Tuesday, January 05, 2010

GOBIERNO DE MORALES DICE QUE NO QUIERE CONVERTIRSE EN "ESCLAVO" DE EEUU

El reelegido vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmó que La Paz y Washington podrían llegar a mantener "excelentes" relaciones en los próximos años si Estados Unidos reconoce que "el mundo es una comunidad de Estados soberanos".
García Linera declaró, en una entrevista al portal Erbol, que Bolivia no quiere abrir nuevos mercados en Estados Unidos a cambio de que la administración norteamericana se inmiscuya en el país iberoamericano. "No queremos preferencias arancelarias a cambio de que nos digan cuál debe ser nuestra política económica, porque seríamos esclavos, seríamos otra vez una colonia, un Gobierno servil", denunció.
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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, planteó esa posición en una entrevista con la emisora de radio Erbol, en la que también señaló que, en el pasado, su país fue el "más subordinado" de América Latina al Gobierno norteamericano.
"No queremos mercado a cambio de que nos digan quién debe ser el ministro, no queremos preferencias arancelarias a cambio de que nos digan cuál debe ser nuestra política económica, porque seríamos esclavos, seríamos otra vez una colonia, un Gobierno servil", dijo.
García Linera apuntó que están en marcha "mesas de trabajo" para tratar de alcanzar un acuerdo para mejorar las relaciones. No obstante, indicó que "los chantajes y las presiones para que no seamos radicales, no tengamos ciertos amigos, no vayamos por un camino de soberanía, siguen" en el Gobierno de Washington.
A su juicio, en la actual Administración de Barack Obama, al igual que su antecesor George W. Bush (2000-2008), hay "un afianzamiento de una política más guerrerista" que no permite mejorar las relaciones.
"Cuando aprenda a reconocer que el mundo es una comunidad de Estados soberanos que asumen la interdependencia de manera voluntaria, tendremos excelentes relaciones con EEUU", agregó García Linera.
Los vínculos entre los gobiernos de La Paz y de Washington han quedado prácticamente congelados desde septiembre del 2008, cuando se produjo la expulsión mutua de embajadores, en un momento en que Bolivia vivía una ola de protestas opositoras contra el Gobierno.
García Linera dijo que el antiguo embajador de EEUU en La Paz Philip Goldberg fue "parte del comando que articuló a prefectos (gobernadores) y cívicos golpistas" en esas protestas opositoras que, en su criterio, buscaban derrocar a Morales.
La pelea entre ambos países también ha tenido consecuencias en el ámbito comercial, ya que el Gobierno de Obama mantuvo la decisión de su antecesor George W. Bush de suspender a Bolivia de los beneficios del programa de preferencias arancelarias andinas ATPDEA.
El argumento fue que Bolivia no ayudaba lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, después de que Morales expulsara de Bolivia también a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), a la que acusó de estar implicada en actos subversivos.





BOLIVIA, DISPUESTA A MANTENER RELACIONES "EXCELENTES" CON ESTADOS UNIDOS SI RESPETA SU SOBERANÍA

Europa Press de España (www.europapress.es)

El reelegido vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, afirmó este lunes que La Paz y Washington podrían llegar a mantener "excelentes" relaciones en los próximos años si Estados Unidos reconoce que "el mundo es una comunidad de Estados soberanos".
García Linera declaró, en una entrevista al portal Erbol, que Bolivia no quiere abrir nuevos mercados en Estados Unidos a cambio de que la administración norteamericana se inmiscuya en el país iberoamericano. "No queremos preferencias arancelarias a cambio de que nos digan cuál debe ser nuestra política económica, porque seríamos esclavos, seríamos otra vez una colonia, un Gobierno servil", denunció.
"Cuando (Estados Unidos) aprenda a reconocer que el mundo es una comunidad de Estados soberanos, que asumen la interdependencia de manera voluntaria, tendremos excelentes relaciones", indicó el 'número dos' de Evo Morales, que tomará posesión del cargo el próximo día 22.
Pese a la aparente buena voluntad boliviana, García Linera contrapuso "los chantajes y las presiones" que, a su juicio, siguen llegando desde Washington. En este sentido, apuntó que tanto el actual presidente norteamericano, Barack Obama, como su predecesor, George W. Bush, mantienen "una política más guerrerista".
Las relaciones entre los dos países quedaron congeladas en el año 2008, después de que La Paz expulsase al embajador estadounidense por inmiscuirse supuestamente en la política de Bolivia.
Ya el pasado día 30 de diciembre, el propio Morales abrió la puerta a recuperar estos contactos perdidos a cambio de un respeto explícito de la soberanía boliviana. Las declaraciones del dirigente indígena llegaron después de que Washington anunciase la posibilidad de permitir la entrada de Bolivia a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpda, por sus siglas en inglés).





BOLIVIA: POLÉMICA POR EL PODER JUDICIAL

BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo/america_latina)

En Bolivia se ha desatado una fuerte polémica porque el presidente Evo Morales decidió impulsar la designación transitoria de autoridades judiciales con la finalidad de llenar los cargos jerárquicos vacantes que habían dejado semiparalizado a ese poder.
Constitucionalistas bolivianos han advertido que la ley que propone el presidente para esos nombramientos, de concretarse, violará la Constitución Política del Estado, pues ésta establece que los magistrados deben ser elegidos por voto directo del pueblo.
Los opositores temen que Morales, al tener el control de la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, termine también copando el Poder Judicial, con lo que controlaría los tres poderes del Estado.
Morales, en entrevista con el diario La Razón, sugirió una designación de magistrados de forma conjunta entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante "una ley corta", que no fijará las reglas de juego para la elección sino que establecerá un procedimiento expedito para el nombramiento de magistrados transitorios.
Poder semiparalizado
Durante el mandato de Morales, han existido tensiones entre los poderes Ejecutivo y el Judicial, al punto que este último quedó semiparalizado por las sucesivas renuncias de jueces que alegaron motivos personales o presiones del gobierno.
Ahora, con el 64% de los votos logrados en la última elección, Morales quiere resolver ese problema tras la instalación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ocurrirá este 22 de enero.
“La duda que tengo todavía, no soy un experto por supuesto, es que mientras se aprueben estas normas para ir a la elección, qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional, qué hacemos con esos vacíos que tenemos, con la inseguridad que tenemos en el Poder Judicial”, dijo Morales al diario La Razón.
Este lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera explicó que, “lo que se propone es que en estos seis meses o en este año que se tarde para la elección de autoridades por voto, el sistema judicial no colapse, se elija autoridades que cumplan su función transitoriamente”.
Sin embargo, los juristas Carlos Alarcón y Gonzalo Mendieta le dijeron a BBC Mundo que esa decisión es inconstitucional.
"Jueces sumisos y serviles"
Alarcón asegura que la única salida legal es aprobar la ley del Poder Judicial para convocar a una elección de magistrados para que "se garantice la conformación de un Poder Judicial independiente e imparcial".
Este constitucionalista dice no entender cuál es el apuro de hacer estas designaciones, puesto que esos cargos estuvieron vacantes los últimos tres años.
En su criterio, más parece un interés de "llenar los puestos para tener jueces sumisos y serviles", lo que en su criterio, sería repetir los errores del pasado.
El jurista Gonzalo Mendieta coincide en que la norma propuesta por Morales es inconstitucional y agrega que "no es una forma sabia de encarar el problema".
Este analista cree que debió incluirse un artículo transitorio en la Constitución para elegir estas autoridades sin tener que esperar la ley del Poder Judicial ni las elecciones de magistrados.
Pero, en vista de que eso no sucedió, Mendieta propone que se busque consenso con los sectores de la sociedad, a fin de evitar la zozobra.
Con esta actitud, en criterio de Mendieta, se está "deslizando la sospecha de que van a nombrar miembros del Poder Judicial afines al gobierno".
Mendieta también reconoce que el tema de fondo es que el país no puede seguir con la justicia semiparalizada.
5.000 causas paralizadas
Ese es precisamente el argumento utilizado por el gobierno para demandar la aprobación de la ley de designación de autoridades judiciales.
El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que actualmente existen alrededor de 5.000 causas estancadas.
La oposición, que no tiene el poder del veto ni del bloqueo en la Asamblea Legislativa, ha rechazado la decisión de nombrar autoridades porque a decir del diputado electo por Convergencia Nacional, Alejandro Zapata, "estaríamos hablando de que el Presidente tendría el control del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial".
Según este parlamentario, la decisión "ocasionaría una cacería de brujas y persecución de líderes de la oposición como está sucediendo actualmente".
Él hace alusión a la situación del líder de su partido, Manfred Reyes Villa, quien tiene una orden de detención, pero está desaparecido.





LOS GLACIARES DE LOS ANDES SE DERRITEN

Bolivia se enfrenta a graves problemas de abastecimiento de agua por el deshielo de la cordillera andina, su principal reserva

Público de España (www.publico.es)

El glaciar Chacaltaya que, en lengua aymara, significa "camino del frío"ha desaparecido. Después de 18.000 años presidiendo los Andes bolivianos, el glaciar que llegó a albergar las pistas de esquí a mayor altitud del planeta, 5.300 metros, se ha extinguido por completo. El Chacaltaya comenzó a derretirse en los años ochenta, y las previsiones más pesimistas pronosticaban su desaparición antes del año 2015. No contaban, sin embargo, con que el hecho de que el ritmo del deshielo se ha triplicado en la última década debido al aumento de las emisiones de efecto invernadero.
Lo más preocupante es que otros glaciares de la región podrían estar derritiéndose también a una velocidad vertiginosa. Cinco glaciares de la espectacular cordillera Tuni Condoriri así denominada por su parecido con un cóndor encorvado se han derretido ya por completo; otros diez, mientras tanto, se han reducido más de un tercio.
Los datos disponibles, por ahora, no invitan al optimismo. Algunas estimaciones prevén la desaparición total de los glaciares de la montaña de Illimani, a 6.500 metros de altura, en 30 años. El Banco Mundial, por su parte, calcula que para 2030 no existirá la mayor parte de los glaciares. Y algunos científicos pronostican, incluso, que el Lago Titicaca podría desaparecer hacia mediados de este siglo debido a los efectos del calentamiento global.
Problemas de abastecimiento
Bolivia, que concentra la quinta parte de los glaciares tropicales del mundo, está sufriendo como pocas zonas del planeta el cambio climático. En el país andino, el calentamiento global no es una proyección apocalíptica sino una realidad que ha llegado antes de lo previsto. La primera consecuencia es cuestión de supervivencia: falta agua. Los glaciares son fundamentales, sobre todo durante la temporada seca, pues, mientras escasean las lluvias, los glaciares se van derritiendo lentamente y suministran agua potable para los bolivianos del altiplano, La Paz y El Alto. El 80% del consumo de agua en estas dos ciudades, que están entre las más importantes del país, provenía de los glaciares.
Todo apunta a que el problema de abastecimiento seguirá recrudeciéndose, pues cada año llegan a El Alto inmigrantes procedentes de zonas rurales que hacen aumentar la demanda de agua. La pérdida de los glaciares implicará la necesidad de conseguir aumentar el abastecimiento de agua. Las centrales hidroeléctricas podrían ser una solución, pero comienzan a ser cada vez más cuestionadas por sus repercusiones sobre el ecosistema.
La escasez de agua es sólo la primera y más urgente de las consecuencias del calentamiento global que amenazan de modo inminente el futuro de Bolivia. Según el informe Bolivia, cambio climático, pobreza y adaptación, publicado el pasado mes de noviembre por la ONG Oxfam Internacional, el cambio climático afectará a la diversidad del vasto territorio boliviano y provocará un aumento de los incendios forestales en la región. Además, y según el mismo documento, la población sufrirá pronto escasez de alimentos y un aumento en la incidencia de enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, como el dengue y la malaria.
El país andino es también uno de los que más sufren la deforestación en el mundo un fenómeno que cada año acaba con 300.000 hectáreas de sus bosques, con lo que se incrementa el efecto invernadero y aumentan las posibilidades de sufrir desastres naturales e inundaciones. De hecho, Bolivia ingresó en 2007 en la lista de los diez países más afectados por este tipo de tragedias. Entre 2007 y 2008, el país andino enfrentó las peores emergencias de sus últimos 25 años, según Oxfam.
El caso del deshielo de los glaciares bolivianos evidencia que la denuncia que realizó recientemente en la cumbre del clima de Copenhague el presidente del país, Evo Morales junto con su homólogo venezolano, Hugo Chávez tiene una base real: ante el resto de líderes mundiales, Morales denunció la injusticia de que uno de los países más pobres de América Latina acabe pagando la factura de los efectos del cambio climático, en el que escasamente ha colaborado. Como subraya Oxfam en su estudio, Bolivia está pagando "un alto precio" por una situación sobre la que "históricamente no tiene ninguna responsabilidad".
Lucha contra la pobreza
Lo cierto es que Bolivia es uno de los países más pobres del continente suramericano: un 65% de sus diez millones de habitantes vive en la pobreza, con menos de dos dólares diarios. De ese porcentaje, el 40% se encuentra en la pobreza extrema, con menos de un dólar por día. En los últimos años, comenzaban a apreciarse los frutos de las políticas de Evo Morales, destinadas a disminuir la pobreza, la desigualdad social y aumentar las oportunidades de la población indígena. Unos avances que podrían ahora verse truncados por el impacto del calentamiento global en el país.
El Gobierno ya ha dado los primeros pasos para diseñar políticas que minimicen los efectos del cambio climático. Sin embargo, por sus carencias financieras y tecnológicas, el país está todavía lejos de implementar medidas eficaces. Necesita la ayuda internacional, tal y como exigieron los países bolivarianos en la cumbre de Copenhague. No conseguir esa ayuda fue, de hecho, una de las razones por las que no firmaron el acuerdo final que, además, tampoco compromete a los países más contaminantes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En todo caso, y por el momento, las comunidades del altiplano han comenzado a tomar sus propias medidas: los pueblos indígenas han vuelto a utilizar prácticas de cultivos de siglos de antigüedad que habían quedado en desuso y se rescatan ahora porque requieren menos agua. Al Gobierno y a los bolivianos no les queda otra: saben que los glaciares concentran las principales reservas de agua del país y el suministro se ha convertido en una sustancial preocupación para el futuro. Tal y como advierten los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU desde hace años, las guerras del siglo XXI no se librarán por el oro, por el petróleo o por la religión, sino, muy posiblemente, por el agua y la gestión de otros recursos fundamentales.





INDÍGENAS BOLIVIANOS SE ALZAN CONTRA SISTEMA ESCLAVISTA

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

Juan Vásquez casi no tuvo infancia. Jamás fue a la escuela y comenzó a trabajar en una hacienda a los 12 años. Se casó a los 15 y tuvo nueve hijos.
En sus 25 años de vida, dice con los ojos llorosos, nunca cobró un sueldo. Sólo recibió comida en una mesa comunal y dos veces al año una suma pequeña de dinero para comprar ropa.
"No sabía lo que era ganar (un sueldo) hasta ahorita", declaró Vásquez, quien ha perdido muchos dientes y los que le quedan están manchados de verde por la hoja de coca que mastica.
Con la reelección de Evo Morales, el primer presidente indígena que tiene Bolivia, y la llegada por primera vez de legisladores guaraníes al Congreso, pronto podría acabarse lo que las Naciones Unidas describió como un sistema de "trabajos forzados y servidumbre".
Si bien los 85.000 guaraníes como Vásquez que hay en Bolivia representan poco más del 1% de los 6 millones de indígenas que hay en el país, han sido lo más explotados y una de las prioridades de Morales es sacar a esa población de la virtual esclavitud en que se encuentra.
Varios miles de guaraníes "liberados", incluido Vásquez, viven en la incertidumbre, sin un centavo, a la espera de que el gobierno cumpla su promesa de entregarles tierras.
A pesar de ello, Bolivia ya ha dado grandes pasos para poner fin a siglos de explotación de los indígenas por parte de terratenientes de raza blanca.
Y la abrumadora victoria de Morales en las elecciones de fin de año le dan más impulso a esas políticas.
En la misma elección se aprobó la autonomía de dos comunidades guaraníes. En abril habrá comicios en los que se espera que los guaraníes consigan por primera vez las alcaldías de varias localidades del sudeste del país.
Desde las elecciones del 6 de diciembre, el gobierno confiscó haciendas por un total de 15.500 hectáreas a dos importantes líderes opositores en los llanos orientales, baluarte de las fuerzas que combaten a Morales. El gobierno dijo que las tierras habían sido obtenidas mediante fraude y no cumplían "ningún propósito social ni económico".
Los avances de los guaraníes en los procesos electorales le están restando poder a la oposición en la región de Alto Parapeti, punto de convergencia de los estados de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, donde se han registrado los casos más extremos de explotación de los indígenas, según el gobierno.
Juan Vásquez está en el medio de esta batalla. Dejó de trabajar en una de las cinco haciendas que abarcan 37.000 hectáreas en el Alto Parapeti cuyos propietarios resisten la campaña del gobierno para expropiarlas.
El gobierno dice que en esas haciendas imperaba la servidumbre. Los hacendados, incluidos dos estadounidenses, Ronald Larsen y su hijo Duston, lo niegan.
"Esperamos que todo salga bien. Es lo único que podemos hacer", declaró a la AP Duston Larsen, de 31 años, aludiendo a los esfuerzos para conservar la hacienda de 15.000 hectáreas.
Afirma que siempre se le pagó a los peones dos veces el salario mínimo y se les suministró atención médica y escuelas, pero que ahora tenían apenas 15 trabajadores, la mitad de lo que había en el 2007.
Todos estos procesos están en el Tribunal Agrario Nacional desde el año pasado. Se espera que un nuevo congreso dominado por Morales disuelva esos tribunales y los reemplace con otros integrados por jueces elegidos por el pueblo.
"Ha habido un levantamiento para hacer que se cumpla la ley... por el derecho a la tierra y a la libertad", expresó Celso Padilla, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que representa a los indígenas.
Bajo el gobierno de Morales, quien es aymará, el pueblo indígena mayoritario, la minoría blanca ha ido perdiendo poder político.
Una nueva constitución que funciona desde febrero declaró a Bolivia una "estado plurinacional" y dio a 36 grupos étnicos, que representan más del 60 de la población, el derecho a la autodeterminación a nivel municipal. Con el tiempo, pasarán a ser territorios autónomos, aunque el nuevo congreso todavía tiene que decidir el alcance de esa autonomía.
Los guaraníes, que son el tercer grupo étnico más grande de Bolivia, están movilizándose mucho más allá del Alto Parapeti.
Numerosos hacendados están tratando mejor a sus peones y pagándoles el sueldo mínimo, equivalente a unos 92 dólares al mes, que es en muchos casos el doble de lo que pagaban antes, según Walter Herrera, funcionario de la Capitanía Guaraní de Monteagudo, al oeste del país.
"Falta mucho todavía, pero la situación de derechos humanos está mejorando" manifestó.
Otros hacendados, en cambio, despidieron a sus trabajadores pagándoles indemnizaciones de 565 dólares, término promedio, en tanto que unas 350 familias guaraníes siguen trabajando en las mismas condiciones de explotación de siempre en haciendas más pequeñas en la montaña, de acuerdo con Herrera.
El presidente de la asociación de ganaderos de la vecina Camiri, Javier Antúnez, afirma que las denuncias de explotación no tienen fundamento.
"El gobierno ha pregonado mucho sobre las servidumbres y no ha tenido algo sólido para poder demostrarlo", manifestó.
Antúnez sostuvo que la idea de darle poder a los indígenas es "un nuevo experimento de Europa". Aludía al hecho de que organizaciones no gubernamentales de Alemania, Suecia y España están asesorando a los guaraníes.
Agregó que esto podría afectar el desarrollo de Bolivia y restarle competitividad en relación con los poderosos vecinos Brasil y Argentina.
Algunos hacendados apelaron a la fuerza para impedir las inspecciones del gobierno que dieron lugar a las órdenes de expropiación. En el 2008 hubo varios episodios en los que los hacendados dispararon hacia los inspectores o cortaron las llantas de sus vehículos.
El sacerdote católico uruguayo Nacho Aguirre, quien trabajaba con los guaraníes en una región aislada, accesible solo con vehículos de doble tracción, se fue del país luego de que su superior le envió un correo electrónico diciéndole que algunos hacendados se habían expresado "con odio y resentimiento, jurando que lo matarían".
Ningún hacendado interfirió con la visita de un reportero de AP al Alto Parapeti en diciembre para entrevistar a Vásquez y otros indígenas que dijeron que la mayor parte de sus vidas estuvieron sometidos a relaciones laborales abusivas con los hacendados.
"No me pagaron. Yo ganaba en una semana cinco kilos de azúcar, algunas hierbas y un jabón. Esa era mi ganancia", manifestó Felicia Flórez, de 78 años. Dijo que desde pequeña fue obligada a realizar trabajos forzados en la hacienda de Ernesto Chávez, primero como niñera y luego como cocinera.
En una entrevista telefónica, un hijo de Chávez, Roberto, acusó a Flórez y a Vásquez de mentir. Cuando se le preguntó cuánto ganaban, no respondió.
Miriam Campos, quien encabezó la campaña contra la servidumbre desde el Ministerio de Justicia durante una década, hasta que dejó el cargo hace poco, dijo que había confirmado las denuncias de Vásquez y varios casos similares.
Indicó que no se habían publicado los testimonios "por un tema de seguridad de la gente, porque ellos han sido amenazados".
Una misión de la Organización de Estados Americanos determinó en junio del 2008 que "personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores" habían estado sometidas por décadas a "excesivo trabajo físico", y que "en muchos casos los mismos propietarios (de las haciendas) pertenecen o se encuentra directamente vinculados con el poder político local".
El sistema de servidumbre de los indígenas se remonta al siglo XIX. Cuando Bolivia se independizó de España en 1825, nadie había podido conquistar a los guaraníes. Ni siquiera los incas. Pero fueron subyugados lentamente hasta ser totalmente dominados en 1892, cuando unos 6.000 indígenas murieron en un levantamiento contra los hacendados, que según Padilla trataban a los peones "como animales", comprando y vendiendo sus tierras como si ellos no existiesen.
El poder de los hacendados del Alto Parapeti era tal que no fueron afectados por una reforma agraria de 1952 que dividió grandes haciendas en el resto del país.
Los guaraníes comenzaron a organizarse recién a principios de la década de 1980, tras la caída de una dictadura de derecha.
En 1996 hubo una nueva campaña de redistribución de tierras y la Iglesia Católica compró terrenos para los guaraníes.
y la redistribución cobró impulso tras la elección de Morales en el 2005, cuando un estudio realizado por el gobierno comprobó que 1.049 familias guaraníes vivían en estado de servidumbre.
Dos años después, el gobierno dispuso la entrega de unas 20 millones de hectáreas a los indígenas.
Ya se entregaron dos tercios de esas tierras, de acuerdo con Martín Basurco, del Viceministerio de Tierras.
El líder indígena José Yamangay, de 37 años, ha luchado fuerte por la redistribución.
"Yo vivo para esto", declaró. "Mi papá fue peón. Mi abuelo fue peón. Mi bisabuelo fue peón. Yo no iba a ser otro peón", expresó.





BOLIVIA: DERECHO A LA TIERRA, UNA SEMILLA QUE NO GERMINA

IPS de México (www.ipsenespanol.net)

La legislación de Bolivia para la tenencia de tierra para la agricultura es ampliamente favorable para las mujeres, pero el desconocimiento de sus derechos limita los esfuerzos por asignar predios con equidad y proteger la adjudicación del riesgo del despojo.
El conjunto de normas que reconocen a la mujer la posibilidad de ser propietaria de la tierra que cultiva es uno de los más avanzados de América Latina, pero sus beneficiarias siguen sufriendo el desalojo y destierro de sus comunidades, dijo a IPS consultora del estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gaby Gómez-García. Los rasgos patriarcales en las comunidades indígenas y el analfabetismo de las mujeres campesinas son obstáculos en el camino y exigen un proceso de sensibilización para que las leyes se armonicen con los usos y costumbres de los pueblos originarios, reclamó.
Bolivia es un país con 10,4 millones de habitantes divididos en forma casi igual entre hombres y mujeres y donde la mitad de la población se autodefine como indígena. La mujer representa 50,5 por ciento de esa población indígena, pero sólo 47,6 por ciento de los 3,5 millones de los habitantes en el área rural, según cifras oficiales.
La investigadora es co-autora del libro "La tierra tiene nombre de mujer", publicado por el INRA y que destaca la entrega de títulos de propiedad de 164.401 hectáreas a 10.299 mujeres entre enero de 2006 y enero de 2009, en coincidencia con la presidencia de Evo Morales, reelegido el 10 de diciembre para un segundo mandato que arranca el día 22.
Entre 1997 y 2005, sólo se entregaron 4.125 títulos de propiedad a mujeres. El avance en los últimos cuatro años es considerable, dijo Gómez-García en su diálogo con IPS, pero puntualizó que quedan muchas tareas pendientes.
IPS: ¿Cuánta garantía y protección a la mujer ofrece la actual legislación en materia de tierras?
GABY GÓMEZ-GARCÍA: El marco normativo a favor de la mujer, es aplicado desde la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en 1996, que establece un reconocimiento a los derechos de la mujer a la tierra.
Con la Ley de Reconducción Comunitaria del año 2006, las políticas del gobierno van a favor de sectores desprotegidos, y dentro de ellos está el reconocimiento de los derechos de la mujer, pero nunca se midió lo que se avanzó en el tema.
IPS: ¿Este avance en materia de legislación es suficiente?
GGG: Nos damos cuenta que hubo avance en términos formales de reconocer a la mujer con un titulo, pero no es suficiente.
Desde el año 2010, los funcionarios que ingresen a las comunidades a realizar pericias de campo, exigirán la participación activa de las mujeres, pero para ello los funcionarios deben ser sensibilizados sobre la importancia de esta tarea adicional para transformar la estructura de la tenencia de la tierra.
IPS: ¿La tarea del INRA culmina con la entrega de títulos?
GGG: Luego de terminar la titulación, las mujeres no conocen sus derechos. A veces no saben leer ni escribir y desconocen que la propiedad no es exclusivamente del marido.
El tema es muy delicado en el interior de las comunidades del área andina donde la propiedad de la tierra tiene carácter patriarcal. Desconocemos el número de culturas donde existe ese patriarcado.
IPS: ¿En el matrimonio de dos personas pertenecientes a grupos culturales diferentes existe un reconocimiento al derecho de la mujer para acceder a la tierra?
GGG: La mujer cuando se casa abandona su comunidad, y se traslada a vivir al hogar del marido. Existen casos en que la mujer es abandonada, luego desalojada y cuando es anciana retorna a su comunidad de origen, pero es echada porque sus hijos tienen otro apellido.
Cuando hay una ruptura en las familias, hay poca tolerancia en las comunidades y la mujer queda desprotegida. El INRA no puede hacer nada porque las comunidades deben normar dentro de su ámbito territorial, de acuerdo al régimen de autonomías.
IPS: ¿Cuánta resistencia existe entre los hombres de las comunidades frente a la entrega de títulos a una mujer? GGG: En las pequeñas propiedades, hay mucha resistencia y la mujer debe luchar mucho para ser reconocida como propietaria. Pero cuando lo logra tiene prestigio social, el marido no la vuelve a pegar.
El problema mayor se presenta cuando hay de por medio una propiedad comunitaria y donde el Estado no puede hacer nada. La mujer está desvalida cuando la comunidad interviene, solo el hombre o el sobrino puede asumir la titularidad de la tierra, y la mujer se queda como empleada doméstica y sometida a mayor grado de pobreza.
IPS: ¿Cuánto camino queda por recorrer en el tema de derechos y el reconocimiento de ellos por la sociedad? GGG: Hay que trabajar con las mujeres para hacerles conocer que tienen derechos. No se pueden ejercer derechos sin conocerlos, y ese es el medio para evitar que sean echadas de sus comunidades.
El INRA termina su mandato con la entrega de títulos, pero queremos generar espacios de diálogo, porque no se pude imponer y romper las culturas de los pueblos.
Debe haber un proceso de reconocimiento de la comunidad a la mujer y su relación con la tierra. Pero la sensibilización para que sea respetada, necesita apoyo financiero de manera simultánea al reconocimiento de los pueblos indígenas.
IPS: ¿El marco legal es suficiente para alcanzar los objetivos que señala?
GGG: Las leyes formales son amplias en el reconocimiento de los derechos, pero debemos trabajar en el relacionamiento con las normas comunitarias.
Por ejemplo, en la región del valle (zona central), es difícil que desalojen a una mujer porque posee mucha fortaleza, muchas son cabeza de familia y las parcelas de tierra son chicas. Lo ganado, se lo ganaron a fuerza de lucha.
En las tierras bajas (llanuras y Amazonía), me tocó ver que los matrimonios interétnicos encierran mucha violencia. La mujer debe tolerar mucha violencia y no tiene la defensa de la comunidad.
En el pueblo cavineño (localizado en los norteños departamentos de Beni y Pando), la mujer puede tener tres maridos y por lo tanto si puede administrar una familia con tres maridos, puede administrar muy bien la tierra, haciendo trabajar a los tres hombres.
IPS: ¿Qué experiencias obtiene de los talleres dirigidos a escuchar las demandas de las mujeres?
GGG: En noviembre se realizó uno en la ciudad de Oruro, al cual asistieron autoridades judiciales del Tribunal Agrario Nacional, y despertó un interés muy grande por saber el derecho de la mujer en las comunidades. La nueva Constitución Política del Estado dice que cada comunidad debe normar y regular bajo sus usos y costumbres, y esto es importante porque no se puede violentar los derechos de los débiles.
Estos encuentros posibilitan que las autoridades formales y originarias puedan dialogar. Coinciden en afirmar que no es justa la discriminación a la mujer y prometen revisar las leyes y las tradiciones para encontrar su complementariedad y restituir sus derechos.





NUEVA ASAMBLEA LEGISLARÁ EN BREVE EN BOLIVIA

Juventud Rebelde de Cuba (www.juventudrebelde.cu)

De histórico cambio parlamentario en Bolivia calificó el vicepresidente Álvaro García Linera, la instalación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyas sesiones preparatorias se iniciarán el miércoles.
«Estamos convocando a los diputados y senadores electos al inicio formal de las sesiones preparatorias», señaló el mandatario en conferencia de prensa durante la cual recordó que tras la amplia victoria electoral del presidente Evo Morales, existe una mayoría absoluta de parlamentarios del MAS. Ellos pretenden perfilar el reglamento de debates para ambas cámaras y designar a los presidentes, vicepresidentes, directivos y comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores antes del 22 de enero, fecha fijada para su toma de posesión oficial, así como la del Presidente y Vicepresidente del Estado. García Linera explicó que luego de la sesión inaugural de la Asamblea se iniciará, el día 26, el trabajo legislativo para debatir las leyes de urgencia.
Los parlamentarios prevén aprobar unas cien leyes en los primeros seis meses del año, entre las que se destacan la Ley Transitoria del Órgano Judicial, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la de Autonomías, la de Lucha contra la Corrupción e Investigación de Fortunas y la del Seguro Universal de Salud.

1 comment:

pao.iv said...

Que ministra de culturas para más imbecil, jjaja decir que la candelaria es copia del carnaval de oruro, cuando la candelaria es una fiesta religiosa y más antigua que ese carnaval, haber si hacen seguimiento entonces que sigan también a tarija donde se baila la chacarera 100% argentina. Para imbéciles quienes mas, los bolivianos