- En el preacuerdo, el Gobierno de Bolivia reconoce que Chile es dueño del 50 por ciento de las aguas del Silala. Para el resto, es decir, la mitad del agua, busca un comprador en ámbito de la empresa privada del país vecino.
- Los sectores sociales le pidieron al Presidente Evo Morales actuar con soberanía y dignidad, considerando que Chile siempre se aprovechó de Bolivia. "Los judíos de Sudamérica (chilenos) deben saber que las aguas del manantial del Silala nacen en territorio boliviano", aseveraron.
- Mientras se desarrollan prolongadas negociaciones, Chile continúa consumiendo agua boliviana sin pagar ni un centavo, arguyendo que se deben realizar estudios. Chile robó a Bolivia 120.000 km. cuadrados y 400 kilómetros de costa.
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Chile pagará a Bolivia sólo por el 50 por ciento del caudal del manantial Silala, que desde hace más de 100 años es aprovechado por el vecino país, y el precio del metro cúbico será el promedio del que se paga en el norte chileno, según el acuerdo inicial entre los dos países revelado este lunes por la Cancillería boliviana.El documento, que fue entregado a los medios de comunicación, establece el marco por el cual los dos países podrán aprovechar el Silala, un afluente que nace en Bolivia, y que surte un promedio de 300 litros por segundo hasta las ciudades del norte chileno y la mina de cobre de Chuquicamata, la mayor a cielo abierto del mundo.
“El presente Acuerdo inicial considera el volumen de agua del sistema hídrico del Silala o Siloli que fluye superficialmente a través de la frontera desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República de Chile. Considera, asimismo, que del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera, un porcentaje corresponden a Bolivia y es de su libre disponibilidad, y que los estudios científicos servirán de base a las decisiones que se adoptaren en el futuro a este respecto…”, indica el borrador de 17 puntos del entendimiento convenido entre los vicecancilleres Hugo Fernández (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile), cuando se reunieron en La Paz el 30 de junio pasado.
Para la determinación de la compensación (económica), agrega el documento en su artículo 14, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (de Bolivia) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile.
Bolivia y Chile, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, tras enfrentarse en una guerra hace más de un siglo, también pactaron que Santiago reconoce el 50% del caudal del Silala, mientras que para el otro 50% se realizarán estudios para establece la cantidad de agua que nace en cada país.
“Las Partes establecen, de conformidad con el Artículo 2, que el volumen total del agua del Silala o Siloli, que fluye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo”, señala el artículo 6 del acuerdo.
El documento indica que con el propósito de establecer el porcentaje de aguas de libre disponibilidad de cada país y avanzar en la comprensión del sistema hídrico, se acuerda implementar una red de estaciones de medición de caudales y variables hidrometereológicas para obtener registros de precipitación (líquida y nival), temperatura del aire y otras variables.
Según datos de la empresa de agua de Antofagasta, publicados por la agencia AFP, el precio del metro cúbico en el poblado chileno es de 2,2 dólares, precio referencial para el pago a Bolivia.
El gobierno boliviano aún se encuentra en una fase de consulta con pobladores de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, donde se halla el Silala, antes de que los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet firmen el acuerdo.
“El presente Acuerdo inicial considera el volumen de agua del sistema hídrico del Silala o Siloli que fluye superficialmente a través de la frontera desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia la República de Chile. Considera, asimismo, que del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera, un porcentaje corresponden a Bolivia y es de su libre disponibilidad, y que los estudios científicos servirán de base a las decisiones que se adoptaren en el futuro a este respecto…”, indica el borrador de 17 puntos del entendimiento convenido entre los vicecancilleres Hugo Fernández (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile), cuando se reunieron en La Paz el 30 de junio pasado.
Para la determinación de la compensación (económica), agrega el documento en su artículo 14, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (de Bolivia) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile.
Bolivia y Chile, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, tras enfrentarse en una guerra hace más de un siglo, también pactaron que Santiago reconoce el 50% del caudal del Silala, mientras que para el otro 50% se realizarán estudios para establece la cantidad de agua que nace en cada país.
“Las Partes establecen, de conformidad con el Artículo 2, que el volumen total del agua del Silala o Siloli, que fluye a través de la frontera (100%), el 50% corresponde, inicialmente, al Estado Plurinacional de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile. Este porcentaje podrá ser incrementado a favor de Bolivia, en función de los resultados de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en el marco del presente Acuerdo”, señala el artículo 6 del acuerdo.
El documento indica que con el propósito de establecer el porcentaje de aguas de libre disponibilidad de cada país y avanzar en la comprensión del sistema hídrico, se acuerda implementar una red de estaciones de medición de caudales y variables hidrometereológicas para obtener registros de precipitación (líquida y nival), temperatura del aire y otras variables.
Según datos de la empresa de agua de Antofagasta, publicados por la agencia AFP, el precio del metro cúbico en el poblado chileno es de 2,2 dólares, precio referencial para el pago a Bolivia.
El gobierno boliviano aún se encuentra en una fase de consulta con pobladores de la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, donde se halla el Silala, antes de que los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet firmen el acuerdo.
El senador de La Paz Luis Vásquez Villamor manifestó su rechazo a este preacuerdo que fue dado a conocer la tarde de ayer y descalificó la realización de esta negociación cuando no se tiene resuelto el tema marítimo con Chile.“Hoy día tenemos una de las primeras consecuencias, hace un tiempo nos han quitado el agua salada del mar y ahora nos quieren quitar el agua dulce, el Gobierno está permitiendo que eso ocurra, yo creo que a futuro esto va desembocar en un juicio histórico por este tema”, afirmó Villamor en declaraciones a la prensa.Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Celestino Condori, afirmó que “este preacuerdo establece que esta agua cuenta con la calidad de libre disponibilidad y ratificando la versión de Chile, no contempla el pago retroactivo a la deuda histórica y es lo que más daña”.Informó que este martes se socializará el documento y el comité de movilizaciones definirá qué actitud se adoptará en adelante y no descartó realizar un paro de 72 horas como forma de mostrar su descontento con este acuerdo inicial y en demanda a un pliego petitorio departamental que cuenta demandas de desarrollo de esta región.
CHILE PAGARÁ POR EL 50% DEL CAUDAL DEL SILALA A BOLIVIA
123 de Chile (www.noticias.123.cl/entel123)
El acuerdo suscrito entre las cancillerías de ambos países establece además los métodos por los cuales se aplicarán las tarifas y los estudios para determinar la cantidad de agua que nace de cada país.
La agencia de noticias AFP divulgó este lunes lo que sería el borrador del acuerdo convenido entre los vicecancilleres Hugo Fernández (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile), por el litigio que mantienen ambas naciones por el caudal del Silala.
El documento establece que nuestro país pagará a Bolivia por el 50% de las aguas que suministran el vital elemento a la Región de Antofagasta.
Según el artículo 14 del borrador, y que tiene un total de 17 puntos, "para la determinación de la compensación (económica) el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (de Bolivia) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile". El cause, que surte un promedio de 300 litros por segundo a las ciudades del norte chileno y a Chuquicamata, será sometido a un estudio para determinar el origen del afluente.
Según los números de la empresa de agua de Antofagasta, el precio del metro cúbico en el es de 2,2 dólares, precio que serviría de referencia para el pago que se le deberá entregar a Bolivia.
Cabe destacar que el gobierno boliviano descartó la posibilidad de realizar una consulta popular sobre el acuerdo del uso de las aguas del manantial Silala. No obstante, aún se realizan consultas con pobladores de la región de Potosí, donde se encuentra el cause.
Bolivia y Chile rompieron relaciones diplomáticas el año 1978, por lo que todo acuerdo entre ambas naciones podría significar un paso más en el acercamiento entre Santiago y La Paz.
BOLIVIA HACE PÚBLICO ACUERDO CON CHILE SOBRE AGUAS
Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)
La Cancillería de Bolivia dio a conocer el lunes un "acuerdo inicial" con Chile sobre un litigio de aguas fronterizas, el primero que ambos países negocian en el marco de una agenda que incluye la demanda boliviana de una salida al mar.
Según el documento entregado por la Cancillería, el gobierno de Chile reconoce que el 50% del caudal de las aguas del Silala pertenece a los bolivianos, por lo que ese país deberá pagar por el uso del agua.
"Para determinación de la compensación el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (boliviano) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile", establece el acuerdo pactado el 28 de julio.
"El volumen total del agua del Silala que fluye a través de la frontera, el 50% corresponde inicialmente al estado de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para uso de terceros, incluyendo su condición a Chile", añade. Asimismo señala que el 50% en favor de Bolivia podría incrementarse "en función de los resultados de los estudios conjuntos" que realicen los dos países.
Por la tarde, el canciller David Choquehuanca se reunió con autoridades de los municipios aledaños al Silala para informarles de este acuerdo inicial, el cual se lo está haciendo conocer tanto en Bolivia como en Chile y que podrían firmar los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet en una fecha aún no definida.
"Este acuerdo lo único que busca es que los chilenos no se lleven gratuitamente nuestras aguas. Igual, día que pasa se llevan nuestras aguas, mañana si no firmamos se las van ha seguir llevando gratis", señaló Choquehuanca en el encuentro.
"Nosotros hemos solicitado la autorización de las organizaciones sociales, y ellos estaban muy al tanto de todo esto porque ellos pensaban que estábamos renunciando a la deuda histórica, y que el acuerdo demuestra lo contrario porque nos permitirá negociar con más sustento la deuda histórica", agregó.
A la reunión no asistió el Comité Cívico, que es el más crítico al acuerdo. En declaraciones a radio Fides, su dirigente Celestino Condori observó que el acuerdo contempla a las aguas como "de libre disponibilidad" y no refleja "una compensación retroactiva" por lo que ya se usó.
El Silala nace en territorio boliviano y cruza a Chile. Entre los consumidores chilenos está la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ademas de consumidores privados. Bolivia no usa las aguas debido a que en la región adyacente a éstas no hay centros poblados.
Bolivia reclama como suyas esas aguas, alegando que nacen en un manantial artificialmente desviado hacia territorio chileno. Santiago argumenta que se trata de un río de curso continuo.
Es el primer acuerdo entre los dos países desde que firmaron en el 2007 una agenda de 13 puntos que incluye el tratamiento de la demanda marítima, y se produce en momentos en que Santiago enfrenta un juicio internacional por límites marítimos planteado por Perú ante la Corte de la Haya.
Los dos países se enfrentaron en una guerra en 1879. Perú fue aliado de Bolivia en esa confrontación bélica en la que los bolivianos perdieron su litoral y los peruanos el territorio de Arica.
Para empresas chilenas
ESTUDIOS EN EL RÍO SILALA PODRÍAN ENCARECER LOS PAGOS POR USO DE AGUAS
El grupo Luksic y Codelco Norte tendrán que esperar cuatro años para conocer el costo final de utilizar el recurso hídrico.
El Mercurio de Chile (www.diario.elmercurio.cl)
Un nuevo revés podrían sufrir las empresas chilenas que utilizan aguas del río Silala (Siloli). Hoy comienza en Bolivia la consulta pública para que la población de Potosí se pronuncie frente al acuerdo preliminar alcanzado entre Chile y su vecino país por el uso del recurso hídrico del afluente binacional.
Esta consulta puede llegar a ser trascendental para que el próximo 10 de agosto la Presidenta Michelle Bachelet y su par boliviano, Evo Morales, puedan firmar el acuerdo inicial en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, como se ha especulado. Eso sí, las empresas chilenas, entre ellas el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), del grupo Luksic, y la división Codelco Norte, deberán esperar otros cuatro años para saber cuánto es en definitiva lo que pagarán en el largo plazo por el uso del recurso que actualmente es gratis.
El preacuerdo señala que el 50% de las agua del Silala que fluye a través de la frontera hacia Chile le corresponde a Bolivia. El otro 50% sería de libre disposición de los usuarios. Y aunque el canciller boliviano, David Choquehuanca, dice que en una primera instancia las empresas chilenas deberán desembolsar por el primer porcentaje cerca de US$ 17 mil diarios, lo cierto es que en el país la norma establece tarifas libres, por lo que el precio final dependerá del trato alcanzado entre las partes.
El problema es que "la proporción boliviana (de 50%) podría ser incrementada en favor de ese país si el resultado de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en los próximos cuatro años determina un efecto mayor en la canalización que efectuó el FCAB a principios del siglo XX", asegura una alta fuente de la Cancillería, lo que produciría un encarecimiento por el uso de aguas mayor a lo esperado por las empresas chilenas.
Según cifras oficiales, el caudal promedio del río Silala en la frontera de ambos países es de entre 160 y 180 litros por segundo. FCAB tiene derechos por el uso de 237 litros por segundo, pero capta sólo 100, que luego vende principalmente a compañías mineras. Codelco, por su parte, tiene derechos por 160 litros y utiliza 150 litros por segundo.
Un experto en la materia desestima que la canalización realizada por FCAB haya desviado el flujo original de las aguas, situación que encuentra "absurda, porque físicamente las aguas deben alcanzar el Océano Pacífico". Pero admite que es probable que el sistema de canales realizado por la empresa de los Luksic haya incrementado el flujo de aguas que cruza hacia Chile.
CONSULTA
La población de Potosí deberá pronunciarse hoy sobre el acuerdo preliminar alcanzado con Chile por el uso del recurso hídrico del afluente binacional.
EVO MORALES PONE EN MARCHA EN BOLIVIA LA AUTONOMÍA INDÍGENA
La oposición asegura que el decreto viola la nueva Constitución
El País de España (www.elpais.com)
El Gobierno de Evo Morales presentó ayer un decreto y un proyecto de ley que impulsa la formación de las autonomías indígenas, y que ha sido contestado por la oposición al considerar que polariza el país en términos raciales.
El decreto da inicio al proceso de reconversión de unos 180 municipios en autonomías indígenas mediante un referendo que debería celebrarse el 6 de diciembre, junto con las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias). Los representantes de estos municipios deberán acreditar que albergan en su territorio a pueblos originarios que existían antes de la colonia y cuyos habitantes se reconocen, en una gran mayoría, como indígenas, con lengua, valores, formas de vida y organización propias.
El proyecto de ley sobre autonomías indígenas, que también fue presentado por el presidente Morales en la sureña población petrolera de Camiri con motivo del Día del Indio, se adelanta a lo estipulado por la nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, promovida por el mismo Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo.
Varios líderes de la oposición coincidieron con expertos constitucionalistas en que las nuevas disposiciones gubernamentales violan la Constitución, cuyo capítulo séptimo sobre Autonomía Indígena Originaria Campesina señala que la ley marco de autonomías deberá ser discutida por la Asamblea Legislativa elegida el 6 de diciembre.
La entrega del decreto y el proyecto de ley en Camiri contó con la presencia de líderes indígenas de media docena de países que calificaron las medidas como el "principio del fin de la dependencia" a la que están sometidos, dijeron, los indígenas latinoamericanos. El representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, Flaviano Iglesias, afirmó que la recuperación de los derechos de los pueblos originarios no es tarea fácil, pero "hay que pelear y luchar como alguna vez lo hicieron nuestros abuelos en Panamá". La mapuche Teresa Huentequeo expresó la solidaridad "con el proceso político que impulsa el presidente Evo Morales junto a los pueblos indígenas del país".
Civilización y modernidad:
EL MOVIMIENTO INDÍGENA
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
La crisis mundial contemporánea no sólo se manifiesta en su dimensión económica y principalmente financiera, sino que representa también una profunda crisis civilizatoria del capitalismo mundial como modo de organización de la sociedad y como forma de producir conocimiento, al mismo tiempo que cuestiona fuertemente el sistema de poder en el planeta. Asistimos a la decadencia de un sistema hegemónico unipolar que necesita cada vez más de la intervención militar brutal para validar su condición de dominación, convirtiendo la civilización occidental en una fábrica de barbarie y de políticas de irrespeto a los principios fundamentales de convivencia de la humanidad.
La visión eurocéntrica
En la base de este sistema de dominación se ubica la perspectiva eurocéntrica como fundamento ideológico y como forma de producción y control de la subjetividad de las sociedades. La producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la civilización occidental es el único modelo civilizatorio del planeta, y que todas las demás civilizaciones, sin importar su nivel de elaboración y complejidad, su grado de desarrollo o sus aportes a la humanidad, son consideradas apenas culturas atrasadas respecto al modelo impuesto. La arrogancia de esta visión eurocéntrica no sólo justificó violentas formas de colonización y colonialismo sino que se convirtió en una barrera cognitiva que impidió a Occidente conocer y comprender la complejidad del mundo y las más antiguas e importantes civilizaciones del planeta. De esta manera, se despreciaron conocimientos milenarios, formas de organización de la vida y la sociedad no-occidentales, formas más humanas de relación con la naturaleza y la vida, sensibilidades estéticas altamente elaboradas, producción artística y cultural de gran importancia, aportes filosóficos e inclusive el denso pensamiento social producido fuera de los países centrales de occidente.
El eurocentrismo impuso una forma de hacer ciencia y un camino único de producción de conocimiento, que redujo a la condición de a-científico, para-científico o folklórico todo aquel conocimiento producido fuera de estos cánones. En esta perspectiva, el tiempo no existe, pues el conocimiento es universal y válido para cualquier tiempo histórico y para cualquier realidad social del planeta. Esta incapacidad de comprender que la teoría, la ciencia y el conocimiento son productos históricos, ha significado una de las principales limitaciones de la ciencia positivista. Esta ciencia, cada vez más preocupada con su coherencia interna que con la realidad social, se ha encerrado en sí misma para producir sus propias premisas y otorgar a sus deseos, la condición de conclusiones científicas. De esta manera, ha perdido la capacidad de comprender la complejidad del mundo contemporáneo y de cualquier intento de prever escenarios futuros. La humanidad está en camino a romper profundamente con estos paradigmas de ciencia y con esta visión del mundo y de la humanidad.
¿Modernidad vs atraso?
En América Latina la idea de modernidad, como modo de existencia social y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonial y como parte integrante de esta estructura de dominación y de poder. Como sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano, al analizar el surgimiento de la noción de modernidad, se trata de un momento en la historia en el cual los varios tiempos e historias se configuran en complejas, contradictorias y discontinuas asociaciones entre estructuras fragmentarias y mutantes de relaciones de sentidos y de significados partes de un mismo y único mundo nuevo en plena constitución.[1] La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”. Todo aquello que estuviera fuera de esta visión y de esta forma de organización social era considerado pre-moderno o atrasado.
Esta noción de modernidad, insertada orgánicamente a la estructura de poder colonial tuvo una enorme capacidad destructora y desarticuladota de las sociedades originarias latinoamericanas. En nombre de la modernidad se destruyeron estructuras enteras de conocimiento y sabiduría milenaria, así como avanzados modos de producción agrícola y formas de organización social comunitarias. Se puso en práctica una acción sistemática de destrucción de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones americanas, de su imaginario histórico y de su propia percepción de pasado y futuro. Esta enorme capacidad destructiva significó también el propio exterminio de las poblaciones originarias, que a la llegada de los colonizadores europeos se estimaba en más de cien millones de habitantes y que en pocas décadas se vio reducida a casi la mitad.
Si América Latina fue el lugar desde donde se generó la acumulación de capital y las bases materiales para la construcción de la Europa Occidental como centro hegemónico mundial a partir del siglo XVI, es ahora la región donde se están desarrollando los nuevos elementos para la construcción de una civilización planetaria, más equilibrada e inclusiva, capaz de romper radicalmente con la herencia colonial y la visión eurocéntrica. Están surgiendo, en el continente latinoamericano, experiencias ricas y diversas de transformación social que están cambiando el escenario político, económico y cultural en la región.
Este proceso de transformación nos plantea grandes desafíos. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia fuera de la visión colonial y crear matrices teóricas y metodológicas de producción de conocimiento capaces de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. Pero sobre todo, se hace necesario apelar a nuestro legado civilizatorio, al conocimiento milenario y ancestral, a los saberes y formas de ver y sentir el mundo para re-construir nuestra memoria colectiva, deformada o destruida por la colonialidad, y construir nuestras identidades y nuestros proyectos de futuro y de sociedad.
El movimiento indígena latinoamericano
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. En las líneas que siguen, analizaremos este proceso.
El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica
El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. En el caso América del Sur, el movimiento indígena se construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo en un espacio geográfico específico: Los Andes. Los Estados nacionales conformados a partir del siglo XIX con las guerras independentistas no sustituyeron las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas, que se reconocen quechuas, aymaras o mapuches, antes que bolivianos, peruanos o ecuatorianos.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones pre-Incas e Inca, como unidad histórica, ha profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, funda la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI - con la participación de los pueblos Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, Koris, Lafquenches, Urus, entre otros tantos pueblos indígenas originarios de la región Andina[2]. En el acta fundacional, firmada por más de once organizaciones representativas, se establece una amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente que incluye entre sus principales banderas la construcción de los Estados Plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Se trata de un plan de acción que incluye principios fundamentales de convivencia humana y de profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
Se han creado, en los últimos años, múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial de Belén, en enero de 2009[3], las organizaciones y redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a la más amplia unida para articular alternativas a la “crisis de civilización occidental capitalista”. Entre los principales ejes movilizadotes de este llamado están:
- La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
- Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
- Los Estados Plurinacionales;
- La autodeterminación de los pueblos;
- La unidad, equidad y complementariedad de género;
- El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
- Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;
- Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
- La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
- Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social, que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
El Estado plurinacional como proyecto político
La plurinacionalidad, planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90, ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales, o a través de asambleas constituyentes, esta nueva forma política e institucional de Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es profundamente incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
La constitución boliviana, recientemente aprobada por plebiscito nacional, establece en su primer artículo:
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” [4]
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La tierra que nos acoge
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblo indígenas: ella es la “madre que nos acoge” o “Pachamama”[5], el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, el hombre debe “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, pues fue justamente la mano de obra indígena la que sustentó la minería en las colonias, que permitió la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismo de exterminio de la poblaciones indígenas en nuestro continente.
Después de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra, exigiendo el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el medio ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada por el hombre con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición de vanguardia planetaria, que levanta banderas universales para la sobre vivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
De esta manera, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad y de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto colectivo de futuro, sintetizado en el principio indígena del “buen vivir”.
Descolonialidad del poder: “mandar obedeciendo”
La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas pre-coloniales, que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo de estas nuevas formas de autoridad y ejercicio del poder han sido dadas por el Movimiento Zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Estamos pues frente a enormes desafíos. Tal vez una de las principales tareas emancipadoras consiste en liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura de producción de conocimiento. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia y recuperar nuestra memoria colectiva y legado civilizatorio para construir nuestros propios modelos de desarrollo y proyector de futuro. El movimiento indígena nos ofrece enormes potencialidades y, por la profundidad de su propuesta y de su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
- Mónica Bruckmann es socióloga peruana, doctoranda en ciencia política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable – REGGEN.
BOLIVIA: LA NECESIDAD DE CONSTRUIR ESTADO
Le Monde la Diplomatique (www.eldiplo.org)
La Amazonia boliviana se extiende en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando, pero es esta última y aislada zona del extremo norte del país el eje de la disputa política nacional. Fue en esta región, conocida a inicios del siglo XX por la explotación de los indígenas en las barracas del caucho y en la recolección de castaña, y más recientemente por los violentos enfrentamientos entre narcotraficantes bolivianos, peruanos y brasileños (que aprovechan la triple frontera) donde el 11 de septiembre de 2008 las huestes autonomistas del entonces prefecto Leopoldo Fernández atacaron a grupos campesinos vinculados al gobierno nacional en un hecho conocido como la “Masacre de El Porvenir” (1). Poco después, en el marco del estado de sitio decretado por Evo Morales, Fernández –del partido del fallecido general Hugo Banzer y apodado “Cacique” por sus propios seguidores– era detenido y trasladado a una prisión paceña, acusado de organizar la matanza. Varios dirigentes locales cruzaron la frontera y se “exiliaron” en la vecina Brasiléia (Brasil). Y aunque la oposición regional-conservadora –liderada por Santa Cruz– denunció que el ex prefecto es el primer “preso político” de la era Evo, demostró una debilidad absoluta a la hora de emprender acciones tendientes a su liberación.
CHILE PAGARÁ POR EL 50% DEL CAUDAL DEL SILALA A BOLIVIA
123 de Chile (www.noticias.123.cl/entel123)
El acuerdo suscrito entre las cancillerías de ambos países establece además los métodos por los cuales se aplicarán las tarifas y los estudios para determinar la cantidad de agua que nace de cada país.
La agencia de noticias AFP divulgó este lunes lo que sería el borrador del acuerdo convenido entre los vicecancilleres Hugo Fernández (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile), por el litigio que mantienen ambas naciones por el caudal del Silala.
El documento establece que nuestro país pagará a Bolivia por el 50% de las aguas que suministran el vital elemento a la Región de Antofagasta.
Según el artículo 14 del borrador, y que tiene un total de 17 puntos, "para la determinación de la compensación (económica) el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (de Bolivia) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile". El cause, que surte un promedio de 300 litros por segundo a las ciudades del norte chileno y a Chuquicamata, será sometido a un estudio para determinar el origen del afluente.
Según los números de la empresa de agua de Antofagasta, el precio del metro cúbico en el es de 2,2 dólares, precio que serviría de referencia para el pago que se le deberá entregar a Bolivia.
Cabe destacar que el gobierno boliviano descartó la posibilidad de realizar una consulta popular sobre el acuerdo del uso de las aguas del manantial Silala. No obstante, aún se realizan consultas con pobladores de la región de Potosí, donde se encuentra el cause.
Bolivia y Chile rompieron relaciones diplomáticas el año 1978, por lo que todo acuerdo entre ambas naciones podría significar un paso más en el acercamiento entre Santiago y La Paz.
BOLIVIA HACE PÚBLICO ACUERDO CON CHILE SOBRE AGUAS
Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)
La Cancillería de Bolivia dio a conocer el lunes un "acuerdo inicial" con Chile sobre un litigio de aguas fronterizas, el primero que ambos países negocian en el marco de una agenda que incluye la demanda boliviana de una salida al mar.
Según el documento entregado por la Cancillería, el gobierno de Chile reconoce que el 50% del caudal de las aguas del Silala pertenece a los bolivianos, por lo que ese país deberá pagar por el uso del agua.
"Para determinación de la compensación el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (boliviano) podrá tener en cuenta, entre otros, el valor promedio efectivamente pagado por metro cúbico de aguas crudas en la II Región de Chile", establece el acuerdo pactado el 28 de julio.
"El volumen total del agua del Silala que fluye a través de la frontera, el 50% corresponde inicialmente al estado de Bolivia, es de su libre disponibilidad y lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para uso de terceros, incluyendo su condición a Chile", añade. Asimismo señala que el 50% en favor de Bolivia podría incrementarse "en función de los resultados de los estudios conjuntos" que realicen los dos países.
Por la tarde, el canciller David Choquehuanca se reunió con autoridades de los municipios aledaños al Silala para informarles de este acuerdo inicial, el cual se lo está haciendo conocer tanto en Bolivia como en Chile y que podrían firmar los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet en una fecha aún no definida.
"Este acuerdo lo único que busca es que los chilenos no se lleven gratuitamente nuestras aguas. Igual, día que pasa se llevan nuestras aguas, mañana si no firmamos se las van ha seguir llevando gratis", señaló Choquehuanca en el encuentro.
"Nosotros hemos solicitado la autorización de las organizaciones sociales, y ellos estaban muy al tanto de todo esto porque ellos pensaban que estábamos renunciando a la deuda histórica, y que el acuerdo demuestra lo contrario porque nos permitirá negociar con más sustento la deuda histórica", agregó.
A la reunión no asistió el Comité Cívico, que es el más crítico al acuerdo. En declaraciones a radio Fides, su dirigente Celestino Condori observó que el acuerdo contempla a las aguas como "de libre disponibilidad" y no refleja "una compensación retroactiva" por lo que ya se usó.
El Silala nace en territorio boliviano y cruza a Chile. Entre los consumidores chilenos está la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ademas de consumidores privados. Bolivia no usa las aguas debido a que en la región adyacente a éstas no hay centros poblados.
Bolivia reclama como suyas esas aguas, alegando que nacen en un manantial artificialmente desviado hacia territorio chileno. Santiago argumenta que se trata de un río de curso continuo.
Es el primer acuerdo entre los dos países desde que firmaron en el 2007 una agenda de 13 puntos que incluye el tratamiento de la demanda marítima, y se produce en momentos en que Santiago enfrenta un juicio internacional por límites marítimos planteado por Perú ante la Corte de la Haya.
Los dos países se enfrentaron en una guerra en 1879. Perú fue aliado de Bolivia en esa confrontación bélica en la que los bolivianos perdieron su litoral y los peruanos el territorio de Arica.
Para empresas chilenas
ESTUDIOS EN EL RÍO SILALA PODRÍAN ENCARECER LOS PAGOS POR USO DE AGUAS
El grupo Luksic y Codelco Norte tendrán que esperar cuatro años para conocer el costo final de utilizar el recurso hídrico.
El Mercurio de Chile (www.diario.elmercurio.cl)
Un nuevo revés podrían sufrir las empresas chilenas que utilizan aguas del río Silala (Siloli). Hoy comienza en Bolivia la consulta pública para que la población de Potosí se pronuncie frente al acuerdo preliminar alcanzado entre Chile y su vecino país por el uso del recurso hídrico del afluente binacional.
Esta consulta puede llegar a ser trascendental para que el próximo 10 de agosto la Presidenta Michelle Bachelet y su par boliviano, Evo Morales, puedan firmar el acuerdo inicial en la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, como se ha especulado. Eso sí, las empresas chilenas, entre ellas el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), del grupo Luksic, y la división Codelco Norte, deberán esperar otros cuatro años para saber cuánto es en definitiva lo que pagarán en el largo plazo por el uso del recurso que actualmente es gratis.
El preacuerdo señala que el 50% de las agua del Silala que fluye a través de la frontera hacia Chile le corresponde a Bolivia. El otro 50% sería de libre disposición de los usuarios. Y aunque el canciller boliviano, David Choquehuanca, dice que en una primera instancia las empresas chilenas deberán desembolsar por el primer porcentaje cerca de US$ 17 mil diarios, lo cierto es que en el país la norma establece tarifas libres, por lo que el precio final dependerá del trato alcanzado entre las partes.
El problema es que "la proporción boliviana (de 50%) podría ser incrementada en favor de ese país si el resultado de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en los próximos cuatro años determina un efecto mayor en la canalización que efectuó el FCAB a principios del siglo XX", asegura una alta fuente de la Cancillería, lo que produciría un encarecimiento por el uso de aguas mayor a lo esperado por las empresas chilenas.
Según cifras oficiales, el caudal promedio del río Silala en la frontera de ambos países es de entre 160 y 180 litros por segundo. FCAB tiene derechos por el uso de 237 litros por segundo, pero capta sólo 100, que luego vende principalmente a compañías mineras. Codelco, por su parte, tiene derechos por 160 litros y utiliza 150 litros por segundo.
Un experto en la materia desestima que la canalización realizada por FCAB haya desviado el flujo original de las aguas, situación que encuentra "absurda, porque físicamente las aguas deben alcanzar el Océano Pacífico". Pero admite que es probable que el sistema de canales realizado por la empresa de los Luksic haya incrementado el flujo de aguas que cruza hacia Chile.
CONSULTA
La población de Potosí deberá pronunciarse hoy sobre el acuerdo preliminar alcanzado con Chile por el uso del recurso hídrico del afluente binacional.
EVO MORALES PONE EN MARCHA EN BOLIVIA LA AUTONOMÍA INDÍGENA
La oposición asegura que el decreto viola la nueva Constitución
El País de España (www.elpais.com)
El Gobierno de Evo Morales presentó ayer un decreto y un proyecto de ley que impulsa la formación de las autonomías indígenas, y que ha sido contestado por la oposición al considerar que polariza el país en términos raciales.
El decreto da inicio al proceso de reconversión de unos 180 municipios en autonomías indígenas mediante un referendo que debería celebrarse el 6 de diciembre, junto con las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias). Los representantes de estos municipios deberán acreditar que albergan en su territorio a pueblos originarios que existían antes de la colonia y cuyos habitantes se reconocen, en una gran mayoría, como indígenas, con lengua, valores, formas de vida y organización propias.
El proyecto de ley sobre autonomías indígenas, que también fue presentado por el presidente Morales en la sureña población petrolera de Camiri con motivo del Día del Indio, se adelanta a lo estipulado por la nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, promovida por el mismo Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo.
Varios líderes de la oposición coincidieron con expertos constitucionalistas en que las nuevas disposiciones gubernamentales violan la Constitución, cuyo capítulo séptimo sobre Autonomía Indígena Originaria Campesina señala que la ley marco de autonomías deberá ser discutida por la Asamblea Legislativa elegida el 6 de diciembre.
La entrega del decreto y el proyecto de ley en Camiri contó con la presencia de líderes indígenas de media docena de países que calificaron las medidas como el "principio del fin de la dependencia" a la que están sometidos, dijeron, los indígenas latinoamericanos. El representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, Flaviano Iglesias, afirmó que la recuperación de los derechos de los pueblos originarios no es tarea fácil, pero "hay que pelear y luchar como alguna vez lo hicieron nuestros abuelos en Panamá". La mapuche Teresa Huentequeo expresó la solidaridad "con el proceso político que impulsa el presidente Evo Morales junto a los pueblos indígenas del país".
Civilización y modernidad:
EL MOVIMIENTO INDÍGENA
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
La crisis mundial contemporánea no sólo se manifiesta en su dimensión económica y principalmente financiera, sino que representa también una profunda crisis civilizatoria del capitalismo mundial como modo de organización de la sociedad y como forma de producir conocimiento, al mismo tiempo que cuestiona fuertemente el sistema de poder en el planeta. Asistimos a la decadencia de un sistema hegemónico unipolar que necesita cada vez más de la intervención militar brutal para validar su condición de dominación, convirtiendo la civilización occidental en una fábrica de barbarie y de políticas de irrespeto a los principios fundamentales de convivencia de la humanidad.
La visión eurocéntrica
En la base de este sistema de dominación se ubica la perspectiva eurocéntrica como fundamento ideológico y como forma de producción y control de la subjetividad de las sociedades. La producción y reproducción de la vida material de los pueblos y la elaboración de sus imaginarios están dominados por la idea de que la civilización occidental es el único modelo civilizatorio del planeta, y que todas las demás civilizaciones, sin importar su nivel de elaboración y complejidad, su grado de desarrollo o sus aportes a la humanidad, son consideradas apenas culturas atrasadas respecto al modelo impuesto. La arrogancia de esta visión eurocéntrica no sólo justificó violentas formas de colonización y colonialismo sino que se convirtió en una barrera cognitiva que impidió a Occidente conocer y comprender la complejidad del mundo y las más antiguas e importantes civilizaciones del planeta. De esta manera, se despreciaron conocimientos milenarios, formas de organización de la vida y la sociedad no-occidentales, formas más humanas de relación con la naturaleza y la vida, sensibilidades estéticas altamente elaboradas, producción artística y cultural de gran importancia, aportes filosóficos e inclusive el denso pensamiento social producido fuera de los países centrales de occidente.
El eurocentrismo impuso una forma de hacer ciencia y un camino único de producción de conocimiento, que redujo a la condición de a-científico, para-científico o folklórico todo aquel conocimiento producido fuera de estos cánones. En esta perspectiva, el tiempo no existe, pues el conocimiento es universal y válido para cualquier tiempo histórico y para cualquier realidad social del planeta. Esta incapacidad de comprender que la teoría, la ciencia y el conocimiento son productos históricos, ha significado una de las principales limitaciones de la ciencia positivista. Esta ciencia, cada vez más preocupada con su coherencia interna que con la realidad social, se ha encerrado en sí misma para producir sus propias premisas y otorgar a sus deseos, la condición de conclusiones científicas. De esta manera, ha perdido la capacidad de comprender la complejidad del mundo contemporáneo y de cualquier intento de prever escenarios futuros. La humanidad está en camino a romper profundamente con estos paradigmas de ciencia y con esta visión del mundo y de la humanidad.
¿Modernidad vs atraso?
En América Latina la idea de modernidad, como modo de existencia social y como patrón de desarrollo, surge en el centro mismo del sistema colonial y como parte integrante de esta estructura de dominación y de poder. Como sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano, al analizar el surgimiento de la noción de modernidad, se trata de un momento en la historia en el cual los varios tiempos e historias se configuran en complejas, contradictorias y discontinuas asociaciones entre estructuras fragmentarias y mutantes de relaciones de sentidos y de significados partes de un mismo y único mundo nuevo en plena constitución.[1] La idea de modernidad, entonces, surge en la base de la estructura de poder colonial, y se convierte en un mecanismo legitimador que impone la civilización occidental como la única vía de alcanzar el llamado “progreso”. Todo aquello que estuviera fuera de esta visión y de esta forma de organización social era considerado pre-moderno o atrasado.
Esta noción de modernidad, insertada orgánicamente a la estructura de poder colonial tuvo una enorme capacidad destructora y desarticuladota de las sociedades originarias latinoamericanas. En nombre de la modernidad se destruyeron estructuras enteras de conocimiento y sabiduría milenaria, así como avanzados modos de producción agrícola y formas de organización social comunitarias. Se puso en práctica una acción sistemática de destrucción de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones americanas, de su imaginario histórico y de su propia percepción de pasado y futuro. Esta enorme capacidad destructiva significó también el propio exterminio de las poblaciones originarias, que a la llegada de los colonizadores europeos se estimaba en más de cien millones de habitantes y que en pocas décadas se vio reducida a casi la mitad.
Si América Latina fue el lugar desde donde se generó la acumulación de capital y las bases materiales para la construcción de la Europa Occidental como centro hegemónico mundial a partir del siglo XVI, es ahora la región donde se están desarrollando los nuevos elementos para la construcción de una civilización planetaria, más equilibrada e inclusiva, capaz de romper radicalmente con la herencia colonial y la visión eurocéntrica. Están surgiendo, en el continente latinoamericano, experiencias ricas y diversas de transformación social que están cambiando el escenario político, económico y cultural en la región.
Este proceso de transformación nos plantea grandes desafíos. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia fuera de la visión colonial y crear matrices teóricas y metodológicas de producción de conocimiento capaces de dar cuenta de la complejidad y densidad de la realidad social. Pero sobre todo, se hace necesario apelar a nuestro legado civilizatorio, al conocimiento milenario y ancestral, a los saberes y formas de ver y sentir el mundo para re-construir nuestra memoria colectiva, deformada o destruida por la colonialidad, y construir nuestras identidades y nuestros proyectos de futuro y de sociedad.
El movimiento indígena latinoamericano
El movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de esta densa realidad latinoamericana contemporánea. Éste se construye como un movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Al mismo tiempo, ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia ofensiva de lucha por el gobierno y el poder, especialmente en la región andina de América del Sur. A partir de una profunda crítica y ruptura respecto a la visión eurocéntrica, a su racionalidad, a su modelo de modernidad y desarrollo inserto en la estructura de poder colonial, el movimiento indígena latinoamericano se plantea como un movimiento civilizatorio, capaz de recuperar el legado histórico de las civilizaciones originarias para re-elaborar, no una, sino varias identidades latinoamericanas; no una forma de producir conocimiento, sino todas las formas de conocimiento y producción de conocimiento que han convivido y resistido a más de quinientos años de dominación. El elemento indígena se va convirtiendo en el centro del discurso y de la construcción de una visión del mundo, de un sujeto político y de un proyecto colectivo y emancipatorio. En las líneas que siguen, analizaremos este proceso.
El movimiento indígena como unidad geográfica e histórica
El movimiento indígena latinoamericano ha dejado de ser un conjunto de movimientos locales para convertirse en un movimiento articulado y articulador que se construye en los espacios geográficos de donde se desarrollaron las civilizaciones originarias. En el caso América del Sur, el movimiento indígena se construye en el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización inca y las varias civilizaciones que la precedieron, ocupando los territorios de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Quinientos años de colonización no fueron suficientes para desarticular una unidad histórica y civilizatoria, como fue el “Tawantinsuyo” de los incas, y su profundo arraigo en un espacio geográfico específico: Los Andes. Los Estados nacionales conformados a partir del siglo XIX con las guerras independentistas no sustituyeron las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas, que se reconocen quechuas, aymaras o mapuches, antes que bolivianos, peruanos o ecuatorianos.
La reconstrucción de los Andes como unidad geográfica y las civilizaciones pre-Incas e Inca, como unidad histórica, ha profundizado el proceso de integración del movimiento indígena sudamericano, que en julio de 2006, en la ciudad de Cuzco, funda la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI - con la participación de los pueblos Quechuas, ichwas, Aymars, Mapuches, Cymbis, Saraguros, Gumbinos, Koris, Lafquenches, Urus, entre otros tantos pueblos indígenas originarios de la región Andina[2]. En el acta fundacional, firmada por más de once organizaciones representativas, se establece una amplia plataforma de lucha para el movimiento indígena de todo el continente que incluye entre sus principales banderas la construcción de los Estados Plurinacionales; la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra; los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Se trata de un plan de acción que incluye principios fundamentales de convivencia humana y de profundo respeto a las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades.
Se han creado, en los últimos años, múltiples y diversos espacios de coordinación y articulación del movimiento indígena en la región, diversos foros de intercambio y movilización, al mismo tiempo que se han diversificado las organizaciones y redes indígenas y de los pueblos originarios. Esto ha generado una intensa dinámica y una creciente capacidad de movilización en los niveles locales, regionales y continental, con una clara vocación de articulación planetaria. Durante el último Foro Social Mundial de Belén, en enero de 2009[3], las organizaciones y redes indígenas ahí reunidas emitieron una declaración llamando a la más amplia unida para articular alternativas a la “crisis de civilización occidental capitalista”. Entre los principales ejes movilizadotes de este llamado están:
- La tierra como fuente de vida y el agua como derecho humano fundamental;
- Descolonialidad del poder y el autogobierno comunitario;
- Los Estados Plurinacionales;
- La autodeterminación de los pueblos;
- La unidad, equidad y complementariedad de género;
- El respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y diverso;
- Liberación de toda dominación o discriminación racista, etnicista o sexista;
- Las decisiones colectivas sobre la producción, mercados y la economía;
- La descolonialidad de las ciencias y tecnologías;
- Por una nueva ética social alternativa a la del mercado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas se ha convertido en un espacio dinámico de articulación política y social, que se proyecta hacia las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y de Centro y Norte América, ampliando el espectro de unificación, articulación e integración del movimiento indígena en todo el continente.
El Estado plurinacional como proyecto político
La plurinacionalidad, planteada como bandera política por el movimiento indígena de los años 90, ha sido asumida por las fuerzas progresistas de países como Bolivia y Ecuador, lo que ha permitido un amplio movimiento político y social capaz de aprobar en plebiscitos nacionales, o a través de asambleas constituyentes, esta nueva forma política e institucional de Estado. El Estado Plurinacional se plantea como proyecto político que cuestiona profundamente la visión homogenizadora del Estado-nación y con ello, la tradición política occidental en América Latina. Este nuevo modelo de Estado es profundamente incluyente. Basado en el principio de “unidad en la diversidad”, reconoce la existencia de múltiples nacionalidades, culturas, lenguas, religiones, y formas de espiritualidad. Incorpora las formas comunales de organización y autoridad en la propia institucionalidad del Estado, constituyendo una experiencia política absolutamente nueva en la región.
La constitución boliviana, recientemente aprobada por plebiscito nacional, establece en su primer artículo:
“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” [4]
Se trata de un proyecto que debe construir aún su propia institucionalidad, pero que puede representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta la unidad nacional en la homogenización superficial y en la discriminación y exclusión cultural.
La tierra que nos acoge
La histórica lucha de los indígenas latinoamericanos por la tierra no sólo tiene que ver con la recuperación de un medio de producción fundamental que les fue violentamente expropiado desde los primeros momentos de la colonización europea hace más de quinientos años. La tierra tiene un sentido muy profundo en la cosmovisión y en la forma misma de existencia de los pueblo indígenas: ella es la “madre que nos acoge” o “Pachamama”[5], el espacio donde la vida se crea y se re-crea. En la visión indígena, el hombre debe “criar a la madre tierra y dejarse criar por ella”. Esta relación profunda entre el hombre y la tierra como fuente de vida se contrapuso radicalmente a la visión del colonizador que veía la tierra como objeto de posesión y espacio de saqueo y extracción de metales y piedras preciosas, objeto de depredación. Estas visiones contrapuestas produjeron enormes tensiones y sufrimientos en los pueblos indígenas de nuestro continente, pues fue justamente la mano de obra indígena la que sustentó la minería en las colonias, que permitió la acumulación de capital que sustentó la hegemonía portuguesa y española en el sistema mundial. El trabajo esclavo en las minas fue uno de los principales mecanismo de exterminio de la poblaciones indígenas en nuestro continente.
Después de varios siglos de resistencia, el movimiento indígena contemporáneo recupera el sentido fecundo de su relación con la tierra, exigiendo el respeto a ésta como fuente de vida. Se trata entonces de preservar la tierra, el medio ambiente en que vivimos, el espacio donde nuestros hijos nacen y crecen, donde la flora y fauna nativa debe ser aprovechada por el hombre con un sentido de respeto y preservación. Esta postura ecológica, que corresponde a una visión milenaria del mundo, coloca al movimiento indígena latinoamericano en una posición de vanguardia planetaria, que levanta banderas universales para la sobre vivencia de la humanidad y del planeta, que exige que la extracción de recursos naturales y energéticos se realice sin depredar la tierra y favoreciendo principalmente a las poblaciones que viven en los territorios donde estos recursos se encuentran.
De esta manera, la vida y el ser humano se elevan a la condición de valores fundamentales para la organización de la sociedad y de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto colectivo de futuro, sintetizado en el principio indígena del “buen vivir”.
Descolonialidad del poder: “mandar obedeciendo”
La organización comunitaria, el principio de la reciprocidad y solidaridad social, son características de algunas sociedades indígenas pre-coloniales, que han sido retomadas por el movimiento indígena latinoamericano como prácticas cotidianas que afirman un legado civilizatorio y una forma propia de ver el mundo. Al mismo tiempo se crean nuevas formas de autoridad colectiva y de autogobierno comunitario que rescata la comunidad como fuente de todo y cualquier poder y el poder del individuo sometido a la comunidad. Un ejemplo de estas nuevas formas de autoridad y ejercicio del poder han sido dadas por el Movimiento Zapatista en México, con el principio de “mandar obedeciendo”, que refleja claramente estas dos dimensiones de la autoridad.
Estamos pues frente a enormes desafíos. Tal vez una de las principales tareas emancipadoras consiste en liberarnos del eurocentrismo como visión del mundo y como estructura de producción de conocimiento. Se hace necesario re-elaborar nuestra historia y recuperar nuestra memoria colectiva y legado civilizatorio para construir nuestros propios modelos de desarrollo y proyector de futuro. El movimiento indígena nos ofrece enormes potencialidades y, por la profundidad de su propuesta y de su praxis, abre un nuevo horizonte histórico en América Latina y en el mundo.
- Mónica Bruckmann es socióloga peruana, doctoranda en ciencia política por la Universidad Federal Fluminense (Brasil) e investigadora de la Cátedra y Red UNESCO/UNU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable – REGGEN.
BOLIVIA: LA NECESIDAD DE CONSTRUIR ESTADO
Le Monde la Diplomatique (www.eldiplo.org)
La Amazonia boliviana se extiende en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando, pero es esta última y aislada zona del extremo norte del país el eje de la disputa política nacional. Fue en esta región, conocida a inicios del siglo XX por la explotación de los indígenas en las barracas del caucho y en la recolección de castaña, y más recientemente por los violentos enfrentamientos entre narcotraficantes bolivianos, peruanos y brasileños (que aprovechan la triple frontera) donde el 11 de septiembre de 2008 las huestes autonomistas del entonces prefecto Leopoldo Fernández atacaron a grupos campesinos vinculados al gobierno nacional en un hecho conocido como la “Masacre de El Porvenir” (1). Poco después, en el marco del estado de sitio decretado por Evo Morales, Fernández –del partido del fallecido general Hugo Banzer y apodado “Cacique” por sus propios seguidores– era detenido y trasladado a una prisión paceña, acusado de organizar la matanza. Varios dirigentes locales cruzaron la frontera y se “exiliaron” en la vecina Brasiléia (Brasil). Y aunque la oposición regional-conservadora –liderada por Santa Cruz– denunció que el ex prefecto es el primer “preso político” de la era Evo, demostró una debilidad absoluta a la hora de emprender acciones tendientes a su liberación.
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