Opinión:
LOS EJEMPLOS DE PANAMÁ Y BOLIVIA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Hace casi 30 años (en 1977), Panamá consiguió renegociar el tratado del Canal de Panamá con los EE. UU. y recuperar su soberanía. Ahora Bolivia ha recuperado su soberanía sobre su gas natural (GN) y ha conseguido mejorar sensiblemente los beneficios que percibe por la venta de su gas. La situación del Paraguay, en cambio, empeora. A medida que suben los precios de la energía, pierde unos 600 millones US$/año (casi el 10% de nuestro PIB), al mismo tiempo que Brasil se vuelve más competitivo gracias a nuestra energía de Itaipú, en más de 3.000 millones US$/año, en lo que es uno de los tratos más inequitativos de toda la historia de la humanidad.
TRATADO INTRINSECAMENTE INJUSTO
Según el derecho internacional, un convenio puede ser renegociado cuando las circunstancias cambian de tal forma que vuelven lo acordado en un trato intrínsecamente injusto, imposible de prever en el momento en que se firmó el tratado. En los casos de Panamá y de Bolivia, se trató de acuerdos claramente injustos y es por ello que fueron revisados y corregidos, incluso con la aceptación de sus contrapartes.Lo mismo ocurre con el Tratado de Itaipú, aunque ningún Gobierno paraguayo ha iniciado gestión firme alguna. Paraguay es el único país con excedentes energéticos en el Mercosur (se excluya a Bolivia, que no es miembro pleno) y se ve perjudicado cuando los precios de la energía suben. Es un contrasentido difícil de justificar, aunque sea muy fácil de comprender. La mayor competitividad que consigue el Brasil con la energía paraguaya de Itaipú, en el orden de 3.000 millones US$/año, no es compartida con el Paraguay. Esta mayor competitividad es fácil de calcular, pues se deriva de lo que les cuesta a los países que son competencia del Brasil generar igual cantidad de electricidad que le provee el Paraguay a costo fijo. Los altos precios de la energía le ocasionan al Paraguay una pérdida de 600 millones US$/año. Se da así la extraña paradoja de que cuando mejor nos debería ir (porque los precios de la energía -nuestra principal exportación- mejoran) peor nos va. Es como si a un productor de oro le fuera peor cuando sube su cotización.
LAS CIRCUNSTANCIAS HAN CAMBIADO
El Tratado de Itaipú se firmó en 1973, cuando el precio del barril era de 3 dólares, mientras que ahora es de 70 dólares. Más importante aun es el hecho de que en 1973 no existían mercados eléctricos mayoristas. Tampoco existía el Mercosur.
Hoy, en cambio, todos los bienes y servicios pueden intercambiarse libremente en el Mercosur, excepto la energía paraguaya de Itaipú, porque el Tratado de Itaipú lo prohíbe. De ahí que en este tratado se haya incurrido en una imprevisión en su acepción del derecho internacional -que amerita su revisión-. Como en 1973 no se preveían el Mercosur, ni los mercados eléctricos ni la extraordinaria suba de las cotizaciones de la energía, la cesión de la energía paraguaya a precio fijo al Brasil carece de base jurídica.
Hoy todas las energías se comercializan a precio de mercado. Bolivia ha sentado un precedente en la región para un energético similar a la electricidad, como es el GN. No solo ha recuperado su soberanía sobre sus yacimientos y una mayor participación (82%), sino que está consiguiendo un mejor precio para su GN.
Argentina acordó -según informa la prensa- un aumento de 3 a 5 dólares por millón de BTU, nada menos que el 60% más de lo que le pagaba, y el Brasil, se informa, terminará aceptando una suba similar, pues los precios de mercado son mucho mayores
¿Por qué Paraguay no recibe beneficios proporcionales a los precios de mercado por su energía? ¿Por qué los beneficios de la energía paraguaya de Itaipú quedan solo en el Brasil? Dado que el Paraguay es el dueño soberano del 50% de la energía de Itaipú, al menos parte de los beneficios de la mejor competitividad (más de 3.000 millones US$/año), que son acaparados por el Brasil, debe ser compartida con nuestro país. El derecho internacional nos favorece y, si el Brasil no acepta una renegociación bilateral, el Paraguay debe llevar este caso a los estrados internacionales (la Corte de La Haya), como la Argentina ha hecho con Uruguay.
Opinión:
POLITIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA REGIÓN
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
En la región sudamericana se advierte en el último tiempo una creciente politización de las decisiones que afectan al sector energético, lo que constituye una respuesta especialmente contraproducente cuando se caracteriza por una creciente demanda y, a la vez, por una infraestructura deficiente que requiere de inversiones.
La puesta en marcha de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia; el uso del petróleo y del gas natural como oferta de abastecimiento por Venezuela a cambio de establecer una red de influencia regional; las afirmaciones de los candidatos presidenciales peruanos de revisar los contratos de inversión; la conocida práctica del gobierno argentino de colocar cuotas de exportación permitidas a las empresas que operan en el subsector gasífero; en fin, el recurso de aumentar los impuestos a las empresas de hidrocarburos para lograr mayores recursos a corto plazo, constituyen claros ejemplos de la gran inestabilidad regulatoria que afecta a los mercados energéticos.
Algunos gobiernos buscan implícita o visiblemente retornar a los esquemas estatistas de los años 60 y 70, en que el Estado era a la vez empresario, elaborador de políticas y regulador de los mercados energéticos, pasando por alto la negativa experiencia de las distorsiones que se generaban y, principalmente, la incapacidad de sustentar una expansión de la infraestructura de exploración, generación y transporte, y más grave aún de incorporar innovación tecnológica.
En Argentina el congelamiento tarifario impuesto por la administración Duhalde y sostenido por Kirchner es uno de los factores que gravita como desincentivo a las inversiones que requiere el transporte del gas natural desde las fuentes productivas a los centros de distribución en un contexto de creciente demanda interna. En Bolivia, meses antes del decreto del presidente Morales sobre la ejecución de la nacionalización en la industria del gas natural, ya se debieron soportar intermitentes cortes eléctricos en diversas ciudades por el evidente agotamiento de la infraestructura relacionada.
En Venezuela, el uso populista interno de los mayores ingresos petroleros, en vez de potenciar inversiones, ofrece el paradojal escenario de que la pobreza ha aumentado. En materia de política exterior, la abundancia de recursos financieros alimenta la pretensión de configurar un polo geopolítico cuya sustentabilidad durará lo que el ciclo de bonanza petrolera se mantenga. Entre tanto, el Estado y la sociedad seguirán teniendo el carácter rentista que han mantenido por largas décadas más allá del signo político de los gobiernos que se han sucedido en el ejercicio del poder.
En Ecuador, donde el Estado tiene 75% de la propiedad del sector petrolero, por lejos obtiene menos rentabilidad que el 25% que pertenece a capitales privados, debido no sólo a las asimetrías en la gestión de las empresas de uno y otro sector sino a que la infraestructura estatal es altamente deficitaria. Así, una reciente ley ha establecido de manera compulsiva un reparto paritario con el Estado de las utilidades de las empresas privadas que discrecionalmente se consideran extraordinarias.
La politización de las decisiones gubernativas en el sector energético no considera de manera importante las variables técnicas que, a la postre, terminan siendo definitorias para la permanente modernización que se requiere. Se privilegia el corto plazo o bien cuestiones de orden meramente ideológico que no se condicen con la tarea de alcanzar y consolidar mayores grados de desarrollo. Algunos gobiernos de la región no entienden que la liberalización de los mercados energéticos, ciertamente con un pertinente y estable marco regulatorio, es una manera adecuada de atraer la inversión requerida y optimizar, a través de criterios de eficiencia, los rendimientos esperados en las fases de generación y distribución.
A la vez, es la forma más recomendable para hacer frente a un desafío permanente de mayores exploraciones y expansión de la industria. Lo contrario simplemente es ubicarse de espaldas al desarrollo y profundizar las desigualdades de la sociedad.
Opinión:
EVO Y LA UTOPÍA ARCAICA
El País de España (www.elpais.es)
La rousseauniana simpatía por los indígenas del altiplano andino que muestran muchos intelectuales de la izquierda europea hace pensar en una especie de culpabilidad retrospectiva, insidiosa forma de lo que Edward Said llamó "nostalgia imperialista".
Así, de Europa nos llega cada día gente ansiosa de vivir o, al menos, presenciar experiencias "primordiales" -revoluciones indígenas, golpes militares encabezados por tenientes coroneles de oratoria antiimperialista, sangrientos motines carcelarios en São Paulo, etcétera-. Inusuales ocurrencias éstas que la alternabilidad en el Ejecutivo, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y, en fin, la gris rutina burocrática del Estado de bienestar europeo no brindan ya a los utopistas posmodernos.
Hace ya décadas, Hans Magnus Enzensberger elaboró una perspicaz teoría moral de lo que hay detrás de todo turismo revolucionario. Enzensberger se refería al turista de izquierda europeo occidental de visita en algún país del desaparecido "bloque oriental". Acaso convenga hoy extender y afinar esa taxonomía a los nuevos viajeros de Indias.
Añadido reciente a la lista de mendaces tópicos "políticamente correctos", tan caros a los amigos europeos del Calibán latinoamericano, es la noción de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, es indígena. Y que ello debe interpretarse, además, como un hecho revolucionario que viene a enderezar un escandaloso entuerto que dura ya siglos. Una novísima fuerza social y política, a la que arropadoramente se da en llamar "indigenismo", estaría al fin recorriendo América Latina.
Hace poco, una columna de Miguel Ángel Bastenier (El etnicismo de Evo, EL PAÍS, 10 de mayo de 2006) hizo aseveraciones que resultan, cuando menos, reduccionistas y descaminadoras. De Evo Morales se dice en ella que es "convincentemente indígena". De la población mestiza y blanca bolivianas, al compararlas con la presunta mayoría "originaria" -como es hoy de buen tono decir en Bolivia-, afirma que "es escueta"; apenas una "capa de población instalada in situ únicamente durante los últimos siglos". Si traigo a esta nota la pieza de M. Á. Bastenier es sólo porque ella brinda un compendio de lo que, canónicamente, se tiene por cierto en Europa acerca de la "insurgencia" indígena latinoamericana.
Allí se afirma que "los intelectuales latinoamericanos, blancos en su enorme mayoría y, en general, asimilables a algún tipo de izquierda, en gran número de foros sobre el futuro de la región niegan con tal unanimidad que haya el más mínimo componente racial en los movimientos de rectificación política, hoy en Bolivia, ayer en Venezuela y un día quizá en Perú y Ecuador, que sólo cabe deducir que les preocuparía mucho que así fuera".
Un estudio realizado en 2004 -hace apenas dos años- confirma un resultado del censo boliviano de 2001: dos tercios de la población boliviana se considera, en efecto, parte de algún grupo "originario". Lo singular está en que, al preguntarles de qué raza son, el 61% de los bolivianos responde que "mestiza", y sólo el 16% se tiene por "indígena". Fernando Molina, escritor boliviano ostensiblemente mestizo, afirma que "el relativismo multicultural", ante la bancarrota del marxismo, se las ha apañado para que en Bolivia ya no se hable de "movimientos sindicales" (puramente clasistas), sino de "movimientos sociales", primeramente atentos a lo étnico, y sólo en segundo término, a lo clasista. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, es buen ejemplo del tipo de intelectual -blanco, por cierto- que ha teorizado con fines políticos en torno a lo indígena. Su mayor acierto ha sido apropiarse de la jerga "multiculturalista", tan cara a la izquierda antiglobalizadora europea.
No es faltar en absoluto a la verdad decir que la "indigenidad" de Evo Morales es una calculada elaboración en la que participan intelectuales mestizos, blancos y "originarios". Pero dar cuenta de cómo, cuándo y por qué se dio un grupo político boliviano a la forja de un líder de masas, mestizo pero de aspecto tan "convincentemente indígena" hasta a los ojos de curtidos corresponsales extranjeros, es asunto digno de otra crónica. Lo cierto es que Evo Morales -quien ni siquiera habla el aymará, como sería de esperar- es tan convincentemente indígena como los andaluces de Bienvenido Mr. Marshall.
El indigenismo, en nuestra América, es cosa de muy vieja data. Mario Vargas Llosa -autor de La utopía arcaica, un esclarecedor ensayo en torno al novelista peruano José María Arguedas, trágico indigenista blanco- ha dicho hace poco en Bruselas que el indigenismo es una "mitologización europea". Tanto lo es, que comenzó siendo un movimiento de opinión favorable a los aborígenes americanos cuyo mejor paladín fue un fraile español del siglo XVI que hoy da nombre a la capital de Chiapas.
El siglo XIX vio desarrollarse en Hispanoamérica un vigoroso movimiento literario y artístico, opuesto al positivismo eurocentrista y atento al indio y a "lo indígena". Sus mejores representantes fueron, en la mayoría de los casos, intelectuales blancos y mestizos. El movimiento indigenista, cuyo apogeo en nuestra América comienza en México y Perú hacia la década de los 20 del siglo pasado, raras veces fue la manifestación de un pensamiento indígena sino, como señala muy bien Henri Favre, "una reflexión criolla y mestiza sobre el indio". Escrita en castellano, me apresuro a añadir. A él vino a sumarse el multiculturalismo académico estadounidense que en el año del Quinto Centenario validó entusiastamente las imposturas de la falsaria Rigoberta Menchú.
Nada de lo cual debería distraernos de un inquietante precedente "indigenista" europeo: Adolf Hitler también logró validarse apelando a la vindicación de lo "convincentemente" ario.
Opinión:
CHÁVEZ: 'A BOLIVIA NO LE ESTAMOS REGALANDO NADA'
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Por: Ariel Florit (WORLD DATA SERVICE)
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, defendió ante la opinión pública venezolana en su programa de fin de semana Aló Presidente, los convenios establecidos con Bolivia al señalar que estos se desarrollarán en el marco de nuevas relaciones integracionistas en la región y no constituyen 'un regalo' al país sudamericano.
En su programa, transmitido desde territorio boliviano, donde está de visita oficial, a Venezuela, Chávez también rechazó de manera vigorosa declaraciones en su contra hechas por el presidente peruano, Alejandro Toledo, y el candidato presidencial Alan García, y saludó la reelección en Colombia el fin de semana del mandatario Alvaro Uribe.
Subrayó desde la localidad boliviana de Tiwanaku que 'aunque llueva, truene o relampaguee Bolivia recibirá de Venezuela los 200.000 barriles mensuales de diesel con condiciones especiales de financiamiento'. El abastecimiento fue acordado en el contexto de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), de la cual son miembros Venezuela, Bolivia y Cuba.
'El pueblo (venezolano) está claro y sabe que el Gobierno Nacional no está entregando el país ni regalando el dinero de los venezolanos. Bolivia nos paga, no le estamos regalando nada. No nos cancela con dinero ni en lo inmediato. Ese país no tiene por qué preocuparse por el dinero, cuya cifra podría ubicarse en el orden de los 100 millones de dólares anuales. Eso se convierte en un fondo y se queda en Bolivia. Estamos haciendo el Banco del Sur en la práctica', anunció.
'Los campesinos pagarán al Banco en dinero o en productos. Ojalá tengan buena producción de soya. Más que el valor de cambio, estamos recuperando el valor de uso', agregó. De acuerdo con Chávez, 'estamos rompiendo los dogmas capitalistas. El socialismo que se está construyendo en Venezuela se basa en la solidaridad'. 'Uno de los dogmas del capitalismo se apoya en la conversión de la producción en mercancía. Vamos a romper esa maldición y a combinar un mercado que se base en el valor de cambio y en el valor de uso', dijo. Defendió además el trueque, usado por los indígenas bolivianos, como una forma válida en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). 'Nos hacen falta las raíces de la civilización indoamericana para colocarlas en nuestros proyectos', manifestó.
En sus declaraciones sobre Perú, Chávez dijo que si gana las elecciones en ese país el candidato García, del APRA, Venezuela no mantendrá relaciones con Lima. García, a su vez, había acusado al presidente venezolano antes de ser el causante de un reciente hecho de violencia ocurrido en Perú.
“El bandido ese de Alan García, está desesperado diciendo que yo fui el que tiroteó a la gente en Cusco”. 'Es un bandido, un irresponsable, y ya está torpedeando las relaciones con un país hermano”. 'Le pido a Dios que, por el bien de la integración de los pueblos del sur, no venza García en las elecciones peruanas gracias a la mano del demonio, del imperio y de sus dólares, de la oligarquía peruana y de los medios de comunicación'. '“¿Cómo uno va a tener relaciones diplomáticas ni nada con un gobierno que dirija un vagabundo, un irresponsable como ése?”
'Seguro me acusarán de irrespetar a Perú y de injerencia, pero con la verdad no ofendo ni temo', afirmó.
Sobre el presidente del Perú, Toledo, Chávez dijo que 'se siente ofendido y arremete contra mí. Creo que se volvió loco porque anda provocándome...en muy poco tiempo el mandatario peruano será polvillo en la historia, pues nadie lo recordará...porque es un traidor del pueblo indígena, un subordinado del imperio', puntualizó.
Chávez pidió además a los peruanos votar por el candidato Ollanta Humala. “Estoy seguro que ustedes tendrán el buen juicio y la inspiración histórica para llevar un presidente verdaderamente peruano, nacionalista, latinoamericanista y honrado”, subrayó.
En el marco de sus declaraciones internacionales, el presidente de Venezuela saludó la victoria electoral de Uribe, en Colombia, a quien definió como un hombre de criterios propios. 'Es un hombre de la derecha, es un hombre de Washington, pero no tiene por qué ser enemigo mío y mantiene buenas relaciones con Cuba también. Tiene sus propios criterios, no se deja imponer cosas', precisó.
'Es un amigo. Muchos dicen que Uribe está armando a los paramilitares para que asesinen a Chávez. Yo no lo creo y Uribe me ha dado demostraciones de que yo no estoy equivocado', manifestó.
Debate:
AMÉRICA LATINA: DOS FORMAS DE ENCARAR CONFLICTOS
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La lógica del conflicto entre países hermanos está a veces presidida por el abuso de confianza, algo típico precisamente entre hermanos. Hay abuso de confianza cuando se presume que las represalias a sufrir por un comportamiento reprobable estarán morigeradas por la naturaleza especial de la relación.
La política regional nos ofrece hoy dos episodios coetáneos de abuso de confianza entre naciones hermanas que permiten comparar las reacciones de los gobiernos afectados. La oportunidad es valiosísima: ambas crisis nos hablan no apenas de esos gobiernos, sino del ambiente social y político-cultural que los condiciona.
Sin duda el flamante presidente de Bolivia, Evo Morales, incurrió en abuso de confianza con el Estado brasileño. Procedió hacia Petrobras de modo inamistoso. Hubo quiebra de contratos y una política de hechos consumados. Dejó malparado a Lula en vísperas de una difícil campaña presidencial.
Asimismo, el gobierno uruguayo incurrió, ante el Estado argentino, en abuso de confianza. Se desentendió de los mecanismos estipulados en el Estatuto del Río Uruguay, en especial de la consulta previa prevista para casos que, como la instalación de productoras de celulosa, podrían afectar la calidad de las aguas.
Delante de estos abusos de confianza, Brasil y Argentina no reaccionaron de la misma manera. El gobierno de Lula, al menos hasta ahora, está haciendo lo imposible por quitarle hierro al problema. Lejos de dramatizarlo, su reacción está presidida por una retórica contemporizadora. Desescalar el conflicto en lugar de radicalizarlo parece ser su prioridad. Evo Morales le sirve caída del cielo la oportunidad de crear una causa nacional, y Lula se hace el distraído. El contraste con el caso argentino es marcado.
Primero, las autoridades argentinas hicieron la vista gorda. Pero, cuando se hicieron patente los ánimos caldeados del vecinalismo entrerriano, el Gobierno giró en seco 180 grados y se dedicó desde entonces a escalar la disputa, cargarla de dramatismo y convertirla en una causa nacional. En base a la presunción, errada o no, de daños ecológicos futuros, ha convalidado reiteradamente, y hasta brindado apoyo logístico, a medidas de fuerza que conllevan masivos daños presentes. Esta sobre-reacción, que, a diferencia de lo que ocurre hoy día entre Bolivia y Brasil, coloca peligrosamente el conflicto en el plano de las identidades, puede hacer del mismo una herida entre ambas naciones hermanas, alimentando enconos y frustraciones más tóxicas que las dioxinas.
La oposición brasileña, y muchos diplomáticos retirados, declaran su indignación por la falta de firmeza oficial para defender el país. Muchos son, no obstante, los brasileños que ven la defensa del país de otro modo. Habrá, claro, una larga negociación, nada fácil, para recomponer la presencia de Petrobras en Bolivia y la política energética; pero el mejor interés parece ser evitar la conversión de un diferendo en una causa que cristalice separando a los pueblos e imponiendo costos infinitamente mayores y más dilatados en el tiempo. Y por casa, ¿cómo andamos?
Opinión:
PETRAS, EVO, CHÁVEZ Y EL IMPERIALISMO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Por: James Petras (ECONOTICIASBOLIVIA, especial para ARGENPRESS.info)
Un análisis a fondo de la realidad boliviana en el contexto internacional, signado por nuevas polaridades entre América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos.
Estos últimos años, una nueva serie de polaridades sociales y nacionales complejas ha dominado la vida política del hemisferio occidental. A comienzos del nuevo milenio, la confrontación nacional se produjo entre Cuba y el tándem EEUU/UE, mientras que las confrontaciones sociales oponían a los movimientos rurales-indígenas y urbanos-desempleados contra toda una serie de regímenes neoliberales que abarcaban todo el continente. Esta polaridad fue el resultado del anterior cuarto de siglo (1975-2000), la Edad de oro del saqueo imperial. Transferencias masivas de propiedades, riqueza, beneficios, intereses y pagos por regalías fluyeron de América Latina hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Las más lucrativas empresas públicas, de un valor superior a los 350.000 millones de dólares, se privatizaron sin tener en cuenta sutilezas constitucionales, y acabaron más tarde en manos de corporaciones multinacionales y bancos estadounidenses, españoles y de otros países europeos. Los decretos presidenciales obviaron a los respectivos parlamentos y electores, y otorgaron un lugar privilegiado al capital extranjero. Las protestas de los citados parlamentos, cuerpo electoral y auditores nacionales se ignoraron totalmente. La Edad de oro del capital multinacional coincidió con el reinado de los regímenes cleptocráticos electos, alabada en los círculos políticos europeos y estadounidenses, y jaleada en los medios de comunicación como 'la era de la democracia y el libre mercado.' El saqueo llevado a cabo por las empresas y los bancos transnacionales entre 1975 y 2000 asciende a más de 950.000 millones de dólares. El saqueo sin desarrollo condujo inevitablemente a una crisis socioeconómica general y puso al borde del colapso el modelo centrado en el imperio de acumulación capitalista de Argentina (1998-2002), Ecuador (1996-2006) Bolivia (2002-2005), y Brasil (1998-2005). Desde comienzos de la década de 1990, se produjeron en toda América Latina movimientos extraparlamentarios sociopolíticos masivos, acompañados por alzamientos populares a gran escala que llevaron al derrocamiento de diez presidentes neoliberales clientes de EEUU/UE: tres en Ecuador y Argentina, dos en Bolivia y uno en Venezuela y Brasil.
Visto en retrospectiva, es evidente que una nueva oleada de movimientos sociopolíticos potencialmente revolucionarios alcanzó su máxima expresión en 2002. Dotados de apoyo masivo y de legitimidad generalizada, opuestos a una clase política corrupta, desacreditada e internamente dividida, y a economías en crisis, los movimientos sociopolíticos estaban en situación de iniciar una serie de cambios estructurales profundos, siempre que consiguieran transformar el poder social en poder estatal.
Sin embargo, los movimientos de masas titubearon y sus líderes se detuvieron ante las puertas de los palacios presidenciales. En cambio, fueron en busca de una nueva clase de políticos electoralistas de centro-izquierda nuevos y reciclados, que reemplazase a los viejos partidos desacreditados y a los líderes de la derecha neoliberal. En 2003, los movimientos sociales masivos comenzaron a replegarse, a medida que muchos de sus líderes eran cooptados por la nueva oleada de políticos autotitulados de centro-izquierda. Las promesas de realizar transformaciones sociales se limitaron al patronato, las subvenciones y las políticas macroeconómicas ortodoxas, según el mismo dogma neoliberal. No obstante, en algunos países, las luchas populares que se producen desde la década de 1990 hasta 2002 llevaron al poder a gobiernos nuevos que ni eran clientes de Estados Unidos ni estaban exentos de influencias neoliberales, como por ejemplo en Venezuela y Bolivia. En 2006 surge una nueva y compleja configuración en la que las polaridades nacionales dejaron en segundo plano en gran medida a las divisiones por clases sociales. La nueva divisoria internacional produjo un nuevo terreno de juego en el que estaban colocados, a un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, y, al otro, Venezuela y Bolivia. Esta polaridad primaria halla su mejor expresión en América Latina, entre, por una parte, la nueva derecha neoliberal liderada por ex izquierdistas y pseudopopulistas en América Central y del Sur, y, por otra parte, los gobiernos nacional-populistas de Bolivia y Venezuela. Entre ambos grupos, hay un gran grupo de países que pueden evolucionar en cualquiera de las dos direcciones. Entre los promotores de la nueva derecha y el libre mercado figuran el gobierno de Luis Inázio Lula da Silva, en Brasil; el presidente saliente de México, Vicente Fox; los cinco gobiernos centroamericanos; el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay; el gobierno de Alvaro Uribe, en el Estado terrorista de Colombia; y los gobiernos de Michelle Bachelet, en Chile, y el gobierno próximamente saliente de Alejandro Toledo, en Perú.
En un punto intermedio se encuentra el gobierno de Néstor Kirchner, en Argentina, que refleja un deseo de profundizar los vínculos comerciales con Venezuela, neutralizar las presiones nacional-populistas internas y promover una alianza capitalista nacional-extranjera con Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ecuador, los países del Caribe, Nicaragua y posiblemente Perú son lugares en disputa. Debido al petróleo subvencionado que reciben, toda la cuenca del Caribe (con excepción de la República Dominicana) ha negado su apoyo político al tándem EEUU/UE contra Venezuela/Bolivia, aun cuando los países que la componen hacen lo posible por promover el acceso a los mercados del Norte. Al margen de Europa y América del Norte, el grupo de países no alineados, China, Rusia, Irán y algunos países árabes productores de petróleo se han alineado, abierta o discretamente, con la alianza nacionalista cubano-boliviana-venezolana.Entrecruzándose con las divisiones nacionalistas, están las polaridades de clase. Los principales puntos de inflexión se hallan en Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Paraguay y, más recientemente, Brasil. En Ecuador, la CONAIE [1] ha reconstruido su base de masas (tras la debacle producida por su apoyo a la presidencia del pseudopopulista Gutiérrez, en 2002) y su alianza con los sindicatos urbanos ha sido efectiva para la derrota del Acuerdo de libre comercio ALCA, respaldado por EEUU, y la cancelación de los contratos de hidrocarburos de Occidental Petroleum, una compañía petrolera estadounidense. En Venezuela se vive una doble polaridad: por una parte, la clase trabajadora y los pobres urbanos contra los terratenientes pro estadounidenses, las élites de los negocios y los medios de comunicación; y, por otra parte, dentro del amplio espectro de seguidores de Hugo Chávez, los ricos directores de empresas estatales, burócratas de alto nivel, empresarios nacionales y generales de la Guardia Nacional, y los sindicatos, los agricultores sin tierras, los habitantes de los ranchos [2] urbanos y los trabajadores informales subempleados. En Bolivia, las contradicciones de clase siguen en gran parte latentes debido a la polaridad nacional, pero hallan su expresión en el conflicto entre las políticas macroeconómicas ortodoxas del régimen de Evo Morales y los modestos aumentos salariales de los trabajadores públicos de la educación y la salud, entre otros sectores.
En los países en que la polaridad entre el nacionalismo latinoamericano y el imperialismo EEUU/UE es más fuerte, la lucha de clases ha remitido, al menos por ahora. En otras palabras: la lucha nacionalista toma el lugar de la lucha de clases con la promesa de que un mayor control nacional tendrá por resultado más recursos estatales y por consiguiente nuevas medidas redistributivas.
En Brasil, los conflictos de clase han disminuido como resultado de la subordinación de la confederación sindical tradicional, y en menor medida del Movimiento de los Sin Tierra (MST), al gobierno neoliberal de Lula da Silva. No obstante, dada la drástica reducción de las pensiones de los funcionarios y su oposición a unos incrementos sustanciales de los salarios, incluyendo el salario mínimo, los sindicatos representantes de los funcionarios, los metalúrgicos y los trabajadores de la construcción fundaron, los días 5 y 7 de mayo de este año, una nueva y dinámica confederación de sindicatos denominada CONLUTA. Con más de 2.700 delegados de 22 estados, que representan a 1.800.000 trabajadores, CONLUTA representa un polo social alternativo a las decenas de millones de trabajadores y brasileños pobres abandonados tras el paso de Lula da Silva al campo de los banqueros, la agroindustria y las transnacionales. En su estructura operativa, CONLUTA ha adoptado una organización de tipo movimiento social, del que forman parte organizaciones de trabajadores empleados y desempleados, movimientos de trabajadores rurales y asociaciones de vecinos, estudiantes, mujeres, ecologistas y organizaciones de trabajadores sin tierra. La representación en su congreso se basó en elecciones directas realizadas en asambleas democráticas. La emergencia de una nueva confederación de trabajadores representa la primera ruptura importante con el gobierno neoliberal de centro-izquierda de Lula da Silva, y como tal presagia la revitalización de las políticas de la clase obrera, a la vez que plantea una alternativa real al poder decreciente de la confederación sindical pro oficial.
Realidades y mitos en las tensiones internacionales
Existe un gran número de interpretaciones incorrectas y una gran confusión, tanto en la derecha como en la izquierda, en relación con la naturaleza de los conflictos entre los nacionalistas latinoamericanos y los Estados y compañías transnacionales de EEUU/UE. El primer punto que merece aclararse es la naturaleza de las medidas nacionalistas adoptadas por el presidente Chávez, en Venezuela, y el presidente Morales, en Bolivia. Sus respectivos gobiernos no han abolido los principales elementos de la producción capitalista, es decir, los beneficios privados, la propiedad extranjera, la repatriación de beneficios, el acceso al mercado de suministro de gas, energía y otros bienes primarios, ni tampoco han vetado por ley futuras inversiones extranjeras.
De hecho, los inmensos yacimientos petrolíferos del Orinoco, en Venezuela, que son las mayores reservas del mundo, siguen estando en manos del capital extranjero. La controversia en relación con las radicales medidas económicas del presidente Chávez gira en torno a un incremento en los impuestos y las regalías que va del 15% al 33%, porcentajes que siguen siendo inferiores a los devengados por las compañías petroleras en Canadá, Oriente Próximo y Africa. Lo que produjo una avalancha de envenenados artículos de los medios de comunicación estadounidenses y británicos (The Wall Street Journal, Financial Times, etc.) no fue un análisis comparativo de los tipos de interés y de regalías utilizados en la actualidad, sino una comparación retrospectiva con un pasado virtualmente libre de impuestos. De hecho, tanto Hugo Chávez como Evo Morales están simplemente modernizando y poniendo al día las relaciones en sus países productores de hidrocarburos con los estándares mundiales actuales. En cierto sentido, están normalizando las relaciones contractuales ante unos beneficios inesperados excepcionales por parte de las empresas, que son posibles gracias a acuerdos fraudulentos conseguidos por mediación de altos funcionarios corruptos. La brutal reacción de los gobiernos de EEUU y la UE, y de sus transnacionales de la energía, es el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista y no el resultado de sus tratos con funcionarios venales. Por consiguiente, se resistieron a la normalización de las relaciones capitalistas en Venezuela y Bolivia, en las que empresas conjuntas comparten sus beneficios entre el sector público y los inversores privados, práctica común en la mayor parte de los países. No ha causado sorpresa que el presidente de Royal Dutch Shell, Jeroen van der Veer, aconsejase a sus colegas petroleros que la posición nacionalista de los países productores de petróleo y la renegociación de los contratos constituye una nueva realidad que las compañías internacionales de la energía deben aceptar. Van der Veer, el realista, pone en contexto las reformas nacionalistas: 'En Venezuela, fuimos una de las primeras compañías en renegociar y, dadas las actuales circunstancias, estamos muy satisfechos de nuestras perspectivas operativas en ese país. Mantenemos relaciones armoniosas con el gobierno, lo que es muy importante. Y en Bolivia espero que lleguemos a una solución.' (Financial Times, 13.5.2006, p. 9). Del mismo modo, Pan Andean Resources (PAR), una compañía irlandesa de gas y energía ha realizado declaraciones públicas afirmando su intención de seguir operando en Bolivia, tras las declaraciones nacionalizadoras de Morales. David Horgan, presidente de la citada PAR, al explicar la creación de una empresa mixta dedicada al gas boliviano afirmó: 'No nos importa realmente los precedentes que nuestro acuerdo con el gobierno boliviano pueda crear. Donde las grandes compañías petroleras ven un problema, nosotros vemos una oportunidad.' (Ibíd.)
De hecho, el 29 de mayo de 2006, el gobierno boliviano anunciará la oferta ganadora, de entre las presentadas por principales compañías mineras del mundo, en el concurso de adjudicación de la explotación del yacimiento del Mutún, de propiedad estatal, con 40.000 millones de toneladas mineral de hierro. Las nuevas condiciones establecidas por el gobierno boliviano, tal como las expuso su principal ideólogo, el vicepresidente Alvaro García Linera, ofrecen garantías judiciales estables para todas las inversiones, a cambio de un reparto de los beneficios y de programas de gestión conjunta. Es evidente que las grandes corporaciones mineras forman parte de la escuela realista que opta por conseguir altos beneficios de las materias primas estratégicas que actualmente se cotizan a precios elevados, a cambio de pagar más impuestos y de incluir a los tecnócratas del gobierno boliviano en sus equipos de gestión.
Los principales puntos de conflicto no son la aversión capitalista al socialismo, ni tampoco la oposición entre propiedad privada y propiedad nacionalizada, y mucho menos la revolución social conducente a una sociedad igualitaria. Los principales conflictos se concentran en 1) los incrementos de los impuestos, los precios y los pagos por regalías, 2) la conversión de las empresas en empresas conjuntas, 3) la representación en las juntas directivas, 4) la distribución accionarial entre los ejecutivos nombrados por las empresas extranjeras y los nombrados por el Estado boliviano, 5) el derecho legal a revisar los contratos, 6) los pagos compensatorios por supuestos activos, y 7) la gestión de la distribución y la exportación.
Las normativas y las reformas propuestas pueden incrementar las reservas y la influencia del Estado, pero en ningún caso implican la transformación revolucionaria de la propiedad o de las relaciones sociales de producción. Los cambios propuestos son reformas que traen ecos de las políticas desarrolladas por los partidos socialdemócratas europeos entre 1946 y 1960, en la década de 1970, por los países productores de petróleo, entre otros las monarquías árabes y las repúblicas islámicas o seculares. De hecho, los anteriores gobiernos tanto de Venezuela, en 1976, como de Bolivia, en 1952 y 1968, adoptaron medidas mucho más radicales con la nacionalización del petróleo y de algunos sectores mineros.
Venezuela ha aumentado las regalías y los impuestos que devengan las compañías petroleras internacionales porque antes estaban por debajo de los niveles mundiales. Excepto algunas explotaciones de pequeño tamaño que rechazaron las nuevas reglas del juego y fueron expropiadas, ninguna de las grandes firmas sufrió expropiación, ni tampoco se modificaron las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) o en ninguna de las empresas extranjeras. Las estructuras verticales convencionales siguen intactas, lo que motiva las quejas de muchos sindicalistas de a pie. En estos últimos tres años, todas las empresas estadounidenses o europeas que operan en Venezuela han obtenido cifras récord de beneficio que superan en miles de millones de dólares, o de euros, sus anteriores beneficios máximos. A pesar del discurso revolucionario bolivariano, ninguna de las principales empresas petroleras ha manifestado el menor interés en abandonar sus lucrativos acuerdos con el Estado de Venezuela, a pesar de las inflamadas invectivas provenientes de Washington o de Bruselas.
El conflicto entre el tándem EEUU/UE y Venezuela tiene que ver con la política y la ideología, tanto como con el poder y los beneficios de sus compañías petroleras. La preocupación proviene del modelo de economía mixta y mayores impuestos que sustituye al modelo desregulado, de bajos impuesto, privatizado y desnacionalizado preponderante en América Latina desde la década de 1970, y que se está intentando promover en otros lugares, como Libia, Irak, Indonesia, Brasil y México. El problema central reside en que el presidente Chávez, a partir de una base económica y política nacional fuerte derivada de los recursos provenientes del petróleo, propone una mayor integración regional, libre de la dominación de Estados Unidos y Europa. Esto ha provocado las iras de Washington y Bruselas, por cuanto temen que una mayor integración latinoamericana puede limitar la futura penetración de mercados e inversiones. En el marco de las políticas mundiales, la adopción y la defensa de la autodeterminación de todas las naciones que propone Chávez lo ha colocado en situación de oposición a la intervención militar de EEUU en Irak, la ocupación EEUU/UE en Afganistán, y sus amenazas conjuntas de guerra contra Irán. La posición de Chávez se debe, en parte, a la participación estadounidense en el frustrado golpe militar que sufrió su país en 2002.
En resumen, el conflicto se produce entre, por una parte, líderes nacionalistas democráticamente elegidos que defienden una economía mixta que les permita financiar los servicios sociales, y, por otra parte, la construcción imperial de EEUU y la UE y sus políticas intervencionistas destinadas a prolongar la Edad de oro del saqueo de economías privatizadas y no reguladas, y sus privilegios consistentes en un bajo nivel fiscal en la explotación de los recursos energéticos.
Los conflictos nacientes entre Bolivia y Brasil, España y Argentina, y sus defensores en EEUU/UE siguen un patrón similar al conflicto de Venezuela con Estados Unidos. En primer lugar, los propagandistas de las grandes corporaciones petroleras transnacionales intentan presentar al presidente Morales como un discípulo seguidor de Hugo Chávez, y presentan sus políticas nacionalistas como una simple subordinación a las proyecciones de poder del presidente venezolano. Pero estas acusaciones de maquinaciones externas carecen de base. Hubo huelgas promovidas por la oposición y huelgas generales en Bolivia durante el proceso de privatización de 1996, dos años antes de la elección de Chávez. La oposición a los acuerdos de privatización del gas se intensificó en 2003 mediante un alzamiento popular que derrocó al presidente Sánchez de Losada y exigió la nacionalización del gas y el petróleo. En 2004, el 80% del electorado aprobó un referéndum en el que se pedía el aumento de los impuestos y las regalías y el control estatal de los recursos energéticos. A diferencia de Venezuela, Evo Morales se halla ante una fuerte presión interna por parte de sindicatos y organizaciones de masas para que lleve a cabo sus promesas electorales. Los programas de reforma socioeconómica, la estabilidad política y la legitimidad del gobierno de Evo Morales dependen de la posibilidad de conseguir ingresos fiscales adicionales de las compañías transnacionales. Teniendo en cuenta que heredó un déficit presupuestario muy importante y una deuda exterior sustancial (que se considera obligado a pagar) y que esta sujeto a un programa de austeridad del estilo de los del FMI, su única solución consiste en conseguir más ingresos por el petróleo y el gas. Pero el aspecto más importante, teniendo en cuenta que Evo Morales fue elegido para 'traer dignidad al pueblo indio', no puede ignorar la arrogancia con la que las compañías petroleras y de gas recibieron sus propuestas iniciales de negociar nuevos tipos de impuestos y nuevas empresas mixtas. Con el respaldo financiero y político de Venezuela, Morales decretó la nacionalización como táctica de presión para forzar a las compañías a negociar. Del mismo modo que el presidente Chávez radicalizó sus políticas socioeconómicas a raíz del golpe militar apoyado por EEUU y del lockout de los altos ejecutivos de la industria petrolera, Evo Morales ha radicalizado sus tácticas para conseguir concesiones económicas y llegar en situación de fuerza a las negociaciones con las transnacionales de la energía. El objetivo del presidente Morales es negociar de buena fe y garantizar algún tipo de reparto de beneficios y de incremento fiscal. La intransigencia continuada de las compañías de la energía y una política de 'todo o nada' podría radicalizar la base electoral de su gobierno. 'Los que hacen imposibles las reformas, hacen inevitables las revoluciones.' Por supuesto, Bolivia bajo Morales está muy lejos de adoptar un programa revolucionario anticapitalista. Incluso el incremento fiscal de hasta el 82% es una medida transitoria que habrá de negociarse. Sin embargo, ha demostrado su buena disposición a movilizar el Estado y ampliar su influencia sobre las operaciones de las grandes empresas, a la vez que ha dejado claro que los actuales contratos de hidrocarburos son inconstitucionales. A mediados de mayo, las principales compañías de gas y petróleo seguían sin caer en la cuenta de que tienen más que ganar de la negociación con el gobierno de Evo Morales que de la excitación de los movimientos sociales. Como máximo, las negociaciones probablemente desembocarán en un incremento de impuestos y regalías de en torno al 50%. El precio de venta del gas se incrementará modestamente, y se firmará algún tipo de acuerdos de gestión conjunta Estado-sector privado, a la vez que los líderes políticos de Brasil y la UE podrían pasar de una etapa de enfrentamiento a una de negociaciones y cooptación. En cambio, la propuesta de Morales de favorecer la creación de empresas mixtas y establecer una economía también mixta debe hacer frente a presiones del FMI, de Pedro Solbes, ministro español de Hacienda, y de Celso Amorin, ministro brasileño de Asuntos Exteriores, de pagar las acciones al precio de mercado, lo que podría llevar a la bancarrota del Estado. Las amenazas judiciales y de ruptura diplomática siguen utilizándose a fin de limitar un controlo estatal efectivo de las empresas de gas. Entretanto, Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, y Lula da Silva, presidente de Brasil, tienen el papel de policía bueno y confían en las negociaciones, las presiones interiores y las ayudas estatales para rebajar aún más las reformas de Morales.
Sea cual sea el acuerdo general, la clave estará en los detalles. Más concretamente en los procedimientos operativos específicos, el control de la información, la producción y los procesos de comercialización, donde cabe esperar que los ejecutivos titulares hagan todo lo que esté en su mano para socavar un control efectivo por parte del Estado boliviano. Al tiempo que las polaridades políticas y económicas a escala internacional se intensifican, en el interior de Estados Unidos se está larvando una crisis. La debacle militar en Irak ha dejado sólo dos opciones: por una parte, una retirada que permita reconstituir el poder imperial y, por otra parte, planes para una guerra aérea contra Irán, a fin de reivindicar el poder imperial. Existe una coalición liderada por las principales organizaciones pro Israel, los militaristas civiles del Pentágono, la mayor parte de los medios de comunicación y una minoría de la opinión pública, que apoya un ataque militar. Se oponen a esta opción un gran porcentaje de altos oficiales retirados, los líderes de la industria petrolera, la mayor parte de las organizaciones cristianas y musulmanas y una mayoría del pueblo estadounidense.
Las múltiples guerras de Oriente Próximo y Asia Septentrional y el creciente descontento interno por los costes de la guerra han debilitado sustancialmente la capacidad de Estados Unidos de meterse de lleno en una intervención a gran escala en América Latina. En cambio, está obligado a confiar en sus regímenes clientes latinoamericanos y sus aliados europeos para aislar y debilitar a los presidentes nacionalistas Chávez y Morales, y para contener la creciente oposición popular y electoral en México, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. El problema de Washington es que, actualmente, sus presidentes-clientes latinoamericanos están en posición de debilidad o bien a punto de dejar la presidencia. A finales de 2006, casi todos los más serviles presidentes-clientes de Washington habrán abandonado su cargo. En algunos casos, serán reemplazados por clones políticos, pero en otros los nuevos líderes electos pueden resultar menos dados a provocar conflictos con sus vecinos nacionalistas.
Contrariamente a la euforia de la izquierda estadounidense y europea occidental, los nuevos gobiernos nacionalistas y Cuba se hallan ante graves retos internos provenientes de sus propias poblaciones. Aunque han conseguido enfrentar con éxito las presiones imperialistas e incrementar sus ingresos fiscales provenientes de los capitales extranjeros, han descuidado llevar a cabo reformas sociales de máxima urgencia para sus seguidores. Tanto Venezuela como Cuba, a pesar de las promesas gubernamentales, se retrasan en cubrir los enormes déficit de alojamiento y transporte, y sus esfuerzos por diversificar sus economías son muy insuficientes, en particular en la agroindustria (transformación del azúcar en etano, y producción de alimentos en Cuba; carne, aves, pescado y cereales en Venezuela), la manufactura (en particular armas, bienes duraderos, tecnología de la información y electrónica) y el procesado de minerales. Además, en Venezuela hay importantes sectores, quizás el 50% de la fuerza de trabajo, que tienen un acceso mejorado a los servicios sociales gratuitos, pero que están empleados en el sector informal, de salarios muy bajos. En Bolivia, Morales ha anunciado un programa de reforma agraria basado en la expropiación de tierras subutilizadas, que excluirá las grandes propiedades agroindustriales, productivas y provechosas, de los fértiles llanos de Santa Cruz. En cambio, se propone distribuir tierras estatales menos fértiles y alejadas de los mercados y las carreteras. La clave del éxito de esta reforma agraria dependerá del método de llevar a la práctica y de adjudicación, así como de la disponibilidad de crédito y asistencia técnica. Además, las políticas salariales y de ingresos de Morales son sólo marginalmente mejores que las de sus predecesores liberales: los incrementos salariales de los maestros y otros trabajadores del sector público están por debajo del 5% de crecimiento real por encima de la inflación. Su promesa de doblar el salario mínimo de 50 a 100 dólares al mes ha sido reemplazada por un incremento de sólo 6 dólares. En otras palabras, si la polaridad internacional no cuenta con el respaldo de políticas internas redistributivas que afecten a la riqueza y las propiedades de los más ricos, tanto en Venezuela como en Bolivia, sectores populares estratégicamente importantes, necesarios para dar sostén en caso de confrontación internacional, podrían desvincularse. Algunos gestos internacionales grandilocuentes, la solidaridad humanitaria y las políticas antiimperialistas no pueden sustituir la profundización de los cambios estructurales internos y satisfacer las demandas interiores esenciales en materia de alojamiento, empleo y mejores salarios.
Polaridad y crisis social y regional en Bolivia
Si, como venimos afirmando, la polaridad emergente en América Latina se produce entre los regímenes neoliberales centrados en el imperio y los regímenes populistas, nacionalistas y reformistas, se sigue que la resolución exitosa de este conflicto depende en parte de las premisas de los estrategas reformistas y su creencia de que las reformas socioeconómicas son compatibles con el desarrollo capitalista nacional. En el caso del presidente Morales, puede decirse que su estrategia política electoral y programática dictaba su análisis político y socioeconómico. Las políticas reformistas de Morales se basan en algunas premisas dudosas: en primer lugar, la creencia de que el capital productivo puede separarse del capital improductivo, y por consiguiente que una reforma agraria limitada a las tierras no explotadas o a las 'tierras sin una función socioeconómica' no va a generar la oposición de las élites y va a ser compatible con una coalición electoral interclasista. Esta premisa ha demostrado ser incorrecta: los grandes terratenientes productivos se oponen con toda firmeza a la reforma agraria y cuentan con el apoyo de las élites de negocios y bancarias, especialmente en Santa Cruz, porque tienen diversos holdings de inversión transectoriales, que incluyen bancos, industria, tierra productiva destinada a la exportación y tierra improductiva mantenida con fines de especulación.
La segunda falsa premisa de su estrategia consiste en un diagnóstico erróneo de la dicotomía entre capital extranjero y capital nacional. El presidente Morales que mediante la nacionalización, o más concretamente la conversión de las compañías extranjeras de la energía en empresas de propiedad conjunta pública y privada, podrá financiar el desarrollo capitalista nacional y con ello ganar su apoyo. Este análisis subestima radicalmente los vínculos económicos y políticos entre las grandes y medianas empresas y las empresas de propiedad extranjera. Muchas firmas bolivianas son suministradoras, subcontratistas e importadoras que dependen de los mercados, el crédito y la financiación extranjeros provenientes de las empresas transnacionales y de los gobiernos extranjeros. No es sorprendente que tanto la oposición política en el Congreso como los principales grupos de negocios bolivianos se hayan opuesto a las reformas de Morales, aun cuando sean sus futuros beneficiarios.
La tercera falsa premisa de la estrategia reformista-nacionalista de Morales es la idea de que los gobiernos considerados de centro-izquierda de Brasil, Argentina y España van a estar dispuestos a negociar y aceptar modificaciones de los contratos de explotación de sus multinacionales y aceptarán unos aumentos modestos de los precios de compra del gas. Morales sobrestima la efectividad de su diplomacia personal y su afinidad ideológica con Lula da Silva, Kirchner y Rodríguez Zapatero, y subestima completamente sus poderosos y duraderos vínculos con sus respectivas empresas transnacionales. Como resultado, el gobierno de Lula ha rechazado todas las propuestas de Morales, entre otras su oferta de negociar un incremento de dos dólares en el precio del gas, y más aún su propuesta de crear una empresa mixta con Petrobras. Del mismo modo, el gobierno de Kirchner ha pospuesto varias reuniones en las que se debía discutir un aumento similar del precio del gas, y su representante no ha fijado una nueva fecha, ni siquiera para discutir la propuesta. Rodríguez Zapatero, con el apoyo del FMI, ha insistido en que se compense total y rápidamente a las empresas españolas (REPSOL y BBVA), tarea imposible teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias bolivianas.
Es realmente irónico que mientras que los presidentes de centro-izquierda (Kirchner, Lula da Silva y Rodríguez Zapatero) rechazan la propuesta de Morales de incrementar los ingresos fiscales a costa de sus transnacionales, el reaccionario Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para aumentar la parte del gobierno de EEUU en los beneficios petroleros hasta 20.000 millones de dólares (Financial Times, 20-21.5.2006, p. 3). Además, mientras que EEUU paga seis dólares por mil metros cúbicos de gas, Lula y Kirchner han puesto objeciones al aumento del precio hasta cinco dólares por mil metros cúbicos. Con amigos del pueblo boliviano como éstos, ¿quién necesita imperialistas explotadores del país más pobre de América del Sur?
En resumen, todos los supuestos políticos de Morales se basan en datos imaginarios que no corresponden a las realidades económicas y políticas en las que se proyectan. La falta de análisis empíricos serios de las realidades estructurales ha dado como resultado la imposición de una estrategia electoral basada en alianzas interclasistas, en un mundo polarizado por el imperio y los conflictos de clase. La ideología reformista de Morales ha creado una visión ilusoria del mundo político, en el que se ve capaz de unir a capitalistas productivos, gobiernos amigos de centro-izquierda, trabajadores y campesinos frente a terratenientes improductivos y transnacionales corruptas, en busca de una economía mixta, un presupuesto equilibrado y mayores reformas sociales.
El actual impasse en que se halla Morales, impuesto por sus involuntarios socios, plantea un serio dilema a su gobierno y a sus aliados internacionales Venezuela y Cuba: si el programa reformista no es viable, ¿debería diluir aún más su programa nacionalista y mantener el aspecto de un gobierno de progreso, o bien debería radicalizar su programa y recabar el apoyo de sus aliados internacionales en una confrontación continental más acentuada?
Opinión:
LA REFORMA AGRARIA ASUSTA A LA OLIGARQUÍA BOLIVIANA
Rebelión (www.rebelion.org)
Las medidas impulsadas por el Gobierno de Morales para “recuperar” las tierras improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad sean fraudulentos, han provocado la alarma entre los grandes terratenientes.
“No lo vamos a permitir. No es posible que décadas de tradición familiar y sacrificio sean víctimas de un acto político”. Con estas palabras al periódico boliviano La Nación, Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que representa a los empresarios agropecuarios de Santa Cruz, expresaba el temor de los terratenientes de la región donde se extienden la mayor parte de los latifundios del país. Las medidas anunciadas por el Gobierno boliviano, que para muchos son consideradas como una reforma agraria, pretenden recuperar las tierras que sean improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos fraudulentamente.
La situación actual de la tierra en Bolivia viene de atrás. Tras la Reforma Agraria de 1953, en el occidente del país las tierras se repartieron entre los campesinos en forma de minifundios, que se iban dividiendo en sucesivas herencias. La distribución de tierras, ya de partida fue injusta, porque “en aquel momento los lotes de tierras que proporcionaron a los campesinos fueron muy pequeños y más si tenemos en cuenta que luego se los tenían que repartir entre los descendientes”, apunta Moisés Torres, presidente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, y añade: “Mi abuelo recibió cinco hectáreas que tuvo que repartir entre ocho hijos. Cada hijo tuvo que repartir de nuevo entre sus cinco hijos. El resultado es que aquellas cinco hectáreas que recibió mi abuelo se tienen que repartir entre casi 40 familias herederas. ¿Qué tierra se puede cultivar en esas condiciones?”.
Mientras, en el oriente, se mantuvieron los grandes latifundios con los que posteriores gobernantes ‘pagaron’ los favores políticos de sus partidarios. Gran parte de los empresarios surgidos en esta región actualmente poseen un enorme poder económico. Hoy, las empresas agrícolas del oriente controlan el 90% de la tierra productiva, pero no siempre sus propietarios las emplean con fines agrícolas. Mauricio Roca, reivindica que “en el occidente no entienden que en el oriente se asegura la alimentación del país y que los productores agropecuarios aportamos el 14% del PBI. Eso debería ser apoyado, no destruido” y añadió “en el oriente no hay, en general, tierras que estén sin uso”.
Según un informe del año 2003 elaborado por el Ministerio de Agricultura “más del 95% de los latifundios no son trabajados agrícolamente y se encuentran en manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente” o bien se emplean como avales bancarios. Para resolver esta situación, en 1996 se aprueba la ley INRA con el fin de otorgar a las comunidades indígenas las llamadas tierras comunitarias de origen y anular aquellos títulos de propiedad ‘regalados’ por favores políticos. Después de diez años, la ley apenas se puso en práctica. “A esta ley le faltó voluntad política para aplicarse, pero ahora esperamos una decisión firme apegada a la norma” señala Miguel Urioste, presidente de la ONG Fundación Tierra. Hoy día, un millón de campesinos no tienen tierra, no existe un apoyo técnico a los minifundios y se mantiene la pobreza de la mayor parte de los bolivianos. Al comenzar su mandato, Morales indicó que promovería una justa distribución de la tierra para combatir a “aquellos propietarios que poseen una vaca para pastar en 50.000 hectáreas”. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, acaba de anunciar medidas que son una “ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria” para redistribuir entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra (más del 10% de las tierras de Bolivia) a grupos indígenas y campesinos. El viceministro explicó en el diario argentino Clarín que es una “medida que no sólo fue prometida durante la campaña electoral, sino que es resultado de 15 años de movilizaciones sociales de grupos indígenas y campesinos”. La reforma agraria de 1953 “distribuyó tierras de manera individual y en condiciones de libre disponibilidad, pero ahora estamos trabajando en un reparto colectivo, preservándolo de futuros procesos de reconcentración de tierras y fortaleciendo su desarrollo productivo”.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tan sólo 100 familias en Bolivia poseen 25 millones de hectáreas, mientras dos millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de hectáreas.
Opinión:
BOLIVIA: EL CIADI Y LOS TRIBUNALES ARBITRALES INTERNACIONALES
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
El Tribunal Constitucional (TC), con la neutralidad del vicepresidente Alvaro García Linera, a través de la sentencia 0031/2006 del 10 de mayo de 2006, declaró constitucionales las Leyes 1132, 1593, 1594, 1586, 1535, 1897 y 2360 que ratifican Convenios y Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por Bolivia con Argentina, Reino Unido, Países Bajos, Francia, España y Estados Unidos. Con esta decisión del TC, se quiere asegurar el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva en el caso de una eventual nacionalización o expropiación en Bolivia, y que cualquier solución de controversias entre los inversionistas extranjeros y el Estado boliviano, sea dirimida ante tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que tiene su sede en Washington.
Estos acuerdos denominados de 'promoción y protección de inversiones', fueron ratificados por Bolivia durante las presidencias de Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez. El CIADI, dependiente del Banco Mundial, es un tribunal que fue creado para proteger a las corporaciones transnacionales de las cortes locales de justicia, y mantiene vínculos muy estrechos con el Banco Mundial, puesto que todos los miembros del CIADI son a la vez sus miembros, además de que su Consejo Administrativo es dirigido por el Presidente de dicha institución (1).
El 8 de diciembre de 2005, el ex diputado Wilson Magne, con el apoyo de diversas instituciones, organizaciones sociales y sindicales – Coordinadora Nacional del Agua, Coordinadora Nacional por la Defensa de los Servicios Básicos, el Agua y la Vida, FEDJUVE de El Alto, FEDJUVE La Paz, ASICASUR, CIOEX, Confederación Sindical de Trabajadores en Salud, Gremiales de Bolivia, SEMAPA, CODERIP, Federación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de Camiri - demandaron la inconstitucionalidad de las leyes que ratifican estos acuerdos de promoción y protección de inversiones. Los argumentos principales de la inconstitucionalidad de estas leyes según el recurso presentado, fueron la infracción de los artículos 135, 116 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE). El art. 135 de la CPE dispone que 'todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República'. El art. 116 de la CPE señala que 'el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores, tribunales y jueces de instancia y tribunales y juzgados que establece la ley, sin que puedan establecerse tribunales o juzgados de excepción'. El artículo 228 de la CPE prescribe: ' La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones'.
En la tramitación de este recurso constitucional, el TC notificó al Vicepresidente en ejercicio, Alvaro García Linera, el día 1 de febrero de 2006, para que en su calidad de Presidente del Congreso Nacional, funde sus alegatos. García Linera no se allanó, ni rechazó el recurso; tampoco solicitó – como es usual en la práctica judicial – la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes impugnadas. Por el contrario, argumentó una novedosa 'duda razonable' en los siguientes términos: si bien reconoce la existencia del art. 135 de la CPE declara que 'tanto la Ley 1593, de 12 de agosto de 1994, ratificatoria de la Adhesión de Bolivia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, como las Leyes de ratificación de los Tratados Bilaterales de Inversiones suscritos con Argentina, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Reino de los Países Bajos, Estados Unidos y España, han sido aprobadas con el objeto de proteger la inversión extrajera, entendiendo que esta protección radica en que la exportación de capital a los países en desarrollo exige normalmente el cumplimiento de ciertos requisitos. A los beneficios esperados, representados por la tasa interna de retorno pretendida, y cierta estabilidad política y económica mínima, se suma la necesidad de garantizar la estabilidad y seguridad jurídicas, es decir, que las reglas existentes al tiempo de la inversión serán mantenidas y que ellas no serán afectadas por medidas confiscatorias o arbitrarias… Respecto de los argumentos expuestos por el recurrente, menciona los arts. 1 y 25 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, pues el art. 1 establece la creación del CIADI, y el art. 25, la jurisdicción del mismo, en sentido que los Estados contratantes que lo hayan asentido por escrito, resolverán allí sus diferencias jurídicas. El CIADI constituye un órgano del Banco Mundial, una entidad internacional, y es el encargado de resolver las controversias que surjan entre los inversores extranjeros y el Estado, dejando de lado a las autoridades nacionales'(2).
El argumento más importante en el fallo del TC es la aplicación del 'pacta sunt servanda' del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual 'una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado'. Sin embargo, la CPE tiene una jerarquía normativa superior en el ordenamiento jurídico boliviano, según su art. 228, por lo que cualquier norma jurídica que infrinja la CPE debería ser declarada inconstitucional por el órgano de control constitucional.
Tampoco el TC observó en sus conclusiones otros tratados internacionales que forman parte de la legislación boliviana; y otros fundamentos en el examen de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la CPE:
1º) La Novena Conferencia Panamericana (Bogotá 1948) consagró la doctrina Calvo en el ámbito regional con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuyo artículo 16 dice: 'La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros'(3). Esta doctrina se encuentra recogida en el art. 135 de la CPE de 1967. En la misma Conferencia se aprobó el Pacto de Bogotá, en cuyo artículo 7 se lee: 'Las Partes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales nacionales competentes del Estado respectivo'(4).
2º) Según el artículo 46 de la Convención de Viena puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebró el Tratado. El artículo 53 de la Convención, dice: 'Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter'(5).
El doctor en derecho y ciencias sociales uruguayo, Ramiro Chimuris Sosa, sostiene que desde un análisis integrado de los artículos 46 y 53 sería causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros el derecho de defensa, el orden público de los estados. También sería causa de nulidad la renuncia al ejercicio de algún otro precepto interno fundamental, como el examen por los tribunales nacionales de la conformidad de una ley o tratado con la Constitución. Esto ocurriría cuando se confiere a tribunales arbitrales la solución de controversias entre las partes, pues en tales controversias pueden estar implicadas cláusulas constitucionales (6).
STIGLITZ ELOGIA NACIONALIZACIÓN BOLIVIANA
RESPALDA A EVO • Premio Nobel de Economía comparó dicho proceso con la recuperación de un bien robado • Afirma que era necesaria porque la legislación anterior era inconveniente para el país altiplánico.
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz respaldó la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia y la comparó con la recuperación de un bien que fue robado.
El economista norteamericano señaló que la medida del gobierno boliviano era necesaria porque la legislación anterior en la materia era inconveniente para el país.
Agregó reiteradamente que la nacionalización, decretada el 1 de mayo, se justifica porque Bolivia necesita una retribución justa por sus recursos naturales, que no lo recibía en la situación anterior.
Citó discusiones sobre el carácter de nacionalización del decreto boliviano, y señaló que si a uno le roban una pintura y después la recupera, no está nacionalizándola, sino restituyendo su patrimonio. Explicó que el gobierno no les quitó propiedad ni derecho alguno a las empresas, pues los contratos que las cobijaban no eran legales, en vista de no haber sido aprobados por el Congreso.
Stiglitz señaló que el modelo económico (neoliberal) anterior fracasó, pese a que Bolivia fue uno de los mejores alumnos del esquema dictado por el Consenso de Washington.
Añadió que el país altiplánico aplicó todas las recomendaciones, sufrió todos los dolores de esas medidas, pero no recibió ningún beneficio, por lo que consideró necesario cambiar el modelo económico.
El dato
SOBRE EL FMI. Joseph Stiglitz afirma que la crisis del FMI se expresa en el fracaso de sus políticas en diversas regiones del mundo.
EN LA PAZ, UNA FERIA CON 'CHOMPAS' PARA EL TRÓPICO
The Wall Street Journal de Estados Unidos (www.http://online.wsj.com/public/article)
Por José de Córdoba
Aunque el presidente venezolano Hugo Chávez se comprometió a invertir US$1.500 millones en el nacionalizado sector del gas en Bolivia la semana pasada, los participantes en una feria comercial financiada por Venezuela promocionaban al mismo tiempo el microcomercio entre Venezuela, Bolivia y Cuba como una manera de desafiar a Estados Unidos y de fomentar la integración regional.
La inversión en energía incluye acuerdos para construir dos plantas de procesamiento y exploración de gas natural junto con la resucitada compañía nacional de energía boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o YPFB. El anuncio marca el intento más ambicioso y costoso de Chávez para aumentar su influencia política en América Latina.
Chávez está muy atento a las reservas de gas de Bolivia, las mayores de Sudamérica después de las de Venezuela. Pero la feria de comercio respaldada por Venezuela muestra que ninguna arena es demasiada pequeña para la guerra ideológica que Chávez está librando a favor de su pomposamente denominada Alternativa Bolivariana para la América, o ALBA.
La ALBA, suscrita por Chávez, Fidel Castro y el nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, es una especie de alternativa socialista a la propuesta de EE.UU. para una zona de libre comercio en todo el hemisferio. La feria comercial mostraba la semana pasada en qué se ha convertido la ALBA hasta el momento: una fuerte dosis de ideología mezclada con un poco de negocio.
"Hemos venido, en cooperación y solidaridad, para acercarnos al pueblo hermano de Bolivia, del cual estábamos distanciados", dijo Ramón Aguirre, representante de Invepal, un fabricante venezolano de cuadernos escolares. Es una de las casi 60 compañías bolivianas y venezolanas que armaron un puesto en la feria. En el pasado una compañía privada, Invepal fue expropiada por el gobierno venezolano después de que quebrara en 2004, dice Aguirre. Ahora el gobierno de Venezuela posee el 51% de la empresa, mientras que los trabajadores que la administran poseen el 49%. Invepal se jacta de ser la primera papelera venezolana endógena (endógeno es el término que Chávez usa para el desarrollo económico nacional el cual evita en todo lo posible el comercio mundial y las prácticas de negocios tradicionales). En esencia, al gobernante venezolano le gustaría que los países de la ALBA comercien principalmente entre ellos, con la excepción del petróleo y el gas, los cuales Venezuela vende en el mercado mundial.
Algunos principios básicos del comercio de la ALBA aún están por establecerse. Cuando los empresarios bolivianos preguntaron a Aguirre sobre los precios del papel fabricado en Venezuela, él todavía no los sabía. "No tenemos algo concreto en ese aspecto", dijo. En la parte posterior de su caseta, había un cartel de Chávez, rodeando con el brazo a Morales, mientras que en el fondo un Castro sonriente los miraba con aprobación.
Mientras tanto, las mujeres indígenas bolivianas, con sus sombreros tradicionales, se reunían con representantes comerciales cubanos y empresarios venezolanos. Éstos las animaban a vender en Cuba y Venezuela chompas de alpaca y chales bordados, aunque ninguno de estos países tiene un clima frío. Otras casetas ofrecían vino boliviano, vitaminas hechas con soja, tapices de vicuña con escenas andinas, café y quinua, un cereal que se cultiva desde los tiempos de los incas, pero que es prácticamente desconocido fuera de la región.
Rina Zeballos, presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Kollasuyo, una cooperativa de tejedoras con 1.200 miembros, explicó que "estamos produciendo estas mantas, pero no tenemos mercado". Sin embargo, Zeballos tiene esperanzas. Había hablado con sus contrapartes cubanas y venezolanas, quienes le dijeron que enviara un catálogo. "Quizás este sea el comienzo de nuestras exportaciones a otros países", decía. Las naciones sudamericanas deberían juntarse con las naciones centroamericanas y las 500 tribus indígenas de América del Norte para "desarrollar nuestras economías", afirmaba. Al final, el viceministro boliviano de Comercio y Exportaciones, Gustavo Barbery, declaró que la feria había sido un éxito enorme, ya que se discutieron posibles acuerdos de negocios valorizados en unos US$12 millones.
HUGO CHÁVEZ: EL FACTOR DE LA DISCORDIA
Mientras Ollanta Humala se distancia del Mandatario venezolano, Evo Morales desestima los reparos formulados por la oposición.
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
En entredicho se encuentran el candidato a la presidencia de Perú, Ollanta Humala, y el Mandatario boliviano, Evo Morales, debido a la estrecha amistad que mantienen con el Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, quien por estos días es foco de duras críticas debido a sus reiteradas intromisiones en asuntos internos de ambas naciones.
distanciamiento
En este sentido, Humala decidió desmarcarse de las reciente calificaciones expresadas por Chávez en contra de Alan García, a quien llamó "bandido", "irresponsable" y "vagabundo".
"El pueblo peruano conoce las características del Presidente de Venezuela por lo cual es irrelevante lo que diga", afirmó ayer Humala en un intento por calmar las fuertes críticas de distintos sectores políticos y, sobre todo, de la prensa local peruana.
"Los nacionalistas no nos sujetamos a ningún interés foráneo'', agregó el candidato, quien ante esta situación se mostrado durante las últimas semanas cada vez más distanciado de Chávez y del Mandatario altiplánico, Evo Morales, ambos con un marcado rechazo por parte del pueblo peruano según recientes encuestas.
Al ser interrogado por periodistas si cree que Chávez debe dejar de entrometerse en asuntos internos, Humala explicó que "por supuesto, el proceso electoral es del pueblo peruano y es mi pedido a todos los países a que no interfieran en el proceso que se está llevando a cabo en Perú, y obviamente, eso incluye a Venezuela".
Asimismo, formuló el mismo llamado al Gobierno de Estados Unidos, precisando que "también está de alguna manera interfiriendo en el proceso electoral, a través de su embajada'' en Lima.
''En mi caso, no hay injerencia ni intervención de ningún otro país", aclaró, al tiempo de llamar "sinvergüenza'' a García por querer investigar el financiamiento de su campaña.
"es indignante y vergonzoso"
Por otra parte, el Presidente boliviano, Evo Morales, fue ayer blanco de duras críticas de parte de dirigentes opositores que cuestionaron la supuesta injerencia de Hugo Chávez en asuntos internos de este país y la tolerancia del Mandatario altiplánico ante esta situación.
"Es indignante y vergonzoso con el país y poco digno con la figura del propio Presidente, a quien se ha visto como si fuera ayudante de Chávez'', comentó el senador Óscar Ortíz, miembro del partido Podemos, principal fuerza de opositora.
Sus comentarios se refirieron a la participación de Morales en el programa "Aló Presidente'' que el mandatario venezolano transmitió el domingo desde la localidad arqueológica de Tiwanacu, a 65 kilómetros al oeste de La Paz, con la que finalizó su visita de tres días a Bolivia.
Allí, Chávez opinó que la Asamblea Constituyente que se instalará en Bolivia a partir de agosto, debería prohibir la privatización en el futuro de los hidrocarburos y los servicios públicos, como el agua.
Además, expresó que "ustedes están todavía bajo el régimen antiguo. El régimen viejo encadena a Evo'', agregando que "no se trata de hacer cualquier constitución, debe ser una constitución como ustedes la tienen concebida''.
La gota que rebasó el vaso
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, visitó Bolivia el fin de semana pasado con el objeto de concretar un amplio programa de apoyo financiero y técnico en diversas áreas, y para participar del lanzamiento de la campaña electoral del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la zona cocalera del centro de Bolivia.
En este contexto, durante su visita manifestó que "el sistema político (boliviano) colapsó y es necesario crear una nueva democracia''.
Sus palabras no pasaron inadvertidas para la oposición, pero fue el propio Evo Morales quien rechazó las críticas al precisar que "no hay intromisión, sino cooperación de Venezuela y Cuba", llamando además "llok'allas (sirvientes) de los Estados Unidos'' a los opositores que hablan de injerencia.
BOLIVIA AMENAZA CON NO VENDER GAS 'NUNCA MÁS' A BRASIL Y ARGENTINA
Fueron las palabras del Titular de hidrocarburos de Bolivia, Soliz Rada, ante la negativa de ambos países para negociar un precio mayor por el gas boliviano.
ADN Mundo de Argentina (www.adnmundo.com)
Las negociaciones entre Bolivia y Argentina para la fijación de nuevo precio del gas avanzaron muy poco, mientras que las charlas con Brasil están prácticamente congeladas. Bolivia ya no quiere vender gas a los argentinos a precios solidarios y ha declarado que "nunca más" venderá gas puro a Brasil.
Argentina se resiste a pagar más que el precio solidario acordado con el gobierno del ex Presidente Carlos Mesa. Por esa razón, el Ministro argentino de Planificación Julio De Vido suspendió su viaje a La Paz en tres oportunidades. El Titular de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, informó que hoy se reunirán la Presidenta chilena Michelle Bachelet con De Vido en Santiago de Chile. "Probablemente los argentinos tendrán nuevos elementos de juicio para nuestra negociación luego de esa reunión", dijo la autoridad. Se conoce que Chile concreta la compra de gas de Indonesia a siete dólares. Ese monto será utilizado como una referencia para el gobierno boliviano en las negociaciones que emprenderá con Argentina.
Bolivia vende a Argentina 5.5 millones de metros cúbicos de gas, mientras que Argentina vende a Chile 20 millones de metros cúbicos diarios. El presidente de YPFB Jorge Alvarado confirmó que Argentina vende gas boliviano a Chile. "El gas boliviano va a Salta (provincia argentina) y desde ahí sale por uno de los gasoductos a Chile", dijo Soliz Rada.
Por otro lado, tampoco se avanzó nada aún en las negociaciones sobre el precio del gas entre Bolivia y Brasil, confirmó Solíz Rada. Se conformaron cuatro comisiones de trabajo el pasado 10 de mayo, pero las negociaciones están "congeladas". Las autoridades del vecino país habrían expresado su absoluto respeto al pólemico Decreto Supremo 28701 de nacionalización de hidrocarburos.
GOBIERNO CONDECORA A EMBAJADOR ALFREDO SEOANE
"PARAGUAY Y BOLIVIA NO PUEDEN SOBREVIVIR NI VIVIR SEPARADOS"
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Paraguay propone a Bolivia mantener una unión estratégica "para contrarrestar el poderío económico del mundo que normalmente no tiene en cuenta la problemática de los pueblos, sino sus propios intereses", manifestó la canciller Leila Rachid. Fue durante la ceremonia de condecoración del embajador boliviano Alfredo Seoane, por término de misión en nuestro país.
"Para el Paraguay, el relacionamiento con Bolivia supone una cuestión sustancial y estratégica. Paraguay y Bolivia, en esta época, ya no pueden sobrevivir ni vivir separados; tienen desafíos históricos impostergables que sus pueblos les imponen. Ellos nos impelen a trabajar mancomunadamente a fin de enfrentar esos retos y ofrecer a nuestra gente las respuestas que sus planteamientos requieren en pro de su bienestar y desarrollo", agregó la ministra.
Rachid instó a los bolivianos a articular políticas económicas y de comunicación para permitir que fluya un mercado potencial que pudiera tener enorme impacto en la vida cotidiana de nuestros pueblos, "que buscan afanosamente una redención social". La canciller se refirió en estos términos porque Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen litoral marítimo y porque se enfrentaron en una guerra entre los años 1932-35.
Ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno paraguayo, la ministra calificó la firma del acuerdo de cooperación energética entre Paraguay, Bolivia y Uruguay como "un ejemplo de sabiduría que establece la hoja de ruta hacia una real integración de nuestros pueblos, que servirá de instrumento de desarrollo compartido". Agradeció también al presidente de Bolivia Evo Morales por visitar nuestro país el 19 de abril pasado, en ocasión de la reunión para la suscripción del acuerdo energético.
NUEVO EMBAJADOR
Seoane ha concluido su misión en Paraguay luego de dos años y cuatro meses. Será reemplazado por el diplomático de carrera Marco Antonio Vidaurre Noriega (55 años), quien, según referencias, conoce nuestro país porque ya ejerció un cargo consular en Asunción.
PROVISION PODRIA REINICIARSE RECIEN EN OCHO MESES
BOLIVIA SEGUIRÁ SIN VENDER GAS DE USO DOMÉSTICO A NUESTRO PAÍS
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Bolivia por ahora seguirá sin vender gas licuado de uso doméstico a nuestro país, aunque existe una promesa de suministro para dentro de ocho meses, explicó anoche el titular de Petropar, Alejandro Takahasi, en el marco de un ciclo de charlas impulsado por Cerneco.
El presidente de la petrolera estatal había viajado recientemente a Bolivia en busca de un acuerdo energético sobre gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, ante la crisis generada recientemente en nuestro país, en relación a este combustible.
La noticia de que Bolivia no venderá gas al Paraguay acentúa la preocupación en este rubro, más aun en este momento en que está a punto de definirse un nuevo aumento en los precios al público de este combustible, así como el eventual desabastecimiento de parte de la Argentina, que así las cosas, seguirá siendo nuestra única proveedora.
No obstante, Takahasi calificó "de positivo" el viaje, considerando que el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, "abrió las puertas para un entendimiento comercial en otros rubros". Añadió que próximamente será rubricado un acuerdo energético, el 9 de junio, para el petróleo crudo y la nafta virgen.
"YPFB posibilitará un acuerdo con respecto a la provisión de petróleo crudo, que no estaba previsto en la agenda, así como el suministro de nafta virgen, atendiendo a que tienen excedentes", explicó.
El problema para que Bolivia no pueda comercializar gas a nuestro país, según explicó Takahasi, se debe a que el vecino país, internamente está con mucha escasez, y además se encuentran trabajando en la ampliación de una planta extractora de líquido de gas natural, de la que se podrán obtener gas licuado de petróleo, parte de la producción que se pretende vender al Paraguay.
Añadió también que Alvarado se comprometió con nuestro país para que en el mediano plazo, en aproximadamente unos 8 meses, sí puedan contar con una producción sostenible del gas, para la comercialización externa.
El titular de Petropar resaltó que luego de la firma del acuerdo energético con Bolivia, sobre crudo y nafta virgen, existe el compromiso de la provisión de gas como producto terminado, y también la posibilidad de concretar el procesamiento del GLP en la refinería de la estatal. Consultado si la negativa inmediata de Bolivia para el suministro del gas podría acentuar una nueva crisis que se avecina en este rubro, dijo que ello no ocurrirá porque la estatal también comprará de la Argentina y podrá contar con una reserva estratégica de gas.
"PRESENTE Y FUTURO DE PETROPAR"
En cuanto al "Presente y Futuro de Petropar", que fue el tema central de la disertación en Cerneco, el titular del ente esbozó cinco líneas estratégicas para la entidad.
La primera es dar respuesta práctica y positiva de parte del Poder Ejecutivo al segmento social más necesitado del país, que consume nafta, ante la crisis mundial del petróleo y la situación económica del país. El segundo punto es entrar a competir libremente en el mercado con el sector privado en la distribución de combustibles líquidos y gas en el país, como una competencia reguladora del mercado.
También pretenden fortalecer la presencia de la petrolera estatal en la comercialización del GLP, aprovechando al máximo la capacidad de sus instalaciones y definiendo una política nacional de resguardo de una reserva de seguridad de gas en el país.
Además, pretenden impulsar la política del gobierno para el fomento del uso de biocombustibles, principalmente alcohol y biodiésel, y finalmente, viabilizar el financiamiento de PDVSA establecido en un acuerdo energético suscripto en el 2004, entre Paraguay y Venezuela, con lo que en dos años, dijo, podrían sanear las finanzas de la estatal.
PETROPAR RECIBIRÁ EXCEDENTE DE GAS Y CRUDO DE BOLIVIA
Ultima Hora de Hora (www.ultimahora.com)
El titular de la petrolera estatal encabezó una delegación oficial que mantuvo reuniones con los directores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el último fin de semana.
"Hemos logrado el compromiso de que a mediano plazo (ellos estiman que en no más de ocho meses) va a estar terminada una planta de recuperación de líquido del gas natural; entonces, podrán proveer al Paraguay el GLP excedente, que sería de 3.000 a 6.000 toneladas", apuntó.
Takahashi no entró en detalles sobre la naturaleza del acuerdo y tampoco explicó con qué frecuencia sería remitido el volumen mencionado ni cuál sería el precio que se abonará por el producto.
Antes de viajar, el funcionario había dicho que se espera contratar con la petrolera boliviana unas 24.000 toneladas de gas anuales, a razón de 2.000 toneladas por mes.
El objetivo anunciado era cubrir la tercera parte de la demanda anual del mercado paraguayo y contar con reservas en caso de amenaza de desabastecimiento.
El plan preveía utilizar los tanques con capacidad para almacenar 4.000 metros cúbicos de combustibles que posee Petropar en Villa Elisa y que actualmente están ociosos.
CRUDO. Takahashi también reveló que se firmará con Bolivia un convenio (probablemente en el transcurso de la segunda semana de junio) para que YPFB provea petróleo crudo y nafta virgen a Petropar. Dijo que de esta manera la empresa podrá "reflotar" la refinería que está en condiciones de entrar en operación en forma inmediata.
Agregó que con eso obtendrían ventajas en los precios y que incluso Petropar podría tener una producción propia de GLP. "El tener una provisión directa de nafta virgen nos permitiría –si nos dan los números– seguir reduciendo el precio de la nafta súper económica. "Por otro lado, Takahashi anunció que funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) controlarán los precios del venta al público de la nafta económica de 85 octanos.
Petropar había reducido la tarifa del combustible de 4.100 guaraníes a 3.950 guaraníes el litro, pero algunos surtidores siguen vendiendo el producto a los precios viejos.
El presidente de Petropar señaló que se tomarían medidas en contra de las empresas que no trasladen la rebaja al precio de venta al público, aunque no explicó cuáles serían las determinaciones.
Intereses en gasoducto y ferrocarril
LOS EJEMPLOS DE PANAMÁ Y BOLIVIA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Hace casi 30 años (en 1977), Panamá consiguió renegociar el tratado del Canal de Panamá con los EE. UU. y recuperar su soberanía. Ahora Bolivia ha recuperado su soberanía sobre su gas natural (GN) y ha conseguido mejorar sensiblemente los beneficios que percibe por la venta de su gas. La situación del Paraguay, en cambio, empeora. A medida que suben los precios de la energía, pierde unos 600 millones US$/año (casi el 10% de nuestro PIB), al mismo tiempo que Brasil se vuelve más competitivo gracias a nuestra energía de Itaipú, en más de 3.000 millones US$/año, en lo que es uno de los tratos más inequitativos de toda la historia de la humanidad.
TRATADO INTRINSECAMENTE INJUSTO
Según el derecho internacional, un convenio puede ser renegociado cuando las circunstancias cambian de tal forma que vuelven lo acordado en un trato intrínsecamente injusto, imposible de prever en el momento en que se firmó el tratado. En los casos de Panamá y de Bolivia, se trató de acuerdos claramente injustos y es por ello que fueron revisados y corregidos, incluso con la aceptación de sus contrapartes.Lo mismo ocurre con el Tratado de Itaipú, aunque ningún Gobierno paraguayo ha iniciado gestión firme alguna. Paraguay es el único país con excedentes energéticos en el Mercosur (se excluya a Bolivia, que no es miembro pleno) y se ve perjudicado cuando los precios de la energía suben. Es un contrasentido difícil de justificar, aunque sea muy fácil de comprender. La mayor competitividad que consigue el Brasil con la energía paraguaya de Itaipú, en el orden de 3.000 millones US$/año, no es compartida con el Paraguay. Esta mayor competitividad es fácil de calcular, pues se deriva de lo que les cuesta a los países que son competencia del Brasil generar igual cantidad de electricidad que le provee el Paraguay a costo fijo. Los altos precios de la energía le ocasionan al Paraguay una pérdida de 600 millones US$/año. Se da así la extraña paradoja de que cuando mejor nos debería ir (porque los precios de la energía -nuestra principal exportación- mejoran) peor nos va. Es como si a un productor de oro le fuera peor cuando sube su cotización.
LAS CIRCUNSTANCIAS HAN CAMBIADO
El Tratado de Itaipú se firmó en 1973, cuando el precio del barril era de 3 dólares, mientras que ahora es de 70 dólares. Más importante aun es el hecho de que en 1973 no existían mercados eléctricos mayoristas. Tampoco existía el Mercosur.
Hoy, en cambio, todos los bienes y servicios pueden intercambiarse libremente en el Mercosur, excepto la energía paraguaya de Itaipú, porque el Tratado de Itaipú lo prohíbe. De ahí que en este tratado se haya incurrido en una imprevisión en su acepción del derecho internacional -que amerita su revisión-. Como en 1973 no se preveían el Mercosur, ni los mercados eléctricos ni la extraordinaria suba de las cotizaciones de la energía, la cesión de la energía paraguaya a precio fijo al Brasil carece de base jurídica.
Hoy todas las energías se comercializan a precio de mercado. Bolivia ha sentado un precedente en la región para un energético similar a la electricidad, como es el GN. No solo ha recuperado su soberanía sobre sus yacimientos y una mayor participación (82%), sino que está consiguiendo un mejor precio para su GN.
Argentina acordó -según informa la prensa- un aumento de 3 a 5 dólares por millón de BTU, nada menos que el 60% más de lo que le pagaba, y el Brasil, se informa, terminará aceptando una suba similar, pues los precios de mercado son mucho mayores
¿Por qué Paraguay no recibe beneficios proporcionales a los precios de mercado por su energía? ¿Por qué los beneficios de la energía paraguaya de Itaipú quedan solo en el Brasil? Dado que el Paraguay es el dueño soberano del 50% de la energía de Itaipú, al menos parte de los beneficios de la mejor competitividad (más de 3.000 millones US$/año), que son acaparados por el Brasil, debe ser compartida con nuestro país. El derecho internacional nos favorece y, si el Brasil no acepta una renegociación bilateral, el Paraguay debe llevar este caso a los estrados internacionales (la Corte de La Haya), como la Argentina ha hecho con Uruguay.
Opinión:
POLITIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA REGIÓN
El Diario de Chile (www.eldiario.cl)
En la región sudamericana se advierte en el último tiempo una creciente politización de las decisiones que afectan al sector energético, lo que constituye una respuesta especialmente contraproducente cuando se caracteriza por una creciente demanda y, a la vez, por una infraestructura deficiente que requiere de inversiones.
La puesta en marcha de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia; el uso del petróleo y del gas natural como oferta de abastecimiento por Venezuela a cambio de establecer una red de influencia regional; las afirmaciones de los candidatos presidenciales peruanos de revisar los contratos de inversión; la conocida práctica del gobierno argentino de colocar cuotas de exportación permitidas a las empresas que operan en el subsector gasífero; en fin, el recurso de aumentar los impuestos a las empresas de hidrocarburos para lograr mayores recursos a corto plazo, constituyen claros ejemplos de la gran inestabilidad regulatoria que afecta a los mercados energéticos.
Algunos gobiernos buscan implícita o visiblemente retornar a los esquemas estatistas de los años 60 y 70, en que el Estado era a la vez empresario, elaborador de políticas y regulador de los mercados energéticos, pasando por alto la negativa experiencia de las distorsiones que se generaban y, principalmente, la incapacidad de sustentar una expansión de la infraestructura de exploración, generación y transporte, y más grave aún de incorporar innovación tecnológica.
En Argentina el congelamiento tarifario impuesto por la administración Duhalde y sostenido por Kirchner es uno de los factores que gravita como desincentivo a las inversiones que requiere el transporte del gas natural desde las fuentes productivas a los centros de distribución en un contexto de creciente demanda interna. En Bolivia, meses antes del decreto del presidente Morales sobre la ejecución de la nacionalización en la industria del gas natural, ya se debieron soportar intermitentes cortes eléctricos en diversas ciudades por el evidente agotamiento de la infraestructura relacionada.
En Venezuela, el uso populista interno de los mayores ingresos petroleros, en vez de potenciar inversiones, ofrece el paradojal escenario de que la pobreza ha aumentado. En materia de política exterior, la abundancia de recursos financieros alimenta la pretensión de configurar un polo geopolítico cuya sustentabilidad durará lo que el ciclo de bonanza petrolera se mantenga. Entre tanto, el Estado y la sociedad seguirán teniendo el carácter rentista que han mantenido por largas décadas más allá del signo político de los gobiernos que se han sucedido en el ejercicio del poder.
En Ecuador, donde el Estado tiene 75% de la propiedad del sector petrolero, por lejos obtiene menos rentabilidad que el 25% que pertenece a capitales privados, debido no sólo a las asimetrías en la gestión de las empresas de uno y otro sector sino a que la infraestructura estatal es altamente deficitaria. Así, una reciente ley ha establecido de manera compulsiva un reparto paritario con el Estado de las utilidades de las empresas privadas que discrecionalmente se consideran extraordinarias.
La politización de las decisiones gubernativas en el sector energético no considera de manera importante las variables técnicas que, a la postre, terminan siendo definitorias para la permanente modernización que se requiere. Se privilegia el corto plazo o bien cuestiones de orden meramente ideológico que no se condicen con la tarea de alcanzar y consolidar mayores grados de desarrollo. Algunos gobiernos de la región no entienden que la liberalización de los mercados energéticos, ciertamente con un pertinente y estable marco regulatorio, es una manera adecuada de atraer la inversión requerida y optimizar, a través de criterios de eficiencia, los rendimientos esperados en las fases de generación y distribución.
A la vez, es la forma más recomendable para hacer frente a un desafío permanente de mayores exploraciones y expansión de la industria. Lo contrario simplemente es ubicarse de espaldas al desarrollo y profundizar las desigualdades de la sociedad.
Opinión:
EVO Y LA UTOPÍA ARCAICA
El País de España (www.elpais.es)
La rousseauniana simpatía por los indígenas del altiplano andino que muestran muchos intelectuales de la izquierda europea hace pensar en una especie de culpabilidad retrospectiva, insidiosa forma de lo que Edward Said llamó "nostalgia imperialista".
Así, de Europa nos llega cada día gente ansiosa de vivir o, al menos, presenciar experiencias "primordiales" -revoluciones indígenas, golpes militares encabezados por tenientes coroneles de oratoria antiimperialista, sangrientos motines carcelarios en São Paulo, etcétera-. Inusuales ocurrencias éstas que la alternabilidad en el Ejecutivo, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y, en fin, la gris rutina burocrática del Estado de bienestar europeo no brindan ya a los utopistas posmodernos.
Hace ya décadas, Hans Magnus Enzensberger elaboró una perspicaz teoría moral de lo que hay detrás de todo turismo revolucionario. Enzensberger se refería al turista de izquierda europeo occidental de visita en algún país del desaparecido "bloque oriental". Acaso convenga hoy extender y afinar esa taxonomía a los nuevos viajeros de Indias.
Añadido reciente a la lista de mendaces tópicos "políticamente correctos", tan caros a los amigos europeos del Calibán latinoamericano, es la noción de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, es indígena. Y que ello debe interpretarse, además, como un hecho revolucionario que viene a enderezar un escandaloso entuerto que dura ya siglos. Una novísima fuerza social y política, a la que arropadoramente se da en llamar "indigenismo", estaría al fin recorriendo América Latina.
Hace poco, una columna de Miguel Ángel Bastenier (El etnicismo de Evo, EL PAÍS, 10 de mayo de 2006) hizo aseveraciones que resultan, cuando menos, reduccionistas y descaminadoras. De Evo Morales se dice en ella que es "convincentemente indígena". De la población mestiza y blanca bolivianas, al compararlas con la presunta mayoría "originaria" -como es hoy de buen tono decir en Bolivia-, afirma que "es escueta"; apenas una "capa de población instalada in situ únicamente durante los últimos siglos". Si traigo a esta nota la pieza de M. Á. Bastenier es sólo porque ella brinda un compendio de lo que, canónicamente, se tiene por cierto en Europa acerca de la "insurgencia" indígena latinoamericana.
Allí se afirma que "los intelectuales latinoamericanos, blancos en su enorme mayoría y, en general, asimilables a algún tipo de izquierda, en gran número de foros sobre el futuro de la región niegan con tal unanimidad que haya el más mínimo componente racial en los movimientos de rectificación política, hoy en Bolivia, ayer en Venezuela y un día quizá en Perú y Ecuador, que sólo cabe deducir que les preocuparía mucho que así fuera".
Un estudio realizado en 2004 -hace apenas dos años- confirma un resultado del censo boliviano de 2001: dos tercios de la población boliviana se considera, en efecto, parte de algún grupo "originario". Lo singular está en que, al preguntarles de qué raza son, el 61% de los bolivianos responde que "mestiza", y sólo el 16% se tiene por "indígena". Fernando Molina, escritor boliviano ostensiblemente mestizo, afirma que "el relativismo multicultural", ante la bancarrota del marxismo, se las ha apañado para que en Bolivia ya no se hable de "movimientos sindicales" (puramente clasistas), sino de "movimientos sociales", primeramente atentos a lo étnico, y sólo en segundo término, a lo clasista. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, es buen ejemplo del tipo de intelectual -blanco, por cierto- que ha teorizado con fines políticos en torno a lo indígena. Su mayor acierto ha sido apropiarse de la jerga "multiculturalista", tan cara a la izquierda antiglobalizadora europea.
No es faltar en absoluto a la verdad decir que la "indigenidad" de Evo Morales es una calculada elaboración en la que participan intelectuales mestizos, blancos y "originarios". Pero dar cuenta de cómo, cuándo y por qué se dio un grupo político boliviano a la forja de un líder de masas, mestizo pero de aspecto tan "convincentemente indígena" hasta a los ojos de curtidos corresponsales extranjeros, es asunto digno de otra crónica. Lo cierto es que Evo Morales -quien ni siquiera habla el aymará, como sería de esperar- es tan convincentemente indígena como los andaluces de Bienvenido Mr. Marshall.
El indigenismo, en nuestra América, es cosa de muy vieja data. Mario Vargas Llosa -autor de La utopía arcaica, un esclarecedor ensayo en torno al novelista peruano José María Arguedas, trágico indigenista blanco- ha dicho hace poco en Bruselas que el indigenismo es una "mitologización europea". Tanto lo es, que comenzó siendo un movimiento de opinión favorable a los aborígenes americanos cuyo mejor paladín fue un fraile español del siglo XVI que hoy da nombre a la capital de Chiapas.
El siglo XIX vio desarrollarse en Hispanoamérica un vigoroso movimiento literario y artístico, opuesto al positivismo eurocentrista y atento al indio y a "lo indígena". Sus mejores representantes fueron, en la mayoría de los casos, intelectuales blancos y mestizos. El movimiento indigenista, cuyo apogeo en nuestra América comienza en México y Perú hacia la década de los 20 del siglo pasado, raras veces fue la manifestación de un pensamiento indígena sino, como señala muy bien Henri Favre, "una reflexión criolla y mestiza sobre el indio". Escrita en castellano, me apresuro a añadir. A él vino a sumarse el multiculturalismo académico estadounidense que en el año del Quinto Centenario validó entusiastamente las imposturas de la falsaria Rigoberta Menchú.
Nada de lo cual debería distraernos de un inquietante precedente "indigenista" europeo: Adolf Hitler también logró validarse apelando a la vindicación de lo "convincentemente" ario.
Opinión:
CHÁVEZ: 'A BOLIVIA NO LE ESTAMOS REGALANDO NADA'
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Por: Ariel Florit (WORLD DATA SERVICE)
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, defendió ante la opinión pública venezolana en su programa de fin de semana Aló Presidente, los convenios establecidos con Bolivia al señalar que estos se desarrollarán en el marco de nuevas relaciones integracionistas en la región y no constituyen 'un regalo' al país sudamericano.
En su programa, transmitido desde territorio boliviano, donde está de visita oficial, a Venezuela, Chávez también rechazó de manera vigorosa declaraciones en su contra hechas por el presidente peruano, Alejandro Toledo, y el candidato presidencial Alan García, y saludó la reelección en Colombia el fin de semana del mandatario Alvaro Uribe.
Subrayó desde la localidad boliviana de Tiwanaku que 'aunque llueva, truene o relampaguee Bolivia recibirá de Venezuela los 200.000 barriles mensuales de diesel con condiciones especiales de financiamiento'. El abastecimiento fue acordado en el contexto de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), de la cual son miembros Venezuela, Bolivia y Cuba.
'El pueblo (venezolano) está claro y sabe que el Gobierno Nacional no está entregando el país ni regalando el dinero de los venezolanos. Bolivia nos paga, no le estamos regalando nada. No nos cancela con dinero ni en lo inmediato. Ese país no tiene por qué preocuparse por el dinero, cuya cifra podría ubicarse en el orden de los 100 millones de dólares anuales. Eso se convierte en un fondo y se queda en Bolivia. Estamos haciendo el Banco del Sur en la práctica', anunció.
'Los campesinos pagarán al Banco en dinero o en productos. Ojalá tengan buena producción de soya. Más que el valor de cambio, estamos recuperando el valor de uso', agregó. De acuerdo con Chávez, 'estamos rompiendo los dogmas capitalistas. El socialismo que se está construyendo en Venezuela se basa en la solidaridad'. 'Uno de los dogmas del capitalismo se apoya en la conversión de la producción en mercancía. Vamos a romper esa maldición y a combinar un mercado que se base en el valor de cambio y en el valor de uso', dijo. Defendió además el trueque, usado por los indígenas bolivianos, como una forma válida en el marco del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). 'Nos hacen falta las raíces de la civilización indoamericana para colocarlas en nuestros proyectos', manifestó.
En sus declaraciones sobre Perú, Chávez dijo que si gana las elecciones en ese país el candidato García, del APRA, Venezuela no mantendrá relaciones con Lima. García, a su vez, había acusado al presidente venezolano antes de ser el causante de un reciente hecho de violencia ocurrido en Perú.
“El bandido ese de Alan García, está desesperado diciendo que yo fui el que tiroteó a la gente en Cusco”. 'Es un bandido, un irresponsable, y ya está torpedeando las relaciones con un país hermano”. 'Le pido a Dios que, por el bien de la integración de los pueblos del sur, no venza García en las elecciones peruanas gracias a la mano del demonio, del imperio y de sus dólares, de la oligarquía peruana y de los medios de comunicación'. '“¿Cómo uno va a tener relaciones diplomáticas ni nada con un gobierno que dirija un vagabundo, un irresponsable como ése?”
'Seguro me acusarán de irrespetar a Perú y de injerencia, pero con la verdad no ofendo ni temo', afirmó.
Sobre el presidente del Perú, Toledo, Chávez dijo que 'se siente ofendido y arremete contra mí. Creo que se volvió loco porque anda provocándome...en muy poco tiempo el mandatario peruano será polvillo en la historia, pues nadie lo recordará...porque es un traidor del pueblo indígena, un subordinado del imperio', puntualizó.
Chávez pidió además a los peruanos votar por el candidato Ollanta Humala. “Estoy seguro que ustedes tendrán el buen juicio y la inspiración histórica para llevar un presidente verdaderamente peruano, nacionalista, latinoamericanista y honrado”, subrayó.
En el marco de sus declaraciones internacionales, el presidente de Venezuela saludó la victoria electoral de Uribe, en Colombia, a quien definió como un hombre de criterios propios. 'Es un hombre de la derecha, es un hombre de Washington, pero no tiene por qué ser enemigo mío y mantiene buenas relaciones con Cuba también. Tiene sus propios criterios, no se deja imponer cosas', precisó.
'Es un amigo. Muchos dicen que Uribe está armando a los paramilitares para que asesinen a Chávez. Yo no lo creo y Uribe me ha dado demostraciones de que yo no estoy equivocado', manifestó.
Debate:
AMÉRICA LATINA: DOS FORMAS DE ENCARAR CONFLICTOS
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La lógica del conflicto entre países hermanos está a veces presidida por el abuso de confianza, algo típico precisamente entre hermanos. Hay abuso de confianza cuando se presume que las represalias a sufrir por un comportamiento reprobable estarán morigeradas por la naturaleza especial de la relación.
La política regional nos ofrece hoy dos episodios coetáneos de abuso de confianza entre naciones hermanas que permiten comparar las reacciones de los gobiernos afectados. La oportunidad es valiosísima: ambas crisis nos hablan no apenas de esos gobiernos, sino del ambiente social y político-cultural que los condiciona.
Sin duda el flamante presidente de Bolivia, Evo Morales, incurrió en abuso de confianza con el Estado brasileño. Procedió hacia Petrobras de modo inamistoso. Hubo quiebra de contratos y una política de hechos consumados. Dejó malparado a Lula en vísperas de una difícil campaña presidencial.
Asimismo, el gobierno uruguayo incurrió, ante el Estado argentino, en abuso de confianza. Se desentendió de los mecanismos estipulados en el Estatuto del Río Uruguay, en especial de la consulta previa prevista para casos que, como la instalación de productoras de celulosa, podrían afectar la calidad de las aguas.
Delante de estos abusos de confianza, Brasil y Argentina no reaccionaron de la misma manera. El gobierno de Lula, al menos hasta ahora, está haciendo lo imposible por quitarle hierro al problema. Lejos de dramatizarlo, su reacción está presidida por una retórica contemporizadora. Desescalar el conflicto en lugar de radicalizarlo parece ser su prioridad. Evo Morales le sirve caída del cielo la oportunidad de crear una causa nacional, y Lula se hace el distraído. El contraste con el caso argentino es marcado.
Primero, las autoridades argentinas hicieron la vista gorda. Pero, cuando se hicieron patente los ánimos caldeados del vecinalismo entrerriano, el Gobierno giró en seco 180 grados y se dedicó desde entonces a escalar la disputa, cargarla de dramatismo y convertirla en una causa nacional. En base a la presunción, errada o no, de daños ecológicos futuros, ha convalidado reiteradamente, y hasta brindado apoyo logístico, a medidas de fuerza que conllevan masivos daños presentes. Esta sobre-reacción, que, a diferencia de lo que ocurre hoy día entre Bolivia y Brasil, coloca peligrosamente el conflicto en el plano de las identidades, puede hacer del mismo una herida entre ambas naciones hermanas, alimentando enconos y frustraciones más tóxicas que las dioxinas.
La oposición brasileña, y muchos diplomáticos retirados, declaran su indignación por la falta de firmeza oficial para defender el país. Muchos son, no obstante, los brasileños que ven la defensa del país de otro modo. Habrá, claro, una larga negociación, nada fácil, para recomponer la presencia de Petrobras en Bolivia y la política energética; pero el mejor interés parece ser evitar la conversión de un diferendo en una causa que cristalice separando a los pueblos e imponiendo costos infinitamente mayores y más dilatados en el tiempo. Y por casa, ¿cómo andamos?
Opinión:
PETRAS, EVO, CHÁVEZ Y EL IMPERIALISMO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Por: James Petras (ECONOTICIASBOLIVIA, especial para ARGENPRESS.info)
Un análisis a fondo de la realidad boliviana en el contexto internacional, signado por nuevas polaridades entre América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos.
Estos últimos años, una nueva serie de polaridades sociales y nacionales complejas ha dominado la vida política del hemisferio occidental. A comienzos del nuevo milenio, la confrontación nacional se produjo entre Cuba y el tándem EEUU/UE, mientras que las confrontaciones sociales oponían a los movimientos rurales-indígenas y urbanos-desempleados contra toda una serie de regímenes neoliberales que abarcaban todo el continente. Esta polaridad fue el resultado del anterior cuarto de siglo (1975-2000), la Edad de oro del saqueo imperial. Transferencias masivas de propiedades, riqueza, beneficios, intereses y pagos por regalías fluyeron de América Latina hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Las más lucrativas empresas públicas, de un valor superior a los 350.000 millones de dólares, se privatizaron sin tener en cuenta sutilezas constitucionales, y acabaron más tarde en manos de corporaciones multinacionales y bancos estadounidenses, españoles y de otros países europeos. Los decretos presidenciales obviaron a los respectivos parlamentos y electores, y otorgaron un lugar privilegiado al capital extranjero. Las protestas de los citados parlamentos, cuerpo electoral y auditores nacionales se ignoraron totalmente. La Edad de oro del capital multinacional coincidió con el reinado de los regímenes cleptocráticos electos, alabada en los círculos políticos europeos y estadounidenses, y jaleada en los medios de comunicación como 'la era de la democracia y el libre mercado.' El saqueo llevado a cabo por las empresas y los bancos transnacionales entre 1975 y 2000 asciende a más de 950.000 millones de dólares. El saqueo sin desarrollo condujo inevitablemente a una crisis socioeconómica general y puso al borde del colapso el modelo centrado en el imperio de acumulación capitalista de Argentina (1998-2002), Ecuador (1996-2006) Bolivia (2002-2005), y Brasil (1998-2005). Desde comienzos de la década de 1990, se produjeron en toda América Latina movimientos extraparlamentarios sociopolíticos masivos, acompañados por alzamientos populares a gran escala que llevaron al derrocamiento de diez presidentes neoliberales clientes de EEUU/UE: tres en Ecuador y Argentina, dos en Bolivia y uno en Venezuela y Brasil.
Visto en retrospectiva, es evidente que una nueva oleada de movimientos sociopolíticos potencialmente revolucionarios alcanzó su máxima expresión en 2002. Dotados de apoyo masivo y de legitimidad generalizada, opuestos a una clase política corrupta, desacreditada e internamente dividida, y a economías en crisis, los movimientos sociopolíticos estaban en situación de iniciar una serie de cambios estructurales profundos, siempre que consiguieran transformar el poder social en poder estatal.
Sin embargo, los movimientos de masas titubearon y sus líderes se detuvieron ante las puertas de los palacios presidenciales. En cambio, fueron en busca de una nueva clase de políticos electoralistas de centro-izquierda nuevos y reciclados, que reemplazase a los viejos partidos desacreditados y a los líderes de la derecha neoliberal. En 2003, los movimientos sociales masivos comenzaron a replegarse, a medida que muchos de sus líderes eran cooptados por la nueva oleada de políticos autotitulados de centro-izquierda. Las promesas de realizar transformaciones sociales se limitaron al patronato, las subvenciones y las políticas macroeconómicas ortodoxas, según el mismo dogma neoliberal. No obstante, en algunos países, las luchas populares que se producen desde la década de 1990 hasta 2002 llevaron al poder a gobiernos nuevos que ni eran clientes de Estados Unidos ni estaban exentos de influencias neoliberales, como por ejemplo en Venezuela y Bolivia. En 2006 surge una nueva y compleja configuración en la que las polaridades nacionales dejaron en segundo plano en gran medida a las divisiones por clases sociales. La nueva divisoria internacional produjo un nuevo terreno de juego en el que estaban colocados, a un lado, Estados Unidos y la Unión Europea, y, al otro, Venezuela y Bolivia. Esta polaridad primaria halla su mejor expresión en América Latina, entre, por una parte, la nueva derecha neoliberal liderada por ex izquierdistas y pseudopopulistas en América Central y del Sur, y, por otra parte, los gobiernos nacional-populistas de Bolivia y Venezuela. Entre ambos grupos, hay un gran grupo de países que pueden evolucionar en cualquiera de las dos direcciones. Entre los promotores de la nueva derecha y el libre mercado figuran el gobierno de Luis Inázio Lula da Silva, en Brasil; el presidente saliente de México, Vicente Fox; los cinco gobiernos centroamericanos; el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay; el gobierno de Alvaro Uribe, en el Estado terrorista de Colombia; y los gobiernos de Michelle Bachelet, en Chile, y el gobierno próximamente saliente de Alejandro Toledo, en Perú.
En un punto intermedio se encuentra el gobierno de Néstor Kirchner, en Argentina, que refleja un deseo de profundizar los vínculos comerciales con Venezuela, neutralizar las presiones nacional-populistas internas y promover una alianza capitalista nacional-extranjera con Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ecuador, los países del Caribe, Nicaragua y posiblemente Perú son lugares en disputa. Debido al petróleo subvencionado que reciben, toda la cuenca del Caribe (con excepción de la República Dominicana) ha negado su apoyo político al tándem EEUU/UE contra Venezuela/Bolivia, aun cuando los países que la componen hacen lo posible por promover el acceso a los mercados del Norte. Al margen de Europa y América del Norte, el grupo de países no alineados, China, Rusia, Irán y algunos países árabes productores de petróleo se han alineado, abierta o discretamente, con la alianza nacionalista cubano-boliviana-venezolana.Entrecruzándose con las divisiones nacionalistas, están las polaridades de clase. Los principales puntos de inflexión se hallan en Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Bolivia, Paraguay y, más recientemente, Brasil. En Ecuador, la CONAIE [1] ha reconstruido su base de masas (tras la debacle producida por su apoyo a la presidencia del pseudopopulista Gutiérrez, en 2002) y su alianza con los sindicatos urbanos ha sido efectiva para la derrota del Acuerdo de libre comercio ALCA, respaldado por EEUU, y la cancelación de los contratos de hidrocarburos de Occidental Petroleum, una compañía petrolera estadounidense. En Venezuela se vive una doble polaridad: por una parte, la clase trabajadora y los pobres urbanos contra los terratenientes pro estadounidenses, las élites de los negocios y los medios de comunicación; y, por otra parte, dentro del amplio espectro de seguidores de Hugo Chávez, los ricos directores de empresas estatales, burócratas de alto nivel, empresarios nacionales y generales de la Guardia Nacional, y los sindicatos, los agricultores sin tierras, los habitantes de los ranchos [2] urbanos y los trabajadores informales subempleados. En Bolivia, las contradicciones de clase siguen en gran parte latentes debido a la polaridad nacional, pero hallan su expresión en el conflicto entre las políticas macroeconómicas ortodoxas del régimen de Evo Morales y los modestos aumentos salariales de los trabajadores públicos de la educación y la salud, entre otros sectores.
En los países en que la polaridad entre el nacionalismo latinoamericano y el imperialismo EEUU/UE es más fuerte, la lucha de clases ha remitido, al menos por ahora. En otras palabras: la lucha nacionalista toma el lugar de la lucha de clases con la promesa de que un mayor control nacional tendrá por resultado más recursos estatales y por consiguiente nuevas medidas redistributivas.
En Brasil, los conflictos de clase han disminuido como resultado de la subordinación de la confederación sindical tradicional, y en menor medida del Movimiento de los Sin Tierra (MST), al gobierno neoliberal de Lula da Silva. No obstante, dada la drástica reducción de las pensiones de los funcionarios y su oposición a unos incrementos sustanciales de los salarios, incluyendo el salario mínimo, los sindicatos representantes de los funcionarios, los metalúrgicos y los trabajadores de la construcción fundaron, los días 5 y 7 de mayo de este año, una nueva y dinámica confederación de sindicatos denominada CONLUTA. Con más de 2.700 delegados de 22 estados, que representan a 1.800.000 trabajadores, CONLUTA representa un polo social alternativo a las decenas de millones de trabajadores y brasileños pobres abandonados tras el paso de Lula da Silva al campo de los banqueros, la agroindustria y las transnacionales. En su estructura operativa, CONLUTA ha adoptado una organización de tipo movimiento social, del que forman parte organizaciones de trabajadores empleados y desempleados, movimientos de trabajadores rurales y asociaciones de vecinos, estudiantes, mujeres, ecologistas y organizaciones de trabajadores sin tierra. La representación en su congreso se basó en elecciones directas realizadas en asambleas democráticas. La emergencia de una nueva confederación de trabajadores representa la primera ruptura importante con el gobierno neoliberal de centro-izquierda de Lula da Silva, y como tal presagia la revitalización de las políticas de la clase obrera, a la vez que plantea una alternativa real al poder decreciente de la confederación sindical pro oficial.
Realidades y mitos en las tensiones internacionales
Existe un gran número de interpretaciones incorrectas y una gran confusión, tanto en la derecha como en la izquierda, en relación con la naturaleza de los conflictos entre los nacionalistas latinoamericanos y los Estados y compañías transnacionales de EEUU/UE. El primer punto que merece aclararse es la naturaleza de las medidas nacionalistas adoptadas por el presidente Chávez, en Venezuela, y el presidente Morales, en Bolivia. Sus respectivos gobiernos no han abolido los principales elementos de la producción capitalista, es decir, los beneficios privados, la propiedad extranjera, la repatriación de beneficios, el acceso al mercado de suministro de gas, energía y otros bienes primarios, ni tampoco han vetado por ley futuras inversiones extranjeras.
De hecho, los inmensos yacimientos petrolíferos del Orinoco, en Venezuela, que son las mayores reservas del mundo, siguen estando en manos del capital extranjero. La controversia en relación con las radicales medidas económicas del presidente Chávez gira en torno a un incremento en los impuestos y las regalías que va del 15% al 33%, porcentajes que siguen siendo inferiores a los devengados por las compañías petroleras en Canadá, Oriente Próximo y Africa. Lo que produjo una avalancha de envenenados artículos de los medios de comunicación estadounidenses y británicos (The Wall Street Journal, Financial Times, etc.) no fue un análisis comparativo de los tipos de interés y de regalías utilizados en la actualidad, sino una comparación retrospectiva con un pasado virtualmente libre de impuestos. De hecho, tanto Hugo Chávez como Evo Morales están simplemente modernizando y poniendo al día las relaciones en sus países productores de hidrocarburos con los estándares mundiales actuales. En cierto sentido, están normalizando las relaciones contractuales ante unos beneficios inesperados excepcionales por parte de las empresas, que son posibles gracias a acuerdos fraudulentos conseguidos por mediación de altos funcionarios corruptos. La brutal reacción de los gobiernos de EEUU y la UE, y de sus transnacionales de la energía, es el resultado de un hábito de pensamiento que concibe sus excepcionales privilegios como una norma del desarrollo capitalista y no el resultado de sus tratos con funcionarios venales. Por consiguiente, se resistieron a la normalización de las relaciones capitalistas en Venezuela y Bolivia, en las que empresas conjuntas comparten sus beneficios entre el sector público y los inversores privados, práctica común en la mayor parte de los países. No ha causado sorpresa que el presidente de Royal Dutch Shell, Jeroen van der Veer, aconsejase a sus colegas petroleros que la posición nacionalista de los países productores de petróleo y la renegociación de los contratos constituye una nueva realidad que las compañías internacionales de la energía deben aceptar. Van der Veer, el realista, pone en contexto las reformas nacionalistas: 'En Venezuela, fuimos una de las primeras compañías en renegociar y, dadas las actuales circunstancias, estamos muy satisfechos de nuestras perspectivas operativas en ese país. Mantenemos relaciones armoniosas con el gobierno, lo que es muy importante. Y en Bolivia espero que lleguemos a una solución.' (Financial Times, 13.5.2006, p. 9). Del mismo modo, Pan Andean Resources (PAR), una compañía irlandesa de gas y energía ha realizado declaraciones públicas afirmando su intención de seguir operando en Bolivia, tras las declaraciones nacionalizadoras de Morales. David Horgan, presidente de la citada PAR, al explicar la creación de una empresa mixta dedicada al gas boliviano afirmó: 'No nos importa realmente los precedentes que nuestro acuerdo con el gobierno boliviano pueda crear. Donde las grandes compañías petroleras ven un problema, nosotros vemos una oportunidad.' (Ibíd.)
De hecho, el 29 de mayo de 2006, el gobierno boliviano anunciará la oferta ganadora, de entre las presentadas por principales compañías mineras del mundo, en el concurso de adjudicación de la explotación del yacimiento del Mutún, de propiedad estatal, con 40.000 millones de toneladas mineral de hierro. Las nuevas condiciones establecidas por el gobierno boliviano, tal como las expuso su principal ideólogo, el vicepresidente Alvaro García Linera, ofrecen garantías judiciales estables para todas las inversiones, a cambio de un reparto de los beneficios y de programas de gestión conjunta. Es evidente que las grandes corporaciones mineras forman parte de la escuela realista que opta por conseguir altos beneficios de las materias primas estratégicas que actualmente se cotizan a precios elevados, a cambio de pagar más impuestos y de incluir a los tecnócratas del gobierno boliviano en sus equipos de gestión.
Los principales puntos de conflicto no son la aversión capitalista al socialismo, ni tampoco la oposición entre propiedad privada y propiedad nacionalizada, y mucho menos la revolución social conducente a una sociedad igualitaria. Los principales conflictos se concentran en 1) los incrementos de los impuestos, los precios y los pagos por regalías, 2) la conversión de las empresas en empresas conjuntas, 3) la representación en las juntas directivas, 4) la distribución accionarial entre los ejecutivos nombrados por las empresas extranjeras y los nombrados por el Estado boliviano, 5) el derecho legal a revisar los contratos, 6) los pagos compensatorios por supuestos activos, y 7) la gestión de la distribución y la exportación.
Las normativas y las reformas propuestas pueden incrementar las reservas y la influencia del Estado, pero en ningún caso implican la transformación revolucionaria de la propiedad o de las relaciones sociales de producción. Los cambios propuestos son reformas que traen ecos de las políticas desarrolladas por los partidos socialdemócratas europeos entre 1946 y 1960, en la década de 1970, por los países productores de petróleo, entre otros las monarquías árabes y las repúblicas islámicas o seculares. De hecho, los anteriores gobiernos tanto de Venezuela, en 1976, como de Bolivia, en 1952 y 1968, adoptaron medidas mucho más radicales con la nacionalización del petróleo y de algunos sectores mineros.
Venezuela ha aumentado las regalías y los impuestos que devengan las compañías petroleras internacionales porque antes estaban por debajo de los niveles mundiales. Excepto algunas explotaciones de pequeño tamaño que rechazaron las nuevas reglas del juego y fueron expropiadas, ninguna de las grandes firmas sufrió expropiación, ni tampoco se modificaron las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) o en ninguna de las empresas extranjeras. Las estructuras verticales convencionales siguen intactas, lo que motiva las quejas de muchos sindicalistas de a pie. En estos últimos tres años, todas las empresas estadounidenses o europeas que operan en Venezuela han obtenido cifras récord de beneficio que superan en miles de millones de dólares, o de euros, sus anteriores beneficios máximos. A pesar del discurso revolucionario bolivariano, ninguna de las principales empresas petroleras ha manifestado el menor interés en abandonar sus lucrativos acuerdos con el Estado de Venezuela, a pesar de las inflamadas invectivas provenientes de Washington o de Bruselas.
El conflicto entre el tándem EEUU/UE y Venezuela tiene que ver con la política y la ideología, tanto como con el poder y los beneficios de sus compañías petroleras. La preocupación proviene del modelo de economía mixta y mayores impuestos que sustituye al modelo desregulado, de bajos impuesto, privatizado y desnacionalizado preponderante en América Latina desde la década de 1970, y que se está intentando promover en otros lugares, como Libia, Irak, Indonesia, Brasil y México. El problema central reside en que el presidente Chávez, a partir de una base económica y política nacional fuerte derivada de los recursos provenientes del petróleo, propone una mayor integración regional, libre de la dominación de Estados Unidos y Europa. Esto ha provocado las iras de Washington y Bruselas, por cuanto temen que una mayor integración latinoamericana puede limitar la futura penetración de mercados e inversiones. En el marco de las políticas mundiales, la adopción y la defensa de la autodeterminación de todas las naciones que propone Chávez lo ha colocado en situación de oposición a la intervención militar de EEUU en Irak, la ocupación EEUU/UE en Afganistán, y sus amenazas conjuntas de guerra contra Irán. La posición de Chávez se debe, en parte, a la participación estadounidense en el frustrado golpe militar que sufrió su país en 2002.
En resumen, el conflicto se produce entre, por una parte, líderes nacionalistas democráticamente elegidos que defienden una economía mixta que les permita financiar los servicios sociales, y, por otra parte, la construcción imperial de EEUU y la UE y sus políticas intervencionistas destinadas a prolongar la Edad de oro del saqueo de economías privatizadas y no reguladas, y sus privilegios consistentes en un bajo nivel fiscal en la explotación de los recursos energéticos.
Los conflictos nacientes entre Bolivia y Brasil, España y Argentina, y sus defensores en EEUU/UE siguen un patrón similar al conflicto de Venezuela con Estados Unidos. En primer lugar, los propagandistas de las grandes corporaciones petroleras transnacionales intentan presentar al presidente Morales como un discípulo seguidor de Hugo Chávez, y presentan sus políticas nacionalistas como una simple subordinación a las proyecciones de poder del presidente venezolano. Pero estas acusaciones de maquinaciones externas carecen de base. Hubo huelgas promovidas por la oposición y huelgas generales en Bolivia durante el proceso de privatización de 1996, dos años antes de la elección de Chávez. La oposición a los acuerdos de privatización del gas se intensificó en 2003 mediante un alzamiento popular que derrocó al presidente Sánchez de Losada y exigió la nacionalización del gas y el petróleo. En 2004, el 80% del electorado aprobó un referéndum en el que se pedía el aumento de los impuestos y las regalías y el control estatal de los recursos energéticos. A diferencia de Venezuela, Evo Morales se halla ante una fuerte presión interna por parte de sindicatos y organizaciones de masas para que lleve a cabo sus promesas electorales. Los programas de reforma socioeconómica, la estabilidad política y la legitimidad del gobierno de Evo Morales dependen de la posibilidad de conseguir ingresos fiscales adicionales de las compañías transnacionales. Teniendo en cuenta que heredó un déficit presupuestario muy importante y una deuda exterior sustancial (que se considera obligado a pagar) y que esta sujeto a un programa de austeridad del estilo de los del FMI, su única solución consiste en conseguir más ingresos por el petróleo y el gas. Pero el aspecto más importante, teniendo en cuenta que Evo Morales fue elegido para 'traer dignidad al pueblo indio', no puede ignorar la arrogancia con la que las compañías petroleras y de gas recibieron sus propuestas iniciales de negociar nuevos tipos de impuestos y nuevas empresas mixtas. Con el respaldo financiero y político de Venezuela, Morales decretó la nacionalización como táctica de presión para forzar a las compañías a negociar. Del mismo modo que el presidente Chávez radicalizó sus políticas socioeconómicas a raíz del golpe militar apoyado por EEUU y del lockout de los altos ejecutivos de la industria petrolera, Evo Morales ha radicalizado sus tácticas para conseguir concesiones económicas y llegar en situación de fuerza a las negociaciones con las transnacionales de la energía. El objetivo del presidente Morales es negociar de buena fe y garantizar algún tipo de reparto de beneficios y de incremento fiscal. La intransigencia continuada de las compañías de la energía y una política de 'todo o nada' podría radicalizar la base electoral de su gobierno. 'Los que hacen imposibles las reformas, hacen inevitables las revoluciones.' Por supuesto, Bolivia bajo Morales está muy lejos de adoptar un programa revolucionario anticapitalista. Incluso el incremento fiscal de hasta el 82% es una medida transitoria que habrá de negociarse. Sin embargo, ha demostrado su buena disposición a movilizar el Estado y ampliar su influencia sobre las operaciones de las grandes empresas, a la vez que ha dejado claro que los actuales contratos de hidrocarburos son inconstitucionales. A mediados de mayo, las principales compañías de gas y petróleo seguían sin caer en la cuenta de que tienen más que ganar de la negociación con el gobierno de Evo Morales que de la excitación de los movimientos sociales. Como máximo, las negociaciones probablemente desembocarán en un incremento de impuestos y regalías de en torno al 50%. El precio de venta del gas se incrementará modestamente, y se firmará algún tipo de acuerdos de gestión conjunta Estado-sector privado, a la vez que los líderes políticos de Brasil y la UE podrían pasar de una etapa de enfrentamiento a una de negociaciones y cooptación. En cambio, la propuesta de Morales de favorecer la creación de empresas mixtas y establecer una economía también mixta debe hacer frente a presiones del FMI, de Pedro Solbes, ministro español de Hacienda, y de Celso Amorin, ministro brasileño de Asuntos Exteriores, de pagar las acciones al precio de mercado, lo que podría llevar a la bancarrota del Estado. Las amenazas judiciales y de ruptura diplomática siguen utilizándose a fin de limitar un controlo estatal efectivo de las empresas de gas. Entretanto, Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, y Lula da Silva, presidente de Brasil, tienen el papel de policía bueno y confían en las negociaciones, las presiones interiores y las ayudas estatales para rebajar aún más las reformas de Morales.
Sea cual sea el acuerdo general, la clave estará en los detalles. Más concretamente en los procedimientos operativos específicos, el control de la información, la producción y los procesos de comercialización, donde cabe esperar que los ejecutivos titulares hagan todo lo que esté en su mano para socavar un control efectivo por parte del Estado boliviano. Al tiempo que las polaridades políticas y económicas a escala internacional se intensifican, en el interior de Estados Unidos se está larvando una crisis. La debacle militar en Irak ha dejado sólo dos opciones: por una parte, una retirada que permita reconstituir el poder imperial y, por otra parte, planes para una guerra aérea contra Irán, a fin de reivindicar el poder imperial. Existe una coalición liderada por las principales organizaciones pro Israel, los militaristas civiles del Pentágono, la mayor parte de los medios de comunicación y una minoría de la opinión pública, que apoya un ataque militar. Se oponen a esta opción un gran porcentaje de altos oficiales retirados, los líderes de la industria petrolera, la mayor parte de las organizaciones cristianas y musulmanas y una mayoría del pueblo estadounidense.
Las múltiples guerras de Oriente Próximo y Asia Septentrional y el creciente descontento interno por los costes de la guerra han debilitado sustancialmente la capacidad de Estados Unidos de meterse de lleno en una intervención a gran escala en América Latina. En cambio, está obligado a confiar en sus regímenes clientes latinoamericanos y sus aliados europeos para aislar y debilitar a los presidentes nacionalistas Chávez y Morales, y para contener la creciente oposición popular y electoral en México, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. El problema de Washington es que, actualmente, sus presidentes-clientes latinoamericanos están en posición de debilidad o bien a punto de dejar la presidencia. A finales de 2006, casi todos los más serviles presidentes-clientes de Washington habrán abandonado su cargo. En algunos casos, serán reemplazados por clones políticos, pero en otros los nuevos líderes electos pueden resultar menos dados a provocar conflictos con sus vecinos nacionalistas.
Contrariamente a la euforia de la izquierda estadounidense y europea occidental, los nuevos gobiernos nacionalistas y Cuba se hallan ante graves retos internos provenientes de sus propias poblaciones. Aunque han conseguido enfrentar con éxito las presiones imperialistas e incrementar sus ingresos fiscales provenientes de los capitales extranjeros, han descuidado llevar a cabo reformas sociales de máxima urgencia para sus seguidores. Tanto Venezuela como Cuba, a pesar de las promesas gubernamentales, se retrasan en cubrir los enormes déficit de alojamiento y transporte, y sus esfuerzos por diversificar sus economías son muy insuficientes, en particular en la agroindustria (transformación del azúcar en etano, y producción de alimentos en Cuba; carne, aves, pescado y cereales en Venezuela), la manufactura (en particular armas, bienes duraderos, tecnología de la información y electrónica) y el procesado de minerales. Además, en Venezuela hay importantes sectores, quizás el 50% de la fuerza de trabajo, que tienen un acceso mejorado a los servicios sociales gratuitos, pero que están empleados en el sector informal, de salarios muy bajos. En Bolivia, Morales ha anunciado un programa de reforma agraria basado en la expropiación de tierras subutilizadas, que excluirá las grandes propiedades agroindustriales, productivas y provechosas, de los fértiles llanos de Santa Cruz. En cambio, se propone distribuir tierras estatales menos fértiles y alejadas de los mercados y las carreteras. La clave del éxito de esta reforma agraria dependerá del método de llevar a la práctica y de adjudicación, así como de la disponibilidad de crédito y asistencia técnica. Además, las políticas salariales y de ingresos de Morales son sólo marginalmente mejores que las de sus predecesores liberales: los incrementos salariales de los maestros y otros trabajadores del sector público están por debajo del 5% de crecimiento real por encima de la inflación. Su promesa de doblar el salario mínimo de 50 a 100 dólares al mes ha sido reemplazada por un incremento de sólo 6 dólares. En otras palabras, si la polaridad internacional no cuenta con el respaldo de políticas internas redistributivas que afecten a la riqueza y las propiedades de los más ricos, tanto en Venezuela como en Bolivia, sectores populares estratégicamente importantes, necesarios para dar sostén en caso de confrontación internacional, podrían desvincularse. Algunos gestos internacionales grandilocuentes, la solidaridad humanitaria y las políticas antiimperialistas no pueden sustituir la profundización de los cambios estructurales internos y satisfacer las demandas interiores esenciales en materia de alojamiento, empleo y mejores salarios.
Polaridad y crisis social y regional en Bolivia
Si, como venimos afirmando, la polaridad emergente en América Latina se produce entre los regímenes neoliberales centrados en el imperio y los regímenes populistas, nacionalistas y reformistas, se sigue que la resolución exitosa de este conflicto depende en parte de las premisas de los estrategas reformistas y su creencia de que las reformas socioeconómicas son compatibles con el desarrollo capitalista nacional. En el caso del presidente Morales, puede decirse que su estrategia política electoral y programática dictaba su análisis político y socioeconómico. Las políticas reformistas de Morales se basan en algunas premisas dudosas: en primer lugar, la creencia de que el capital productivo puede separarse del capital improductivo, y por consiguiente que una reforma agraria limitada a las tierras no explotadas o a las 'tierras sin una función socioeconómica' no va a generar la oposición de las élites y va a ser compatible con una coalición electoral interclasista. Esta premisa ha demostrado ser incorrecta: los grandes terratenientes productivos se oponen con toda firmeza a la reforma agraria y cuentan con el apoyo de las élites de negocios y bancarias, especialmente en Santa Cruz, porque tienen diversos holdings de inversión transectoriales, que incluyen bancos, industria, tierra productiva destinada a la exportación y tierra improductiva mantenida con fines de especulación.
La segunda falsa premisa de su estrategia consiste en un diagnóstico erróneo de la dicotomía entre capital extranjero y capital nacional. El presidente Morales que mediante la nacionalización, o más concretamente la conversión de las compañías extranjeras de la energía en empresas de propiedad conjunta pública y privada, podrá financiar el desarrollo capitalista nacional y con ello ganar su apoyo. Este análisis subestima radicalmente los vínculos económicos y políticos entre las grandes y medianas empresas y las empresas de propiedad extranjera. Muchas firmas bolivianas son suministradoras, subcontratistas e importadoras que dependen de los mercados, el crédito y la financiación extranjeros provenientes de las empresas transnacionales y de los gobiernos extranjeros. No es sorprendente que tanto la oposición política en el Congreso como los principales grupos de negocios bolivianos se hayan opuesto a las reformas de Morales, aun cuando sean sus futuros beneficiarios.
La tercera falsa premisa de la estrategia reformista-nacionalista de Morales es la idea de que los gobiernos considerados de centro-izquierda de Brasil, Argentina y España van a estar dispuestos a negociar y aceptar modificaciones de los contratos de explotación de sus multinacionales y aceptarán unos aumentos modestos de los precios de compra del gas. Morales sobrestima la efectividad de su diplomacia personal y su afinidad ideológica con Lula da Silva, Kirchner y Rodríguez Zapatero, y subestima completamente sus poderosos y duraderos vínculos con sus respectivas empresas transnacionales. Como resultado, el gobierno de Lula ha rechazado todas las propuestas de Morales, entre otras su oferta de negociar un incremento de dos dólares en el precio del gas, y más aún su propuesta de crear una empresa mixta con Petrobras. Del mismo modo, el gobierno de Kirchner ha pospuesto varias reuniones en las que se debía discutir un aumento similar del precio del gas, y su representante no ha fijado una nueva fecha, ni siquiera para discutir la propuesta. Rodríguez Zapatero, con el apoyo del FMI, ha insistido en que se compense total y rápidamente a las empresas españolas (REPSOL y BBVA), tarea imposible teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias bolivianas.
Es realmente irónico que mientras que los presidentes de centro-izquierda (Kirchner, Lula da Silva y Rodríguez Zapatero) rechazan la propuesta de Morales de incrementar los ingresos fiscales a costa de sus transnacionales, el reaccionario Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para aumentar la parte del gobierno de EEUU en los beneficios petroleros hasta 20.000 millones de dólares (Financial Times, 20-21.5.2006, p. 3). Además, mientras que EEUU paga seis dólares por mil metros cúbicos de gas, Lula y Kirchner han puesto objeciones al aumento del precio hasta cinco dólares por mil metros cúbicos. Con amigos del pueblo boliviano como éstos, ¿quién necesita imperialistas explotadores del país más pobre de América del Sur?
En resumen, todos los supuestos políticos de Morales se basan en datos imaginarios que no corresponden a las realidades económicas y políticas en las que se proyectan. La falta de análisis empíricos serios de las realidades estructurales ha dado como resultado la imposición de una estrategia electoral basada en alianzas interclasistas, en un mundo polarizado por el imperio y los conflictos de clase. La ideología reformista de Morales ha creado una visión ilusoria del mundo político, en el que se ve capaz de unir a capitalistas productivos, gobiernos amigos de centro-izquierda, trabajadores y campesinos frente a terratenientes improductivos y transnacionales corruptas, en busca de una economía mixta, un presupuesto equilibrado y mayores reformas sociales.
El actual impasse en que se halla Morales, impuesto por sus involuntarios socios, plantea un serio dilema a su gobierno y a sus aliados internacionales Venezuela y Cuba: si el programa reformista no es viable, ¿debería diluir aún más su programa nacionalista y mantener el aspecto de un gobierno de progreso, o bien debería radicalizar su programa y recabar el apoyo de sus aliados internacionales en una confrontación continental más acentuada?
Opinión:
LA REFORMA AGRARIA ASUSTA A LA OLIGARQUÍA BOLIVIANA
Rebelión (www.rebelion.org)
Las medidas impulsadas por el Gobierno de Morales para “recuperar” las tierras improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad sean fraudulentos, han provocado la alarma entre los grandes terratenientes.
“No lo vamos a permitir. No es posible que décadas de tradición familiar y sacrificio sean víctimas de un acto político”. Con estas palabras al periódico boliviano La Nación, Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que representa a los empresarios agropecuarios de Santa Cruz, expresaba el temor de los terratenientes de la región donde se extienden la mayor parte de los latifundios del país. Las medidas anunciadas por el Gobierno boliviano, que para muchos son consideradas como una reforma agraria, pretenden recuperar las tierras que sean improductivas, que no cumplan una función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos fraudulentamente.
La situación actual de la tierra en Bolivia viene de atrás. Tras la Reforma Agraria de 1953, en el occidente del país las tierras se repartieron entre los campesinos en forma de minifundios, que se iban dividiendo en sucesivas herencias. La distribución de tierras, ya de partida fue injusta, porque “en aquel momento los lotes de tierras que proporcionaron a los campesinos fueron muy pequeños y más si tenemos en cuenta que luego se los tenían que repartir entre los descendientes”, apunta Moisés Torres, presidente del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, y añade: “Mi abuelo recibió cinco hectáreas que tuvo que repartir entre ocho hijos. Cada hijo tuvo que repartir de nuevo entre sus cinco hijos. El resultado es que aquellas cinco hectáreas que recibió mi abuelo se tienen que repartir entre casi 40 familias herederas. ¿Qué tierra se puede cultivar en esas condiciones?”.
Mientras, en el oriente, se mantuvieron los grandes latifundios con los que posteriores gobernantes ‘pagaron’ los favores políticos de sus partidarios. Gran parte de los empresarios surgidos en esta región actualmente poseen un enorme poder económico. Hoy, las empresas agrícolas del oriente controlan el 90% de la tierra productiva, pero no siempre sus propietarios las emplean con fines agrícolas. Mauricio Roca, reivindica que “en el occidente no entienden que en el oriente se asegura la alimentación del país y que los productores agropecuarios aportamos el 14% del PBI. Eso debería ser apoyado, no destruido” y añadió “en el oriente no hay, en general, tierras que estén sin uso”.
Según un informe del año 2003 elaborado por el Ministerio de Agricultura “más del 95% de los latifundios no son trabajados agrícolamente y se encuentran en manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente” o bien se emplean como avales bancarios. Para resolver esta situación, en 1996 se aprueba la ley INRA con el fin de otorgar a las comunidades indígenas las llamadas tierras comunitarias de origen y anular aquellos títulos de propiedad ‘regalados’ por favores políticos. Después de diez años, la ley apenas se puso en práctica. “A esta ley le faltó voluntad política para aplicarse, pero ahora esperamos una decisión firme apegada a la norma” señala Miguel Urioste, presidente de la ONG Fundación Tierra. Hoy día, un millón de campesinos no tienen tierra, no existe un apoyo técnico a los minifundios y se mantiene la pobreza de la mayor parte de los bolivianos. Al comenzar su mandato, Morales indicó que promovería una justa distribución de la tierra para combatir a “aquellos propietarios que poseen una vaca para pastar en 50.000 hectáreas”. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, acaba de anunciar medidas que son una “ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria” para redistribuir entre 11 y 14 millones de hectáreas de tierra (más del 10% de las tierras de Bolivia) a grupos indígenas y campesinos. El viceministro explicó en el diario argentino Clarín que es una “medida que no sólo fue prometida durante la campaña electoral, sino que es resultado de 15 años de movilizaciones sociales de grupos indígenas y campesinos”. La reforma agraria de 1953 “distribuyó tierras de manera individual y en condiciones de libre disponibilidad, pero ahora estamos trabajando en un reparto colectivo, preservándolo de futuros procesos de reconcentración de tierras y fortaleciendo su desarrollo productivo”.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tan sólo 100 familias en Bolivia poseen 25 millones de hectáreas, mientras dos millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de hectáreas.
Opinión:
BOLIVIA: EL CIADI Y LOS TRIBUNALES ARBITRALES INTERNACIONALES
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
El Tribunal Constitucional (TC), con la neutralidad del vicepresidente Alvaro García Linera, a través de la sentencia 0031/2006 del 10 de mayo de 2006, declaró constitucionales las Leyes 1132, 1593, 1594, 1586, 1535, 1897 y 2360 que ratifican Convenios y Tratados Bilaterales de Inversiones firmados por Bolivia con Argentina, Reino Unido, Países Bajos, Francia, España y Estados Unidos. Con esta decisión del TC, se quiere asegurar el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva en el caso de una eventual nacionalización o expropiación en Bolivia, y que cualquier solución de controversias entre los inversionistas extranjeros y el Estado boliviano, sea dirimida ante tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que tiene su sede en Washington.
Estos acuerdos denominados de 'promoción y protección de inversiones', fueron ratificados por Bolivia durante las presidencias de Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez. El CIADI, dependiente del Banco Mundial, es un tribunal que fue creado para proteger a las corporaciones transnacionales de las cortes locales de justicia, y mantiene vínculos muy estrechos con el Banco Mundial, puesto que todos los miembros del CIADI son a la vez sus miembros, además de que su Consejo Administrativo es dirigido por el Presidente de dicha institución (1).
El 8 de diciembre de 2005, el ex diputado Wilson Magne, con el apoyo de diversas instituciones, organizaciones sociales y sindicales – Coordinadora Nacional del Agua, Coordinadora Nacional por la Defensa de los Servicios Básicos, el Agua y la Vida, FEDJUVE de El Alto, FEDJUVE La Paz, ASICASUR, CIOEX, Confederación Sindical de Trabajadores en Salud, Gremiales de Bolivia, SEMAPA, CODERIP, Federación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de Camiri - demandaron la inconstitucionalidad de las leyes que ratifican estos acuerdos de promoción y protección de inversiones. Los argumentos principales de la inconstitucionalidad de estas leyes según el recurso presentado, fueron la infracción de los artículos 135, 116 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE). El art. 135 de la CPE dispone que 'todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se consideran nacionales y están sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República'. El art. 116 de la CPE señala que 'el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores, tribunales y jueces de instancia y tribunales y juzgados que establece la ley, sin que puedan establecerse tribunales o juzgados de excepción'. El artículo 228 de la CPE prescribe: ' La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones'.
En la tramitación de este recurso constitucional, el TC notificó al Vicepresidente en ejercicio, Alvaro García Linera, el día 1 de febrero de 2006, para que en su calidad de Presidente del Congreso Nacional, funde sus alegatos. García Linera no se allanó, ni rechazó el recurso; tampoco solicitó – como es usual en la práctica judicial – la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las leyes impugnadas. Por el contrario, argumentó una novedosa 'duda razonable' en los siguientes términos: si bien reconoce la existencia del art. 135 de la CPE declara que 'tanto la Ley 1593, de 12 de agosto de 1994, ratificatoria de la Adhesión de Bolivia al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, como las Leyes de ratificación de los Tratados Bilaterales de Inversiones suscritos con Argentina, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Reino de los Países Bajos, Estados Unidos y España, han sido aprobadas con el objeto de proteger la inversión extrajera, entendiendo que esta protección radica en que la exportación de capital a los países en desarrollo exige normalmente el cumplimiento de ciertos requisitos. A los beneficios esperados, representados por la tasa interna de retorno pretendida, y cierta estabilidad política y económica mínima, se suma la necesidad de garantizar la estabilidad y seguridad jurídicas, es decir, que las reglas existentes al tiempo de la inversión serán mantenidas y que ellas no serán afectadas por medidas confiscatorias o arbitrarias… Respecto de los argumentos expuestos por el recurrente, menciona los arts. 1 y 25 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, pues el art. 1 establece la creación del CIADI, y el art. 25, la jurisdicción del mismo, en sentido que los Estados contratantes que lo hayan asentido por escrito, resolverán allí sus diferencias jurídicas. El CIADI constituye un órgano del Banco Mundial, una entidad internacional, y es el encargado de resolver las controversias que surjan entre los inversores extranjeros y el Estado, dejando de lado a las autoridades nacionales'(2).
El argumento más importante en el fallo del TC es la aplicación del 'pacta sunt servanda' del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual 'una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado'. Sin embargo, la CPE tiene una jerarquía normativa superior en el ordenamiento jurídico boliviano, según su art. 228, por lo que cualquier norma jurídica que infrinja la CPE debería ser declarada inconstitucional por el órgano de control constitucional.
Tampoco el TC observó en sus conclusiones otros tratados internacionales que forman parte de la legislación boliviana; y otros fundamentos en el examen de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la CPE:
1º) La Novena Conferencia Panamericana (Bogotá 1948) consagró la doctrina Calvo en el ámbito regional con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuyo artículo 16 dice: 'La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros'(3). Esta doctrina se encuentra recogida en el art. 135 de la CPE de 1967. En la misma Conferencia se aprobó el Pacto de Bogotá, en cuyo artículo 7 se lee: 'Las Partes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales nacionales competentes del Estado respectivo'(4).
2º) Según el artículo 46 de la Convención de Viena puede ser causa de nulidad de un Tratado si ha sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebró el Tratado. El artículo 53 de la Convención, dice: 'Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter'(5).
El doctor en derecho y ciencias sociales uruguayo, Ramiro Chimuris Sosa, sostiene que desde un análisis integrado de los artículos 46 y 53 sería causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución del Estado y en las principales normas del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros el derecho de defensa, el orden público de los estados. También sería causa de nulidad la renuncia al ejercicio de algún otro precepto interno fundamental, como el examen por los tribunales nacionales de la conformidad de una ley o tratado con la Constitución. Esto ocurriría cuando se confiere a tribunales arbitrales la solución de controversias entre las partes, pues en tales controversias pueden estar implicadas cláusulas constitucionales (6).
STIGLITZ ELOGIA NACIONALIZACIÓN BOLIVIANA
RESPALDA A EVO • Premio Nobel de Economía comparó dicho proceso con la recuperación de un bien robado • Afirma que era necesaria porque la legislación anterior era inconveniente para el país altiplánico.
La República de Perú (www.larepublica.com.pe)
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz respaldó la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia y la comparó con la recuperación de un bien que fue robado.
El economista norteamericano señaló que la medida del gobierno boliviano era necesaria porque la legislación anterior en la materia era inconveniente para el país.
Agregó reiteradamente que la nacionalización, decretada el 1 de mayo, se justifica porque Bolivia necesita una retribución justa por sus recursos naturales, que no lo recibía en la situación anterior.
Citó discusiones sobre el carácter de nacionalización del decreto boliviano, y señaló que si a uno le roban una pintura y después la recupera, no está nacionalizándola, sino restituyendo su patrimonio. Explicó que el gobierno no les quitó propiedad ni derecho alguno a las empresas, pues los contratos que las cobijaban no eran legales, en vista de no haber sido aprobados por el Congreso.
Stiglitz señaló que el modelo económico (neoliberal) anterior fracasó, pese a que Bolivia fue uno de los mejores alumnos del esquema dictado por el Consenso de Washington.
Añadió que el país altiplánico aplicó todas las recomendaciones, sufrió todos los dolores de esas medidas, pero no recibió ningún beneficio, por lo que consideró necesario cambiar el modelo económico.
El dato
SOBRE EL FMI. Joseph Stiglitz afirma que la crisis del FMI se expresa en el fracaso de sus políticas en diversas regiones del mundo.
EN LA PAZ, UNA FERIA CON 'CHOMPAS' PARA EL TRÓPICO
The Wall Street Journal de Estados Unidos (www.http://online.wsj.com/public/article)
Por José de Córdoba
Aunque el presidente venezolano Hugo Chávez se comprometió a invertir US$1.500 millones en el nacionalizado sector del gas en Bolivia la semana pasada, los participantes en una feria comercial financiada por Venezuela promocionaban al mismo tiempo el microcomercio entre Venezuela, Bolivia y Cuba como una manera de desafiar a Estados Unidos y de fomentar la integración regional.
La inversión en energía incluye acuerdos para construir dos plantas de procesamiento y exploración de gas natural junto con la resucitada compañía nacional de energía boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o YPFB. El anuncio marca el intento más ambicioso y costoso de Chávez para aumentar su influencia política en América Latina.
Chávez está muy atento a las reservas de gas de Bolivia, las mayores de Sudamérica después de las de Venezuela. Pero la feria de comercio respaldada por Venezuela muestra que ninguna arena es demasiada pequeña para la guerra ideológica que Chávez está librando a favor de su pomposamente denominada Alternativa Bolivariana para la América, o ALBA.
La ALBA, suscrita por Chávez, Fidel Castro y el nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, es una especie de alternativa socialista a la propuesta de EE.UU. para una zona de libre comercio en todo el hemisferio. La feria comercial mostraba la semana pasada en qué se ha convertido la ALBA hasta el momento: una fuerte dosis de ideología mezclada con un poco de negocio.
"Hemos venido, en cooperación y solidaridad, para acercarnos al pueblo hermano de Bolivia, del cual estábamos distanciados", dijo Ramón Aguirre, representante de Invepal, un fabricante venezolano de cuadernos escolares. Es una de las casi 60 compañías bolivianas y venezolanas que armaron un puesto en la feria. En el pasado una compañía privada, Invepal fue expropiada por el gobierno venezolano después de que quebrara en 2004, dice Aguirre. Ahora el gobierno de Venezuela posee el 51% de la empresa, mientras que los trabajadores que la administran poseen el 49%. Invepal se jacta de ser la primera papelera venezolana endógena (endógeno es el término que Chávez usa para el desarrollo económico nacional el cual evita en todo lo posible el comercio mundial y las prácticas de negocios tradicionales). En esencia, al gobernante venezolano le gustaría que los países de la ALBA comercien principalmente entre ellos, con la excepción del petróleo y el gas, los cuales Venezuela vende en el mercado mundial.
Algunos principios básicos del comercio de la ALBA aún están por establecerse. Cuando los empresarios bolivianos preguntaron a Aguirre sobre los precios del papel fabricado en Venezuela, él todavía no los sabía. "No tenemos algo concreto en ese aspecto", dijo. En la parte posterior de su caseta, había un cartel de Chávez, rodeando con el brazo a Morales, mientras que en el fondo un Castro sonriente los miraba con aprobación.
Mientras tanto, las mujeres indígenas bolivianas, con sus sombreros tradicionales, se reunían con representantes comerciales cubanos y empresarios venezolanos. Éstos las animaban a vender en Cuba y Venezuela chompas de alpaca y chales bordados, aunque ninguno de estos países tiene un clima frío. Otras casetas ofrecían vino boliviano, vitaminas hechas con soja, tapices de vicuña con escenas andinas, café y quinua, un cereal que se cultiva desde los tiempos de los incas, pero que es prácticamente desconocido fuera de la región.
Rina Zeballos, presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Kollasuyo, una cooperativa de tejedoras con 1.200 miembros, explicó que "estamos produciendo estas mantas, pero no tenemos mercado". Sin embargo, Zeballos tiene esperanzas. Había hablado con sus contrapartes cubanas y venezolanas, quienes le dijeron que enviara un catálogo. "Quizás este sea el comienzo de nuestras exportaciones a otros países", decía. Las naciones sudamericanas deberían juntarse con las naciones centroamericanas y las 500 tribus indígenas de América del Norte para "desarrollar nuestras economías", afirmaba. Al final, el viceministro boliviano de Comercio y Exportaciones, Gustavo Barbery, declaró que la feria había sido un éxito enorme, ya que se discutieron posibles acuerdos de negocios valorizados en unos US$12 millones.
HUGO CHÁVEZ: EL FACTOR DE LA DISCORDIA
Mientras Ollanta Humala se distancia del Mandatario venezolano, Evo Morales desestima los reparos formulados por la oposición.
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
En entredicho se encuentran el candidato a la presidencia de Perú, Ollanta Humala, y el Mandatario boliviano, Evo Morales, debido a la estrecha amistad que mantienen con el Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, quien por estos días es foco de duras críticas debido a sus reiteradas intromisiones en asuntos internos de ambas naciones.
distanciamiento
En este sentido, Humala decidió desmarcarse de las reciente calificaciones expresadas por Chávez en contra de Alan García, a quien llamó "bandido", "irresponsable" y "vagabundo".
"El pueblo peruano conoce las características del Presidente de Venezuela por lo cual es irrelevante lo que diga", afirmó ayer Humala en un intento por calmar las fuertes críticas de distintos sectores políticos y, sobre todo, de la prensa local peruana.
"Los nacionalistas no nos sujetamos a ningún interés foráneo'', agregó el candidato, quien ante esta situación se mostrado durante las últimas semanas cada vez más distanciado de Chávez y del Mandatario altiplánico, Evo Morales, ambos con un marcado rechazo por parte del pueblo peruano según recientes encuestas.
Al ser interrogado por periodistas si cree que Chávez debe dejar de entrometerse en asuntos internos, Humala explicó que "por supuesto, el proceso electoral es del pueblo peruano y es mi pedido a todos los países a que no interfieran en el proceso que se está llevando a cabo en Perú, y obviamente, eso incluye a Venezuela".
Asimismo, formuló el mismo llamado al Gobierno de Estados Unidos, precisando que "también está de alguna manera interfiriendo en el proceso electoral, a través de su embajada'' en Lima.
''En mi caso, no hay injerencia ni intervención de ningún otro país", aclaró, al tiempo de llamar "sinvergüenza'' a García por querer investigar el financiamiento de su campaña.
"es indignante y vergonzoso"
Por otra parte, el Presidente boliviano, Evo Morales, fue ayer blanco de duras críticas de parte de dirigentes opositores que cuestionaron la supuesta injerencia de Hugo Chávez en asuntos internos de este país y la tolerancia del Mandatario altiplánico ante esta situación.
"Es indignante y vergonzoso con el país y poco digno con la figura del propio Presidente, a quien se ha visto como si fuera ayudante de Chávez'', comentó el senador Óscar Ortíz, miembro del partido Podemos, principal fuerza de opositora.
Sus comentarios se refirieron a la participación de Morales en el programa "Aló Presidente'' que el mandatario venezolano transmitió el domingo desde la localidad arqueológica de Tiwanacu, a 65 kilómetros al oeste de La Paz, con la que finalizó su visita de tres días a Bolivia.
Allí, Chávez opinó que la Asamblea Constituyente que se instalará en Bolivia a partir de agosto, debería prohibir la privatización en el futuro de los hidrocarburos y los servicios públicos, como el agua.
Además, expresó que "ustedes están todavía bajo el régimen antiguo. El régimen viejo encadena a Evo'', agregando que "no se trata de hacer cualquier constitución, debe ser una constitución como ustedes la tienen concebida''.
La gota que rebasó el vaso
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, visitó Bolivia el fin de semana pasado con el objeto de concretar un amplio programa de apoyo financiero y técnico en diversas áreas, y para participar del lanzamiento de la campaña electoral del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en la zona cocalera del centro de Bolivia.
En este contexto, durante su visita manifestó que "el sistema político (boliviano) colapsó y es necesario crear una nueva democracia''.
Sus palabras no pasaron inadvertidas para la oposición, pero fue el propio Evo Morales quien rechazó las críticas al precisar que "no hay intromisión, sino cooperación de Venezuela y Cuba", llamando además "llok'allas (sirvientes) de los Estados Unidos'' a los opositores que hablan de injerencia.
BOLIVIA AMENAZA CON NO VENDER GAS 'NUNCA MÁS' A BRASIL Y ARGENTINA
Fueron las palabras del Titular de hidrocarburos de Bolivia, Soliz Rada, ante la negativa de ambos países para negociar un precio mayor por el gas boliviano.
ADN Mundo de Argentina (www.adnmundo.com)
Las negociaciones entre Bolivia y Argentina para la fijación de nuevo precio del gas avanzaron muy poco, mientras que las charlas con Brasil están prácticamente congeladas. Bolivia ya no quiere vender gas a los argentinos a precios solidarios y ha declarado que "nunca más" venderá gas puro a Brasil.
Argentina se resiste a pagar más que el precio solidario acordado con el gobierno del ex Presidente Carlos Mesa. Por esa razón, el Ministro argentino de Planificación Julio De Vido suspendió su viaje a La Paz en tres oportunidades. El Titular de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, informó que hoy se reunirán la Presidenta chilena Michelle Bachelet con De Vido en Santiago de Chile. "Probablemente los argentinos tendrán nuevos elementos de juicio para nuestra negociación luego de esa reunión", dijo la autoridad. Se conoce que Chile concreta la compra de gas de Indonesia a siete dólares. Ese monto será utilizado como una referencia para el gobierno boliviano en las negociaciones que emprenderá con Argentina.
Bolivia vende a Argentina 5.5 millones de metros cúbicos de gas, mientras que Argentina vende a Chile 20 millones de metros cúbicos diarios. El presidente de YPFB Jorge Alvarado confirmó que Argentina vende gas boliviano a Chile. "El gas boliviano va a Salta (provincia argentina) y desde ahí sale por uno de los gasoductos a Chile", dijo Soliz Rada.
Por otro lado, tampoco se avanzó nada aún en las negociaciones sobre el precio del gas entre Bolivia y Brasil, confirmó Solíz Rada. Se conformaron cuatro comisiones de trabajo el pasado 10 de mayo, pero las negociaciones están "congeladas". Las autoridades del vecino país habrían expresado su absoluto respeto al pólemico Decreto Supremo 28701 de nacionalización de hidrocarburos.
GOBIERNO CONDECORA A EMBAJADOR ALFREDO SEOANE
"PARAGUAY Y BOLIVIA NO PUEDEN SOBREVIVIR NI VIVIR SEPARADOS"
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Paraguay propone a Bolivia mantener una unión estratégica "para contrarrestar el poderío económico del mundo que normalmente no tiene en cuenta la problemática de los pueblos, sino sus propios intereses", manifestó la canciller Leila Rachid. Fue durante la ceremonia de condecoración del embajador boliviano Alfredo Seoane, por término de misión en nuestro país.
"Para el Paraguay, el relacionamiento con Bolivia supone una cuestión sustancial y estratégica. Paraguay y Bolivia, en esta época, ya no pueden sobrevivir ni vivir separados; tienen desafíos históricos impostergables que sus pueblos les imponen. Ellos nos impelen a trabajar mancomunadamente a fin de enfrentar esos retos y ofrecer a nuestra gente las respuestas que sus planteamientos requieren en pro de su bienestar y desarrollo", agregó la ministra.
Rachid instó a los bolivianos a articular políticas económicas y de comunicación para permitir que fluya un mercado potencial que pudiera tener enorme impacto en la vida cotidiana de nuestros pueblos, "que buscan afanosamente una redención social". La canciller se refirió en estos términos porque Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de Sudamérica que no tienen litoral marítimo y porque se enfrentaron en una guerra entre los años 1932-35.
Ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno paraguayo, la ministra calificó la firma del acuerdo de cooperación energética entre Paraguay, Bolivia y Uruguay como "un ejemplo de sabiduría que establece la hoja de ruta hacia una real integración de nuestros pueblos, que servirá de instrumento de desarrollo compartido". Agradeció también al presidente de Bolivia Evo Morales por visitar nuestro país el 19 de abril pasado, en ocasión de la reunión para la suscripción del acuerdo energético.
NUEVO EMBAJADOR
Seoane ha concluido su misión en Paraguay luego de dos años y cuatro meses. Será reemplazado por el diplomático de carrera Marco Antonio Vidaurre Noriega (55 años), quien, según referencias, conoce nuestro país porque ya ejerció un cargo consular en Asunción.
PROVISION PODRIA REINICIARSE RECIEN EN OCHO MESES
BOLIVIA SEGUIRÁ SIN VENDER GAS DE USO DOMÉSTICO A NUESTRO PAÍS
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Bolivia por ahora seguirá sin vender gas licuado de uso doméstico a nuestro país, aunque existe una promesa de suministro para dentro de ocho meses, explicó anoche el titular de Petropar, Alejandro Takahasi, en el marco de un ciclo de charlas impulsado por Cerneco.
El presidente de la petrolera estatal había viajado recientemente a Bolivia en busca de un acuerdo energético sobre gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, ante la crisis generada recientemente en nuestro país, en relación a este combustible.
La noticia de que Bolivia no venderá gas al Paraguay acentúa la preocupación en este rubro, más aun en este momento en que está a punto de definirse un nuevo aumento en los precios al público de este combustible, así como el eventual desabastecimiento de parte de la Argentina, que así las cosas, seguirá siendo nuestra única proveedora.
No obstante, Takahasi calificó "de positivo" el viaje, considerando que el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, "abrió las puertas para un entendimiento comercial en otros rubros". Añadió que próximamente será rubricado un acuerdo energético, el 9 de junio, para el petróleo crudo y la nafta virgen.
"YPFB posibilitará un acuerdo con respecto a la provisión de petróleo crudo, que no estaba previsto en la agenda, así como el suministro de nafta virgen, atendiendo a que tienen excedentes", explicó.
El problema para que Bolivia no pueda comercializar gas a nuestro país, según explicó Takahasi, se debe a que el vecino país, internamente está con mucha escasez, y además se encuentran trabajando en la ampliación de una planta extractora de líquido de gas natural, de la que se podrán obtener gas licuado de petróleo, parte de la producción que se pretende vender al Paraguay.
Añadió también que Alvarado se comprometió con nuestro país para que en el mediano plazo, en aproximadamente unos 8 meses, sí puedan contar con una producción sostenible del gas, para la comercialización externa.
El titular de Petropar resaltó que luego de la firma del acuerdo energético con Bolivia, sobre crudo y nafta virgen, existe el compromiso de la provisión de gas como producto terminado, y también la posibilidad de concretar el procesamiento del GLP en la refinería de la estatal. Consultado si la negativa inmediata de Bolivia para el suministro del gas podría acentuar una nueva crisis que se avecina en este rubro, dijo que ello no ocurrirá porque la estatal también comprará de la Argentina y podrá contar con una reserva estratégica de gas.
"PRESENTE Y FUTURO DE PETROPAR"
En cuanto al "Presente y Futuro de Petropar", que fue el tema central de la disertación en Cerneco, el titular del ente esbozó cinco líneas estratégicas para la entidad.
La primera es dar respuesta práctica y positiva de parte del Poder Ejecutivo al segmento social más necesitado del país, que consume nafta, ante la crisis mundial del petróleo y la situación económica del país. El segundo punto es entrar a competir libremente en el mercado con el sector privado en la distribución de combustibles líquidos y gas en el país, como una competencia reguladora del mercado.
También pretenden fortalecer la presencia de la petrolera estatal en la comercialización del GLP, aprovechando al máximo la capacidad de sus instalaciones y definiendo una política nacional de resguardo de una reserva de seguridad de gas en el país.
Además, pretenden impulsar la política del gobierno para el fomento del uso de biocombustibles, principalmente alcohol y biodiésel, y finalmente, viabilizar el financiamiento de PDVSA establecido en un acuerdo energético suscripto en el 2004, entre Paraguay y Venezuela, con lo que en dos años, dijo, podrían sanear las finanzas de la estatal.
PETROPAR RECIBIRÁ EXCEDENTE DE GAS Y CRUDO DE BOLIVIA
Ultima Hora de Hora (www.ultimahora.com)
El titular de la petrolera estatal encabezó una delegación oficial que mantuvo reuniones con los directores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el último fin de semana.
"Hemos logrado el compromiso de que a mediano plazo (ellos estiman que en no más de ocho meses) va a estar terminada una planta de recuperación de líquido del gas natural; entonces, podrán proveer al Paraguay el GLP excedente, que sería de 3.000 a 6.000 toneladas", apuntó.
Takahashi no entró en detalles sobre la naturaleza del acuerdo y tampoco explicó con qué frecuencia sería remitido el volumen mencionado ni cuál sería el precio que se abonará por el producto.
Antes de viajar, el funcionario había dicho que se espera contratar con la petrolera boliviana unas 24.000 toneladas de gas anuales, a razón de 2.000 toneladas por mes.
El objetivo anunciado era cubrir la tercera parte de la demanda anual del mercado paraguayo y contar con reservas en caso de amenaza de desabastecimiento.
El plan preveía utilizar los tanques con capacidad para almacenar 4.000 metros cúbicos de combustibles que posee Petropar en Villa Elisa y que actualmente están ociosos.
CRUDO. Takahashi también reveló que se firmará con Bolivia un convenio (probablemente en el transcurso de la segunda semana de junio) para que YPFB provea petróleo crudo y nafta virgen a Petropar. Dijo que de esta manera la empresa podrá "reflotar" la refinería que está en condiciones de entrar en operación en forma inmediata.
Agregó que con eso obtendrían ventajas en los precios y que incluso Petropar podría tener una producción propia de GLP. "El tener una provisión directa de nafta virgen nos permitiría –si nos dan los números– seguir reduciendo el precio de la nafta súper económica. "Por otro lado, Takahashi anunció que funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) controlarán los precios del venta al público de la nafta económica de 85 octanos.
Petropar había reducido la tarifa del combustible de 4.100 guaraníes a 3.950 guaraníes el litro, pero algunos surtidores siguen vendiendo el producto a los precios viejos.
El presidente de Petropar señaló que se tomarían medidas en contra de las empresas que no trasladen la rebaja al precio de venta al público, aunque no explicó cuáles serían las determinaciones.
Intereses en gasoducto y ferrocarril
BALANCE POSITIVO DE COMITIVA EN LA PAZ
Diario Pregón de Argentina (www.pregon.com.ar)
La delegación jujeña que participó en La Paz de gestiones vinculadas a obras de infraestructura física y energética, regresó ampliamente satisfecha al lograr el compromiso de funcionarios del Gobierno de Bolivia de ratificar los acuerdos de entendimiento alcanzados oportunamente durante la gestión de Carlos Mesa.
La nueva administración de Evo Morales está introduciendo nuevos parámetros en su gestión y particularmente en materia de negociaciones por la venta de gas de aquel país al nuestro, que lleva atado implícitamente otros compromisos conseguidos en el 2005 y que interesan de sobremanera a Jujuy, como ser el gasoducto La Quiaca y las posibilidades de venta del fluido al sur de Bolivia, la pavimentación de la Ruta Cotagaita-Villazón que conectaría la Ruta Nacional 9, el uso binacional del aeropuerto “Dr. Guillermo Snopek” y la reactivación del ferrocarril La Quiaca Jujuy, y el proyecto de construcción de un planta potabilizadora y otra planta depuradora de líquidos cloacales, entre otros objetivos. De allí que era necesario lograr la ratificación de esos proyectos de parte de los funcionarios de Bolivia y en ello mucho tuvo que ver la gestión de buenos oficios que realizó el embajador Horacio Macedo, para que la comitiva encabezada por el vicegobernador Walter Basilio Barrionuevo, y los diputados Miguel Angel Tito, José Antonio Melé y Mario Pizarro, pueda entrevistarse con el viceministro de Transporte, y con los ministros de Justicia y de Trabajo, del país del altiplano,.
El presidente de la comisión de Transporte, Turismo y Comunicaciones, Miguel Angel Tito, manifestó “lo logrado en Bolivia lo vamos a informar en la Cámara, podemos decir que podremos trabajar con un plan a mediano y corto plazo, referente al tema del gasoducto que llegará a La Quiaca, por lo que el gobernador ya firmó el convenio y la pronta construcción”.
“Trabajamos con el aeropuerto Guillermo Snopek, a través de un plan de acción con las distintas áreas, como la Fuerza Aérea Boliviana, Ministerio de Planificación y Ministerio de Transporte, trabajamos con temas comprendidos en el acta de comité de frontera”, agregó.
El legislador justicialista destacó “el reconocimiento del trabajo intenso del embajador Horacio Macedo en algo tan importante como lo es la integración real y efectiva con Bolivia”. Dijo además que hubo otros diez puntos abordados, entre ellos el acueducto Yuraj, la planta depuradora de líquidos cloacales, la pavimentación Cotagaita-Villazón, con lo que “se termina el eje norte-sur comercial, consolidando el Corredor de los Libertadores, y la construcción del puente Villazón-La Quiaca”.
Puntualizó además que otro tema de trascendencia fue la construcción de la Central Termoeléctrica en La Quiaca. Mientras que el diputado José Antonio Melé, admitió la posibilidad de que los presidentes de Argentina y Bolivia se puedan reunir en junio en el puente fronterizo de La Quiaca, diciendo que “eso está en cartera, ambas cancillerías y embajadas están estudiando esta posibilidad de que haya una reunión en Villazón donde se ratificarían todos estos temas que conversamos nosotros allá en La Paz”.Melé ponderó otro tema relevante en las conversaciones binacionales es “la habilitación del ferrocarril en el tramo La Quiaca-Jujuy, que es muy importante para ellos, por cuanto los dos ramales que tiene Bolivia (uno en el Altiplano y el otro en las yungas de Santa Cruz), y el único punto de fusión es por Jujuy, en Perico, por eso están sumamente interesados”.
Para MRE, donación de helicópteros y "colitas" son actos de "cordialidad"
Canciller defiende cooperación con Cuba y Bolivia
El Universal de Venezuela (www.eluniversal.com)
La integración bolivariana ya despegó y está volando: El viernes pasado, Carlos Lage, vicepresidente de Cuba, aterrizó en Bolivia a bordo de un avión del Gobierno venezolano y el domingo, Evo Morales, presidente de esa nación andina, recibió de su colega Hugo Chávez dos helicópteros para su uso personal.
Ciertos jurisconsultos tratan de cortar las alas del altruismo criollo, señalando que las ayudas quebrantan lo estipulado en la Ley contra la Corrupción; sin embargo, el canciller Alí Rodríguez Araque respondió que "simplemente éstos son actos de cordialidad y cooperación por parte de Venezuela que no están violando ninguna norma".
El ministro de Relaciones Exteriores precisó que Caracas "no necesita ninguna ley" para tenderle la mano a La Paz y La Habana, y atribuyó las críticas a la campaña electoral. "Si alguien considera que esto (entregar helicópteros a Morales y darle un aventón a Lage) es un acto de corrupción o que viola alguna norma venezolana, que acuda a los órganos competentes para que investiguen", exhortó.
Rodríguez Araque ofreció estas declaraciones luego de dictar una clase magistral a 53 aspirantes a terceros secretarios del servicio exterior, que ayer iniciaron una maestría en el Instituto de Altos Estudios Pedro Gual.
El mismo vecino
Consultado sobre la reelección del mandatario colombiano, Alvaro Uribe Vélez, el titular de Casa Amarilla destacó que "pese a las distintas visiones que podemos tener en algunas materias, también tenemos grandes intereses comunes", y expresó la voluntad de Miraflores para "trabajar sostenida e intensamente en la búsqueda de acuerdos y de la mejor relación posible".
El próximo 15 de julio se reunirá la Comisión Binacional de Alto Nivel (Coban) para abordar la situación entre los dos países, después de que Bogotá suscribiera un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Caracas anunciara su salida de la Comunidad Andina. Igualmente, previo a ese encuentro, se activarán la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf) y la Comisión Presidencial de Negociación con Colombia (Coneg).
Rodríguez Araque se refirió al impasse con Perú y explicó que el posible ascenso de Alan García a la primera magistratura de esa nación no significaría el fin del intercambio comercial bilateral. "El intercambio comercial lamentablemente no es muy grande, pero así como lo mantenemos con otros países con los cuales hay controversias, particularmente con Estados Unidos, pues no veo por qué lo que haya de intercambio comercial (con Lima) no pueda mantenerse e incluso mejorarse".
PRIMERA REUNION INTERMINISTERIAL BINACIONAL
LA ARGENTINA LE GARANTIZÓ A CHILE QUE MANTENDRÁ SUS ENVÍOS DE GAS
Lo afirmó Julio De Vido tras una reunión de autoridades de ambos países. Se firmaron 12 acuerdos de transporte, minería y turismo, entre otras áreas.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
La Argentina espera mantener los volúmenes de sus envíos de gas natural a Chile", indicó ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, tras una reunión que en Santiago convocó a los cancilleres y a otras autoridades de Argentina y Chile, y de la cual participó, con un mensaje de bienvenida, Michelle Bachelet, la presidenta del país trasandino.
"La idea es seguir manteniendo los volúmenes que veníamos llevando adelante en los años 2003, 2004 y 2005, que en promedio están en el orden de 18 millones de metros cúbicos diarios", dijo el ministro en rueda de prensa en la capital de Chile. Argentina es el único proveedor de gas natural a Chile, y comenzó a recortar sus exportaciones hace dos años, cuando la reactivación provocó un aumento de la demanda local. Por entonces, la oficialista Concertación Democrática se encontraba en campaña electoral para las presidenciales que finalmente ganó Bachelet. Y debió afrontar las fuertes críticas de la oposición, que la acusaba de no responder con dureza a los recortes del combustible argentino. El año pasado, las disminuciones llegaron a casi el 70% de las exportaciones totales hacia Chile.
Bachelet aclaró, antes de la reunión ministerial, que su intención era "no gasificar" la relación entre la Argentina y Chile. "Sé que esto es como un matrimonio, yo estoy a favor del divorcio, pero con la Argentina quiero que sea una relación duradera", dijo Bachelet.
De Vido explicó que en los primeros cinco meses de este año las exportaciones de gas natural a Chile registraron un crecimiento de 12,7% respecto del año anterior, aunque el suministro durante mayo experimentó una caída "por un problema de estacionalidad".
De Vido se refirió también al interés chileno en desarrollar biodiésel y estimó que en cuatro años la Argentina puede llegar a consumir hasta el 5% de toda su demanda energética bajo la forma de biocombustibles.Durante las conversaciones quedó en claro también que el gas que la Argentina exporta a Chile no es una desviación del que compra a Bolivia.
Santiago de Chile fue el escenario en el que se desarrolló la primera reunión interministerial binacional entre los dos países, que convocó a los cancilleres de Chile, Alejandro Foxley, y de Argentina, Jorge Taiana, además de autoridades de planificación, minería, telecomunicaciones, turismo, educación y salud, entre otras áreas. Además de Taiana y De Vido, en la capital chilena estaba el titular de la cartera de Salud y Medio Ambiente, Ginés González García.
Durante la cita, se firmaron 12 convenios sobre conectividad y transporte, políticas consulares, minería, educación y turismo. En este marco, se acordó mejorar la infraestructura de los pasos fronterizos, como la pavimentación del Paso Pehuenche hacia 2010 y avanzar en los estudios de factibilidad del Paso de Aguas Negras. También, mejorar las carreteras entre ambos países, especialmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Se llamará a licitación del ferrocarril Trasandino Central el próximo 20 de julio y se realizará un estudio binacional de conectividad territorial, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, se firmó un acuerdo para agilizar el movimiento de personas, a través del intercambio anticipado de la lista de pasajeros entre los aeropuertos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago de Chile.
También se suscribieron acuerdos en educación, cultura, turismo y salud; y se acordó avanzar en convenios entre ENARSA, de Argentina, y ENAP, de Chile, para explorar aéreas petroleras off shore. Foxley dijo que el mandato de Kirchner y Bachelet es que "la integración sea un proceso continuo y sin interrupciones". El canciller chileno afirmó que el encuentro bilateral "es un avance muy importante en momentos en que en la región se han puesto en discusión las formas de integración" y enfatizó que este encuentro permitirá reencauzar el proceso integrador en América latina.
En la rueda de prensa que dieron al caer la tarde, Foxley y Taiana coincidieron en que la interministerial que mantuvieron había sido "fructífera".
Ministro De Vido:
ARGENTINA DICE QUE EL GAS BOLIVIANO NO LLEGA CHILE
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
"El gas que viene de Argentina a Chile es producción argentina". Así de claro fue el ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, a la hora de descartar que hoy gas boliviano llegue a nuestro país a través del país trasandino, con lo que de paso contradijo lo que el propio Presidente Kirchner había señalado hace unas semanas.
De Vido se reunió con la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, para tratar temas de integración energética, en el marco de la visita que parte del gabinete argentino realizó ayer a Santiago. El ministro se negó a comentar un eventual traspaso a Chile de las mayores tarifas de gas que hoy Argentina negocia con Bolivia, aunque señaló a la agencia ValorFuturo que "eso se hablará en su momento". En materia de "swaps" (intercambio) de energía, se avanzó en la alianza que ambos países quieren lograr con Brasil.
Argentina garantiza gas a niveles de 2005
De Vido y Poniachik se volverán a ver las caras en dos semanas más en Bs. Aires. Enap y Enarsa avanzaron en acuerdo de exploración conjunta en Argentina. Dando señales para una mayor integración energética y sin referirse en profundidad a la posibilidad de traspasar a Chile mayores precios del gas, llegó ayer al país el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, considerado el "hombre fuerte" del gabinete de Néstor Kirchner.
Junto al secretario de combustibles trasandino, Cristián Folgart, De Vido se reunió por más de 1 hora con la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de energía (CNE), Pablo Serra.
Tras las citas, De Vido desistió de comentar la opción de que Argentina traspase a Chile las mayores tarifas de gas que negocia con Bolivia. "Nunca comento respecto a negociaciones que no están terminadas; sería muy torpe de mi parte", dijo.
Más allá de las palabras de buena criaza, el ministro trasandino dio dos fuertes señales en materia energética: la primera, que los cortes de gas no deberían ser mayores que los enfrentados en los últimos dos años, y, segundo, que un acuerdo para triangular energía con Brasil podría mejorar el abastecimiento a Chile. "La idea es seguir manteniendo los volúmenes que veníamos llevando adelante el 2003, 2004 y 2005, que en promedio están del orden de los 18 millones de m{+3} diarios", dijo De Vido, asegurando que entre enero y mayo los envíos de gas hacia Chile habían aumentado 12,7% respecto de 2005, y que sólo había caído en mayo por un "problema de estacionalidad".
La ministra Poniachik aseguró que dentro de dos semanas se volverán a ver las caras con el ministro De Vido en Buenos Aires, en una nueva reunión del Comité Binacional que trabaja el tema de los envíos de gas argentino a Chile.
Mientras que el futuro acuerdo para triangular energía -vía "swap"- con Brasil también avanza. Para mañana y el jueves está prevista una segunda cita entre las delegaciones técnicas de Argentina y Chile, en Buenos Aires, para establecer un marco legal que permita intercambios de energía entre las tres naciones, en la que podría ser la penúltima reunión para sellar el acuerdo.
"Existe un compromiso para acelerar lo más posible este tema para que los privados puedan hacer swaps de forma creativa para aliviar la situación energética en determinados momentos", comentó Poniachik.
Mientras De Vido fue más lejos y se aventuró a decir que esto aliviaría los recortes a Chile. "De llegarse a los acuerdos que tenemos pensados, van a ser un avance muy importante en materia de integración energética en los tres países, que nos van a permitir aprovechar al máximo los recursos y las distintas estacionalidades, y en función de ello mejorar los niveles de abastecimiento", señaló.
Pese a todo, el ministro argentino se desmarcó de los actuales problemas de suministro de gas que enfrenta Chile, apuntando que "la crisis de la energía, de los costos, de los volúmenes y lo demás está claro que ya no es un problema de la región, sino que a nivel internacional".
Enap avanza
Enap y Enarsa avanzaron ayer en el cierre de un acuerdo para explorar junto a Repsol YPF en la zona "off shore" de Argentina en el Atlántico, a la altura de la provincia de Santa Cruz.. Se trata de dos bloques de una superficie de 15 mil kilómetros cuadrados. El acuerdo está en "la última etapa", dijo el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinoza.
ENVÍOSUNOS 18 MILLS. de m3 diarios de gas, promedio, llegaron a Chile entre 2003 y 2005.
ZAPATERO DICE QUE DEFENDERÁ LOS "INTERESES LEGÍTIMOS" EN IBEROAMÉRICA, EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
Europa Press de España (www.europapress.es)
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que el Ejecutivo observa "activamente y con prudencia" el "intenso cambio que está aflorando" en parte de Iberoamérica, y recalcó su "determinación de defender" los "intereses legítimos" de España en del continente. Zapatero hizo hincapié en la "exigencia de que se respete la plena seguridad jurídica" en el continente, y aseguró que el "esfuerzo" del Gobierno "ya ha sido saludado y reconocido por las organizaciones de empresarios".
El jefe del Ejecutivo se refirió así veladamente, durante su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Nación, a la situación de las empresas españolas en Iberoamérica, tras la decisión de Bolivia de nacionalizar sus hidrocarburos y, en el futuro, otros recursos.
Así, quiso dejar claro que su Gobierno quiere reforzar sus relaciones con países que tienen "carácter estratégico" como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay" y seguir "con prudencia" lo que sucede "en otros lugares de Iberoamérica".
En lo relativo a la política iberoamericana, subrayó que España ha contribuido a articular una "comunidad política en torno al fortalecimiento de las instituciones democráticas, del respeto de los derechos y libertades y de la cooperación" con la Cumbre de Salamanca celebrada el pasado octubre y la creación de la Secretaría General Iberoamericana. Señaló asimismo que los programas de canje de deuda por educación con países del continente suman ya 300 millones de dólares.
Zapatero dijo que su Gobierno desea una "Europa más competitiva, y también más justa y más segura", y de ahí su "interés por la cooperación en justicia e interior".
En cuanto a las relaciones bilaterales con otros países, afirmó dar prioridad a las relaciones con los "vecinos inmediatos", concretamente Francia, Portugal y Marruecos. "Mantenemos un ritmo ordenado y fructífero de Cumbres bilaterales, en las que ya se dejan oír las voces propias de las Comunidades Autónomas", precisó.
Por otro lado, destacó la Cumbre Euromediterránea celebrada en Barcelona en noviembre pasado, que "consolidó el diálogo y cooperación entre los países de las dos riberas" y señaló que España apoya los esfuerzos del Cuarteto --Estados Unidos, UE, Rusia y la ONU-- para relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo.
El presidente del Ejecutivo apuntó como principales retos del panorama internacional a los "conflictos irresueltos, las profundas desigualdades y el terrorismo internacional". Para Zapatero, estas son "las causas de la inseguridad" y los "orígenes de la desesperanza".
Así, afirmó que su política pretende "contribuir positivamente a la paz por medio del multilateralismo" y combatir la desigualdad con cooperación. Destacó, en este sentido, que ha "impulsado decididamente el trabajo de Naciones Unidas" y "promovido activamente la lucha contra el terrorismo internacional".
Mencionó en concreto la propuesta de Alianza de Civilizaciones, cuyo Grupo de Alto Nivel presentará el próximo otoño propuestas "operativas de acción" y el refuerzo de los compromisos de España en misiones de paz, la última en la República Democrática del Congo.
AUTORIZACION DEL PARLAMENTO A MISIONES DE PAZ
Respecto a las misiones militares, recordó que la Ley de la Defensa Nacional ha establecido la autorización del Parlamento para la participación en misiones internacionales y señaló que actualmente hay unos 1.700 soldados españoles en misiones de paz y reconstrucción en el mundo.
Recordó además que los militares "verán mejoradas sus perspectivas profesionales con la nueva Ley de Tropa y Marinería" y quiso rendir homenaje "a quienes, en cumplimiento de su compromiso con todos los ciudadanos, han dado su vida por España".
AYUDA AL DESARROLLO
Zapatero hizo hincapié en que para lograr un mundo más seguro son objetivos básicos del Gobierno "contribuir a la paz y a la lucha contra la desigualdad y la pobreza" y, en este contexto, recordó que la ayuda española al desarrollo alcanzará en 2006 el 0'35% del PIB, más de 3.200 millones, lo que representa "un 63% más en comparación con dos años antes" y está en el camino de lograr el 0'5% del PIB para 2008. "Con ello duplicaremos la ayuda en esta legislatura", incidió.
Recordó además los programas de canje de deuda por educación, que calificó como de "gran eficacia social", y precisó que en el caso de América Latina, supera ya los 300 millones de dólares.
Zapatero mencionó también la aprobación del Estatuto del Cooperante que les permitirá desarrollar su labor "con garantías" y el papel del Instituto Cervantes como "el más formidable instrumento para expandir la mejor de las riquezas" españolas, porque además del "tesoro del castellano" el Cervantes ha empezado a enseñar otras lenguas españolas. En concreto, indicó que en toda la legislatura anterior se abrieron sólo cuatro nuevos institutos Cervantes, mientras en la actual se abrirán 24, con lo que aumentará un 50% la "presencia en el mundo" de estos centros.
PERÚ: TOLEDO PIDE INTERVENCIÓN
El presidente peruano, Alejandro Toledo, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intervenga en lo que describió como una constante intromisión en la política peruana por parte del presidente venezolano, Hugo Chávez.
BBC de Londres (www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america)
"Tenemos una Carta Democrática Interamericana que todos tenemos la responsabilidad de cumplir, no puede ser letra muerta, entonces será la OEA la que tendrá que pronunciarse, lo que no puede hacer es lavarse las manos", aseguró Toledo.
Los dos países se han enfrentado por el apoyo manifestado por Chávez al candidato nacionalista, Ollanta Humala. Las elecciones peruanas se realizarán el próximo domingo.
El fin de semana, durante una visita a Bolivia, Chávez denigró al principal rival de Humala, quien lleva la ventaja según las encuestas, Alan García.
Guerra de palabras
"Desde aquí, a pocos kilómetros del Perú, pido a Dios y ojalá el pueblo peruano de una demostración el próximo domingo, que Ollanta Humala sea el próximo presidente del Perú", dijo Chávez en su programa "Aló presidente", emitido desde la localidad boliviana de Tiawanaku.
Humala señaló que si es electo, defendería los intereses del país y no los subordinaría a los del mandatario venezolano.
El presidente Chávez, agregó que su país rompería relaciones con Perú si García es elegido.
El mandatario venezolano se refirió a García como "embustero, irresponsable y sinvergüenza", y agregó que "no vamos a tener relaciones con ese caballero si es electo presidente del Perú, porque ese caballero es un irresponsable".
También describió a Toledo como un traidor a la gente indígena de su país.
"Es un traidor que se presenta como indio y está subordinado a los designios del imperio. El presidente Toledo será polvillo en la historia; no se acordarán de él", agregó Chávez. La guerra de palabras entre Perú y Venezuela ha llevado al retiro de sus embajadores en Lima y en Caracas.
ENRON Y SHELL OFRECEN TRASPASAR SU FILIAL AL ESTADO BOLIVIANO
Las petroleras controlan en conjunto la transportadora de hidrocarburos Transredes y ofrecieron vender su participación a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Diario Infobae de Argentina (www.infobae.com)
Las multinacionales Enron y Shell ofrecieron a la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, estatal) transferirle todas las acciones que poseen en la Transportadora de Hidrocarburos (Transredes), su filial en Bolivia. El presidente YPFB, Jorge Alvarado, informó de la postura de esas empresas tras reunirse con los ejecutivos de Transredes la semana pasada en La Paz. Alvarado agregó que está sorprendido por el ofrecimiento de esas firmas con las que dialogó sobre su adaptación a la nacionalización de los hidrocarburos decretada el pasado 1 de mayo.
Enron y Shell, por medio del consorcio TR Holdings, son dueñas en partes iguales del 50 por ciento de Transredes, en tanto que YPFB, tras la nacionalización de los hidrocarburos, ha asumido el control del 34 por ciento que estaba en manos de dos administradoras de fondos de pensiones.
YPFB había comenzado a negociar con las multinacionales la transferencia, a cambio de una compensación, de otro 17 por ciento para hacerse con el 50 por ciento más uno de las acciones, como también establece el decreto nacionalizador.
Sin embargo, en las conversaciones sostenidas el jueves pasado, los ejecutivos de Enron y Shell plantearon que la empresa estatal boliviana se haga cargo de toda su participación.
"Si hubiera otra opción vamos a discutirlo, pero ya pusieron ellos en mesa esta posibilidad de transferirnos el cien por ciento de sus acciones", apuntó Alvarado.
Transredes, que tiene además otros socios minoritarios, opera en Bolivia gasoductos y oleoductos de 6.000 kilómetros y que llegan a los mercados de Chile, Argentina y Brasil.
Por medio de la empresa GTB, Transredes es propietaria del 51 por ciento del gasoducto Bolivia-Brasil en el lado boliviano, y del 12 por ciento en el lado brasileño.
También exporta excedentes de crudo por el puerto chileno de Arica, donde también administra una terminal marítima de YPFB.
Al concluir un campeonato regional de fútbol
UN SUBOFICIAL BOLIVIANO ACUCHILLÓ A TRES DE SUS SOLDADOS POR ''PATADURAS''
El hecho ocurrió el sábado pasado en un bar, donde jugadores de todos los equipos comían un asado. La derrota de sus dirigidos y el vino hicieron perder el control al sargento Néstor Rojas
El Tribuno de Argentina (eltribunosalta.com.ar)
Un sargento perteneciente a la base El Tuscal del regimiento de Caballería Aroma 3 del Ejército de Bolivia atacó con su bayoneta reglamentaria (un cuchillo de larga hoja que se adosa e la cabeza del fusil), a los integrantes del representativo de su dependencia, indignado por haber sido eliminados de un campeonato regional de fútbol en el que participaron cuadros de los diferentes parajes cercanos a la Misión indígena argentina de San Luis, aproximadamente a 550 kilómetros al Norte de la capital Provincial y a unos 120 al Este de Tartagal.
El agresor, fue identificado como el sargento Néstor Rojas (23), que se abalanzó sobre los jugadores de su cuadro, recriminándolos por ser "¡unos pataduras de m... que nos han hecho pasar vergüenza, carajo...!".
En su embestida, hirió de consideración a los conscriptos Gregorio Cubas Flores (19), Mario Alberto Quiñones (18) y Jaime Edwin Villaja Cruz (18). El incidente se produjo en horas de la tarde del sábado, una vez concluido el campeonato, del que participaron una veintena de representaciones de los tres países de la zona.
El campeonato de fútbol inter-comunidades se realiza todos los años para esta época, aprovechando que el caudal del brazo de agua es muy escaso y puede ser atravesado sin riesgos por familias residentes tanto en la ribera boliviano como paraguaya.
El organizador es Cirilo Frías, esposo de una de las docentes de la escuelita de San Luis y que ha transformado al certamen en una verdadera tradición chaqueña, esperada con ansias tanto por aborígenes como criollos.
Este año resultó campeón un team de la misión La Gracia, un pequeño caserío del lado argentino.Entre los cuadros participantes, destacó el de El Tuscal, integrado por ocho conscriptos bolivianos, dirigidos por el sargento Néstor Rojas y que tenía tres refuerzos civiles. Sin embargo, no les fue muy bien, ya que quedaron rápidamente eliminados.
Una vez concluida la competencia y como es habitual, todos los participantes y el público, se reunieron para participar de un asado para lo cual fue faenada una ternera y se destaparon cantidades no precisadas de cerveza y vino.
Cerca de las 23 y cuando la ingesta había puesto melancólicos a algunos, alegres a otros y fuera de combate a muchos, hubo quienes se pusieron agresivos, como fue el caso del sargento boliviano, que las emprendió contra sus subordinados a quienes les disparó: "¡Ya pero pues, de dónde salieron estos kollas de m... pataduras, vergüenza chapaca carajo...!" y otros epítetos similares.
En un principio, los jóvenes, que también habían bebido sin solución de continuidad, no le contestaron pero luego se animaron y también retrucaron: "Que te quejás, pues che, si el único patadura sos vos, pues che; que no sirves ni pa' chicharrón de chancho pues che!", constituyó el tono de las respuestas, tras lo cual y herido en su orgullo y su autoridad, Rojas extrajo su bayoneta y se abalanzó contra los muchachos, que uno a uno fueron cayendo producto de sus enloquecidas estocadas. En el suelo, quedaron manando sangre tres; y los otros, corrieron hasta la dependencia policial local, para denunciarlo.
Al poco rato y con la fiesta terminada por razones obvias, efectivos salteños aprehendieron al iracundo sargento cuando corría desesperado en dirección Norte dispuesto a ponerse a salvo en la ribera opuesta del Pilcomayo y lo llevaron a Santa Victoria Este, donde también fueron conducidos los heridos. En el nosocomio de la localidad se les practicaron los primeros auxilios y se los envió de urgencia al hospital tartagalense Juan Domingo Perón, habida cuenta de la seriedad de sus lesiones.
Militares de Yacuiba retiraron a su gente
Los tres conscriptos heridos fueron atendidos den el hospital Juan Domingo Perón en la madrugada del domingo, tras ser trasladados desde Santa Victoria Este. El que presentaba mayores complicaciones era el soldado Cuba Flores, quien fue herido en el abdomen con la gruesa y larga hoja del arma reglamentaria de su jefe. Los otros dos muchachos, Quiñones y Cruz recibieron estocadas en el antebrazo y muslo derecho, respectivamente.
Todos fueron estabilizados por los médicos argentinos y de acuerdo se informó a El Tribuno, quedaron fuera de riesgo vital. Sin embargo y más allá de aquella alentadora noticia, se produjo un hecho que en una expectativa de mínima, resulta macondiano: aparecieron en Tartagal dos altos oficiales del Regimiento de Caballería Aroma 3 de Yacuiba y se llevaron a todos hacia Bolivia, incluyendo al agresor. Ello porque los heridos desistieron de hacer cualquier tipo de denuncia.
Explicación castrense
Cuando el sargento Néstor Rojas fue interrogado por la policía salteña tras haber atacado a los tres conscriptos de la base El Tuscal, esbozó una explicación asaz curiosa: "Yo no estoy borracho, lo que pasa mi amigo, es que quise comprobar si mis hombres estaban preparados como para repeler un ataque sorpresivo del enemigo, pues che. Sin embargo, pues che, vamos a tener que profundizar la instrucción porque son lentos como sábalos fuera del agua, pues che. Además, tienen las patas como dados pa' pegarle a la pelota, pues che".
El cacique de la zona, muy enojado
El jefe aborigen Francisco Pérez integrante del Consejo de Caciques de Lakha Honat ("Nuestra Tierra", en lenguaje wichí) se mostró muy molesto por el hecho ocurrido en San Luis y recordó que ya le había cursado una nota al organizador del evento, Cirilo Frías, para que no siguiera haciendo este tipo de encuentros deportivos o carreras de caballos.
"La escuela figura como organizadora pero en realidad es este hombre el que promueve estos acontecimientos con el único propósito de vender bebidas alcohólicas a la gente ya que él es el dueño del barcito donde se produjeron los incidentes entre los soldados bolivianos. Siempre ocurren hechos similares producto de las ingestas descontroladas de los asistentes y algún día va a suceder una desgracia, que en esta oportunidad no lo fue por milagro. Espero que después de esto la policía tome cartas en el asunto, concluyó.
DEA ESTUDIA INSTALARSE EN IQUIQUE
La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)
Con el propósito de intensificar la cooperación informativa la agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA) mantiene el interés por instalar una oficina en Iquique.
El agente James Kuykendall admitió que existe la disposición para estudiar la factibilidad del proyecto con el gobierno. "El norte de Chile es la puerta de entrada a la droga que se consume aquí y aquella que transita hacia otros mercados", señaló.
Entre las ciudades más expuestas al tráfico de drogas figuran Arica, Iquique y Calama, fronterizas con Perú y Bolivia, productores de cocaína.
"El cono sudamericano está transformado en ejemplo de cooperación e intercambio informativo entre sus policías", estimó el agente Kuykendall.
En mayo de 1998 una infidencia hizo fracasar las conversaciones entre los gobiernos de Chile y EE.UU. para instalar una oficina de la DEA en Iquique.
Al ser consultado el general de Carabineros, Jorge Andrusco, respecto a la posibilidad que la DEA se instale en Iquique, indicó que "no es materia que le compete a Carabineros".
Sin embargo, desmintió algunas afirmaciones que señalan que el aumento de los decomisos en la región se deba a la cooperación con personal de la DEA. Manifestó que los procedimientos han sido producto del trabajo profesional en las líneas de control, mediante un trabajo de inteligencia policial del OS-7, no existiendo participación de personal de otras entidades.
Agregó que en lo que va corrido de este año, en comparación al mismo período del año pasado, existe un aumento del 141,5% en decomisos de cocaína, un 320,3% en pasta base, un 19,2% en marihuana y un 294,4% en fármacos. También aumentaron los detenidos en un 36,27 por ciento.
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