NACIO LA NUEVA BOLIVIA

Por primera vez en su historia Bolivia se dota de un texto constitucional que ha sido sometido a la aprobación popular.

. Todas las anteriores fueron fruto de los arreglos políticos entre diferentes grupos de la elite y de éstos con los imperialismos de turno, excluyendo siempre a las mayorías indígenas, campesinas y obreras del país.62% de la ciudadanía ha dado su respaldo a la nueva constitución. Un porcentaje que a juicio de algunos (la prensa española, por ejemplo) resulta insuficiente y representa una cierta derrota para gobierno de Morales. Toda una paradoja si se recuerda que la actual constitución española, loada en extremo como expresión de un proceso de transición modélica a la democracia fue aprobada en su día precisamente con un porcentaje semejante (pero con la abstención del 33% del electorado); además, significativamente, en regiones como Euskadi la carta magna fue rechazada por la mayoría. ¿Por qué un 62% resulta excelente en España pero solo alimenta suspicacias si se trata de Bolivia?. Por otra parte, ninguna constitución recibe una aprobación unánime; son excepcionales los porcentajes superiores al 75-80%. Se registran por lo general, en sociedades muy homogéneas o en coyunturas que imponen la unidad en torno a un objetivo ampliamente compartido.
Pero el rechazo al nuevo texto constitucional de una parte importante de la población en las llamadas "regiones rebeldes" -el oriente rico del país- sugiere dificultades que solo desconocería un triunfalismo inocente. En efecto, la derecha consolida un cierto poder que aunque no le permite sacar a Morales del gobierno si le ofrece bases suficientes para mantener su estrategia de desgaste y posponer la batalla definitiva para momentos más propicios.
Hasta ahora la derecha no ha tenido éxito promoviendo el clásico golpe militar ni parece que éste sea posible de forma inmediata. También ha fracasado promoviendo una guerra civil pero el riesgo de ésta sigue latente. Además, la táctica de explotar el sentimiento regional y la abierta llamada al separatismo no solo limita sus posibilidades en las áreas andinas sino que dificulta mucho su incitación a las fuerzas armadas porque afecta el sentimiento nacionalista de un sector importante de la oficialidad y la tropa que jamás aceptarían la partición del país.
Si la nueva constitución se aplica consecuentemente será inevitable la agudización extrema de las contradicciones de la sociedad boliviana. Y es así porque además del reconocimiento de la dignidad de los indígenas (elevados por primera vez a la condición de ciudadanos) tiene capítulos que afectan de lleno los privilegios de la derecha. Se trata de reivindicaciones tradicionales de la población cuya satisfacción no es posible sin terminar con el poder económico y político de una elite dominante cuya inmensa riqueza no es el resultado del trabajo duro, el ahorro sistemático y la vida discreta sino fruto del saqueo impune de los recursos naturales, la explotación salvaje de los nativos, el robo de tierras, el aprovechamiento corrupto del estado y la utilización de la violencia para controlar los conflictos sociales.
Dos son los aspectos sobre los cuales se desarrollaría el conflicto entre el gobierno y la derecha oligárquica en los próximos días: el destino de los recursos naturales y la reforma del régimen de tenencia de la tierra.En efecto, el separatismo de las "regiones rebeldes" tiene como bandera principal la propiedad exclusiva de los recursos naturales de estas regiones (gas, petróleo, minerales, etc.) que constituyen hoy por hoy la principal fuente de riqueza del país luego del agotamiento de la minería en Los Andes, saqueada durante siglos por la elite criolla y sus socios extranjeros (estadounidenses, en particular). La derecha autonomista exige exclusividad en el manejo de los recursos y, en todo caso, que la participación del resto de la nación sea una decisión suya; cualquier otra solución será tildada de "centralismo", ingerencia grosera del poder central y una ofensa contra su autonomía. La propuesta más reciente de los separatistas ha sido convertir a Bolivia en una especie de federación con dos sistemas sociales y económicos diferentes. El occidente andino aplicaría la nueva constitución mientras el oriente rico funcionaría como una especie de Hong Kong regido por el sistema capitalista tradicional.
Aprobada la constitución (que Morales legítimamente se niega a negociar con la derecha) los recursos naturales son de propiedad estatal y su explotación y uso se determinarán por las instancias correspondientes (el gobierno y el parlamento); solo dentro de este marco será posible la negociación para administrar los beneficios de unos recursos que son de propiedad de toda la comunidad nacional. Por otra parte, además de reconocer la autonomía regional la nueva constitución establece igualmente la autonomía de las etnias indígenas de suerte que en las "regiones rebeldes" los defensores de la autonomía a ultranza tendrán que admitir que las comunidades originarias asuman el manejo propio de sus asuntos (dentro de la ley general). Si se oponen a la autonomía de estas comunidades quedan desenmascarados y deslegitimados y será obvio que su defensa de las regiones orientales es tan solo una excusa para combatir al gobierno central y un paso previo a la posible partición del país.
De igual trascendencia resulta la aprobación (con más del 80% de los votos) del límite de cinco mil hectáreas para las propiedades rurales, como un instrumento central para los proyectos de reforma agraria. De hecho, esta medida constituye un golpe al latifundio y ofrece una base legal no solo para la distribución de tierras a los campesinos pobres sino para devolver a las comunidades indígenas las tierras que la voracidad de los terratenientes les ha arrebatado. De poco serviría el discurso sobre la dignidad de campesinos e indígenas si las otras medidas de tipo social como salud, educación y participación política no tienen su correspondencia en la propiedad de los medios de producción, en forma individual o comunitaria según ellos decidan autónomamente.
Eso, entre otras cosas destacables es lo que ha decidido la mayoría del pueblo boliviano y en su defensa Evo Morales tendrá que recurrir no solo al apoyo decisivo de las fuerzas armadas sino sobre todo al respaldo de las mayorías populares que constituyen su base social. Hasta ahora, esa ha sido la estrategia mediante la cual el gobierno ha frustrado golpes de estado e intentos de asesinato de sus líderes, ha repudiado con éxito las intervenciones groseras de trasnacionales y potencias extranjeras y ha hecho frente a mil tentativas de desestabilización del proceso.
La nueva constitución amplía el camino para la construcción de una nueva Bolivia. Pero precisamente por ello las batallas que se avecinan tienen un carácter más agudo. La derecha combinará "todas las formas de lucha", negociando por un lado y conspirando por el otro. Ya amenaza con sabotear la economía (de la que mantiene el control mayoritario) y anuncia su oposición violenta a la aplicación de la nueva Carta Magna en las regiones en las que ha logrado conformar un cierto apoyo. Morales y su gobierno tendrán el doble trabajo de desarrollar el nuevo texto afianzando su propia base social y adelantando medidas que atraigan a los sectores populares que aún no le son favorables. Habrá que ver entonces si se mantiene el apoyo a la derecha entre ciertos colectivos populares y de "clases medias" cuando en aplicación del nuevo texto constitucional les sea entregada la tierra de los latifundios, alcancen la participación obrera en fábricas y talleres, disfruten de la educación y los servicios de salud que nunca tuvieron y gocen de un ejercicio político de nuevo tipo que supera la exclusión y la humillación de siglos. Agencia de Información Novosty de Rusia (www.sp.rian.ru/analysis)





Editorial

BOLIVIA: LA REFUNDACIÓN DE UN PAÍS

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

Ante decenas de miles de personas –campesinos, indígenas, dirigentes sociales, funcionarios de gobierno, elementos de la fuerza pública, representantes de la prensa nacional e internacional, ciudadanos comunes– el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó ayer, día de la promulgación de la nueva Constitución –aprobada por amplia mayoría en el referéndum del pasado 26 de enero–, la refundación del país andino como un “Estado plurinacional, unitario, social y económicamente de socialismo comunitario”, en un acto que fue calificado por el mandatario como una “segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”.
La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.
La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.
Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.





Periodista boliviana Amalia Pando

"BOLIVIA EMPIEZA UNA NUEVA Y VERDADERA DEMOCRACIA"

Liberación de Suecia (www.liberacion.press.se)

Con la nueva Constitución ya aprobada oficialmente con el 61.43% de apoyo está empezando en Bolivia una nueva y verdadera democracia con la participación de sectores que antes eran marginales en el accionar político", dijo en la ciudad de Gotemburgo la periodista boliviana Amalia Pando.
La presencia en Suecia de la conductora en La Paz de un programa radial en la Red Erbol y del espacio televisivo "Cabildeo" en el Canal 7, por invitación del Grupo de Apoyo al MAS de Noruega, Consejo Pro Bolivia de Gotemburgo, y del Grupo de Apoyo a Bolivia de la ciudad de Estocolmo, entidades afiliadas al Consejo Pro Bolivia en Escandinavia, para brindar una serie de charlas en torno a la situación boliviana.
Su intervención en Oslo, Noruega en el Seminario Internacional sobre Medios de Comunicación en América Latina ha sido muy aplaudida el pasado 28 de enero. Tres días después haría lo propio en la Universidad de Gotemburgo, donde junto a otros conferencistas a explicado el tema "Referendo constituyente y el conflicto en Bolivia".
En horas de la noche una actividad cultural organizada por el Consejo Pro Bolivia de Gotemburgo para celebrar el triunfo en Bolivia del referendo Constitucional, la periodista boliviana Amalia Pando más allá de compartir con los compatriotas la reunión, denunció el vergonzoso papel de algunos medios de prensa y políticos que usurpan funciones periodísticas para atacar e insultar al presidente Evo Morales.
"La prensa vinculada a los partidos de la derecha o sectores empresariales a jugado un rol combativo, un rol de liderazgo político para derrocar a Evo Morales, desprestigiar, generar un clima de desestabilización en país, todos empeñados en aminorar su caudal electoral, y por los resultados logrados hasta ahora por el gobierno, los grandes perdedores ha sido esa prensa", explicó.
Ante las preocupaciones expresadas en torno a la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Evo Morales, fue categórica al sostener que "los militares están en sus cuarteles y pagando el bono dignidad y el bono escolar Juancito Pinto. "No han sido usados para reprimir a nadie ni siquiera han sido usados para tareas extra que no fueran las institucionales", dijo. Destacó el momento histórico que vive el país. "Esta situación pone a prueba al pueblo en su conjunto para refundar Bolivia, pues tenemos que adaptar las leyes a la nueva Constitución, reformar el Estado, tenemos que hacer tantas cosas, que bueno de acá a seis años otra será la historia" concluyó.





DEBATE

BOLIVIA ESTÁ MUY LEJOS DE UN BUEN ACUERDO POLÍTICO

Dado que el presidente Morales y los prefectos disidentes mantienen posiciones irreductibles, el país podría partirse finalmente sin remedio.

Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Es conveniente tomar en cuenta -prescindiendo de nuestras simpatías o antipatías ideológicas- que hay un núcleo duro en el programa de las banderías enfrentadas en Bolivia, que dificulta hasta extremos indecibles el paso de la actual discordia a una concordia sustentable en el tiempo.
Si el presidente Evo Morales abjurase o licuase su indigenismo hasta convertirlo en un credo socialdemócrata con maquillaje aymará, traicionaría las preferencias de poblaciones enteras que le son adictas. Si en Pando, Beni, Santa Cruz de la Sierra, Tarija y Chuquisaca se olvidasen los prefectos de sus reivindicaciones autonómicas y pusiesen freno al desarrollo regional en el cual están empeñados, serían removidos al instante.
Cómo compatibilizar, pues, un ideario con concepciones que, en algunos casos, se remontan a la América precolombina con las formas más desarrolladas del capitalismo, siendo que aquél, además, disimula mal su raigambre crudamente estatista y éstas no están dispuestas a aceptarlo.
Es hora de reconocer que, por muchas vueltas que se le dé al problema, no tendrá solución si se cree probable -por el solo hecho de haber votado el pueblo boliviano una nueva Constitución- compatibilizar paz social con difrerencias raciales que vienen de lejos; concordia política con presupuestos institucionales antagónicos del Estado central respecto de los departamentos y desarrollo económico con sistemas jurídicos contradictorios.
Pensar que, de buenas a primeras, los actores en lucha depondrán sus posiciones de máxima -el indigenismo en un caso y la pulsión autonómica, en el otro- para acordar un punto medio, es no entender que los rasgos constitutivos y más salientes o, si se prefiere, característicos del oriente y el occidente bolivianos, se hallan en un equilibrio inestable, tan frágil como peligroso.
Morales, de un lado, no se baja de la idea de que la pluralidad nacional debe, en última instancia, subordinarse a la voluntad de los "pueblos originarios". Así, más que consenso, habrá sometimiento.
Los prefectos, del otro lado, postulan la articulación de sus diferencias con el poder de La Paz a partir de una reformulación de la República unitaria, haciendo caso omiso de los pergaminos de legalidad electoral que la avalan.
Entre dos partes de un pleito hay campo para retroceder en tanto y en cuanto ambas estén dispuestas a bajarse de sus posiciones de máxima. El do ut des de los clásicos -doy para que me des- no es otra cosa que la capacidad para abandonar un reclamo, por importante que sea, a cambio de una concesión, también importante, de mi opositor.
Si en Bolivia sólo se discutiesen porcentajes de recaudación, sistemas de regalías petroleras o la conveniencia de reemplazar su histórico régimen centralista de gobierno por otro de raíz federalista, seguramente un acuerdo se recortaría con algo más de nitidez en su horizonte. No obstante, el desafío es bien distinto: consiste en tender un puente entre dos sociedades claramente antagónicas en punto a lo social, político y hasta étnico. Si Evo Morales y los prefectos disidentes se hallasen dispuestos a sentarse a la mesa de negociaciones llevando en sus alforjas posiciones de mínima -esas sí incanjeables- habría razones para el optimismo. De lo contrario, tarde o temprano, Bolivia podría partirse sin remedio.





UNA MIRADA DISTINTA AL PROCESO BOLIVIANO

Revista Fusión de Colombia (www.revistafusion.com)

El pueblo boliviano acaba de aprobar la nueva Constitución impulsada por Evo Morales. El profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, Alberto Montero, analiza lo que este cambio significa.
-¿Qué representa para el pueblo boliviano la promulgación de esta Constitución?
-Para el pueblo boliviano esta Constitución representa un paso adelante muy importante en la ruptura con un orden que, a pesar de que revestía apariencia democrática, no era tal.
Y es que no se puede considerar democrático un orden político y legal que mantiene a la mayor parte de la población -en este caso, la de origen indígena- fuera de la toma efectiva de decisiones del país, sin capacidad para incidir en los factores que, en definitiva, marcan sus posibilidades y condiciones vitales.En este sentido, la nueva Constitución supone un paso efectivo hacia un proceso de mayor visibilización, y empoderamiento de los pueblos originarios de Bolivia.
Además, abre el camino a nuevas bases de convivencia en las que no sólo se reconoce la igualdad efectiva de todos los bolivianos con independencia de su origen étnico sino que, al mismo tiempo, se establecen cauces para que la igualdad y la libertad formales sean realmente efectivas a partir de la sustitución de un modelo político y económico generador de exclusión por otro que persigue mayores niveles de justicia social.
Simplemente por las posibilidades que con ella se abren, esta Constitución ya supone un salto cualitativo de una importancia decisiva en la historia de Bolivia. Pero, además, como lo ha sido la Constitución de Venezuela o lo será la del Ecuador, ese avance es irreversible. A partir de ahora, cualquier proyecto político que surja en el país deberá atender, para ser viable, las demandas sociales durante tanto tiempo acalladas.-Han llamado la atención determinados elementos que introduce esta nueva Carta Magna que la sitúan entre las más avanzadas del mundo. ¿En qué sentido?
-Esta Constitución introduce algunos elementos que, efectivamente, la sitúan entre las más avanzadas del mundo.Quizás el más importante de ellos, sea la refundación de Bolivia como un Estado Plurinacional en el que conviven diversos pueblos originarios. Por primera vez se reconoce en ese país la plurinacionalidad y se respetan las diversidades culturales y de otra naturaleza que le son consustanciales.
Pero, además, y sin ánimo de ser exhaustivo, bastaría con citar que, al igual que la venezolana, recoge la posibilidad de revocación del presidente de la República a mitad de su mandato. Igualmente, incorpora la opción por la resolución pacífica de los conflictos internacionales en los que se pudiera ver inmersa Bolivia y, para ello, renuncia constitucionalmente a la guerra de agresión. En este sentido, creo que su contribución por un orden internacional asentado sobre el diálogo y el consenso entre estados merece ser resaltada y le otorga un plus de legitimidad moral, máxime en un tiempo en que se han desarrollado conceptos tan moralmente reprobables como el de “guerra preventiva”.
Asimismo, plantea la elección democrática de los miembros del Tribunal Constitucional; ese poder del estado que en países como el nuestro escapa al control democrático de la población.
Por último, la Constitución reconoce la propiedad colectiva de todos los recursos naturales y prohíbe la posibilidad de que estos puedan ser privatizados -como lo fueron todos o casi todos ellos durante la ofensiva neoliberal que se produce en Bolivia antes que en el resto del continente-. Esta será la base material para allegar hacia el Estado recursos económicos que le permitan articular políticas sociales que den vida a una carta de derechos sociales que, también por primera vez, son universales. Derechos que, por otra parte, el Estado se compromete a hacer efectivos.
-Con la reciente aprobación de la Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos, Evo cumple dos de sus principales promesas del cambio. ¿Qué pasos tiene ahora por delante?
-Una vez sentada la base constitucional del proceso de transformación social en curso, al gobierno de Morales le queda la reforma de todas las leyes del país para acomodarlas al nuevo texto constitucional y que éste no quede en una mera declaración de intenciones.
Será un proceso arduo porque, no sólo deben adecuarse las leyes al nuevo texto constitucional desde un punto de vista técnico, sino que esas leyes deben responder al espíritu de transformación que ha alentado el proceso constitucional. Será ahí, nuevamente, donde el gobierno tendrá que enfrentar las resistencias de quienes no quieren perder cuota de poder en el país.
El objetivo es que a partir de la transformación jurídica se genere un cambio de la institucionalidad boliviana que permita crear espacios de convivencia en pie de igualdad de las diferentes naciones existentes en el Estado; que establezca cauces de distribución de la renta entre sectores económicos que apenas tienen vínculos entre sí; y de articular económica y administrativamente un Estado caracterizado por un alto grado de concentración de la riqueza tanto personal como territorialmente.
-”Aquí terminó el Estado colonial, aquí se acabó el colonialismo interno y externo... Ahora los recursos naturales se recuperan para toda la vida”. ¿Qué mensaje lanzaba Evo tras estas palabras?
-Básicamente, lanzaba un mensaje de ruptura con el anterior régimen. Un régimen que, aún después de la proclamación de la independencia de la República en 1825, no había conseguido romper los mecanismos coloniales de dominación.
Bien es cierto que durante todo el periodo republicano se ha ido produciendo una modificación en la naturaleza de esos mecanismos de dominación. Si anteriormente éstos estaban encarnados en las estructuras políticas y económicas impuestas desde la metrópoli, el siglo XX ha dado paso a nuevas formas de explotación, más sutiles pero no por ello menos efectivas, que utilizan a la oligarquía local como agentes nacionales de los intereses transnacionales.
Las grandes compañías transnacionales y los grandes agroproductores del Oriente boliviano serán los nuevos actores en el proceso de expoliación de la riqueza natural de Bolivia y los procesos de privatización que sufre el país a partir de 1985 serán, a su vez, el instrumento que acentuará la expatriación de esa riqueza por parte de dichos agentes.
Lo que estaba diciendo Evo Morales no es, ni más ni menos, que eso se había terminado.
-En el texto aprobado, la religión católica pierde el carácter oficial, pero esto no ha sido lo que más ha preocupado a la institución religiosa sino otro tipo de temas relacionados con los derechos sexuales, derecho a la vida, familia, etc. ¿Dónde están esos puntos de fricción?
-Yo creo que, como en cualquier otro estado confesional que deja de serlo, la pérdida de esa condición para la religión oficial constituye un factor de suficiente calado como para que la misma se oponga al texto constitucional que pase a sancionar la aconfesionalidad del Estado.
En el caso de Bolivia la religión católica, pero también cualquier otra creencia religiosa, han dejado de tener una posición privilegiada, separándose constitucionalmente Estado e Iglesia. La resultante ha sido, como cabía esperar, la oposición frontal de la jerarquía eclesiástica.
Si a ello se une el que la oposición ha malinterpretado interesadamente el artículo 66 de la Constitución que reconoce el derecho de todo boliviana y boliviano a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y lo ha tergiversado interpretándolo como el reconocimiento constitucional a la legalización del aborto y al matrimonio homosexual, creo que tanto las razones de la oposición católica al texto constitucional como su actitud malintencionada quedan suficientemente claras.
-Por último, qué argumentos defienden las “fuerzas de choque” para mantener su oposición a Morales, aún después del victoria del “SI”.
-Antes que nada creo que debe quedar claro que la oposición boliviana nunca ha estado dispuesta a aceptar esta Constitución fuera cual fuese el resultado. Basta con atender a cómo ha ido transcurriendo el proceso constituyente para sustentar esta afirmación. Es más, incluso cuando el gobierno aceptó negociar con la oposición el texto original y se llegó a un texto de consenso, al día siguiente esa misma oposición ordenaba a su electorado votar en contra del texto que acababa de consensuar.
Dicho lo cual, hablar de los argumentos de la oposición en lo relacionado a la aprobación del texto constitucional, a mí sinceramente me genera vergüenza ajena.
Plantear que una Constitución que se aprueba por más del 60% de la población no goza de suficiente legitimidad o condicionar ésta a que fuera aprobada en todos los departamentos del país, es desconocer los mecanismos básicos de cualquier democracia y, por lo tanto, la deslegitima completamente.





BOLIVIA: HACENDADO ESTADOUNIDENSE INMERSO EN CONFLICTO DE TIERRAS

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

El hombre en el centro de los intensos combates por tierras en Bolivia es un personaje inverosímil: un espigado hombre de Montana cuyos vastos terrenos han sido confiscados bajo el argumento de que trataba a sus trabajadores prácticamente como esclavos.
Ronald Larsen, de 64 años, dice que esas acusaciones son infundadas y promete que no se dará por vencido sin pelear. Durante cuatro décadas, dice, ha alimentado y vestido a trabajadores que de otra forma vivirían en la miseria, e incluso ha educado a sus hijos.
"Me han señalado como un estadounidense", dijo Larsen a The Associated Press el sábado. "No nos vamos a ir simplemente como un puñado de ovejas".
Sin embargo, Larsen enfrenta grandes dificultades en la lucha para conservar su hacienda, que adquirió en parcelas a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, después que un amigo en los Cuerpos de Paz le avisó que estaban a la venta.
Es un blanco "patrón" _una palabra que significa jefe, terrateniente y señor_ en una nación dividida por cuestiones raciales y que desde enero del 2006 es gobernada por un indígena de la etnia aymara, que creció en la pobreza.
Este fin de semana, el presidente Evo Morales puso en marcha una nueva Constitución aprobada por el pueblo, la cual le dará más derechos a la mayoría indígena de Bolivia, en parte al incrementar su control sobre las tierras en las que tradicionalmente prosperaron.
Eso incluye las tierras de 15.000 hectáreas (58 millas cuadradas) en la remota región del Chaco en el sureste de Bolivia, donde durante décadas los indígenas guaraníes han laborado como vaqueros, cocineros, choferes de tractor y jornaleros de estación.
Los grupos defensores de los derechos humanos dijeron que unos 4.000 guaraníes viven en un estado de "virtual esclavitud" en el Chaco, cuidando ganado o trabajando en los campos de maíz, maní y caña de azúcar, por salarios incluso menores a los 40 dólares anuales. Dirigentes tribales denunciaron el año pasado que 12 familias viven en esas condiciones en la hacienda de Larsen.
Larsen insiste en que no abusa de sus empleados y afirma que sus ex trabajadores que lo acusan de someterlos a tales condiciones firmaron sus declaraciones bajo presión.
"Nos ubicamos muy por encima del salario mínimo" de 81 dólares al mes, dijo en una entrevista telefónica desde la ciudad oriental de Santa Cruz.
Debido a lo remoto del área donde se encuentra la hacienda, donde hay poco acceso a las telecomunicaciones, la AP no pudo ponerse en contacto rápidamente con los acusadores de Larsen ni con sus empleados. Las autoridades planean presentar evidencias contra Larsen el lunes, dijo el domingo el secretario general del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, Juan de Dios Fernández.
Larsen se convirtió en un símbolo de la resistencia a la campaña de la reforma agraria emprendida por Morales el año pasado, luego de una serie de enfrentamientos con inspectores del gobierno, disputas que recibieron mucha difusión pública.
Sus propiedades son las mayores dentro de las 36.000 hectáreas (139 millas cuadradas) que el gobierno ordenó sean incautadas el martes de cinco familias en el área, las cuales dice han violado la ley al dejar sus tierras improductivas o teniendo a sus trabajadores en condiciones de virtual esclavitud.
Los terratenientes no recibirán compensación alguna a cambio de sus propiedades, dijo el jueves el Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
Se espera que el decomiso complique la tensa y muchas veces violenta lucha entre dos Bolivias, por decirlo así: las áridas tierras altas del oeste, y el este fértil manejado por descendientes de europeos que buscan su autonomía.
El viernes, el director de la asociación nacional de ganaderos, Guido Nayar, prometió la realización de actos no específicos de desobediencia civil para impedirle al gobierno realizar sus planes.
Dos veces durante el año pasado, agentes del gobierno allanaron la hacienda de Larsen en busca de evidencias de esclavitud. Su primera incursión fue el 29 de febrero, cuando supuestamente fueron recibidos por hombres hostiles armados con fusiles, entre ellos Larsen, quienes supuestamente le dispararon a sus neumáticos.
Al ser consultado sobre el incidente, Larsen eludió la pregunta.
"Mi abogado dijo: 'usted tiene que dejar de hablar de esos ridículos neumáticos'", señaló. Sin embargo, indicó que le permitió a uno de sus trabajadores usar una herramienta filosa para reventar los neumáticos de dos camionetas deportivas del gobierno, de forma que los agentes no pudieran huir antes de que los hacendados de la zona los enfrentaran.
Sin embargo, los agentes regresaron.
"Un grupo de 60 militares con pasamontañas negros y fusiles llegaron a la propiedad disparando", destruyeron una antena parabólica de satélite, pinturas y paneles solares, y además escribieron obscenidades en los muros, denunció Larsen.
Ellos ocuparon la hacienda durante un mes e hicieron huir a la mayor parte de los trabajadores, dejando apenas unas cuantas personas para atender sus 1.800 cabezas de ganado y cosechas, indicó.
Larsen planea usar todos los medios legales disponibles para conservar sus tierras, en su mayoría terrenos montañosos no cultivables. Dijo que les dejó la propiedad en el 2005 a sus tres hijos, todos ellos ciudadanos bolivianos, uno de los cuales ganó el concurso de fisicoculturismo Mr. Bolivia en el 2004.
Morales, dice, está más interesado en el rico gas natural y los depósitos petroleros del Chaco que en restituir las tierras indígenas.
"Esta no es una cuestión de tierra e indígenas. Se trata de gas y petróleo", dijo Larsen.
Aunque Larsen insiste en que no recurrirá a la violencia, dijo que sus vecinos podrían hacerlo: "Ellos lo dijeron en televisión, 'no nos iremos vivos'".
Larsen está molesto también porque el gobierno recientemente empezó a regalarle comida a las comunidades guaraníes, para acabar con su dependencia hacia él para obtener empleo.
"Para estas personas, lo más importante en sus vidas es dónde obtendrán su siguiente tazón de arroz. Unas cuantas bolsas de arroz compran mucho apoyo", dijo.





LA OPOSICION BOLIVIANA LE PIDIO SEñALES “CLARAS” PARA LA RECONCILIACION

EVO APUESTA A UN GABINETE PLURINACIONAL

Entre los nuevos ministerios, el de Autonomías tendrá incidencia en los cambios del Estado contemplados en la Carta Magna.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

En consonancia con la nueva Constitución, el presidente Evo Morales firmó un decreto para instituir el “Poder Ejecutivo Plurinacional”. Pasó de tener 17 ministerios a 20, incluido el de Autonomías, que tendrá mucha incidencia en las transformaciones del Estado avaladas por los bolivianos en el referéndum del 25 de enero pasado. “Tenemos que empezar a cambiar todo si queremos cambiar Bolivia. Ese cambio empieza por el presidente, el vicepresidente, seguidos por ustedes. Aquí no venimos para figurar, aquí venimos a trabajar. No estamos por plata sino por la patria”, dijo Morales en la jura de ministros, que incluyó la movida de varios funcionarios que ya estaban. Por su parte, la oposición en los departamentos de la Media Luna pidió al gobierno nacional “señales” claras para avanzar en la reconciliación que permitirá aplicar la nueva Constitución sin obstáculos en toda Bolivia.
Mediante el decreto 29.894, Morales creó tres ministerios: el de Autonomías, el de Culturas y el Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La papa más caliente está en el Ministerio de Autonomías, que deberá negociar la aplicación de la nueva Constitución en los departamentos autoproclamados “autónomos” y con estatutos aprobados: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Sus prefectos, más la chuquisaqueña Savina Cuéllar, adelantaron que no obedecerán al nuevo texto hasta que no respete las autonomías tal como fueron aceptadas por las poblaciones en los referéndum departamentales de 2008, tramados al margen del Congreso y del Poder Ejecutivo.
No faltará trabajo en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, al punto de que Morales admitió que la mala fe de algunos funcionarios es la principal espina en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). La semana pasada, el presidente destituyó al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Santos Ramírez, acusado de negociados fraudulentos en la adjudicación de una obra. Hasta ese momento, Ramírez sonaba como posible candidato a vicepresidente junto a Morales en diciembre de 2009.
“Tenemos que descolonizar a este Estado colonial. Uno de los temas centrales es el de la corrupción: a ningún corrupto se perdonará, sea masista o no masista. Todos los corruptos deben ir a la cárcel, sean familiares o no familiares”, dijo en alusión al caso de YPFB. A cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Pública fue nombrada la abogada Nardi Suxo.
En el Ministerio de Autonomías, Morales designó a Carlos Romero, quien fuera titular de Desarrollo Rural. Como constituyente en 2006-2007 y como ministro en 2008, Romero fue articulador de pactos con los partidos de derecha en la Asamblea Constituyente, en el diálogo de Cochabamba y en los retoques congresales que permitieron enviar a referéndum popular a la Constitución recién entrada en vigencia.
El politólogo Pablo Groux fue ascendido a ministro de Culturas. Hasta el sábado se desempeñaba como viceministro de Culturas, dependiente del Ministerio de Educación.
El indígena Calixto Chipana pasó a ocupar el Ministerio de Trabajo, antes a cargo de Oscar Coca, quien ayer asumió como ministro de Hidrocarburos.
La diputada quechua Julia Ramos, integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, es la nueva ministra de Desarrollo Rural y Tierras, asiento que ocupaba Romero.
En el resto de los ministerios, hubo enroques y ascensos de viceministros a ministros. “Este es el Estado plurinacional. Tenemos a ex catedráticos, ex asesores sindicales, ex dirigentes campesinos, intelectuales, representantes de quechuas y aymaras, clase media y los llamados mestizos criollos que asesoran al movimiento indígena”, dijo Morales en la jura. Anoche, el gabinete Plurinacional se reunió por primera vez.





El Presidente Evo Morales ajustó su gabinete a la nueva Constitución Política

BOLIVIA INAUGURA UN GOBIERNO “PLURINACIONAL” PARA LA REFUNDACIÓN

Veinte ministros tendrá el nuevo equipo que acompañará al Mandatario boliviano en su cuarto año de Gobierno y preparará su reelección en las elecciones de diciembre. El Jefe de Estado destacó ayer que sus ministros tienen una gran responsabilidad con el pueblo para asegurar una exitosa “transición”.

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

Sólo algunas horas después de la verdadera fiesta cívica que el sábado significó la promulgación de la nueva Constitución boliviana, ayer el Presidente Evo Morales hizo el primer ajuste para adaptarse a los "tiempos de transformación", juramentando a un nuevo gabinete "plurinacional", de 20 ministros.
Este "primer gabinete plurinacional", como lo definió el propio Presidente Morales, impulsará los cambios de la nueva Constitución aprobada recientemente a través de un referendo, con la que el Mandatario pretende concretar su promesa electoral más importante: la refundación de Bolivia.
Sin embargo, para que la Carta Magna entre completamente en vigencia requiere de, al menos, un centenar de normas legales que la sustenten y que deben ser aprobadas en el Congreso, cuya cámara alta está en manos de la oposición.
La nueva Carta Magna, que fue respaldada en un referendo popular con el 61% de los votos, "no tiene el consenso de todas las regiones del país", destacó Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz.
Costas, así como los prefectos de Tarija, Beni y Pando, difieren de la nueva Constitución especialmente en el punto referido a las autonomías, que la norma divide en departamentales, regionales, municipales e indígenas.
A modo de respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera llamó ayer a los prefectos "a dialogar nuevamente en torno a la aplicación de la Constitución", aunque enfatizó: "No vamos a convocar a ningún diálogo para modificarla".
Ajuste
Justamente para lograr aplicar la Carta Magna íntegramente, como fue aprobada, el Mandatario ajustó ayer su gabinete, antes de 17 ministerios. Morales ratificó a trece de sus antiguos secretarios de Estado, entre ellos los polémicos Walker San Miguel (Defensa), Alfredo Rada (Interior) y Juan Ramón Quintana (Presidencia), sobre quien pesa una investigación legislativa por contrabando.
El Jefe de Estado también creó los ministerios de Autonomía, de Medio Ambiente y Aguas, de Culturas, y de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Compromiso
En su discurso, Morales recordó a su nuevo gabinete que "la gran responsabilidad" en la etapa "de transformación" que se abre en el país, no significa responder ante el Presidente "sino ante el pueblo".
Además, reclamó de sus ministros "compromiso político e ideológico y "capacidad de gestión", destacando: "Aquí no venimos para figurar, sino para trabajar. Aquí no estamos por la plata, sino por la patria. Aquí no estamos detrás del dinero, aquí estamos por el pueblo".
Aunque Morales encara en 2009 su cuarto año de mandato, admitió ayer que todavía se siente "medio Presidente" debido a que no se ha completado el proceso de transformación de su país.
En las elecciones de diciembre, el Jefe de Estado se presentará a la reelección por una sola vez -aunque la nueva Constitución lo habilite para más- debido a un acuerdo logrado con la oposición.
Justamente, al gabinete ayer juramentado le corresponderá preparar estas elecciones generales, previstas para el 6 de diciembre de este año, donde se elegirán autoridades para un período de cinco años, hasta el 2015, que Morales pretende ganar con el 70% de los votos, según dijo a sus partidarios.





EN LOS ULTIMOS TRES AñOS, 700 MIL PERSONAS PIDIERON LA RESIDENCIA

DESDE PARAGUAY Y BOLIVIA, Y TAMBIÉN DE ESTADOS UNIDOS

Entre el blanqueo y los nuevos arribos, Argentina sigue siendo un país receptor, según Migraciones. El proceso derriba los mitos que se crean alrededor de la inmigración sobre empleo, escolaridad y diferencias culturales.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

En los últimos tres años pidieron su radicación en la Argentina nada menos que 700.000 personas, multiplicando por diez las cifras de los primeros años de la década. Es cierto que el crecimiento económico hizo atractivo el país, sobre todo para quienes provienen de países vecinos menos prósperos, pero la explosión de radicaciones no tiene tanto que ver con entrada de extranjeros al país sino con un inmenso blanqueo que permitió salir de la clandestinidad a centenares de miles de personas que estaban ilegalmente en la Argentina. Por primera vez en décadas, la cantidad de paraguayos que se instalan en la Argentina supera a la de los bolivianos, lo que también se explica porque la llegada de Evo Morales al gobierno del vecino país decidió a muchos hombres y mujeres del Altiplano a quedarse en Bolivia e incluso a varios miles que vivían en la Argentina a retornar a su país. Los datos demuestran un llamativo crecimiento de la radicación de colombianos –que parecen dejar su patria por el conflicto político-social–, sigue en aumento continuo la llegada de peruanos y también asciende la cantidad de chinos. Asombrosamente, también se duplicó la cifra de norteamericanos que piden la radicación. La política de regularización y puertas abiertas se exhibe también en otro dato: en 2008 apenas 40 personas fueron expulsadas de la Argentina, casi todas por antecedentes en materia de tráfico de drogas.
En los últimos tres años, se produjo la siguiente escalada:
- De 2900 paraguayos que pidieron la radicación en 2000, se pasó a 176.000 en 2006, 84.000 en 2007 y 35.000 en 2008. En los tres primeros años de la década se radicaron 7000 paraguayos en la Argentina, en los últimos tres años, casi 290.000.
- La cantidad de bolivianos en la Argentina siempre duplicó y hasta triplicó a los paraguayos. En los últimos tres años se radicaron dos paraguayos por cada boliviano, aunque en 2008 pareció empezar a revertirse esa tendencia.
- El tercer grupo nacional es el de los peruanos, que quintuplicaron su presencia en la Argentina. Ya se radicaron 140.000.
- La presencia de chinos, casi todos ellos de la provincia más pobre de ese país, Fujian, siguió aumentando en forma constante, aunque parece cambiar la tendencia en los últimos meses. Ya hay más de 35.000 con la situación regularizada, pero se supone que muchos otros se mantienen en la clandestinidad, tal vez atemorizados por quienes lucran con la trata de personas. Hay un dato de este mismo año que llama la atención: entre los asiáticos que llegaron y los que salieron hubo 467 egresos por encima de los ingresos, lo que significa que la tendencia a radicarse en la Argentina se está revirtiendo.
- Los colombianos pasaron de presentar 500 radicaciones por año, a 5500 en 2008, record histórico absoluto. En Migraciones hay una nítida percepción de que la cantidad aumenta en forma notoria. La lógica indica que se trata de personas que se refugian frente a la situación que se vive en Colombia. El dato que mejor ilustra este cuadro es que la cantidad de colombianos que piden la radicación aumentó 203 por ciento, comparado con toda la década, el máximo aumento de porcentaje registrado entre todas las nacionalidades.
- Llama la atención el dato de que la cantidad de norteamericanos que pidieron su radicación trepó al doble en los últimos años. No se trata obviamente de un fenómeno masivo, pero en 2008 pidieron quedarse en el país 4173 oriundos del país del Norte, también un record histórico. En el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires resolvieron estudiar el fenómeno.
- En las calles parece haber una proporción alta de senegaleses. Las cifras desmienten esa impresión. Apenas llegaron unos 350 en 2008, aunque en Migraciones sospechan que existe algún tipo de organización que los trae para sumarlos a la venta de artesanías.
- Hubo un momento, a principio de la década, en que fue notoria la presencia de ucranianos. En 2000 y 2001, por ejemplo, iniciaron procesos de radicación casi 5000 personas originarias de Ucrania. Ahora esa oleada terminó: apenas llegaron 180 en 2008.
- Teniendo en cuenta que son países vecinos, no hay corrientes fuertes de inmigración desde Uruguay, Brasil o Chile.
Más allá de estas cifras, lo que está claro para las autoridades de Migraciones es que la Argentina sigue siendo un país de recepción. En el total de los que salen y entran del país en un año, aproximadamente son un tres por ciento más los ingresos que los egresos.
“La decisión de regularizar la situación de los inmigrantes fue esencialmente política –explica Martín Arias Duval, director nacional de Migraciones, que depende del ministro del Interior, Florencio Randazzo–. Si la apuesta en el Mercosur es a formar un bloque en serio, como la Comunidad Europea, es fundamental que todo ciudadano pueda vivir en cualquiera de los países integrantes del bloque. Esto se estaba demorando por trabas en algunos países del Mercosur, pero el gobierno nacional decidió avanzar igual. Además, el objetivo fue sacar a la gente de la clandestinidad, evitar que sean víctimas de los traficantes de personas, del trabajo esclavo y del enorme temor a que se los expulse y los manden de regreso a situaciones difíciles por las que, justamente, dejaron su país y vinieron a la Argentina. En toda la política migratoria, además, tienen un lugar primordial los derechos humanos.”
Respecto de las objeciones que usualmente se ponen a los inmigrantes, desde el Gobierno se señalan elementos objetivos:
- En todo el proceso de regularización, siguió bajando el desempleo en el país, es decir que la supuesta competencia por los puestos de trabajo no cambió para nada la tendencia. “Hemos visto, por ejemplo, en La Rioja, publicaciones en los diarios sobre la necesidad de personas que vengan a levantar la cosecha de aceitunas. Lo mismo pasa con el ajo, la cebolla y un montón de otros cultivos. Hay aportes fundamentales de inmigrantes en la construcción y así podríamos seguir enumerando”, señala Arias Duval.
- “Hemos estudiado también la cuestión de la criminalidad y de ninguna manera los inmigrantes influyen en los índices existentes en el país”, completa el titular de Migraciones.
- A raíz del programa Patria Grande, que permitió regularizar la situación de quienes vienen del Mercosur ampliado, es decir los cuatro países del bloque y los que adhirieron, se hizo una encuesta entre todos los que pidieron la radicación. La inmensa mayoría son jóvenes, con buena instrucción y capacitación. Sólo el 17 por ciento registra estudios primarios incompletos, un porcentaje que se parece bastante a quienes, del total, trabajan en el servicio doméstico: 23 por ciento.
- Tampoco es cierto el estereotipo de que los inmigrantes viven en villas: únicamente el seis por ciento vive en ranchos o casillas. El resto, en casas.
A diferencia de lo que ocurre en países europeos, en la Argentina no existe el concepto de “procedimiento para cazar inmigrantes ilegales”. En las últimas semanas, por ejemplo, se hicieron inspecciones en los llamados supermercados chinos. En los que se detectaron a personas sin documentación en regla, se sancionó a los dueños, pero hubo asesoramiento y ayuda para que los indocumentados regularicen su situación. “Por supuesto que sigue habiendo extranjeros que se mantienen en la clandestinidad –señala Arias Duval–. Es por falta de información y, sobre todo, porque existen organizaciones que los atemorizan. Les dicen que si van a Migraciones serán encarcelados y expulsados. En todo 2008 iniciamos ante la Justicia apenas 120 trámites de expulsión, fundamentalmente por antecedentes en materia de venta de drogas. De esos 120 trámites judiciales, los jueces les dijeron que sí a 40 y están en proceso. Y esa fue la totalidad de los fallos judiciales de expulsión de 2008. Sí es cierto que todos los días rechazamos personas en las fronteras. Eso es esencialmente porque vienen con documentos falsos o porque registran antecedentes penales. Por último, hay que advertir contra los que atormentan a los extranjeros que están en situación ilegal con la idea de que se necesita mucho dinero para hacer el trámite. La realidad es que la radicación se hace por 200 pesos y no necesita de intermediarios. Ese es otro de los elementos que juegan a favor: el haber blanqueado a tantos extranjeros que vivían en la clandestinidad jugó en contra de la corrupción. Antes, todo se les hacía difícil, y entonces aparecían los que a cambio de dinero conseguían la radicación. Eso se terminó.”
Uno de los grandes interrogantes es cómo jugará la crisis global en las corrientes migratorias desde y hacia la Argentina. La impresión es que las personas tienden a arriesgar poco en situaciones como la actual y no hay grandes movimientos porque no existe certeza de que el lugar al que se pretende ir está mejor que el país en el que uno nació. Los primeros datos de enero no muestran cambios de tendencia significativos en la Argentina. Por lo menos hasta ahora.





CONTINÚA POLÉMICA POR VIAJE A BOLIVIA

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

Hoy en la última sesión del Core se pondrá término a una de las polémicas más encendidas del último tiempo al interior del Consejo Regional. La asamblea definirá si autoriza o no el viaje de cooperación a Santa Cruz Bolivia, de dos ex consejeros.
El motivo de la discordia radica en que Jaime Valenzuela y Juan Malla, quienes no fueron reelegidos para un nuevo período, pretenden viajar a Santa Cruz, Bolivia, por un convenio de cooperación e integración entre ambos países.
El problema radicaría en que ninguno de los dos fue confirmado en el cargo, por lo que algunos piensan que no sería necesario que viajaran, ya que falta muy poco para que termine su periodo. Y el otro punto es que se reunirían con el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, quien es un acérrimo enemigo de la gestión del presidente Boliviano, Evo Morales, lo que podría provocar problemas en las relaciones con el vecino país. Debido a los dimes y diretes al interior del Core, es que el consejero Juan Malla habría enviado un mail a los consejeros y les habría dicho que pagaría su viaje en caso de que no ser aceptada su propuesta, la que según sus palabras se justifica, ya que es un trabajo que han estado realizando hace años y que se prolongara mucho más allá de cuando ellos ya no estén en el Core, "nosotros no vamos a un viaje de capacitación, ni a una feria, tocaremos temas que tiene que ver con la educación, inversión y cultura, además de cooperación macro de la región".
El viaje de los consejeros se votó en la primera sesión del consejo en el mes de enero.
En la sesión estuvieron presentes 7 de los 8 integrantes de la provincia de Iquique.
La votación se dividió en 3 abstenciones y 4 votos a favor, la aprobación fue supeditada a que se recibiera la invitación formal de parte de Bolivia, ya que hasta ese momento aún no la habían recibido, según Juan Malla en estos momentos la invitación ya existe, por ende, el viaje se haría sin o con los recursos del gobierno.






Opinión

BOLIVIA: CAOS EN EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS

La Nación de Chile (www.lanacion.cl)

EN BOLIVIA cada vez es más conflictivo el tráfico de motorizados, tanto a nivel urbano como provincial y departamental, por lo que son frecuentes los problemas para conductores y pasajeros. Los del gremio del transporte público aseguran estar cansados por la falta de ordenamiento, porque son continuas las interferencias e interrupciones en las vías de comunicación. En consecuencia, un viaje hasta un punto de referencia, que debía demorar diez minutos, se realiza en 30 minutos, debido a las interrupciones que se presentan en la ruta. Otro problema es que debido a la construcción de obras de parte de la alcaldía municipal son cerradas importantes arterias, por lo que se habilitan otras rutas, aunque con esta medida no desaparece el congestionamiento de vehículos (...)
Nadie está en contra de las actividades tradicionales que son realizadas para incentivar la cultura y el interés de niños y jóvenes, creando espacios recreacionales, lo que crea complicaciones es que para ello se utilizan arterias que son clave para el desahogo del tránsito de vehículos (...). En todo caso en La Paz se tendría que construir un campo para ese tipo de actividades, no necesariamente en el centro de la ciudad. También los intempestivos cambios de ruta que disponen las autoridades de vialidad aumentan las dificultades para el desplazamiento de vehículos, sobre todo en la zona central y adyacentes, por el cierre de importantes vías de comunicación y de alto tráfico. Debería haber mayor coordinación entre las autoridades locales y la policía para lograr el descongestionamiento.
El mencionado problema es también responsabilidad de los subalcaldes, porque algunos de ellos instruyen la realización de trabajos de construcción en calles consideradas de alto tráfico. Existen zonas determinadas donde se hace mejoras viales, pero pasan los meses y no se las concluye, sin que se dé explicación al respecto. Las autoridades ediles han asumido medidas como la puesta en vigencia del horario continuo para algunos sectores de la administración pública, tratando de aliviar el congestionamiento de motorizados y transeúntes, en particular en el centro, tomando en cuenta obstáculos como las manifestaciones o los cortes de vías por la construcción de grandes obras. Es conveniente seguir buscando soluciones en beneficio de la población. Lo cierto es que nuestra urbe requiere más vías para que la circulación de personas y vehículos sea fluida, objetivo para el cual se requiere coordinación entre autoridades locales y nacionales, considerando que vivimos en la sede de Gobierno.





Opinión

DECRETO BOLIVIANO

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

Tras el Decreto Supremo aplicado por el gobierno boliviano el 4 de diciembre del año pasado, que imposibilita el ingreso a su territorio de vehículos usados, fabricados antes del 2003, han surgido una serie de cuestionamientos de parte de los gremios, agrupados en el Comité de Defensa y Desarrollo de Iquique, sobre la escasa influencia que ejerce el Gobierno Regional, además del poco interés que tuvo el Poder Ejecutivo Central para gestionar una salida diplomática con el vecino país.
Esta idea fue reafirmada por la determinación judicial aplicada por la Segunda Sala Civil de la Corte del Distrito de La Paz, quien declaró procedente el Amparo Constitucional presentado por los empresarios automotrices bolivianos que contaban con su Manifiesto Internacional de Carga, MIC, hasta antes del 14 de diciembre.
La reglamentación, que entrega Aduanas de Chile al importador automotriz boliviano, luego de hacer efectiva la transacción comercial con el usuario Zofri, permite que parte de los 2 mil 300 vehículos acopiados en el recinto extraportuario que la Empresa Portuaria de Iquique, Epi, tiene en Alto Hospicio, puedan ingresar al país vecino.
Esta resolución jurídica, cuestionada por el Gobierno de Evo Morales, no resuelve el fondo de la problemática que viven los importadores de Zofri y todo el encadenamiento productivo que gira en torno a esta actividad económica, luego que las cargas acopiadas ya fueron vendidas por los empresarios locales a sus pares bolivianos.
A pesar de las críticas vertidas por ministros bolivianos en contra del Poder Judicial de ese país, el Ejecutivo podrá zafarse de una serie de movilizaciones que realizaron transportistas, cambiadores de volantes y empresarios en distintos puntos del altiplano.
Mientras que este revés jurídico, deja todo en manos de lo que pueda realizar el Gobierno de nuestro país, evitando así el incremento de la desocupación en una de las actividades económicas más trascendentes en la Región de Tarapacá.
Los empresarios vehiculares paquistaníes que laboran en Zofri, insisten en que la única salida para reactivar el alicaído negocio automotriz está en generar por única vez la venta de su mercadería a todo el país, con el precio original que ofertan a usuarios de naciones como Bolivia y Paraguay, pudiendo recuperar la inversión y así adquirir productos fabricados después del 2003 como estipula el Decreto Supremo de Bolivia. Sin embargo, las medida no ha sido recogida por el Gobierno.
Parlamentarios chilenos han gestionado tanto en Bolivia como en el poder central una solución para este tema, teniendo hasta ahora sólo respuestas negativas y evaluaciones del Gobierno, quien anunció que a través de una comisión interministerial entre Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, dictaminará una resolución al tema en el mes de marzo.





Opinión

FENOMENOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN

Rebelión de España (www.rebelion.org)

Si bien el fenómeno de la corrupción atraviesa casi toda la historia de la humanidad, en países como Bolivia, nos referimos específicamente a la corrupción como componente estructural del patrón colonial del poder. La corrupción es un derecho, como privilegio, que se otorga el Estado colonial. Su legitimación consiste en una tradición que, por ejemplo, se especificaba en el “derecho de pernada” (derecho que se atribuye el señor feudal de complacerse con la flamante esposa de su siervo) o el “derecho de patronato” (privilegios y facultades que se le otorga al patrón por ser patrón). Estos “derechos” reclaman la naturalización de los privilegios; es decir, los privilegios vienen con la sangre, secularizadamente quiere decir: el novo ordum se legitimiza eternamente por sucesión hereditaria.
El Estado colonial se otorga estos “derechos” antes de todo derecho. El espíritu mismo del derecho positivo no es otra cosa que la secularización de estos privilegios naturalizados; el ius gentum (derecho de gentes) y el ius peregrinandi (derecho internacional) no es el derecho de todos sino el derecho de quienes se considera gentes: la determinación moderna del individuo: el ciudadano. Por eso quienes logran acceder a esta nominación lo harán renegando de su condición originaria (blanqueamiento histriónico del que niega lo que es y asume lo que no es), adoptando las determinaciones últimas de la ciudadanía: libertad de contratos y propiedad privada; por eso estos derechos, después, se expanden al espejo de esta ciudadanía abstracta (aunque con color específico): las personas jurídicas, las empresas; quienes gozarán también, en lo sucesivo, de derechos humanos.
En ese sentido, la corrupción no riñe con el derecho, pues la misma ley consagra esos privilegios. Por eso se presenta como el “imperio de la ley”. Como tal, lo que tiene enfrente, ya no son sujetos, cuya dignidad deba respetar, sino meros súbditos, vasallos. Los seres humanos se transforman en esclavos de un imperio que dice: fuera de mí no hay dios, ni juez, ni rey. Por eso violar la dignidad humana no es contrario al derecho colonial; es más, ese derecho consiste en la legalización de esa violación. Por eso la corrupción está en su origen mismo. La clasificación racial constituye el suelo de la discriminación positiva que realiza el derecho moderno-colonial: hay Estado de derecho para unos cuantos (los operadores que precisa la ley) pero Estado de guerra para el resto.
John Locke lo manifiesta explícitamente, porque el ser humano del cual habla (el ciudadano europeo moderno) “tiene el derecho de castigar a un culpable, haciéndose ejecutor de la ley natural”. El culpable que, por supuesto, somos nosotros, por transgredir aquella ley natural (el oponernos, por ejemplo, al robo de nuestras riquezas o la expulsión de nuestra tierra, o sea, nuestra “insensata” negación a los business) “viene a manifestar que con él no rige la ley de la razón, que es la medida que Dios estableció para los hombres”. Es decir, nuestra negación es negación diabólica. La secularización del derecho divino de los reyes ha producido los modernos derechos humanos liberales; derechos del propietario que, como mediación de la circulación del capital, globaliza estos “derechos humanos” y, en nombre de los cuales, se niega y aplasta todo derecho humano.
La corrupción está en el origen; pues estos derechos son el atropello del derecho de los demás. Si la corrupción es consentida como un derecho natural, la negación de esta a los subalternos es coherente con el espíritu del Estado colonial: es un privilegio del patrón, no del vasallo. Por eso la iracundia del sector conservador, ante los actos recientes de corrupción, no impugna la corrupción misma sino ese su derecho arrebatado por los vasallos (si la corrupción es cometida por las elites no hay problema, el problema aparece cuando este derecho ya no pueden ejercerlo las elites mismas): la corrupción de su sociedad es el espejo de su misma condición, la imagen y semejanza de su creación. Por eso la diligencia acusatoria de los medios no clama justicia sino venganza; reclama el desencubrimiento de algo que sostenía la reproducción eficaz del sistema de dominación, porque ello les obliga a impugnar ese fenómeno, a poner en suspenso una moral acorde a la corrupción estructural de una sociedad adicta al enriquecimiento ilícito. Por eso la saña (¿qué decía Caifás?: “os conviene que muera uno solo y no perezcamos todos”). Se trata del resentimiento típico del poder. 20 años de corrupción neoliberal no merecían la más mínima denuncia sino el consentimiento tácito de su naturalidad. Si ahora los maestros de la corrupción (como los senadores de ¿podemos?) acusan, se demuestra lo corrompido del derecho. Por supuesto, los maestros no dejan huella y, en su sorna, señalan la inocencia del primerizo. Lo cual no produce su perdón sino su encono: mancillar ese su oficio descubierto es lo que les irrita. Por eso se ensañan contra los acusados, pero no apoyarán jamás la ley anticorrupción, porque eso sí sería el desmantelamiento total de su condición.
Por eso señalan amenazantes: fuera de mí no hay juez. El derecho colonial consiste en eso: en negar que todos sean jueces. Si uno es juez, todos son jueces. Pero la mentalidad colonial dice todo lo contrario: fuera de mí nadie es juez. Esa es la corrupción originaria, inicio de todo despotismo. Presente también en la ley, como la autoridad suprema. Por eso: no hay autoridad legítima en sí misma. Toda legitimación proviene del reconocimiento recíproco e intersubjetivo de la dignidad de todos. El juez no puede jamás impartir justicia si no asume que los demás son también jueces, que sus actos son también objeto de juicio. Este reconocimiento le devuelve dignidad otorgando dignidad a los demás. Si todos son jueces, nadie puede atropellar a nadie. Por eso la justicia no puede ser unívoca. El pluralismo jurídico va más allá de la diversidad jurídica. Consiste más bien en la constatación de que todos somos jueces, es decir, sujetos ante la ley y no meros vasallos de ésta. Por eso la ley está hecha para el ser humano y no al revés. Acabar con la corrupción no consiste en afirmar ciegamente un “imperio de la ley” sino en negar todo imperio. Porque ciego es aquel que no asume responsabilidades. El sujeto no es deducido de la ley sino el productor de leyes. Esta potestad es lo que le otorga cordura, lucidez, es decir, responsabilidad. En esta responsabilidad radica su libertad ante la ley: la vida concreta del sujeto viviente como criterio último de la ley.
Una lucha contra la corrupción es parte constitutiva de un proceso de descolonización. La cual debe enfrentarse en todos los ámbitos, porque la corrupción no es patrimonio exclusivo de una sola instancia, es parte constitutiva de la estructura del sistema colonial; y es algo que, en los últimos 20 años, ha atravesado también dirigencias y organizaciones populares. El show de los medios insistirá, como dios, en repartir culpas a granel; pericia del que gusta enlodar todo para que su propia suciedad no sea tan obvia. Pero la acción del presidente, por demás encomiable y nunca reconocida por aquellos que nunca habrían hecho algo semejante (pues semejante destitución de un hombre clave es inédita), merece ser acompañada de una abierta recomposición moral de las dirigencias. En definitiva, es lo que el proceso va exigiendo: la reconstitución de cuadros políticos coherentes con esta nuestra revolución descolonizadora.





BINGO EN BOLIVIA A TRAVÉS DE RUSIA
Jóvenes a los casinos en Santa Cruz, pero los residentes dicen que DELINCUENCIA está en aumento

El Miami Herald de Estados Unidos (www.miamiherald.com)

Como Washington relojes disminuir su influencia en América Latina, Rusia está recogiendo la holgura, con ejercicios militares y de armas en Venezuela, miles de millones de dólares de los gasoductos en todo el continente, y ahora, los casinos en Bolivia.
Autoridades bolivianas, pero están preocupados que los extranjeros a ejecutar el juego está lejos de ser una bendición para el país. Propiedad rusa Ritzio Entertainment Group es un actor clave, también operan en Bolivia Bingo Bahiti clubes, mejor conocido por ambos y vivir de bingo electrónico, el mismo juego en los Estados Unidos.
Si bien el bingo en los Estados Unidos se asocia generalmente con los abuelos y jubilados, en Bolivia es con la captura de los jóvenes.
Diego Castro, 22, es una ciencia importante. En primer lugar, empezaron a venir a la temática de Egipto-Bingo Bahiti emblemáticos de Santa Cruz para tomar una copa con los amigos de su universidad.
''Ahora vengo por mi cuenta, y sólo para el agua para que pueda centrarse en el bingo,''dijo Castro. Como muchos de su edad, Castro ahora favorece más bares o casinos partes para socializar.
Ritzio es el más grande de la Rusia de propiedad de los casinos que se han convertido en Bolivia en los últimos cinco años, como el ex presidente y ahora Primer Ministro Vladimir Putin reprimieron en el juego.
LEYES DE APRIETE
Hace tres años, una ley aprobada en Rusia declaró que el juego sería excluido de ciudades como Moscú y San Petersburgo en 2009, y restringida a cuatro regiones ultraperiféricas: Kaliningrado, Primorie, Altai y de Rostov-Krasnodar. Hace dos años, Ritzio ganado alrededor de $ 1,6 mil millones en ingresos procedentes de sus operaciones de juegos de azar y comenzó la expansión en el extranjero. En América Latina, que ahora opera en los clubes de Bolivia, Colombia y Perú.
De acuerdo con el Bingo Bahiti, la cadena gana unos 2,5 millones de dólares al año en Bolivia, la oficina del gobierno que regula los casinos se negó a discutir los ingresos o ganancias.
Bahiti, cuando se inició en Bolivia, había sólo un par de pequeños casinos en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. HISTORIA DE DOS CIUDADES
Hoy en día la cadena es la más grande en Bolivia, con 15 salas de juegos de azar. Hay localidades, incluso en zonas remotas de la Amazonía, y dos mega casinos se establecen para abrir en este año en las ciudades de El Alto y Santa Cruz.
No hay dos ciudades de Bolivia podría ser más distinto; empobrecidas de El Alto - una ciudad de inmigrantes aymara construido en el frío, de gran altitud llanuras - corta un marcado contraste con tropicales de Santa Cruz, el corazón de Bolivia, relativamente próspero tierras bajas orientales.
''El hecho de que estamos al mismo tiempo la apertura de grandes clubes en dos lugares diferentes de verdad muestra el atractivo universal de Bahiti,''dijo José María Peñaranda, presidente de Bingo Bahiti en Bolivia. Dice Bahiti es para todas las edades: familias con frecuencia vienen a disfrutar del almuerzo en el casino restaurantes, niñas y adolescentes a menudo utilizan Bingo Bahiti celebrar elaborar sus quinceañeras, una parte de América Latina que es un cruce entre un 16 y un dulce debutante bola, celebrando una joven de 15 años.
Sin embargo, funcionarios como Carlos Bruno de la Lotería Nacional señaló que la mayoría de los nueve millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, y se pregunta por qué las empresas de juegos de azar internacionales están interesados en lo que él ve como un mercado limitado.
''La gente ha venido aquí y la creación de establecimientos de juego en lugares curiosos, incluidos los pequeños pueblos en medio de la nada. Y los extranjeros sólo mantener la apertura de las empresas de juegos de azar. Nos preocupa'', dijo Bruno.





EL PERÚ, ECUADOR Y COLOMBIA INICIAN DIÁLOGO PARA TLC CON LA UE

El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)

La primera ronda de negociaciones para la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú, Ecuador y Colombia, países miembros de la Comunidad Andina (CAN), y la Unión Europea (UE), se inicia hoy en la ciudad de Bogotá y concluye el viernes.
En representación del Perú asisten Eric Anderson Machado y Pedro Bravo Carranza, ambos funcionarios de la subsecretaría de asuntos económicos de la cancillería, y la jefa de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Patricia Carreño Ferré.
También participarán representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat); así como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de la Producción y Ministerio de Agricultura (Minag).
Lo que espera el Perú
Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, el Perú espera terminar las negociaciones para establecer un acuerdo comercial con la UE a mediados de año.
“Evidentemente, existen temas que se resolverán más rápido que otros. No obstante, los tres países andinos que participamos en este proceso estamos muy animosos y cooperaremos entre nosotros sin afectar nuestros intereses”, resaltó.
En tal sentido, mencionó que las negociaciones más complicadas suelen ser las listas de productos, así como temas de fondo relacionados a la propiedad intelectual.
De igual modo, sostuvo que el Perú y la UE apuestan por un desarrollo comercial a largo plazo, más allá de la crisis financiera internacional.
“Obviamente, las condiciones financieras actuales afectan a los mercados, y es probable que las voluntades de negociación sean un poco más duras”, comentó.
Por último, recalcó que al negociar bilateralmente con la UE, el Perú no transgrede las normas de la CAN; recordó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien al comienzo se opuso, ya ha manifestado estar de acuerdo con la realización de estas negociaciones.
AgroexportacionesPor su parte, el Minag señaló que el Perú enfrentará las negociaciones del TLC con la UE bajo un enfoque plenamente ofensivo, en lo concerniente al tema agropecuario, para así incrementar las agroexportaciones hacia ese megamercado.
En ese sentido, sus representantes esperan consolidar el tratamiento preferencial que tienen los productos peruanos que se exportan a la UE, el cual se haría permanente con la suscripción del TLC y permitiría asegurar el desarrollo de proyectos de agroexportación de largo plazo.
Asimismo, buscarán la eliminación de los derechos específicos que se aplican a las importaciones, y que se impida la introducción de cuotas o contingentes arancelarios.
LA CIFRA
US$1.151 millones fueron a la UE de los US$2.718 millones exportados en productos agropecuarios en el 2008.
US$126millones provinieron de la UE de los US$3.100 millones importados.