la certificación de inversiones realizadas por las empresas capitalizadas.
El Gobierno reanudó ayer las negociaciones con ejecutivos de Entel ?la cuarta ronda desde que se iniciaran la pasada semana? para definir los términos en que las acciones italianas volverán a manos del Estado boliviano antes del 30 de abril.
Las reuniones fueron a puerta cerrada, pero trascendió que los italianos pedían unos 170 millones de dólares por sus acciones.
Las autoridades bolivianas adelantaron que el 1 de mayo iba a anunciarse la nacionalización de las telecomunicaciones, en el primer aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos.
Los ejecutivos de Telecom se comprometieron a presentar documentos para conciliar cifras y demostrar que no se registraron irregularidades en la administración, como refleja la auditoria realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La auditoría señala que no se cumplió con las inversiones programadas, se aplicaron sobreprecios y se evadió el pago de impuestos, entre otros cargos. Según el informe, Entel debe alrededor de 20 millones de euros al servicio de Impuestos.
El 50% de las acciones de Entel fue vendido por 600 millones de dólares a los italianos, al inicio del proceso de privatización, entre 1996 y 1997. El 47% de la empresa pertenece a los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995 y sus dividendos eran eran administradas por el Fondo de Pensiones. Parte de ellas se destinan a pagar el Bono de Solidaridad (Bonosol) a los mayores de 65 años.
El BBVA administra el 52,78% de los fondos del seguro social obligatorio de Bolivia, lo que representa más de 2.300 millones de dólares.
Como en el caso de la nacionalización de hidrocarburos, el Gobierno ha garantizado que la transferencia de acciones de Entel no compromete la estabilidad del Bonosol, que se seguirá pagando a los ancianos bolivianos.
MORALES QUITA A BBVA Y ZÚRICH EL CONTROL DE ACCIONES EN LA FILIAL EN BOLIVIA DE TELECOM ITALIA
El Mundo de España (www.elmundo.es)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha decretado que el Estado asuma el control del 47% de las acciones de la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom, que pertenecen a los bolivianos y eran gestionadas hasta ahora por los grupos BBVA (España) y Zúrich (Suiza). Es un nuevo paso para la nacionalización de la compañía. Telecom Italia posee el 50% de Entel y un grupo de empleados e inversores privados el restante 3%. La medida fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en una conferencia de prensa sobre la reanudación de las negociaciones para nacionalizar Entel. Morales anuncio la nacionalización de Entel a fines del mes pasado y fijó un mes para concretarla. Así que Quintana espera que en "los próximos días o semanas" pueda detentar la mayoría de las acciones, para asumir el control total de la telefónica.
Se trata de una medida similar a la decretada el año pasado en el sector de los hidrocarburos, cuando Morales dispuso que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumiera el control de las acciones que tenían los ciudadanos bolivianos en tres empresas petroleras.
Los bolivianos que tenían más de 21 años el 31 de diciembre de 1995 eran teóricamente propietarios de esas acciones en empresas privatizadas parcialmente en la década de los 90, entre ellas Entel y las petroleras Andina (filial de la española Repsol YPF), Chaco (British Petroleum) y TTransredes (Shell y Ashmore).
La gestión de esas acciones fue delegada a las gestoras de pensiones 'Previsión', del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y "Zúrich Financial Service".
Con esta decisión, el gobierno de Morales podrá designar a los miembros de la dirección de Entel que antes nombraban las administradoras de fondos de pensiones.
EVO MORALES AVANZA SOBRE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
El presidente de Bolivia decretó que el Estado asuma el control del 47% de las acciones de a telefónica Entel, filial de la italiana Telecom, que eran gestionadas hasta ahora por los grupos BBVA y Zurich.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
La medida fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en una conferencia de prensa sobre la reanudación de las negociaciones para nacionalizar Entel.
"El gobierno nacional ha aprobado un decreto que autoriza la transferencia de las acciones de los bolivianos en favor del Estado", dijo Quintana. El ministro dijo en rueda de prensa que con esa medida, esas acciones, que eran gestionadas por las dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país, de capitales españoles y otra suizos, "vuelven al Estado", tras su privatización parcial en diciembre de 1995.
Quintana señaló que ahora el gobierno espera hacerse de la mayor parte de las acciones de la compañía, mediante las negociaciones que ha iniciado con la empresa Euro Telecom Italia (ETI), dueña del 50% del paquete y administradora de Entel.
Otro 3% está en propiedad de trabajadores y otros socios menores. En la misma conferencia, el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, anunció que, mediante un segundo decreto, el gobierno dejó sin efecto una disposición similar de una administración anterior por la que se daba como probadas las inversiones que Telecom Italia se comprometió a hacer en Entel a cambio del 50% de las acciones.
Señaló que el decreto derogado ahora era ilegal, por cuanto la facultad de "certificar o descertificar" si las empresas que privatizaron parcialmente a varias del estado entre 1995 y 1996 cumplieron con sus compromisos de inversión, correspondería a los entes reguladores del estado, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones.
EVO CONSOLIDÓ LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA
ADN Mundo de Argentina (www.adnmundo.com)
El presidente de Bolivia promulgó las leyes que ratifican los 44 contratos petroleros suscritos hace casi ses meses con diez empresas que operan en el país.
En un acto celebrado en Palacio de Gobierno, en La Paz, Morales firmó las normas, sancionadas el jueves pasado en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, por lo que ahora solo queda protocolizar los convenios en una notaría para que entren plenamente en vigor.
Previamente, el presidente del Senado de Bolivia, José Villavicencio, firmó las 44 leyes que autorizan los nuevos contratos. Las leyes fueron suscritas por Villavicencio, senador de la opositora Unidad Nacional (UN), cuatro días después de ser sancionadas por el Congreso, instancia a la que apeló el gobierno del presidente Evo Morales para zanjar las diferencias entre oficialismo y oposición en el contenido de las normas. El requisito legislativo de la firma de Villavicencio había sido exigido por el mandatario desde el viernes pasado, cuando el presidente del Senado abandonó la ciudad de La Paz, sede del Legislativo, y viajó a su departamento, Pando, dejando en suspenso la promulgación de las nuevas disposiciones.
El Jefe de Estado urgió al legislador a cumplir su obligación constitucional para no demorar la puesta en vigor de los convenios con las doce compañías petroleras, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, acordados hace casi seis meses. Aún después de la promulgación presidencial, los contratos deben ser protocolizados en la Notaría de Gobierno, para su plena entrada en vigor, según fuentes oficiales.
Nacionalización de hidrocarburos
Los acuerdos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con las multinacionales fueron establecidos a finales de octubre pasado, como consecuencia de la nacionalización de hidrocarburos que dictó el gobierno de Morales.
La nacionalización supuso el cambio de las reglas de juego para las firmas petroleras que, una década atrás, adquirieron la mitad de las acciones de YPFB, por decisión del gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En diciembre pasado, los legisladores aprobaron leyes para ratificar los convenios del Ejecutivo, pero después funcionarios de la estatal petrolera advirtieron de que los documentos contenían numerosos errores. La oportunidad fue aprovechada por las opositoras Unidad Nacional (UN), Poder Democrático y Social (Podemos) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que dominan la Cámara de Senadores, para señalar la supuesta existencia de delitos en el trámite para la aprobación de los contratos.
La semana pasada, en sesión del Congreso, diputados y senadores de ambos bandos alcanzaron un acuerdo para sancionar las leyes que dan luz verde a los acuerdos.
BOLIVIA: DIÁLOGO EN TORNO AL GAS
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)
En Bolivia se inició este lunes el diálogo para tratar de reducir la tensión en el conflicto que protagonizan dos regiones del departamento sureño de Tarija.
Las provincias de Gran Chaco y O'Connor se disputan la jurisdicción sobre el enorme campo gasífero de Margarita, el más importante del país.
La semana pasada se produjeron disturbios en ese yacimiento, los cuales dejaron un muerto y decenas de heridos. Inmediatamente después el gobierno boliviano reforzó la presencia policial y militar en la zona para restablecer el orden.
Asimismo, los daños provocados por los manifestantes que ocuparon el campo causaron la interrupción momentánea del suministro de gas natural a Brasil y Argentina, los principales mercados del hidrocarburo boliviano.
De este modo, un conflicto que comenzó siendo local tuvo repercusiones internacionales.
Por eso, el gobierno de Bolivia decidió intervenir en el diferendo e impulsó el inicio del diálogo entre las provincias rivales.
Tras un acuerdo político
El prefecto interino de Tarija, Mauricio Lea Plaza, dijo a BBC Mundo que las negociaciones intentan calmar las aguas, no resolver la disputa limítrofe.
"Los temas de fronteras en general se dilucidan en el ámbito procesal. En consecuencia, lo que se intenta es generar acuerdos de carácter político. Se ha avanzado en la exposición de los argumentos, que son fuertes en ambos casos".
En el encuentro de este lunes participaron el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, representantes de las provincias enfrentadas y legisladores.
Tanto los habitantes de Gran Chaco como los de O'Connor dicen merecer un mejor porcentaje de las retribuciones de las multinacionales por sus extracciones en el campo gasífero de Margarita.
Los analistas afirman que lo que está en disputa son unos US$25 millones anuales en regalías por la explotación del yacimiento.
Según el prefecto interino de Tarija, el pozo opera desde el 2004 pero sus niveles de explotación "son mínimos todavía".
"No obstante, el potencial es grande. Claro que se requieren inversiones para aprovechar toda su capacidad, y tenemos fe de que llegarán capitales siempre y cuando haya seguridad jurídica", completó.
La disputa por el yacimiento de Margarita recrudeció ante el aumento de los precios del gas. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo al respecto: "Cuando hay más plata, hay más pelea y eso tiene que terminar".
La tensión también aumento ante un inminente fallo que determinará el límite entre las dos provincias y, por lo tanto, la jurisdicción sobre el campo gasífero.
Confusión de límites
Los fronteras internas en Bolivia son un problemas de larga data.
"Nuestra legislación de creación de provincias, cantones y todas las unidades político-administrativas siempre ha tenido grandes deficiencias", explicó Lea Plaza.
"Por lo tanto, la delimitación territorial ha sido una gran debilidad y ha generado vacíos jurídicos".
El proceso de demarcación entre Gran Chaco y O'Connor ha sido controvertido. La primera provincia planteó un recurso legal para cambiar la sede del tribunal por considerar que la prefectura de Tarija tenía intereses en el campo gasífero de Margarita, al haber hecho inversiones en él.
Por eso, el gobierno nacional decidió dejar el proceso en manos del departamento de Potosí.
Según Lea Plaza, quien hasta este cambio actuaba como juez en la causa, el fallo se conocerá "muy pronto".
DIFERENCIAS ENTRE LULA Y MORALES POR DOS REFINERÍAS
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
El presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo público ayer que exige 215 millones de dólares a su par boliviano, Evo Morales, como indemnización por la nacionalización de dos refinerías de Petrobras, tres veces más de lo que está dispuesto a pagar el gobierno de La Paz.
La cifra exigida por Brasil era mantenida hasta ahora en reserva por la petrolera brasileña Petrobras y Luiz Inácio Lula da Silva se la anticipó a Morales durante un encuentro reservado, la semana pasada, en el marco de la Cumbre Energética Sudamericana de Venezuela, según Folha de Sao Paulo. Por su parte, Morales habría ofertado pagar entre 70 y 75 millones de dólares en razón de supuestas deudas impositivas de Petrobrás en Bolivia.
Lula se mostró contrariado con las posiciones “radicales” de Morales en la negociación con Brasil para proclamar la recuperación de las dos refinerías el próximo 1 de mayo.
Según el periódico paulista, Lula justificó su demanda de 215 millones de dólares en el precio pagado por Petrobras para adquirir las dos refinerías al Estado boliviano en 1999 (105 millones de dólares), sumado a las inversiones realizadas por la empresa para modernizarlas.
Lula aseguró a Morales que, aún cuando Bolivia no pagara nada por las dos refinerías, el impacto económico sería “despreciable” para Petrobras, que tiene disponibilidades financieras de 25.000 millones de dólares, de acuerdo a Folha.
Sin embargo, el mandatario sostuvo que una indemnización baja tendría un efecto político negativo para él, pero que sería peor para Morales.
Si eso ocurre, agregó Lula, “Petrobras no invertiría más en Bolivia, ni tampoco el gobierno brasileño”, cuyo Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) tiene proyectos de financiamiento para empresas que construyan carreteras en el país andino.
Finalmente, Lula habría advertido a Morales que ya no hará más concesiones políticas y que orientó a Petrobras y al Ministerio de Minas y Energía de su país a recurrir a cortes internacionales de arbitraje, en caso de que sus derechos no sean respetados.
Este fin de semana, Morales dijo que Petrobras había manifestado manifestó su intención de vender “el 100 por ciento” de las refinerías Guillermo Elder (en Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba), las únicas dos de Bolivia.
Ello implicaría abandonar el proyecto inicial de la empresa de desprenderse sólo del 51 por ciento de sus acciones, pero manteniendo el manejo operativo. “El tema radica si (la venta) es a precio de mercado internacional (como quiere Petrobras) o es a precio de valor patrimonial”, dijo Morales, citado por el diario paceño La Razón.
Agregó, que “revisada la historia de la mal llamada capitalización, privatización, los datos nos demuestran que ellos (Petrobras) compraron a precio de valor patrimonial. Entonces eso está en debate”.El mandatario también habría señalado la intención del gobierno boliviano de pagar menos de la mitad del precio de las plantas, estimado entre 160 y 180 millones de dólares, informó el periódico paceño. El primer encontronazo por esta cuestión se produjo en octubre pasado, a días de la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, cuando el gobierno de La Paz quiso hacer efectivo su control sobre las refinerías y el diferendo terminó con la renuncia del ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada.
La dura negociación entre los dos mandatarios comenzó, según todas las fuentes, con una “conversación ríspida” que sostuvieron en isla Margarita, Venezuela, la semana pasada, al punto que Morales salió luego a desmentir que hubiera un distanciamiento con su colega brasileño.
Previamente, ambos países habían terminado una larga disputa por el precio del gas que Bolivia provee a Brasil con un fuerte aumento del contrato menor (2 millones de metros cúbicos, que subió de 1,09 a 5 dólares la unidad) destinado a la central térmica de Cuiabá y el mantenimiento sin mayores cambios del de más de 24 millones de metros cúbicos para San Pablo.
También quedó cerrada esta semana en el Congreso boliviano la sanción de las 44 leyes que legalizan igual cantidad de nuevos contratos petroleros con 12 trasnacionales, entre ellas Petrobas, que operan en ese país andino, donde están las segundas reservas gasíferas de Sudamérica, después de las de Venezuela.
En el Palacio de Gobierno de La Paz
EVO MORALES RECIBIÓ A EX COMBATIENTES DE MALVINAS
La delegación de veteranos argentinos entregó al presidente boliviano un cofre de tierra de las islas y solicitó su ayuda para la recuperación del territorio
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Ex combatientes argentinos de la Guerra de las Malvinas entregaron ayer al presidente boliviano, Evo Morales, un cofre con tierra de las islas en disputa con el Reino Unido y le pidieron que ayude a recuperarlas para la Argentina y América Latina. La audiencia tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, en La Paz, según informó la Agencia Boliviana.
La delegación de veteranos argentinos ya había entregado un cofre similar al presidente de Cuba, Fidel Castro. "Nuestra visita acá no es casual, en Bolivia se está viviendo un proceso de cambio que encabeza Morales, por eso es que le pedimos al Jefe de Estado que coadyuve con nuestro presidente (Néstor Kirchner) para recuperar las Malvinas", dijo Rubén Raldes, uno de los visitantes.
Morales, por su parte, consideró un honor recibir la visita de los ex combatientes y anunció que hará todo lo posible para que el mundo entienda que las Malvinas pertenecen a la Argentina y a América del Sur.
El mandatario afirmó que sólo la unidad de los pueblos permitirá hacer escuchar la voz y hacer que salden deudas históricas. Añadió que no es posible "que haya todavía países que piensen en el saqueo".
RICE ORIENTA A NUEVOS CIUDADANOS DE EEUU
Listin Diario Com de Santo Domingo (www.listindiario.com.do)
La secretaria de Estado Condoleezza Rice exhortó ayer a 50 nuevos ciudadanos estadounidenses -entre ellos nativos de Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela- a considerar que Estados Unidos es “un ejemplo luminoso de que la diferencia no es licencia para matar”.
“La diferencia debe ser fuente de fortaleza”, dijo. “De ahora en adelante, no importa de dónde proceden sino a dónde van”.
El comentario fue formulado en una ceremonia en la cual 50 inmigrantes recibieron sus certificados de nuevos ciudadanos y que se realizó por primera vez en el Departamento de Estado como parte de una política reciente del gobierno de usar recintos famosos de Estados Unidos para este tipo de actividad.
También obtuvieron ciudadanía nativos de Bangladesh, Canadá, China, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irán, Paquistán, Filipinas, Rusia, Somalia, Suecia, Tailandia, Taiwan y Vietnam. Rice recordó que la ceremonia se realiza exactamente 400 años después de la llegada en 1607 a las costas de Virginia de colonos “cansados de un largo viaje... pero llenos de esperanzas en el Nuevo Mundo”.
DETENIDOS EN MADRID Y BOLIVIA VARIOS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA QUE ACTUABAN COMO CORREO DE DROGA
Europa Press de España (www.europapress.es)
Un total de cinco personas han sido detenidas en los aeropuertos de Madrid y Santa Cruz de Bolivia por tráfico de estupefacientes y como enlaces de una organización de narcotraficantes de drogas. Tres de los detenidos son españoles y formaban parte de una misma familia que actuaban como correos de la droga entre ambos países.
En primer lugar, la cooperación policial internacional entre la Policía Nacional española y la boliviana posibilitó la detención en el aeropuerto de Santa Cruz en Bolivia de una pareja de españoles por tráfico de sustancias estupefacientes.
Allí fueron detenidos Oscar S.S. de 31 años, y su compañera sentimental, Aurea B.M., de 21, quien se encontraba en avanzado estado de gestación. En el momento en el que fueron arrestados intentaban trasladar a España once kilogramos de cocaína adosada a su cuerpo.
Las investigaciones permitieron detectar además que el hermano de Aurea había viajado a Bolivia, por lo que establecieron en España un dispositivo específico con el objetivo de controlar su llegada, que se produjo finalmente en la madrugada de hoy. Inmediatamente, Hector B.M., de 18 años, fue detenido en el aeropuerto contactaba con otra pareja que le esperaba en el exterior.
Estas dos personas, de 23 y 25 años y nacionalidad venezolana, fueron también detenidas debido a que eran los encargados de recoger la droga, ya decomisada, y los enlaces de la organización que opera en ambos países.
El encargado de transportar la mercancía portaba bajo la ropa un 'Corsé-Body' en el que ocultaba dos paquetes que contenían 2,5 kilogramos de cocaína. Por su parte, uno de los correos llevaba consigo dos fotografías de Héctor B.M, realizadas en Bolivia momentos antes de embarcar en el vuelo que le debía trasladar a España. Así, esta operación ha permitido proceder a la detención de un total de cinco personas e intervenir 2,5 kilogramos de cocaína, cinco teléfonos móviles y 600 euros.
BRASIL QUIERE EL TRIPLE DE LO QUE BOLIVIA OFRECE POR INDEMNIZACIÓN DE DOS REFINERÍAS DE PETROBRAS
Brasil quiere 215 millones de dólares, pese a que pagó apenas 104 millones en 1999. Bolivia no ofrece más de 75 millones de dólares. Evo quiere oficializar la estatización de esas dos refinerías el uno de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, demandó a su par boliviano Evo Morales una indemnización de 215 millones de dólares por la nacionalización de las dos refinerías que posee el ente estatal brasileño Petróleos Brasileiros Sociedad Anónima (Petrobras) en el país andino, reveló hoy la prensa local.
Según el diario "Folha de Sao Paulo", el monto reivindicado por Lula representa más que el triple de los 70 millones de dólares que el mandatario boliviano se reveló dispuesto a pagar por las plantas instaladas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
LULA Y EVO YA CRUZARON GENTILEZAS SOBRE EL TEMA
El rotativo aseguró que las discrepancias en torno al monto de la indemnización quedaron evidentes durante el encuentro que sostuvieron los presidentes de Brasil y de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Evo y Morales hace una semana, al margen de la Primera Conferencia Energética Sudamericana realizada en Isla Margarita.
El informe afirma que Lula justificó su demanda de 215 millones de dólares en base al precio pagado por Petrobras para adquirir las dos refinerías al Estado boliviano en 1999, sumado a las inversiones realizadas por la empresa en la modernización de ambas plantas.
Según el diario, el presidente brasileño aseguró a Morales que, aun cuando el Estado boliviano no pagara nada por las dos refinerías, el impacto económico de esa medida sería "despreciable" para Petrobras, que tiene disponibilidades financieras de 25.000 millones de dólares.
CORREN RIESGO INVERSIONES
No obstante, afirmó que una indemnización baja tendría un efecto negativo para él mismo (Lula) y un efecto aún peor para Morales y para Bolivia, ya que "Petrobras no invertiría más en Bolivia, ni tampoco el gobierno brasileño", cuyo Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) tiene proyectos de financiamiento para empresas que se dispongan a construir carreteras en el país andino.
Finalmente, Lula habría advertido a Morales que ya no hará concesiones políticas y que orientó a Petrobras y al Ministerio de Minas y Energía a recurrir a cortes internacionales de arbitraje, en caso de que sus derechos no sean respetados.
NEGOCIACIONES A PASO ACELERADO
Bolivia y Brasil iniciaron la pasada semana las negociaciones para la compra de las dos refinerías en busca de lograr acuerdos que no perjudiquen a ninguna de las partes.
El gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos el pasado uno de mayo de 2006 para que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma el control de toda la cadena productiva, lo que hacía antes de 1996 cuando el sector fue privatizado por el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Varias trasnacionales extranjeras se acogieron a esa convocatoria, entre ellas la Petrobras de Brasil, la hispano-argentina Repsol-YPF, la franco-belga TotalFinalElf y las británicas British Petróleum Gas y British Gas, entre las principales.
NUEVOS CONTRATOS
Entre 1997 y mayo de 2005, esas empresas dejaban en Bolivia solamente el 18 por ciento de sus ganancias para pagar impuestos y regalías petroleras. Sin embargo en mayo de 2005 el congreso aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que les impuso pagar el 50 por ciento por esos conceptos.
Tras la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno de Morales negoció nuevos contratos con las empresas a fin de que se conviertan en prestatarias de servicios a YPFB.
Esos nuevos contratos fueron suscritos a principios de noviembre con la inclusión de nuevas reglas, principalmente por la imposición de que esos consorcios paguen por tributos y regalías entre el 50 y el 82 por ciento de sus ganancias al Estado.
El Senado avaló recién la pasada semana los 44 contratos tras reajustarlos, por lo que solamente esperan su protocolización para que entren en vigencia y las empresas extranjeras reanuden sus inversiones, entre ellas la Petrobras.
GOBIERNO CONFÍA EN COMPRENSIÓN BRASILEÑA
Quedó como punto de la negociación el asunto de las refinerías de la empresa semiestatal brasileña que el Estado quiere tenerlas bajo su cargo y es ahí donde surgió la nueva controversia que esperan zanjar los próximos días.
Según fuentes ligadas al Gobierno, Evo Morales pretende anunciar la posesión de las dos refinerías en su discurso del uno de mayo, Día Internacional del Trabajo.
DESACUERDO SOBRE LA FORMA DE CALCULAR VALOR DE REFINERÍAS
Morales confirmó que Petrobras no se hace problemas en vender las refinerías Guillermo Elder (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba), aunque dijo que aún falta definir si su costo será calculado de acuerdo al mercado internacional o al valor patrimonial.
En 1999, Petrobras compró las dos refinerías, que tienen una capacidad de refinación de 60.000 barriles de crudo por día, con una oferta de 104 millones de dólares.
COCA EN EL ESCUDO BOLIVIANO
Polémica nacional e internacional por la decisión de Evo Morales de incluir la planta en el emblema del país.
El País de España (www.elpais.com/articulo)
¿Un símbolo milenario o un mensaje equivocado? La futura inclusión de una hoja de coca en el escudo nacional boliviano ha desatado la polémica tanto en el interior del país como entre sus vecinos, donde se ha comenzado a denunciar la apología del vegetal -clasificado como sustancia prohibida por una convención de la ONU de 1961- que realiza la Administración de Evo Morales en un momento en que el consumo de cocaína, droga que se obtiene de la planta, se ha disparado en la región.
Entre los puntos de la "refundación de Bolivia" que pretende reflejar la nueva Constitución boliviana, los diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) han introducido la reforma del escudo nacional para que éste albergue "símbolos milenarios" como la bandera indígena -la wiphala- y la hoja de coca. Entre los argumentos de los diputados del MAS figura el hecho de que el laurel era utilizado como símbolo por los romanos y otras plantas, como el olivo o las espigas de trigo, aparecen en varios escudos.
Pero, a diferencia de otras iniciativas tendentes a reivindicar la polémica hoja -tales como pedir a Coca-Cola que deje de usar la palabra "coca" o proponer que los niños en las escuelas masquen hojas en vez de tomar leche-, la modificación del símbolo nacional ha provocado una tormenta política en Bolivia.
La oposición señala que el escudo debe representar a toda la sociedad y la hoja de coca, en su opinión, no lo hace. Otro problema añadido es dónde se colocará el nuevo símbolo. Los partidarios de la inclusión subrayan que, de los 19 elementos del escudo, 12 son coloniales. Pero ninguna provincia quiere que se elimine su símbolo. Por ejemplo, el jefe del MAS en la Constituyente, Román Loayza, ha sido acusado de ser partidario de eliminar el símbolo de Potosí.
La polémica también se ha trasladado al exterior. En Argentina, los medios piden "prudencia y racionalidad" ante la reivindicación de una planta que, aunque es utilizada tradicionalmente en un entorno determinado, sirve para producir una peligrosa sustancia que está invadiendo las calles del continente. Según datos oficiales, sólo en el primer trimestre de 2007 unas seis toneladas de cocaína han logrado cruzar las fronteras bolivianas. Las autoridades argentinas están preocupadas especialmente por el consumo de la pasta base de coca, que en tres años se ha disparado en un 500%.
El Gobierno de La Paz responde alegando que este aumento de la cocaína no se debe a una mayor producción de la hoja, sino a un incremento del consumo en los países receptores, a los que además acusa de no ejercer el control necesario sobre los elementos químicos necesarios para la fabricación de la droga. Un razonamiento con el que no están de acuerdo sus vecinos.
"Bolivia nos culpa por una falta de control en los precursores químicos, pero cada vez tiene más hectáreas sembradas de hojas de coca", denunciaba la semana pasada el secretario argentino de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.
El responsable argentino de lucha antidroga pidió además a Bolivia que "se sincere" y declare cuántas toneladas de hoja de coca es necesario producir para garantizar el consumo "cultural o ancestral" de la planta y que a partir de ahí se controlará "el destino de los excedentes reconocidos oficialmente por las autoridades bolivianas". Granero señaló que en el norte de Argentina también se da un cultivo y consumo ancestral de la hoja. "Cosa que acepto porque la cultura es el último recurso de los pueblos contra la globalización", matizó.
En 'Caras y Caretas'
BRASIL, VENEZUELA Y BOLIVIA EN LA MIRADA DE TRES INTELECTUALES LATINOAMERICANOS
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Informa el Centro Cultural Caras y Caretas, que dentro de su sección Foro Latinoamericano, presenta la conferencia 'Protagonistas del siglo XXI: Movimientos sociales en América Latina'.
La misma se desarrollará, según informa la fuente, con las exposiciones de los especialistas Emir Sader, brasileño, director de CLACSO, Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano y Maristella Svampa, académica social argentina. Los tres autores siguen de cerca los procesos latinoamericanos, sobre los cuales actúan y escriben con frecuencia.
El evento será coordinado por la reconocida periodista Telma Luzzani, Pro Secretaria del diario Clarín, de Buenos Aires y sus ejes temáticos serán la dinámica política, mutaciones y relaciones con los gobiernos, de las corrientes sociales que actúan en Venezuela, Brasil y Bolivia, en el contexto latinoamericano actual.
América latina vive un tiempo histórico sin precedentes. En el siglo XXI, la gran mayoría de los ciudadanos latinoamericanos han votado con la ilusión de que sean emprendidos los cambios urgentes que ellos sueñan y que la región latinoamericana necesita desde siempre.
Los grandes motores de esas transformaciones han sido y siguen siendo desde mediados de la última década del siglo XX, los denominados 'movimientos sociales'. Varios de estos movimientos sociales se han convertido en protagonistas decisivos en sus países, determinando la asunción o derrumbe de regímenes políticos y gobiernos; en otros lados, mantienen una fuerza social decisiva que obliga a los poderes establecidos a tenerlos en cuenta y negociar con ellos, en muchos casos para cooptarlos y desactivarlos. Como señala el viejo dirigente revolucionario peruano Ricardo Napurí, 'Sería un grave error metodológico olvidar experiencias que han convertido estas realidades en verdaderos laboratorios de la lucha de clases. Partir, por ejemplo, de la profunda revolución democrática, que tuvo a las masas populares como sujetos sociales y a Pancho Villa y Emiliano Zapata como sus líderes en el México atrasado de 1910. A la revolución guatemalteca en 1954. Y coronando este curso histórico a la revolución cubana de 1959. En estos procesos la burguesía estuvo ausente salvo para beneficiarse de sus reflujos y derrotas… De esta forma el movimiento campesino se convierte en un componente fundamental de los denominados movimientos sociales y aportan su radicalismo reivindicativo y organizaciones propias… En la presente fase de mundialización del capital, la crisis de dominación de clase comprende al Estado, a sus instituciones, incluso al sistema de partidos… Este hecho ha permitido que los llamados movimientos sociales, que repito siempre existieron antes, tengan ahora un protagonismo mayor al quedar liberados del agobiante sustituismo los partidos pequeño burgueses e incluso de la izquierda… A través de sus luchas, a veces cruenta y heróica se va construyendo poder social…'
Dentro de esta visión histórica e integral desarrollada por Napurí en el documento 'Para pensar algunos problemas de América latina', editado en Francia recientemente, los movimientos sociales latinoamericanos han despertado, otra vez en la historia, el interés de académicos, periodistas y militantes revolucionarios. Tres de ellos disertarán hoy martes, a las 7 de la noche en el Centro Caracas y Caretas, situado en Venezuela 330.
Algunas consideraciones propositivas sobre la nueva política de tierras
LA REVOLUCIÓN AGRARIA EN BOLIVIA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente ha elaborado la Nueva Política de Tierras y la ha presentado a las organizaciones sociales en Cochabamba los días 26, 27 y 28 de marzo, con la intención de que las mismas puedan aportar con sus propuestas.
Hemos tenido la oportunidad de participar en la mencionada exposición como representantes de la Comisión de Agricultura, Campesinado, Comunidades Originarias y Etnias del senado nacional. Gracias a esta oportunidad es que hemos podido realizar el presente artículo propositito.
La coyuntura política actual representada por un gobierno de cambio y, además, con un presidente indígena, demanda de una profunda transformación del país, pero no solo a nivel estructural, sino también a nivel ideológico y, por lo tanto, filosófico. La visión de realidad que el gobierno pretende implantar se circunscribe al ámbito ontológico y epistemológico[1], ineludiblemente, y no así únicamente al político, económico, educativo y cultural. El problema de impulsar cambios políticos sin incidir en la esencia ontológica de los mismos, es que se convierten en cambios de forma que mantienen en vigencia la matriz filosófica colonizadora, etnocida, ecocida y genocida. Si bien, en la actualidad, las corrientes científicas más críticas instan por revoluciones epistemológicas, se olvidan que en el cáliz ontológico descansa el germen de los paradigmas occidentales. Es algo así como cuando uno quiere matar a las hormigas que han invadido la casa o el jardín. Por mucho que uno intente deshacerse de ellas de miles de formas, siguen apareciendo sin reducir, ni siquiera, su número. La solución es encontrar la matriz que alberga a los huevos de las hormigas y en la cual estas se reproducen. Permítannos aclarar que este ejemplo corresponde únicamente a nuestra necesidad de facilitar la exposición, de ninguna manera se circunscribe a nuestra filosofía de vida la cual, muy contrariamente al ejemplo, no está de acuerdo con una relación homicida con las hormigas ni con otro ser de la realidad.
Además, es desde el espacio ontológico que se puede plantear nuevos paradigmas y visiones de la realidad que no correspondan solamente a Occidente. Nos explicamos:
“El tema filosófico, que tanto defendemos, ha sido desplazado hace mucho tiempo por la ciencia, desde que algunos filósofos negaron la existencia del ‘ser en si’ (un ser espiritual) y abogaron por la existencia del ‘ser pensante’. En este momento, la preocupación por la cuestión del ser fue enterrada por otra inquietud: ¿qué es el conocimiento? A partir de la dicotomía ‘cosa en si’/ ‘cosa pensada’ surge otra partición fundamental que rige la ciencia y el Derecho. Se trata de la separación forma/esencia. La forma, el fenómeno, es el único que puede conocerse mediante la razón. La esencia queda relegada a la filosofía, pero es infranqueable con la razón, por lo mismo, ininteligible. A través de este postulado se logra, además, repudiar toda forma de conocer la realidad que no enarbole la razón como el único medio para realizar el proceso de conocimiento. De esta forma, las reflexiones en torno al tema ontológico y a la esencia, se consideran innecesarios o, es más, ni siquiera se toman en cuenta. Así, cualquier estudio y reflexión científica se ha constreñido a la forma”[2].
Del mismo modo, toda propuesta política se remite a la forma y deja de lado el tema de la esencia. En este contexto, ¿cómo esperamos realizar propuestas revolucionarias que tomen en cuenta otras visiones de la realidad y sus consecuentes sabidurías, si siempre partimos de ideas e iniciativas que se circunscriben a la propuesta filosófica occidental que considera a la razón y la ciencia como los únicos medios de conocimiento válidos? Si no redefinimos el marco ontológico o de la esencia, entonces ¿cómo esperamos que se incluyan en las propuestas políticas otras visiones que no se remiten únicamente a la razón como medio de conocimiento y que, más bien, tienen propuestas bastante diferentes que se remiten, sí o sí, a nuevos planteamientos ontológicos?
Acerca de la colonización de las tierras y la modalidades de tenencia y uso de tierra ancestral.
Estamos ante una nueva etapa de colonización, que hemos venido a denominar “recolonización”, que se caracteriza por políticas a todo nivel (educativo, político, cultural, científico, tecnológico, social y económico) que se insertan en cada uno de los países, ya no desde la ocupación al modo de la colonización tradicional, sino desde la inserción, en el interior de cada uno de los países, de la ideología recolonizadora posmoderna, así como de las transnacionales que se instalan en sociedad con los propios estados, garantizando la producción y reproducción de capitales y sus respectivos excedentes de y desde el interior de los países subdesarrollados. Si bien la tierra ha sido un eje central en toda tendencia colonizadora, el territorio recupera en la actualidad mayor énfasis. Es decir, no es solamente un espacio de tierra el que debemos proteger, sino también, el territorio con todos sus recursos renovables y no renovables más la población que vive en él y sus lógicas de convivencia con la tierra.
DERECHO DE FONDO - EVOLUCION DOCTRINARIA
LOS MODELOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Europa y América latina tuvieron procesos distintos en la búsqueda de un esquema que les garantice a los Estados la prevalencia plena de sus Cartas Magnas.
La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)
La lucha por consolidar el Estado Constitucional necesitaba un último eslabón para completar el círculo. El primer paso fue imponer la Constitución como instrumento ordenador del Estado, lo que consagró derechos fundamentales y poderes limitados y dio racionalidad a la vida política; y el siguiente esfuerzo estuvo dirigido a la democratización del sistema a través del voto universal y de los derechos sociales, cuya realización pasó a ser tarea del Estado. Pero estos objetivos carecían de algún mecanismo que corrigiera las situaciones de incumplimiento o de inobservancia de la Carta Magna. ¿Qué hacer cuando el poder desprecia lo establecido en la Constitución, y cómo hacer para que una norma dictada en contraposición a lo establecido en ella sea invalidada y expulsada del sistema jurídico?
A estas preguntas va a responder el control de constitucionalidad, que se ha convertido en un tema de importancia capital para el sistema constitucional. La cuestión de hacer efectiva una Carta Magna en la realidad política y social de una comunidad constituye el desafío central de la problemática constitucional. Se trata, nada más y nada menos, que de afirmarla como norma jurídica vinculante.
Si bien este enunciado parece sencillo, a la luz de la experiencia histórica universal y argentina, el propósito de que la Constitución sea un instrumento eficaz de ordenación política comenzó a concretarse de manera lenta y progresiva en términos históricos, en tiempos muy recientes. En Europa, tras la Segunda Guerra Mundial; en Latinoamérica, después de los procesos democratizadores iniciados a mediados de la década del 80.
Si bien en el período de entreguerra en Europa hubo medulosos debates (simbolizados por el épico duelo teórico protagonizado entre Kelsen y Schmitt sobre el “defensor de la Constitución”), todo sucumbió con las hordas nazis. Igualmente, en Latinoamérica (Argentina incluida) la Constitución, y todo lo que ella significa, habían perecido por los sucesivos golpes militares, y la situación no pudo ser restañada en los breves interregnos de gobiernos elegidos por el voto.
Iniciado el período de reconstrucción de los Estados Constitucionales de Derecho, luego de la Segunda Guerra, se hizo patente el firme propósito de que la Constitución se convierta en realidad vinculante. Para ello se puso énfasis en establecer los mecanismos que garanticen su observancia, de modo que cuenten con potestad suficiente para sancionar su incumplimiento y corregir la desviación.
Dos variantes
Entonces, el mundo sólo conocía dos modelos de control de constitucionalidad. El norteamericano (judicial review), a cargo de los jueces del Poder Judicial; y el kelseniano de la jurisdicción constitucional especial (Verfassugsgerichtsbarkeit) a cargo de un Tribunal Constitucional (ensayado por la Constitución de Austria de 1920 e imitado sin éxito por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República española del 31).Pero la desconfianza política respecto de los jueces del Poder Judicial (producto de la expansión del antijudicialismo francés por el continente europeo y del excesivo protagonismo dado al juez por la Escuela Libre de Derecho) llevó a Europa a preferir el modelo kelseniano de una jurisdicción constitucional concentrada en un Tribunal ad hoc (un órgano especial al que se le encarga, con carácter exclusivo, que intervenga en las cuestiones de inconstitucionalidad). Este cuerpo reviste la función de legislador negativo, en tanto puede derogar una ley o una norma con fuerza de ley con alcance general, es decir, erga omnes. En consecuencia, al juez ordinario no se le reconoce capacidad para declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero esa tarea es atribuida con carácter monopólico al solo y único Tribunal Constitucional, integrado por 9, 12 o 17 miembros.
La expansión de este modelo de control de constitucionalidad de las normas se dio en Europa en tres etapas. Primero, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en aquellos Estados que dictaron sus nuevas Constituciones (Italia, Alemania, Austria). Estos fueron imitados por los Estados del sur de Europa que en la década del 70 salieron del régimen autoritario (Portugal, España, Grecia). Finalmente, tras la caída del muro de Berlín, los países del Este europeo siguieron el mismo modelo (Polonia, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Rumania, Bulgaria, Rusia).
En Latinoamérica, la preocupación por establecer un sistema de control de constitucionalidad empezó a manifestarse a partir del proceso de democratización de la década del 80, iniciado por Guatemala (1985) y finalizado por Bolivia (1995). El panorama continental es variopinto, porque incorporó elementos del modelo kelseniano. En efecto, si bien en sus comienzos había seguido el sistema norteamericano del control de constitucionalidad por los jueces en el caso concreto, no había resultado eficaz por las sucesivas interrupciones de la continuidad constitucional. Este hecho llevó a los tribunales judiciales (muchas veces integrados por jueces designados por el régimen militar, tras destituir a los jueces de la Constitución) a perder fuerza de convicción en la defensa del orden constitucional quebrantado. También incidió el hecho de que la designación tenía lugar en medio de un estado de provisoriedad del ordenamiento jurídico. Todo esto trajo aparejada una devaluación del rol de juez en su función de garante de la constitucionalidad, a lo que debe sumarse una autocensura en cuestiones constitucionales por los propios jueces con la excusa de que las “cuestiones políticas” no son justiciables.
En definitiva, el desdén manifestado por los tribunales en buena parte de América Latina para cumplir el rol asignado por la Constitución llevó a buscar otras fórmulas más eficaces cuando llegó la hora de diseñar los mecanismos de control constitucional en los nuevos textos constitucionales.
Opinión
BOLIVIA - “EL CAMINO ES CULEBRERO”
La Historia Paralela de Argentina (www.lahistoriaparalela.com.ar)
Primero se manifestó la ONU y ahora la OEA, quienes aparecen respaldando al Gobierno en el presente proceso al que definen como de cambio en democracia. En un país en el que estamos inmersos en una Asamblea que está destruyendo la institucionalidad democrática que nos quedaba, y existen altos índices de violación a las libertades y derechos humanos, nos deja perplejo el papel de estos Organismos Internacionales, que de la noche a la mañana aparecen como partidarios y voceros del Gobierno boliviano, cuando deberían guardar una prudente observación en vez de la información y la alianza cómplice.
Será necesario dejar reposar estas opiniones, para que cuando se abra la caja de Pandora podamos mostrarle a la OEA por ejemplo, que sus manifestaciones de respaldo tal vez fueron precipitadas al aseverar pasando por encima de la realidad, que el presente Gobierno sigue un camino de lucha contra las drogas y fortalecimiento de la democracia.
El vicepresidente Álvaro García, aprovechó un informe del PNUD, para instrumentarlo en apoyo a las políticas que está desarrollando el actual gobierno. En este sentido, entre otros conceptos lanzó apreciaciones asegurando que “la base material del liberalismo: la individuación, no se ha producido de manera plena en la sociedad boliviana”, con lo que pretende deducir que la estructura que prevalece es de una economía que tiende al colectivismo, conclusión que es absolutamente forzada en un país en el que una gran parte de la población vive de actividades que surgen de la libre iniciativa y que autogeneran empleos y trabajos que nunca ha generado el Estado.
Utiliza también el informe del PNUD para establecer que el pueblo ha elegido el camino de la estatización, lo cual es muy relativo, puesto que en realidad el informe puede tener muchas lecturas, puesto que el pueblo ha planteado cambios, pero no siempre se puede identificar este planteo del pueblo con los cambios y el giro que está tomando el actual gobierno. Aquí también hace énfasis García Linera diciendo que el pueblo no ha elegido un comunitarismo local, sino la idea del Estado nacional, tratando en este sentido de echar por tierra la idea de la autonomía que es un fuerte reivindicación al interior de muchas regiones de Bolivia.
Finalmente, García Linera concluye utilizando el informe del PNUD, diciendo que este brinda un enorme aporte al debate en la Constituyente, estableciendo entre otras cosas que supuestamente los recursos naturales no son del municipio, ni del Departamento, sino del Estado. Y con esto podemos observar que desgraciadamente algunos funcionarios de los Organismos Internacionales que cumplen funciones en nuestro país, están haciendo política y al mejor y más claro estilo Masista. Es profundamente perturbador el descubrir que estos Organismos no se estén conduciendo como instituciones que actúen como factores de equilibrio y contrapeso, cayendo en la tentación de servir al gobierno y al gobernante de turno.
Opinión
CUMBRE INTRASCENDENTE
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
La Cumbre Energética Suramericana que finalizó la semana pasada fue intrascendente y no borrascosa, como esperaban algunos. El teniente coronel se sintió más perdido que el 4 de febrero de 1992 y prefirió no dar la batalla ni por el cartel de países productores y exportadores de gas ni por el gasoducto del sur. Tampoco por el etanol y mucho menos por el banco del sur. Fue por lana y salió trasquilado en su pretensión de líder. Esta es la consecuencia de "planificar" por ocurrencias en noches de insomnio. Solo se logró un acuerdo para crear un Consejo Energético y bautizar al grupo de países asistentes como Unión de Naciones Suramericanas. Con la improvisación con la que fue montada y con el objetivo político que siempre tiene bajo la manga el teniente coronel, era imposible lograr avances significativos. El tema de crear un cartel de países productores y exportadores de gas, sobre el cual ya hay un acuerdo muy preliminar entre Bolivia, Argentina y Venezuela, no encontró eco en Perú ni en Colombia, países que disponen de reservas de gas. Mucho menos en Brasil, que dada su alta dependencia del gas boliviano no se iba a hacer el haraquiri apoyando la creación de este cartel. Por ello esta ocurrencia pareciera destinada a no materializarse. Al respecto cabe recordar que hoy en día Venezuela tiene un déficit de mil quinientos millones de pies cúbicos de gas por día, el cual debe sustituir por fuel oil y diesel para operar las plantas de generación de electricidad. Con respecto a la ocurrencia del gasoducto del sur, recordemos que 95% de nuestras reservas probadas de gas están asociadas al petróleo y que no están probadas las reservas del gas libre. El no tener la cuantificación del gas disponible, además del daño ambiental que ocasionaría y el menor costo de la opción de transportarlo por barco, ha determinado que los brasileños estén muy cautelosos y, por ahora, pareciera que el gasoducto del sur es una ocurrencia más.
En relación a la producción de etanol para ser usado como combustible en diferentes mezclas con la gasolina, el teniente coronel tuvo que retirar su denuncia de que es un proyecto "hambreador de los pueblos", por supuesta competencia con la producción de alimentos. Tanto Brasil, como Uruguay, países que producen y exportan grandes cantidades de alimentos, sostuvieron firmemente que no hay incompatibilidad y que seguirán con sus planes expansionistas de producción de etanol a partir de cultivos. En nuestro caso, ya estamos importando etanol desde Brasil y hay planes para sembrar cien mil hectáreas de caña de azúcar destinadas a la elaboración de etanol. Éste se mezclaría hasta un diez por ciento con la gasolina para mejorar su octanaje y evitar el "pistoneo" de los motores. Los expertos en caña sostienen que para que este proyecto sea viable se requiere de una Ley de Promoción de este rubro, la cual debe necesariamente garantizar la propiedad privada de la tierra. Desde luego que Venezuela podría elaborar el etanol en las plantas petroquímicas y quizá la rentabilidad para Pdvsa sería aceptable, pero el procedente de la caña tendría una mayor rentabilidad a nivel país, al contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de nuevas zonas rurales.
En resumen, los resultados de la Cumbre son magros y los pocos logros se han podido obtener sin tanta alharaca y a menor costo. El querer darle preponderancia a lo político sobre lo económico, siempre presente en los discursos del teniente coronel, es un impedimento para avanzar en un área tan importante. La firma de convenios bilaterales con Paraguay, Nicaragua y Jamaica para la construcción de refinerías no es conveniente para Venezuela. Es oportuno recalcar que la refinación no es un negocio muy rentable, aunque sí necesario. Con la capacidad de refinación de que disponemos en nuestro país y en el exterior, es un mal negocio invertir en la construcción en otros países de nuevas refinerías de relativamente poca capacidad. Con esta Cumbre, Venezuela no alcanzó ninguna cima ni en lo económico, ni en lo político, y tampoco le permitió al comandante elevar su ego que cayó en una sima.
Opinión
¿POPULISMO O SOCIALISMO SIGLO XXI?
La Hora de Ecuador (www.lahora.com.ec)
Ganó abrumadoramente el SÍ ¿al cambio?¿al socialismo siglo XXI? o ¿ al populismo complaciente de las mayorías para perpetuarse en el poder? ¿Cuál es la diferencia entre populismo y socialismo siglo XXI? Tratemos de reflexionar sobre posibles respuestas para entender hacia dónde vamos, porque el cambio sin brújula no siempre implica crecimiento o renovación. Iniciemos con el populismo, que en el sentido negativo, es el poder como un fin en sí mismo y el medio para lograrlo es el pueblo.
H. Dieterich Steffan, autor de “Socialismo siglo XXI” y referente de Chávez, propone un sistema socialista humanista basado en la democracia participativa y directa; que implica mayor acción de los individuos y grupos sociales en la toma de decisiones públicas.
El riesgo es que necesita permanentes consultas populares y debates, que en nuestro país suelen ser cortinas de humo para crear ilusionismos que nos desgastan y dispersan de la atención de otros temas de vital importancia que requieren de soluciones prácticas inmediatas.
En este concepto socialista, a diferencia del modelo marxista que defiende la dictadura del proletariado, el estado no puede estar por encima de los ciudadanos y sólo actúa como regulador para asegurar la libertad fortalecida por la equidad. Es antitotalitarista y descentralizador para fortalecer la dinámica social; a menos que sea tergiversado por la demagogia y el ansia de poder, como en el caso de Venezuela.
Lo único evidente en el panorama ecuatoriano, es el deseo de un cambio socio-político que no está definido. Aún están presentes los fantasmas del populismo con su gula de poder, sea de derecha o de izquierda, invalidando las opciones democráticas y el dinamismo social y económico que requiere el siglo XXI. De nosotros depende marcar el rumbo e iniciar un debate serio, con una visión innovadora y abierta, para evitar el uso de artificios que no crean más que falacias y desesperanza.
Opinión
PRIMAVERA LATINOAMERICANA
Por Esto de México (www.poresto.net)
Decepcionados con las tradicionales oligarquías políticas, los electores de América Latina canalizan ahora sus votos hacia candidatos que encarnan la esperanza de cambios capaces de reducir la desigualdad y la miseria. Votan a gente con cara de gente: al obrero Lula en Brasil, al mestizo Chávez en Venezuela, al indígena Morales en Bolivia, al militante de izquierda Correa en Ecuador, al exguerrillero Ortega en Nicaragua. Y quiera Dios que, dentro de poco, Fernando Lugo sea elegido presidente de Paraguay y Rigoberta Menchú de Guatemala.
En Venezuela Chávez refuerza el poder popular instalando los Consejos Comunitarios. Esa es la única vía por la que los gobiernos democráticos pueden, en efecto, asegurar su gobernabilidad sin correr el riesgo de quedar como rehenes del Congreso y vulnerables a los golpes de Estado orquestados desde Washington, como sucedió en Venezuela en el 2002.
En Brasil Lula optó por la vía parlamentaria, formando una coalición partidista que le garantiza la mayoría en el Congreso, aunque sin metas definidas en cuanto al proyecto de un nuevo Brasil. Los partidos fueron atraídos por el ofrecimiento de cargos en la maquinaria del Poder Ejecutivo. Al contrario de Chávez, Lula no se interesa por movilizar a los movimientos sociales, temeroso de que le exijan cambios en la política económica neoliberal, de riguroso ajuste fiscal, y en la política social, que está debiendo la reforma agraria, puerta de salida de las familias pobres que, hoy, dependen de los recursos del Estado para su sobrevivencia.Reelegido en diciembre por el 63% del electorado, Chávez obtuvo la aprobación por el Congreso de la Ley Habilitante, que le permite gobernar en los próximos 18 meses sin consultar al Parlamento. Se trata de la versión venezolana de las Medidas Provisionales adoptadas anteriormente en Brasil. A partir del 1 de mayo Chávez pretende reducir el poder de los consorcios petroleros que operan en la región del río Orinoco, donde se extraen cerca de 600 mil barriles diarios y con potencial para llegar al millón 300 mil barriles por día. La medida afectará a las empresas extranjeras que hasta ahora se hartaban del petróleo venezolano e inflaban su facturación sin contrapartida en el desarrollo sustentable del país: las norteamericanas Chevron, Exxon Mobil, Texaco y Conoco Philips; la francesa Total; la noruega Statoil; y la británica British Petroleum. La empresa venezolana PDVSA es la socia minoritaria en este consorcio. A partir del 1 de mayo ésta se quedará con la cuota del 60% y las demás con el 40%.
En los planes de Chávez entra el nacionalizar la empresa Electricidad de Caracas, controlada ahora por la AES de los Estados Unidos, y no renovar la concesión de frecuencia del Estado a la empresa de telecomunicaciones RCTV (Radio Caracas Televisión), que podrá seguir operando por satélite y por cable. La RCTV apoyó el golpe de abril del 2002, que trató de derribar al presidente Chávez y, en diciembre del mismo año, apoyó el sabotaje a PDVSA, lo que puso en peligro la economía del país. Chávez prefirió, en aquel momento, no castigar a la emisora.
Al contrario de lo que pregonan los medios de los Estados Unidos, Chávez es el presidente latinoamericano con menos poderes y más mediatizado por dispositivos constitucionales limitadores de su actuación. El más importante de ellos es el Referéndum Revocatorio, que autoriza al 5% de los electores -unas 800 mil personas- a exigir que el elegido se someta a la aprobación popular a mitad de su mandato. Su aplicación tuvo lugar en agosto del 2004, cuando la oposición venezolana pidió el referéndum y tuvo que tragarse la amargura de su resultado: la mayoría de la población reafirmó su confianza en Chávez.
Si hubiera habido un Referéndum Revocatorio en Argentina y en Bolivia, Fernando de la Rúa y Sánchez de Losada habrían sido destituidos sin falta de aquella presión popular que pagó el alto precio de vidas sacrificadas. Y en Perú Alejandro Toledo, que gobernó con un índice de aprobación inferior al 15%, habría cedido su lugar a otro a mitad de su mandato.
En Ecuador, país que tuvo ocho presidentes en los últimos diez años, Rafael Correa movilizó a la nación para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por más del 70% de los electores el domingo pasado. Y en Bolivia Evo Morales conmemora la reducción, en apenas un año, del déficit fiscal, la duplicación de las reservas del país y el avance de los indicadores económicos, gracias al cobro del precio justo del gas explotado por compañías extranjeras y a la recuperación de la propiedad sobre los hidrocarburos.Por la vía democrática y pacífica, América Latina va liberándose de la miseria a la que la mayoría de su población fue condenada por las grandes potencias. Si éstas reaccionan ante la pérdida de sus privilegios exorbitantes, el escenario de Irak podría trasladarse a esta región. El sentido común y el incienso no le hacen mal a nadie. (Traducción de J.L.Burguet) (Alai-amlatina).
Análisis
PROTESTAS CAUSAN SALIDA DE CAPITALES DE RIESGO EN AL
El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
Expertos sostienen que aunque la región ya se acostumbró a estos incidentes, existen proyectos en marcha para poder superarlos. En América Latina (AL) brindar un clima de confianza para los inversionistas, con el fin de asegurar perspectivas económicas positivas, continúa siendo motivo de preocupación. Así, la convulsión social en la región afecta el propósito común de AL: emerger.
Según el diario la Razón (Bolivia) el último paro que afectó la estación de Transredes, en Yacuibá (al sur del país), en la cual tienen participación las transnacionales Shell y Ashmore, dejó pérdidas por un millón de dólares debido a la reducción de los envíos de gas a los mercados de Argentina y Brasil.
Al respecto, Ricardo Amiel, experto en temas energéticos, sostiene que lo que ocurre en Bolivia tendrá un costo más notorio en la salida de capitales de riesgo, pues este tipo de inversiones miden aspectos como la seguridad económica, la estabilidad jurídica y social. “Hoy en Bolivia vemos que al menos uno de estos factores está siendo distorsionado”, dijo.
Indicó que este panorama en el país vecino puede beneficiar al Perú, pues “cuando los capitales de riesgo escapan buscan mercados que tengan mejores áreas prospectivas, con legislaciones que promuevan la atracción de este tipo de capitales, como el caso nuestro”.
Amiel agregó que, en cambio, también hay países en la región como Ecuador y Bolivia en los que la inestabilidad económica y política les afectará sin duda. “Perú es un caso aparte pues es bien visto en EE UU, por ejemplo, la clasificadora de riesgo Standard & Poors, nos ubica como un país de baja inflación”, comentó.De otro lado, el especialista explicó que el balance energético de la región se sostiene básicamente por Venezuela (en el caso del crudo), y en lo referente al gas Sudamérica posee una red en la que participan varios países, de los cuales Bolivia es sólo una parte.
Cuestión de tiempo
Por su parte, Aurelio Ochoa, otro entendido en el tema, manifiesta que aunque la situación en Bolivia es preocupante, no debe de temerse que sea demasiado grande pues es cuestión de tiempo para que las cosas se normalicen.
Sin embargo, afirmó que puede preverse problemas de desabastecimiento en mercados como los de Brasil y Argentina, lo cual ha ocurrido en efecto. Asimismo, el viceministro de Industrialización y Comercialización de Bolivia, William Donaire, señaló que con la reducción del fluido del gas, el mercado más afectado fue el argentino, donde la exportación bajó de 5 a 1,2 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd).
Además, se suspendió el bombeo de 1,2 MMmcd de gas a la ciudad brasileña de Cuiabá —prácticamente no se envió ni una molécula de gas el pasado viernes— y la distribución que administra Petrobras hacia Sao Paulo bajó de 24,6 a 24 MMmcd.
Sin embargo, para Ochoa estos mercados ya han ido desarrollando ciertos mecanismos de defensa contra los cortes, debido a que no es la primera vez que se dan estos incidentes.
“Por ejemplo, en el caso de Argentina, este país ha ido reduciendo sus exportaciones a Chile, que a su vez viene comprando mayores cantidades de diesel para atender su mercado y está construyendo una planta de regasificación en Valparaíso. Y Brasil viene desarrollando otras soluciones, como la construcción de dos plantas de regasificación, una en Río y otra en alguna ciudad del nordeste brasileño, para las cuales comprará gas de Argelia”, explicó.
Recordemos que Brasil produce el 50% del gas que consume en su mercado interno. “No debemos alarmarnos, sólo tomar previsiones, pues situaciones similares se ha dado en Europa hace muy poco tiempo con el corte del gas de Siberia, el cual alimenta a diferentes países europeos”, acotó.
El dato
El capital de riesgo es una forma de financiar empresas que están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se les preste.
Opinión
DESDE EL SUR. NUESTRA NOVELA POLÍTICA
La República de Perú ((www.larepublica.com.pe)
Para Balzac, la novela es la historia privada de las naciones. Para nosotros, latinoamericanos, la realidad invirtió esos términos. La historia pública de nuestros países es una larga novela en busca de editor.
Así, la Guerra del Pacífico –cuyo tomo tenemos siempre en el velador– es sólo parte de una saga subregional, que comenzó con las rivalidades, glorias y fracasos de los próceres. Ahí aparece el chileno Bernardo O’Higgins financiando una escuadra para expulsar del Perú a los españoles y poniéndola al mando de su "hermano" de logia masónica secreta, el argentino José de San Martín. Siguen la ira del británico Lord Cochrane, cuando San Martín se sube por el chorro, asumiendo como Protector del Perú y la rectificación justiciera del venezolano Simón Bolívar. El libertador máximo, atajando la supuesta avivada, excluye de su gloria al libertador argentino.
Mientras Bolívar liquida ese capítulo en Guayaquil, su lugarteniente José Antonio de Sucre escribe un apartado creativo para Bolivia. Este nuevo país es su regalo para el jefe y marca el inicio de una segunda parte –que bien pudo escribir León Tolstoi–, con dos guerras y nuevos protagonistas. Destacan, entre estos, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra, Diego Portales, Manuel Bulnes, Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Hilarión Daza, Aníbal Pinto, Domingo Santa María, Julio Roca, Patricio Lynch, Miguel Grau, Arturo Prat, Eduardo Abaroa y Andrés Avelino Cáceres.
¿Termina, aquí, la novela sub regional y empieza la "no ficción"?
Para nada. Hoy estamos viviendo otro gran folletín y si no lo vemos claro es porque sus claves aún no se decodifican a cabalidad. Nuestros nietos sabrán que partió como secuela de las revoluciones mexicana, rusa y cubana y terminó insertándonos en la novelística mundial de la Guerra Fría.
Los primeros capítulos de esta segunda novela los protagonizan, subversivamente, los peruanos José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y el chileno Luis Emilio Recabarren. Ante ellos aparece Eudocio Ravines, también peruano, quien llega con instrucciones secretas de José Stalin para liquidarlos. Mariátegui no da guerra –muere joven–, Recabarren se suicida, el stalinista cubano Julio Antonio Mella se trompea con Haya y Ravines se arrepiente. Confiesa que Stalin fue una gran estafa.
Veinte años después la saga tiene una gran secuela, estelarizada por Fidel Castro, líder máximo de Cuba, quien se autopercibe como heredero de Martí y Mella, pero también de Bolívar y Lenin. Desde tan complejo rol, combate al "imperio", incendia la región, asume el riesgo de un holocausto nuclear y acorrala a quienes no acatan su jefatura o diseñan estrategias alternativas. Entre estos destacan líderes conosureños fogueados como Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende junto al muy novato Alan García. Para neutralizarlos, Castro los insulta, les serrucha el piso, les da lecciones públicas de revolución y hasta falsifica sus biografías.
En el desenlace, que está afinándose, el patriarca anciano se re-autoabsuelve ante la Historia, mientras ejecuta un guión previo de Gabriel García Márquez. Sabe que su gran proyecto fracasó, pues cayó la URSS y él ya no puede escalar montañas. Sin embargo, su buena estrella le ha regalado un discípulo y este le recuerda lo que un día dijo a su escribidor francés: "Si tuviéramos petróleo, Regis, la revolución continental sería cuestión de meses".
Y ahí emerge Hugo Chávez, su heredero venezolano, forjando "ejes", insultando al jefe del "imperio" (entre otros), trompeándose con un fogueado Alan García (heredero de Haya) y chocando con Michelle Bachelet (heredera de Allende). A la vieja usanza, aquí se abre una ventana donde se lee "continuará".
Opinión
EL LARGO CAMINO DE LA MEMORIA EN BUSCA DE LA JUSTICIA EN BOLIVIA FRENTE A SÁNCHEZ DE LOZADA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El pasado 16 de enero, la Sala Penal I de la Corte suprema de Justicia Boliviana declaraba en rebeldía al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros. Este paso, importantísimo para que avance la fase preparatoria del juicio de responsabilidades en su contra por los hechos de septiembre y octubre del 2003, llega después de más de tres años de espera, trabas y obstáculos que han tenido que soportar los familiares de las 67 victimas mortales de aquellas jornadas que, conocidas como Octubre Negro, han sido decisivas en la historia y el proceso de cambios que vive actualmente el país.
Hemos perdido a nuestros seres querido y nos duele que después de más de tres años nadie haya pagado por ello. Ya estamos cansados de esperar». Con estas palabras Doña Juana, que perdió esos días a su marido, expresa y resume, entre lágrimas y dolor, el sentir, no solo de los familiares, sino de toda la ciudad de El Alto y de gran parte de la sociedad boliviana. Un sentir reflejado en las múltiples pintadas de «Goni a Chonchocoro» que abundan en las paredes de la joven ciudad aymara.
La ciudad más pobre del país más pobre de América del Sur, que en setiembre y octubre del 2003 alzó su voz por lo que Rogelio Mayta, abogado del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, considera un reclamo de dignidad histórica.
«Los recursos naturales siempre nos han sido arrebatados y han beneficiado a otros. Esa es una realidad que está marcada en la mente del pueblo», por lo que en 2003, cuando se conocen los planes del Gobierno de exportar el gas a California, «la gente vincula que ese es el último recurso natural que nos queda y la única esperanza para salir de la pobreza. Fue un proceso de resistencia generado por la memoria histórica, al que Sánchez de Lozada sólo supo responder con represión».
Años antes, en su primer mandato, de 1993 a 1997, Sánchez de Lozada, que se estima tiene una fortuna de más de 220 millones de dólares (147,8 millones de euros) e intereses en cerca de una decena de países, llevó a cabo la capitalización, eufemismo bajo el cual se transfirieron a manos privadas las más importantes empresas estatales, y advirtió que estas políticas neoliberales se llevarían a cabo «pese a quien pese, cueste lo que cueste». El 9 de abril de 2003, en su segundo mandato, amenazó, en un acto en la ciudad de Santa Cruz, con el uso de las armas para mantener un gobierno que gozaba cada vez de menos legitimidad y respaldo popular.
Este lenguaje autoritario y militarista se convirtió en macabra realidad en setiembre de ese año, cuando un operativo militar, bajo el pretexto de «rescatar» a un grupo de turistas norteamericanos atrapados en un bloqueo, dejó un saldo de seis muertos en la localidad de Warisata. «Este fue un golpe calculado y medido, destinado a aterrorizar y vencer la moral de la gente que estaba resistiendo mediante bloqueos pacíficos en el altiplano paceño», afirma Mayta, quien considera que este «primer escarmiento», no logró su objetivo, sino más bien al contrario, «pues generó una respuesta de dignidad, que extendió las protestas, en especial en la ciudad de El Alto».
Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Guerra del Gas, recuerda cómo en esos días su hermano Constantino le comentaba que la situación se parecía cada vez más a la de las dictaduras de los años setenta. «Nos decía que teníamos que andar con mucho cuidado, que estaban volviendo los métodos dictatoriales en los que se militarizaba la sociedad y no se permitía ninguna protesta».
Días después, el 12 de octubre, recibió la noticia de que su hermano se encontraba grave. Falleció el 15 de ese mes víctima de la brutal represión y el terror que extendieron los militares amparándose en el decreto 27209, que, emitido el 11 de octubre del 2003, declaró el Estado de Emergencia Nacional, ordenando a las fuerzas armadas, al mando de su ministro de Defensa Sánchez Berzaín, también declarado en rebeldía, hacerse cargo del transporte de combustible y garantizar su distribución y suministro a la población.
Así, en su Artículo 3, el Estado asumía y garantizaba el resarcimiento de «cualquier daño sobre bienes y personas que se pudiesen producir como efecto de su cumplimiento». Es decir, licencia para matar que, a fin de surtir de combustible a La Paz, dejó cerca de cuarenta muertos.
Este decreto es una de las principales pruebas, pero no la única, pues según Mayta, «también hay órdenes anteriores al decreto, firmadas de su puño y letra en las que se dispone el uso de la fuerza y se ordena a los militares salir a las calles». Todo esto sostendría la principal acusación, genocidio. «Aunque -puntualiza el abogado- en el tipo penal boliviano equivaldría más bien al termino masacre. Es decir, lo que se buscaba no era la eliminación del pueblo aymara, al menos no en esta acción, sino quebrar la resistencia, mediante acciones de terror y matando, para poder seguir haciendo buenos negocios».
Represión y matanzas
Sin embargo, la brutal represión que trajo consigo el Decreto 27209, no logró sino su efecto contrario. «A partir de las matanzas la cosa ya se puso bien fregada», recuerda Juan Patricio. «La gente salía temprano de casa a bloquear y no volvía hasta tarde en la noche. Se masificaron las movilizaciones», hasta que, finalmente, el 17 de octubre Sánchez de Lozada renuncia y huye. No sin antes emitir un último Decreto, el 27213, mediante el cual se retiraron 1,5 millones de dólares (1,1 millones de euros) del Banco Central de Bolivia y se eximía de rendir cuentas sobre los gastos reservados.
Es a partir de su huida a EEUU y respondiendo a «un clamor de la sociedad boliviana», cuando se inicia la lucha por llevar a Sánchez de Lozada ante la justicia. Un largo camino de la memoria en busca de justicia, que ha sido andado entre trabas burocráticas y obstáculos políticos.
Desde la aprobación, necesaria para empezar el proceso, por dos tercios del Congreso, que tardó un año en llegar, tiempo en el que, mientras las familias de las víctimas no cesaron de movilizarse, los acusados pudieron, según Rogelio Mayta, «eliminar pruebas, cambiar bienes a nombres de terceros y otras maniobras que dificultan la investigación»; hasta la actitud de EEUU, que durante un año y medio provocó la obstrucción del proceso al negarse a cumplir un formalismo tan sencillo como entregar una notificación a Sánchez de Lozada. Así, mientras nueve ex ministros fueron imputados en mayo del 2005, a Sánchez de Lozada y otros dos ex ministros residentes en EEUU, la imputación les llegó el pasado mes de diciembre, después de que el Fiscal General de la República, considerara que, aún sin haberse cumplido la notificación, estos eran plenamente conscientes de la existencia de un proceso en su contra.
Esta imputación abrió las puertas a que fueran declarados en rebeldía y se emitiera, el pasado 16 de enero, una orden de aprehensión para ser juzgados en Bolivia por, entre otros delitos, genocidio, homicidio, vejaciones y torturas -«los bloqueadores eran obligados a punta de fusil a desbloquear con los pantalones bajados»-, libertad de prensa -«militares retiraron de la circulación medios que pedían su renuncia»- y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
También delitos económicos
Sin embargo, el proceso por delitos económicos derivados del decreto 27213, se encuentra todavía en fase embrionaria, a la espera de la aprobación por el Congreso, lo cual «desvirtúa por si solo el argumento empleado por la defensa de que se trata de un juicio político. De ser esto cierto, ahora que la mayoría del Congreso es del MAS, se aprobaría de inmediato el proceso por delitos económicos», sostiene Mayta, quien advierte que este argumento está siendo empleado por la defensa para desacreditar el juicio a nivel internacional. De esta manera evitaría que se pusiese en práctica el convenio de extradición existente entre Bolivia y Estados Unidos, paradójicamente firmado por el propio Sánchez de Lozada en su primer mandato.
De momento, las palabras de Philip Goldberg, embajador de EEUU en Bolivia, a la revista ``Times'' ya dan una pista. «La extradición es teóricamente posible, siempre que se trate de un proceso jurídico y no político». Lo que deja entrever que el trato que reciba Goni, puede ser similar al que recibe Posada Carriles. Lo que, en opinión de Mayta, sí constituiría una acción política por parte de EEUU. «Pues estarían protegiendo a quien ha sido uno de los abanderados en América Latina de las políticas neoliberales impuestas desde el Norte».
A pesar de esto, Mayta prefiere no hacer pronósticos sobre lo que pueda suceder o dejar de suceder, y tanto él como los familiares de las víctimas, insisten en la importancia que tiene el trabajo a nivel internacional, «para que nadie olvide el profundo desprecio que Sánchez de Lozada sentía por los indígenas y la gente pobre, lo que le llevó a pensar que su gobierno se podía mantener matándoles», pues ambos coinciden que la presión internacional puede evitar que Estados Unidos se erija en juez y gendarme y cumpla con el tratado de extradición, para que de esta manera se pueda llegar al final del juicio.
Un juicio que, al igual que las jornadas de septiembre y octubre del 2003, Mayta califica como de dignidad histórica. «El descuartizamiento de Tupak Katari, la muerte de Zárate Willca y de otros miles de indígenas son crímenes históricos que han quedado en la impunidad. Eso quiere decir que en este país la vida del indígena no vale nada. Y precisamente ahora, que hay en marcha una Asamblea Constituyente y se quiere refundar Bolivia, es importantísimo que se juzguen estos hechos, pues es imposible construir un país nuevo sobre la base de la impunidad».
El penal de Chonchocoro espera
Entre tanto, y mientras no haya ningún pronunciamiento oficial, los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de que la memoria encuentre un día justicia y se cumpla con una demanda mayoritaria de la sociedad boliviana, tan bien resumida en las paredes de El Alto, y Goni acabe en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. «Entonces habremos cumplido como familiares y como ciudadanos bolivianos», sentencia Juan Patricio.
Sánchez de Lozada ejerció de presidente de Bolivia durante dos mandatos. El primero de ellos, entre 1993 y 1997, se caracterizó por las masivas privatizaciones que llevó a cabo siguiendo las directrices marcadas por el FMI y el Banco Mundial y que afectaron al 50% de los ferrocarriles bolivianos, así como al petróleo, a las telecomunicaciones, a la electricidad y a las líneas aéreas. Los ferrocarriles fueron vendidos a una empresa chilena, lo que suscitó una gran oposición.
Sin embargo, logró volver a la Presidencia en 2002, aunque sólo sacó un 2% a Evo Morales. Continuó con la política neoliberal y trató de exportar gas natural a EEUU y México por puertos chilenos, lo que provocó fuertes protestas, que fueron duramente reprimidas. Fue obligado a dimitir en 2003.
En 2004 fue acusado por Evo Morales de «genocidio y asesinato de manifestantes políticos» en las protestas del gas, además de otras violaciones de derechos humanos.
La riqueza estimada de Sánchez de Lozada -en dólares- contrasta con la pobreza y las condiciones de vida a las que tienen que hacer frente los bolivianos.
Opinión
MARAVILLA BOLIVIANA EN COLCHAGUA
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Colchagua ya es zona de maravillas y maravillamiento. Hay las viñas de instalación faraónica, tallada en la piedra viva de una ladera; hay las ciruelas que llegan hasta Tokio en embajadores envases, tal como los racimos de uva cultivados para tener color, forma, pulpa y dulzura tan exactos como su peso; hay el renacimiento de los olivares; hay el espectacular meteoro rasando como un cometa blanco la ruta que nos llevaba la noche del 13 de abril al renacimiento de la música indo-jesuita de Urubichá. Sucedió. Se esparció en el aire de un patio ante un centenar de invitados venidos desde Mendoza, Santiago y Colchagua.El patio, con una palmera señera, y corredores en torno, es capo lavoro de un volterreano sintonizado al colchagüismo maravillero. Luigi Alegretti ha transfigurado las ruinas de una casa patronal en una fantasía arquitectónica, un tercio villa toscana, un tercio casa de Marrakesh y otro tercio, básico, de casa colonial. Adentro hay tesoros del Asia y de Europa, Budas en nirvana, Shivas con trompa de elefante, jarrones sang-du-boeuf; y afuera, esa noche, la música barroca que suscitaron los hábiles jesuitas y después los franciscanos misionando con ella a los hábiles músicos indios.
La también habilísima diplomacia de Roberto Ibarra, nuestro cónsul, con rango de embajador, en La Paz, hizo posible que este coro, estos instrumentalistas, fueran trasladados hasta acá. Aparecieron desde una esquina y avanzaron silenciosos, algo intimidados por el compromiso, y se colocaron ante Rubén Darío. Parece fabulación literaria este lindo alcance de nombre que le confiere un aura de expectativa al director del grupo, que lleva sotana sin ser jesuita, por evocarlos. Y por darnos así la intención sacra de la música de Urubichá que comienza a fluir a ritmo de tambor encima de la melodía de los dos violines y del chelo. Luego la voz prístina de una muchacha, soprano. Y después las voces silvestres del coro, de una mezzosoprano natural, y de un barítono vestido de rojo que representa al Diablo y dispara la palabra "guerra" como una ametralladora. En vano, porque será vencido por un Aleluya conmovedor y un Magníficat triunfal.
Describir música es fracasar siempre. Contar su efecto, una egolatría. Sí hay que decir la concentración serena de los que tocan y de los que cantan, en su mayoría de memoria, como cantan los pájaros. Esos rostros morenos sin mueca enfática, pero sin impavidez de máscara, transparentando un tipo de emoción o sensibilidad musical que difiere de la teatralidad que suelen exhibir los músicos no indios ni mestizos, nos compartían, nos daban las creaciones indígenas al modo barroco de sus misioneros del 1700. Millares de folios han sobrevivido a la humedad y a los bichos de una zona boscosa y pantanosa, y ese tesoro callado ha ido siendo devuelto a la sonoridad de los fagots, trompetas, órganos e instrumentos de cuerda en que antaño fueran obrando el sursum corda hacia Dios.
Qué suerte la de Bolivia de haber tenido y seguir teniendo esta riqueza de religiosidad en el arte y qué fiesta ha sido disfrutar algo de ese caudal, enmarcado en el refinamiento de un patio iluminado con chonchones sobre bronces del Asia, y en medio del asombrado deleite de la gente que ahora, más que nunca, comprueba cómo Colchagua ya es zona de inusitadas maravillas.
LIBERAN AL HOMBRE PRESO POR TENER EN SU CASA HOJAS DE COCA
UN AÑO DE CÁRCEL Y NINGÚN DELITO
Se trata de un ciudadano boliviano detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora, un caso revelado por Página/12. La Cámara de La Plata lo sobreseyó por “inexistencia de delito”.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
Por “inexistencia de delito”, fue sobreseído y liberado el ciudadano boliviano Irineo Mora Sandi, quien pasó más de un año preso por tener hojas de coca para mascar. Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, tomando en cuenta que la Ley 23.737 autoriza expresamente la tenencia de hojas en estado natural destinadas al coqueo. La detención y procesamiento de Mora Sandi había sido dispuesta por el juez Carlos Ferreiro Pella. El caso fue dado a conocer por Página/12 y motivó una inédita presentación conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuración Penitenciara, solicitando su libertad. Mora Sandi, por su parte, había efectuado una huelga de hambre que duró 34 días. Producida la liberación, una entidad de pueblos originarios en la Argentina, así como la titular de Derecho de los Pueblos Indígenas de la UBA, se pronunciaron en favor de que “se reglamente la venta legal de hojas de coca destinadas al coqueo y a infusiones”. La entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq –Trabajo Recíproco para la Confederación del Tawantinsuyu, que comprende las cuatro regiones del antiguo Imperio Inca– se movilizará ante el Congreso de la Nación por ese objetivo.
La Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefín, resolvió “sobreseer a Irineo Mora Sandi del delito previsto en el art. 5º inciso a) de la Ley 23.737, con la declaración de que no se ha afectado el buen nombre y honor del que hubiera gozado” y “ordenar la inmediata libertad del imputado”. Ese artículo castiga la tenencia de materias primas para producir estupefacientes: el juez Ferreiro Pella mantuvo preso a Mora Sandi con el argumento de que la hoja de coca en sí misma sería un precursor de la cocaína; la Cámara lo liberó porque, según el artículo 15 de esa misma ley, “la tenencia de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o a su empleo como infusión, no será considerada tenencia de estupefacientes”.
Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, consideró “sumamente grave que se haya mantenido detenida un año a una persona sin ningún fundamento razonable”. Según observó el funcionario, “eso explica que la Cámara ha tomado una decisión infrecuente, como lo es dictar el sobreseimiento in limine, simplemente porque no hubo delito. Es más común que una Cámara de Apelaciones decrete excarcelaciones, no por sobreseimiento sino por ‘falta de mérito’, entendiendo que no hay pruebas suficientes e indicando que la investigación prosiga: el sobreseimiento está marcando la irrazonabilidad de la detención”.
Ariel Cejas, director de Protección de Derechos Humanos de la misma Procuración, observó que “cualquier persona puede tener hojas de coca en su casa; máxime, una persona de nacionalidad boliviana, pueblo en cuyas raíces culturales se incluye este consumo”, y sospechó que “lamentablemente, en la detención, pudo haber influido el hecho de tratarse de una persona de nacionalidad boliviana”.
Hace unas semanas, el procurador Mugnolo y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, habían efectuado una presentación conjunta sin precedentes, ante la Cámara de Apelaciones, para pedir la libertad de Mora Sandi, considerando que su detención constituía “una violación de derechos fundamentales de la persona”.
Tras la liberación, el embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado, se manifestó “agradecido” por esa presentación conjunta, quiso “hacer público el reconocimiento a Página/12” por haber dado a conocer el tema y enmarcó la liberación de Mora Sandi en “una reivindicación del ser cultural que, manifestado en la práctica del coqueo, es compartido por la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador”.
Teresa Zamudio –profesora de Derecho de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Derecho de la UBA– advirtió que “el coqueo es también un hábito de muchos argentinos”, y afirmó que, “para que esto no vuelva a pasar, es necesario regular la venta legal de hojas de coca: en términos jurídicos, si un consumo está permitido, también debe estarlo la comercialización y la distribución: la Ley 23.737 despenaliza el uso pero deja sin regular la comercialización de la hoja de coca”.
Ante la liberación, Carmelo Sardina –titular de la entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq y profesor de Quechua y Cultura de los Pueblos Originarios en la UBA– sostuvo que “continuaremos la lucha en defensa de nuestra hoja sagrada. Muchos hermanos de Bolivia, Perú y también argentinos practicamos el coqueo en las grandes ciudades: es necesario reglamentar la venta minorista de hoja de coca en Buenos Aires, tal como se la practica sin inconvenientes en Salta, Jujuy, Tucumán. Con este planteo nos vamos a movilizar ante el Congreso de la Nación”.
“No nos queda claro el pensamiento de ciertos jueces –agregó Sardina–: tal vez sea ignorancia, pero tal vez haya una doble intención en asociar siempre con la cocaína nuestra hoja sagrada.”
Mora Sandi vivía y tenía su comercio de venta de chizitos, papas fritas y otros artículos en la calle Olimpo de Lomas de Zamora, donde residen muchas personas de nacionalidad boliviana. El 30 de marzo del año pasado, su casa fue allanada y él quedó detenido por tener 5,4 kilos de hoja de coca. Una presentación de la Federació Argentina de Colectividades –suscripta por su vicepresidente, Gabriel Juricich– aclaró que de esa cantidad sólo se hubieran podido obtener 13 gramos de cocaína y que en el local allanado no había ninguna de las sustancias químicas que se utilizan en ese proceso.
En enero de este año, Mora Sandi inició una huelga de hambre que duró 34 días en procura de su liberación. Perdió más de 15 kilos y tiene dolores en la región lumbar. Según su abogado, Ramón Escobar, “aquella noche del 30 de marzo del año pasado fueron detenidos muchos ciudadanos bolivianos, y todavía quedan algunos en la misma situación que Mora Sandi”.
PUERTO NECESITA REACTIVACIÓN DEL FCALP
La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)
Durante el año 2006 se movilizaron 76 mil 348 toneladas de minerales de Bolivia por el puerto de Arica.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la compañía Terminal Puerto Arica (TPA), esta cifra habría sido aún mayor si hubiese estado en operaciones el Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP), que dejó de funcionar en noviembre del 2005.
"En efecto, si hubiese estado funcionando el Ferrocarril de Arica a La Paz las cargas bolivianas, en general, habrían aumentado en al menos un 15 por ciento", expresó la concesionaria.
De allí que a juicio de la entidad éste sea considerado un medio de transporte primordial para unir el puerto de Arica con Bolivia, su principal abastecedor de carga.
"Con la pronta reanudación, en óptimas condiciones, de las funciones del Ferrocarril se recuperaría una ventaja comparativa muy importante para el puerto de Arica, marcando la diferencia con otros terminales del norte de Chile y de la macrozona andina".
Esta situación de paralización fue gestada producto de la quiebra de la Administradora de capitales bolivianos durante el 2005.
Por ahora la Empresa Portuaria Arica (EPA), que asumió el control del FCALP realiza las gestiones para licitar la reparación de la vía, lo cual sería efectivo durante el próximo año.
Posterior a esa reparación se realizaría una millonaria inversión para concesionar ese medio de transporte, por parte del Ministerio de Obras Públicas dentro del 2008.
MOVIMIENTO
Al margen de esa situación el puerto local desarrolló un importante movimiento de concentrado de zinc.
Se trata de 10 mil toneladas de este producto, provenientes de Bolivia y cuyo destino final será Japón.
Estos fueron embarcados en el buque Taino Maiden, en seis turnos de trabajadores, faena para la cual fue útil el almacenamiento del mineral en el terminal de embarque de graneles minerales que construyó TPA.
La empresa cree que con este embarque, se da una muestra más de que es una opción válida para la transferencia de minerales.
La inversión realizada en el terminal de embarque de residuos minerales, ascendió a US$ 4,5 millones. "Esta dio un sistema mecanizado de embarque de graneles minerales, incorporando altos estándares operacionales y ambientales, mediante el encapsulado de correas transportadoras para el sistema de carguío de la nave y el procedimiento de almacenar los graneles dentro del galpón", explicó el gerente general de TPA, Matías Laso.
Una de las tareas de ese recinto es impedir la emisión fugitiva de concentrado al ambiente.
GEORGE CLOONEY SE INTERESA POR DOCUMENTAL POLÍTICO SOBRE BOLIVIA
El Excelsito de México (www.ocvive.com)
El actor, productor y director George Clooney ha demostrado interés por la adaptación a la pantalla del documental político sobre las elecciones bolivianas del 2002, "Our Brand Is Crisis".
Según confirma la revista "Variety", los estudios Warner han adquirido el trabajo para la productora "Smokey House", firma de Clooney.
La estrella podría así encargarse de su dirección además de protagonizar esta historia centrada en los supuestos peligros que conlleva la exportación de la democracia estadounidense a otros países.
El documental de Rachel Boynton basado en las elecciones bolivianas del 2002, cuando el entonces candidato Gonzalo Sánchez de Lozada contrató la ayuda de un asesor de Washington acostumbrado al tipo de campañas estadounidenses para conseguir la victoria.
Según "Variety", la adaptación fílmica del documental tendría tono de comedia.
Además de ser uno de los galanes más buscados en la gran pantalla, Clooney obtuvo un Óscar en 2006 como mejor actor secundario con el drama político "Syriana" y aspiró a otros dos galardones como realizador y coguionista del filme sobre "la caza de brujas" estadounidense "Good Night, and Good Luck".
A UN AÑO DE LA “CONSULTA” POR SALIDA AL MAR PARA BOLIVIA… ¿TONGO MEDIÁTICO?
Los ariqueños y ariqueñas debemos desatar una discusión con la mente fresca y abierta para explorar las ventajas y desventajas de una salida al mar a Bolivia, sin cerrar ninguna posibilidad a priori.
El Morrocotudo de Arica, Chile (www.elmorrocotudo.cl)
En Abril del 2006, mientras por un lado el país discutía las exigencias del Gobierno Boliviano de una salida al mar y por otro la gestión municipal vivía acusaciones de corrupción y malos manejos, el alcalde Valcarce decidió llamar a una consulta para conocer la preferencia de los ciudadanos ariqueños con respecto a una salida al mar de Bolivia por Arica… a un año de lo sucedido me parece relevante recordarlo por la fragilidad de la memoria.
La iniciativa municipal tenía como objetivo entregar al Gobierno central una señal clara de lo que querían los ariqueños con respecto a esta materia. Sin embargo, dicha consulta ciudadana causó grandes críticas, de parte de quienes la consideraban una medida populista y distractora de parte de Valcarce. En ese entonces la ministra de Defensa, Vivian Blanlot, afirmó a Radio Cooperativa, que pese a que la democracia nos permite expresarnos libremente, “éstas son materias muy serias que se tienen que analizar con mucho cuidado, por lo que no basta con la opinión de algunos.”
Y claro, las principales críticas apuntaban a que Valcarce se “arrancó con los tarros” en un tema donde el ejecutivo tiene exclusividad como son las relaciones internacionales. Temas que deben ser tratados con altura de miras, con seriedad y con prudencia alejada de las pasiones que afloran de cuando en cuando.
El 14 de mayo, la periodista Pamela Cousins entrevistó al Alcalde Valcarce para el diario La Estrella, quien declaró “Esta no es una consulta en contra de los bolivianos, en ningún caso, sino que es una consulta en relación a la integridad de nuestro territorio por cuanto el desarrollo de Arica solamente corre hacia el lado norte; tanto en edificaciones como en materia turística”. Agregando “Entonces cortarle una parte a nuestra ciudad hacia el sector norte evidentemente significa cortarle el desarrollo a las nuevas generaciones. Cuando yo era pequeño, Arica llegaba hasta Chacabuco y me imagino que si en ese tiempo hubiésemos cedido una franja no podríamos haber crecido hasta el río San José ni después hasta la rotonda Juan Guillén. Canales”.
Finalmente la consulta arrojó que el 95,82% (49.923 personas) eligió la opción de no darle una salida al mar a Bolivia. Luego de un año podemos evaluar si dicha acción de intentar representar el sentir de la población, se realizó sólo con un propósito mediático o en realidad era un hecho iniciador de una sana y responsable discusión con alturas de miras referente a la salida al mar.
En lo personal me da la impresión que la necesaria discusión no ha estado presente, y al parecer en las únicas oportunidades donde la conversación marca la agenda, es para casos de gran conflicto mediático. Y como todos sabemos la integración y el desarrollo no son temas que podamos tratar entre arrebatos y arrebatos.
Recordemos que otro de los actores de la discusión fue la “Comisión Pro Comercialización de Salida al Mar para Bolivia con Soberanía”. Según Eduardo Autrán, cirujano dentista, líder de esta comisión, “el beneficio para nosotros sería muy grande, porque acá distribuiríamos el gas, lo licuaríamos y lo venderíamos. Obviamente, yo ariqueño, no voy a ir a traer el gas, voy a contratar a quien tenga la capacidad económica como para hacerlo”. Esto traería implicancias y beneficios inmediatos en la población: “creo que tendríamos que cambiar todas las cocinas a gas, todos los calefont que tenemos en las casas, y tener un gas a un tercio del precio de este minuto. Y el costo de la energía eléctrica se bajaría por lo menos a la mitad, al igual que el agua. Ahora, cada ciudadano debería recibir por lo menos una indemnización con un cheque o con sus contribuciones por la pérdida de los ariqueños de este terreno que estaríamos entregando”.
Dicha comisión plantea un tema que me parece de gran interés: una salida al mar a Bolivia por Arica, no sería por buena voluntad histórica, por el contrario sería solo bajo condiciones convenientes para ambas partes. En las propias palabras del dr. Autrán “‘si Ud. quiere darle mar a Bolivia’; darle o regalarle es un sinónimo. Yo quiero ‘vender’ o ‘comercializar’, que es diferente”.
Como aprendizaje -único objetivo de este artículo- podemos sacar que en primer lugar, la ciudad debe tomar estos temas con altura de miras, la respuesta no puede ser nunca más los “tongos mediáticos” que no contribuyen en nada al asunto. Las relaciones internacionales tienen alto grado de complejidad y como dijo la ex Ministra Blanlot “son materias muy serias que se tienen que analizar con mucho cuidado, por lo que no basta con la opinión de algunos”. Segundo, los ariqueños y ariqueñas debemos desatar una discusión con la mente fresca y abierta para explorar las ventajas y desventajas de una salida al mar a Bolivia, sin cerrar ninguna posibilidad a priori. Los nacionalismos y las odiosidades históricas sólo contribuyen a que las oportunidades se nos pasen por al lado. Tercero, las autoridades deben preocuparse de informar a los ciudadanos y no instalar posturas rígidas de buenas a primeras.
A un año de la “consulta” espero nos sirvan estas reflexiones de experiencia y aprendizaje de cómo afrontamos normalmente estos temas de gran importancia presente y futura.
Sin utilizar tractores venezolanos en Bolivia
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
Más de 300 tractores de fabricación venezolano-iraní que repartió en los últimos meses el presidente de Bolivia, Evo Morales, están parados porque no tienen arados ni otros accesorios, según denuncias de alcaldes divulgadas por Efe.
"No tienen ningún arado, no tienen nada. Los tractores están como elefantes blancos", declaró Nicanor López, alcalde del municipio de Villa Poopó, en el departamento andino de Oruro, al diario paceño La Razón. Una fuente del Ministerio de Agricultura consultada por Efe aseguró que es responsabilidad de cada municipio invertir entre 800 y 900 dólares para comprar los accesorios de los tractores, y que eso ya fue establecido en los contratos de entrega a los municipios.
La primera denuncia sobre el particular la hizo el pasado 5 de abril el gerente de la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro, Jorge Huanca, quien dijo que 70 tractores que entregó Morales allí dos meses antes estaban inutilizados porque carecían de arados.
Según La Razón, de Venezuela llegaron 320 tractores de marca Veniran, de los cuales Morales distribuyó 313 en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, La Paz, Oruro y Beni, muchos de ellos durante actos proselitistas. También fueron repartidos 403 tractores que llegaron de España y China, y aún hay otros 264 más en la Aduana, agrega el diario, pero Morales promociona sobre todo los enviados por su colega Hugo Chávez.
EL GOBIERNO DE BOLIVIA RECUPERÓ CASI LA MITAD DE LA TELEFÓNICA ESTATAL
Con dos decretos, Evo Morales recuperó el 47 por ciento de la compañía Entel, que estaba en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora quiere comprar la parte de Telecom.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
El gobierno boliviano recuperó casi la mitad de la Empresa Nacional de Telefonía (Entel). A través de dos decretos, Evo Morales tomó el control del 47 por ciento de las acciones de la empresa, que pertenecen a todos los bolivianos que tenían 21 años en 1996, cuando la telefónica fue capitalizada por la italiana Telecom y que estaban en manos de las administradoras de fondos de pensiones, Previsión y Futuro de Bolivia. Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Telecom tiene 24 horas para transferir estas acciones al gobierno boliviano y la administración boliviana se ha puesto plazo hasta el 30 del presente mes para controlar la mitad más uno de las acciones. Para ello, pretende convencer a Telecom de que le traspase cuatro puntos del 50 por ciento de las acciones que tiene en su poder; sin embargo, no se conocen las condiciones de esta negociación o si la transnacional italiana aceptará quedarse en el país en inferioridad de condiciones.
Una pista de cómo será la negociación se encuentra en el segundo decreto. Según explica el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, señaló que el segundo decreto promulgado por Morales quita la potestad al Ministerio de Desarrollo Económico de certificar las inversiones de las empresas capitalizadas (la privatización boliviana que traspasó, en 1996, el 51% de las acciones de sus empresas estratégicas a privados a cambio de promesas de inversiones), y con ello deja sin vigor la certificación de inversiones conseguidas por Telecom en 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Así, los técnicos de Morales podrán poner nuevas cartas sobre la mesa de negociaciones, que obligarían a la telefónica a negociar en términos más amistosos con el Estado boliviano.
Según la información que se maneja en el gobierno, Telecom, en los diez años que lleva en Bolivia, ha sacado del país más de 300 millones de dólares y se tiene sospecha de la efectividad de las inversiones declaradas. Pese al surgimiento de múltiples competidoras, Entel controla más del 80 por ciento del tráfico de llamadas de larga distancia y más del 50 por ciento de la telefonía celular de Bolivia. Pero además de la pelea con Telecom, al Estado boliviano le espera una negociación con las administradoras de fondos de pensiones. Cuando Morales nacionalizó los hidrocarburos, en mayo de 2006, también obligó a Previsión y Futuro a transferirle las acciones del rubro petrolero. En esa ocasión, las empresas, que cuentan con capitales españoles y suizos, amenazaron con pedir indemnización por el traspaso de acciones; sin embargo, se llegó a un acuerdo para que sigan operando en el país.
Con todo esto, Bolivia se acerca, cada vez más, a una reforma obligatoria del sistema de pensiones que cambie el sistema individual, privatizado, por uno controlado por el Estado. Actualmente, las administradoras de fondos de pensiones manejan los recursos de empresas “residuales”, como las compañías eléctricas y de ferrocarriles, habiendo perdido el control sobre las más atractivas y sobreviviendo con la administración de los aportes individuales de los trabajadores bolivianos.
EL GOBIERNO BOLIVIANO RECUPERA EL CONTROL DEL 47% DE ENTEL, GESTIONADO POR EL BBVA
Dos decretos transfieren al Estado las acciones de la empresa propiedad de los ciudadanos
El País de España (www.elpais.com)
El Gobierno de Bolivia transfirió ayer al Estado el 47% de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que pertenece a los ciudadanos bolivianos y hasta ahora gestionaba la administradora del Fondo de Pensiones del país, formada por el grupo español BBVA y el suizo Zurich, horas antes de reanudar en La Paz sus negociaciones con la italiana Telecom, que posee el restante 50% de las acciones de la compañía.
"El Gobierno aprobó dos decretos supremos, ambos orientados a la recuperación del patrimonio a favor del Estado", anunció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien explicó que el primero dispone la transferencia del 47% de las acciones de Entel a manos del Estado y el segundo deroga otro decreto de mayo de 2005 que autorizaba al Ministerio de Desarrollo Económico la certificación de inversiones realizadas por las empresas capitalizadas.
El Gobierno reanudó ayer las negociaciones con ejecutivos de Entel ?la cuarta ronda desde que se iniciaran la pasada semana? para definir los términos en que las acciones italianas volverán a manos del Estado boliviano antes del 30 de abril.
Las reuniones fueron a puerta cerrada, pero trascendió que los italianos pedían unos 170 millones de dólares por sus acciones.
Las autoridades bolivianas adelantaron que el 1 de mayo iba a anunciarse la nacionalización de las telecomunicaciones, en el primer aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos.
Los ejecutivos de Telecom se comprometieron a presentar documentos para conciliar cifras y demostrar que no se registraron irregularidades en la administración, como refleja la auditoria realizada por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La auditoría señala que no se cumplió con las inversiones programadas, se aplicaron sobreprecios y se evadió el pago de impuestos, entre otros cargos. Según el informe, Entel debe alrededor de 20 millones de euros al servicio de Impuestos.
El 50% de las acciones de Entel fue vendido por 600 millones de dólares a los italianos, al inicio del proceso de privatización, entre 1996 y 1997. El 47% de la empresa pertenece a los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995 y sus dividendos eran eran administradas por el Fondo de Pensiones. Parte de ellas se destinan a pagar el Bono de Solidaridad (Bonosol) a los mayores de 65 años.
El BBVA administra el 52,78% de los fondos del seguro social obligatorio de Bolivia, lo que representa más de 2.300 millones de dólares.
Como en el caso de la nacionalización de hidrocarburos, el Gobierno ha garantizado que la transferencia de acciones de Entel no compromete la estabilidad del Bonosol, que se seguirá pagando a los ancianos bolivianos.
MORALES QUITA A BBVA Y ZÚRICH EL CONTROL DE ACCIONES EN LA FILIAL EN BOLIVIA DE TELECOM ITALIA
El Mundo de España (www.elmundo.es)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha decretado que el Estado asuma el control del 47% de las acciones de la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom, que pertenecen a los bolivianos y eran gestionadas hasta ahora por los grupos BBVA (España) y Zúrich (Suiza). Es un nuevo paso para la nacionalización de la compañía. Telecom Italia posee el 50% de Entel y un grupo de empleados e inversores privados el restante 3%. La medida fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en una conferencia de prensa sobre la reanudación de las negociaciones para nacionalizar Entel. Morales anuncio la nacionalización de Entel a fines del mes pasado y fijó un mes para concretarla. Así que Quintana espera que en "los próximos días o semanas" pueda detentar la mayoría de las acciones, para asumir el control total de la telefónica.
Se trata de una medida similar a la decretada el año pasado en el sector de los hidrocarburos, cuando Morales dispuso que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumiera el control de las acciones que tenían los ciudadanos bolivianos en tres empresas petroleras.
Los bolivianos que tenían más de 21 años el 31 de diciembre de 1995 eran teóricamente propietarios de esas acciones en empresas privatizadas parcialmente en la década de los 90, entre ellas Entel y las petroleras Andina (filial de la española Repsol YPF), Chaco (British Petroleum) y TTransredes (Shell y Ashmore).
La gestión de esas acciones fue delegada a las gestoras de pensiones 'Previsión', del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y "Zúrich Financial Service".
Con esta decisión, el gobierno de Morales podrá designar a los miembros de la dirección de Entel que antes nombraban las administradoras de fondos de pensiones.
EVO MORALES AVANZA SOBRE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
El presidente de Bolivia decretó que el Estado asuma el control del 47% de las acciones de a telefónica Entel, filial de la italiana Telecom, que eran gestionadas hasta ahora por los grupos BBVA y Zurich.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
La medida fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en una conferencia de prensa sobre la reanudación de las negociaciones para nacionalizar Entel.
"El gobierno nacional ha aprobado un decreto que autoriza la transferencia de las acciones de los bolivianos en favor del Estado", dijo Quintana. El ministro dijo en rueda de prensa que con esa medida, esas acciones, que eran gestionadas por las dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país, de capitales españoles y otra suizos, "vuelven al Estado", tras su privatización parcial en diciembre de 1995.
Quintana señaló que ahora el gobierno espera hacerse de la mayor parte de las acciones de la compañía, mediante las negociaciones que ha iniciado con la empresa Euro Telecom Italia (ETI), dueña del 50% del paquete y administradora de Entel.
Otro 3% está en propiedad de trabajadores y otros socios menores. En la misma conferencia, el viceministro de Coordinación, Héctor Arce, anunció que, mediante un segundo decreto, el gobierno dejó sin efecto una disposición similar de una administración anterior por la que se daba como probadas las inversiones que Telecom Italia se comprometió a hacer en Entel a cambio del 50% de las acciones.
Señaló que el decreto derogado ahora era ilegal, por cuanto la facultad de "certificar o descertificar" si las empresas que privatizaron parcialmente a varias del estado entre 1995 y 1996 cumplieron con sus compromisos de inversión, correspondería a los entes reguladores del estado, en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones.
EVO CONSOLIDÓ LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA
ADN Mundo de Argentina (www.adnmundo.com)
El presidente de Bolivia promulgó las leyes que ratifican los 44 contratos petroleros suscritos hace casi ses meses con diez empresas que operan en el país.
En un acto celebrado en Palacio de Gobierno, en La Paz, Morales firmó las normas, sancionadas el jueves pasado en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, por lo que ahora solo queda protocolizar los convenios en una notaría para que entren plenamente en vigor.
Previamente, el presidente del Senado de Bolivia, José Villavicencio, firmó las 44 leyes que autorizan los nuevos contratos. Las leyes fueron suscritas por Villavicencio, senador de la opositora Unidad Nacional (UN), cuatro días después de ser sancionadas por el Congreso, instancia a la que apeló el gobierno del presidente Evo Morales para zanjar las diferencias entre oficialismo y oposición en el contenido de las normas. El requisito legislativo de la firma de Villavicencio había sido exigido por el mandatario desde el viernes pasado, cuando el presidente del Senado abandonó la ciudad de La Paz, sede del Legislativo, y viajó a su departamento, Pando, dejando en suspenso la promulgación de las nuevas disposiciones.
El Jefe de Estado urgió al legislador a cumplir su obligación constitucional para no demorar la puesta en vigor de los convenios con las doce compañías petroleras, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras, acordados hace casi seis meses. Aún después de la promulgación presidencial, los contratos deben ser protocolizados en la Notaría de Gobierno, para su plena entrada en vigor, según fuentes oficiales.
Nacionalización de hidrocarburos
Los acuerdos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con las multinacionales fueron establecidos a finales de octubre pasado, como consecuencia de la nacionalización de hidrocarburos que dictó el gobierno de Morales.
La nacionalización supuso el cambio de las reglas de juego para las firmas petroleras que, una década atrás, adquirieron la mitad de las acciones de YPFB, por decisión del gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
En diciembre pasado, los legisladores aprobaron leyes para ratificar los convenios del Ejecutivo, pero después funcionarios de la estatal petrolera advirtieron de que los documentos contenían numerosos errores. La oportunidad fue aprovechada por las opositoras Unidad Nacional (UN), Poder Democrático y Social (Podemos) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que dominan la Cámara de Senadores, para señalar la supuesta existencia de delitos en el trámite para la aprobación de los contratos.
La semana pasada, en sesión del Congreso, diputados y senadores de ambos bandos alcanzaron un acuerdo para sancionar las leyes que dan luz verde a los acuerdos.
BOLIVIA: DIÁLOGO EN TORNO AL GAS
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)
En Bolivia se inició este lunes el diálogo para tratar de reducir la tensión en el conflicto que protagonizan dos regiones del departamento sureño de Tarija.
Las provincias de Gran Chaco y O'Connor se disputan la jurisdicción sobre el enorme campo gasífero de Margarita, el más importante del país.
La semana pasada se produjeron disturbios en ese yacimiento, los cuales dejaron un muerto y decenas de heridos. Inmediatamente después el gobierno boliviano reforzó la presencia policial y militar en la zona para restablecer el orden.
Asimismo, los daños provocados por los manifestantes que ocuparon el campo causaron la interrupción momentánea del suministro de gas natural a Brasil y Argentina, los principales mercados del hidrocarburo boliviano.
De este modo, un conflicto que comenzó siendo local tuvo repercusiones internacionales.
Por eso, el gobierno de Bolivia decidió intervenir en el diferendo e impulsó el inicio del diálogo entre las provincias rivales.
Tras un acuerdo político
El prefecto interino de Tarija, Mauricio Lea Plaza, dijo a BBC Mundo que las negociaciones intentan calmar las aguas, no resolver la disputa limítrofe.
"Los temas de fronteras en general se dilucidan en el ámbito procesal. En consecuencia, lo que se intenta es generar acuerdos de carácter político. Se ha avanzado en la exposición de los argumentos, que son fuertes en ambos casos".
En el encuentro de este lunes participaron el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, representantes de las provincias enfrentadas y legisladores.
Tanto los habitantes de Gran Chaco como los de O'Connor dicen merecer un mejor porcentaje de las retribuciones de las multinacionales por sus extracciones en el campo gasífero de Margarita.
Los analistas afirman que lo que está en disputa son unos US$25 millones anuales en regalías por la explotación del yacimiento.
Según el prefecto interino de Tarija, el pozo opera desde el 2004 pero sus niveles de explotación "son mínimos todavía".
"No obstante, el potencial es grande. Claro que se requieren inversiones para aprovechar toda su capacidad, y tenemos fe de que llegarán capitales siempre y cuando haya seguridad jurídica", completó.
La disputa por el yacimiento de Margarita recrudeció ante el aumento de los precios del gas. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo al respecto: "Cuando hay más plata, hay más pelea y eso tiene que terminar".
La tensión también aumento ante un inminente fallo que determinará el límite entre las dos provincias y, por lo tanto, la jurisdicción sobre el campo gasífero.
Confusión de límites
Los fronteras internas en Bolivia son un problemas de larga data.
"Nuestra legislación de creación de provincias, cantones y todas las unidades político-administrativas siempre ha tenido grandes deficiencias", explicó Lea Plaza.
"Por lo tanto, la delimitación territorial ha sido una gran debilidad y ha generado vacíos jurídicos".
El proceso de demarcación entre Gran Chaco y O'Connor ha sido controvertido. La primera provincia planteó un recurso legal para cambiar la sede del tribunal por considerar que la prefectura de Tarija tenía intereses en el campo gasífero de Margarita, al haber hecho inversiones en él.
Por eso, el gobierno nacional decidió dejar el proceso en manos del departamento de Potosí.
Según Lea Plaza, quien hasta este cambio actuaba como juez en la causa, el fallo se conocerá "muy pronto".
DIFERENCIAS ENTRE LULA Y MORALES POR DOS REFINERÍAS
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
El presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo público ayer que exige 215 millones de dólares a su par boliviano, Evo Morales, como indemnización por la nacionalización de dos refinerías de Petrobras, tres veces más de lo que está dispuesto a pagar el gobierno de La Paz.
La cifra exigida por Brasil era mantenida hasta ahora en reserva por la petrolera brasileña Petrobras y Luiz Inácio Lula da Silva se la anticipó a Morales durante un encuentro reservado, la semana pasada, en el marco de la Cumbre Energética Sudamericana de Venezuela, según Folha de Sao Paulo. Por su parte, Morales habría ofertado pagar entre 70 y 75 millones de dólares en razón de supuestas deudas impositivas de Petrobrás en Bolivia.
Lula se mostró contrariado con las posiciones “radicales” de Morales en la negociación con Brasil para proclamar la recuperación de las dos refinerías el próximo 1 de mayo.
Según el periódico paulista, Lula justificó su demanda de 215 millones de dólares en el precio pagado por Petrobras para adquirir las dos refinerías al Estado boliviano en 1999 (105 millones de dólares), sumado a las inversiones realizadas por la empresa para modernizarlas.
Lula aseguró a Morales que, aún cuando Bolivia no pagara nada por las dos refinerías, el impacto económico sería “despreciable” para Petrobras, que tiene disponibilidades financieras de 25.000 millones de dólares, de acuerdo a Folha.
Sin embargo, el mandatario sostuvo que una indemnización baja tendría un efecto político negativo para él, pero que sería peor para Morales.
Si eso ocurre, agregó Lula, “Petrobras no invertiría más en Bolivia, ni tampoco el gobierno brasileño”, cuyo Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) tiene proyectos de financiamiento para empresas que construyan carreteras en el país andino.
Finalmente, Lula habría advertido a Morales que ya no hará más concesiones políticas y que orientó a Petrobras y al Ministerio de Minas y Energía de su país a recurrir a cortes internacionales de arbitraje, en caso de que sus derechos no sean respetados.
Este fin de semana, Morales dijo que Petrobras había manifestado manifestó su intención de vender “el 100 por ciento” de las refinerías Guillermo Elder (en Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba), las únicas dos de Bolivia.
Ello implicaría abandonar el proyecto inicial de la empresa de desprenderse sólo del 51 por ciento de sus acciones, pero manteniendo el manejo operativo. “El tema radica si (la venta) es a precio de mercado internacional (como quiere Petrobras) o es a precio de valor patrimonial”, dijo Morales, citado por el diario paceño La Razón.
Agregó, que “revisada la historia de la mal llamada capitalización, privatización, los datos nos demuestran que ellos (Petrobras) compraron a precio de valor patrimonial. Entonces eso está en debate”.El mandatario también habría señalado la intención del gobierno boliviano de pagar menos de la mitad del precio de las plantas, estimado entre 160 y 180 millones de dólares, informó el periódico paceño. El primer encontronazo por esta cuestión se produjo en octubre pasado, a días de la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, cuando el gobierno de La Paz quiso hacer efectivo su control sobre las refinerías y el diferendo terminó con la renuncia del ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada.
La dura negociación entre los dos mandatarios comenzó, según todas las fuentes, con una “conversación ríspida” que sostuvieron en isla Margarita, Venezuela, la semana pasada, al punto que Morales salió luego a desmentir que hubiera un distanciamiento con su colega brasileño.
Previamente, ambos países habían terminado una larga disputa por el precio del gas que Bolivia provee a Brasil con un fuerte aumento del contrato menor (2 millones de metros cúbicos, que subió de 1,09 a 5 dólares la unidad) destinado a la central térmica de Cuiabá y el mantenimiento sin mayores cambios del de más de 24 millones de metros cúbicos para San Pablo.
También quedó cerrada esta semana en el Congreso boliviano la sanción de las 44 leyes que legalizan igual cantidad de nuevos contratos petroleros con 12 trasnacionales, entre ellas Petrobas, que operan en ese país andino, donde están las segundas reservas gasíferas de Sudamérica, después de las de Venezuela.
En el Palacio de Gobierno de La Paz
EVO MORALES RECIBIÓ A EX COMBATIENTES DE MALVINAS
La delegación de veteranos argentinos entregó al presidente boliviano un cofre de tierra de las islas y solicitó su ayuda para la recuperación del territorio
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
Ex combatientes argentinos de la Guerra de las Malvinas entregaron ayer al presidente boliviano, Evo Morales, un cofre con tierra de las islas en disputa con el Reino Unido y le pidieron que ayude a recuperarlas para la Argentina y América Latina. La audiencia tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, en La Paz, según informó la Agencia Boliviana.
La delegación de veteranos argentinos ya había entregado un cofre similar al presidente de Cuba, Fidel Castro. "Nuestra visita acá no es casual, en Bolivia se está viviendo un proceso de cambio que encabeza Morales, por eso es que le pedimos al Jefe de Estado que coadyuve con nuestro presidente (Néstor Kirchner) para recuperar las Malvinas", dijo Rubén Raldes, uno de los visitantes.
Morales, por su parte, consideró un honor recibir la visita de los ex combatientes y anunció que hará todo lo posible para que el mundo entienda que las Malvinas pertenecen a la Argentina y a América del Sur.
El mandatario afirmó que sólo la unidad de los pueblos permitirá hacer escuchar la voz y hacer que salden deudas históricas. Añadió que no es posible "que haya todavía países que piensen en el saqueo".
RICE ORIENTA A NUEVOS CIUDADANOS DE EEUU
Listin Diario Com de Santo Domingo (www.listindiario.com.do)
La secretaria de Estado Condoleezza Rice exhortó ayer a 50 nuevos ciudadanos estadounidenses -entre ellos nativos de Bolivia, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela- a considerar que Estados Unidos es “un ejemplo luminoso de que la diferencia no es licencia para matar”.
“La diferencia debe ser fuente de fortaleza”, dijo. “De ahora en adelante, no importa de dónde proceden sino a dónde van”.
El comentario fue formulado en una ceremonia en la cual 50 inmigrantes recibieron sus certificados de nuevos ciudadanos y que se realizó por primera vez en el Departamento de Estado como parte de una política reciente del gobierno de usar recintos famosos de Estados Unidos para este tipo de actividad.
También obtuvieron ciudadanía nativos de Bangladesh, Canadá, China, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irán, Paquistán, Filipinas, Rusia, Somalia, Suecia, Tailandia, Taiwan y Vietnam. Rice recordó que la ceremonia se realiza exactamente 400 años después de la llegada en 1607 a las costas de Virginia de colonos “cansados de un largo viaje... pero llenos de esperanzas en el Nuevo Mundo”.
DETENIDOS EN MADRID Y BOLIVIA VARIOS MIEMBROS DE UNA MISMA FAMILIA QUE ACTUABAN COMO CORREO DE DROGA
Europa Press de España (www.europapress.es)
Un total de cinco personas han sido detenidas en los aeropuertos de Madrid y Santa Cruz de Bolivia por tráfico de estupefacientes y como enlaces de una organización de narcotraficantes de drogas. Tres de los detenidos son españoles y formaban parte de una misma familia que actuaban como correos de la droga entre ambos países.
En primer lugar, la cooperación policial internacional entre la Policía Nacional española y la boliviana posibilitó la detención en el aeropuerto de Santa Cruz en Bolivia de una pareja de españoles por tráfico de sustancias estupefacientes.
Allí fueron detenidos Oscar S.S. de 31 años, y su compañera sentimental, Aurea B.M., de 21, quien se encontraba en avanzado estado de gestación. En el momento en el que fueron arrestados intentaban trasladar a España once kilogramos de cocaína adosada a su cuerpo.
Las investigaciones permitieron detectar además que el hermano de Aurea había viajado a Bolivia, por lo que establecieron en España un dispositivo específico con el objetivo de controlar su llegada, que se produjo finalmente en la madrugada de hoy. Inmediatamente, Hector B.M., de 18 años, fue detenido en el aeropuerto contactaba con otra pareja que le esperaba en el exterior.
Estas dos personas, de 23 y 25 años y nacionalidad venezolana, fueron también detenidas debido a que eran los encargados de recoger la droga, ya decomisada, y los enlaces de la organización que opera en ambos países.
El encargado de transportar la mercancía portaba bajo la ropa un 'Corsé-Body' en el que ocultaba dos paquetes que contenían 2,5 kilogramos de cocaína. Por su parte, uno de los correos llevaba consigo dos fotografías de Héctor B.M, realizadas en Bolivia momentos antes de embarcar en el vuelo que le debía trasladar a España. Así, esta operación ha permitido proceder a la detención de un total de cinco personas e intervenir 2,5 kilogramos de cocaína, cinco teléfonos móviles y 600 euros.
BRASIL QUIERE EL TRIPLE DE LO QUE BOLIVIA OFRECE POR INDEMNIZACIÓN DE DOS REFINERÍAS DE PETROBRAS
Brasil quiere 215 millones de dólares, pese a que pagó apenas 104 millones en 1999. Bolivia no ofrece más de 75 millones de dólares. Evo quiere oficializar la estatización de esas dos refinerías el uno de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Observatorio Informativo (www.periodistasbolivia.com)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, demandó a su par boliviano Evo Morales una indemnización de 215 millones de dólares por la nacionalización de las dos refinerías que posee el ente estatal brasileño Petróleos Brasileiros Sociedad Anónima (Petrobras) en el país andino, reveló hoy la prensa local.
Según el diario "Folha de Sao Paulo", el monto reivindicado por Lula representa más que el triple de los 70 millones de dólares que el mandatario boliviano se reveló dispuesto a pagar por las plantas instaladas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
LULA Y EVO YA CRUZARON GENTILEZAS SOBRE EL TEMA
El rotativo aseguró que las discrepancias en torno al monto de la indemnización quedaron evidentes durante el encuentro que sostuvieron los presidentes de Brasil y de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Evo y Morales hace una semana, al margen de la Primera Conferencia Energética Sudamericana realizada en Isla Margarita.
El informe afirma que Lula justificó su demanda de 215 millones de dólares en base al precio pagado por Petrobras para adquirir las dos refinerías al Estado boliviano en 1999, sumado a las inversiones realizadas por la empresa en la modernización de ambas plantas.
Según el diario, el presidente brasileño aseguró a Morales que, aun cuando el Estado boliviano no pagara nada por las dos refinerías, el impacto económico de esa medida sería "despreciable" para Petrobras, que tiene disponibilidades financieras de 25.000 millones de dólares.
CORREN RIESGO INVERSIONES
No obstante, afirmó que una indemnización baja tendría un efecto negativo para él mismo (Lula) y un efecto aún peor para Morales y para Bolivia, ya que "Petrobras no invertiría más en Bolivia, ni tampoco el gobierno brasileño", cuyo Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) tiene proyectos de financiamiento para empresas que se dispongan a construir carreteras en el país andino.
Finalmente, Lula habría advertido a Morales que ya no hará concesiones políticas y que orientó a Petrobras y al Ministerio de Minas y Energía a recurrir a cortes internacionales de arbitraje, en caso de que sus derechos no sean respetados.
NEGOCIACIONES A PASO ACELERADO
Bolivia y Brasil iniciaron la pasada semana las negociaciones para la compra de las dos refinerías en busca de lograr acuerdos que no perjudiquen a ninguna de las partes.
El gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos el pasado uno de mayo de 2006 para que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asuma el control de toda la cadena productiva, lo que hacía antes de 1996 cuando el sector fue privatizado por el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Varias trasnacionales extranjeras se acogieron a esa convocatoria, entre ellas la Petrobras de Brasil, la hispano-argentina Repsol-YPF, la franco-belga TotalFinalElf y las británicas British Petróleum Gas y British Gas, entre las principales.
NUEVOS CONTRATOS
Entre 1997 y mayo de 2005, esas empresas dejaban en Bolivia solamente el 18 por ciento de sus ganancias para pagar impuestos y regalías petroleras. Sin embargo en mayo de 2005 el congreso aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que les impuso pagar el 50 por ciento por esos conceptos.
Tras la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno de Morales negoció nuevos contratos con las empresas a fin de que se conviertan en prestatarias de servicios a YPFB.
Esos nuevos contratos fueron suscritos a principios de noviembre con la inclusión de nuevas reglas, principalmente por la imposición de que esos consorcios paguen por tributos y regalías entre el 50 y el 82 por ciento de sus ganancias al Estado.
El Senado avaló recién la pasada semana los 44 contratos tras reajustarlos, por lo que solamente esperan su protocolización para que entren en vigencia y las empresas extranjeras reanuden sus inversiones, entre ellas la Petrobras.
GOBIERNO CONFÍA EN COMPRENSIÓN BRASILEÑA
Quedó como punto de la negociación el asunto de las refinerías de la empresa semiestatal brasileña que el Estado quiere tenerlas bajo su cargo y es ahí donde surgió la nueva controversia que esperan zanjar los próximos días.
Según fuentes ligadas al Gobierno, Evo Morales pretende anunciar la posesión de las dos refinerías en su discurso del uno de mayo, Día Internacional del Trabajo.
DESACUERDO SOBRE LA FORMA DE CALCULAR VALOR DE REFINERÍAS
Morales confirmó que Petrobras no se hace problemas en vender las refinerías Guillermo Elder (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba), aunque dijo que aún falta definir si su costo será calculado de acuerdo al mercado internacional o al valor patrimonial.
En 1999, Petrobras compró las dos refinerías, que tienen una capacidad de refinación de 60.000 barriles de crudo por día, con una oferta de 104 millones de dólares.
No comments:
Post a Comment