Las lluvias causaron grandes pérdidas en la infraestructura productiva del país. Hay 42 muertos y 72 mil familias afectadas. La ONU pidió medidas inmediatas. Estiman que afectará al crecimiento económico previsto para el 2007.Las pérdidas por los desastres naturales que se registran en Bolivia serán equivalentes al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y afectarán al crecimiento económico previsto para este año, afirmó el pasado fin de semana el Vicepresidente Álvaro García Linera.
Desde el aeropuerto de Beni, el departamento más golpeado por las inundaciones traídas por el fenómeno de El Niño, el segundo en la línea de sucesión de poder en Bolivia informó que estiman pérdidas por cerca de US$ 100 millones debido a los desastres provocados por las lluvias.
García Linera señaló que el crecimiento será menor al 7% previsto para 2007. Pero las estimaciones económicas oficiales por los estragos causados por las inundaciones y la sequía simultáneas en diferentes regiones es inferior a la proyectada por la Cámara Nacional de Comercio, que fijó en US$ 230 millones los daños debido a la muerte de cientos de reses en Beni y a la inundación de miles de hectáreas de cultivos en Santa Cruz, así como por la destrucción de carreteras.
Desde diciembre pasado, cuando empezó a manifestarse El Niño en Bolivia, han muerto 42 personas, hay al menos seis que están desaparecidas y 72 mil familias han sido afectadas y tuvieron que abandonar sus viviendas, anegadas por las aguas, y sufren por la pérdida de sus enseres, animales domésticos y cultivos.No hay una cuantificación oficial de las pérdidas, pero el 37% de la red vial principal quedó dañada. En Santa Cruz, la mayor región económica situada en el oriente, las inundaciones destruyeron 70.000 hectáreas de cultivos, especialmente de soja, el tercer rubro de exportaciones.
Uno de los mayores temores, según Naciones Unidas (ONU), es que las inundaciones abran una epidemia en las regiones afectadas. De momento, los informes sanitarios ofrecieron datos sobre enfermedades intestinales, pulmonares y dérmicas. La ONU advirtió la semana pasada que "a no ser que se implementen medidas inmediatas para sobrellevar el impacto, se incrementarán la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y las enfermedades".
La aguda emergencia obligó al Presidente Evo Morales a decretar el estado de desastre nacional, mientras que el Congreso aprobó una ley que autoriza el uso de recursos extraordinarios para atender la situación. El vicepresidente ratificó que el gobierno ha dado prioridad a la dotación de alimento, agua potable, cobijo y atención médica a los miles de afectados, pero que ya está planeando la reconstrucción de las áreas perjudicadas. García Linera, que recibió además dos helicópteros de Venezuela, dijo que su país ha visto que "la cadena de hermandad solidaria se ha puesto en movimiento", para ayudar a los bolivianos en desgracia. Prioridades "No creo que sea vea afectada significativamente la bonanza externa que está favoreciendo al gobierno con buenos precios en las materias primas, pero la prioridad ya no será la educación y la salud sino la reconstrucción", opinó el profesor universitario, Gonzalo Chávez.
Además, las inclemencias del tiempo lograron lo que no pudieron las presiones de grupos empresariales: la paralización de la reversión de tierras sin cultivar como obliga una nueva ley agraria aprobada por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) el año pasado.
Los departamentos de Santa Cruz y Beni en el oriente concentran las mayores latifundios, pero ahora gran parte de sus territorios están bajo las aguas y sus propietarios dicen que no podrán reponer cultivos en dos o tres años sino en cinco. Pero el otro problema que ha generado disputas políticas es la distribución de la ayuda. Los prefectos (gobernadores) de la media luna oriental (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), todos ellos de un signo político diferente al del Presidente, reclaman el manejo de la asistencia, que el gobierno ha centralizado. "Esto puede permitir a Morales llegar directamente a la gente afectada en Santa Cruz y Beni donde no ganó las elecciones", opinó el analista político, Carlos Cordero.
Apoyo internacional
El gobierno de Hugo Chávez se hizo presente en Bolivia ni bien la crisis por la situación se hizo presente. Esta semana, junto con dos helicópteros destinados a evacuar a los más afectados y US$ 12 millones en ayuda humanitaria, desembarcó el Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Pedro Carreño.
El apoyo que Venezuela le presta a Bolivia abarca especialmente la ayuda aérea, que garantiza la evacuación temprana y oportuna de los afectados por las inundaciones, informó Carreño. También expresó que Venezuela contribuye con las aeronaves que permitirán la distribución de los insumos y alimentos necesarios para el abastecimiento de las zonas devastadas.
En cuanto al personal, este domingo llegarán 20 médicos y 10 integrantes de la Brigada Internacional de Ayuda Humanitaria Simón Bolívar, especialistas en análisis de evacuación de áreas afectadas, más la tripulación para los helicópteros.
Pero Venezuela no fue el único país que se hizo presente ante la crisis que azota a Bolivia:
• La Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos donaron 15 mil dólares cada una para atender a las personas daminificadas.
• La ONU ha aportado, igualmente, más de 650 toneladas de alimentos, así como asistencia técnica para las labores humanitarias.
• Brasil entregó más de 24 toneladas de ayuda.
• Estados Unidos entregó otras 11 toneladas, al igual que Cuba.
• Se esperan tres aviones Hércules con alimentos, medicamentos y vituallas, provenientes de México.
• Para el lunes se prevé que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos envíen otro cargamento de ayuda. • Ecuador envío un avión transportando un cargamento de casi diez toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia. En Trinidad (Beni), cuyo aeropuerto se ha convertido en la base del Centro de Operaciones de Emergencias, García Linera agradeció la cooperación de Venezuela y la enviada también por Italia, Cuba, España Argentina, Brasil, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú y por Francia, entre otros gobiernos.
OpiniónLA SUBLEVACIÓN INDÍGENA POPULAR EN BOLIVIA
Mapu Expressde México (www.mapuexpress.net)
Por Alvaro García Linera
El 5 de agosto de 1781, después de varios meses de cerco indígena y del apoyo de los mineros de Ananea que construyeron una represa para inundar el pueblo, Sorata caía en manos de los ejércitos indígenas encabezados por Bartolina Sisa y el joven Andrés Tupac Amaru. Doscientos veintidós años más tarde, desde el 19 de septiembre de 2003, otra vez Sorata es ocupada por indígenas insurgentes como un eslabón más de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde hace tres años viene reapropiándose de territorios aymaras, expulsando funcionarios estatales y reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus[1] y sindicatos.
Los motivos iniciales de la movilización fueron primero el respeto de los "usos y costumbres" en el ejercicio de la justicia, y luego de una huelga de hambre de dirigentes comunarios de todo el altiplano, la oposición a la venta del gas a mercados estadounidenses. Si bien se trata ciertamente de motivos nuevos para la sublevación, los repertorios de la movilización india no han variado mucho respecto a los siglos anteriores; al igual que hace cien años o doscientos, el asedio a las ciudades, el control de la topografía, el manejo dilatado del tiempo, la fuerza de masa y la superioridad numérica como técnica militar, la confederación de milicias comunales y la obstrucción de las vías de comunicación entre ciudades forman parte de la memoria de guerra que regula los planes tácticos con los que los indígenas contemporáneos se enfrentan al Estado. Lo nuevo hoy quizá esté por el lado de la subordinación de ciertas instituciones estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción colectiva comunal.
Pero también hay la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, de un mismo sufrimiento y un mismo destino. En el fondo, a esto es lo que suele llamarse una nación, y es lo que puso en pie Tupac Katari en 1781, y luego la rebelión de los willkas en 1899, y ahora es lo que une en el bloqueo y lo que teje un sentimiento colectivo de hermandad en luto por los muertos de Warisata a comunarios de Moco Moco, de Pueto Acosta, de Ilabaya, de Achacachi, de Huarina, de Peñas, de Tacamara, de Vilaque, de Sapahaque, de Konani, de Viacha, de Palca, de los barrios urbanos de El Alto y de los mercados de la ciudad de La Paz.
Nuevamente hoy La Paz ha sido cercada por miles de indígenas aymaras que, en estado de rebelión general, se oponen a la venta del gas por Chile, para Chile y hacia Estados Unidos.
Warisata, la escuela-ayllu ensangrentada
¿Qué es lo que ha llevado a que los indígenas aymaras se preocupen por el gas? ¿Por qué la oposición a su exportación por puertos chilenos ha llegado hasta el extremo de correr el riesgo de ser perseguidos, encarcelados, heridos como lo que hoy sucede con comunarios de Lahuachaca, de Patamanta, de Laja, o de ser asesinados como en Warisata o Ilabaya? ¿Por qué es que los indígenas urbanos y rurales son los más activos, los más movilizados y los que están a la cabeza en la defensa de los recursos naturales en general, y de los recursos hidrocarburíferos en particular?
El levantamiento indígena y popular de abril y septiembre de 2000 en contra de la privatización de los recursos hídricos en los valles cochabambinos y el altiplano aymara (la llamada "guerra del agua") mostró que los recursos naturales forman parte fundamental del sistema de reproducción cultural y material de las comunidades agrarias, y por tanto cualquier intento de mercantilización de expropiación privada de esos recursos colectivos ataca directamente la estructura material y simbólica de las comunidades campesinas indígenas. Esto hace de la defensa y control colectivo de ciertos recursos naturales un principio básico de la preservación histórica y de la continuidad del régimen social de las comunidades. El gas es un recurso natural depositado en las entrañas de la tierra, integrante del conjunto de riquezas, de fuerzas y poderes que sostienen la persistencia a lo largo del tiempo de la vida de las comunidades. Esto no impide que se utilicen esos recursos para satisfacer necesidades humanas, pero ello requiere una relación pactada y negociada entre comunidad y fuerzas de la naturaleza (en el campo los ritos agrarios, en las minas las wajt’as y pijcheos), y además un usufructo directo familiar y comunal de la propia riqueza extraída. El régimen de la "qorpa" (y luego del juqueo),[2] mediante el cual los indios trabajaban en las minas coloniales y republicanas sólo si ellos se quedaban con un pedazo del mineral (Tandeter, 1992), muestra hasta qué punto la modernidad industrial no ha hecho desaparecer un tipo de vínculo orgánico y pactado entre naturaleza y comunidad en el altiplano, los valles y las zonas bajas del país.
Pero también en el mundo indígena hay una memoria fresca de los lazos históricos entre comunidad e hidrocarburos.
Allí donde tropas especiales antiterroristas del ejército boliviano entraron a disparar contra indios aymaras como si de ejércitos invasores se tratara, en Warisata hace setenta años los padres y abuelos de los comunarios hoy asesinados y perseguidos se enrolaban voluntariamente para ir al Chaco (lugar de las actuales reservas de hidrocarburos), a defender el territorio y los recursos petroleros que hoy se quiere entregar a empresas extranjeras. Elizardo Pérez, uno de los miembros fundadores de la escuela ayllu de Warisata, relata cómo es que presenció "un espectáculo nunca antes visto en nuestra historia republicana. Los indios presentándose a un puesto militar para entregar de forma espontánea a sus hijos al sacrificio patrio, y a más de eso llevando algunas docenas de toneladas de víveres" (Pérez, 1962).
La defensa del Chaco produjo más de 50 mil muertes de miembros del ejército, la mayoría de ellos indígenas y de sectores populares urbanos. 30% de los indios colonos y comunarios comprendidos entre los diecinueve y treinta y seis años del altiplano y valles fueron enrolados en la tropa y una buena parte del abastecimiento del ejército en el frente y la retaguardia estuvo a cargo de donativos de comunidades indígenas que, a la cabeza de los caciques, entregaban sus productos a los centros de acopio de las ciudades (Arze, 1987). No es de sorprender entonces que hoy los pueblos indígenas del occidente se sientan con un derecho conquistado de participar, junto con otros sectores sociales, en la toma de decisiones sobre la exportación del gas que existe en territorio tarijeño.
Por último y no menos importante, está claro también que en la movilización indígena y popular contra la exportación del gas se está produciendo todo un referéndum activo acerca del papel de la inversión extranjera en el país.
Durante década y media, las élites políticas, la intelectualidad cortesana y organismos financieros externos difundieron con relativo éxito publicitario la ideología de que la inversión extranjera, con la capitalización como punto de partida, iba a encaminar al país al sendero de la modernidad, el crecimiento económico y el bienestar. El actual presidente que hoy ya tiene en su haber más de sesenta muertos civiles por conflictos sociales, legitimó su euforia privatizadora con la oferta de 500 mil empleos y un crecimiento de 10% anual de la economía. Siete años después, la economía se ha hundido en un largo periodo de estancamiento, recesión, desempleo masivo y descapitalización nacional. La defensa del gas es, a su modo, un plebiscito movilizado en contra de un esquema que ha entregado la conducción económica a la inversión extranjera. La gente en las calles y las carreteras, los indígenas y profesores de Warisata comprenden por experiencia propia de los últimos años que la transnacionalización de la economía no les va a redituar ningún beneficio y, al contrario, hay toda una intuición colectiva de que dejando el negocio del gas bajo propiedad de empresas extranjeras, se perderá quizá la última oportunidad de aprovechar las riquezas públicas (porque el gas es una riqueza pública), para beneficio de aquellos que son los dueños originarios de estos territorios.
El desplazamiento del Estado
Pero el levantamiento indígena aymara no es sólo un referéndum activo en contra de la exportación del gas en las actuales condiciones de propiedad extranjera del negocio, es también un referéndum masivo que está demostrando la imposibilidad de continuar la permanencia pacífica de un tipo de Estado republicano monocultural, colonialista y excluyente de las identidades indígenas.
Bolivia es un país de presencia mayoritaria indígena, pero todas sus instituciones y estructuras estatales hacen todo lo posible para desconocer al indio, para denigrarlo, excluirlo y, como ahora en Warisata, para exterminarlo. No deja de ser paradójico que aquellos mismos oficiales mestizos que enseñan a patadas el castellano a los conscriptos indígenas, que desvisten indios en las carreteras para humillarlos, que utilizan miras telescópicas para "cazar" indígenas que en los cerros se oponen a la venta del gas por Chile y que disparan contra escuelas, normales y niñas de nueve años, sean los que han hecho jurar a esos mismos indígenas en los cuarteles a enfrentar al Estado chileno causante del cercenamiento territorial. Se trata de una centenaria esquizofrenia estatal de élites mediocres y acomplejadas que se asumen como blancas, liberales y modernas, siendo que en realidad el país es eminentemente indígena, de cultura comunitaria y de bases productivas tradicionales.
Y por tanto no es raro que los indios, esencialmente los aymaras, se reconozcan como otro pueblo, como otra nación, y hayan emprendido desde tiempo atrás toda una estrategia práctica de reapropiación política y simbólica del territorio para consolidar formas de autogobierno indígena.
No es casual la formación en los últimos años de una joven élite intelectual aymara portadora de un discurso de autonomía indígena en cargos de dirección de comunidades y ayllus de todo el altiplano, desde Potosí, Oruro, y principalmente La Paz. No es casual la inestabilidad de la mayoría de los municipios del altiplano paceño por la presión y fuerza de la lógica organizativa comunal que se sobrepone a los partidos y que ha llegado a subordinar a las alcaldías. De igual forma, no deja de ser revelador que desde hace tres años se esté procediendo a una sistemática expulsión de las otras instituciones estatales (subprefecturas, puestos policiacos, registros civiles...) en las provincias del norte aymara, y su sustitución en los hechos por la autoridad de las federaciones provinciales, por las centrales y subcentrales, por los mallkus, jilakatas y mamat’allas. Esto que aconteció en Achacachi en abril del año 2000 se ha expandido a pueblos de Muñecas, Bautista Saavedra, Manco Cápac y recientemente a Sorata.
La racialización de un Estado republicano que vive del trabajo y la riqueza de los indios pero que los desprecia y los excluye de derechos está dando lugar a la construcción de facto de otro tipo de ciudadanía y de poder indígena asentado en estructuras sindicales y comunitarias, capaces no sólo de disputar la legitimidad gubernamental sino incluso, ya en estos últimos meses, de interpelar el propio poder militar, que es el fondo primario y último de la presencia de cualquier estado.
La formación del Cuartel Indígena de Qalachaca en junio del 2001 con sus 40 mil aymaras confederados por comunidad en estado de militarización, la presencia en los cerros cercanos a los pueblos y carreteras de miles de comunarios con chicotes, piedras, dinamita y fusiles máuser gritando "guerra civil", el reciente cerco y recuperación a manos de las tropas indígenas del Cuartel de Rojorojoni y Qalachaca por miles de indígenas de las comunidades aledañas, ocupado al momento de la masacre de Warisata por las tropas del ejército republicano, hablan de una conflictividad entre Estado e indígenas aymaras que se inclinan lentamente a entrar en una etapa de confrontación bélica, como un nuevo momento complementario de lo que es ya una creciente construcción de redes de poder cultural, discursiva, simbólica, organizativa y política indígena en varias provincias del altiplano. A esto es a lo que se puede llamar en sentido estricto una rebelión indígena, de la que los recientes sucesos de estas semanas son un episodio más de una historia más larga.
El segundo acto: la insurrección de la ciudad de El Alto
Considerada junto con Santa Cruz las ciudades de mayor crecimiento demográfico de las últimas décadas, El Alto ha pasado de tener 11 mil habitantes en 1950 a poco más de 700 mil en 2001, donde se destaca que cerca de 60% de los habitantes son menores de veinticinco años, lo que habla de una presencia mayoritaria de población joven.
Del total de la población trabajadora, 69% lo hace en el ámbito informal, de empleo precario y bajo relaciones laborales semiempresariales o familiares. Pese a ello, poco más de 43% de los alteños son obreros, operarios o empleados, lo que la convierte en la ciudad con mayor porcentaje de obreros del país y explica la presencia de una fuerte identidad obrera entre sus habitantes. De hecho, la ciudad de El Alto ocupa hoy el papel de concentración territorial y cultura laboral que en los años cuarenta y sesenta del siglo XX, ocupaban los barrios de Villa Victoria Pura Pura y Munaypata, donde se ubicaban los barrios obreros. La alta presencia de trabajo familiar, microempresarial e informal de los trabajadores alteños sintetiza los componentes híbridos y fragmentados que caracterizan a la nueva condición obrera y asalariada de la sociedad boliviana.
Olvidada por el Estado, la ciudad ha sido tratada hasta hoy como un pueblo campesino abandonado y discriminado. Más de la mitad de los hogares alteños no tienen saneamiento básico, 60% de los ciudadanos viven hacinados, no más de 30% tiene alcantarillado, 45% de las personas son pobres, en tanto que 26% son extremadamente pobres, lo que significa que tienen menos de un dólar de ingreso por día.
Esta condición de pobreza y precariedad no por casualidad está acompañada de una presencia mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad. Cerca de 75% de los alteños se autoidentifica como indígena, en especial aymara o en menor medida qheswa, y es notoria la elevada presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de exobreros en la mayoría de los barrios alteños. Esta estructura organizativa barrial asentada en experiencias agrarias y obreras es la clave de la alta disciplina y capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos días.
Las características indígenas y obreras de El Alto han contribuido a definir los rasgos de la movilización social de sus pobladores, en la que se pueden distinguir dos componentes: una estructura barrial y gremial para la rebelión, y unos marcos de construcción del discurso basados en la identidad indígena.
Fejuve (Federación de Juntas Vecinales), fundada el año 1979, y la COR (Central Obrera Regional) El Alto, creada diez años después, son las que han articulado una red de organizaciones barriales y sindicales fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de necesidades básicas de la población. Juntas de vecinos y gremios durante las últimas décadas se han constituido como modos de autorganización local de la población para crear por mano propia, o mediante la canalización de demandas al poder central, la satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, el empedramiento de calles, la instalación de luz eléctrica, la construcción de casas, escuelas y sedes sindicales, la autorización para instalar puestos de venta, la regulación de impuestos, etcétera, reactualizando en el ámbito urbano las experiencias organizativas y las fidelidades comunitarias que, a través de los sindicatos agrarios y ayllus, gestionan todas estas dimensiones de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que en muchos barrios las juntas de vecinos lleven el nombre de la comunidad agraria de origen.
Esta vitalidad local de las juntas vecinales y los gremios ha posibilitado que ellas funcionen como densa red de movilización social y política, una estructura de soberanía territorial y, en un momento determinado, en los nodos colectivos de una insurrección civil con capacidad de movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus mandos locales y el control del desplazamiento en sus respectivos barrios. Incluso, ha habido momentos en que las juntas de vecinos han articulado una leva de reservistas del servicio militar obligatorio, familia por familia, como cabeza de brigadas de autodefensa y control barrial.
Es esta densidad de las organizaciones territoriales lo que ayuda también a explicar la formación de un tipo de liderazgo colectivo, rotativo y descentralizado en las propias organizaciones barriales que de manera permanente reclamaban la autorrepresentación para establecer alianzas y acuerdos con otras juntas de vecinos, inclusive por encima de la acción de los propios dirigentes.
"Vamos a cambiar la bandera"
Si bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales son muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para que se genere la sorprendente red de movilización social que ha paralizado de forma contundente la ciudad de El Alto y que está sosteniendo un proceso de rebelión urbana. Para que suceda todo ello se ha tenido que dar un conjunto de oportunidades políticas como es el fracaso reiterado de los distintos partidos oficialistas en la gestión municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario y creíble en la conducción de las organizaciones regionales, el fracaso de las políticas económicas de privatización de recursos públicos, la torpeza estatal de lanzarse a un negocio de exportación de un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía y redención social y, por supuesto, la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena en torno al cual los alteños han podido reconceptualizar de una manera radical su condición de pobreza y su derecho a usufructuar un recurso que lo consideran como propio, como herencia social y como destino.
Es en torno al discurso indígena que la inmoral polaridad social entre ricos y pobres ha sido traducida como antagonismo entre q’aras[3] e indígenas, entre extranjeros y originarios; es el discurso indígena el que ha permitido otorgar una justificación histórica y una razón de compromiso activo con la recuperación de los hidrocarburos a manos de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en los años cincuenta o sesenta cuando la conciencia sobre el control de los recursos naturales se asentaba en un tipo de discurso "nacionalista revolucionario" de corte movimientista, el actual nacionalismo tiene bases indígenas y la patria de la que nos habla no es la del Estado y los doctores; es la de las comunidades, de los gremios, de los kataris, de los aymaras, de los qheswas, que se han convertido en la nueva matriz interpretativa y conductora de lo que los bolivianos habremos de entender por nación en las siguientes décadas. De ahí su contundencia pétrica, pues hurga en la memoria de los siglos el sentido de comunidad política, pero quizá también por ello la ambigüedad y temor que provoca en las clases medias que prefieren mirar con indolencia cómo es que otros entregan sus vidas por el control de un recurso, el gas, que también será usufructuado por ellos.
No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena, han sido la punta de lanza de la actual insurrección social. Su huelga de hambre en El Alto, su bloqueo de caminos es lo que ha permitido romper las murallas urbanas que anteriormente frenaban la expansión de los bloqueos campesinos. Hoy estos instrumentos de lucha indígena campesina son el principal método de los vecinos alteños. Miles de bloqueos impiden todos los accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros de altura y decenas de zanjas antitanques, surcan las principales avenidas que atraviesan El Alto; las wiphalas[4] coronan los escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y los chicotes andinos marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de hecho, la soberanía política en cada territorio. A modo de mojones de cultivo, cada junta de vecinos demarca el control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto que grupos de jóvenes, mujeres y varones, organizados en torno al mando central, recorren cada uno de los lados del espacio territorial de la junta vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los golpes en los postes de luz, generan una tonalidad guerrera que mantiene en alerta a los vecinos y anuncia la llegada de tropas militares. En las zonas más periféricas, que de hecho son barrios campesinos, el ejemplo del Cuartel de Qalachaca de los sublevados de Omasuyus es una forma de organización que se busca imitar a nivel barrial mediante la convocatoria de los reservistas del cuartel para formar los grupos de defensa. Al igual que los indios del campo, hoy los indígenas urbanos se han rebelado; así lo constatan las consignas, la compacta movilización colectiva, pero también la brutalidad de la presencia de tropas gubernamentales, el racismo de los oficiales que disparan a matar a los que consideran "unos t’aras de mierda".[5] Y no es de extrañar entonces, no sólo la amenaza de los vecinos sublevados de castigar a los familiares de los militares o de marchar "al sur", donde viven las élites económicas y políticas del departamento, sino también la sublevación simbólica de los esquemas con los que los vecinos indígenas se afirman en sus actos y se proyectan en el futuro, al no encontrar un referente de vida y porvenir en la tricolor boliviana, sino en otra bandera que, a decir de un dirigente de villa Tahuantinsuyu que cuidaba una barricada de piedras y retazos de automóviles, es "nuestra verdadera bandera y la de nuestros abuelos".
La gasolina ensangrentada
El 8 de octubre, a un mes de bloqueo de caminos de los indígenas aymaras del campo, sus hermanos y parientes urbanos, los vecinos de El Alto, se lanzaron a un paro indefinido de actividades en toda la ciudad en defensa y recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos. Antes ya habían bajado varias veces a la ciudad de La Paz, acordaron el cierre de mercados y hasta los carniceros habían decretado una suspensión de actividades. La consigna era clara y contundente: "No se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos". El paro fue total, con lo que el cerco a la ciudad de La Paz comenzaba a estrecharse. Al bloqueo de caminos en el altiplano (carretera a Copacabana, a Achacachi, a Sorata, a Camacho y Bautista Saavedra, a Tambo Quemado, a Palca, a Yungas, a Quime y parcialmente a Oruro) se sumaba la paralización de la tercera ciudad más poblada del país y el cierre definitivo de la carretera La Paz-Oruro.
La débil convocatoria de la COB (Central Obrera Boliviana) a la huelga general indefinida, sólo acatada durante unos días por los maestros urbanos y rurales y los servicios médicos, desembocó en una marcha de mineros de Huanuni a la ciudad de La Paz que volvió a encontrar en la carretera no sólo a mineros e indígenas, sino a exmineros, convertidos hoy en vecinos alteños, que salieron a apoyar a sus antiguos compañeros de trabajo.
En el curso de la movilización la masa experimentará, junto a su fuerza colectiva y el dominio territorial, el control de un nuevo poder, el de los carburantes, pues éstos son distribuidos a El Alto y La Paz desde una planta ubicada en Senkata, a varios kilómetros de La Ceja de El Alto. Conocedores de la importancia de este centro, los vecinos de Villa Santiago Segundo, de la avenida 6 de Marzo y de otros lugares organizarán un cerco a las instalaciones para impedir la salida de camiones cisterna. A pocas horas tanquetas militares ocuparán las instalaciones y algunas otras zonas estratégicas de El Alto y, al finalizar la tarde, la caravana de la muerte se desplazará por las avenidas. A su paso, caerán decenas de heridos de bala y de balines; metralletas pesadas instaladas encima de los tanques dispararán contra vecinos que blanden palos y cachorros de dinamita y, al final, la resistencia de los alteños que levantaban más barricadas delante y atrás de la caravana obligará a los militares a refugiarse en un cuartel sin haber podido llegar a la autopista.
En La Ceja de El Alto se producirán nuevos enfrentamientos entre manifestantes y tropas gubernamentales, las oficinas de Electropaz y Aguas del Tunari,[6] dos empresas extranjeras que venden los servicios de electricidad y agua, serán destruidas, lo mismo que una gasolinera, en tanto que en la zona alta de Ballivián, los vecinos rodearán el quinto regimiento de policía para asediarlo durante toda la noche.
En la noche tropas militares reforzarán el regimiento, apoyadas con helicópteros que disparan a las casas y las fogatas, e intentarán ocupar las zonas del cruce a Villa Adela, La Ceja y la autopista. Ante este intento de militarización de la ciudad los vecinos se mantendrán en vigilia durante toda la madrugada, en la que se seguirán oyendo disparos de armas automáticas del lado de las zonas controladas por el ejército.
El día domingo será fatal. Desde muy temprano las tropas militares intentarán retomar el control de la zona alta de la autopista, de Senkata, de Río Seco y de La Ceja. Los muertos comenzarán a llegar a las precarias postas sanitarias: jóvenes, señoras, niños con balas en los pechos y las piernas serán el tributo que cobrará el gobierno para llevar gasolina a la ciudad de La Paz.
Pero una vez pasadas las cisternas, los enfrentamientos recrudecerán; primero será la zona de la plaza Ballivián y German Busch que arrojará dos muertos y varios heridos, luego Senkata con siete muertos. A mediodía los enfrentamientos se ampliarán a Río Seco donde se producirán varios muertos y media docena de heridos. Algo parecido sucederá en la zona de Tupac Katari, Villa Ingenio, nuevamente Villa Santiago Segundo, La Ceja Pasankeri, y así sucesivamente.
"Que nos maten también ahora a nosotros"
Ésa fue la frase de una señora que con una piedra en la mano corría detrás de una tanqueta en la zona de El Kenko. El gesto es todo un programa de acción, pues muestra cómo es que la muerte ha roto la tolerancia moral de los dominados hacia los dominantes. ¿Qué es lo que ha llevado a esta anciana a convertir el arcaísmo de una piedra en la prolongación de una voluntad social lanzada contra el moderno acero de un tanque artillado?
Por lo general la dominación se asienta en la aceptación de un margen de autoritarismo e imposición que el dominado es capaz de aceptar por parte de las autoridades. Es el margen de legitimidad que tiene el Estado para mantener el monopolio de la coerción. Sin embargo, hay un momento en que este margen de tolerancia se quiebra, en que la plebe ya no está dispuesta a jugar una economía de mansedumbres negociadas, es el momento de la disolución del orden estatal y el contrapoder. Y ese margen de docilidad moral ha sido roto por la muerte. La muerte de vecinos, de niños, ha sido la seña de la inversión del mundo mediante la cual cada familia alteña se ha sentido convocada a poner en riesgo la vida como única manera de ser digno frente a ella. A partir de ese momento, en gesto de heroísmo similar al de esos jóvenes paceños que en febrero arrojaban piedras a oficiales militares que les respondían con balas de fusiles automáticos, se apodera de una población que responderá a cada muerte y herido con un nuevo contingente de vecinos que sacará a la calle su esperanza y hallará en la piedra arrojada la certeza de su derecho a recuperar, por cualquier medio, la propiedad de una riqueza que sabe que le pertenece.
La piedra es entonces aquí la constatación de una victoria moral sobre la muerte, de la sociedad sobre un Estado asesino, del porvenir sobre el conservadurismo de un régimen que se ha dedicado a medir el tamaño de su decadencia por el número de muertos que aún es capaz de provocar en su caída.
Los alteños están en sublevación; es una sublevación con palos, con banderas y piedras que enfrentan a tanques, fusiles automáticos y helicópteros. Militarmente es una masacre; políticamente es la acción más contundente y dramática del fin de una época; históricamente es la más grande señal de soberanía que los más pobres y excluidos de este país dan a una sociedad y para toda una sociedad.
Lo significativo es que este desborde de rebelión y dignidad contra el Estado también se desparramará en los siguientes días por las laderas y cerros de la ciudad de La Paz.
Tercer acto: época revolucionaria
El desarrollo de los acontecimientos muestra que Bolivia está atravesando desde hace tres años una "época revolucionaria" (Marx), entendida como un periodo histórico de vertiginosos cambios políticos, de abruptas modificaciones de la posición y poder de las fuerzas sociales, de reiteradas crisis estatales, de recomposición de las clases, de las identidades colectivas, de sus alianzas y de sus fuerzas políticas. Una época revolucionaria se caracteriza por las reiteradas oleadas de sublevación social, por los flujos y reflujos de insurgencias sociales separadas por relativos periodos de estabilidad pero que a cada paso cuestionan u obligan a modificar, parcial o totalmente, la estructura general de la dominación política, hasta un momento en que tendrá que darse, de una u otra manera, una nueva estructura estatal emergente de una puntual situación revolucionaria en la que el despliegue de la fuerza desnuda dirima, ya sea por la vía de la confrontación abierta (guerra civil o golpe de Estado) o el armisticio duradero (reformas estructurales del sistema político o económico), la calidad y orientación de ese nuevo Estado que regulará la vida política de las personas durante las siguientes décadas.
La época revolucionaria en Bolivia se inició con la "guerra del agua", que permitió reconstituir regionalmente en Cochabamba un tejido plebeyo de indígenas, campesinos, regantes, sindicalistas obreros y clases medias antes excluidas de la toma de decisiones políticas, obligando al Estado a retroceder en sus políticas de privatización y dar paso a la deliberación de la multitud como fuente temporal de poder de decisión. Luego vinieron unos meses de relativa estabilidad, tras la cual se dio la rebelión indígena en el altiplano y el Chapare, trayendo la fuerza de la comunidad como núcleo de poder territorial que comenzó a desplazar a las instituciones del Estado (subprefecturas, puestos policiales, registro civil, partidos), en varias regiones del país. El tercer momento vino en junio y julio de 2001, cuando los aymaras comenzaron a construir formas de militarización comunal de la acción colectiva mediante la formación del Cuartel Indígena de Qalachaca, en la región de Omasuyus, donde más de 40 mil indios de comunidades y ayllus confederados inauguraron la consigna de "guerra civil" que meses después recorrerá el país entero. En junio del siguiente año los indios y trabajadores harán lo que nunca habían hecho en toda su historia electoral: votarán por los propios indios, mostrando hasta qué punto la revolución cognitiva promovida por los movimientos sociales había transformado radicalmente los esquemas mentales de la población empobrecida.
Todo ello desembocó en una crisis de Estado en dos dimensiones. Una crisis de sus estructuras políticas de "corta duración", referidas al modelo neoliberal de los últimos quince años (sistema de partidos como únicos mediadores entre Estado y sociedad, democracia liberal, gobernabilidad pactada, etcétera), y una crisis en sus estructuras de "larga duración", referidas a las características republicanas (Estado monocultural enfrentado a una sociedad multicultural). Hasta qué punto esta crisis estatal había corroído el armazón interno del orden político se verá cuando en febrero de 2003, el principio de mando jerárquico del Estado se derrumbará, llevando a que policías y militares se maten a balazos en la puerta del palacio de gobierno. Con ello, el Estado había dejado de creer en sí mismo, marcando el preludio de la más grande sublevación social de los últimos cien años que se desatará en octubre de 2003 y la aceleración del tiempo político que hace vislumbrar a corto plazo nuevas y mayores conflictividades de las fuerzas sociales en pugna.
La revolución india
Cuando dos mil dirigentes comunales del departamento de La Paz iniciaron su huelga de hambre los primeros días de septiembre pidiendo la libertad del dirigente Huampo, nadie podía sospechar que ello acabaría con la vergonzosa y patética huida de Sánchez de Lozada en un helicóptero. Sin embargo la señal histórica estaba ya dada: se enfrentaban dos civilizaciones, la de la modernidad estatal con su kafkiano sistema jurídico liberal, y la de la comunidad con su "ley del ayllu" que, a los pocos días y por medio de la convocatoria a un bloqueo de caminos, asumirá la demanda de la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, pues se trataba de un patrimonio colectivo por el cual los abuelos de los jóvenes aymaras de hoy habían muerto setenta años atrás. El bloqueo de caminos de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) nacerá entonces ya con una clara consigna política: rechazar la decisión gubernamental de vender gas por Chile a Estados Unidos. Se trataba ciertamente de una consigna general, de un "pretexto unificador" (Marx) capaz de articular a diferentes sectores en torno a un tema cuya virtud radicaba en hurgar en la conciencia indígena el fondo histórico colonial de la república (la propiedad territorial), y en la plebe urbana, la memoria nacional popular construida en el siglo XX (la nacionalización de riquezas iniciada en 1938).
Los más receptivos a este llamado de los indígenas del campo serán los indígenas urbanos, los alteños y alteñas, los habitantes de la ciudad más pobre y por tanto la más indígena del país que se acoplará al movimiento con su propio bagaje organizativo.
A las organizaciones sindicales y comunales de los aymaras del campo en bloqueo y rebelión se integrarán los barrios alteños, prolongación urbanizada de la lógica sociopolítica del ayllu, reapropiándose del control de los territorios urbanos.
Por lo general, las comunidades y las juntas de vecinos son sistemas territoriales de identificación y gestión de recursos sociales básicos. No obstante, en condiciones de autorganización política como la de los últimos días, funcionarán como células de una compleja red de poder político territorial que se tejerá entre campo y ciudad. Lo más significativo de todo ello será que el régimen de representación de los sublevados quedará desconcentrado en la propia autorrepresentación de las organizaciones territoriales sublevadas, de modo que, sin responder a un mando único, cada soberano colectivo de tipo territorial acordará a cada momento con los otros soberanos, a modo de múltiples ejércitos locales confederados, la articulación de acciones conjuntas, de apoyos mutuos y de unificación de reivindicaciones comunes. Así, con la declaratoria de paro indefinido por los alteños, el cerco katarista, después de trescientos veintidós años, llegará a la propia ciudad de la mano de otros indígenas, urbanizados hoy, que acabarán por asfixiar al Estado.
La sombra de Katari comenzará a serpentear los barrios y villas alteñas y paceñas, incluida la zona sur, sede de las élites dominantes, donde el tradicional método de lucha indígena campesina, el bloqueo de caminos con piedras, impedirá el tránsito en las propias avenidas de los barrios de las clases adineradas que sólo atinarán a atrincherarse en sus casas.
Los indios estarán entonces en todas partes: bloqueando caminos en el campo, ocupando ciudades, descolgándose por las laderas para pintar de wiphala y dinamita la plaza San Francisco, y desde allí irradiar su convocatoria a otras regiones que, como Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre, se convertirán en centros de nuevos bloqueos y de marchas indígenas hacia las ciudades.
Al final, sobre una predominancia del discurso y la simbología indígenas, miles y miles de aymaras y qheswas de todas las latitudes comenzarán a concentrarse en los pueblos intermedios para establecer las estrategias de bloqueos; en las zonas aledañas al lago, caracterizadas por su mayor organización, formarán nuevos "cuarteles indígenas" (al menos cuatro en total), donde miles de indios en estado de militarización comunal establecerán las directrices del desplazamiento de la autoridad estatal. En muchos casos, los pueblos intermedios sólo serán el tránsito para dirigirse desde allí a las ciudades, en lo que podría considerarse como la autoconvocatoria indígena más numerosa (en términos absolutos y proporcionales) desde la guerra federal de 1899. A modo de infinidad de pequeños ejércitos indígenas armados de palos, piedras y viejos fusiles máuser comenzarán a converger a la ciudad de La Paz, tupiendo el tramado de la mancha urbana con cientos de pequeñas columnas comunales que serán recibidas con alegría y entusiasmo por cada uno de los barrios alteños donde serán alojados por sus hermanos migrantes.
Habían sido convocados a una guerra, y los indios vinieron a ello apoyados sobre una logística indígena que pudo mantener en torno a la ciudad de La Paz durante casi una semana campamentos de indios sublevados preparados para la posible confrontación final.
Los indígenas urbano rurales no fueron la única fuerza social puesta en movimiento: también lo hicieron los cooperativistas mineros, obreros fabriles, vecinos, comerciantes y estudiantes mestizos, e inclusive segmentos de las clases medias urbano mestizas. Pero quienes al final pondrán los muertos, la fuerza de masa movilizable, el método de lucha predominante, la forma organizativa y el discurso enmarcador de la sublevación, serán los indígenas.
La comunidad sufriente
Hay ocasiones en que la muerte y el miedo son los puntos infranqueables que detienen una insurgencia social frente a las murallas del gobierno. Por eso el Estado necesita monopolizar la coerción legítima pues ésta, que encarna el posible uso de la violencia y muerte en contra de la sociedad, es la garantía última y final de todo orden político constituido. Sin embargo, hay momentos en que la muerte cataliza el ímpetu de la sublevación, en que la muerte es la seña que permite unificar colectividades distanciadas dando pie a un tipo de hermandad extendida en el dolor y el luto. En ese momento la muerte es derrotada por la vitalidad de una sublevación de voluntades sociales llamada insurrección.
Y es lo que aconteció desde el 20 de septiembre cuando las tropas militares invaden Warisata y matan a seis comunarios. A la muerte de seis indígenas no le sucede el retroceso de los movilizados, sino su expansión y radicalidad. Otras provincias como las de Río Abajo, Ingavi, Muñecas, Inquisivi o Pacajes se sumarán inmediatamente al bloqueo. A su vez, los pobladores de El Alto, muchos de los cuales mantienen doble residencia en la ciudad y en el campo, convocarán a un paro de actividades desde el 8 de octubre, en tanto que un contingente de mineros buscará llegar a la ciudad de La Paz, al pedido de la convocatoria de la COB. La muerte de dos mineros el viernes 10 y de dos vecinos el sábado 11 provocará una convicción social de que el Estado está arrinconando a la sociedad a una situación de peligro de muerte general, y responderán masivamente a tal riesgo. Al día siguiente las calles de El Alto amanecerán surcadas por miles de barricadas de todo tamaño, por zanjas en los caminos vigiladas por juntas de vecinos convertidas en regimientos civiles de cada zona que organizarán, con sus propios recursos y medios, la logística de una sublevación urbana. El Estado había perdido el control político de la ciudad, y el intento de retoma militar entre el día lunes y martes sólo provocará una masacre de más de sesenta muertos, a lo que la población responderá con la insurrección civil. Cada barrio reclutará a sus jóvenes para armarlos de piedras, palos y picotas para hacer frente a los tanques; comunarios de todas las regiones, de las provincias más alejadas de otros departamentos, comenzarán largas caminatas hacia La Paz para defender a quienes consideran sus hermanos que "están siendo masacrados". Pobladores de todas partes, choferes, trabajadores, comerciantes, estudiantes de norte y sur, de las laderas y los barrios de clase media, de las comunidades campesinas y de las villas alejadas se autoconvocarán frente y contra un Estado que había roto la economía de arbitrariedades y exigencias que mantenía soldada la obediencia social al gobierno. Cada barrio y comunidad marchante y bloqueante saldrá en defensa de los pobladores baleados, lo que a su vez dará lugar a nuevos muertos que convocarán a nuevos barrios y al final la sociedad entera estará sublevada contra un Estado cuyo único lenguaje se ha reducido a la muerte y que por tanto ya no tiene razón de ser, a menos que se piense que la muerte es la razón de ser de la sociedad.
Al final, la muerte había unido lo local, lo disperso, pero ante todo, había llevado a la sociedad a desconocer al gobierno, pues éste personificaba un enloquecido corcel de muerte con el que ya no era posible negociar. La muerte había abierto un abismo entre gobierno y sociedad anulando cualquier posibilidad de negociación. Ya no importaba qué ofreciera Sánchez de Lozada, él ya no era moralmente un interlocutor válido para los vecinos y comunarios insurrectos; de súbito la muerte había puesto en primer plano la titularidad del poder, punto de partida para cualquier acuerdo. La multitudinaria marcha del jueves 16 en La Paz y otros departamentos reafirma esta soberanía plebeya de insubordinación radical frente a la autoridad. Desde entonces ya no había gobierno, y por tanto sólo era cuestión de horas la renuncia de Sánchez de Lozada o la irrupción de una desequilibrada guerra civil. La intervención de las clases medias contribuirá al fortalecimiento de la primera opción.
La fiesta de la plebe; la derrota moral de la casta
La huida de Sánchez de Lozada por la puerta trasera fue el desenlace temporal de esta nueva etapa de la sublevación civil. Los insurrectos lo vivieron como una victoria, y así la celebraron. La inmensa mayoría excluida de la orgía liberal echaba a patadas a un presidente y garantizaba la legitimidad del nuevo. Esto, para quienes antes sólo contaba como un molestoso dato estadístico necesario al momento de la votación, era como arañar el cielo. Y así lo vivieron; el júbilo y la sensación de triunfo se apoderó de esos millones de pobres que lloraban cómo es que aquel hombre que representó el desprecio por la masa, aquel que expropió los recursos colectivos heredados por sus abuelos, aquel que quería "blanquear" a todos para esconder la indianitud de la sociedad o que deseaba entregar el país como reserva ecológica a las compañías extranjeras, se iba despreciado por los que tanto despreciaba, relocalizado por aquéllos a los que había relocalizado. La historia parecía jugar un drama de venganza y heroísmo, y la plebe lo supo y por eso brindó en medio de sus muertos y sus barrios convertidos en barricadas inexpugnables.
La masa había triunfado por esfuerzo propio, por insurgencia propia, por muertos propios y por palabras propias; había impuesto su decisión por encima del Estado, había experimentado entonces la sensación del poder no sólo en el ámbito territorial de su soberanía local, sino también a nivel general, estatal. El día viernes 18 de octubre, los símbolos del poder político en la ciudad de La Paz (el parlamento y la casa presidencial) estaban cercados y ante los pies de los indios y plebe insurrecta; los habían doblegado e incluso rendido en parte de sus atribuciones, aunque no los habían tomado en el momento en que eran más poderosos que nunca. Quizá no los quisieron tomar por esa inclinación popular, reiterada por Zavaleta, a la irresolución del poder cuando se está frente a él. O quizá fue porque había una conciencia de que detrás de ese poder aparente de la plaza Murillo está el poder real del Estado Mayor del ejército y de la embajada estadounidense. En todo caso, los que mejor supieron entender esta dimensión militar del poder fueron los indígenas del campo, y por eso vinieron como vinieron y por eso también se fueron a sus comunidades a la espera de las siguientes etapas donde tal vez se dirima el poder ya no como una externalidad presionable, sino como una ambición y prolongación de la soberanía indígena plebeya.
Con todo, hoy la situación es la de la quietud del centro de un huracán histórico que se está llevando por delante un modelo económico de inversión extranjera fracasado y un régimen político de partidos anacrónico y colonialista. La historia está girando a velocidades inauditas y más pronto o más tarde nuevamente todos seremos arrastrados a la vorágine de un desenlace que, esperemos, ancle en la historia los derechos por los que esos miles de insurrectos de ayer y de mañana han depositado tanta dignidad y esfuerzo colectivo.
Opinión
BOLIVIA - ABUSOS PETROLEROS
Alterinfos de España (www.alterinfos.org)
Pedir honestidad a las transnacionales petroleras es tan absurdo como prohibir a las funerarias que vendan ataúdes. Sin embargo, aún en los atracos a los países sometidos debería existir un límite a los atropellos.
Esto no ocurrió con “Andina”, conformada por Pérez Companc, YPF – Argentina y Pluspetrol, que, en 1996, capitalizó el 50 % de los campos descubiertos, explorados y explotados por YPFB, a cambio de la promesa de invertir 264 millones de dólares. El 48 % quedó en poder de las AFP, transferido a YPFB, por el decreto de nacionalización del 1º-05- 06. El 2% restante pasó a propiedad de ex trabajadores.
En 1999, la española Repsol compró las acciones de YPF – Argentina y el 2.000 las de Pérez Companc y Pluspetrol. En consecuencia, Andina es una subsidiaria de Repsol. Pese a ello, el 1º- XII – 01, Andina suscribió un contrato de administración con Repsol, por el que paga, en promedio, un millón de dólares mensuales, de donde resulta que Repsol, que compró Andina, suscribe un contrato consigo misma. Hace pocos días, se prorrogó el contrato de administración por otros dos años, pese a que el Poder Ejecutivo aseguró que el Estado controlará la mayoría accionaría de Andina (Repsol) desde mayo próximo. La transnacional busca no sólo impedir que se cumpla esa promesa, sino apoderarse del 48 % de las acciones de YPFB.
Este objetivo se tornó imperativo debido a que Andina (Repsol) controla el 50 % de los mega campos de gas de “San Alberto” y “San Antonio”. El otro 50 % lo tienen la brasileña Petrobrás (35 %) y la francesa Total (15 %). El 28-X-02, diez meses después de suscrito el contrato de administración, Andina (Repsol) firmó con Petrobrás un Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios (CRVP), llamado también “hedging”, por el que, ante la supuesta tendencia a la baja de los precios del gas, se fijó un precio inamovible hasta el 2.019 y no sujeto al precio internacional del petróleo, como ocurre, parcialmente, con el contrato YPFB-Petrobrás.
El “hedging” fue impulsado por el Ministro Fernando Illanes, en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), que se inició el 6-08-02 y terminó derrocado, el 17-10-03, por una insurrección popular. El Ministro de Hidrocarburos de Carlos Mesa, Álvaro Ríos, indicó que YPFB no conocía el “hedging”, del cual se enteró al revisar la memoria anual de Andina (Repsol) (oficio del 9-02-04). En síntesis, Andina (Repsol) y Petrobrás urdieron la estafa a Bolivia.
Para justificar el “hedging”, Andina (Repsol) sostuvo que, de acuerdo a sus proyecciones, el precio del gas en el 2019, llegaría a 1.5 dólares por millón de BTU, el que fue sobrepasado en el momento mismo de suscribir el convenio. El MAS, de Evo Morales (en ese momento en la oposición), no denunció la estafa, pese a conocerla en detalle. En el gobierno de Mesa (2003-2005), otra empresa brasileña, UNIVEN (a veces usa el nombre de Ibero América), inició un proceso arbitral, aún pendiente, contra Andina (Repsol) por incumplimiento en la entrega de crudo, por 3 millones de dólares.
UNIVEN exige daños y perjuicios por 180 millones de dólares, 60 veces más del presunto daño. He ahí otro intento de despojar a YPFB de sus acciones en Andina (Repsol). Asimismo, Andina (Repsol) anunció que sus reservas certificadas internacionalmente habían disminuido en 25 %. Luego aseguró que la nacionalización del 1º de mayo le produjo pérdidas, pese a que sus estados financieros del 2006, serán cerrados sólo el 31 de marzo próximo.
En el gobierno de GSL, la norteamericana ENRON y la holandesa Shell crearon la empresa fantasma Southern Cone Gas (no tiene registro legal en Bolivia), la que recibió gas de Andina (Repsol) para contrabandearlo a Cuibá, Brasil, a 1.90 el millón de BTU, cuando YPFB ya vendía gas a Petrobrás a 4.20 por similar volumen. Por este delito fue detenido por algunas horas el ex representante de Repsol en Bolivia, Julio Gavito. En los últimos meses, según “La Prensa” de 21-01-07, los fiscales, que, en los hechos, siguen las directivas del Poder Ejecutivo, dieron por concluidos media docena de juicios contra las petroleras por estafa, contrabando y evasión impositiva.
En julio de 2006, se realizó la primera reunión de directorio de Andina (Repsol), después de la nacionalización. En ese directorio, Andina (Repsol) tiene cinco representantes y un síndico. YPFB, dos representantes y un síndico. En la oportunidad, la transnacional anunció que terminaría el “hedging” si YPFB se comprometía a no formular reclamos por los perjuicios que sufrió, que ascienden a 171 millones de dólares, según Informe Técnico de la Universidad autónoma de Santa Cruz. Esa suma debió servir para que YPFB tome el control mayoritario de la empresa hispana.
La propuesta de Andina (Repsol) fue rechazada por el representante de YPFB, el patriota boliviano y cruceño, Herman Camacho Cuellar. El otro delegado, Gary Daher, aceptó la exigencia (al igual que los representantes por mayoría), de acuerdo a instrucciones del entonces Presidente de YPFB, Jorge Alvarado, según el acta pertinente. Camacho también fue el único en oponerse a la prórroga del contrato de administración. Ahora se lo está presionando para que renuncie a su cargo. Por de pronto, YPFB ha designado a Leila Mokrani suplente de Camacho. Mokrani ha sido una persona de confianza del “gonismo” y de Carlos Alberto Lopez, ex vocero de las petroleras en Bolivia.
Hoy tiene el respaldo del nuevo Presidente Ejecutivo de YPFB, Manuel Morales Olivera.
Opinión
BOLIVIA, ¿INUNDACIONES MADE IN USA?
Radio la Primerísimo de Nicaragua (www.radiolaprimerisima.com)
Un programa ultrasecreto de las fuerzas militares de Estados Unidos en fase de explotación está al descubierto. Con el nombre clave de HAARP (conocido como ARPA en español) especialistas del Pentágono han estado desarrollando desde principios de la década del 90 el High Frequency Active Auroral Research Program, destinado al estudio de la interferencia de comunicaciones de todo tipo y a la modificación de la ionosfera para manipular el clima con fines militares.
"La modificación del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podrá ser usada unilateralmente. La habilidad para generar precipitaciones, nieve, tormentas o modificar el espacio exterior...o la producción de climas artificiales, todo eso constituye parte de un conjunto de tecnologías que pueden incrementar el conocimiento tecnológico, la riqueza y el poder de los Estados Unidos para degradar a sus adversarios". (US Air Force, énfasis added. Air University of the Use Air Force, AF 2025 final report) El potente campo de antenas que constituye HAARP es en realidad la emisora de radio más poderosa del mundo. A través de él se han enviado a menudo potentes impulsos de radio (ondas electromagnéticas de alta frecuencia) hacia la ionosfera, con el fin de calentar su plasma.
Un artículo publicado por el investigador Michael Chossudovsky en GlobalResearch.ca sobre el tema de la guerra climática nos dice que este calentamiento artificial no solo altera sensiblemente las transmisiones radiales, sino también desequilibra la ionosfera y por tanto las condiciones climáticas del lugar al cual se dirijan estas señales. La modalidad forma parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica y según documentos del Departamento de Defensa bajo su manto la Fuerza Aérea podría provocar fenómenos como inundaciones, huracanes, sequías y terremotos. Incluso los seres humanos pudieran ver afectadas sus ondas cerebrales por las emisiones de baja frecuencia (entre 3 y 30 herzt) que conseguirían modificar sus patrones de conducta.
En el caso del clima, afirma Chossudovsky, resulta muy curioso que países clasificados por Estados Unidos como miembros del "eje del mal", hayan tenido una historia similar de alteraciones climáticas. Corea del Norte, por ejemplo, se ha caracterizado desde mediados de los 90 por una sucesión de sequías, seguidas por inundaciones. Mientras que en Iraq, Irán y Siria devastadoras sequías ocurrieron en 1999, y en Afganistán, en los cuatro años anteriores a la invasión de 2001, la ausencia de precipitaciones destruyó la economía agrícola.
Desde el 2006 el campo de antenas de HAARP están ya en pleno funcionamiento. Desde EEUU, la Dra. Rosalie Bertell ha declarado que: "la capacidad de la combinación HAARP/Spacelab/cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energía comparable a una bomba atómica–, en cualquier parte de la tierra por medio de haces de láser y partículas, es aterradora. Estas capacidades utilizadas como arma defensiva podrían aniquilar todas las comunicaciones, enemigas y propias y ofensivamente inclinarían la balanza a la hora de invadir un país, tras conocer que tiene pozos petrolíferos o minerales aún sin explotar.
El funcionamiento de los calentadores ionosféricos que utiliza el Programa HAARP son comparables con un gran horno microondas: al disparar a zonas bajas producen un calentamiento de la baja atmósfera. Sería un calentamiento local y haría que el agua contenida en todos los seres vivos que estuviesen expuestos, se calentara y les produjera la muerte. Un calentamiento en la alta atmósfera es impredecible, porque estaría provocando desde una alteración local del clima hasta alterar las propiedades de 'filtro' que tiene la atmósfera. Con ello, los rayos cósmicos que vienen del espacio dejarían de filtrarse en la ionosfera, y harían llegar su radiación a la superficie de la tierra.
Para muchos científicos, las pruebas del HAARP serían responsables del cambio climático de El Niño, los aerolitos o incluso la ola de calor que hizo subir en Melilla la temperatura de 20 a 40 grados en cinco minutos. Asimismo, tiene la capacidad de provocar apagones interrumpiendo el flujo de corriente eléctrica en regiones enteras. La manipulación del clima, de las comunicaciones, y de los sistemas eléctricos es un arma de guerra global que capacita a Estados Unidos para dominar regiones enteras del mundo.
En Venezuela científicos y meteorólogos fueron sorprendidos por el hecho de que, en pleno mes de febrero, hubiese ocurrido una vaguada con las características que tuvo la que afectó el territorio venezolano. Febrero tradicionalmente es un mes seco, de fuerte sol y con no más de 11 mm/m2 de precipitaciones en promedio. Pero con los cambios llegó a acumular 150 mm/m2 de lluvias. Lo mismo se decía de diciembre, hasta que ocurrió la tragedia de Vargas. El maestre de primera de la Armada, Ricardo Torres, estimó que "no es usual que (las vaguadas) estuvieran bajando tanto en latitud y se mantuvieran casi estacionarias sobre Venezuela". Recuérdese además, que para la época se avecinaba un proceso electoral. La cantidad de tragedias vinculadas con el clima han aumentado y parecen separarse de los patrones establecidos por años. El clima ha variado "coincidencialmente" en Sudamérica. Un ejemplo fue la tormenta intertropical registrada frente a las costas de Brasil y el desplazamiento del huracán Iván, de categoría cinco, que por primera vez en la historia se desplazó en las costas de Venezuela. Otros ejemplos han sido los huracanes que han devastado a Cuba y las terribles inundaciones que por primera vez en su historia está viviendo Bolivia, en pleno proceso constituyentista y con destrucción de su ya menguada economía.
Opinión
¿PELEARÁ ARGENTINA CON EU?
La Prensa de Panamá (www.prensa.com)
La actitud oportunista de Néstor Kirchner, quien en vez de pensar en políticas a largo plazo para fundar estructuras sólidas que sostengan la economía de su país, busca colocar parches con dinero prestado de Venezuela para mejorar la situación del momento con miras a las próximas elecciones generales, puede ocasionarle un alejamiento de Estados Unidos con tristes consecuencias para la Argentina.
Su acercamiento al presidente venezolano -por más que se diga que es de carácter comercial- involucra compromisos políticos que, en determinado momento, deberán cumplirse. Si no, Chávez no le daría un peso. Hasta el momento el presidente argentino ha mantenido buenas relaciones con Estados Unidos, pero tomando en cuenta que: "los amigos de mis enemigos son mis enemigos", los vínculos con la Casa Blanca pueden cambiar.
El corazón socialista de Kirchner está más cerca de Chávez que de Bush. El presidente argentino es un gran admirador de la autocrática política expansionista venezolana. Aplaude fervorosamente las medidas de Chávez y de Morales, y su ancestro peronista hace que quiera quedarse en la Casa Rosada el tiempo suficiente como para que sus hijos también formen parte de la dinastía gobernante que desea implantar con su esposa.
Al estrechar su amistad con Chávez y sustentar a Morales, pone en riesgo la libertad y la paz sudamericana. En enero, durante los últimos choques en Bolivia, su gobierno manifestó solidaridad con Evo y advirtió que: "La Argentina no se quedará de brazos cruzados si hay un enfrentamiento armado en Bolivia que quiera derrocar al presidente Morales".
Argentina y Bolivia han estado tradicionalmente ligadas. Durante los años 70, los militares derechistas de ambos países establecieron fuertes relaciones económicas y políticas, al punto que fueron armas del Ejército argentino las que se utilizaron en el golpe de 1971 para el derrocamiento del entonces dictador izquierdista boliviano Juan José Torres, posteriormente asesinado en Buenos Aires.
Si hay una guerra fratricida en Bolivia -que sigue siendo el escenario futuro más probable-, el principal defensor de Morales será Hugo Chávez, que está proveyendo de armamento al gobierno boliviano en cantidades nunca vistas y anunció que enviará tropas de apoyo para el nuevo ejército rojo en formación. Si Argentina se inmiscuye en los conflictos, será para fortalecer a Chávez y a Morales, creando un clima de alta tensión regional, porque ni Chile, Paraguay, Brasil ni Perú –fronterizos con Bolivia-- y menos aún Estados Unidos, de quien dependen todos, estarán del lado del presidente boliviano, a quien miran con creciente y justificado recelo, a medida que va imponiendo su descarriado totalitarismo indigenista y obedece a Chávez incondicionalmente.
En caso de injerencia del gobierno K en los acontecimientos bolivianos, habrá que ver de qué lado estarán los militares argentinos, usualmente más conservadores que su presidente. Involucrar a la Argentina en las violentas aventuras internas de su volátil vecino, puede ser el final de su ambiciosa carrera política-familiar.
Las movidas de Kirchner se dan en un ambiente circunstancial difícil de definir por su incongruencia. En el plano mundial apoya a Chávez, que está aliado con Ahmadineyad -ardiente antisemita, anticristiano y antiamericano-, pero en su país mantiene buenos vínculos con la colectividad judía, con la Iglesia y la embajada estadounidense. En lo regional apoya a Morales y sus medidas nacionalistas, que amenazan la seguridad y los intereses de empresas argentinas establecidas en Bolivia.
Kirchner es de origen suizo, pero su comportamiento se asemeja al de los franceses. Los suizos no se meten con nadie, tampoco piden nada a nadie. Los franceses se revolcan con todos, en pos de sus "intereses nacionales". Kirchner sólo tiene intereses personales. Cree que puede mantener al mismo tiempo compromisos con Estados Unidos y Venezuela. Ese es un lujo que pueden darse los suizos y los franceses, pero no los argentinos. Por José Brechner, ex diputado boliviano.
Editorial
CHILE Y LOS "PONCHOS ROJOS"
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Aún no amaina en Bolivia el revuelo causado por un gran desfile de indígenas armados, los "Ponchos Rojos"-junto al Ejército-, durante un acto público en la provincia de Omasuyos, el 23 de enero pasado, ante el Presidente Morales y las más altas autoridades cívicas y militares. El gobernante se manifestó "muy impresionado" por "esta fuerza paraestatal" y declaró que ellos representan "nuestra identidad, la lucha por el territorio, por los recursos naturales". Los llamó "a defender la unidad de Bolivia junto a las FF.AA.", pues "no queremos autonomías departamentales". El alcalde de Achacachi ofreció 100 mil hombres para enfrentar cualquier amenaza de división del territorio boliviano, mediante bloqueo de caminos o el uso de armas, piedras y un explosivo elaborado por ellos mismos, con greda y químicos.
Los "Ponchos Rojos" son de vieja data. Su indumentaria se remonta a mucho antes de la creación de la república, en 1825 -en la cultura andina, el rojo tiene un sentido solemne, y los ponchos de ese color se usan sólo en ocasiones especiales, como la guerra y el matrimonio-, pero Morales les devolvió actualidad, al concederles un reconocimiento de estatus militar e, incluso, comparar su misión con la del ejército regular.
Pese a sus palabras inflamadas, quien aparece más perjudicado por estas "milicias indígenas" es el propio Morales. La oposición lo acusó de estar fomentando grupos paramilitares en el país. Ante el escándalo, dio marcha atrás y anunció que había ordenado el desarme de los "Ponchos Rojos", a cambio de alimentos, llamas y ovejas. Esa misión, encargada al Ejército, aún no se concreta, y se anticipa compleja. "Mediante la vía legal jamás se va a poder cambiar el país; por eso, es muy necesario armarse", señaló un líder indígena, quien aseguró que los "Ponchos Rojos" son la ideología del pueblo aimara.
Según algunos, semejante desfile de campesinos con aires militares es fotogénico, y la relevancia que le dio Morales es atribuible a su afición mediática. Pero la mezcla de pobreza, descontento social y armas puede desembocar en algo más que una pintoresca milicia indígena: ésta busca reivindicar su pasado ancestral, y la "Red Bolivariana de los Pueblos", apoyada por Chávez, labora para unir a los mapuches y aimaras de Chile y del noroeste de Argentina con los quechuas de Perú y otros grupos, en busca de rearticular el "Tahuantinsuyo", modificando radicalmente las fronteras de varios países sudamericanos. Es un proyecto descabellado y anacrónico, pero en el que creen masas que nada tienen que perder y que, aunque primitivamente armadas, están dispuestas a usar la fuerza.
Incluso Evo Morales parece inquieto, ante un factor que, quizás, él mismo no podría dominar.
LAS NACIONALIZACIONES NO TIENEN POR QUÉ GENERAR DESCONFIANZA, DICE IGLESIAS
Terra de España (www.actualidad.terra.com.es)
El Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, aseguró hoy en Tokio que las nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia 'se hicieron bien' y por tanto no tienen por qué generar desconfianza entre los inversores.Iglesias, que dictó una conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 'Los desafíos para el desarrollo de América Latina y Asia', defendió la intervención estatal para gestionar los recursos existentes en los países. 'El derecho a nacionalizar los recursos naturales es un derecho legítimo de cualquier Gobierno, lo importante es que eso se haga de acuerdo con las cláusulas contractuales y con la justa compensación, y creo que eso ha sido así en las nacionalizaciones que han ocurrido en América Latina en los últimos tiempos', dijo Iglesias.
Para el secretario general iberoamericano, tanto en Bolivia como en Venezuela las 'nacionalizaciones no implicaron una ruptura sino un cambio de las relaciones de cooperación con el sector privado'.
Citó como ejemplo a Bolivia, donde 'las empresas que aceptaron este proceso quedaron comprometidas con contratos con el Gobierno para seguir prestando un servicio'.
Iglesias, para quien los países necesitan tener un Estado fuerte que apoye al mercado, señaló que estas nacionalizaciones se deben mirar 'con un sentido constructivo, que no tiene que ver con experiencias del pasado que fueron hechas en otras condiciones', en alusión a las políticas proteccionistas de la región que condujeron a la crisis de los 80, conocida como 'la década perdida'.
Por ese motivo, Iglesias opinó que, 'si se hacen las cosas como se están haciendo', las nacionalizaciones no deberían afectar a la confianza de los inversores extranjeros en la economía de esos países, 'siempre que los gobiernos tengan en cuenta que la inversión privada juega un papel fundamental'.
Durante la conferencia, el ex presidente del BID hizo hincapié en que América Latina debe tomar como referencia el desarrollo económico asiático, aunque 'necesita encontrar su propio camino para terminar con la desigualdad social y el bajo ritmo de crecimiento'.
Según Iglesias, 'probablemente no ha habido un momento en la Historia donde la región haya tenido una oportunidad mejor para impulsar el desarrollo económico y social', debido a la gran demanda mundial de materias primas latinoamericanas, fundamentalmente en China y la India, y la buena gestión macroeconómica en la región.
Para Enrique Iglesias, América Latina no se puede quedar en el comercio de sus recursos naturales, 'pero hay que aprovechar esta situación de bonanza económica para desarrollar una industria local y mejorar los sistemas educativos'.
HUGO CABIESES, UNO DE LOS MAYORES EXPERTOS DE AMERICA LATINA SOBRE NARCOTRAFICO
“EL BLANCO NO DEBEN SER NI LOS AGRICULTORES NI LOS CONSUMIDORES”
Es peruano y uno de los grandes académicos de la geopolítica de la droga. En esta entrevista explica la compleja trama de poder, terrorismo y narcotráfico en su país. Y analiza la situación argentina, en su triple papel de consumidora, lugar de tránsito y a la vez de lavado de dinero. Y descifra por qué ex Senderos Luminosos se instalan a traficar en Buenos Aires.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
–¿Cuál ha sido la política de erradicación de cocales de Perú?
–En primer lugar en el Perú, como en Bolivia, no está permitida la fumigación de cultivos, a diferencia de Colombia. Y en el caso del Perú hay leyes concretas que prohíben la fumigación con productos químicos o biológicos. Lo que sí hay es una erradicación que puede ser voluntaria o forzosa, que en la práctica viene a ser más o menos lo mismo porque si tú no aceptas los programas de desarrollo alternativo, por lo tanto no reduces tus cultivos, igual te los van a reducir a través de un programa que se diseña a finales de un año y a principios del siguiente y por una resolución del Ministerio del Interior. La institución encargada de la erradicación forzosa es el Cora, que es un proyecto especial para la reducción de cultivos de coca en el Alto Huallaga.
–¿Cómo se hace esa erradicación sin fumigaciones?
–Es una erradicación básicamente manual, a través de un aparato que es una especie de alicate que extrae de raíz los cultivos de coca. No tengo las cifras exactas pero tengo entendido que el año pasado se erradicaron alrededor de 12 mil hectáreas de las cuales 3 mil son por autoerradicación y la diferencia, unas 8 mil, 9 mil hectáreas, por erradicación forzosa. El procedimiento es que primero llega una institución que depende también del Ministerio del Interior que se llama CADA, Cuerpo de Apoyo al Desarrollo Alternativo, que en realidad lo que hace es medir dónde están los cultivos de coca y cuáles son susceptibles de ser erradicados. Después llegan lo que los campesinos llaman “los coreanos”, que son los erradicadores. Son trabajadores manuales contratados por el CORA, que van acompañados de policías y se trasladan normalmente en helicópteros hacia las zonas previamente determinadas para poder erradicar.
–Hay dos zonas claves en Perú para cultivar: el Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). ¿Cuáles son las especificidades de esas zonas?
–Estas dos zonas no son las únicas en el Perú, ni siquiera son las que tienen la mayor cantidad de cultivos de coca. Hay cultivos de orientación fundamentalmente legal en el departamento del Cuzco, en la provincia de La Convención, los Valles del Río Vilcanota, Quillabamba, el río Yanatile, también en la provincia de Calca y el río Kosñipata en la provincia de Paucartambo del Cuzco. Y a la vez hay otros cultivos en la selva del departamento de Puno. Pero estas dos zonas son las más mediáticas.
–¿Por qué toma tanta relevancia el VRAE?
–Entre 1984 y 1994 prácticamente ese valle estaba cerrado. Era tierra de nadie, mejor dicho de algunos, en este caso de Sendero Luminoso, que estaba desarrollando sus actividades subversivas y terroristas en esa zona. A la vez había una situación de presencia de narcotráfico muy fuerte en el valle del río Apurímac. Durante diez años ese valle estuvo prácticamente cerrado para la entrada del Estado, de los organismos de seguridad del Estado, y de la colaboración internacional. En el caso del Alto Huallaga fue unos años antes, entre el año 1975 y 1983, cuando se produjo el boom de los cultivos de coca.
–En ese sentido, ¿cuál fue el rol de Sendero Luminoso en la expansión del negocio del narcotráfico en Perú?
–Fue un encuentro que se produjo alrededor de los años ’84, ’85. Sendero inicia su lucha armada en el año ’80. Una vez que a finales del ’82 ingresa el ejército por orden de la autoridad política, ellos se repliegan de las partes altas hacia las partes bajas de la selva, y en concreto hacia el valle del río Apurímac y Ene. En el valle del río Apurímac había producción de coca y presencia de narcotráfico, y por lo tanto ahí articula por un lado Sendero Luminoso con el narcotráfico; y por el otro lado los agricultores del valle que, para poder combatir a Sendero, recurren al narcotráfico para poder comprar las armas que les permitieran enfrentar y derrotar a Sendero. La verdad es que la derrota de Sendero comenzó en el VRAE. Las “rondas campesinas” que golpearon fuertemente a Sendero comenzaron en un pequeño pueblo que se llama Pichiwilca, en 1983.
–¿Qué significado tiene ese valle para el desarrollo del narcotráfico en el Perú?
–El VRAE tiene un enorme significado respecto de la derrota de Sendero por un lado, y a la alianza que tanto campesinos como Sendero tuvieron con el narcotráfico por otro. Es una historia un poco diferente que la historia del Alto Huallaga: allí ha habido presencia no solo de Sendero sino del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Si bien el MRTA comienza como una especie de organización a lo Robin Hood, que les roba a los ricos para entregarle a los pobres, con ideas guevaristas, poco tiempo después de su insurgencia, que es entre el ’85 y el ’86, entre el ’90 y el ’91 se articulan estrechamente a lo que es el narcotráfico, y finalmente son parte del negocio del narcotráfico.
–¿Sendero entonces no es parte del narcotráfico?
–Sendero había estado desde el año ’84, ’85, también en este tipo de actividades, pero hubo un famoso general, el general Alberto Arciniega, que en la parte final del primer gobierno de Alan García desarrolla lo que él llama “la doctrina Arciniegas”, que no es algo raro, y consiste en que no se puede derrotar a dos enemigos a la vez. Hay que primero aliarse con uno para derrotar al otro. Y el enemigo principal en su concepción en ese momento era Sendero Luminoso...
–Y no el narcotráfico.
–No el narcotráfico. Entonces para poder derrotar a Sendero lo que tenía que hacer era buscar alianza con el campesinado. El campesinado también estaba articulado al narcotráfico, pero hacía alianzas con ellos para poder derrotar a Sendero, y eso fue lo que hicieron. La situación en el VRAE es una suerte de autonomización de las fuerzas campesinas organizadas en rondas campesinas, que van a enfrentar solos, sin presencia de las fuerzas armadas, a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque Sendero los había atacado desde el principio de la guerra en un valle donde la pequeña producción no era tan generalizada como sí era en el Alto Huallaga, sino más bien eran medianos productores.
–O sea que tenían armas o capacidad para organizarse.
–Los medianos productores tienen un mundo que perder. Poseen 30 o 40 hectáreas, tenían 30 o 40 cabezas de ganado. Eso permitía que buscaran una situación de autonomización en relación con el ejército y tratar de desarrollar su propia guerra, ¿aliándose con quién? Con los narcotraficantes que estaban en esa zona.
–¿Y quiénes son los aliados del narcotráfico hoy?
–Es difícil saberlo exactamente, pero es indudable que el narcotráfico está infiltrando desde hace varios años diferentes sectores de la sociedad peruana. Hay relación entre el narcotráfico y el gran capital. Hay relación entre el narcotráfico y sectores de las fuerzas armadas. Hay relación entre el narcotráfico y sectores de la policía nacional. Hay relación entre el narcotráfico y la política peruana. Yo tuve la oportunidad de participar durante casi un año en la Comisión Investigadora del Congreso de la República sobre los delitos de la dictadura de Fujimori-Montesinos. Me encargué en concreto de lo relativo a la investigación sobre la articulación entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción.
–¿Qué descubrieron allí?
–La articulación muy estrecha que había entre el poder político y el narcotráfico. En concreto, que el narcotráfico se manejaba casi desde palacio de gobierno y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a través de Vladimiro Montesinos y de lo cual no se excluye de ninguna manera a Fujimori. Que ahora Fujimori quiera hacerse el loco o el sueco sobre este tema es otro problema, pero indudablemente ahí había una relación muy estrecha.
–¿Ha mejorado esa situación de corrupción internacional?
–Yo creo que sí y de manera importante. Además, muchos de los cabecillas de esta narcomafia que nos gobernó durante diez años están presos. Hay procesos judiciales contra ellos aunque muchos quisiéramos que les den muchos más años que los que les han dado. Por ejemplo, hace poco acaban de condenar, creo que es a 6 o 7 años, al general Hermoza Ríos. Al general poco le faltaba para estar dirigiendo avionetas en el Alto Huallaga de entrada y salida de drogas. La verdad es que el poder judicial, que es otro de los poderes del estado enormemente infiltrado y comprado por el narcotráfico, en el caso de muchos magistrados, no ha hecho desde mi punto de vista el esfuerzo necesario como para efectivamente castigar este delito en donde debe ser castigado, que son los altos mandos de las fuerzas armadas, los altos mandos de la policía nacional y los responsables políticos de que esto se haya desarrollado casi a un nivel incontrolable durante el gobierno de Fujimori-Montesinos.
–¿El ex presidente Toledo hizo esfuerzos para tratar de combatir esto?
–Quiso sanear este tema y combatir este delito, pero yo con franqueza pienso que ese esfuerzo ha sido permeado de alguna manera por una estrategia equivocada, que es la estrategia norteamericana para encarar este fenómeno. Estados Unidos piensa que el problema del narcotráfico, el problema del cultivo de coca, el problema de drogas es un problema de seguridad nacional. Yo creo que está totalmente equivocado. Estados Unidos tiene 35 años aplicando esta estrategia y es una estrategia que fracasa en todos lados del mundo.
–Si la visión norteamericana es parte del problema, ¿desde dónde se pueden pensar las soluciones posibles?
–Desde mi punto de vista el problema de las drogas es un problema socioeconómico y cultural por el lado de la producción. Es un problema médico sanitario y de prevención educativa por el lado del consumo. Y por el lado del tráfico el problema es un problema de inteligencia y de aplicación quirúrgica, de tal manera de no equivocar el blanco. El blanco no son los agricultores y el blanco no son los consumidores: el blanco son los grandes traficantes, los lavadores de dinero, los que trafican con precursores químicos para poder producir pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.
–¿Cómo se traduce la acción de los Estados Unidos en el valle?
–Sus políticas están orientadas fundamentalmente a atacar a los campesinos y a los consumidores, y dejar sueltos de alguna manera a los eslabones intermedios. Esa estrategia, que es una estrategia equivocada, es la que continúa siendo aplicada en el Perú lamentablemente. Por qué, porque los que manejan la política antidrogas a nivel internacional son los Estados Unidos, y son los que ponen plata para combatir al narcotráfico. Lamentablemente el gobierno de Toledo no pudo diferenciarse de esta estrategia, y creo que el gobierno de Alan García tampoco.
–Sin embargo, el gobierno de Bush anunció que reducirá los recursos para Perú durante los próximos años.
–Anuncian una reducción del 37 por ciento para los próximos cinco años. Soy ambivalente en la interpretación de este asunto. Por un lado me da cierta alegría que los norteamericanos dejen de tirar la plata de sus contribuyentes pero pienso que es una enorme hipocresía de parte del gobierno de los Estados Unidos que quiere supuestamente combatir el narcotráfico pero por otro lado disminuye el apoyo a los países andinos otorgándole solamente dólares adicionales al plan Colombia, que es un gran fracaso en cuanto a que los cultivos siguen creciendo, y la provisión de drogas hacia Estados Unidos y Europa sigue creciendo.
–¿Cuál podría ser en esta explosión del narcotráfico el impacto sobre un país vecino como la Argentina?
–A mí me parece que Argentina tiene un rol en la división internacional del trabajo del tráfico ilícito de drogas triple. Por un lado, es un país consumidor: cada día más en la Argentina misma se consume clorhidrato de cocaína y otras drogas de origen natural y de origen químico. Es un mercado importante. En segundo lugar, es un lugar de tránsito de clorhidrato de cocaína hacia otros puertos, fundamentalmente hacia Africa, el sudeste y el este de Europa, y Europa misma. Y por otro lado, es un centro de lavado de dinero de donde se sacan los recursos para que este negocio de alguna manera continúe.
–En las provincias del Noroeste se consume la hoja de coca.
–En Salta y Jujuy hay probablemente entre 200 y 250 mil consumidores tradicionales de la hoja de coca, que no tiene nada que ver con la cocaína. Son solamente consumidores tradicionales que lo consideran como parte de sus buenas costumbres, como parte de su cultura. Aunque no es una cultura campesina sino urbana. Es casi la única zona de América del Sur donde se consume coca en zonas urbanas. Eso va aparte del rol en el mercado de las drogas del país: es indudable que hay consumo, tránsito y a la vez de lavado de dinero.
–¿Cómo se explica la presencia de ex soldados de Sendero Luminoso articulados con narcotraficantes en la Capital Federal?
–En primer lugar, Sendero Luminoso, de ser una organización político- militar devino en una estructura de grupo armado articulado con el narcotráfico. Esos grupos armados que fueron derrotados migraron a otros países, y Argentina es uno de los países adonde estos ex combatientes de Sendero Luminoso migraron. Lo curioso es que parece ser que muchos de éstos provienen de la zona de Trujillo. Trujillo es una plaza, ha sido siempre una plaza de pasta básica de cocaína y de elaboración en laboratorios de esta pasta y de clorhidrato de cocaína. Y además de salida hacia los puertos del norte y los puertos del sur para la venta de clorhidrato. Entonces no me extrañaría que en Trujillo este grupo de ex senderistas, que eran una suerte de vigilantes, guardianes, sicarios quizás del narcotráfico, después de que dejaron de ser revolucionarios entre comillas, ante la persecución de la policía y el aislamiento que tenían respecto de la población en su conjunto, decidieran migrar y migraran a la Argentina.
BOLIVIA: MORALES QUIERE AUTODETERMINACIÓN INDÍGENA Y RESTRINGIR LA PROPIEDAD PRIVADA
Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)
Evo Morales hizo público el modelo de nación que denfederá en la Asamblea Constituyente. Evo se mostró partidario de la a utodeterminación de los pueblos indígenas, de restringir la propiedad privada, de acabar con los "privilegios" de la Iglesia católica, de la propiedad estatal de la tierra y los recursos naturales. Además, propone la creación de un suprapoder formado por las organizaciones sociales para supervisar y controlar a los tres poderes clásicos.
El presidente Evo Morales quiere que la nueva Constitución dé a los indígenas derechos preferentes que no poseerán los demás ciudadanos bolivianos, incluida su "autodeterminación", y que el Estado sea propietario de todas las tierras y recursos naturales.
Así aparece en el documento "Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente", el proyecto que el gobierno intentará aprobar en la Constituyente. En el capítulo de autonomías se plantea "el respeto a la voluntad de que los pueblos indígenas y originarios recuperen su derecho a la autodeterminación".
El nuevo Estado deberá "devolver el papel protagónico e incluyente a los pueblos indígenas y originarios, (y) reconocer sus derechos". La propuesta añade que "los derechos de autodeterminación y autogobierno se ejercen a través de la capacidad de autonomía de los pueblos y comunidades".
Asimismo, "las autoridades de los pueblos indígenas tienen personalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento corresponde a cada pueblo y comunidad según sus usos y costumbres, sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad".
Además, propone la creación de "un órgano constitucional autónomo integrado por representantes de las organizaciones sociales, cuya función será fiscalizar y vigilar las actuaciones y gestión del poder público".
El sistema judicial indígena, de aprobarse la propuesta, no atenderá a las reglas generales, sino que "su conformación y funcionamiento se sujetarán a normas y procedimientos propios". El documento hace hincapié en que "todos los recursos (bienes explotables, rentas, ingresos) nacionales son de propiedad del Estado". "El Estado participará mayoritariamente en empresas productivas estratégicas -añade-. Las empresas extranjeras sólo pueden ser contratadas para prestar servicios y, en caso de conflictos, someterse a la jurisdicción boliviana".
"Se garantiza la propiedad privada siempre que cumpla una función social y que su adquisición o tenencia no sea producto de hechos o actos de corrupción". La tierra se mantendrá "bajo competencia exclusiva del Estado, para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas, naciones originarias y comunidades campesinas".
El dominio del Estado sobre la tierra "es directo e imprescriptible, y se ejerce por el gobierno nacional, y el derecho concedido a terceros tiene carácter condicional, sujeto a requisitos y límites establecidos en esta Constitución", agrega el proyecto.
El Estado establecerá "parámetros de superficie máxima individual y colectiva", y los derechos sobre tierras se extinguirán si, a juicio del gobierno, no cumplen una "función económica y social".
La creación de autonomías indígenas implicará una reordenación territorial del país, hoy dividido en nueve departamentos (la mayoría con gobernadores electos adversarios de Morales), y el proyecto aclara que las regiones afectadas no tendrán derecho a oponerse.
Sobre religión, dice que se respetará "la espiritualidad de cada cultura y libertad de creencia, sin imposición dogmática religiosa", lo cual, según medios informativos bolivianos, convertirá a la iglesia Católica en una ONG más.
Los jueces serán elegidos por voto popular, el pueblo podrá revocar sus mandatos en referendo, y estarán bajo el control "amplio y efectivo" de las "organizaciones sociales", como llaman en Bolivia a las agrupaciones de izquierda federadas en el MAS.
EVO VISITA JAPÓN Y PIDE APOYO PARA SU GOBIERNO
ADN Mundo de Argentina (Www.adnmundo.com)
El presidente de Bolivia partió ayer hacia Japón, para una visita de cuatro días en la que tratará de explicar los cambios que ha iniciado en su país y para solicitar la ayuda de la comunidad internacional. Evo Morales es el primer mandatario boliviano que visitará Tokio de forma oficial con una agenda que incluye una audiencia con el emperador Akihito y entrevistas con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, y el titular de Exteriores, Taro Aso.
Poco antes de subir al avión, el gobernante expresó su confianza en que le irá bien en su decimoctavo viaje al exterior en los trece meses que lleva en el poder.
En referencia a la situación de desastre que confronta Bolivia estos días debido a las inundaciones en gran parte de su territorio, Morales mencionó la necesidad de dotar a los municipios de maquinaria pesada para enfrentar los derrumbes y deslizamientos que causan las lluvias.
El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, explicó el viernes que el Jefe de Estado se reunirá en Tokio con autoridades del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) de Naciones Unidas para explicarles el proceso de cambio que se vive en Bolivia.
También mantendrá un encuentro con el presidente de la Corporación Japonesa para el Petróleo, Gas y Metales. Según el canciller, Japón tiene interés en invertir en minería, en fortalecer la estatal Corporación Minera de Bolivia y en la industrialización del gas. Morales se entrevistará, además, con el presidente de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA).
DatosEn 2006, de un total de 378 millones de dólares, Bolivia exportó a Japón zinc por 330 millones de dólares, plata por 34 millones y semillas de ajonjolí por casi 10 millones.
Según Choquehuanca, "el pueblo japonés quiere conocer a Morales" y, por ello, recorrerá un barrio popular de Tokio y visitará una asociación boliviana-nipona.
JAPÓN ESPERA 'MEJORA DE LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN' EN BOLIVIA
Terra de España (www.actualidad.terra.es)
El Gobierno japonés expresó su deseo de 'una mejora de las condiciones de inversión' en Bolivia para las empresas niponas, ante la visita oficial que hoy comienza en Tokio el presidente boliviano, Evo Morales.'La relación con Bolivia es muy fuerte. Bolivia es un país importante para la exportación de plata, entre otros productos, y esperamos una mejora de las condiciones de inversión para las empresas niponas', declaró hoy a Efe un portavoz del Ministerio japonés de Exteriores. Tokio espera también que 'Bolivia mantenga su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la libertad', dijo el portavoz, para quien 'Bolivia es un país importante en América Latina'.
A la vez mostró su apoyo a 'las reformas sociales que sean sanas, pues el interés de Japón es apoyar los esfuerzos de Bolivia para el desarrollo'.
El Ejecutivo japonés considera además 'importante que Bolivia siga siendo amiga de Estados Unidos', señaló la misma fuente.
'Bolivia tiene una relación estrecha con Venezuela y Cuba, y creemos que es importante que también siga siendo amiga de Estados Unidos, y que haya un mejor entorno político y económico', indicó el portavoz de la diplomacia japonesa.
En noviembre pasado, el ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, visitó Japón para, según señaló, aclarar las dudas del Gobierno nipón sobre las nacionalizaciones que lleva a cabo el país andino.
Choquehuanca, que finalmente no acompañará a Morales, dijo entonces que tanto el Gobierno de Tokio como el de La Paz estaban de acuerdo en la necesidad de una 'relación constructiva' con EEUU y de mantener el mercado de la primera potencia mundial.
Evo Morales tiene previsto iniciar hoy su primer viaje oficial a Japón con el fin de ampliar mercados para las exportaciones de productos bolivianos y de más inversiones niponas en su país, sobre todo en el sector de la energía y la minería.
Además, el portavoz del Ministerio nipón de Exteriores recordó que en Bolivia residen 14.000 inmigrantes de origen japonés, muchos de los cuales trabajan en la agricultura, por lo que Tokio espera que el 'Gobierno de Bolivia dedique la atención necesaria a sus preocupaciones' sobre los planes de reforma agraria.
En un comunicado, el Gobierno japonés señaló que espera que la visita de Morales 'fortalezca aún más las relaciones amistosas' de ambos países, que establecieron vínculos diplomáticos en 1914, y recordó que es proveedor de ayuda económica.
Bolivia es el país latinoamericano que ha recibido más donaciones japonesas, hasta 60.125 millones de yenes (510 millones de dólares), y ha logrado préstamos de Japón por 105.793 millones de yenes (casi 900 millones de dólares), según datos oficiales nipones.
Morales, tercer presidente boliviano que visita Japón tras Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, se entrevistará mañana con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, y con el ministro de Exteriores, Taro Aso, y el jueves asistirá a una audiencia con el emperador Akihito.
"BOLIVIA RESPONDERÁ A CUALQUIER AGRESIÓN"
La Crónica de México (www.lacroninca.com.mx)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo ayer que la democracia de su país se ha fortalecido desde que asumió el poder en enero de 2006 y aseguró que los bolivianos responderán a "cualquier provocación o agresión externa".
Durante un acto público por el aniversario de fundación de El Alto y antes de emprender un viaje a Japón en visita oficial, Morales señaló que "algunos organismos internacionales quisieran que se acabe la democracia" en Bolivia o se interrumpa el orden constitucional.
Recordó que la fuerza armada, que antes era responsable de los golpes de Estado, y la policía están ahora "identificados con su pueblo y con las transformaciones" impulsadas por el gobierno del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Siento que si algún organismo internacional opina que está en riesgo la democracia (es porque) tal vez quieren conspirar contra la democracia desde afuera, no desde adentro", apuntó en referencia a un informe de la inteligencia estadounidense.
El informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertó al Congreso de ese país sobre un supuesto riesgo de la democracia en Bolivia y Venezuela, bajo gobiernos de izquierda y críticos de la política exterior de Washington.
Morales pidió a los bolivianos ayudar a su gobierno para conducir de manera adecuada al país y avanzar en "los cambios profundos". Dijo que el resultado gubernamental será mejor si los dirigentes sindicales, vecinales y populares le ayudan con recomendaciones y corrección de su trabajo.
Además, culpó a las naciones ricas de los desastres naturales causados por el desequilibrio del clima, pues el país es castigado por lluvias en las zonas tropical y central, además de heladas y sequía en la parte occidental, con pérdidas humanas y materiales.
De visita en Japón
El mandatario boliviano emprendió ayer un largo viaje para iniciar una visita oficial a Japón, donde se entrevistará con el emperador Akihito, el primer ministro japonés Shinzo Abe y el canciller Taro Aso, a quienes explicará los cambios sociales que emprendió su gobierno.
Morales es el primer mandatario boliviano que visita Japón y su agenda incluye entrevistas con organizaciones empresariales, financieras y una visita al barrio Asakusa de Tokio, donde "compartirá con el pueblo japonés", informó el canciller David Choquehuanca.
El lunes Morales se reunirá con delegados del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) en Tokio para explicarles el proceso de cambios que inició su gobierno. "Hay mucho interés por conocer las reformas en Bolivia", dijo Choquehuanca.
El mandatario boliviano se entrevistará también con representantes de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA) y del Banco de Cooperación Japonés, que en 2006 condonó a Bolivia una deuda por 63 millones de dólares.
Morales tiene interés en promocionar inversiones japonesas en el área de hidrocarburos, sobre todo en la industrialización del gas y en minería, además de promover el comercio de productos ecológicos y el turismo hacia Bolivia.
Con el gobierno de Bolivia
REUNIÓN POR LOS CONTRATOS DE GAS
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
El ministro boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, se reunirá hoy en Buenos Aires con su colega de Planificación Federal, Julio De Vido, para evaluar los contratos de gas que tienen suscriptos ambos países. Un representante del Ministerio de Hidrocarburos dijo a EFE que Villegas viajó anteayer a la capital argentina, donde celebrará su reunión con De Vido a primera hora de hoy. Los gobiernos de Bolivia y la Argentina firmaron el año pasado un contrato para la exportación de hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano a partir de 2010.
Bolivia exporta entre 4 y 5 millones de metros cúbicos diarios al mercado argentino, pero el volumen debe subir este año a 7,7 millones y pasar en 2008 y 2009 a 16 millones. En enero pasado, y tras una licitación, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó contratos con la argentina Pluspetrol, la estadounidense Vintage, la coreana Dong Won y la boliviana Chaco, filial de British Petroleum, para que exporten 4,7 millones de metros cúbicos diarios de gas a la Argentina. YPFB lanzará otra licitación este año para seguir buscando contratos con las petroleras, entre ellas Petrobras y Repsol YPF, que son las mayores productoras del hidrocarburo, para garantizar el gas comprometido con la Argentina.
INUNDACIONES EN BOLIVIA AFECTAN PLAN POLÍTICO DE MORALES
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
Las lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño han causado grandes pérdidas a la infraestructura productiva boliviana, que obligarán el presidente Evo Morales a cambiar las prioridades de sus reformas que proyectaba financiar con los excedentes del gas, opinaron analistas.
"Es inevitable un cambio de prioridades, pero no es para lamentar porque la defensa de la vida es primero", explicó el ministro del Agua, Abel Mamani, apuntó AP.
El Gobierno trata de disminuir el impacto apelando al apoyo externo, incluso Morales viajó el pasado sábado a Japón con un plan de reconstrucción.
Poco antes de conocerse los efectos de las inundaciones en el oriente y el sur de Bolivia, el mandatario destacaba que después de décadas se había logrado un superávit y que este año los ingresos por el gas natural dejarán 2.000 millones de dólares.
"El crecimiento del PIB se verá afectado, pero además habrá un efecto en los próximos años en el gasto que irá a reconstruir la infraestructura perdida", vaticinó el analista económico, Horst Grebe.
Si bien no hay una cuantificación oficial de las pérdidas, en Santa Cruz las inundaciones destruyeron 70.000 hectáreas de cultivos y, según la Cámara Nacional de Comercio, las pérdidas alcanzan ya los 230 millones de dólares.
BOLIVIA PERDERÁ EL 1% DE SU PRODUCTO BRUTO POR LOS DESASTRES NATURALES
ADN Mundo de Argentina (Www.adnmundo.com)
Las lluvias causaron grandes pérdidas en la infraestructura productiva del país. Hay 42 muertos y 72 mil familias afectadas. La ONU pidió medidas inmediatas. Estiman que afectará al crecimiento económico previsto para el 2007.
Las pérdidas por los desastres naturales que se registran en Bolivia serán equivalentes al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y afectarán al crecimiento económico previsto para este año, afirmó el pasado fin de semana el Vicepresidente Álvaro García Linera.
Desde el aeropuerto de Beni, el departamento más golpeado por las inundaciones traídas por el fenómeno de El Niño, el segundo en la línea de sucesión de poder en Bolivia informó que estiman pérdidas por cerca de US$ 100 millones debido a los desastres provocados por las lluvias.
García Linera señaló que el crecimiento será menor al 7% previsto para 2007. Pero las estimaciones económicas oficiales por los estragos causados por las inundaciones y la sequía simultáneas en diferentes regiones es inferior a la proyectada por la Cámara Nacional de Comercio, que fijó en US$ 230 millones los daños debido a la muerte de cientos de reses en Beni y a la inundación de miles de hectáreas de cultivos en Santa Cruz, así como por la destrucción de carreteras.
Desde diciembre pasado, cuando empezó a manifestarse El Niño en Bolivia, han muerto 42 personas, hay al menos seis que están desaparecidas y 72 mil familias han sido afectadas y tuvieron que abandonar sus viviendas, anegadas por las aguas, y sufren por la pérdida de sus enseres, animales domésticos y cultivos.
No hay una cuantificación oficial de las pérdidas, pero el 37% de la red vial principal quedó dañada. En Santa Cruz, la mayor región económica situada en el oriente, las inundaciones destruyeron 70.000 hectáreas de cultivos, especialmente de soja, el tercer rubro de exportaciones.
Uno de los mayores temores, según Naciones Unidas (ONU), es que las inundaciones abran una epidemia en las regiones afectadas. De momento, los informes sanitarios ofrecieron datos sobre enfermedades intestinales, pulmonares y dérmicas. La ONU advirtió la semana pasada que "a no ser que se implementen medidas inmediatas para sobrellevar el impacto, se incrementarán la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición y las enfermedades".
La aguda emergencia obligó al Presidente Evo Morales a decretar el estado de desastre nacional, mientras que el Congreso aprobó una ley que autoriza el uso de recursos extraordinarios para atender la situación. El vicepresidente ratificó que el gobierno ha dado prioridad a la dotación de alimento, agua potable, cobijo y atención médica a los miles de afectados, pero que ya está planeando la reconstrucción de las áreas perjudicadas. García Linera, que recibió además dos helicópteros de Venezuela, dijo que su país ha visto que "la cadena de hermandad solidaria se ha puesto en movimiento", para ayudar a los bolivianos en desgracia. Prioridades "No creo que sea vea afectada significativamente la bonanza externa que está favoreciendo al gobierno con buenos precios en las materias primas, pero la prioridad ya no será la educación y la salud sino la reconstrucción", opinó el profesor universitario, Gonzalo Chávez.
Además, las inclemencias del tiempo lograron lo que no pudieron las presiones de grupos empresariales: la paralización de la reversión de tierras sin cultivar como obliga una nueva ley agraria aprobada por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) el año pasado.
Los departamentos de Santa Cruz y Beni en el oriente concentran las mayores latifundios, pero ahora gran parte de sus territorios están bajo las aguas y sus propietarios dicen que no podrán reponer cultivos en dos o tres años sino en cinco. Pero el otro problema que ha generado disputas políticas es la distribución de la ayuda. Los prefectos (gobernadores) de la media luna oriental (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), todos ellos de un signo político diferente al del Presidente, reclaman el manejo de la asistencia, que el gobierno ha centralizado. "Esto puede permitir a Morales llegar directamente a la gente afectada en Santa Cruz y Beni donde no ganó las elecciones", opinó el analista político, Carlos Cordero.
Apoyo internacional
El gobierno de Hugo Chávez se hizo presente en Bolivia ni bien la crisis por la situación se hizo presente. Esta semana, junto con dos helicópteros destinados a evacuar a los más afectados y US$ 12 millones en ayuda humanitaria, desembarcó el Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Pedro Carreño.
El apoyo que Venezuela le presta a Bolivia abarca especialmente la ayuda aérea, que garantiza la evacuación temprana y oportuna de los afectados por las inundaciones, informó Carreño. También expresó que Venezuela contribuye con las aeronaves que permitirán la distribución de los insumos y alimentos necesarios para el abastecimiento de las zonas devastadas.
En cuanto al personal, este domingo llegarán 20 médicos y 10 integrantes de la Brigada Internacional de Ayuda Humanitaria Simón Bolívar, especialistas en análisis de evacuación de áreas afectadas, más la tripulación para los helicópteros.
Pero Venezuela no fue el único país que se hizo presente ante la crisis que azota a Bolivia:
• La Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos donaron 15 mil dólares cada una para atender a las personas daminificadas.
• La ONU ha aportado, igualmente, más de 650 toneladas de alimentos, así como asistencia técnica para las labores humanitarias.
• Brasil entregó más de 24 toneladas de ayuda.
• Estados Unidos entregó otras 11 toneladas, al igual que Cuba.
• Se esperan tres aviones Hércules con alimentos, medicamentos y vituallas, provenientes de México.
• Para el lunes se prevé que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos envíen otro cargamento de ayuda. • Ecuador envío un avión transportando un cargamento de casi diez toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia. En Trinidad (Beni), cuyo aeropuerto se ha convertido en la base del Centro de Operaciones de Emergencias, García Linera agradeció la cooperación de Venezuela y la enviada también por Italia, Cuba, España Argentina, Brasil, Estados Unidos, Japón, Chile, Perú y por Francia, entre otros gobiernos.
PERÚ, COLOMBIA Y BOLIVIA SON LOS PRINCIPALES DESTINATARIOS DE LA COOPERACIÓN MADRILEÑA
Diario del Henares de España (www.henares.com.es)
Los tres países han recibido fondos regionales para la lucha contra la pobreza por valor de 30,1 millones de euros -lo que supone casi un 30% de la cooperación madrileña desde 2004-, balance que incluye las ayudas directas y los proyectos y programas impulsados a través de ONGs. Perú ha recibido 13,4 millones de euros para impulsar 53 proyectos de desarrollo; Colombia, 10,7 millones para 46 iniciativas y Bolivia, 6 millones para financiar 21 proyectos.
Con estas inversiones se han impulsado programas de educación, fortalecimiento institucional, mejoras económicas y proyectos de salud agua y saneamiento. En total, desde 2003 se han invertido 104 millones y la convocatoria de este año supera los 35 millones de euros. Estos datos convierten a la Comunidad de Madrid, junto con Valencia, en la Administración autonómica que más ha incrementado su presupuesto para cooperación desde esa fecha.
Ayudas para ONGs
La convocatoria de subvenciones de 2007 para proyectos y programas impulsados por ONGs de desarrollo dispone de un presupuesto de 26,8 millones de euros para financiar proyectos con una duración de hasta un año y programas de hasta tres.
Las iniciativas deberán tener como ejes principales la igualdad de género, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad medioambiental, y como prioritarios, los programas destinados a educación, salud, agua y saneamiento, sociedad civil y fortalecimiento de la Administración descentralizada, mejoras económicas, desarrollo rural sostenible, migraciones y desarrollo.
Los países prioritarios de estas ayudas, a los que se destinará un 70% del presupuesto, son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Marruecos, Mauritania, Mozambique y Senegal.
La orden de subvenciones incluye también como países de atención preferente a Angola, Cuba, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Sudán, la población saharaui y los territorios palestinos, a donde irá destinado un 20% del presupuesto. El 10% restante irá destinada a los países afectados por catástrofes naturales y para acciones destinadas a su reconstrucción.
Las subvenciones de 2006 permitieron financiar cien proyectos y programas, principalmente en la región andina, Centroamérica y el Norte de África. Estas iniciativas han mejorado las condiciones de vida de casi diez millones de personas, según datos aportados por las ONG de desarrollo.
CON LA SOMBRA DE CHÁVEZ, BUSH ARRANCA SU GIRA EN LA REGIÓN
El mandatario estadounidense visitará 5 países de Latinoamérica, para intentar cerrar acuerdos comerciales y marcar presencia ante la creciente figura del líder venezolano. Primero llegará a Brasil y luego a Uruguay, Colombia, Guatemala y México.
TELAM de Argentina (www.telam.com.ar)
Aquejado por los problemas en Irak, el presidente de Estados Unidos, George Bush, iniciará esta semana una visita a cinco países de América latina para intentar cerrar acuerdos comerciales y marcar presencia ante la creciente figura del venezolano Hugo Chávez, según coinciden analistas.
Todos los movimientos del mandatario visitante en los cinco países que recorrerá estarán rodeados de inmensas medidas de seguridad, lo cual también impidió -hasta el presente- conocer con exactitud sus actividades y horarios.
Sin embargo, analistas políticos descuentan que la intención de Bush de permanecer seis días en el continente en su duodécimo viaje a la región persigue la intención de marcar presencia ante la figura de Chávez. El diario Folha de Sao Paulo informó ayer, citando a personas que estuvieron recientemente con Bush, que el mandatario de EEUU está "obsesionado" con la creciente figura del venezolano, a quien no dudó en calificar como más peligroso para Latinoamérica que el mandatario de Cuba, Fidel Castro, porque "conquista con dinero lo que el cubano conquistaba con ideología", según reprodujo DPA.
El diario paulista especula con que en forma "reservada", en la reunión con el brasileño Lula da Silva Bush le reclamará "una posición más clara y más dura con relación a Chávez".
El venezolano, en tanto, no se quedó quieto. Ayer reiteró públicamente que el gobierno de Bush lo quiere asesinar y calificó al subsecretario de Estado John Negroponte como "un asesino profesional", y durante la gira de Bush él viajará a Buenos Aires y a La Paz, capitales de dos países que no forman parte de la gira del estadounidense. "No es casual que cuando yo esté llegando a Buenos Aires míster Bush esté llegando a Uruguay, y que cuando él llegue a Colombia yo lo haga a Bolivia, a La Paz", deslizó en declaraciones radiales.
Bush dará comienzo a su periplo el jueves próximo, el 8 de marzo, en San Pablo, Brasil, donde conversará -el viernes- con el presidente, Lula da Silva, para negociar una asociación estratégica entre los dos países destinada a fomentar el uso de biocombustibles, como el etanol, en América latina y el Caribe.
Ante la riqueza de reservas petroleras con que cuenta Venezuela, Bush pretende cerrar el negocio con Brasil para buscar este combustible alternativo, que actualmente utilizan ocho de cada diez automóviles brasileños nuevos. El viernes mismo el jefe de Estado norteamericano llegará a Montevideo, donde en seguida transbordará para dirigirse a Colonia.
En ese departamento del sur uruguayo se encuentra la estancia presidencial Anchorena, donde Bush se reunirá con el presidente local, Tabaré Vázquez, y permanecerá como huésped hasta el domingo por la mañana. El presidente uruguayo pretende aprovechar la visita de Bush para lograr mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense para su sector textil, que atraviesa una crisis, mientras en Montevideo habrá marchas -a las que convocan y adhieren dirigentes y partidos de la colición gobernante Frente Amplio- para repudiar la visita del estadounidense.
El tercer punto del periplo será Colombia, adonde el visitante llegará el domingo por la tarde. Allí se encontrará con el mandatario más cercano con que cuenta en la región: Alvaro Uribe, severamente jaqueado por el reciente escándalo de las relaciones de legisladores oficialistas con ultarderechistas paramilitares. Los temas prioritarios serán el avance de las negociaciones en los dos congresos, el colombiano y el estadounidense, sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países firmaron en noviembre pasado, y el apoyo económico que el gobierno de Washington brinda al Plan Colombia, programa de lucha antidrogas y contrainsurgente que se ejecuta desde 1999.
El mismo domingo Bush partirá hacia Guatemala, donde permanecerá dos días sin agenda confirmada y con marchas hostiles a la vista, aunque se descuenta una reunión con el presidente Oscar Berger Perdomo.
El mandatario guatemalteco enfrenta una crisis por el reciente asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el posterior crimen -en una prisión de máxima seguridad- de cuatro policías sospechados de haber intervenido en el triple homicidio.
La visita a Guatemala le permitirá a Bush expresar su agradecimiento a Berger por la candidatura presentada por este país el año pasado a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frustrar la aspiración de Venezuela de ingresar en el máximo organismo de la ONU.
Finalmente, Bush pondrá pie en el DF mexicano, donde el presidente Felipe Calderón lo espera para reclamarle por el muro divisorio que el gobierno estadounidense mandó construir en la frontera común, además de hacer hincapié sobre la necesidad de regularizar la migración de mexicanos a Estados Unidos, entre otros temas.
GEORGE BUSH CREE QUE CHÁVEZ ES MÁS PELIGROSO QUE FIDEL
“Conquista con dinero lo que el cubano conquistaba con ideología”, sería el pensamiento del presidente de los EEUU, quien en su visita por Latinoamérica pediría una posición mas dura hacia Venezuela.
Infobae de Argentina (www.infobae.com)
A Estados Unidos les preocupa el ascenso del mandatario venezolano Hugo Chávez. Por ello, el presidente norteamericano, George Bush, estudia reunirse, en su visita a América Latina, con Lula Da Silva para exigirle una posición más clara en relación a la nación caribeña.
Buscará, además, consolidar una alianza estratégica con Brasil a través de un proyecto conjunto de producción mundial de etanol. Por el lado del país sudamericano, en tanto, pedirán que se elimine la tasa de importación que se cobra al alcohol producido en el territorio brasileño.
Un medio brasileño, que cita a personas que se reunieron recientemente con Bush, afirma que éste está obsesionado con el venezolano. La preocupación de Washington se incrementa porque Chávez “utiliza la pobreza de la región a su favor al destinar grandes cantidad de petrodólares para tratar de convertir gobiernos populares en izquierdistas”, resumió el republicano Dan Burton, según se informa en la publicación. La gira de Bush por el continente se extenderá hasta el 14 de marzo e incluye además de Brasil, Colombia, Guatemala, México y Uruguay. Chávez, por su parte recorrerá Argentina y Bolivia en esas mismas fechas.
Viaje de Bush a Latinoamérica
BUSH PLANTA CARA A CHÁVEZ EN UNA ESTRATÉGICA GIRA LATINOAMERICANA
El presidente de Estados Unidos viaja a cinco países clave para intentar reducir la creciente influencia de Venezuela en la región
El País de España (www.elpais.com)
Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Éstos son los cinco países que visitará el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en una gira clave por Latinoamérica que empieza el jueves. Venezuela no ha sido incluida en el itinerario. El objetivo de Washington es intentar contrarrestar la creciente influencia de Hugo Chávez en la región. En los último tiempos, Estados Unidos ha visto surgir Gobiernos de izquierdas en América Latina -como el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay- y ha aprendido a convivir con esa realidad. Esta gira parece ser la prueba definitiva. Pero hay una clara excepción: las acciones y declaraciones radicales del presidente venezolano.
Cuando todas las baterías de la diplomacia (y las otras) de Estados Unidos apuntan hacia Oriente Próximo y las graves tensiones en Irak y Afganistán, el presidente George W. Bush distrae esta semana por unos días su atención para hacer frente a otro viejo, ruidoso, pero mucho menos letal enemigo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Aunque Caracas no es una de las etapas del viaje que Bush inicia el jueves próximo a América Latina, toda la gira está concebida como una oportunidad de equilibrar la creciente influencia del ex militar populista en la región.
No es América Latina, desde luego, una de las zonas del mundo en la que, últimamente, se centre la atención de la política norteamericana. Éste es el primer viaje de Bush en su segundo mandato y el segundo de su presidencia. Al margen del formalismo de las cumbres periódicas, la Administración estadounidense parece seguir los acontecimientos en su propio continente con distancia y desinterés.
"El problema con la política de Estados Unidos hacia América Latina, y no sólo de esta Administración", opina Arturo Valenzuela, profesor de la Universidad de Georgetown, "es que no está guiada por consideraciones estratégicas. Los políticos no son conscientes del grado en que los intereses norteamericanos están en juego en el continente".
La cara positiva de ese desinterés es que ha dejado ya remotos los días del intervencionismo feroz en lo que se consideraba el patio trasero de Estados Unidos o la reproducción a escala centroamericana de las tensiones de la guerra fría. Desde el punto de vista de Washington, América Latina es hoy, básicamente, una región estable, razonablemente segura y amable para los intereses norteamericanos, con excepción de las acciones y las declaraciones de Chávez, a las que hasta hoy aquí se ha contestado sólo con silencio y desprecio.
A diferencia de otros tiempos y otros escenarios, Estados Unidos ha visto surgir en los últimos años Gobiernos de izquierdas en América Latina con los que ha aprendido a compartir diplomáticamente, y ha soportado resignadamente actitudes nacionalistas -como el voto contrario en la ONU sobre Irak- de Gobiernos latinoamericanos. Sólo dos asuntos parecen todavía poner en alerta a Estados Unidos cuando se habla de América Latina: drogas y emigración.
"Los que ganan son los que ofrecen un programa social o una agenda que se adapta a las necesidades de los votantes", reconoce el secretario de Estado adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Tom Shannon. "Nosotros creemos", añade, no obstante, "que el electorado en la región está girando al centro lentamente. Algunos son de centro-izquierda, otros son directamente centristas y otros son de centro-derecha".
En uno u otro caso, esta Administración ha sido capaz de convivir con la realidad. Este viaje es la prueba perfecta. De entrada, incluye visitas a dos de los más característicos dirigentes de izquierdas de la región: Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Tabaré Vázquez, en Uruguay. Es, en cierta medida, la bendición de Bush al modelo de izquierda que Estados Unidos tolera y respeta, frente al neosocialismo que predica Chávez.
A continuación, dos escalas en lugares donde los intereses norteamericanos se ven más desafiados a corto plazo: Colombia, donde Estados Unidos ayuda en una guerra difícil contra el narcotráfico y la narcoguerrilla, y México, donde Washington necesita estabilidad para afrontar juntos el asunto de la emigración, éste sí vital para la política doméstica norteamericana. En medio, queda una escala en Guatemala, buen aliado norteamericano (socio en la aventura de Irak) y escenario todavía de preocupación para las organizaciones de derechos humanos.
Dando por descontado que Bush va a encontrar protestas intensas en las calles de cualquier ciudad que pise -de hecho, cambia la visita al Distrito Federal de México por la mucho más tranquila Mérida-, el viaje debe ser la confirmación de un clima de relaciones, más o menos difíciles (más bien difíciles por la impopularidad de George W. Bush: solamente un 30% de aceptación, según el latinobarómetro), pero normales.
Esa normalidad se ha visto perturbada, no obstante, en los últimos tiempos por Hugo Chávez. El presidente venezolano no pierde oportunidad de criticar en los términos más groseros a Bush y a la mayoría de sus colaboradores, y, aunque nunca ha encontrado respuesta de parte de Washington, ha creado en Venezuela la alarma y el clima de resistencia como si el riesgo de una invasión militar estadounidense fuese cierto.
Eso le ha servido, en parte, como justificación para emprender en los últimos años un rearme militar que ha llevado la preocupación a Brasil y Colombia. "La adquisición de equipo militar moderno procedente de Rusia, incluidos 24 avanzados cazabombarderos SU-30, y el desarrollo de nuevas capacidades para la producción de su propio armamento está inquietando cada día más a sus vecinos y puede provocar una carrera de armas en la región", afirmaba estaba semana ante el Comité de Asuntos Militares del Senado el nuevo director nacional de Inteligencia, Michael McConnell.
McConnell aseguró que Chávez está creando un Ejército politizado y una red de milicias fieles que rompen con la tendencia institucionalista y democratizadora del continente y que representan un peligro de inestabilidad futuro. "Si no tratamos este asunto, vamos a tener problemas peores de los que vivimos en El Salvador y Nicaragua en los años ochenta", ha advertido el congresista republicano Dan Burton.
McConnell no es tan alarmista. En su opinión, la influencia de Hugo Chávez en América Latina va a ir decreciendo en la medida en que se debilite la salud de su actual mentor, Fidel Castro, a quien McConnell pronosticó que "este año marcará probablemente el fin de su dominio en Cuba".
Según el jefe de la Inteligencia norteamericana, el peso de Chávez en América Latina podría verse reducido también por una caída en los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo. "El ritmo actual se está comenzando a degradar", informó McConnell al Senado, "está empezando a descender la capacidad de extraer petróleo en Venezuela. A largo plazo [Chávez] va a tener dificultades para mantener su política".
Tampoco el propósito manifiesto de Chávez de fortalecerse militarmente representa, a juicio de McConnell, una seria amenaza para Estados Unidos. Según el alto funcionario norteamericano, Venezuela va a tener dificultades para el mantenimiento del material que está comprando y para hacerlo operativo a medio plazo.
Eso no significa que Estados Unidos no siga de cerca la actividad de Chávez y, eventualmente, contribuya a su caída. Pero, de momento, la estrategia parece ser otra más prudente y moderada: fortalecer los Gobiernos democráticos de la región y evitar la expansión del chavismo. Esto último es, de hecho, lo que más preocupa del régimen de Venezuela.
En su informe ante el Senado, McConnell advertía: "La buena actuación de candidatos presidenciales con ideología de izquierda populista en otros países habla de la creciente impaciencia entre el electorado por la incapacidad de sus Gobiernos para mejorar los niveles de vida de la población. La insatisfacción popular con la democracia es especialmente inquietante en los Andes, particularmente en Ecuador y Perú".
Precisamente por eso es importante el respaldo que este viaje constituye para Gobiernos de izquierdas no populistas que Washington quiere que tengan buenos resultados, como Brasil o Uruguay. En el mismo paquete se podría incluir también a Chile. Pero no a Argentina, cuyo presidente peronista, Néstor Kichner, actúa demasiado cerca de Chávez y sabrá ahora entender el mensaje de que Bush pare precisamente en Montevideo y no en Buenos Aires. Los dos países ribereños del río de la Plata mantienen un grave litigio por el asunto de la planta celulosa presuntamente contaminante.
En el caso de Brasil, además del apoyo a Lula (que devolverá visita a Washington a finales de este mes), Bush va a explorar el uso del etanol como sustitutivo del petróleo, una producción en la que el gran país latinoamericano es líder mundial.
En Colombia, por otra parte, George W. Bush espera encontrar de parte del presidente Álvaro Uribe buenos argumentos para convencer después al Congreso norteamericano de que el escándalo de las conexiones de miembros de su Gobierno con los paramilitares no debe poner en riesgo la continuación del Plan Colombia y del apoyo económico y militar de Estados Unidos a ese país.
La política de ayuda militar a Colombia para combatir a la narcoguerrilla (unos 700 millones de dólares anuales) fue iniciada por Bill Clinton, pero es hoy uno de los instrumentos esenciales de la política de Bush en América Latina. El Partido Demócrata, que actualmente controla ambas Cámaras del Congreso, tiene reservas crecientes sobre la continuación de esa ayuda y quiere recibir garantías de que el Gobierno de Uribe respeta los derechos humanos. Colombia busca, además, un tratado de libre comercio con Estados Unidos para el que el Congreso tiene la última palabra.
Y la etapa final del viaje es la de México, donde Bush se encontrará con un presidente, Felipe Calderón, que intenta ganar legitimidad después de la durísima pugna electoral y poselectoral, y que debe ser para Estados Unidos un aliado esencial en su política migratoria.
Washington se libró de la pesadilla de tener a López Obrador como presidente vecino, pero necesita ahora que Calderón sea un líder fuerte y capaz de desarrollar y estabilizar México. Ésas son las mejores armas para contener la masiva emigración ilegal a través de la larga frontera común. Otras medidas más drásticas, como el muro aprobado por el Congreso norteamericano y al que Bush se opone, provocan un fuerte rechazo en México y resultan costosas y de dudosa viabilidad en Estados Unidos.
Pero sean cuales sean, George W. Bush y el Partido Republicano necesitan ofrecer soluciones para la emigración ilegal. En algunos Estados decisivos para las elecciones, como California o Tejas, ése es un asunto que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos. Se trata, en sí mismo, de un tema capaz de hacerle ganar o perder a un candidato unas elecciones. Y hay que recordar que estamos en campaña electoral.
EL MANDATARIO VENEZOLANO ORDENO "UNA OFENSIVA" PARA IMPEDIR UN MAGNICIDIO
CHÁVEZ: EL SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU. ES UN "ASESINO PROFESIONAL"
Es el polémico John Negroponte. El líder de Venezuela reiteró que quieren matarlo.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com.ar)
Provocador como marca su estilo, el presidente venezolano Hugo Chávez afirmó ayer que han crecido los planes para atentar contra su vida desde que John Negroponte, al que calificó de "asesino profesional", asumió como número dos del Departamento de Estado norteamericano.
En una entrevista en el reestreno del programa televisivo de su ex vicepresidente José Vicente Rangel, Chávez descartó la posibilidad de un golpe de Estado o de una insurrección en Venezuela. "Para mí, el fantasma del magnicidio está planeando permanentemente más que otras opciones", señaló. Y reveló que dio instrucciones a los servicios de inteligencia de su país para lanzar "una ofensiva" para evitar cualquier intento de asesinarlo.
El presidente habló en un tono muy familiar durante el programa "José Vicente Hoy", que significó el regreso al periodismo de Rangel, quien fue ministro de Defensa y canciller de Chávez durante ocho años y dejó el gobierno hace dos meses.
"Es posible que pronto ocurran sorpresas en ese tema, pero no te digo más", agregó el mandatario, y remarcó que la "hipótesis del magnicidio ha subido de peso" en Venezuela. "¿A quién juramentaron en la Casa Blanca subsecretario de Estado?", se pre guntó. A "un asesino profesional, John Negroponte", se respondió. "Han asignado unidades especiales de la CIA y verdaderos asesinos que andan, no sólo aquí en Venezuela sino en Centroamérica y Sudamérica", agregó.
El 13 de febrero, el Senado de EE.UU. confirmó en ese cargo a Negroponte, quien fue jefe de los servicios de inteligencia desde 2005. Su trayectoria es conocida desde los años 80, cuando fue embajador en Honduras y fue denunciado por violaciones a los derechos humanos y operaciones respaldadas por Washington contra grupos armados y el gobierno sandinista de Nicaragua.
Según Chávez, la CIA trabaja en dos opciones para asesinarlo: un atentado con coche bomba y el uso de un misil tierra aire para derribar el avión presidencial. Dijo que en otros intentos de magnicidio la CIA se sirvió de la inteligencia de Colombia para ejecutarlos, y recordó a los 200 paramilitares colombianos ubicados cerca de Caracas en 2004 y el supuesto intento de asesinato que sufrió en Bogotá en una visita al entonces presidente colombiano Andrés Pastrana.
Además repasó su trayectoria política, volvió a descartar que vaya a abolir la propiedad privada y confirmó que si el pueblo refrenda la reforma de la Carta Magna, se presentará a una nueva reelección presidencial en 2012. Y se definió como "un subversivo" que impulsa una nueva etapa socialista en Venezuela.
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