Monday, November 10, 2008

LOS SOCIALISMOS Y LOS GUSANOS DE CUBA, BOLIVIA Y VENEZUELA

Los gusanos cubanos en Miami, los gusanos venezolanos en Venezuela y los gusanos bolivianos en Brasilea (Brasil), no son realmente una oposición democrática, sino delincuentes políticos.

La profundización de ciertos procesos de liberación política, como los de Cuba, Venezuela y Bolivia (el ecuatoriano es muy reciente), al tocar intereses económicos anquilosados desde décadas y siglos, en el cuerpo de la Nación, produce, inevitablemente, el "agusanamiento" de la oposición. Ésta, lejos de ser una oposición seria, constructiva, cuyas armas deberían ser las ideas; son simplemente movimientos golpistas que buscan restaurar los privilegios y el gobierno, perdidos. Los gusanos cubanos en Miami, los gusanos venezolanos en Venezuela y los gusanos bolivianos en Brasilea (Brasil), no son realmente una oposición democrática, sino delincuentes políticos.
Uno mismo, cuando va adquiriendo con los años un poco de conocimiento de los procesos latinoamericanos, intenta escuchar las voces de "esa" oposición; porque, lógicamente, los gobiernos que marchan hacia la Avanzada Social, cometen errores, desaciertos, tienen zonas oscuras. Al fin, son gobiernos humanos y no de ángeles. Y como esa "oposición" está omnipresente, en los medios nocivos de incomunicación, tratamos de ponernos "abiertos" y escucharlos. En Cuba hablan de restricción de libertades, que es cierto. En Bolivia hablan de "centralismo", que es cierto. En Venezuela hablan de la agresividad de Hugo Chávez en sus discursos, que es cierto.
Y nos tentamos de decir, "¡la pucha, algo de razón deben tener estos muchachos!" Entonces, empezamos a indagar un poquito más, a rascar la piel de la historia, debajo del bombardeo informativo, y nos enteramos: 1)-Antes de la Revolución Cubana, Cuba era un prostíbulo norteamericano, pero a los viejos carcamanes cubanoamericanos que hoy gritan "Libertad" para Cuba, nunca les importó que la isla fuerza un gigantesco latifundio estadounidense y su pueblo un gran campesino esclavo.
Claro que hay restricciones en la isla (con varias de las cuales, yo no estoy de acuerdo); pero no hay que olvidar que la gran restricción en Cuba, es el salvaje bloqueo norteamericano que dura más de 4 décadas. 2)-Antes de Evo, los gobiernos nacionales en Bolivia, o eran de empresarios cruceños o estos eran sus ministros de Economía. Nunca le importó la autonomía de las regiones; pero cuando fueron desalojados del gobierno por el MAS, les agarró el amor a su región. 3)-Lo criticamos a Hugo Chávez por la dureza de sus discursos contra la oposición, y es cierto, que a simple vista son muy agresivos; pero resulta que el blanco de los discursos agresivos del presidente Chávez (además de "mister danger"), es Manuel Rosales gobernador opositor separatista del Estado de Zulia, que en el año 2002, participó del golpe estado contra el presidente Chávez al cual derrocaron por unas horas.
Rosales y el resto de los golpistas colocaron a un presidente trucho, de facto, el empresario Pedro Carmona. El Pueblo en la calle, puso en su lugar las cosas, y devolvió el mando a su legítimo administrador. Claro, pretender que Hugo Chávez le arroje "rosas" a Rosales, sería medio tonto. Este Rosales, en un programa de la Televisión de Miami, dijo textualmente "el chavecismo es un 33% de la población venezolana y son todos parásitos". No, decididamente Tío Hugo no arrojará ni rosas ni margaritas a Manuel Rosales.Creo que el PSUV, el partido del presidente Chávez debe hacer un mayor esfuerzo para promocionar líderes regionales, leales a la Revolución Bolivariana, con peso propio. Que se diga "votá por Fulano de Tal, que acompañará a Tío Hugo", y no "votá por el candidato de Tío Hugo". Como hemos visto en Bolivia, la socialización del Poder fortalece la Revolución y la garantiza.
Tengo admiración, felicitaciones por los procesos de Cuba, Venezuela y Bolivia, en su marcha hacia la Liberación definitiva. También tengo observaciones hacia ellos. No me encontrarán en el ejército de los chupamedias. Estas observaciones nacen desde mi amor por todos los rincones de América Latina, y desde mi deseo de éxito a nuestras revoluciones nacionales, que alimentan y empujan a la Más-Grande que viene. Nunca debemos dejar de mirar lo que está enfrente, del otro lado, en terreno enemigo. Si las oposiciones a estos procesos no se hubieran prostituído, no se hubieran vendido, no se hubieran "agusanado": es probable que hoy Cuba no tendría restricciones, Bolivia no tendría "centralismo" y Hugo Chávez les leería poemas a sus opositores. Pero la cosa no es así, la oposición atada viciosamente a sus malhabidos privilegios, se negó a dar un salto evolutivo hacia el "homo políticus", y descendiendo en sus transmutaciones, se convirtieron en lo más bajo de la escala zoológica, en gusanos.
Los patriotas latinoamericanos sabemos que no hay guerra que peleen entre tres contra tres; y que en el campo de batalla, se perfilan dos bloques. Nuestro corazón está firme junto a la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana y la Revolución Boliviana; y en contra de los gusanos que conspiran contra ellas. Cuando tocan los tambores de la guerra, ya sabemos donde está nuestro corazón, porque como dijo el Maestro "Allí donde esté tu corazón, estará tu tesoro". La Opión de Argentina (www.la-opinion-argentina.blogspot.com)





LA DEBACLE FINANCIERA Y SU REPERCUSION EN AMERICA LATINA, SEGUN EL INVESTIGADOR BRASILEñO REINALDO CARCANHOLO

“LA CRISIS PUEDE AUMENTAR LA REBELDÍA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES”

Define la crisis como el fin de la etapa especulativa del capitalismo y la avisora como una oportunidad para que los movimientos populares levanten las banderas del socialismo en la región. Sobre su país, critica desde la izquierda las medidas tomadas por Lula. Reinaldo Carcanholo es académico, investigador y trabaja con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

–¿Qué consecuencias tiene la crisis para los sectores sociales?
–En primer lugar, la cuestión del desempleo será una manifestación muy fuerte de la crisis que va a repercutir sobre nuestros países. Al mismo tiempo, creo que habrá un proceso en que la política económica pretenderá aplicar una reducción de los salarios reales de los trabajadores y un crecimiento de la precarización. Sin duda alguna, habrá una ofensiva del capital para reducir las conquistas de los trabajadores, por ejemplo, extendiendo la jornada de trabajo. Así, se tenderá a una mayor flexibilidad e informalización para facilitar el trabajo de las grandes empresas. Todo eso va a implicar un retroceso muy fuerte en las condiciones de vida de esa gente, que además afectará la cuestión de las pensiones, algo inevitable. Eso por el lado de los asalariados.
–¿Por qué sucederá esta situación que describe?
–Será una reacción a las pérdidas de rentabilidad del capital. Habrá una ofensiva del capital contra el trabajo. En el caso de Brasil, se dará con el gobierno actuando en ese mismo sentido. No es que yo crea que el gobierno o el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tienen mala fe, sino que tienen la idea de que para salvar al capitalismo es indispensable hacer eso.
–¿Y usted qué opina de esa concepción?
–Es una idea con la que no estoy de acuerdo, pero en fin... Yo creo que los próximos años serán un período muy feo para los trabajadores, asalariados o no.
–¿Y entre los no asalariados cómo impactará la crisis?
–Por ejemplo, en el campo, los productores también van a sufrir una reducción de los precios de sus productos y en ese caso no sé cuál será la política de los gobiernos. En el caso de Brasil, se promete una política de expansión del crédito para garantizar la supervivencia de esas personas, pero está por verse si el crédito estará destinado a los pequeños productores o si será exclusivamente para los grandes productores. Una cosa que seguramente va a ocurrir en la ciudad es una retracción de la actividad de la construcción civil, una actividad que genera mucho empleo. O sea que una retracción en esa actividad va a ser un desastre desde el punto de vista del desempleo.
–Mucho más considerando que esa actividad tuvo un crecimiento muy significativo durante los últimos años, en Brasil.
–Sí. ¡Es muy grande! Un retroceso en ese sector será dramático. En la cuestión de los jubilados habrá un retroceso también. Acá, en la Argentina, puede haber una estatización porque la cosa está muy fea. La cuestión de los fondos de pensión privados es un desastre total porque esos fondos están comprometidos con la especulación. Es un sector que sin lugar a dudas está siendo afectado. Otro problema que sobrevendrá es el ahorro de la clase media, que ya está siendo destruido. Y eso tiene importantes consecuencias sobre el sector civil. La clase media retiene sus ahorros, no compra, no se produce, y los salarios bajan.
–¿Cree que en Brasil podría haber algún tipo de política dirigida a los jubilados y pensionados?
–No sé, porque la política actual del gobierno en Brasil es salvar a las grandes empresas para no comprometer el sistema. Pero no hay una política para atender personas que se hayan visto perjudicadas en sectores más chicos. A lo mejor, si la crisis se profundiza mucho, es posible que el gobierno intente tomar alguna medida, sobre todo porque podría tener influencia sobre las elecciones, entonces puede implementar alguna medida populista. Pero no es el objetivo.
–¿Y cuál es el objetivo del gobierno?
–El salvataje de la lógica del capital.
–¿Por qué cree que las medidas que se podrían tomar en el caso de los pensionados, por ejemplo, serían una medidas populistas?
–Porque hay que tener en cuenta que, a pesar de que el gobierno brasileño es un gobierno cuya perspectiva es garantizar el mantenimiento de la lógica del capital, al mismo tiempo hay una actitud populista de atender a los sectores más pobres de la población a través de concesiones. Son políticas sociales focalizadas en los sectores más pobres, que es donde tienen la fuerza política que les permite elegir. Es posible que hagan algo en ese sentido pero están limitados por los menores recursos que el país tendrá en función de la crisis mundial, que tendrá consecuencias comerciales y financieras.
–¿A qué tipo de consecuencias comerciales y financieras se refiere?
–Desde el punto de vista comercial, como todos los países de América latina, tendrá restricciones en las exportaciones. ¿Quién va a consumir nuestros productos si hay recesión en Estados Unidos, Europa y Japón? Por otra parte, la fuga de capitales. Hay versiones de que en este momento en Brasil hay por lo menos un 35 por ciento más de capital ficticio, en la Bolsa y en otras aplicaciones ficticias, que las divisas disponibles en las reservas. Es decir, que la reserva brasileña es más pequeña que el capital especulativo extranjero en Brasil.
–¿Qué efectos cree que podría tener la devaluación del real sobre el capital extranjero?
–Con la devaluación puede haber una reducción de ese capital. Pero aún con la devaluación habrá un problema en tanto el gobierno brasileño estará presionado por esa salida de capitales. De hecho, ya lo está. Otra cosa es que en la Argentina existe la impresión de que el gobierno brasileño está interesado en devaluar la moneda brasileña, pero en verdad está tratando de sostener el dólar sin que se aprecie mucho, aunque no están en condiciones de hacerlo. Han gastado mucho dinero, no sé cuánto, miles de millones de dólares y lo han puesto físicamente en el mercado para que el dólar no suba tanto.
–¿Por qué el gobierno brasileño quiere evitar que se devalúe el real?
–Lo que no quieren es que el dólar llegue a estar en niveles tan elevados como el de los últimos días. Llegó a estar cerca de 2,5 reales por dólar, cuando normalmente estuvo a 1,7 reales por dólar. Y eso puede llevar a un proceso inflacionario.
–¿Es porque quieren evitar que haya inflación o porque eso podría tener efectos negativos sobre los capitales extranjeros radicados en Brasil?
–Las dos cosas. La devaluación devalúa el valor del capital existente en Brasil. Es una preocupación sobre el capital especulativo más que cualquier otra cosa. Una devaluación significa una inmediata devaluación del capital ficticio en Brasil. La deuda externa brasileña es pequeña frente a la deuda interna, lo que pasa es que la deuda interna se hace con dólares del exterior.
–¿Cómo se da ese mecanismo?
–Los propietarios del capital en el exterior lo convierten en reales y compran títulos de la deuda brasileña, porque la tasa de interés en Brasil es la mayor del mundo, es alrededor de 15 por ciento al año. Con la devaluación, lo que va a suceder es que tendrán que sacar la plata de los títulos desde la Bolsa de Valores de San Pablo y comprar dólares. Cuanto más devaluado esté el real, menos plata en dólares podrán adquirir. Esos capitales pierden mucho con la devaluación. Y además, cuando la inflación alcanza cierto nivel pasa a ser incontrolable para una política normal del gobierno. La preocupación de los administradores de la política económica es evitar una política como ésta. Es natural que el interés mayor sea que no se devalúe el capital especulativo internacional. Incluso, porque si se devalúa demasiado, los Estados Unidos “ponen la bomba atómica en Brasil...” Es una forma graciosa de decirlo.
–¿A Estados Unidos no le conviene una devaluación del real?
–No le conviene al que defiende el capital especulativo internacional.
–¿Qué medidas está tomando el gobierno de Lula para enfrentar el impacto de la crisis en Brasil?
–Hace pocos días, el gobierno de Lula firmó una medida provisoria: una ley que salió directamente del Poder Ejecutivo con fuerza de ley y el Congreso tiene 30 días para analizarla. Esa norma permite la estatización de los bancos. Eso no significa que el gobierno va a estatizar la banca como en otros países. La idea es que a los bancos que estén en dificultades, el gobierno les compre una participación y arregle su situación para después reprivatizarlos.
–¿Por qué recurren a una medida provisoria?
–Porque esa medida autoriza por ley al Banco de Brasil y a la Caixa Económica Federal, que son los dos bancos públicos importantes, a comprar sin licitación pública la participación en esos bancos. Se trata de salvar a los bancos que tienen dificultades. Otra medida importante tomada en estos días fue reducir el encaje bancario, los depósitos obligatorios que los bancos tienen que hacer al Banco Central cuando tú depositas dinero en el banco. El objetivo es liberar dinero, dar liquidez a los bancos con la expectativa de que los bancos sean capaces de aumentar el crédito interbancario y financiar los capitales productivos, comerciales o del sector inmobiliario. Pero los bancos reciben esa plata gratuitamente del gobierno, con una tasa de interés muy pequeña, y compran títulos del gobierno federal a tasas muy elevadas.
–¿Dónde está el cambio respecto de la situación de crisis, entonces?
–No cambia nada. Al contrario, es una política que favorece la rentabilidad de esos bancos pero no soluciona el problema de los créditos, que es el problema principal en este momento en Brasil. La medida no ha resultado. Fuera de eso, no hay ninguna medida significativa de enfrentamiento de la crisis. Lo que hay es un discurso tranquilizador del presidente Lula diciendo: “Inicialmente, la crisis no nos va a afectar y después nos va a afectar pero muy poco”. Porque se supone que estamos blindados contra un gran tsunami; sólo tendremos una ola muy pequeña. Es un discurso tranquilizador para la población.
–¿Y la población cómo reacciona ante ese discurso?
–La población todavía no se ha dado cuenta de la importancia de la crisis y del efecto que tendrá sobre las personas. Por increíble que parezca, hay gente en Brasil que cree que la crisis va a significar un aumento de los salarios de los trabajadores. Es por falta de información, aunque no es lo que piensa la mayoría...
–¿Y qué piensa la mayoría?
–La gran mayoría de la gente en Brasil no sabe lo que pasa. Sabe que hay problemas en la Bolsa de Valores y que el dólar sube y baja, pero la mayoría de la gente no tiene plata en la Bolsa y mucho menos especula con moneda internacional. No se da cuenta de que esto tendrá efectos sobre sus salarios, sobre el precio de los alimentos. Es muy grave. La prensa no hace esfuerzos para esclarecer la situación y la estrategia del gobierno es tener un discurso tranquilizador para mantener la calma en la población.
–¿En qué situación encuentra la crisis a los movimientos sociales?
–El movimiento sindical está muy débil, sobre todo porque el gobierno lo tiene cooptado. La CUT (Central Unica de Trabajadores de Brasil) es una oficina de defensa de la política del presidente Lula y los otros sectores siguen teniendo una posición mucho más corporativista. Hay dirigentes vinculados al movimiento sindical que son gerentes de fondos de pensión, y eso es mucho capital ficticio. Ellos tienen una perspectiva totalmente diferente. Son reformistas que dan migajas a los sectores más pobres, pero no piensan en una transformación de la sociedad, sólo se preocupan por garantizar la continuidad del modelo capitalista.
–¿Y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)?
–Es otra cosa. El MST está preocupado. Como muchos de nosotros, está perplejo. Nos preguntan qué hacer en estas circunstancias, qué pasa con esta crisis, cuánto tiempo durará, qué circunstancias puede traer, cómo quedaría la hegemonía norteamericana en el escenario mundial. Se preguntan qué política va a tener el gobierno, si se van a profundizar las diferencias entre ellos y el gobierno de Lula y qué deberían hacer los propios movimientos sociales en este momento. Todo eso es una duda muy grande para ellos. La palabra socialismo puede ser levantada por estos movimientos, no por los sindicatos. Es decir, se renueva la discusión de instalar el discurso y las banderas del socialismo. Desde hace unas semanas venimos discutiendo desde la Sociedad Brasileña de Economía Política (SEP), tratando de encontrar respuestas a estas cuestiones que son decisivas para el movimiento popular.
–¿Cuáles son las cuestiones que están poniendo en la mesa de discusión desde la SEP?
–Sobre todo, qué hacer en este momento. Qué banderas levantar en este momento. Por qué esperar que las políticas del gobierno sean suficientes y contribuyan a aminorar la desgracia que se viene sobre nuestros países. No se puede creer en eso. Claro que en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, que tienen políticas diferentes, las cosas pueden ser distintas. No sé en el caso de la Argentina. Pero es importante que, aun en estos casos, el movimiento popular mantenga su independencia y autonomía sabiendo que estos gobiernos van a tener una actitud distinta ante la crisis.
–Para que se instalen el discurso y las banderas del socialismo, ¿no cree que haría falta una construcción diferente desde los movimientos sociales?
–Creo que es un proceso natural que frente a la crisis los movimientos sociales profundicen su grado de autonomía respecto de los gobiernos. Hay que fortalecerlos. No van a cambiar de un día para el otro. En Bolivia, esta fortaleza es practicada por los movimientos de manera importante. En Venezuela, menos, pero creo que la fortaleza de la revolución bolivariana hoy está en las bases, organizada en los Consejos Comunales y no en las capas altas de la dirigencia. Obviamente que Chávez es indispensable, pero los sectores populares hay una fuerza impresionante. Pude vivirlo en un viaje que hice en estos días. La cosa camina y tiende a caminar cada vez más.
–¿Qué repercusión puede tener en los movimientos populares de América latina la actitud de los gobiernos de Venezuela, Ecuador o Bolivia frente la crisis?
–El efecto de destrucción de la crisis sobre América latina va a potenciar la rebeldía de los movimientos populares, aunque con muchas limitaciones en Brasil, porque –como decía– la política del gobierno de Lula puede frenar a los movimientos y a los sindicatos en la medida en que éstos están cooptados por el gobierno. Pero a pesar de todas esas limitaciones es posible que haya un ascenso en el movimiento popular en Brasil, incluso en América latina entera, como consecuencia de la crisis.
–¿Y Venezuela, en particular, qué le aporta al movimiento popular latinoamericano?
–La discusión en la región sobre el modelo socialista se debe a Chávez. Ahora está hablando de socialismo y anticapitalismo, como consecuencia de la crisis. “Si George W. Bush puede comprar bancos ¿por qué yo no puedo?”, dice Chávez sobre el camarada Bush. Hay muchos problemas en Venezuela, pero –insisto– la cosa camina mucho más de lo que uno imagina. Entonces, estos procesos me parece que tienen un efecto significativo en toda la región.
–¿Por qué cree que la crisis pueda ser una oportunidad para los movimientos populares de Latinoamérica?
–Porque se abre un período de crisis del sistema capitalista. No se trata de una crisis circunstancial y que se retorna al capitalismo como si nada hubiese pasado. Es una crisis del sistema muy profunda. Y sólo se puede reconstruir sobre la base de una explotación más profunda, porque el capital necesita avanzar sobre el interés de los trabajadores. No tiene otra posibilidad y, en este contexto, por el contrario puede contribuir a aumentar la rebeldía de los movimientos sociales. Y América latina es el centro de la atención de la rebeldía de los movimientos sociales, mucho más ahora que en otro momento. Las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador pueden ser de tracción para la rebeldía de los movimientos populares, pero eso es futurología. Una cosa más que se abre como posibilidad en América latina es volver a hablar de socialismo como única oportunidad ante el capitalismo y este discurso va a tener una repercusión más fuerte de lo que podría tener en otros momentos. Pasaron décadas donde no se podía hablar de socialismo, hoy el discurso pro socialista va a tener que ser escuchado mucho más que en las últimas décadas.
–¿Cómo afecta la crisis al liderazgo o la importancia que tiene Brasil en la región?
–Brasil hoy se constituye como la plataforma del capitalismo en América latina, claro que no como se daba en los años ’90. El capital que está en Brasil negocia con Estados Unidos y Europa y pretende seguir siendo esa plataforma. Ahora, si va a seguir fortaleciéndose o no, no lo tengo claro. Aunque tengo la impresión de que desde el punto de vista económico se puede fortalecer más Brasil que los demás países.
–¿Por qué?
–Por la estructura productiva que tiene, por el mercado interno que tiene, por las reservas que tiene, aunque no conozco en profundidad la situación de los demás países. Tal vez, Brasil esté más preparado para enfrentar la crisis y se pueda fortalecer más. En ese sentido, tiene más condiciones para negociar con Estados Unidos por su estructura productiva, por la fuerza de su burguesía y porque, como contrapartida, el movimiento popular es débil.
–En la dinámica y la estrategia en el terreno de las relaciones internacionales Brasil apostó a ser una potencia.
–Pero no porque sea bonito, sino porque tiene más fuerza económica, desde todo punto de vista, que los demás países de Sudamérica.
–¿Cree que con esta crisis se cierra un modelo de acumulación y se abre otro?
–Esta crisis es el final de la etapa especulativa del capitalismo. Si logra reconstituirse, que es lo más probable, será sobre la base de un modelo totalmente distinto, donde la especulación se va a reducir sensiblemente tanto como el capital ficticio. Es una nueva etapa: es la crisis de la etapa especulativa del capitalismo. Pero la transformación será muy costosa, con mayor explotación de las masas, no sólo de América latina sino del mundo entero. Es por eso que se abre un período de contestación por parte de los sectores populares, porque no es una crisis menor, es una crisis de destrucción de la etapa especulativa y el capitalismo que viene será diferente.





Consecuencias de la salida pactada

LA CRISIS GLOBAL, ÚNICA “OPOSICIÓN” A EVO

Rebelión de España (www.rebelion.org)

Las nubes que anunciaban las peores tempestades, que suelen hipnotizar a analistas de dentro y de fuera de una Bolivia (casi) siempre convulsionada, fueron disipadas por un acuerdo político sorpresivo, no tanto en el fondo como en la forma: los interlocutores no fueron, como podía esperarse, los prefectos autonomistas –que mantuvieron posiciones intransigentes que bloquearon las negociaciones–, sino la debilitada bancada parlamentaria de Podemos que, pese a su desprestigio generalizado y sus fracturas internas, mantiene un importante peso institucional. Otra vez, los intereses “particulares” de la fuerza heredera de ADN jugaron –involuntaria pero efectivamente– a favor de la consolidación del gobierno de Evo Morales: si tras el referéndum del 10 de agosto el apoyo a Evo se expandió territorialmente a lo largo y ancho del país (quedando en el olvido los “análisis” sobre la pérdida de las clases medias y de la “media luna ampliada”), con el acuerdo político del 21 de octubre el gobierno pasa a concentrar toda la iniciativa y deja en evidencia la carencia de estrategia –y de fuerza– de la oposición regionalista, sin métodos de lucha, pericia política ni apoyos externos para mellar un liderazgo blindado en la zona andina con el 80% de los votos en el referéndum revocatorio y con un piso de más del 40% en las zonas más hostiles del país.
Desde ahora y hasta el 25 de enero, todo el aparato masista y gubernamental se ha dado a la tarea de subir ese piso electoral en el oriente del país de cara a “llegar al 90%” de aprobación para el nuevo texto constitucional. Y generar una inercia electoral para el futuro.
Desbande
En el actual desbande de la oposición se conjugan múltiples elementos. En primer lugar, una subestimación del liderazgo presidencial –que expresa a un verdadero movimiento nacional equivalente al del ’52, incrustado en la Bolivia profunda siempre invisible para la clases acomodadas– incluso en las regiones autonomistas donde la intensidad del ciclo de luchas 2000-2005 fue mucho más débil que en el occidente, e incluso inexistente. En segundo lugar, la falta de experiencia política de la dirigencia cívica-prefectural –cuyos devaneos intentaron, sin suerte, ser reconducidos por el más “político” Mario Cossío– que rifó la ratificación de los cuatro prefectos en una violenta y desesperada toma de instituciones, masacre de pando de por medio, que como casi todos los putch, de izquierda o de derecha, terminan condenados al fracaso (1). Y en tercer lugar, el factor regional: Unasur y los países vecinos jugaron fuerte en favor de la estabilidad institucional y restaron legitimidad a la “causa” autonomista en sus versiones radicales. Nuevamente, queda claro que Bolivia se gobierna desde La Paz : de allí salen los recursos que sostienen los tesoros regionales, allí (y en todo el occidente) se concentra la mayoría del padrón electoral y también allí existe una visión nacional (lo que no implica necesariamente capacidad para “entender” al oriente) que la media luna fue incapaz de construir.
Esta crisis de la derecha ha profundizado, al mismo tiempo, las acusaciones cruzadas entre cívicos, prefectos y podemistas, y ha acelerado la pelea por la sucesión de Rubén Costas. Una parte de la oposición (Samuel Doria Medina, sectores cívicos de Tarija y probablemente Carlos Mesa) votará sí al texto constitucional mientras que quienes decidan hacerlo negativamente quedarán en la incómoda situación de rechazar una Constitución que legaliza las autonomías y apoyar, por defecto, una carta magna (la actual) ferozmente unitaria. A tal punto llegó la desmoralización conservadora que ahora sus líderes esperan que la crisis global logre, finalmente, un efecto devastador sobre la gestión de morales, que sus estrategias erráticas no sólo no desestabilizaron sino que ayudaron a consolidar (2).
Los intentos por reconstruir una derecha desde las cenizas de los actuales líderes del civismo cruceño, como Branko Marinkovic, conllevan el peligro de recibir una respuesta negativa de sus propias bases, provocando un mayor aislamiento social y/o una radicalización sin rumbo claro. La aparición de nuevos liderazgos en la derecha regional, especialmente la cruceña, llevará un tiempo, el necesario para buscar nuevos rostros no “quemados” y especialmente nuevas banderas bajo las cuales resguardarse y concebir un programa político que pueda ser presentado como alternativa futura, a medio o largo plazo, al evismo y sus efectivos estandartes nacionalistas de izquierda con rostro indígena que ha logrado, de la manera más inesperada, erigir una nueva hegemonía nacional-popular, que quizás no es la soñada por todas las eclécticas bases del oficialismo. Pero es la que hay.
El fracaso de la Constituyente
Con todo, no provienen de la derecha todas las víctimas del acuerdo político. El recuento de daños es más amplio. El triunfo de la “salida pactada” por encima de la vía “revolucionaria” a la que la intransigencia de los prefectos estaba potenciando –como se pudo ver con la detención de Leopoldo Fernández– se llevó puestas las ilusiones de la “nueva izquierda” acerca de la refundación del país por la vía de una Asamblea Constituyente que iba a ser la puesta en acto del poder de la multitud, materializada en una pluralidad de “movimientos sociales”.
Desde el principio –y pese a sus títulos de órgano plenipotenciario y “originario”– quedó claro que la Constituyente careció de poder real no sólo para redactar el nuevo texto constitucional sin (excesivas) interferencias, sino para articular acuerdos políticos que permitieran construir una mayoría con sectores moderados de la oposición y aislar a la derecha dura que apostaba al boicot (3). A diferencia de Colombia o Ecuador, el cónclave no quiso –o no pudo– asumir temporalmente las funciones del actual Congreso. Entrampada en debates formales (como los dos tercios, que consumieron varios meses) tampoco pudo –o quiso– generar un verdadero debate nacional más allá de ciertas élites sindicales, ONG y dirigentes políticos. Y terminó por quedar entrampada en la demanda de capitalidad plena de Sucre, un reclamo sacado de la galera y apoyado de manera oportunista por la “media luna” para embarrar la cancha e impedir que la convención lograra sus cometidos. Para los constituyentes que tampoco pudieron –o quisieron– defender la autonomía de la Asamblea ya es tarde para quejarse –con razón– por el manoseo del texto de Oruro por el poder más desprestigiado del Estado. Uno más, en todo caso.
Tampoco valen ahora las quejas de los “radicales” alteños: durante los dos años de sesiones, esta ciudad que cuando se moviliza es imparable, sólo salió a la calle para gritar, corporativamente, que “la sede no se mueve”, pero en ningún momento hubo manifestaciones importantes en defensa de la Asamblea o contra la desestabilización de la derecha regionalista.
La retórica de la teórica y prácticamente inconsistente “izquierda de la izquierda” opuesta al “cambio de más de 100 artículos” no resistió los primeros embates de la previsible campaña militante y mediática del oficialismo para el cierre de filas en “defensa del proceso de cambio” y su wawa orgullosa: la nueva Constitución Política del Estado. Concebida como un horizonte de resistencia en medio de una hegemonía neoliberal que condenaba a los disidentes a arar en el desierto, la Constituyente fue víctima de los propios éxitos del movimiento popular: los tiempos se aceleraron y los constituyentes quedaron frente a la incómoda tarea de pensar un país sin insumos –ni teóricos ni materiales– para hacerlo, y la expectativa de que del teatro Gran Mariscal emergiera una nueva generación de cuadros logró muy parcialmente sus objetivos.
Pese al wishful thinking (4) de muchos intelectuales “antisistémicos”, Evo Morales actuó, en la negociación congresal, como lo que siempre fue: un político popular con fuertes dosis de realismo y reacio a proyectos de toma revolucionaria del poder (si es que esa formulación tiene hoy algún sentido). En 2003, en 2005 y ahora. Y con una compleja relación con los sindicatos que combina, no sin contradicciones, autonomía y verticalismo por parte de las dirigencias, sobre todo campesinas.
Por otra parte: ¿hubiera sido deseable –y sostenible en el tiempo– un fujimorazo de izquierda que cerrara el Congreso y forzara el referéndum constitucional de manera bonapartista; es decir sostenido en el apoyo de la calle pero sobre todo de las FF.AA.? Porque eso iba a ser, y no la revolución india y antioccidental que los indigenistas pachamámicos –muchos de ellos mestizos clasemedieros– imaginan.
Pese a las concesiones, la nueva Carta Magna tiene todo lo que Evo Morales necesita para construir su proyecto de poder: reelección, mayores espacios para la intervención del Estado en la economía y ciertos insumos para una descolonización entendida como igualdad.
Nuevos desafíos
Pero la consolidación del “proceso de cambio” quizás tenga otra consecuencia auspiciosa: que sin el fantasma de la conspiración de la derecha –como una sombra en la nuca– se vaya relajando el estado de alerta y consigan surgir críticas constructivas tan necesarias como ausentes en las filas del gobierno (y una izquierda renovada, si es que existe una izquierda en Bolivia). Con el cielo más sereno, empieza una etapa posiblemente más difícil que la anterior (sin los enemigos que al tiempo que amenazan tensan y cohesionan a la propia base): transformar las aspiraciones de cambio –dibujadas en el proyecto de nueva Constitución– en políticas públicas que comiencen a cambiar las condiciones de vida de la mayoría de los bolivianos. Salud, educación, vivienda, nuevas exploraciones y explotaciones de gas, desarrollo rural necesitan para llevarse a la práctica instituciones fuertes y eficientes, que nos alejen del eterno drama nacional: imaginar estatismos sin Estado que acaban sumergidos en esa combinación letal de corrupción patrimonialista e inoperancia burocrática tan familiar a los latinoamericanos.
Todo eso en un nuevo contexto: el mundo ya no es el benéfico receptor de nuestras materias primas a precio de oro, sino un mar de temores sobre el futuro, oscurecido por una crisis por ahora sin luz al final del túnel. Y, con el “enemigo” en retirada, al menos por el momento, las demandas postergadas pueden ir tomando forma en nuevos desafíos a un poder que, hasta ahora, los sectores populares perciben como propio.





La lucha de clases en Bolivia adquiere las formas de una confrontación agraria

TIERRA, ÉLITES, PUEBLOS ORIGINARIOS: UN ESTUDIO A FONDO

Rebelión de España (www.rebelion.org)

El enfrentamiento de clases en Bolivia tiene varios componentes, pero el central de todos ellos es la lucha por la tierra. Por esta razón el conjunto de las contradicciones restantes (autonomías, regalías por hidrocarburos, racismo, etcétera), sin dejar de tener un peso importante en el conflicto actual, adquieren el rol de contradicciones secundarias. En tanto el imperialismo, viejo socio de las élites de la Media Luna intenta, a través de éstas, voltear al gobierno popular.
Tras varios meses de agudo enfrentamiento político, entre el gobierno boliviano y la derecha de la media luna, finalmente, el Congreso aprobó la convocatoria al referéndum constituyente para el 25 de enero de 2009. Sin embargo subsisten las contradicciones y algunos de los sectores sociales aliados al gobierno se oponen a las reformas consensuadas entre el 3 y 20 de octubre. Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó, el 20 octubre al promulgar la ley de convocatoria al referéndum constituyente: "este proceso de cambio no tiene retorno", y además le dijo al pueblo: "que jamás Evo va a mentir o engañar, saben que cuando no puedo hacer lo digo con sinceridad, cuando puedo atender demandas les digo 'vamos'".
El camino estuvo sembrado de profundas dificultades y luchas, cuyo punto más dramático fue el asesinato de 18 campesinos y estudiantes perpetrado el 11 de septiembre, por una banda de sicarios a las órdenes del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. En la noche de ese trágico día el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que ya había denunciado como parte del plan desestabilizador, para darle a continuación dos días para abandonar Bolivia. Con ese acto los prefectos de la Media Luna perdieron a un aliado experto en balcananización y la larga mano de la CIA y el Departamento de Estado recibió una herida de consideración.
Algunos días más tarde quienes hicieron sus valijas y se retiraron del país del altiplano fueron algunos agentes de la DEA. De esta manera en menos de un mes Washington sumó varios reveses políticos, que los medios de comunicación de derecha de toda América Latina calificaron negativamente. LA NACIÓN de Argentina expresa en un artículo del 16 septiembre: "¿Por qué expulsó, entonces, Morales al embajador si, al parecer, no existía tal conspiración? Las versiones son variadas, e incluyen el timing político, su alineamiento con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el narcotráfico".
Pese a la campaña mediática de la derecha, las pruebas de la injerencia de la DEA en la política interna de Bolivia siguieron aumentando y el 1º de noviembre, el presidente Morales congeló las relaciones con la agencia antinarcóticos estadounidense: "Quiero comunicarles -es una decisión personal- a los comandantes de las fuerzas armadas, de la policía nacional, como también a los ministros y embajadores, que a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana", dijo en Chimoré, localidad cocalera de Cochabamba. En el mismo discurso no sólo denunció la acción desestabilizadora de la Drug Enforecement Agency, también dio datos sobre vuelos clandestinos, transporte de bultos no identificados ni declarados, casas de espionaje, etc. "Existieron agentes de la DEA que realizaron espionaje político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir del presidente", dijo Morales. Y denunció que "esas actividades han sido permanentes. Hasta ahora se han detectado al menos siete casas llamadas ‘de seguridad', cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas que hacen en el territorio nacional".
La acción desestabilizadora imperialista comenzó a partir del momento en que Evo Morales fue elegido presidente y uno de los organismos imperialista que más ha trabajado para desestabilizar al gobierno es la Agencia de Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que apoyando a ONGs fantasmas subvenciona y apoya a la oligarquía boliviana.
Sin embargo el conflicto entre el gobierno del MAS y las élites de Oriente, al mismo tiempo que expresa el choque entre un pueblo soberano y el imperialismo es algo más. En el centro de la contradicción se encuentra el intento, que hasta ahora marcha a paso lento, de Reforma Agraria impulsada por el oficialismo para eliminar el latifundio y diversificar la producción agropecuaria de Bolivia. Los terratenientes de la Media Luna, verdaderos "barones" feudales, enriquecidos con las exportaciones de soja, la especulación inmobiliaria, y su asociación con las transnacionales petroleras, no están dispuestos a que se les ponga coto a sus astronómicas ganancias.
Reforma agraria de 1953 y el origen de la oligarquía de Oriente
En 1952 se produce en Bolivia la histórica revolución liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En los primeros años el pueblo insurrecto desbordó la propuesta programática del MNR; los mineros, que tuvieron un papel descollante, expulsaron a los barones del estaño, impulsaron la nacionalización de las minas y la creación COMIBOL. Por su parte las masas indígenas y campesinas tras años de exclusión, pobreza y mal trato imponían la reforma agraria que fue una de las más drásticas de América Latina. Así, casi 50 años más tarde, los indígenas del altiplano boliviano transitaban por un camino similar al que recorrieron las masas campesinas mexicanas lideradas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los indígenas de Cochabamba y del altiplano tomaron la justicia por sus manos, invadieron haciendas, ocuparon tierras y en un solo acto acabaron en Occidente con el régimen de haciendas (el cacicazgo) y el pongueo (trabajo gratuito indígena en las haciendas).
Al desterrar la estructura de las haciendas, la Reforma del ´53 permitió volver al régimen de comunidades o ayllus. Sin embargo el Estado se desentendió de ellas y durante casi medio siglo las comunidades se autogobernaron en medio del territorio rural, pero abandonadas, prácticamente sin ningún tipo de acompañamiento público y sin inversión estatal significativa. Esta Reforma Agraria inconclusa, no proveyó a las comunidades campesinas-indígenas -las legítimas dueñas de sus territorios- los medios de producción para desarrollar una producción agropecuaria moderna y competitiva. La consecuencia fue su empobrecimiento y el mantenimiento, con muchísimas dificultades, de una mínima economía de subsistencia, asentada en el minifundio. De allí que en Bolivia, ser campesino se transformó en ser pobre y excluido. Paralelamente, durante todo este tiempo debieron enfrentar el avance de las mineras, de las transnacionales, de las empresas privadas, de los terratenientes.
En las comunidades del altiplano de Bolivia persisten dos "formas" organizativas: la Comunidad o Ayllu originario y el Sindicato Agrario. Hoy, cuando se habla de la comunidad se remite a estas dos formas organizativas. El ayllu es la forma de organización sociopolítica más antigua, es la base de la existencia de las comunidades de hoy. Históricamente la comunidad indígena pasa del ayllu a la hacienda y esa situación se mantiene entre finales siglo XIX hasta 1953; a partir de ese año pasan de la hacienda al sindicato agrario y más tarde del sindicato agrario a la comunidad. La conformación de los sindicatos agrarios fue realizada copiando las formas sindicales de los mineros agrupados en la COMIBOL que surgió como un actor político determinante con la Revolución Nacional de 1952. En muchos casos, se dio una combinación entre las formas comunitarias y las sindicales dando lugar a los sindicatos campesinos, que han desarrollado un papel importante en todo el proceso que llevó al MAS al gobierno.
Entre las medidas progresivas de la revolución del ´52, se encuentra la creación y el desarrollo de YPFB a partir del excedente generado por las minas de COMIBOL. YPFB, concebida a partir del modelo de YPF de Argentina realizó sus trabajos de exploración y explotación en Santa Cruz y Tarija especialmente. Como hemos visto, el MNR, no tenía como fin la restauración de los derechos indígenas, su política perseguía terminar con el régimen feudal de la hacienda porque era identificado como un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura y para el desarrollo de un sistema de trabajo de salario libre. Es decir: el propósito de la política agrarista del MNR fue crear una burguesía agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia que pudiera abastecer el mercado interno primero y luego exportar, y así, diversificar la economía del enclave minero. Está política de apoyo estatal a la empresa privada, estaba en consonancia con el financiamiento que Estados Unidos dio a la revolución desde 1956 y el modelo desarrollista que se consolidaba en el tercer mundo. A estos años se remonta el maridaje entre el imperialismo yanqui y la oligarquía cruceña. De esta manera la revolución del ´52 sentó las bases del latifundio y de las empresas agroexportadoras en Oriente, la zona más rica de Bolivia.
Los recursos naturales en el Neoliberalismo
A partir de 1985, luego de las sangrientas dictaduras narcofascistas llegan las "reformas estructurales" impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. Ya a partir del gobierno dictatorial de Banzer, en 1971, las regiones de Santa Cruz y Tarija comienzan a cobrar mayor auge económico, pero con la introducción del neoliberalismo en el ´85 y el desguace de las empresas estatales, las burguesías de la Media Luna ven como su poder político y económico se dispara hacia las nubes.
Tras la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las minas más importantes fueron privatizadas y adquiridas por empresas multinacionales; otras fueron cerradas. A los llamados cooperativistas mineros se les entregaron sectores marginales de la minería, que tras el auge del valor de los metales les permitió transformarse en una suerte de pequeña burguesía minera. En tanto, los ricos yacimientos petrolíferos de los departamentos de Oriente -Santa Cruz y Tarija- eran entregados a las multinacionales del área como Petrobras, Repsol-YPF, British Petroleun, PanAmerican, entre otras, que hicieron un negocio multimillonario. Al mismo tiempo esto permitió que la oligarquía oriental incrementara sus fuertes vínculos con las transnacionales petroleras y gasíferas. En 2004 del detonante que hizo estallar la llamada Guerra del Gas fue el Proyecto Pacific LNG, mediante el que se pretendía construir un gasoducto que llegara hasta el Pacífico chileno, para exportar gas a California. Esa iniciativa contaba entre sus principales impulsores al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el actual senador por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, que pertenece a PODEMOS el partido político de Jorge Quiroga. El proyecto, que procuraba exportar el gas en condiciones "africanas", fracasó por la amplia rebelión de masas que culminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que debió exiliarse en los EEUU.
Tras la asunción de Evo Morales a la presidencia, se estatizaron el 51% de las ganancias de las petroleras y se declaró propiedad del pueblo boliviano a todas las reservas hidrocarburíferas. Estas medidas fueron un paso trascendente, ya que durante la etapa neoliberal de esas ganancias no quedaba prácticamente nada para el Estado boliviano y las petroleras eran dueñas de los hidrocarburos y de las reservas. Al mismo tiempo que se nacionalizaron varios campos petroleros y comenzó un proceso para la refundación de YPFB. Sin embargo esta política dista de estar acabada y todavía hay numerosas críticas hacia el gobierno de sectores que impulsan la estatización total de la explotación y comercialización de los hidrocarburos.
En tanto, la Nueva Constitución Política del Estado que deberá ratificarse en el próximo referéndum afirma taxativamente en su artículo 349: "Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo[...]".Y el artículo 352 dice: "La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. En tanto el artículo 359 afirma: "Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado".
Concentración de la tierra
Cuando en Bolivia se alude a concentración de la tierra en pocas manos no es una metáfora, ya que el 91 % de las tierras cultivables de Bolivia son de propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que, los grandes propietarios de tierras, que son el 5 % de la población son dueños del 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras.
La aplicación de las recetas neoliberales impulsadas por el imperialismo, se tradujeron políticas agrarias que el Banco Mundial denominaba como "reformas agrarias asistidas por el mercado" y que dieron lugar a la constitución de gigantescos latifundios en los llanos amazónicos de Bolivia en manos de corporaciones transnacionales, inversionistas de países vecinos -fundamentalmente brasileños- y poderosos grupos de poder local: "los barones del oriente".
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que este centenar de familias controlan 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otros cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
En Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas. Durante los gobiernos militares de Hugo Banzer 1971 - 1978 y de García Mesa 1980- 81 en la región del Oriente, el Chaco y la Amazonía, empleados del gobierno permitían muchas transferencias de tierras ilegales a facciones políticas ligadas al poder. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria acabó legalizando muchas de estas propiedades. En 1992 la masiva corrupción en la distribución y saneamiento de tierras salió a la luz y llevó al gobierno de Jaime Paz (1989- 1993) a cerrar el CNRA y crear una comisión para poner fin al caos en la administración de tierras. Posteriormente Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su primera presidencia (1993 - 1997) firmó un acuerdo con el Banco Mundial para impulsar un programa de administración de tierras. El resultado fue la llamada Ley INRA de 1996 que es vista por algunos como parte de un conjunto más amplio de leyes que fueron sancionadas en América Latina en ese momento, con el fin de alentar el mercado de tierras. En los nueve años posteriores, hasta el ascenso a la presidencia de Evo Morales, se intentó vanamente llevar adelante lo que hasta ahora se denomina "saneamiento" de tierras. La propuesta central del saneamiento de tierras es establecer el cumplimiento de la Función Económica y Social - FES - y la legalidad de la adjudicación o adquisición de títulos de propiedad dentro de un límite de 10 años a partir de 1996. En la letra de la ley el Estado quedaba habilitado para recuperar la propiedad y la tierra queda disponible para redistribuirse entre aquellos que la necesiten, cuando las empresas agrícolas grandes no cumplieran esos requisitos.
El Banco Mundial y las oligarquías sellan la alianza sojera
A partir de mediados de la década del ´80 el Banco Mundial, promovió, planificó, financió y creó las condiciones de infraestructura para el desarrollo del cultivo de la soja y los agroderivados en Santa Cruz. En este Departamento el cultivo de la oleaginosa comenzó de cero hasta lograr la espectacular cifra de aproximadamente un millón de hectáreas por año. A esto se sumó la cadena agroindustrial de aceites, alimentos balanceados y las exportaciones. La soja y sus derivados son exportados a través de puertos en el Océano Pacífico a más de 2.000 kilómetros de distancia o por la vía fluvial hasta el Río de la Plata en el Atlántico. Este modelo agro-exportador sólo se ha podido sostener gracias a los subsidios estatales a los combustibles, la expansión de la frontera agrícola con la consecuente e indiscriminada tala de bosques húmedos tropicales, y en la existencia del latifundio. La concentración de tierras y los negocios agroindustriales dio pie para el afianzamiento de la élite de la burguesía de la Media Luna, que está constituida por un centenar de familias, conectadas con capitales multinacionales. Estos clanes ejercen el control y el dominio sobre el conjunto de la actividad agropecuaria, la industria, la explotación de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación; y se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia estableciendo gigantescos latifundios en las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Como ejemplo se puede citar a Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y su familia junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soja y girasol. Además poseen casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico. En tanto un tercio de la producción y exportación de soja y oleaginosas es controlada por empresarios brasileños, varios de los cuales arriendan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras la controlan empresarios argentinos, rusos y pequeños productores menonitas canadienses y japoneses. Como se señala más arriba, es el Estado quien ha subvencionado hasta ahora los combustibles y logrado convenios internacionales a través de la Comunidad Andina de Naciones para vender la soja a precios competitivos.
Pero además los ingresos de la oligarquía oriental se acrecientan porque controlan todo el aparato burocrático de los Estados departamentales (prefecturas, poder judicial, cortes departamentales electorales, universidades públicas) y del nacional, cuando formaban parte de él, durante los gobiernos militares y neoliberales. Esto les ha permitido evadir impuestos y especular con el alza de los valores inmobiliarios de la tierra. Como ejemplo se puede señalar que estos sectores han accedido a créditos que nunca devolvieron, tal como ocurrió -entre otros- con los 500 millones de dólares del Banco Agrícola, que eran el ahorro de todos los bolivianos pero no sirvieron para invertir en Potosí, Oruro o Cochabamba, sino exclusivamente en el agro cruceño. Por otra parte un informe del Banco Mundial, léase bien, el mismo ente que los prohijó, señala que las reducciones de impuestos sobre la propiedad de empresas rurales que fueron introducidas por el Presidente Bánzer en 1998, promovió la falta de incentivo para la distribución y el uso racional de la tierra. Y aunque la Ley INRA de 1996 introdujo un impuesto sobre el valor de mercado de la tierra para propiedades medianas y grandes, los terratenientes presionaron para cambiarlo y este impuesto se redujo hasta el límite en el que ahora pocos, si hubiera alguno, paga algún gravamen significativo sobre la tierra. Aunque la agroexportación es el rubro más moderno de las oligarquías, existe un amplio sector de ganaderos medianos y grandes que buscan la defensa de la hacienda, y los indígenas sometidos a ella, para mantener su fuente de acumulación. Esta situación se da en numerosas haciendas de Oriente, pero la zona ganadera por excelencia son los estados de Beni y Pando.
Servidumbre en Oriente
En este marco de expansión de la frontera agrícola y ganadera, los latifundistas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz mantienen indígenas "cautivos" sometidos a régimen de "servidumbre". En marzo 2008, comisiones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), llegaron a Alto Parapeti, para verificar la Función Económica y Social de las haciendas de más de 500 hectáreas. En la región, encontraron que numerosas familias guaraníes se encontraban en estado de semi esclavitud como lo había denunciando la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Los "barones" del Oriente han establecido, en el caso del Chaco boliviano, una relación de patrón-siervo, que toma la forma del pongueaje; es decir la servidumbre al estilo de las viejas haciendas pre-revolución del ´52, se mantiene en estos Estados bolivianos. Ante las denuncias del INRA, se levantaron voces de protesta de diversos círculos del poder de la Media Luna, entre ellos el cardenal Julio Terrazas de Santa Cruz; sin embargo ha quedado demostrado que numerosas familias guaraníes viven en las haciendas y trabajan en forma gratuita para los terratenientes, a menudo pagando viejas deudas familiares que se pierden en el tiempo. Los ganaderos de la provincia Cordillera, a cuyo frente se encuentra el estadounidense Ronald Larsen, realizaron el 8 de marzo, un acuerdo con la elite político empresarial cruceña en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de "sus territorios", evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes. En esa reunión además de los ganaderos participaron, miembros de primer nivel del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz. El 27 de febrero de 2008, grupos de choque de los ganaderos cerraron las oficinas del INRA en Camiri y echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros, fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito" cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el saneamiento.
El 4 de abril, el Viceministro fue agredido nuevamente en el mismo lugar. El 10 de abril, una caravana de vehículos de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz transportó a una turba de la Juventud Cruceñista hasta el Hotel JR de Camiri, donde se alojaba la comisión gubernamental. Estas acciones preanunciaban la masacre de Pando.
El gobierno del MAS y la Reforma Agraria
La propuesta de Reforma Agraria no es un aspecto aislado dentro de la política general del gobierno; por el contrario es una demanda de los sectores indígenas y campesinos y forma parte de un proceso histórico de cambios políticos, sociales y económicos que impulsa el gobierno. En ese marco, el modelo agrícola que promueve el MAS se asienta en el papel protagónico de las comunidades o ayllus, por sobre el de las grandes haciendas de terratenientes privados. Por esta razón es que se impulsa la diversificación productiva y la política agropecuaria se orienta a satisfacer la demanda nacional de productos alimenticios, en primer lugar, para exportar luego los excedentes. Esta actitud se opone a la creciente exigencia de los mercados internacionales --con precios cada vez más elevados-- para producir soja y caña de azúcar con destino a la producción de los agro combustibles; esto a su vez determina el alza del precio de la tierra en el oriente y alienta la especulación inmobiliaria en la región. A mediados de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales anunció su decisión de revertir los latifundios improductivos del oriente y entregar gratuitamente tierras colectivas exclusivamente a campesinos e indígenas que no las poseyeran. El lanzamiento de esta Segunda Reforma Agraria se hizo en el marco de la Ley INRA con modificaciones en aspectos básicos, referidos principalmente a la capacidad del Estado para recuperar tierras ociosas (latifundios) que no están cumpliendo la Función Económica Social (FES). El 3 de junio el Presidente anunció el inicio de la Reforma Agraria mediante siete Decretos Supremos en los que se disponía que todas las tierras fiscales del país serían entregadas en forma colectiva exclusivamente a indígenas y campesinos; al mismo tiempo se establecía el saneamiento de tierras como prioridad nacional. El 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley Nº 3545 de "RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA" --modificatoria de la Ley INRA-- que fue concebida como transitoria hasta que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE definiera el marco constitucional para el tratamiento del tema tierra. Esta nueva ordenanza legal establece que las familias o empresas privadas, nacionales o extranjeras ya no recibirán del Estado en forma gratuita ni onerosa, ni un metro cuadrado de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de las dotaciones de tierra o territorio las comunidades o pueblos indígenas pero exclusivamente en propiedad colectiva. Esta decisión del gobierno central, de otorgar títulos de propiedad a los pueblos indígenas del oriente no solo entró en conflicto con las medianas y grandes haciendas sino también con indígenas del occidente que emigraron al oriente en busca de tierras y no las encontraban. En el caso de estos últimos, como veremos más adelante la Nueva Constitución, tiene en cuenta que en Oriente se pueden considerar Territorios Comunitarios de Origen para aymaras y quechuas, que hayan emigrado del altiplano y que estén dispuestos a acceder en forma comunitaria a la tierra. A diferencia del ´53 ahora no se trataba sanear las haciendas feudales en el altiplano y valles sino los nuevos latifundios en las tierras bajas. Cuando los funcionarios del INRA comenzaron su trabajo se encontraron que las extensas tierras del oriente habían sido acaparadas por unas minorías y que no quedaban tierras disponibles. Incluso aquellas donde se encuentran asentadas las comunidades de los pueblos indígenas del oriente tenían nuevos dueños, a menudo con títulos fraguados dada su relación con las autoridades de los Estados orientales.
Uno de los puntos más contradictorios de la ley INRA, es que reconoce legal la propiedad de hasta 50 mil hectáreas, pero además no existe ni la definición ni la condena al latifundio. Por esa razón la Nueva Constitución del Estado, ha propuesto que las propiedades tengan como máximo 5 mil ó 10 mil hectáreas. Uno de los referéndum que se realizarán el 25 de enero de 2009, será para dirimir entre ambas propuestas. En tanto, pasados poco más de dos años del inicio de la Reforma Agraria lo cierto es que esta se encuentra estancada. A pesar de ello el gobierno del MAS está desarrollando una política tendiente a afectar la base material que sustenta el poder político de las oligarquías agroindustriales del oriente, mediante el progresivo debilitamiento del monocultivo de la soja. De esta manera, los grupos agroindustriales del departamento de Santa Cruz, antes privilegiados por políticas públicas de apoyo y subsidios están viendo como progresivamente se les retiran estos beneficios. Por otra parte, ha concluido el periodo de 10 años de preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la soja boliviana. A pesar del notable incremento del precio internacional de la oleaginosa, dado que los "sojeros" bolivianos deben competir con los productores brasileños, argentinos o norteamericanos a lo que se suma los altos costos del flete de transporte en Bolivia, es previsible que el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soja y oleaginosas (1 millón de hectáreas el año 2008) tienda a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía en la región oriental. A pesar de las medidas enunciadas y aunque la voluntad política del gobierno de Evo Morales es clara, la iniciativa de la Reforma Agraria sólo se está intentando llevar adelante en el Oriente y marcha mucho más lentamente que lo que se esperaba. Atrincherados en sus prefecturas, y enarbolando la bandera autonomista, los latifundistas han logrado detener en muchas zonas la aplicación la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. A dos años del lanzamiento se percibe que los terratenientes que han logrado nuclear a productores del oriente desde una ideología étnica-regionalista anti-colla y anti-indígena. La aplicación de la Nueva Constitución del Estado, implicará la muerte del latifundio, de allí la oposición a ella por parte de las élites y su defensa de los Estatutos Autonómicos.
Los estatutos autonómicos defienden el latifundio
La contraofensiva oligárquica al saneamiento de tierras se plasmó, en el terreno jurídico-constitucional, en los Estatutos Autonómicos. Formalmente el artículo 104 del ESTATUTO AUTONÓMICO DE SANTA CRUZ afirma que "El latifundio, entendido como grandes extensiones de tierras improductivas, no está reconocido por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se lo persigue y sanciona por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económica social", sin embargo otros artículos contradicen a este. El Estatuto confiere al Gobierno Departamental, en verdad a su Gobernador, la potestad de definir sobre "la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento" y en la práctica elimina la figura de la reversión del latifundio (expropiación sin indemnización) vigente en la actual CPE y en la propuesta de NCPE. Al mismo tiempo crea un Consejo Agrario Departamental (CAD) cuyos miembros serán acreditados por el Gobernador y un Instituto Departamental de Tierras (IDT), para el saneamiento de las tierras, cuya máxima autoridad será designada por el Gobernador de una terna propuesta por el CAD.
Además establece que será el Gobernador quien firmará todos los títulos de propiedad de las tierras del Departamento de Santa Cruz, en lugar del Presidente de la República. También, entre otros puntos, el Estatuto establece que el Departamento de Santa Cruz elaborará y aprobará su propia ley de tierras. En síntesis, el gobernador tendrá un poder prácticamente absoluto para resolver en el tema de tierras. Poder que inclusive estará por sobre el del presidente de la república. Al tiempo que niega el derecho a la tierra a sectores importantes de campesinos indígenas ya que sólo se reconoce a los pueblos indígenas oriundos del departamento el derecho a las Tierras Comunitarias de Origen, excluyendo así a la población migrante Quechua y Aymara, que constituye la mayoría indígena y campesina del departamento de Santa Cruz (los Quechuas y Aymaras son el 56 % del total de indígenas del departamento de Santa Cruz).
Referéndum revocatorio: las élites acusan el golpe
En el marco de la aguda lucha de clases y después que los Departamentos de la Media Luna realizaron sus referéndum -inconstitucionales- donde fueron aprobados los Estatutos Autonómicos, el presidente Morales promulgó la ley del Congreso que llamaba al referéndum revocatorio. Ese acto de singular valentía política, fue una respuesta inesperada para los prefectos fascistas y el imperialismo. En medio de rumores y acciones desestabilizadoras de todo tipo, de amenaza de los prefectos de no acatar el "revocatorio", de ataques de las bandas fascistas parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista, se llegó al domingo 10 de agosto. Ante el estupor de la oligarquía ese día, el 67,7 % de los bolivianos refrendó al presidente Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, en un acto que fue sin duda una victoria del pueblo. No terminó allí la victoria popular, la oposición derechista sufrió una considerable pérdida de su legitimidad en las regiones de la Media Luna y dos importantes aliados en el Altiplano, los prefectos de Cochabamba y La Paz, fueron revocados por el voto popular. Las oligarquías pasaron a enfrentar a partir de ese domingo a un gobierno apoyado por dos tercios de la población nacional y que mantenía todos sus prefectos. Durante meses, se anunció el apocalípsis y la casi inminente partición de Bolivia; inclusive se criticó la táctica gubernamental de llamar al referéndum del 10 de agosto, con el argumento de que el "electoral" es el terreno en el que mejor se mueve la burguesía. En el mes de mayo hubo una primer señal de que la derecha tenía problemas para encolumnar detrás de sí a una base de masas importante, cuando en los referéndum autonómicos, el abstencionismo y los votos por el NO igualaron o se acercaron en varios Departamentos a los votos por el SI. El 10 de agosto la subjetividad de la élite señorial boliviana fue duramente castigada, aunque aún no ha sido derrotada definitivamente y por eso es más peligrosa.
La investigadora Ximena Sorucco afirma: "La élite hoy grita que lo único que tiene --y que defenderá hasta la muerte-- es la tierra porque simboliza la hacienda, la relación con el indígena, el control político del poblado a látigo y pistola. También grita su odio al otro, al indio, porque no lo obedece más, porque ya no le tiene miedo; pero sobre todo porque no quiere ser como él, porque al no querer ser como él ha desquiciado su mundo, lo ha destruido" Y es que los "barones" latifundistas a pesar de "no entender" a esa masa humana que se le opone tenazmente, si comprendieron con claridad lo que cualquier ser humano se da cuenta sólo con proyectar los guarismos del 10 de agosto: en el próximo referéndum la NCPE elaborada por la Asamblea Constituyente sería aprobada. Esto implica lisa y llanamente la muerte del latifundio, y por eso las élites de Oriente huyeron hacia delante e impulsaron el golpe y la intentona de guerra civil que fue abortada por acción decidida la movilización de masas y del equipo gobernante. Sin embargo no se pudo evitar la masacre de Pando.
Pando, la enajenación oligárquica
La masacre de campesinos y estudiantes perpetrada el 11 de septiembre en El Porvenir a pocos km. de Cobija, capital del departamento de Pando, fue sin duda un acto de total enajenación de clase. Los prefectos de la Media Luna, Leopoldo Fernández entre ellos, no pueden concebir como se dice más arriba que "los collas" rompan la sumisión que se pretende de ellos. El punto culminante de la escalada que buscaba lanzar a Bolivia a la guerra civil fue la emboscada a un conjunto de pobladores y el asesinato, en ella, de los 18 campesinos, campesinas --entre los que encuentran niños-- y estudiantes que marchaban a Cobija a participar de un acto en apoyo al presidente. Además continúa existiendo la certeza, que hasta la actualidad hay varios desaparecidos, presumiblemente muertos en las aguas del río Tahuamana o perdidos en la selva. La escalada desestabilizadora, había comenzado tres semanas antes con la toma violenta de instituciones de la administración pública en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pasando por el cierre de válvulas de los gasoductos de Brasil y Argentina, y que bien pudo haber culminado con un enfrentamiento entre bolivianos de proporciones inimaginables. Sin duda ese era el objetivo buscado por la oligarquía para que los EEUU impusieran algún tipo de condicionamiento al gobierno nacional, a través de la OEA, o en su defecto terminaran reconociendo la "independencia" de la Media Luna. La respuesta del gobierno, fue contundente declarando el Estado de Sitio en Pando y enviando al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana que dirigió el 16 de septiembre, la captura del Prefecto pandino y no precisamente por la masacre de El Porvenir (donde Fernández actuó sin duda alguna al menos como directo autor intelectual, hecho que justamente deberá establecer la Fiscalía); si no por haber organizado actos y reuniones para atacar el gobierno central, en la ciudad de Cobija, en pleno Estado de Sitio que restringe ese tipo de actividades. Este hecho sumado a la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, el respaldo de UNASUR al gobierno boliviano, y la movilización de masas en apoyo al gobierno abortaron la escalada desestabilizadora y el intento de instaurar la guerra civil. Luego de instaurar el Estado de Sitio en Pando, Evo Morales convocó a la oposición a dialogar, y buscar una salida al enfrentamiento. En tanto los sindicatos agrarios y urbanos, junto a movimientos sociales marcharon sobre Santa Cruz para cercarla y exigir entre otros puntos a los participantes del diálogo "aprobar la convocatoria a Referéndum por la Nueva Constitución Política del Estado para la refundación de la Patria".
El periodista argentino Marcos Salgado que describió con singular belleza épica el cerco a Santa Cruz comienza su nota del 27 de septiembre, en el portal REBELIÓN diciendo: "¿Y cuándo carajo? ¡Ahora Carajo! Así culmina cada grito de los campesinos que marcharon hacia Santa Cruz y conjuraron, junto con otros movimientos sociales, un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, ratificado hace semanas por el 67 por ciento de la población en un inédito referéndum. Una vez más, ante la coyuntura más difícil, quedó claro que la legitimidad y a la vez la única garantía de éxito del proceso político boliviano es la capacidad de organización y movilización de los postergados. La marcha de los campesinos bolivianos triunfó, pero habrá otras batallas. Por ahora, el proceso de cambios en Bolivia logró algo muy importante: mostró los alcances concretos de su impresionante apoyo popular". Una de las consecuencias de esta crisis fue la fractura interna del bloque de los prefectos "autonomistas", que terminó de consumarse el 20 de octubre cuando además se dividió la bancada parlamentaria del principal partido derechista PODEMOS y ya no existe como agrupación política formal reconocida por la Corte Nacional Electoral. En tanto la derecha autonomista de tierras bajas desconoció a Jorge "Tuto" Quiroga como su representante en el Congreso. Cívicos autonomistas y sus grupos de choque como la Unión Juventud Cruceñista tienen menos apoyo popular y empresarial, y se han distanciado de las esferas políticas de las prefecturas, especialmente en Santa Cruz. En síntesis, en el corazón de la resistencia oligárquica hay una ruptura entre el Comité Cívico (cuyo líder es Branco Marinkovic) y la Prefectura (cuyo líder es el prefecto Rubén Costas), y entre los que continúan la lucha por principios y los que se fijan en sus intereses.
De Pando a Caracollo
"Para que (la Corte Nacional Electoral) no tenga pretextos, estamos enviando al Congreso Nacional hoy el proyecto para que la próxima semana pueda trabajar y aprobar esa ley", señaló Morales en un mensaje transmitido por televisión, el sábado 6 de septiembre, al enviar la propuesta de ley de convocatoria al referéndum constitucional y el dirimidor. La actual crisis boliviana y su resolución tiene variadas lecturas y propuestas. Desde aquellos que afirman que Evo Morales es un cretino como lo hizo James Petras en una entrevista con una radio uruguaya, en la semana en que la oligarquía se jugó a fondo. Allí Petras sostuvo que mientras la derecha era dueña de media Bolivia; el presidente boliviano se encontraba en el Altiplano "encastrado, impotente, incapaz de mantener el orden constitucional y la integridad del país. Mientras las masas populares empiezan a tomar su propia acción, independiente de este Presidente que hasta ahora sigue reclamando el diálogo [...]". "Ese es el cretinismo del Presidente frente a la abierta intervención norteamericana, al golpe de Estado que ya está ocurriendo, la toma de poder por parte de la ultraderecha" En tanto otros sectores críticos al presidente boliviano -como el portal econoticiasbolivia.org- concluyen que "Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias" [...] y que "Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica".
A su vez algunas voces del campo popular boliviano condenan "el fundamentalismo indigenista de la Nueva Constitución Política del Estado que otorgaría derechos exclusivos a los pueblos indígenas sobre la totalidad de los recursos naturales renovables en sus territorios indígenas" y la "innecesaria agresividad verbal del gobierno que ayudó a construir una respuesta de parte de quienes controlan comités cívicos, prefecturas, cooperativas de servicios y medios de comunicación". Además según estos sectores, "el MAS, en lugar fortalecer la alianza de indígenas y mestizos contra oligarcas, aisló a los indígenas al querer enfrentarlos con mestizos y agentes del imperialismo". Por su parte desde el gobierno la visión es distinta. En 2007 en Montreal (Canadá) el vicepresidente Álvaro García Linera afirmaba: "los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal". Dicho en otras palabras a partir de la asunción del MAS lo que ha sucedido en Bolivia es que se le quitó a las élites, que desde la independencia manejaron el país como un negocio propio, el manejo de lo político y ahora las masas populares se están apropiando del espacio democrático burgués". En el mismo el vicepresidente boliviano sostuvo "Dicen que ha llegado el momento en que este proceso de insurgencia indígena boliviana se ha gastado, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza para continuar avanzando, que la derecha se está endureciendo, se ha reorganizado, que los cambios están siendo frenados por el imperialismo, y que sería tiempo de pactar, de concertar, que sería el tiempo de la madurez, de la inteligencia para pactar" ... "Yo -dice Álvaro García Linera- afirmo tajantemente que vamos a dar un paso adelante y nosotros como gobierno no vamos a frenar este proceso, sino que vamos a facilitar la movilización de las masas y serán ellas las que digan hasta dónde ir, nosotros tenemos que seguir hasta donde las masas nos conduzcan, es nuestra obligación como intelectuales, como políticos y como ciudadanos acompañar a las masas hasta donde vayan, facilitar a los movimientos sociales a que den el ritmo del proceso y ojalá que los movimientos sociales nos rebasen"... Podríamos continuar trayendo citas hasta el infinito de cualquiera de los sectores citados. Sin embargo en los últimos días han sido las organizaciones de masas las que impugnaron en la práctica a los detractores del gobierno. Con el mismo olfato de clase que las llevó a votar masivamente por Evo Morales para la presidencia y a ratificarlo el 10 de agosto, ahora se movilizan cerrando filas junto al gobierno. Como afirma Álvaro García Linera, los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones.
La movilización por el referéndum constitucional
Días más tarde del cerco a Santa Cruz, el lunes 13 de octubre, la COORDINADORA NACIONAL PARA EL CAMBIO (Conalcam) convocó a varios miles de campesinos agrupados en torno a 95 organizaciones sociales y sindicales de todo el territorio nacional, para marchar hacia La Paz. La movilización contó en el inicio con la presencia del presidente Evo Morales y el objetivo era que el Congreso apruebe el llamado al referéndum constitucional. Sin embargo la presencia que mostró un cambio cualitativo, en esta histórica manifestación con respecto a otras, fue la presencia de la COB, con su secretario general Pedro Montes, que afirmó: "Desde la COB, les instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse el día lunes 13 a las 9.00 en Caracollo. Con todos nuestros estatutos vamos a castigar al primer indisciplinado" en obvia alusión a Jaime Solares que no acompañó la movilización. Hay que recordar la COB, tuvo serios encontronazos con el MAS y el presidente Evo Morales, prácticamente desde el inicio de la gestión. El cambio comenzó a darse cuando las organizaciones campesinas e indígenas originarias, a las que se sumo la COB, cercaron Santa Cruz para detener la escalada desestabilizadora. El 20 de octubre, llegaron a la ciudad de La Paz al menos 30 mil personas, según calculaban algunos legisladores del MAS; otros estiman que marcharon más de 60 mil. Las imágenes áreas difundidas por medios de información mostraban que la densa columna humana, que esa mañana llegó a El Alto, tenía una longitud cercana a los ocho kilómetros. Al saludar la lucha y compromiso de los movimientos sociales, Morales Ayma, expresó: "La refundación de Bolivia nos ha unido...Saludo la decisión de la COB de unirse a la CONALCAM". A las 16 horas del 20 de octubre, el pueblo boliviano continuaba descendiendo hacia el centro de La Paz, por la autopista que une la capital con El Alto; pero a esa hora la Plaza Murillo y las calles y avenidas aledañas ya estaban abarrotadas de manifestantes. A las cinco de la tarde los medios comentaban que más de 100 mil personas participaron en la histórica marcha por la constitución plurinacional. Finalmente, el 21 el Congreso aprobó la ley de convocatoria al referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, para el próximo 25 de enero.
Al promulgar la ley, el propio presidente Evo Morales afirmó: "No volverá el neoliberalismo a Bolivia". Por su parte, la oligarquía y sus aliados intentaron, una vez, más desconocer al pueblo que se movilizaba por sus reivindicaciones más profundas y desplegaron una estrategia comunicacional por todos los medios comerciales, en la que afirmaban que sólo pasando por sus cadáveres aprobarían la constitución masista. La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex masista, dijo. "Los que apoyaron en el Congreso Nacional son traidores. No podemos aprobar esa constitución venezolana, haremos campaña por el no"; en tanto el diputado derechista Pablo Klinsky; del Comité Cívico de Santa Cruz rechazó los acuerdos congresales y declaró: "No fuimos tomados en cuenta [...] el tema competencial las autonomías no fue definido plenamente" La batalla hasta el 25 de enero será larga y dura.
La NCPE, el latifundio y el polémico artículo 399
Para lograr el acuerdo en el Congreso, que permitiera la convocatoria al referéndum constituyente y el dirimidor se consensuaron aproximadamente 146 artículos aprobados por la Asamblea Constituyente. Aunque sólo unos 40 recibieron cambios sustanciales. Esta constitución que había sido presentada desde los balcones del Palacio presidencial El Quemado, el 15 de diciembre de 2007, a pesar de las reformas introducidas, tiene un articulado muy claro que otorga la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente al pueblo boliviano; al tiempo que reconoce el Estado plurinacional. En el Capítulo II, cuyo título es Recursos Naturales, la NCPE expresa en el artículo 348: "I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país". Y en el artículo 349 dice: "Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo". Y en el título Tierras el artículo 393 expresa: "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y colectiva de la tierra, en tanto cumplan una función social o una función económica social, según corresponda" En tanto que el siguiente, 394, afirma en el sub punto III: "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad".
El artículo 398, le pone límites al latifundio, sin embargo como los asambleístas no pudieron ponerse de acuerdo sobre la extensión de lo que se considera latifundio, hay dos versiones que deberán ir a referéndum dirimitorio. El texto dice: "Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas". La otra opción tiene la misma redacción pero dice: "En ningún caso superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas". La decisión de establecer el tamaño máximo en 5 mil o 10 mil hectáreas no es técnica es una decisión política y de la elección de una de ellas dependerá el nuevo modelo de reforma agraria y el tipo de estructura productiva que se piensa poner en marcha en el agro boliviano. Será el pueblo y no las élites oligárquicas quienes tomarán la decisión. En las negociaciones realizadas entre el 3 y el 20 de octubre de 2008, entre las fuerzas con representación parlamentaria, MAS, UN, PODEMOS y MNR, acordaron las modificaciones al artículo 398 que se plasmaron en el artículo 399 que dice: "I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley. II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. . La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos". El vicepresidente Álvaro García Linera relata así: "Lo que (era) la preocupación de muchas empresas productivas que sentían que iban a ser afectadas por el resultado de ese dirimidor no van a ser afectadas en tanto las empresas productivas están cumpliendo la función económica y social en sus 5 mil, 7 mil 10 mil, 15 mil o 20 mil hectáreas hasta antes del referéndum dirimidor no van a ser afectadas sus propiedades". Este acuerdo es el que desató la polémica en distintos sectores populares. Las polémicas que se desataron tras la inclusión del artículo 399, están dejando de lado la importancia del artículo 397 que no puede ser minimizada ni desconocida, en los análisis que se hacen de ahora en más sobre el proceso boliviano. Y las leyes que se implementarán para su aplicación plena dependerán de la correlación de fuerzas entre las clases, esta sin duda será la disputa más aguda en el futuro.
La Función Económica Social
Cabe preguntarse cuál es el eje central en lo que respecta a las tierras para el gobierno boliviano y sus aliados. A lo largo de este trabajo se ha visto como los terratenientes no sólo avanza sobre los territorios originarios, sino que usan sus propiedades para especular en el mercado de tierras o enriquecerse depredando la naturaleza y las vidas humanas. Esto se destierra al otorgarle rango constitucional a la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS) que hasta ahora eran sólo leyes, que por otra parte los latifundistas las sorteaban con distintas argucias legales. Dice el artículo 397 en su apartado III. "La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social". Por su parte el artículo 401 dice: "I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano". La polémica está instalada. Mientras tanto hay quienes acusan de traición al MAS y a Evo Morales, inclusive avanzan más allá y hablan de la vuelta a los tiempos de la "rosca" es decir de los arreglos a puertas cerradas entre las fuerzas políticas.
Ciudadanos plenos
El tronco central de la NCPE, que se expresa en el preámbulo dice: "Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario", expresa claramente hacia donde se dirige Bolivia, y eso no se alteró en las negociaciones. Junto a esta definición del nuevo Estado, se encuentra el reconocimiento al papel protagónico de las comunidades indígenas originarias y campesinas que se expresa en su artículo 403: "Se reconoce la integridad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario y campesinos podrán estar compuestos por comunidades". Como también se ha legislado sobre formas de democracia directa y participativa, que confrontará en el futuro con la democracia representativa que también es reconocida por la constitución. El proyecto de la NCPE -como programa del sector hegemónico -, es el resultado de lo posible en las actuales condiciones de la lucha de clases en Bolivia. Ese resultado seguramente sufrirá modificaciones en el futuro y podrá virar hacia propuestas más radicales o conservadoras que serán el resultado de esa confrontación entre las clases. Pero más allá de los cambios que pueda tener la NCPE en el futuro o la implementación práctica de la misma a través de las leyes que se promulgarán; el actual proceso boliviano ya ha producido un cambio cualitativo de singular importancia en la vida política del país; por primera vez en siglos, las masas indígenas originarias y campesinas adquieren rol de ciudadanos plenos. En el pasado toda unidad, cohesión social y sentimiento de intereses que alcanzaban las masas en sus luchas terminaba disolviéndose y atomizándose en el mercado político, donde los ciudadanos particulares sólo podían aspirar a influir tardíamente sobre el Estado por intermedio de los partidos políticos, que en general no los tenían en cuenta. Tras la irrupción, durante los últimos años, en la lucha social y política y la conquista del gobierno en 2005, los "nuevos ciudadanos" ya no se pueden definir simplemente en función de sus derechos individuales o de las relaciones que se establecen dentro de la sociedad política.
Ahora, la lucha por sus derechos sociales en el orden de la política implica inevitablemente cambio social. Ahora, los anónimos individuos, invisibles para las élites de las clases dominantes, se han transformado en una fuerza material con peso objetivo sobre la realidad. La Nueva Constitución Política del Estado, les otorga derecho de ciudadanía plena a las 36 naciones indígenas, reconoce a las comunidades y la propiedad comunitaria, como uno de los pilares de la nueva Bolivia, es decir se transforman en visibles, adquieren dimensión nacional por derecho propio. Ese es el cambio profundo del que no se podrá retroceder. Cuando se critica el retroceso en el articulado de la NCPE, se está desconociendo que todo el proceso que comienza en 2005 está signado por una aguda lucha de clases. Y en este sentido hay dos elementos que juegan y pesan. El primero es el quiebre que se produce en la conciencia de las masas. Esto que se expresa más arriba, el papel visible y protagónico que comienzan a tener las masas indígenas originarias y campesinas, es un hecho determinante, que abre la posibilidad de la construcción de una nueva conciencia. Una conciencia revolucionaria, que está en gestación. El otro elemento importante, es definir con claridad qué clase o sector de clase hegemoniza este proceso, quién dirige. En Bolivia, no dirige ni la clase obrera ni los indígenas originarios y campesinos; tampoco la derecha oligárquica e imperialista. Dirige y gobierna la pequeña burguesía democrática que no está ganada por el imperialismo. Que cuenta entre algunos de sus rasgos característicos el oscilar de posiciones muy radicales a otras conservadoras. Esta característica es la que se expresa a diario cuando figuras como García Linera pasan de un indigenismo radical a acuerdos con los sectores de la burguesía, casi sin solución de continuidad, como ha sucedido por ejemplo en temas referentes a los hidrocarburos. Al mismo tiempo hay un rasgo más que distingue esta pequeña burguesía radicalizada, y que le es inherente como sector de clase, sea que actúen en Bolivia, Argentina, Venezuela o cualquier otro lugar del planeta: ellos son los protagonistas de la historia, no las masas; aún cuando en su discurso se las reivindique en forma constante y explícita. Estos son hechos objetivos, que sólo podrán ser modificados, en la medida que la conciencia y la práctica de las masas incline la balanza en la dirección de cambios más radicales e impulse ha este sector dirigente a radicalizar su programa y aceptar subordinarse a la vanguardia revolucionaria. Vanguardia que por otra parte, en Bolivia está por construirse y su ausencia es determinante en el actual proceso de cambios. En el camino que transitó el pueblo boliviano para abortar la guerra civil y la intentona desestabilizadora fue auspiciosa la unidad de los trabajadores sindicalizados en la COB con los campesinos e indígenas. Pedro Montes, al expresar: "los neoliberales deben cavar su tumba para ser enterrados. El pueblo boliviano ahora ha triunfado y debemos organizarnos y prepararnos para gobernar y tomar el poder en los próximos 20 años" está trazando una línea al futuro, cuyo tránsito exitoso requerirá del esfuerzo y el trabajo cotidiano de las masas y los revolucionarios bolivianos.
Cabe preguntarse, si en ese camino Evo Morales y su gobierno ¿son enemigos del proceso de cambio que se desarrollará en los próximos años?. O dicho de otra manera ¿son un freno a la revolución? Si las palabras tienen algún valor, el mensaje que el presidente boliviano hizo llegar a los movimientos sociales reunidos en Guatemala en el marco del III Foro Social Américas, adquiere el valor de un compromiso a favor de los pueblos y las transformaciones profundas de la sociedad. Dadas las definiciones que hay en este documento, se lo transcribe en forma completa. Dice la carta: "Hermanas y hermanos, a nombre del pueblo de Bolivia, saludo a los movimientos sociales del continente, presentes en este acto de la Jornada Continental de Solidaridad con Bolivia. Acabamos de sufrir la violencia de la oligarquía, que tuvo su mas brutal expresión en la masacre en Pando, hecho que nos enseña que ostentar el poder en base a la plata y las armas para oprimir el pueblo no es sostenible. Fácilmente se derrumba, si no es basado en un programa y la conciencia del pueblo. Estamos viendo que la refundación de Bolivia afecta a los mezquinos intereses de unas cuantas familias de grandes terratenientes, que rechazan como agresión las medidas a favor del pueblo como la distribución más equilibrada de los recursos del gas para nuestros abuelos y abuelas, igual que la distribución de tierras, las campañas de salud y alfabetización, y otras. Para resguardar su poder y privilegios y evadir el proceso de cambio, las oligarquías latifundistas de la llamada media luna se encubren en las autonomías departamentales y la división de la unidad nacional, prestándose a los intereses yanquis de acabar con la refundación de Bolivia. Pero, en el referendo revocatorio del 10 de agosto, acabamos de recibir el mandato de dos tercios del pueblo boliviano, para consolidar este proceso de cambio, para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en asegurar el Vivir Bien para todas las bolivianas y bolivianos, y unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, de oriente y de occidente. Hermanas y hermanos, lo que ha pasado en el referendo revocatorio en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos sino para todos los latinoamericanos. Lo dedicamos a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo, reivindicando la lucha de todos los procesos de cambio. Yo venía a expresar la forma de cómo recuperar la vivencia de nuestros pueblos, llamado el Vivir Bien, recuperar nuestra visión sobre la madre tierra, que para nosotros es vida, porque no es posible que un modelo capitalista convierta a la madre tierra en mercancía. Cada vez más vemos profundas coincidencias entre el movimiento indígena y las organizaciones de los movimientos sociales, que apuestan también por el Vivir Bien. Saludamos a ellos para que de manera conjunta podamos buscar cierto equilibrio en el mundo. Y dentro ese marco, quiero compartir y proponer para un debate unos 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y la vida, no solamente a este nivel sino también para debatir con nuestras comunidades, con nuestras organizaciones.
Primero, si queremos salvar al planeta tierra para salvar la vida y a la humanidad, estamos en la obligación de acabar con el sistema capitalista. Los graves efectos del cambio climático, de las crisis energéticas, alimentarias y financieras, no son producto de los seres humanos en general, sino es del sistema capitalista vigente, inhumano con su desarrollo industrial ilimitado. Segundo: renunciar a la guerra, porque de las guerras no ganan los pueblos, solo ganan los imperios, no ganan las naciones, sino las transnacionales. Las guerras benefician a pequeñas familias y no a los pueblos. Los trillones de millones que se destinan a la guerra deben ser destinados para reparar y curar a la madre tierra que esta herida por el cambio climático. Tercera propuesta para el debate: un mundo sin imperialismo ni colonialismo, donde las relaciones deben estar orientadas en el marco de la complementariedad, y tomar en cuenta las profundas asimetrías que existen de familia a familia, de país a país, y de continente a continente. El cuarto punto esta orientado al tema del agua, que debe ser garantizada como derecho humano y evitar su privatización en pocas manos, ya que el agua es vida. Como un quinto punto, quiero decirles que debemos buscar cómo acabar con el derroche de energía. En 100 años estamos acabando con la energía fósil creada durante millones de años. Como algunos presidentes reservan tierras para automóviles de lujo y no para el ser humano, debemos implementar políticas para frenar los agrocombustibles y de esta manera evitar hambre y miseria para nuestros pueblos. Como sexto punto: respecto a la Madre Tierra. El sistema capitalista trae a la Madre Tierra como una materia prima, pero la tierra no puede ser entendida como una mercancía, ¿quién podría privatizar o alquilar, fletar a su madre? Propongo que organicemos un movimiento internacional en defensa de la Madre Naturaleza, para recuperar la salud de la Madre Tierra y restablecer la vida armónica y responsable con ella. Un tema central como séptimo punto para el debate, es que los servicios básicos, sea agua, luz, educación, salud, deben ser tomados en cuenta como un derecho humano.Como octavo punto, consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumimos localmente, acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. Debemos priorizar la producción local para el consumo local, estimulando el auto sostenimiento y la soberanía de las comunidades dentro de los límites que la salud y los recursos menguados del planeta permitan. Como penúltimo punto, promover la diversidad de culturas y economías. Vivir en unidad respetando nuestras diferencias, no solamente fisonómicas, también económicas, economías manejadas por las comunidades y las asociaciones. Hermanas y hermanos, como décimo punto, planteamos el Vivir Bien, no vivir mejor a costa del otro, un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos, las riquezas de nuestras comunidades, tierras fértiles, agua y aire limpios. Se habla mucho del socialismo, pero hay que mejorar ese socialismo del siglo XXI, construyendo un socialismo comunitario o sencillamente el Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra, respetando las formas de vivencia de la comunidad. Finalmente, hermanas y hermanos, seguramente ustedes están haciendo seguimiento sobre los problemas que existen. Llego a la conclusión que siempre habrá problemas, pero quiero decirles que estoy muy contento, no decepcionado ni preocupado porque esos grupos que permanentemente esclavizaron a nuestras familias durante la colonia, la república y en la época del neoliberalismo, siguen agrupados en algunas familias, resistiéndome. Es nuestra lucha enfrentar esos grupos que viven en el lujo y no quieren perder el lujo, perder sus tierras. Es una lucha histórica y sigue aún esta lucha. Hermanas y hermanos, esperando que esta Jornada Continental del III Foro Social Américas culmine con fuertes lazos de unidad entre todos ustedes y con un firme Plan de Acción a favor del pueblo de Bolivia y todos nuestros pueblos, reitero mi saludo fraternal".
La contradicción principal todavía está irresuelta: La tierra
La contradicción entre la visión de los pueblos indígenas originarios y campesinos con la de la burguesía del Oriente es antagónica. Y su resolución, más o menos violenta, dependerá de la relación de fuerzas en la sociedad, de los consensos que construyan las clases y pueblos en lucha, del papel que jueguen los imperialistas. En tanto las organizaciones campesinas e indígenas, ya sean las influidas por el MAS, pero también aquellas pertenecientes a sectores críticos al gobierno mantienen una presión activa sobre este y al mismo tiempo se encuentran alertas ante los embates de la derecha, como lo demostraron en sus últimas acciones. Sin embargo esto no alcanza. La alianza de la oligarquía y el imperialismo yanqui, con el visto bueno de las transnacionales petroleras, es un enemigo poderoso que va a requerir más que algo de presión para ser derrotada. Para los pueblos indígenas originarios, la clase obrera boliviana, los campesinos, los revolucionarios, continúa a la orden del día la necesidad de construir el Frente Único. En el cerco a Santa Cruz, en la marcha de Caracollo a La Paz, existieron elementos fundacionales que son auspiciosos y preanuncian una mayor unidad del pueblo boliviano.
Frente al magnífico hecho de las movilizaciones crecientes de masas en apoyo al gobierno, a la NCPE y en repudio a los "barones" de Oriente y contra el intento desencadenar la guerra civil, queda la convicción que más allá de las debilidades o desaciertos que pueda tener el gobierno, las masas bolivianas, los pueblos indígenas originarios y campesinos junto con los trabajadores urbanos están construyendo una sociedad distinta, muchas veces preanunciada como el despertar de los pueblos originarios. "Ahora, esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el Continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos años burlados por unos y por otros".





Opinión

LA BATALLA DE LOS INDÍGENAS

Rebelión de España (www.rebelion.org)

El racismo ha estado siempre presente en la historia de Latinoamérica. El sistema colonial era profundamente racista y el fenómeno permanecerá como característica de estas sociedades durante el largo proceso de su formación republicana. Hoy, con matices, la situación no es muy diferente.
Ni las revueltas populares ni las escasas y dispersas cuotas de democracia de la que han gozado estos pueblos han sido suficientes para borrar este elemento malsano de la cultura criolla. La mayor discriminación se ejerce contra los indígenas pero no es menor contra la población negra. El fenómeno se atenúa con los mestizos, por el “mejoramiento de raza” que supone su mezcla con los europeos.
El discurso racista, como sucede en todas partes, no es más que una justificación de los privilegios que se abroga e impone un grupo étnico o nacional sobre los demás. El edificio del racismo comienza por la economía pero inevitablemente afecta todas las esferas del orden social. No debe extrañar entonces que la división de clases registre un cierto paralelismo con la división étnica aunque la generalización de las relaciones capitalistas y el paso de las sociedades agrarias tradicionales al desarrollo industrial y al urbanismo generan alguna capilaridad que permite ascender modificando la estructura de castas. El mayor disolvente de estas relaciones sociales es por supuesto el dinero pero también tienen su papel el ejercicio de la ciencia, la práctica del arte, el oficio militar o la vocación religiosa que son igualmente vías de ascenso social muy comunes (aunque siempre a posiciones secundarias).
En Bolivia, el discurso de la derecha según el cual los indígenas son una raza inferior que no debe dirigir los destinos del país esconde el propósito de mantener el orden existente amenazado por la avalancha del movimiento popular y asegurar así los intereses económicos de la elite (sobre todo la tenencia de la tierra y el control de los recursos del gas natural). Es evidente el rol del racismo como instrumento ideológico en defensa de la oligarquía tradicional blanca a la cual se añade ahora una nueva burguesía de inmigrantes (católicos croatas y sectas protestantes, sobre todo) y cierta base social compuesta por mestizos asimilados, muchos de ellos de rasgos tan indígenas como aquellos a quienes denigran.
No es muy distinto el panorama en Chile aunque la cuestión indígena tenga allí dimensiones diferentes. En la tierra de Neruda el racismo sirvió (y sirve) para los mismos fines: genocidio en unos casos, sometimiento y asimilación en otros. Pocos lograron sobrevivir al primer ataque colonizador de los españoles o a las batidas sistemáticas de los colonos alemanes especialmente traídos para “civilizar a estos salvajes irreductibles”. En el sur profundo quedaron sin embargo los Mapuches, pueblo de especial bravura que aún resiste y lucha por conservar las pocas tierras que les han dejado. Ahora, se enfrentan a la amenaza de una multinacional española que construye una enorme central hidroeléctrica inundando el resguardo. En pleno siglo XXI reaparecen los viejos argumentos que les denigran como rezagos del pasado y como rémoras vergonzosas para la civilización, con el claro objetivo de criminalizar su movimiento de protesta. Su vida comunitaria y su relación con la tierra se muestran en el discurso racista como conductas primitivas, contrarias a la nación y sobre todo opuestas a la racionalidad capitalista, al reino incontestable de las ganancias y -como no!- al progreso, la misma baratija con la cual en el pasado se dio carta blanca a la destrucción de civilizaciones enteras, consideradas incompatibles con el capitalismo en expansión.
Brasil no es la excepción. Más bien puede mostrarse como uno de los casos más escandalosos de genocidio con la complicidad de las mismas autoridades civiles y militares que acceden gustosas a las presiones de hacendados, multinacionales y colonos. Con todas las matizaciones del caso la situación se repite en México y Centroamérica y no es muy diferente la suerte de las etnias aborígenes del norte del Continente.
En Colombia, en pleno proceso de contrarreforma agraria e impulso del neoliberalismo más radical, se adelanta desde hace décadas una política de exterminio de las etnias indígenas locales. En este año se han realizado grandes movilizaciones a las cuales se responde indefectiblemente con la agresión de policías, soldados, paramilitares, funcionarios del Estado y –como no podía ser menos- con el concurso entusiasta de las grandes multinacionales que pretenden explotar los recursos de los resguardos. El racismo, tan evidente en los medios de comunicación locales, no hace más que responder a los intereses que se mueven en esta guerra contra el indígena. En estos mismos momentos se desarrolla una gran movilización en el sur del país, con la inevitable cuota de muertos, heridos, presos y desaparecidos que trae consigo cualquier manifestación de descontento en Colombia. Solo que esta vez la represión parece haber dado más ánimo a las protestas y la marcha indígena ya se dirige a Bogotá recibiendo a su paso el apoyo de la población y la adhesión del resto de las etnias del país y de obreros, estudiantes, intelectuales y hasta de las llamadas “clases medias”. Las demandas de los indígenas se limitan a reclamar el cumplimiento de sentencias emitidas hace décadas por las más altas autoridades judiciales que exigen la devolución de tierras de resguardo a las comunidades. Por supuesto, para Uribe Vélez detrás del movimiento indígena se esconden las FARC y en consecuencia toda represión será poca.
Por su parte, los medios de comunicación (casi todos en manos de multinacionales) intentan confundir a la opinión pública acusando al movimiento indígena de promover un regreso a formas primitivas de vida, incompatibles con la modernidad. Pero tales afirmaciones ocultan deliberadamente que lo esencial del discurso indígena está lejos de tales pretensiones. Existen por supuesto algunos grupos que añoran el orden anterior a la colonia, idealizado como una suerte de socialismo aborigen. Pero ellos no representan sino pequeñas fracciones del movimiento, sin mayor importancia práctica. Sirven, eso sí, para desprestigiar al movimiento, aislarlo del resto de la población y alimentar otras formas de racismo folclórico. La inmensa mayoría es sin embargo ajena a tales mitos y tienen los pies muy puestos en la tierra; saben que viven en medio de una civilización capitalista que determina lo esencial de su existencia; pero conocen también el valor inestimable de buena parte de sus tradiciones de trabajo comunitario, sentido de pertenencia, idioma, conocimientos médicos y formas de participación que recuerdan la más pura democracia directa (¿es loable la democracia “de mano alzada” en Suiza pero deleznable en Los Andes?); y no falta quien sugiera considerar seriamente la relación de sano equilibrios que ellos intentan con el medio natural mientras nuestro consumismo desenfrenado afecta de manera tan dramática la vida cotidiana y pone en riesgo la misma supervivencia de la especie.
Especialmente amenazadas se encuentran las etnias amazónicas y de otras regiones de selva húmeda tropical. Es todo un reto para los gobiernos del área encontrar la manera de conservar estas etnias y su entorno, respetar sus derechos constitucionales, aceptar su autonomía y sobre todo – para empezar- impedir que curas misioneros les destruyan su cosmovisión como primer paso para su desaparición como pueblos. Su escaso número y dispersión por selvas inmensas (repletas de recursos naturales) les hace especialmente vulnerables. Los gobiernos de progreso del continente no pueden comportarse como Uribe o como Calderón, enviando a la soldadesca a la caza del indio. El respeto a sus derechos y la extensión efectiva de la ciudadanía a estas etnias sigue siendo un reto inmenso para sociedades que se precian en público de no ser racistas pero actúan siempre considerando a los indígenas como estorbos a eliminar o como pobrecitos a los cuales hay que tender una mano generosa. Ni agresión ni lástima son aceptables; se trata de simple y necesaria solidaridad.





EN BOLIVIA, TRAS LA SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
INVESTIGAN LAS CASAS DE LA DEA
Hasta el sábado se habían ido siete agentes estadounidenses de la oficina antidroga. Ahora Evo Morales manda investigar las siete casas donde asegura que se efectuaba “control político y espionaje contra su gobierno”.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

Los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), de Estados Unidos, comenzaron a dejar el país una semana después de que el presidente Evo Morales suspendiera sus actividades al vincularlos con la rebelión cívico-prefectural del este boliviano en septiembre. Hasta el sábado se habían ido siete de los estadounidenses, incluido el director local de la oficina antidroga, con destino a Perú. Aún permanecen 30 agentes, que de aquí a tres meses deberán irse de Bolivia, según decidió el gobierno. Ayer, desde el Palacio Quemado anunciaron que se investigarán las siete casas donde operaba la DEA. Según Morales, allí se hacía espionaje para derrocar a su gobierno en vez de evitar la producción y circulación de drogas.
En junio fueron expulsados los empleados de la Agencia Internacional de Desarrollo de EE.UU. (Usaid, por su sigla en inglés) del trópico de Cochabamba –zona de cultivo de coca–, acusados por los campesinos de complotar contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El 10 de septiembre, Morales declaró persona non grata al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, por su supuesta colaboración con los prefectos “separatistas” –según el gobierno– de cinco de los nueve departamentos del país. En octubre, el presidente prohibió los vuelos de la DEA. Y el 1º de noviembre, en Chimoré, la localidad cochabambina donde la oficina antidroga tiene una casa, Morales anunció la suspensión de actividades del organismo en cuestión y ofreció pruebas.
Informó que en septiembre una avioneta de la DEA aterrizó en los aeropuertos del oriente tomados por los cívicos y las prefecturas “sediciosas”, según la definición gubernamental. También acusó al agente Fdevnen Faupette de financiar a los revoltosos de Trinidad y Riberalta, en el departamento de Beni. Y sostuvo que en las siete casas de la oficina de EE.UU se efectúa “control político y espionaje” contra su gobierno.
Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, evaluó que en esas casas, situadas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz “pueden existir patrimonios ocultos. Vamos a realizar inspecciones a todas ellas”.
La decisión del gobierno se basa en acusaciones de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que alguna vez presidió Morales y desde donde pudo constatar las actividades ilegales de la DEA, además del asesinato de cinco campesinos.
“Nosotros hemos visto que hacen seguimiento a los dirigentes de los movimientos sociales. Tenemos información directa, por eso solicitamos al presidente de expulsión del embajador y sus funcionarios. La DEA no sólo es culpable de muertes, también es cómplice de los narcotraficantes. Van a combatirnos al campo, donde sólo tenemos las hojas de coca. Prefieren proteger a los grandes narcotraficantes que están en las ciudades, donde la droga se fabrica y se vende”, dijo a PáginaI12 Isaac Avalos, secretario ejecutivo de la Csutcb.
Además de información sobre los grandes traslados de droga, la DEA invertía 26 millones de dólares para pagar sueldos a policías, funcionarios del Estado, para comprar uniformes y hasta combustible a las patrullas. Por eso el gobierno programa destinar el próximo año 20 millones de dólares a la lucha contra las drogas. Avalos consideró que “la Policía Nacional está capacitada para ocupar el lugar de los agentes de la DEA. Igualmente esperamos la colaboración de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) para erradicar las drogas de nuestros países”. En lo que va de 2008, la policía incautó la cifra record de 25 toneladas de cocaína y 1137 de marihuana. Se calcula que de Bolivia salen 100 toneladas de cocaína al año.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dio una conferencia de prensa para mostrar las pruebas que motivaron la expulsión de la DEA. Indicó que pronto Morales las mostrará al presidente electo de EE.UU, Barack Obama, “para demostrar la ilegalidad, el abuso, la prepotencia de la DEA en Bolivia. Se acabó el ciclo de impunidad, abuso y prepotencia. En los ’90 la DEA se acostumbró a sobornar policías, violar derechos humanos, encubrió asesinatos, destruyó caminos, puentes. Impidió las actividades económicas de los cocaleros”, dijo Quintana.





UN MILLÓN 800 MIL NIÑOS RECIBIRÁN EL BONO JUANCITO PINTO EN BOLIVIA

Alternativa Bolivariana de Venezuela (www.alternativabolivariana.org)

Un millón 800 mil niños de primero a octavo de primaria recibirán durante cuatro semanas el Bono Juancito Pinto, que se inicia con una inversión de 54 millones de dólares (375 millones de bolivianos) en todo el territorio nacional, en el campo y las ciudades.
El Presidente Evo Morales dio inicio a la entrega de este beneficio hoy en Cobija y luego lo hizo en la capital de Beni, Trinidad. El Vicepresidente estuvo en Santa Cruz y otras autoridades de Gobierno en las diferentes capitales de departamento distribuyendo el Bono a los niños de Bolivia.
En Pando la entrega se hará a 3.533 niños a través de 24 equipos de distribución constituido por efectivos de las Fuerzas Armadas que se desplazarán por las cinco provincias de este departamento.
El Primer Mandatario explicó que este beneficio se hace realidad gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, medida que generó desde 2006 un excedente que ahora es destinado a la niñez estudiantil de Bolivia.
“Estos beneficios vienen de nuestros recursos naturales, no de la venta de nuestras empresas”, aclaró Morales.
Durante 2006, este bono, consistente en 200 bolivianos una vez al año para cada niño, fue distribuido hasta el quinto grado de primaria, en 2007 llegó hasta sexto y este año se amplía hasta octavo.
En la unidad educativa José Manuel Pando del barrio de Santa Clara de Cobija, el Dignatario explicó que el objetivo de esta entrega es “terminar con el analfabetismo en Bolivia, mejorar la educación” y hacer que los niños se dediquen a “estudiar, estudiar y estudiar”.
Este pago, dijo el Gobernante, no es “una prebenda o una campaña política” sino una obligación del Estado boliviano para con la niñez y una devolución de “la plata del pueblo, al pueblo”.
Según el Dignatario, la distribución de los 200 bolivianos anuales e los niños estudiantes, es parte de la construcción de una nueva Bolivia, pero además recordó que este beneficio junto a la Renta Dignidad que se otorga a los mayores de 60 años, mensualmente, están contenidos en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado que será sometido a referéndum dirimitorio, el 25 de enero del próximo año.
Morales agradeció también la colaboración de las Fuerzas Armadas que desde 2006 se han prestado a la entrega de este bono a lo largo y ancho del territorio nacional.
El prefecto de Pando, contraalmirante Rafael Bandeiras, dijo que este departamento se constituye desde ahora en una región participativa en el Estado boliviano y se encamina por la senda del cambio que lleva delante el Presidente de la República.
Entre cantos de los estudiantes de la escuela José Manuel Pando, el Presidente entregó a una niña el Bono Juancito Pinto. Fue la primera beneficiaria de este pago que se produjo aproximadamente a las 9.05 horas.





UROS PIDEN RESPETO A SU CULTURA Y ALTO A LA CONSTRUCCIÓN DE RÉPLICAS EN COPACABANA

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

Los habitantes de las islas flotantes de los Uros de Perú y Bolivia, participaron del tercer encuentro y acordaron pedir respeto a su cultura originaria, además que mediante un memorial exigen la paralización de la construcción de islas flotantes en la zona de Copacabana – Bolivia.
Cientos de niños, jóvenes y adultos provenientes de las islas de los Uros Chulluni (Perú), Uros Iruhito, Uros Chipoyas y Uros de Lago Popó participaron del 3º Encuentro de habitantes de las islas flotantes en el lago Titicaca y Popó de Bolivia, realizado los días 5, 6 y 7 de noviembre.
En el evento de carácter internacional, autoridades y pobladores de ambas naciones altiplánicas, sostuvieron intensos debates sobre el aspecto social, político, económico y cultural, además compartieron sus propias vivencias en diferentes aspectos de la vida cotidiana de ambas naciones.
Como principal acuerdo al final del evento, los asistentes rechazaron la reciente construcción de las islas flotantes en la zona de Sawuiña de Copacabana en Bolivia, a la que además calificaron de atentatorio contra la identidad de la cultura de los Uros, a quines le hacen una mala imagen.
Asimismo, a los ministros de relaciones exteriores de ambos países, los participantes del tercer encuentro de la “Nación de los Uros” demandaron la inmediata intervención y paralización a la construcción de plagios de las islas flotantes a fin de evitar futuros conflictos y anunciaron que recurrirán a organismos supranacionales. Además de que los representantes de los cuatro asentamientos de los Qhas Qut Suñi Uros de Perú Y Bolivia nominaron a Dionisio Mauricio Ajuacho y Julio Vilca Lujano como los principales miembros del comité organizador del 4º Encuentro de los Uros en las islas flotantes del Lago de Popó el año 2009.





LA MAREA PETROLERA DE CHÁVEZ ARRASTRA A COSTA RICA

La caída del petróleo no merma los deseos de Arias de unirse a Petrocaribe

El País de España (www.elpais.com)

Petrocaribe, el proyecto que el presidente venezolano, Hugo Chávez, creó en 2005 como "la plataforma energética del Alba", está a punto de ganar otro socio. Costa Rica ha formalizado su petición de ingreso, maravillada por las facilidades de pago que Caracas ofrece a sus 18 miembros de Centroamérica y el Caribe. Ni siquiera la bajada del precio internacional del petróleo ha restado interés al Gobierno que preside Óscar Arias, que confía en obtener la credencial en diciembre.
"Es urgente", dijo el viernes Arias, el mismo mandatario que hace sólo un año y medio tildaba de "negación de la democracia" las maniobras políticas internas de Chávez. El discurso crítico contra el proyecto bolivariano y sus aliados, sin embargo, ha ido girando y el pasado septiembre llegó a sus antípodas: "Caracas es cuatro o cinco veces más generoso que Estados Unidos", dijo el presidente costarricense durante una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, sin que nadie le pidiera que matizara su reflexión. Sus enormes reservas de petróleo se lo permiten, agregó.
Arias pensó que quedar al margen de esa "generosidad" sería una pena para un país que proyecta cerrar este año con un gasto de 2.200 millones de dólares en petróleo, en compras que debe ejecutar casi con la bolsa del efectivo en la mano. Petrocaribe, visto como el brazo político de la petrolera venezolana Pdvsa o la tarima energética de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), garantiza el abastecimiento nacional (unos 20.000 barriles diarios) y, lo más atractivo para estos tiempos de aridez crediticia, vende el crudo en condiciones asequibles. Con los actuales 60 dólares por barril, Costa Rica podrá pagar en 90 días el 60% de cada embarque y en 25 años, el 40% restante al 1% de interés. Si el barril vuelve a superar los 100 dólares, se invertirán los porcentajes.
Así es como las autoridades costarricenses intentan convencer a la población de la necesidad de aliarse con uno de los proyectos de Chávez, en un país donde el líder venezolano cala poco. Sólo uno de los 57 diputados del Congreso aplaude los proyectos bolivarianos, a pesar de que la mayoría ha aceptado, más o menos, la posibilidad de convertirse en el socio número 18 del club Petrocaribe.
Algunos sólo preguntan qué hará el Gobierno con el dinero en los 25 años que pasarán desde el momento en que un taxista deberá pagar 665 colones (1,2 dólares) por el litro de gasolina que vierta en su auto y el momento en que Costa Rica tendrá que saldar su deuda con Caracas.
Una debilitada economía
Ésta es una de las palancas que Arias pretende mover para activar una economía cuyo crecimiento, al cerrar 2008, podría ser sólo la mitad del 7,3% registrado en 2007, con un leve aumento del desempleo y un estancamiento en la reducción de la pobreza, en 17,7%. La inflación está lejos de bajar a un dígito. La recaudación de impuestos permite al Gobierno mostrar superávit, pero la coyuntura internacional aprieta al turismo y las exportaciones. Un crédito con Petrocaribe beneficia hasta a quien no necesita crédito, dijo uno de los economistas que en estos tiempos dedican la mitad de su tiempo a atender a periodistas.
Si Chávez y su proyecto antiyanqui no fueran los dueños de Petrocaribe, la polémica quizá sería poca. Pero lo son. "No hay almuerzo gratis" ha sido una de las frases favoritas de los críticos de Arias en este proyecto de adhesión, ya sean expertos o ciudadanos de a pie. La suspicacia también provino del embajador de Estados Unidos en San José, Peter Cianchette: "Esperamos que Petrocaribe sea sólo trato comercial", manifestó en el diario La Nación, donde dos meses después su homólogo venezolano escribió que Petrocaribe es una de la evidencias del "nuevo orden social" pretendido por Caracas para el continente.
Los socios de Venezuela en Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Haití, Nicaragua y Guatemala, según la página de Internet de Pdvsa.
Los opositores venezolanos a Chávez consideran a esos países socios en "la diplomacia del soborno" chavista, pero para Arias los negocios son los negocios y no es su responsabilidad lo que Chávez haga con la chequera de Pdvsa ni con las necesidades de su población. La solicitud formal está presentada y la cumbre de Petrocaribe programada para diciembre servirá de bautizo, casi de manera simultánea con la probable entrada en vigor del tratado de libre comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos. ¿Será el Alba el siguiente paso de Arias? Ha dicho que no. Que también contiene algo de generosidad, pero que no piensa adherirse a él.





DIAGNOSTICAN MÁS DE 300 CASOS DEL MAL DE CHAGAS ENTRE INMIGRANTES LATINOS DE LA REGIÓN

Murcia es el «reservorio europeo» de una enfermedad hasta ahora inexistente al ser la comunidad con más afectados de toda España Medicina Tropical destaca que no se contagia de humano a humano por contacto, pero sí alerta sobre embarazos, transfusiones y trasplantes.

La Verdad de España (www.laverdad.es)

Es un parásito que se alimenta de la miseria. Una mina contra la salud de los que peor viven que se acantona en su organismo para explotar cuando menos lo esperan. El mal de Chagas o tripanosomiasis americana se ceba con los habitantes de zonas rurales y deprimidas de Suramérica. Pero la pobreza obliga a viajar a países más pudientes a muchos latinoamericanos. Una necesidad que ha dado alas a esta enfermedad. Europa se enfrenta a una infección hasta ahora desconocida para el Viejo Continente, y resulta que la Región de Murcia se ha convertido en el «reservorio europeo» del llamado mal de los pobres.
El doctor Manuel Segovia, director de la Unidad Regional de Medicina Tropical del hospital Virgen de la Arrixaca y catedrático de Microbiología de la Universidad de Murcia, habla de «reservorio» (población de seres vivos que aloja un germen epidémico) tras la evidencia de la elevada incidencia de inmigrantes diagnosticados por su departamento. Desde que se empezó a trabajar la Unidad de Medicina Tropical en 2006 hasta septiembre de 2008 se han confirmado más de 300 inmigrantes que portan el protozoo Tripanosoma cruzi.
La mayoría, de Bolivia
Evidentemente otras unidades de Medicina Tropical de España han diagnosticado casos en latinoamericanos, como el Clínico de Barcelona o los hospitales madrileños Ramón y Cajal y Carlos III. Pero sus cifras de incidencia no son comparables a las registradas en la Región, como señala Segovia. En un reciente congreso de esta especialidad presentaron datos epidemiológicos y Murcia superaba con creces los números del resto de centros ubicados en grandes ciudades.
El mal de Chagas, denominado así por el científico que descubrió al parásito, se extiende desde el sur de EE UU hasta Argentina. De acuerdo a los datos que maneja la Organización Mundial de la Salud, hay entre 11 y 18 millones de afectados en todo el mundo y cada año mata a 50.000 personas.
¿Es grave? Esta patología puede producir en su fase aguda desde cardiopatía chagásica a alteraciones digestivas (megaesófago, megacolon) o insuficiencia respiratoria. Los síntomas más frecuentes son palpitaciones, dificultad para respirar, síncope y dolor torácico y, en algunas ocasiones, la muerte súbita. La singularidad de este parásito, como destaca Segovia, es que «tras la picadura se acantona en el organismo y puede tardar en dar la cara hasta 30 ó 40 años».
No se contagia como la gripe o la tuberculosis. Un chinche oriunda de América, conocido popularmente como la vinchuca, transmite la infección al picar al humano y depositar sus heces. Las casas de adobe donde malviven latinoamericanos más pobres son su hábitat por excelencia. La vinchuca aún no reside en Murcia ni en el resto de Europa. Por lo que los contagios detectados en la Región se produjeron en los países de origen de los afectados. Más del 80% de los enfermos proceden de Bolivia y de zonas rurales.
Primer caso congénito
Ahora el equipo de Medicina Tropical les trata para eludir que los afectados sufran síntomas graves, así como evitar la transmisión vertical (de madre a hijo) o a través de trasplantes o transfusiones de sangre. No se trata de supuestos hipotéticos: el primer caso congénito documentado en España ha sucedido en la Región. El profesor Segovia precisa que se diagnosticó una transmisión vertical en Barcelona, pero el bebé no tenía síntomas. El pequeño que nació hace menos de un año en La Arrixaca tuvo que ser ingresado en la UCI Neonatal a causa de las complicaciones provocadas por este parásito tropical.
La identificación de casos no ocurrió por casualidad. El equipo de Medicina Tropical seleccionó una serie de enfermedades características de las nacionalidades más frecuentes en la colonia inmigrante para someter a los pacientes, que eran derivados desde otros hospitales y centros de salud, a pruebas para descartar patologías más comunes en sus países de origen.
Las embarazadas suramericanas, principalmente bolivianas, se convirtieron además en objetivo prioritario de la unidad al temer la presencia del mal de Chagas en las madres y su posible transmisión al feto a través de la placenta.
Segovia hace hincapié en que tanto el Centro Regional de Hemodonación como los equipos de trasplantes han incluido este parásito entre las patologías a analizar en las extracciones de sangre y los órganos donados.
Y es que el mapa epidemiológico de la Región está cambiando a la par que la realidad social y cultural de sus habitantes. Mientras que hace tan sólo un par de años las paritosis intestinales era las infecciones tropicales más frecuentes en los diagnósticos de la red sanitaria murciana, actualmente el mal de Chagas es la patología más prevalente en el día a día de la Unidad Regional de Medicina Tropical.
«¿El futuro? Pues traerá nuevas enfermedades y se llevará otras -augura Segovia. Hace 50 años la hidatidosis era una muy frecuente en España, y ahora ni le sonará a la gente porque se da en los trópicos».





CUATRO DE CADA DIEZ PADECEN DAÑOS CARDÍACOS Y DIGESTIVOS

La Verdad de España (www.laverdad.es)

El mal de Chagas no tiene cura segura. Es una enfermedad crónica que se controla con medicación específica contra el parásito Tripanosoma cruzi y atacando los diferentes síntomas asociados a la infección que presente el paciente. El éxito depende de que la infección sea tratada en su fase inicial. Tampoco existe aún una vacuna. La mejor medida de prevención es la higiene y la mejora de las condiciones de vida de los millones de personas que están expuestos al contagio a través de la vinchuca (el chinche Triatoma infestans).
De los 1.016 pacientes que han pasado por la Unidad Regional de Medicina Tropical desde que se creó en 2006, más de 300 sufren el mal de Chagas. De acuerdo a los datos recabados por este departamento entre enero y diciembre de 2007, el 69% son mujeres y el 85,7% tiene entre 18 y 49 años. Casi el 90% proceden de zonas rurales, principalmente de la región boliviana de la Cochabamba.
Acerca de la sintomatología, el 40,9% sufre problemas digestivos y cardíacos. Una de las consecuencias más graves es la cardiopatía chagásica, provocada al agrandarse el corazón. El mismo efecto produce a veces este parásito en el aparato digestivo, inflando el colon o el esófago.
En la misma estadística se recoge que el 13,6% padece cardiopatías y el 18,6%, otros síntomas como afectación en el sistema nervioso, mareos o pérdida de peso. Los dos únicos medicamentos disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Chagas son el Nifurtimox y el Benzinidazol.
El director de la Unidad Regional de Medicina Tropical, el profesor Manuel Segovia, cuenta que estos fármacos no se comercializan en España, dado que aquí esa patología tropical era inusual. Por eso el Ministerio de Exteriores se encarga de importar las medicinas para entregárselas a los médicos de La Arrixaca, y de otros hospitales españoles, para que puedan poner en tratamiento a los pacientes gratuitamente. En sus países no se les facilita ni los fármacos ni medidas para erradicar el chinche de sus casas.





COMIENZA REACTIVACIÓN DE FERROCARRIL ARICA-LA PAZ

La puesta en marcha del ferrocarril permitirá recuperar 150 mil toneladas de carga -como mínimo- lo que ayudará al crecimiento del puerto y a su descongestión

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Ayer se dio inicio al proceso de licitación para la rehabilitación de la vía del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP); de la gerencia del proyecto y de la inspección técnica de las obras; mediante la publicación en La Estrella y El Mercurio, de las bases del proceso.
El proceso comienza con un mes de atraso, luego que en agosto de este año el director ejecutivo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Jorge Inostroza, le informara al intendente Luis Rocafull que en octubre se llamaría a la licitación de la rehabilitación de las vías del ferrocarril.
Los trabajos consisten principalmente en la rehabilitación y remediación de 205 kilómetros de vía férrea, que implica el cambio de 8 mil rieles y 48 mil durmientes, aproximadamente, más todos los sistemas de anclaje de las vías.
El intendente Rocafull explicó que el valor referencial de la obra es de 13 mil 700 millones de pesos; de la contratación de la inspección técnica es de 296 millones y de la contratación de la gerencia del proyecto es de 226 millones.
La remediación del ciento por ciento del tramo implica remover aproximadamente 65 mil metros cuadrados de material; la confinación "in situ" de 40 mil metros cuadrados de suelos y la construcción de un depósito de seguridad en la Estación de Puquios. "En conformidad a las exigencias que contempla la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Corema en la Resolución Exenta 18 del 2008", manifestó Rocafull.
Luego de finalizados los trabajos de rehabilitación, la vía férrea quedará habilitada con un estándar que permitirá velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, ya que el diseño actual sólo permitía velocidades entre 20 y 30 kilómetros por hora.
"Estamos generando el escenario propicio para convertirnos en una plataforma de servicios. Estamos convencidos que la reactivación del ferrocarril, sumado al desarrollo del puerto viene a significar un gran impulso para la región".
150 MIL TONELADAS
Mario Moya, gerente de la Empresa Portuaria Arica (EPA), aseveró que la rehabilitación del ferrocarril permitirá recuperar 150 mil toneladas de carga, como mínimo, lo que ayudará al crecimiento del puerto y a su descongestión.
Sostuvo que los planes estratégicos y de desarrollo del puerto se basan en la conectividad con Bolivia para lo que el FCALP entrará en funcionamiento el 2010 y la reparación de la ruta 11 CH, obviamente beneficiará la conectividad de Arica y su puerto con Bolivia.





Editorial

DESARROLLO Y CONFLICTO EN EL PUERTO

La Estrella de Arica, Chile (www.estrellaarica.cl)

Cuando una de las mejores noticias del último tiempo para Arica comenzaba a hacerse realidad, el arribo al puerto de 3.400 vehículos importados por una empresa pakistaní, aprovechando la franquicia de Zona Franca Industrial, se impone un conflicto laboral, que se inicia -el lunes pasado- con la negativa de un sector de los trabajadores portuarios a que personal ajeno al puerto retire dichos vehículos desde los barcos para trasladarlos hasta su lugar de acopio, el Parque Industrial Puerta de América, pero que posteriormente -el miércoles- deriva en una demanda tarifaría, movilización que el viernes último declararon como indefinida.
El grupo en conflicto lo constituyen 350 trabajadores que en calidad de externos tienen contrato con la empresa Ultraport, los que reciben 18 mil pesos diarios, pero demandan que la empresa les cancele los 24 mil pesos que se paga a los trabajadores en Iquique y en otros puertos del país.
Cualquier conflicto laboral que paralice o entorpezca las actividades en el puerto de Arica, no es menor, especialmente por estar éste al servicio de la carga que sale de Bolivia a ultramar y la que llega con destino al país del altiplano, según lo consigna el Tratado de 1904 suscrito entre Chile y Bolivia. De esta manera, cualquier impedimento para el normal libre tránsito de dichas cargas hacia y desde Bolivia, significan dificultades para cumplir con dicho tratado.
Al respecto, ya hay bastante malestar entre los choferes bolivianos que esta semana han tenido que quedarse más días de lo programado en Arica, por la lenta actividad en el puerto, creándoseles problemas para su subsistencia, obligando incluso a quienes se les ha acabado el viático, a tener que recurrir a la caridad de los vecinos y de los propios colegas.
Urge encontrar una pronta solución a este paro que, desde la comunidad se observa como una acción que podría perjudicar interesantes expectativas que surgen para el presente y futuro de la ciudad y la región. Precisamente porque era el debut de una iniciativa nueva al alero de la ley que nos favorece con una Zona Franca Industrial, vigente desde hace varios años y que no se había utilizado, y que en este caso de la importación de 3.400 vehículos cuenta con el visto bueno de la Contraloría y el Servicio de Aduanas. Sin embargo, pese a ello, esta iniciativa generó la presentación de un recurso de protección por parte de la Zona Franca de Iquique, Zofri, que se opone; recurso actualmente en trámite en la Corte de Apelaciones.
No faltan las dificultades en Arica, cuando más se ansía abordar de una vez por todas el carro que nos lleve por el camino del desarrollo. Ojalá esta vez prosperen con prontitud soluciones favorables.





Opinión

11/11

El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)

El título no anuncia un anatema religioso, es apenas la síntesis de un desastre anunciado: el hundimiento de las negociaciones CAN- Unión Europea y de paso otra herida de muerte a la desvanecida Comunidad Andina. Tal parece que a nadie le preocupan la crisis mundial, la disminución de los mercados, la baja del precio del petróleo… Y como siempre, no ha sido un efecto del azar, sino de una serie de acciones y omisiones que casi rayan en el sinsentido.
Empecemos por Bolivia. Creo que el Ecuador debe entender, como ya lo han hecho Colombia y Perú, que Bolivia actúa siempre -no sólo ahora con Evo Morales- como perro del hortelano. Siempre juega a que necesita más ventajas, a que le esperen todos para negociar. Finalmente, no solo no negocia sino que se encarga de que nadie más pueda negociar y de que nadie más tenga otra política que no sea la suya. Bolivia ha ido mucho más allá de hacer un boicot sistemático a las negociaciones con Europa, ha sido profundamente indelicado con su supuesto amigo, Ecuador. Primero, sigue exigiendo que se destituya al Secretario General del CAN, que es ecuatoriano. Y segundo, sigue cobrando revancha porque el presidente Correa apoyó a Néstor Kirchner para la Unasur y no a un boliviano. Parece que nadie ve su juego estratégico de paralizar a la CAN, desmontarla y garantizar un reino sudamericano dividido entre los liderazgos brasileño y venezolano.
Sigamos con el Ecuador. Tiene la Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad Andina, tiene la capacidad de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero, lo más importante, tiene la necesidad de definir su política de acuerdo con sus intereses y con su visión democrática propia, pues si no tenemos mercados y si se nos avecina la crisis, lo menos que puede hacer es blindarse, al menos con el mercado europeo.
Sin embargo la inercia, o mejor dicho el quemeimportismo, se ha instalado en la Cancillería. Ni resuelven el tema del Secretario General, ya sea para cambiarlo o ratificarlo, ni tampoco son activos en negociar. Si estaba en vilo el acuerdo con la UE, lo menos que se podría esperar era que la Canciller o alguien haya activado la negociación urgente y personal con los países miembros, antes del martes 11, que haya convencido a Bolivia de ceder, a Colombia de caminar conjuntamente y a Perú, el mejor de sus amigos, a acompañarlo en el liderazgo en el proceso. Nada de eso pasó y la reunión se suspendió sin remedio. Fin de las oportunidades para Ecuador. Victoria para Colombia y Perú en su tesis conjunta de negociar solos. Triunfo absoluto boliviano. ¿Nos sorprende? Pues no sorprende. Si hemos manejado la relación con Brasil a palos, si es más importante una cita en Puyo con un “gobierno amigo”, que ni siquiera paga a los exportadores ecuatorianos, si la única opción con Colombia es seguir dando más declaraciones, no tiene ya sentido seguir insistiendo en política exterior.



Admite embajadora norteamericana en Ecuador, Heather Hodges, en entrevista a diario El Universo de Quito.

SIGUE EN PIE PROYECTO DE BASE EEUU EN PERÚ

La Primera de Perú (www.diariolaprimeraperu.com)

La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, sostuvo ayer en una entrevista al diario ecuatoriano “El Universo” que su gobierno todavía no encuentra un país al que puedan trasladar la base norteamericana de Manta y que aún las autoridades norteamericanas hablan que podría ser trasladada al Perú.En el diálogo entre la embajadora Hodges, que también ha estado en Perú, y la periodista Manuela Botero, luego de responder que está pendiente el nuevo destino de la Base de Manta, la reportera le pregunta “¿Perú podría ser?” y la diplomática responde: "Hablan de eso, pero no hay nada en concreto de momento.” En los meses precedentes las autoridades peruanas, principalmente el ministro de Defensa, Ántero Flores-Araoz, han negado sistemáticamente la posibilidad que el gobierno norteamericano instale una base militar en territorio nacional, pero al parecer el tema sigue vigente, por lo declarado por Hodges. Según el especialista en temas de drogas e investigador del Transnational Institute (TNI) con sede en Holanda, Ricardo Soberón, Estados Unidos proyecta instalar en diciembre próximo un Centro de Coordinación Antinarcóticos en la ciudad de Iquitos (Loreto).
“Existe la intención de ubicar un centro de coordinación en una zona estratégica de la Amazonía, pero el problema es que cuando los norteamericanos hablan de ‘coordinación’ es que están pensando en un espacio multipropósito que podría facilitar su presencia militar y el despegue de aviones que vigilen la costa”, dijo Soberón a LA PRIMERA.
Diversos analistas militares, como el coronel EP (r) Jesús Suasnábar y el comandante EP (r) Juan Castro han denunciado la pretensión norteamericana de reinstalar la base de Manta en territorio peruano, específicamente en la Amazonía por su carácter estratégico continental, la biodiversidad de la región, el germoplasma y otras potencialidades.





“PUNEÑOS FUERON ADIESTRADOS EN BOLIVIA PARA ESCALADA DE PROTESTAS”

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Congresista subraya que el Estado peruano estaba al tanto pero no hizo nada para evitar arremetida de radicales en el sur.
El vicepresidente del Partido Popular Cristiano (PPC) y congresista por Unidad Nacional (UN), Javier Bedoya de Vivanco, denunció que el Estado se descuidó al no evitar las protestas del sur a pesar de que tiempo atrás gran cantidad de pobladores puneños recibieron adiestramiento en Bolivia para provocar los desmanes, además de que existía una gran influencia ideológica de las Casas del Alba en el vecino país. Para Bedoya vivimos en un país de impunidad, debido a que hay “una pérdida total del principio de autoridad y del respeto a los derechos de los demás”.
–¿Quién cree que está detrás de los paros al interior del país?
Desde el primer semestre cuando se convocó a un paro nacional por diversas organizaciones encabezadas por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), nosotros denunciamos que todas eran medidas de organización y de práctica con miras a la APEC y creo que no me he equivocado en ese diagnóstico.
–¿Por qué dice eso?
Por los actos de violencia desmedida en Sicuani. Aprovechando el desconocimiento de la gente malinformada y diciéndole que la construcción de una hidroeléctrica iba a hacer que les quitaran el agua, cuando todos sabemos que la caída del agua sólo iba a mover las turbinas y luego el líquido elemento iba a discurrir y no se iba a perder una gota. También los problemas de Moquegua y Tacna que no son de ahora, y para los cuales hay fórmulas para llegar a un entendimiento como una compensación respecto a Tacna por lo que está dejando de percibir.
–¿Se actuó mal?
Se ha dilatado la solución durante meses, buscando que directamente los involucrados (presidentes regionales de Tacna y Moquegua) se pusieran de acuerdo, cosa que no lograron, más los otros sucesos que se están viendo. Ahora, como no tienen más argumentos, la CGTP amenaza con una protesta por la visita del presidente Bush. De todas formas algo tenían que pretextar.
–Esto… ¿qué evidencia?Que todas las razones que se han invocado han sido pretextos cada vez más coordinados y con más actos de violencia. El gobierno ha denunciado que en los sucesos de Tacna había gente que no era del lugar y lo mismo sucedió con Moquegua. Es decir, como la solución iba a afectar a uno y beneficiar a otro, tenían gente infiltrada en ambas regiones para que en aquella región que le tocase la protesta, tuvieran gente infiltrada del otro bando.–Pero al parecer existe una alianza entre radicales y personal del ALBA y de las Casas Cubanas…
No en vano se están dando estos problemas en donde predomina gente de origen puneño que es gente de todo el país; no hay que olvidarse que Moquegua, Tacna y Arequipa tienen una altísima población de puneños, por la vinculación étnica con la gente del altiplano boliviano, que son quienes están adoptando estas medidas extremas en las que están poniendo énfasis las Casas del Alba y toda la gente que está siendo manipulada, y que en meses pasados gran cantidad de ellos recibieron adiestramiento en Bolivia.
–Conociendo esto… ¿cree que el Estado se ha descuidado en la seguridad ad portas del APEC? Creo que sí se ha descuidado en el caso del sur, porque era evidente que cuando el Congreso aprobara la Ley del Canon Minero, iba a favorecer a una región y perjudicar a la otra. Eso estaba cantado que una de los dos regiones iba a hacer protestas, entonces el gobierno tenía que estar preparado pero la policía ha sido sobrepasada tanto en Tacna como en Moquegua.–¿Qué cree que está sucediendo en el gobierno?
Hay falta de previsión, de recursos y de personal en la Policía Nacional, por eso han tenido que declarar en emergencia y hacer que las Fuerzas Armadas impongan el orden en Tacna. Espero que frente al APEC estén tomando todas las previsiones del caso, porque el Estado no sólo tiene el derecho sino el deber de proteger a los dignatarios que nos visiten y velar por la imagen del país. Seremos el centro de todas las miradas del mundo durante dos o tres días y no podemos permitir que los revoltosos atenten contra los dignatarios.
–¿Qué debe hacer el gobierno?
Tiene que actuar con mucha firmeza. Nada impide que los detractores puedan hacer sus marchas y sus protestas, porque vivimos en una democracia y en consecuencia cada uno puede expresarse libremente, pero hay límites. No pueden irrumpir en las zonas donde estarán los dignatarios, tampoco recurrir a la violencia.
–¿Qué piensa usted de Mario Huamán?
Huamán se encuentra debatiendo entre sus aspiraciones políticas y su fuerza sindical, que él mismo ve que se le va debilitando. El paro que convocaron hace unos meses fue un fracaso al igual que otros que promueven, y por eso es que tienen que lograr el éxito de las paralizaciones sobre la base de la radicalización, la violencia e infundir miedo para paralizar las ciudades. A esto hay que ponerle coto de una vez.
–¿Cómo hacer eso?
La policía tiene que actuar muy severamente y las autoridades deberían dejar de amenazar que van a llevarlos (a los manifestantes) al Poder Judicial, proceder de una vez, que los fiscales denuncien y que los jueces agilicen los procesos. Acá todos se ponen de perfil y vivimos en un país que no es de ahora y el gobierno del APRA no es la excepción. Se amenaza con que a los que destruyen propiedades los van a denunciar y no lo hacen. Declaran que no van a pagar los días de huelga, pero al final el Estado termina pagando y firmando un acuerdo ridículo en que los trabajadores se comprometen a compensar con más horas de trabajo los días que no han laborado. En otras palabras vivimos en un país de impunidad. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Hay una pérdida total del principio de autoridad y del respeto a los derechos de otros. María Teresa García
El dato
La comisión investigadora de las denominadas Casas del Alba viaja la próxima semana a Venezuela y Colombia con la finalidad de continuar con las investigaciones que se realizan a dichas organizaciones, informó el presidente de este grupo, Walter Menchola.





En una Conferencia a la que tuvo acceso el diario exterior

URIBE AFIRMA QUE "LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA ACTÚAN COMO DICTADURAS"

El Diario Exterior de España (www.eldiarioexterior.com)

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha afirmado que Gobiernos que se dicen de izquierda en América Latina "practican contravalores que caracterizaron dictaduras de derecha" del pasado, y ha lamentado que concentren demasiado poder.
"Nos parece importante un diálogo de todos en América Latina para que el punto de referencia sea avanzar en procurar que mejoren los valores democráticos", ha comentado Uribe en una conferencia magistral impartida en el Centro Fox, en el Estado mexicano de Guanajuato.
En la ponencia, centrada en la política de "Seguridad democrática de Colombia", Uribe señaló ante representantes de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), una organización de partidos de centro derecha de 88 países del mundo, que la seguridad debe ser un valor del cual no se puede apropiar ni la izquierda ni la derecha.
"Antes se predicaba como un recurso de la derecha para poder mantener y reproducir las condiciones de explotación. Hoy todo el mundo la necesita", sostuvo el mandatario.
Uribe glosó los avances registrados por su Gobierno en la lucha contra el terrorismo, el desmontaje del paramilitarismo, los secuestros, el avance de la justicia y los derechos humanos en su país, una cuestión en la que dijo que había avances pero a la vez, que quedaba mucha tarea por hacer.
La lucha por la seguridad no es una moda
"La seguridad es una lucha de todos los días. No se puede tomar por moda", agregó el presidente de Colombia, quien se extendió en consideraciones sobre la lucha contra el terrorismo y la necesidad de que haya respeto a esa lucha en su país.
Para el presidente de Colombia hablar de democracia exige respetar cinco elementos: seguridad democrática, libertades, cohesión social, transparencia e independencia de instituciones.
En relación con ésta última señaló que ha habido problemas en la región, porque lo que antaño fue "un valor de la izquierda democrática", hoy está amenazado. Sin citar países sostuvo que hay algunos latinoamericanos donde se han cometido excesos y se ha concentrado el poder, lo que amenaza con ir "configurando caminos de dictadura".
"Mi pregunta es: ¿por qué cuando se anula la independencia de los poderes, los Gobiernos que así proceden se llaman de izquierda si ese es un típico camino de anulación del equilibro, en contravía de los valores democráticos?", apuntó el mandatario.
Para Uribe estos manejos son inadecuados y alientan "la corrupción y el enriquecimiento ilícito", y representan un serio problema para el empresariado.
"Hoy hay mucha hostilidad contra la iniciativa privada. No. Hay que volver a los fundamentos de defensa de la libertad de iniciativa privada con responsabilidad social", agregó.





Opinión

CRISIS MUNDIAL

El Telégrafo de Ecuador (www.eltelegrafo.com.ec)

Luego de la victoria de Barack Obama, parece que se va produciendo un mayor re-alineamiento de fuerzas políticas y económicas en el mundo.
Para explicarlo: es preciso recordar algunas de las crisis financieras latinoamericanas: México, Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Dichos países tomaron cursos distintos: México, se reafirmó en su política de Tratados Comerciales con EE.UU. y la UE; Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, emprendieron otro rumbo distinto al modelo neoliberal. Varios economistas llamaron a este suceso latinoamericano el “giro hacia una política neodesarrollista”. La crisis del sur no era estrictamente financiera ni solo del modelo económico, era la expresión del capitalismo dependiente de las economías del sur. Se decía que la crisis de representación política regional, iba de los gobiernos elegidos democráticamente hasta las instituciones políticas internacionales, como la OEA.
No han existido salidas únicas. Argentina asumió un modelo de distribución social que regularía al capital financiero dirigido desde un Estado fuerte incorporando medidas sociales-nacionalistas y, por otra vía, Venezuela empezó a dirigir un proceso de nacionalización hacia el ‘socialismo bolivariano’. Bolivia se acercó a Venezuela y parece que Ecuador se aproxima más al modelo argentino y brasileño.
Es indudable que frente a la crisis, unos gobierno derivan cada vez a una salida neoconservadora y otros, muy pocos, buscan aproximarse a una alternativa socialista. Luego de varios años, ninguna de estas dos tendencias ha logrado una resolución clara a la crisis. Ahora con Obama este panorama podría modificarse sustancialmente.
El ejemplo del sur, es totalmente pertinente, aunque la crisis económica y política del norte tiene dimensiones globales y responde a sus propias singularidades. La crisis financiera actual ha obligado a algunos gobiernos del norte a iniciar un realineamiento de fuerzas a nivel mundial hacia el neo-desarrollismo y con la victoria de Obama, pareciera que el mundo, le cierra las puertas al neoliberalismo.
En el norte, se podrían constituir lógicas similares a las de América Latina. La diferencia estaría en que sus gobiernos, aún en situación de crisis, cuentan con la capacidad política y militar para reorganizar al mundo. Luego, la crisis que existe no será resuelta fácilmente… ni siquiera si controlaran cualquier desmán de capital financiero.
¿Obama será quien permita el realineamiento global y neoconservador a favor del gran capital o será quien colocará la lucha por un mundo justo y humano? Por sus primeras declaraciones, se acerca más a la primera salida.
Por otro lado, Redes y Movimientos Internacionales llaman a una movilización global en contra de la reunión del G20 y del capital financiero. En San Salvador, recientemente, algunos presidentes de América Latina han declarado “el fin del capitalismo”. Detrás de “las regulaciones al capital financiero” se esconden confrontaciones económicas y graves disputas por la hegemonía del mundo y a la par el espíritu anticapitalista podría florecer ya no solo en América Latina.





DIPLOMACIA EN AMÉRICA LATINA

El Telégrafo de www.eltelegrafo.com.ec)

La victoria de Barack Obama inició un nuevo ciclo histórico en los EEUU, con un presidente demócrata, el primer afroamericano y que ha cuestionado el modelo neoliberal, las bases militaristas de la política Bush, al mismo tiempo que plantea la atención prioritaria a los más amplios sectores descuidados de la población norteamericana. Con Obama también se han abierto expectativas mundiales.
Pero también se dice que con Obama perderán sustento las posiciones “izquierdistas” radicales en América Latina, pues ya no habrá motivos para los “antiimperialismos”. Se añade que caerá el discurso “confrontacional” de Cuba, Bolivia o Venezuela (y hasta del Ecuador).
Si se examina desde una perspectiva histórica, el “discurso” confrontacional no se origina en América Latina, sino precisamente en la sucesión de una serie de políticas y diplomacias norteamericanas frente a la región. No hay duda que a partir de la Revolución Cubana (1959) América Latina fue arrastrada a la “guerra fría” continental, largamente mantenida por los EEUU. El republicano Dwight D. Eisenhower (1953-61) inició esa diplomacia contra Cuba; pero, paradójicamente, bajo el demócrata John F. Kennedy (1961-63) hubo un intento de invasión a la isla, se produjo la crisis de los misiles con la URSS, los servicios de inteligencia se volcaron sobre el continente y se artículó para Latinoamérica la “Alianza para el Progreso”.
Después, sucesivamente, llegaron los gobiernos del demócrata Lyndon B. Johnson (1963-69), el republicano Richard M. Nixon (1969-74), el republicano Gerald R. Ford (1974-77) y el demócrata Jimmy Carter (1977-81). Comenzando por la guerra del Vietnam, atendida por Johnson, hasta la política de derechos humanos de Carter, Latinoamérica no dejó de sentir intervencionismos sucesivos y dictaduras como las sanguinarias-terroristas que se establecieron en el cono sur, comenzando por la de Pinochet, recibido incluso en una oportunidad por Carter. El pretexto fue la defensa de la “democracia” de tipo occidental.
En otro ciclo histórico abierto por el republicano Ronald Reagan (1981-89), continuado por el también republicano George Bush (1989-93), luego por el demócrata Bill Clinton (1993-2001) y finalmente con el republicano George W. Bush hijo (2001-2008), América Latina se vio condicionada por la agresividad de las políticas neoliberales, el papel del Fondo Monetario Internacional, el combate al “terrorismo” y el narcotráfico.No puede soslayarse la experiencia del pasado al momento de imaginar demasiadas expectativas con el presidente Obama. Pero es mucho más importante que en América Latina se comprenda la necesidad de apartarse de las diplomacias extrañas a sus intereses, para construir su propia política externa y su diplomacia, en una nueva era que valore los “viejos” principios de soberanía, identidad nacional, independencia, firmeza, economías propias, etc. Y se impone la defensa de nuestros propios regímenes, surgidos de nuestras variadas democracias, en función de la multiplicidad económica y social latinoamericana.

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